La presencia de menores en el inmueble no impide admitir el desalojo

Partes: Barbon Lacambra José Antonio Adolfo c/ Transportes Chavez Rodas Pedro Luis y otro s/ desalojo por vencimiento del contrato

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 13-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-107950-AR | MJJ107950 | MJJ107950

La existencia de menores en el inmueble no impide admitir el desalojo pues de otro modo se obligaría al propietario a proporcionarles la protección y amparo propios de la responsabilidad parental.

Sumario:

1.-Es procedente confirmar la sentencia que condenó al accionado a desalojar el inmueble en el cual habitan menores de edad pues carece de lógica y no respondería a la equidad, concebir que los propietarios de los inmuebles ocupados, o cualquiera que posea un interés legítimo para reclamar el desalojo, tengan el deber de proporcionarle a los niños la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes ostentan la responsabilidad parental y, en su defecto, a los organismos sociales pertinentes que dependen de la comunidad toda.

2.-Debe rechazarse el recurso de apelación deducido por la Defensoría Pública de Menores e Incapaces contra la sentencia que admitió el desalojo, pues la participación del Ministerio debe acotarse a la etapa final del proceso, vale decir, después de dictada la sentencia de desalojo y más precisamente antes de que se lleve a cabo la diligencia de lanzamiento, momento a partir del cual cobra relevancia y se torna operativa la res. DGN N° 1119/2008.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 13 días del mes de Septiembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Barbon Lacambra, José Antonio Adolfo c/ Transportes Chavez Rodas, Pedro Luís y otro s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 159/163, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I. La sentencia de fs. 159/163 resolvió hacer lugar a la demanda entablada a fs. 44/46. En consecuencia, condenó a Pedro Luís Chávez Rodas a desalojar, en el término de diez días de quedar firme la presente, el inmueble sito en la calle Tres Sargentos N° 401, Piso 1°, Departamento “C”, de esta ciudad, bajo apercibimiento de lanzamiento; condena que se hace extensiva a subinquilinos y ocupantes de la unidad.

II. Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de apelación la parte demandada (v. f. 166) y la Defensoría Pública de Menores e Incapaces (v. f. 170).

III. A f. 184 se declaró desierto el recurso concedido libremente a f. 167, toda vez que la parte demandada no expresó agravios en la oportunidad prevista por el art. 259 del CPCCN, de conformidad con lo dispuesto por el art. 266 del mismo Código.

IV. A fs. 185/187 expresa agravios la Defensora Pública de Menores e Incapaces. Sostiene que no comparte el criterio sustentado por el Magistrado de grado en su pronunciamiento, por cuanto considera que se han violentado derechos fundamentales de sus representados consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales incorporados a ella, dejándolos totalmente desprotegidos (v. f.185).

Aduce que a “…pesar de los oficios que fueran diligenciados por la Defensoría de Menores e Incapaces de la anterior instancia dirigidos al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Asesoria General Tutelar, al Programa de Asistencia a Familias en Situación en Calle del Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y al Instituto de la Vivienda del GCBA, ninguna medida se ha tomado ni arbitrado en concreto a fin de dar solución a la problemática habitacional de mis defendidos…” (v. f. 185vta.).

De este modo, expresa que “…teniendo en cuenta que la vivienda familiar se halla amparada por la Constitución Nacional así como por la normativa internacional (art. 75 inc. 22 CN; art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) solicito a V.E. revoque la resolución dictada a fs. 159/163 vta…” (v. f. 186) V. Dicha pieza fue contestada a fs. 188/189 por la parte actora, quien solicitó la deserción del recurso y que cese la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

VI. Pasaré a examinar los agravios expresados, en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. De modo previo al tratamiento de los agravios, creo necesario recordar que, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág.620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; Fallos:274:113; 280:3201; 144:611).

VII. Si bien es innegable el amparo que nuestra Constitución Nacional y Convenciones Internacionales otorgan a la vivienda familiar, lo cierto es que en el contexto planteado, entrarían en tensión los derechos de minoridad citados por la Sra. Defensora, y el ejercicio de los derechos del actor sobre el inmueble cuyo desalojo se persigue.

Es que la función que pueden y deben desempeñar los representantes del Ministerio Pupilar -en las causas como la de autos en que existen menores ocupando el inmueble a desalojar-, se endereza a verificar que los niños y adolescentes no se vean privados de su derecho a la vivienda, la que, obviamente, debe serles proporcionada, en primer término, por sus padres y demás obligados alimentarios y, ante la imposibilidad de éstos de garantizarles tal derecho, recurrir a las autoridades administrativas competentes (cf. CNCiv., Sala H, noviembre 15-2010, en autos: “B., M. A. y otro s/ ocupantes de Suárez 453/7 s/desalojo intrusos”).

