La reparación del daño por accidentes y / o enfermedades del trabajo: Avances, retrocesos y principios cardinales

Autor: Serrano Alou, Sebastián

Fecha: 20-sep-2017

Cita: MJ-DOC-12000-AR | MJD12000
Sumario:

I. Introducción. II. La importancia fundamental de la prevención. III. La reparación del daño. IV. La defensa de los «derechos humanos fundamentales» ante el juez natural. V. Consideraciones finales.

Doctrina:

Por Sebastián Serrano Alou (*)

I. INTRODUCCIÓN

La respuesta desde lo que podríamos llamar «el mundo jurídico», conformado por las normas y sus operadores, a la reparación del daño que sufren las / los trabajadoras / trabajadores por accidentes y / o enfermedades del trabajo, ha experimentado siempre avances y retrocesos, los que han sido muy marcados desde la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), la Ley 24.557 , hace más de 2 décadas (13/9/1995). La LRT fue uno de los casos emblemáticos de la época de su sanción, donde el principal objetivo era privilegiar la ganancias de la parte empresaria y la especulación financiera; aun a expensas del trabajo, las / los trabajadoras/es, su dignidad, integridad y hasta sus vidas.

Un quiebre fundamental al sistema de la LRT se dio en septiembre de 2004, en la llamada «primavera del Derecho Laboral», con el inicio de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con eje en la persona que trabaja.Se habla de primavera del Derecho Laboral o del Trabajo a partir de tres casos del Tribunal con una línea marcada de protección a la persona que trabaja, dos de los cuales declararon la inconstitucionalidad de distintas normas de la LRT por lo injusto del sistema, en un caso al establecer límites a la reparación del daño, en el otro al dificultar / limitar el acceso a la justicia; se trata de los precedentes «Aquino» (1) y «Castillo» (2). A casi 10 años del inicio de un sistema injusto, el de la LRT, comenzó a cambiar el eje con fuerza con los precedentes de la Corte, que se hacen eco de reclamos que venían articulando los abogados laboralistas desde hacía un largo tiempo; se cambió el rumbo del sistema diseñado a mediados de la década de los noventa, de la ganancia para las empresas perseguida como objetivo principal se pasó a la protección de la persona como eje de todo el sistema jurídico, con especial énfasis en el caso de la persona que trabaja (3).

A partir de las sentencias de la Corte, se configuró un sistema de Riesgos del Trabajo pretoriano que puso en el centro de discusión dos cuestiones fundamentales: la prevención y la reparación del daño, todo ello abriendo el camino al acceso de las / los trabajadoras/es damnificadas/os a peticionar por sus derechos ante los jueces naturales. En el camino paralelo a las sentencias de la Corte, se sucedieron distintas normas, siendo quizás las más relevantes el Decr. 1694/09 y la Ley 26.773 con su regresiva norma reglamentaria, decreto 472/14, que fueron parches que tomaron planteos de la Corte, pero también del «lobby» empresario, como hubo parches anteriores (v. gr. el Decr. 1278/00 y el Decr.410/01 ). Los distintos parches, con sus diferencias de época y objetivos, no corrigieron el sistema de manera total, no plasmaron la totalidad de los lineamientos del Bloque de Constitucionalidad Federal (BCF) que la CSJN venía moldeando en sus decisiones.

Lamentablemente se ha iniciando otra vez un «cambio» en la tendencia, similar al del quiebre de 2004; esta vez se trata de un claro y marcado retroceso, que se inició con la nueva conformación de la Corte, con jueces que rechazan la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en los términos en que es realizada por sus intérpretes naturales, lo que fue advertido (4) cuando fueron propuestos para el cargo los últimos dos jueces en ingresar y se vio concretado en el precedente «Fontevecchia» (5). En lo que hace al sistema de Riesgos del Trabajo, el precedente «Espósito» (6) de la Corte Nacional marcó la primera y más contundente regresión, continuando en esa línea con la reforma del Poder Ejecutivo por decreto de necesidad y urgencia (54/17), que ante las críticas tomó forma de ley del Congreso Nacional con el número 27.348 (votada afirmativamente por solo 88 diputados). Con cada uno de estos precedentes, el objetivo del gobierno es torcer definitivamente el rumbo iniciado en 2004, para conducir el sistema al punto inicial de mediados de la década de los noventa, donde se privilegió el negocio de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) sobre todo otro objetivo, como la protección de la dignidad, la salud y la vida de las personas que trabajan, que debe ocupar el primer lugar en todo el sistema jurídico, seguido de la reparación del daño sufrido en dichos valores esenciales cuando la protección no fue eficaz y se produjo un daño.En la temática de los accidentes y / o enfermedades del trabajo, existe una determinada jurisprudencia; y entre ella, se destaca la de la CSJN, muy prolífica, en especial en lo que hace a la prevención y a su importancia, como en la búsqueda de una reparación justa / integral / plena, en muchos casos mediante la declaración de inconstitucionalidad de artículos y / o normas; como también es al parecer inagotable la regulación mediante distintas normas (leyes, decretos, resoluciones, etc.), en todos los casos con avances y con retrocesos. Lo amplio de las regulaciones y decisiones sobre el tema conspira contra los Derechos Humanos (DD. HH.) de la persona que trabaja, hace muy difícil para el abogado que la representa abarcar todos los planteos posibles y elegir el camino más seguro, el que resulte más positivo para la defensa de sus derechos, pero lo que es más grave, dificulta y a veces impide el acceso a reclamar ante el Juez Natural por sus derechos.

