Los nuevos desafíos que presentan los sistemas electrónicos de notificación

Autor: Pinacchio, Ángela C. M.

Fecha: 10-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12025-AR | MJD12025

Sumario:

I. Introducción. II. Presentaciones fuera de lugar. III. Falta de copias adjuntas a la presentación electrónica en Capital Federal. IV. El valor del cargo electrónico. V. Comparación entre el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la Ley 18.345 en materia de notificaciones. VI. Las notificaciones desde el inicio hasta la etapa probatoria en el proceso laboral de Capital Federal. VII. Previsiones de la Ley 11.652 sobre las notificaciones. VIII. A modo de conclusión.

Doctrina:

Por Ángela C. M. Pinacchio (*)

I. INTRODUCCIÓN

Ahora contamos con la tecnología, y no está mal incorporarla y mejorar los tiempos en los procesos judiciales.

¿Por qué no son espontáneos y sencillos los medios de notificación? Es que en realidad, se erigen estructuras desconfiando del otro, y aquí hay más un problema de orden cultural que informático.

Advierto que potencialmente estamos por reproducir prácticas en el uso de las tecnologías que ya estaban presentes con la «canastilla».

II. PRESENTACIONES FUERA DE LUGAR

«En un juicio de daños, se notificó por vía electrónica la resolución que convocó a la actora a expresar agravios. Transcurrido el plazo legal sin presentación, se declaró desierto el recurso. Aquella planteó recurso de reposición argumentando que había cumplido con la presentación, pero que por error se había enviado a otro juzgado. La Cámara admitió la pretensión» (1).

Sosa comenta este caso y explica que la Cámara había declarado desierta una apelación concedida libremente, porque la apelante no la había presentado a tiempo. Pero luego la situación se revirtió, cuando la apelante manifestó que la había presentado a tiempo, y lo sucedido fue que se equivocó de lugar de presentación. Entonces, sepregunta: ¿el problema era el tiempo o era el lugar de presentación? En principio, el lugar de presentación, y se infirió que si lo presentó a las 9.47 h (oportunamente), hubo un error humano en el uso de la tecnología. Esta presunción judicial, obró a favor y terminó considerándose presentada la «expresión de agravios».

«(…) el juzgado recibió el escrito a las 9.47 h y, en vez de enviarlo inmediatamente a la Cámara, lo reservó para cuando el expediente regresara luego de su tránsito por la segunda instancia, de modo que ese escrito fue «condenado» a no llegar a la Cámara de ninguna forma antes del vencimiento del plazo para expresar agravios» (2).Inmediatamente después, Sosa se preguntó lo siguiente: ¿Dónde deben ser presentados los actos procesales?Podemos pensar en distintos objetivos para introducir el sistema informático, como son los siguientes: despapelar, economizar, agilizar, optimizar y eliminar falsas ritualidades que pasan por estrategias procesales y privilegiar la oralidad en los procesos judiciales. Ahora, cuál es la actitud coherente en el uso diario de la tecnología en procesos judiciales (3).

Me pregunto si el juzgado tuvo que actuar de otra forma, pero «ese mismo día, el juzgado la recibió, la imprimió, confeccionando un informe actuarial dando cuenta de que el expediente se hallaba en Cámara, ante lo cual se impartió la orden de agregar las actuaciones una vez devuelto el expediente por la Alzada» (4).Aquí tenemos una problemática planteada en relación con la implementación del sistema. Sosa refiere a que este se introdujo en provincia de Buenos Aires, no mediando una reforma legislativa sobre el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, sino mediante acordadas de la Suprema Corte de la Provincia. Pero mis reflexiones expuestas ya en la introducción de este artículo, también, me plantean algunas distancias con relación a estos criterios.

III. FALTA DE COPIAS ADJUNTAS A LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EN CAPITAL FEDERAL

Voy a comentar un caso planteado en Capital Federal, caratulado: «Valverde Javier c/ Trenes de Buenos Aires S. A. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos» , CNCIV, Sala J, 8/5/2017. En este caso, el juez de primera instancia dejó sin efecto una notificación; porque no se habían adjuntado copias a la presentación.