No cabe perder de vista en este aspecto, que los hijos menores de edad se encuentran bajo la órbita de la llamada responsabilidad parental, lo que implica, entre otras consecuencias, hallarse bajo el cuidado de sus progenitores, lo que supone la obligación de convivir con ellos, así como el derecho a ser alimentados, lo que incluye la provisión de habitación (arts. 264, 265 y 267 del Código Civil).

No paso por alto que el art. 3º ap. 2º de la Convención sobre los Derechos del Niño establece: “2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas” y el art.27 de dicha Convención, al referirse al tema de la vivienda establece: “2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.

Y que de acuerdo al art. 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Sra. Defensora General de la Nación, explicitó los fundamentos que llevaron al dictado de la Resolución DGN Nº 1119/08 por la que las Defensorías ante los Tribunales Orales en lo Criminal intervienen en representación de las personas menores de edad en causas penales por usurpación. Concretamente se dispuso: “I. Instruir a los Sres. Defensores Públicos de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo para que tomen intervención en los procesos de desalojo en los que se vean afectados los derechos de los menores de edad a fin de adoptar las medidas necesarias que tengan por objeto la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico nacional e instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que el Estado es parte, de conformidad con los considerandos de la presente”. Los principios anotados, rectores en la materia, se replican en otras normas tuitivas como la ley 26.061 Régimen de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Pacto Internacional de los Derecho Económicos Sociales y Culturales -art, 75, inc.22 de la Constitución Nacional-.

Sin embargo, carece de lógica y no respondería a la equidad, concebir que los propietarios de los inmuebles ocupados, o cualquiera que posea un interés legítimo para reclamar el desalojo, tengan el deber de proporcionarle a los niños la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes ostentan la responsabilidad parental y, en su defecto, a los organismos sociales pertinentes que dependen de la comunidad toda. No es posible que se pretenda descargar injustamente sobre unos pocos la que es un deber primordial de la sociedad en su conjunto (esta Sala, “Bures de Hoz, Nélida L. c. Salinas, Ramona A. y otros s/desalojo”, Expte. Libre Nº 545.269, 07-06-2011).

En igual sentido, ver CNCiv., sala H, 15-11-2010, “B., M.A. y otro s/ocupantes de Suárez 453/7 s/desalojo-intrusos”; Mizrahi, Mauricio Luís, Intervención del niño en el proceso. El abogado del niño, LL, 11/10/11).

Ahora bien, más allá de las consideraciones efectuadas sobre el primordial interés del “niño”, las que comparto, no encuentro motivo alguno para apartarme de lo resuelto en la instancia de grado; máxime cuando la participación del Ministerio debe acotarse a la etapa final del proceso, vale decir, después de dictada la sentencia de desalojo y más precisamente antes de que se lleve a cabo la diligencia de lanzamiento, pues es a partir de entonces —no antes—, que cobra relevancia y se torna operativa la Resolución DGN N° 1119/2008.-

VIII. Por lo expuesto, no habiéndose atacado -ni mucho menos rebatido- los sólidos fundamentos esgrimidos por el Magistrado que me precedió, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen en el orden de lo causado atento a la naturaleza de la cuestión (conf. art. 68 del CPCCN).

Los Dres. Mizrahi y Parrilli, por análogas razones a las aducidas por el Dr.Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI –

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, Septiembre 13 de 2017.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se RESUELVE confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen en el orden de lo causado atento a la naturaleza de la cuestión.

Teniendo en cuenta el monto del proceso; labor desarrollada, apreciada por su importancia, extensión y calidad; resultado obtenido; lo establecido por esta Excma. Cámara en pleno, in re: “Zambrano Luis María c/ Cabral Oscar y otro s/ Daños y Perjuicios s/Incidente Ejecución de Sentencia” , del 05.03.93, E.D. 152-237; recurso de apelación interpuesto por bajos a fs. 165 y lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 19, 26, 37 y cctes. de la ley n° 21.839 con las reformas introducidas por la ley n° 24.432, se confirma la regulación de fs. 163 practicada a favor del letrado en causa propia Dr. José Antonio Barbón Lacambra.

Regístrese, protocolícese y notifíquese a las partes y a la Defensora de Menores e Incapaces en su público despacho y, oportunamente, publíquese (conf. Acordada 24/2013 de la CSJN).

Fecho, devuélvase.