En todo este devenir de más de 20 años, el sistema de Riesgos del Trabajo se ha ido haciendo cada vez más complejo y farragoso, fundamentalmente por la sucesión de normas (leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones, etcétera) y sentencias con diferentes criterios, lo que evidentemente favorece, especialmente en el punto en el cual nos encontramos, a las compañías frente a los trabajadores, ya que los incumplimientos son fáciles de realizar, ocultar y hasta justificar, pero difíciles de exigir, en un contexto complejo y contradictorio, siendo necesario por ello simplificar a partir de los principios fundamentales que deben guiar el sistema.Para no perdernos en el fárrago cada vez mayor de normas y decisiones que se contraponen, donde los principales damnificados terminan siendo las personas que trabajan, lo fundamental es contar con algún tipo de brújula jurídica para que, a pesar de las rutas cada vez más laberínticas, el «hacia dónde vamos» esté claro; y ella se encuentra, en mi opinión, en el BCF que la propia CSJN utilizaba para marcar el rumbo en el período que va de 2004 a 2014 (7), especialmente en los principios cardinales que surgen de él. Ante la duda o confusión, se debe recurrir a la cúspide de la pirámide normativa para, desde allí arriba, ver más claro el horizonte; no se deben buscar las respuestas en normas de dudosa constitucionalidad, ni en conceptos de la ortodoxia económica, ni en las falacias que elabora su discurso, en todo aquello que busca convalidar como finalidad principal el lucro cada vez mayor de una cantidad cada vez menor de personas /empresas, donde los seres humanos son un simple número de la ecuación y no la variable fundamental que debe desarrollarse en plenitud.

A los fines de simplificar, que es lo que se viene planteando, se deben determinar las tres patas de apoyo del sistema, ninguna de las cuales puede faltar sin que se derrumbe: 1. la persona que trabaja tiene derecho al cuidado de su vida y de su salud mediante una prevención eficaz de los accidentes y enfermedades del trabajo; 2. si esto fracasa y sufre un daño en su salud, también tiene derecho a una reparación plena / justa / integral; 3.si la respuesta no es inmediata, tiene derecho a reclamar ante un juez natural (del trabajo). Estos tres son derechos humanos básicos y fundamentales que surgen del BCF, que han sido receptados por la CSJN y, además, se encuentran en distintas normas infraconstitucionales que deben complementarse en un verdadero «diálogo de fuentes» (8); por lo tanto, ninguna norma o decisión de ninguno de los tres poderes del Estado puede pretender arrebatar a la persona que trabaja estos DD. HH. marcando un retroceso, vulnerando un principio arquitectónico del DIDH, el de progresividad (9). Según mi opinión, la importancia jurídica fundamental en materia de accidentes y enfermedades del trabajo se centra en estos tres DD. HH. del BCF, que son los que chocan con la intención de las empresas, fundamentalmente las ART, de obtener la mayor ganancia posible, y por eso siempre buscan limitarlos.

II. LA IMPORTANCIA FUNDAMENTAL DE LA PREVENCIÓN

Lo imprescindible en materia de accidentes y enfermedades de trabajo es prevenir que sucedan. Esto teniendo presente que el cuidado de la vida y la salud de la persona que trabaja hace al respeto de su dignidad, tratándose de bienes que, aun cuando puedan compensarse con una suma de dinero en alguna medida (siempre insuficiente) cuando se han visto dañados, nunca pueden repararse de manera absoluta ni hacer desaparecer el perjuicio sufrido. Para entender acerca de la prevención y de cuál es su importancia, son ilustrativas las consideraciones de la CSJN entre 2004 y 2014, con firme apoyo en el BCF, que se desarrollan a continuación.