Este fallo en particular resulta interesante porque hace una serie de reconocimientos sobre el sistema de notificaciones electrónico y las notificaciones «tradicionales».

Si bien, la Sala adopta un criterio flexible -dice- sostiene la decisión del «a quo», ya que exige prudencia en el curso de las notificaciones pese a la novedad que pueda representar el uso de la tecnología. Es decir, está bien que el sistema pueda ser una novedad; pero se deben seguir observando las normas procesales y los mismos recaudos que al notificar en papel.En otro caso, muy distinto a este, la actora pidió la nulidad de una notificación porque el sistema no le había enviado un «aviso de cortesía» al domicilio que constituyó. «Esta comunicación no reviste el carácter de notificación electrónica, sino que constituye un simple aviso de cortesía, que puede no ser recibido por su destinatario por distintas razones (v. gr.: casilla llena, incompatibilidad entre servidores, configuración de filtro de spam, etc.) sin afectar en modo alguno la validez de la notificación que se realiza en el servidor del Poder Judicial de la Nación» (5).Este fallo giraría, tal vez, en la novedad de un sistema que permitiría notificar vía electrónica; pero no es novedad adjuntar copias ni la forma ni la oportunidad para presentar un escrito o enviar una notificación.

Aun así hay un leve reconocimiento sobre la falta de necesidad de las copias, en el siguiente párrafo: «Si bien podría sostenerse que la falta de adjudicación de copias a la cédula electrónica no conforma una directa afectación al derecho de defensa cuando los documentos digitales se encuentran digitalizados y subidos a la web, por ser de libre acceso a las partes presentadas en el expediente y dado que la omisión podía ser subsanada recurriendo a la copia digital obrante en el expediente digital» (6).

No serían necesarias las copias, por un lado, pero al menos debió haber hecho contar las fojas a las que remitirse: «Deviene relevante en el caso concreto de autos que en las cédulas libradas al domicilio electrónico tampoco se precisaron las fojas de la presentación de la cual se estaba disponiendo su sustanciación» (7).

En este fallo, se deja en claro que el «sistema» podría ser flexible, fluido y superador al «tradicional», en el siguiente párrafo:«. debe insistirse sobre los distintos aspectos y modalidades de la notificación electrónica y evaluarse una eventual supresión de los requisitos que no constituyan elementos imprescindibles para lograr un mejor y más fluido desenvolvimiento del proceso» (8). Coincido en este aspecto de la resolución, pues el sistema electrónico debiera permitir cierta flexibilidad.

IV. El valor del cargo electrónico

En provincia de Buenos Aires, se planteó una controversia en relación con el cargo electrónico. Un Tribunal del Trabajo consideró extemporánea una presentación y con la intención de apelar dicha resolución, el recurrente, acompaña copia simple del cargo electrónico. Ahora, el cargo que quería presentar de prueba de su presentación en tiempo decía: «pendiente». Finalmente, el apelante recurrió en queja a la Cámara. La Cámara sostuvo la decisión del Tribunal. Y el recurrente llegó a la Suprema Corte.

Resulta que ese «cargo electrónico» tiene el mismo valor que el «cargo en papel» y además aquel ofrece mayores datos: sobre el titular y su domicilio electrónico; si la presentación electrónica fue dirigida y a dónde;sobre la causa donde fue enviada la presentación electrónica; el número de causa o receptoría de la misma; sobre el estado de la presentación electrónica; y el título que le atribuimos a la misma y las observaciones que efectuamos en el campo correspondiente.

Cuando el escrito ingresa al servidor y está a disposición del organismo, se entiende que la presentación ya está formulada. Atento a ello, se sostuvo lo siguiente: «. el estado “pendiente” que informaba el sistema después de realizada la presentación, no podía referirse en ningún caso a la falta de actividad de la parte interesada que ingresó el documento (que, como vimos, ha satisfecho y agotado de tal modo su posibilidad de obrar en relación con dicho acto procesal), sino a las vicisitudes ulteriores, vinculadas pura y exclusivamente al ámbito de actuación interno del servicio de administración de justicia» (9).

V.COMPARACIÓN ENTRE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN Y LA LEY 18.345 EN MATERIA DE NOTIFICACIONES

Me referiré al concepto «piezas de notificación» y así abarcar: cédulas, oficios, mandamientos, testimonios, edictos, notificaciones personales, tácitas, por nota (o «ministerio legis»), entre otras. En definitiva, son todas piezas de notificación y cada una de ellas con distintos usos.

El Código Procesal Civil y Comercial (en adelante, CPCCN), contempla las siguientes piezas de notificación: 1. notificación por nota; 2. notificación por cédula; 3. notificación personal; 4. notificación tácita; 5. notificación por edictos; 6. notificación por radiodifusión; 7. oficios; 8. mandamientos; 9. exhortos; 10. testimonios; 11. por acta notarial.

Me detengo en las notificaciones por nota, tácitas y personales. Una notificación personal es aquella en la que simplemente se deja nota diciendo que se está notificando de tal o cual resolución que recayó en el expediente. En cambio, una notificación tácita opera cuando se retiran copias del expediente o se retire el expediente en préstamo donde recayó una resolución con antelación. Los días de nota son martes y viernes, y esto es importante recordarlo y cuando el expediente no está en letra se debe dejar nota y pedir el libro respectivo para ello. Desde ya, cuando uno de estos días de nota sea feriado (martes y viernes) se trasladará al día siguiente hábil de nota (art. 48, 2.° párr. de la Ley 18.345).

El art. 133 del CPCCN prevé como principio general que, salvo los casos donde corresponde notificar por cédula, las resoluciones judiciales quedan notificadas en todas las instancias días martes y viernes. Entonces, si el expediente no está en letra o no se encontrara en el Tribunal se dejará constancia de ello en el libro de «nota» (o de «asistencia»). El artículo siguiente del CPCCN refiere a las notificaciones tácitas, en estos términos:«. el retiro del expediente, (…), importará la notificación de todas las resoluciones. El retiro de las copias de escritos por la p arte, o su apoderado, o su letrado o persona autorizada en el expediente, implica notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquellos se hubiere conferido».

El art. 135 del CPCCN es un símil del art. 48 de la Ley 18.345 al enunciar todos los casos en los que corresponde notificar por cédula.

Con relación al domicilio, el art. 40 del CPCCN es de aplicación supletoria. Y toda persona que litigue deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del juzgado o tribunal además este requisito se cumple en el primer escrito o audiencia a la que concurra (según se lee del art. 40 del CPCCN en consonancia a disposición similar dispuesta en la Ley 18.345). Otra normativa de aplicación supletoria, por ejemplo, es el art. 121 del CPCCN que dispone lo siguiente: «No será obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el juez, a pedido formulado en el mismo escrito, En el caso, el juez arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias». Entre los artículos de aplicación supletoria, también se hallan el 131 «sobre oficios y exhortos dirigidos a jueces dentro de la República», el art. 132 «sobre comunicaciones a autoridades judiciales extranjeras o provenientes de estas», etcétera.

Recordemos que el Código Procesal Civil y Comercial está previendo procesos judiciales de distinta naturaleza donde prima, con salvedad de casos puntuales, el principio dispositivo, el interés privado y de oportunidad. En cambio, el proceso laboral contempla otros principios propios del Derecho del Trabajo, sus fuentes y en consonancia con la protección de la parte más débil de la relación:el trabajador.

El art. 49 de la Ley 18.345 dispone lo siguiente: «La cédula que será firmada por el secretario o el oficial primero, deberá ser confeccionada en el juzgado o tribunal respectivo, sin necesidad de requerimiento de parte». En relación con los procesos civiles y comerciales, las notificaciones practicadas por cédulas son confeccionadas por la parte interesada, que tienen la carga de notificar a la contraria determinada resolución y son firmadas por estos y en algunos casos, también, por el secretario del juzgado.