Puede leerse en los precedentes de la CSJN que la índole primaria, sustancial o primordial dada a la faz preventiva en materia de accidentes y enfermedades del trabajo se impone, fundamentalmente, por su indudable connaturalidad con el principio protectorio enunciado en el art.14 bis de la Constitución Nacional («El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes»), el cual, además dispone que estas últimas deberán asegurar al trabajador «condiciones dignas y equitativas de labor». Súmase a ello todo lo proveniente del DIDH, para el cual, uno de los más antiguos aspectos de sus estándares internacionales en el campo laboral fue el de asegurar que las condiciones de trabajo resultasen, a la vez, seguras y saludables. Por lo tanto, considerando el BCF, la protección de la integridad psicofísica del trabajador, cuando no de la vida misma de este, mediante la prevención en materia de riesgos laborales resultó ser -sin dudas- una cuestión en la que alcanzó su mayor significación y gravedad la doctrina de la CSJN entre 2004 y 2014, según la cual, aquel es un sujeto de preferente tutela constitucional (10).

Existe una relación indisociable entre los riesgos del trabajo y el derecho a la salud, que trasciende notoriamente el solo interés de las partes e, incluso, el del universo laboral, habida cuenta de que la salud se erige como un verdadero «bien público», según lo ha conceptualizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo ha enunciado el art. 10.2 del Protocolo de San Salvador, cuerpo legal este que -por lo demás- prevé que con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se comprometen, particularmente, a adoptar medidas atinentes a «la prevención y el tratamiento de las enfermedades (.) profesionales y de otra índole» (art.10.2.d). Súmase a ello también que es inescindible el nexo entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva, que resulta garantizado por la Constitución Nacional, el cual comprende no solo el derecho de aquella a no ser privada de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una «existencia digna» (11).

Según refiere la CSJN en «Torrillo» (12), y ratifica en «Trejo» (13), el trabajo decente debe ser trabajo seguro. Los «pilares fundamentales» de una estrategia global de la Salud y Seguridad en el Trabajo atañen a la «instauración y el mantenimiento de una cultura de prevención» que implica, «inter alia», la atribución «de la máxima prioridad al principio de la prevención». El derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable debe ser reconocido como un derecho humano fundamental y la globalización debe ir acompañada de medidas preventivas para garantizar la seguridad y la salud de todos en el trabajo. La salud en el trabajo tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones; prevenir todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a su salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.

También en «Torrillo» (14), la CSJN destaca que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su última observación general, dedicada específicamente al derecho al trabajo, explicó que «el trabajo, según reza el art. 6 del Pacto [PIDESC], debe ser un trabajo digno.Este es el trabajo que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral (“work safety”) (.). La protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras (“safe working conditions”), cuya existencia constituye uno de los elementos “interdependientes y esenciales” del ejercicio laboral: su “aceptabilidad y calidad”». Esto también es parte de los votos de Fayt y de Petracchi en «Trejo» (15).

Este tipo de consideraciones en los precedentes de la CSJN vienen desde el inicio de la etapa 2004-2014, cuando en el voto de Higthon de Nolasco en «Aquino» (16), uno de los precedentes que dio lugar a la llamada «primavera del Derecho Laboral» en 2004, se refiere a que es condición inexcusable del empleo que este se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. Indica también que la prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana. Esto es citado por Fayt y Petracchi en «Trejo» (17) y en «Silva» (18), y por estos como por Maqueda y Zaffaroni en «Torrillo» (19).

Todo lo dicho anteriormente, sobre la importancia de la prevención por estar involucrados los DD. HH. del BCF, no solo debe ser observado por quienes suscriben los TIDH, los Estados, sino también por los particulares, los empleadores y las empresas en general.Esto está expresamente planteado en el fallo «Trejo» (20), donde Fayt y Petracchi refieren que, en los casos de accidentes y / o enfermedades del trabajo, se ponen en juego la salud e integridad psicofísica del trabajador, cuando no su misma vida y, por ello, en una relación laboral regida por el derecho privado se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares, y que los empleadores deben proteger y respetar los derechos de los trabajadores. Es decir, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los DD. HH. protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros («erga omnes»). Esta obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares. La Corte juzga imprescindible para arribar a estas conclusiones las consideraciones que, en lo sustancial, tienen como punto de partida la doctrina asentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva «Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados».