En el marco de un proceso civil y comercial, los oficios deben ser contestados en el plazo de 10 días hábiles en procesos civiles y comerciales; en caso de operar el plazo sin haberse expedido la institución se deberá solicitar en 5 días un escrito solicitando el oficio reiteratorio. Esto así expuesto presenta leves diferencias con respecto a la regulación de la Ley 18.345 en el marco de un proceso laboral.

VI. LAS NOTIFICACIONES DESDE EL INICIO HASTA LA ETAPA PROBATORIA EN EL PROCESO LABORAL DE CAPITAL FEDERAL

A continuación, comenzaré un desarrollo solo de la «cédula» y el «oficio»:

Para la confección de las cédulas, se trabajará con los siguientes datos: nombre completo de la persona por notificar; datos del juicio: objeto, tipo de proceso, Juzgado y Secretaría, parte de la resolución, número de copias, firma del abogado (la firma del secretario la acompaña cuando se ordenan medidas cautelares, entrega de bienes, lo ordene el juez, etcétera).

Cuando se trata de cédulas ley (para tramitar en extraña jurisdicción), habrá que incorporar lo siguiente: 1. mención de la persona autorizada a diligenciarlo; 2. mención del distrito donde va dirigida; 3. deben estar selladas por el juzgado.

Por medio de la cédula, se notifican las siguientes: 1.traslado de demanda y contestación (y / o reconvención); ordena apertura a prueba; declara la cuestión de puro derecho; hacen saber medidas cautelares; la que hace saber la devolución de expedientes; la primera providencia dictada al volver un expediente del archivo; las sentencias definitivas e interlocutorias; la que deniega el recurso extraordinario; las regulaciones de honorarios;las sanciones disciplinarias; las vistas de las peritaciones con copias; el traslado de la expresión de agravios; etcétera. Estoy remitiéndome, en resumidas cuentas, al art. 48 de la Ley 18.345.

Los oficios pueden ir dirigidos a entidades públicas o privadas para comunicarles que deben inscribir una medida cautelar o una sentencia o una declaratoria de herederos o para solicitar informen sobre datos obrantes en sus archivos relacionados con puntos controvertidos en el expediente como medio de prueba informativa.

Para la prueba informativa, se cuenta con un plazo de 60 días para acreditar el diligenciamiento de oficios (contados desde el momento en que llega la cédula notificando el auto de apertura). Las instituciones privadas tienen un plazo de 10 días hábiles y las públicas un plazo de 20 días hábiles para contestar. Se debe solicitar oficio reiteratorio en caso de no ser contestados los oficios dentro de un plazo de caducidad (5 días hábiles).

Conforme el art. 84 de la Ley 18.345: «. los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como los de remisión de expedientes ordenados en el juicio serán requeridos mediante oficios firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante, con transcripción de la resolución que los ordena y que fija el plazo en que deberán remitirse».

El art. 50 de la Ley 18.345 señala que las piezas de notificación que no cumplan con los requisitos legales son nulas; con salvedad de surgir que las partes han tomado conocimiento del acto o providencia objeto de la notificación.

Conforme el art.53 de la Ley de Procedimiento, los plazos se computan a partir del día siguiente al de la notificación.

Se notifican al domicilio real: 1. la demanda, 2. la citación para absolver posiciones, 3. la citación de terceros, 4. las citaciones a las partes para que comparezcan personalmente, la primera providencia que se dicte después de sacado el expediente del archivo. También, podemos remitirnos directamente al art. 32 de la Ley 18.345 para conocer de las notificaciones practicadas al domicilio real. Al momento de impulsar, por medio de la acción, el proceso judicial se debe constituir domicilio juntamente con la denuncia del domicilio real y quien contesta la demanda o simplemente comparece constituirá dicho domicilio legal. En el caso de no haber constituido el domicilio legal, se notificará por «ministerio legis» de todas las providencias (art. 29 de la Ley 18.345).

Al absolvente de posiciones y a los testigos se los citará con tres días de antelación del acto. Recordemos que los testigos deben comparecer, declarar y decir la verdad y pueden ser penados por infringir sus deberes procesales y se les debe notificar de ello con sus respectivos apercibimientos. El caso del absolvente de posiciones, tal como surge del art. 86 de la Ley 18.345, es que si no comparece y no justifica su inasistencia será tenido por confeso de los hechos expuestos en la demanda.

VII. PREVISIONES DE LA LEY 11.652 SOBRE LAS NOTIFICACIONES

El art. 3 de la Ley 11.652 dispone de modo semejante al art. 24 de la Ley 18.345 que las causas deducidas por los trabajadores podrán ser entabladas a elección de este o en el domicilio laboral o en el domicilio de celebración del contrato o el del domicilio del demandado.

La Ley 11.652 tiene una sección especial dedicada al «impulso procesal». En cambio, en la Ley 18.345, se prevé sobre ello en el art. 46 y esta epigrafiado como: «impulso de oficio». Las diferencias planteadas radican en: 1. el art.46 de la Ley 18.345 señala que ese impulso proseguirá hasta la oportunidad de practicarse liquidación, una vez recibidos los autos de la Cámara o consentida o ejecutoriada la sentencia; 2. el art. 46 de la Ley 18.345 dispone que la excepción al impulso oficioso radica en la prueba informativa; hecho que en la práctica sumaría el diligenciamiento de cédulas ley además de los oficios diligenciados a extraña jurisdicción como lo expliqué en el acápite anterior. Por ejemplo: el diligenciamiento de la notificación de testigos domiciliados en extraña jurisdicción a una distancia inferior a 700 km corresponde a la parte que los propone y en algunos juzgados los confeccionan los profesionales y va a confronte y luego de aprobados se diligencia.

El art. 11 de la Ley 11.652 señala que el procedimiento judicial podrá ser impulsado por las partes, el Tribunal y el Ministerio Público. En el 2.° párr. del art. 11 se señala que las partes, luego de intimadas, no producen actividad procesal, y operará la caducidad de instancia en estos términos: «Transcurrido en la etapa de conocimiento el plazo de tres (3) meses en los juicios sumarísimos y de seis (6) o en todos los demás casos sin que se hubiere instado el curso del proceso y siempre que no medie un deber específico del Tribunal de efectuar determinados actos procesales, podrá intimarse a las partes para que en el término de cinco (5) días produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se decretará la caducidad de instancia».

Una mención especial del art. 16 de la Ley 11.652 que rige en provincia habilita a que, eventualmente, se pueda disponer que podrá notificarse por carta documento, telegrama, por acta notarial o por correo electrónico. El art.47 de la Ley 11.652 dispone que los escritos de demanda, contestación y otros a los que debe darse traslado deben ser acompañados con copias e impone un plazo para subsanar la falta; en cambio el art. 16 de la Ley 11.652 dispone lo siguiente: «Se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido». Ahora bien, el art. 16 citado, también dispone que pueda consultarse las copias en el Tribunal y cuando a lude a algún tipo de «imposibilidad», interpreto que es tanto material como económicamente inviable acompañar tantas copias en el traslado como partes haya.

La Ley 18.345 dispone que los testigos sean notificados por cédula al domicilio real y con una antelación no inferior de tres días. En la regulación de la Ley 11.652 se dispone lo siguiente: «La citación se hará por cédula, por telegrama, por carta documento o por acta notarial con anticipación de 2 (dos) días hábiles, como mínimo, al de la audiencia, salvo los testigos de reemplazo cuya concurrencia será a cargo de la parte que los ofreció cuando la situación se produzca después de proveída tal prueba. En este caso, su incomparecencia implicará tener a la parte por desistida de su declaración».

El art. 34 de la Ley 11.653 dispone que quien deba absolver posiciones será notificado por cédula, telegrama, carta documento, o acta notarial con una antelación no menor de dos días hábiles. Diferencias se pueden apreciar entre la redacción del art. 86 de la Ley 18.345 y el art. 34 de la Ley 11.653.