La CSJN indica que el trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, normativamente comprendidos en la Constitución Nacional. Los poderes de dirección del empresario encuentran su mayor justificación, y su destino más levantado, cuando tienden a establecer una organización del trabajo centrada, primordialmente, en la seguridad y en la salud de los que han de prestar su labor con arreglo a tales poderes.La obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes respectivas, a la preservación de quienes los prestan, tiene un indudable sustento en criterios normativamente comprendidos en la Constitución Nacional, al paso de que la subordinación de estos últimos hacia los primeros supone como correlato la subordinación del interés de la empresa a las exigencias fundamentales de la dignidad humana -individual y familiar- de quienes trabajan en ella. El Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 20.744 ) se inscribe en esta perspectiva, cuando preceptúa que el «contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después, ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico» (art. 4) (21).

Fueron quizás estas reflexiones de la CSJN las que llevaron a que la Argentina ratifique los convenios 155 (con su protocolo de 2002) y 187 de la OIT, sobre «Seguridad y Salud de los Trabajadores» (de 1981) y «Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo» (de 2006) respectivamente, a través de dos leyes: la Ley 26.693 y la Ley 26.694 . La Argentina se comprometió, a partir de las normas sancionadas, a poner en práctica y a reexaminar de forma periódica una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente laboral, y a promover la mejora continua de la seguridad y salud en el empleo. Se trata de normas que tienen jerarquía superior a las leyes (cfr. art. 75, inc. 22 , de la CN) y no siempre reciben la atención que merecen.

Todo el desarrollo realizado hasta aquí se basa fundamentalmente en el BCF, pero no puede desconectarse de las normas infraconstitucionales, como se vio al referirse en el párrafo anterior también a la RCT.En esta temática, debe tenerse especialmente en cuenta el núcleo del sistema de Riesgos del Trabajo, la Ley 24.557 , con sus reglamentaciones y normas complementarias; lo que solo puede considerarse válido en tanto y en cuanto se amolde al BCF.

La LRT, para el logro del mentado objetivo de prevención, tributario de las normas jerárquicamente superiores indicadas por la Corte, creó un sistema en el cual introdujo, e impuso, un nuevo sujeto: las ART, las cuales tienen «una activa participación». En este dato, y no en otro, finca la diferencia esencial que, para lo que interesa, separa a la LRT del régimen anterior. Las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por emplear algunos de los términos de la normativa, exigen de las ART, al paso que las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos. Primeramente, la adquisición de un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del mencionado ámbito laboral, para lo cual este, por así decirlo, debe mantener sus puertas abiertas hacia las ART. Seguidamente, el obrar de estas sobre dicha realidad, para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia. Dicho conocimiento individual y directo de esas realidades, sumado, por cierto, a los saberes especializados en materia de prevención con que deben contar, constituyen el par de circunstancias con base en las cuales la LRT formula, mediante precisas obligaciones, su apuesta innovadora a favor de la actuación de las ART, como vehículos útiles y apropiados para prevenir «in concreto» los riesgos del trabajo (22).

Pero no solo la LRT debe interpretarse en el sentido de dar a la prevención un lugar esencial dentro del sistema de la LRT, sino que todas las normas complementarias y aquellas que tienen relación con el cuidado de la integridad de la persona que resultan aplicables (v.gr., Ley 19.587). En este sentido, para la Corte, tratándose de los daños a la persona de un trabajador, derivados de un accidente o enfermedad laboral, no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad prevista en el Derecho Común, hoy plasmado en el Código Civil y Comercial unificado (CCivCom), en el caso en que se demuestren los presupuestos exigibles, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado -excluyente o no- entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales (23).

El nuevo Código Civil y Comercial, en su Título V, Capítulo I (arts. 1708 a 1780 ), aborda el tema de la «responsabilidad civil» de una forma más extensa, detallada y beneficiosa para las víctimas que como lo hacía el Código de Vélez Sarsfield, lo que sin duda será muy útil para que los trabajadores que sufren accidentes y / o enfermedades laborales planteen sus reclamos; especialmente si partimos de considerar el enfoque inicial de los tres primeros artículos del Código Civil y Comercial, con base en el BCF, y vemos cómo en este tema puntual el nuevo cuerpo normativo hace eje en la función fundamental de la prevención del daño para luego pasar a la reparación (24).