En provincia de Buenos Aires, antes de la vista de causa deberán hallarse diligenciadas y cumplidas las pruebas que se recaban por informes emitidos por entidades públicas o privadas, cuando se ofrezca como prueba expedientes administrativos o judiciales en trámite o finalizados y documentación obrante en un expediente (arts.32 , 40 y 41 de la Ley 11.653).

VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN

La tecnología está para facilitar y ahorrar pasos. ¿La mentalidad no ha cambiado? Las notificaciones tal como se informa en el proceso judicial clásico responde a un tipo de organización judicial y a las reglas del Señorío y a una conformación social que hoy no se condicen con las formas de trato actual. Me vienen a la mente las Crónicas y las Cartas de Relación donde se daba cuenta de un estilo y contenido usual: 1. construir la autoridad en la introducción; 2. dar cuentas, a través de recursos retóricos, de la veracidad del contenido; 3. una reproducción con discursos directos, en primera persona y entrecomillados.

Las «piezas de notificación» con sus estilos retóricos y un contenido que responde a un tipo de género (judicial o legal) se resiste al paso del tiempo: testimonios, cédulas, oficios, exhortos, etc.

Plantear la eficacia del sistema electrónico en comparación con el «tradicional» en condiciones de equivalencia no sería lo ideal y es ficcional. El sistema electrónico no es eficaz porque guarda iguales recaudos que el trámite en papel; al contrario, no se hubiera incorporado el sistema electrónico pensando en igualar un sistema arcaico.

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(1) Nota a fallo, La Ley, 12/7/2017, p. 4 sobre el fallo «Herederos de Burgos Raúl Orlando c/ Gallardo, Omar s/ daños y perjuicios», C. Civ. y Com., Morón, Sala 2, 9/5/2017.

(2) SOSA, Toribio E.: «Lugar de presentación de la expresión de agravios», en La Ley, 12/7/2017, pág. 4.

(3) «. sumado al hecho de que se trata de una temática que involucra el uso de nuevas tecnologías -lo que aconseja la adopción de una postura procesal amplia y flexible- (…)». SOSA, Toribio E.: »Lugar de presentación de la expresión de agravios», en La Ley, 12/7/2017, p.5.

(4) SOSA, Toribio E.: «Lugar de presentación de la expresión de agravios», en La Ley, 12/7/2017, p. 5.

(5) «Bula, Mariano c. EN, Ministerio de Seguridad y otros s/ daños y perjuicios», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso -Administrativo Federal, Sala 5, 3/3/2015. Con nota de Enrique M. Falcón, La Ley, 30/12/2014.

(6) «Valverde Javier c/ Trenes de Buenos Aires S. A. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos», CNCIV, Sala J, 8/5/2017, MJJ105545 .

(7) «Valverde Javier c/ Trenes de Buenos Aires S. A. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos». CNCIV, Sala J, 8/5/2017.

(8) «Valverde Javier c/ Trenes de Buenos Aires S. A. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos». CNCIV, Sala J, 8/5/2017.

(9) BIELLI, Gastón E., y NIZZO, Andrés L.: «El cargo electrónico y los estados de las presentaciones electrónicas. Incipiente jurisprudencia de la SCBA», Microjuris, 9/5/2017.

(*) Abogada. Especialización en Derecho Procesal en FUNDESI-UNSAM (en curso). Doctoranda en Derecho, Universidad Argentina John F. Kennedy. Investigadora en el proyecto académico: «El desarrollo del derecho internacional público argentino a través de revistas jurídicas porteñas (1870-1950)», UAJFK. Profesora en Ciencias Jurídicas. Docente en la Universidad de la Marina Mercante y en la UAJFK. Miembro del comité editor del Equipo Federal del Trabajo. Participa en congresos y jornadas como asistente, ponente o moderadora. Galardonada por su actividad académica. Autora de artículos de doctrina.