La amplitud de los legitimados para reclamar por una adecuada prevención (art. 1712 ) también resulta trascendente. La definición de antijuricidad (art. 1717 ) y la reparación plena (art. 1740) en consonancia con los conceptos de la CSJN sobre reparación justa / integral, la determinación de la responsabilidad objetiva (arts. 1722 y 1723 ), la ampliación del concepto de dolo (art. 1724), la consideración de las cosas, pero también de las actividad riesgosas y el desarrollo de este tema (art.1757 ), la facultad del juez de distribuir la carga de la prueba -que en casos laborales debe, sin lugar a dudas, beneficiar al trabajador como parte desfavorecida- (art. 1735 ), entre otras cuestiones, resultarán de gran utilidad en el caso del reclamo por accidentes y enfermedades laborales. El principal objetivo es el cuidado de la dignidad de la persona, mediante la prevención y, en caso de daño, la reparación (cfr. art. 52 del CCivCom).

A lo anterior se suma la recuperación del art. 75 RCT, reformado por la LRT para asegurar la impunidad del empleador frente a la indiferencia respecto de la prevención. La Ley 27.323 recupera el originario texto del art. 83 de la Ley 20.744, que se anexa así a la tendencia del BCF de ubicar en primer plano a la prevención, en este caso en cabeza del empleador, al que la Ley 24.557 parecía haber querido dejar libre de toda culpa y cargo al respecto (25). En este sentido, su texto determina lo siguiente: «El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos. Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo.El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca».

A pesar de lo dicho hasta aquí, y especialmente el sustento que la prevención tiene en el BCF, el fracaso del sistema de Riesgos del Trabajo en la actualidad se hace evidente. No se trata de la existencia de una «industria del juicio», ni de trabajadores y / o abogados inescrupulosos, como pretenden plantear desde los medios de comunicación dominantes y desde el gobierno; sino de la falta de prevención, que en caso de ser eficaz puede reducir la cantidad de personas damnificadas, ya que en muchos casos las enfermedades y accidentes pueden evitarse, o al menos reducir sus efectos sobre la salud, la integridad y la vida de la persona que trabaja. La consecuencia de este fracaso son los reclamos laborales que en número creciente prosperan en el Poder Judicial y, dentro de estos, especialmente aquellos donde se reclama una reparación integral con base en la falta de prevención de la ART y el empleador.

Dos cuestiones que no quiero dejar de mencionar en relación con la prevención que me parecen fundamentales, y en cierta forma van de la mano, son las siguientes:1.°, quién debe probar en lo atinente a la prevención, y 2.°, qué sanciones se pueden aplicar para que los incumplidores modifiquen su conducta.

En lo que hace a la carga de la prueba y en relación con la prevención, pesa exclusivamente en cabeza de la ART y el empleador probar si existió una adecuada prevención y / o si el daño sufrido por la persona que trabaja no pudo ser evitado luego de tomar todas las medidas que pesaban sobre ellos en funciones de las características particulares de las personas, la actividad, el tiempo y el lugar. Esto es así por tratarse de una obligación de la que resultan los principales responsables en el caso concreto (cfr. LRT, art. 1735 del CCivCom, art. 9 de la RCT, art. 14 bis de la CN, entre otros).

Por otra parte, la falta de una prevención adecuada y la incidencia que esta omisión haya tenido en la producción del daño, sin lugar a dudas es uno de los parámetros para tener en cuenta al momento de determinar el monto de la reparación, siendo uno de los ítems para incluir el del daño punitivo. En el caso de la ART, es aplicable a ella los parámetros de la relación de consumo, como indica Eduardo Mezio, para quien, al momento de determinar el monto de la condena, «el juzgador, sobre las pruebas rendidas, deberá considerar, en su íntima convicción, si ese importe influirá para que la ART cambie el paradigma de la «Ley de Pareto» (si tengo 100 accidentes y 20 juicios, me ahorro la plata de 80 juicios), como así también la llamada «Fórmula de Hang»: si el coste de un accidente es menor que el coste de evitarlo, una empresa económicamente racional preferirá pagar la indemnización que gastar más en prevenir el perjuicio» (26).

III.LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Como en lo relativo a la prevención antes, y como sucederá con el acceso a la justicia después, todo el desarrollo que aquí se realiza gira en torno a lo resuelto por la CSJN entre 2004 y 2014, con fundamentos extraídos principalmente del BCF. En función de esto, la indemnización que se paga como reparación ante los siniestros laborales reviste carácter alimentario (27) y debe ser justa / integral / plena (28).

Una discapacidad laborativa, sobre todo las de mayor graduación, repercute no solo en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida; por lo que un trance de tamaña gravedad llevará seguramente al trabajador -y, en su caso, a la familia de este- a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello por lo que el medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración, una nueva, en caso de reducir el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular dicho proyecto (29).

Acudiendo a los razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CSJN en «Arostegui» (30) plantea que el «proyecto de vida» se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y para llevarla a su natural culminación.Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial y su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación.

Así fue que la Corte, en la primavera de 2004, marcó el quiebre en un sistema injusto de reparaciones tarifadas; esto en el precedente «Aquino» (31), con fundamentos del BCF. La Corte consideró, en el referido precedente, que el propósito del legislador mediante el art. 39, inc. 1 , de la LRT no fue otro que consagrar un marco reparatorio de alcances menores que los del Código Civil, apartándose de la concepción reparadora integral, y la consiguiente eximición de responsabilidad del empleador prevista en el citado art. 39, solo indemnizaba daños materiales y, dentro de estos, únicamente el lucro cesante que, asimismo, evaluaba menguadamente, lo cual resulta inconstitucional, por contrariar distintas normas y principios constitucionales (v. gr., principio «alterum non laedere» del art. 19 de la CN, igualdad ante la ley del art. 16 de la CN, preferente tutela del trabajador del art. 14 bis de la CN, principio de progresividad del derecho internacional, justicia social, etc.). De esta manera, con criterios basados en la protección de la persona humana y sus DD. HH.por sobre el mercado, se desactivó el precedente «Gorosito» (32); algo similar a lo que parece pretender hoy la Corte con «Espósito» (33), pero en sentido inverso, desactivar los avances operados entre 2004 y 2014 (34).

En lo relativo a la reparación del daño producto de accidentes y enfermedades del trabajo, los principios de justicia e integralidad son esgrimidos en «Aquino» (35) y reiterados en varios fallos posteriores de la CSJN (36); se trata de principios cardinales en la reparación del daño sufrido por la persona que trabaja, al punto de que también es recogido el principio de integralidad de la reaparición en fallos que abordan el derecho al trabajo y la reinstalación del trabajador despedido sin justa causa, tanto en casos de empleo público como privado (37). Indica la Corte que resulta inconstitucional una indemnización que no sea «justa», puesto que indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida; y esto con mayor razón cuando no está en juego la protección de la integridad patrimonial, esto es, un valor instrumental, sino uno fundamental, la protección de la inviolabilidad física, psíquica y moral del individuo trabajador ante hechos o situaciones reprochables al empleador. La aplicación del art. 21, inc. 2 , de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece lo siguiente:«Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa», y resulta aplicable a reclamos fundados en violaciones al derecho a la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial.

Siguiendo cietos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las reparaciones -como el término lo indica- consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas; cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la violación del derecho que corresponda reparar, se impone una justa indemnización, cuya naturaleza y monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial, y no pueden implicar el empobrecimiento de la víctima.

El fallo «Aquino» (38) sienta la premisa, luego recogida en posteriores sentencias (39) y dictámenes fiscales (40), de que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres. La incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable.Los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos -aunque elementos importantes que se deben considerar- no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral, sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio.

La posibilidad de que la reparación sea efectiva, además de justa, guarda relación con dos limitaciones impulsadas por las ART: de los casos que merecen reparación y de los montos de la reparación; que se completan y solo son posibles con el límite en el acceso a la justicia. Las consideraciones de la Corte, con base en el BCF, son la respuesta a un sistema que se diagramó persiguiendo el objetivo de generar un negocio muy redituable, a la LRT originaria que buscó asegurar muy buenas ganancias / ingresos para las ART y limitar los pagos de prestaciones / indemnizaciones, fundamentalmente restringiendo los casos a considerar cubiertos y tarifando el monto a pagar por incapacidad, poniendo un techo a la suma de dinero que correspondía como reparación mediante una fórmula con techo, no contemplando actualización de los montos. Frente a esto, los distintos fallos de la Corte declararon inconstitucional o buscaron alternativas a un sistema tarifado y cerrado que no dejaba lugar a completar el monto de la reparación menguada que debían abonar las ART, ni reclamando la diferencia al empleador, ni la totalidad de ella a una ART negligente que contribuyó al daño o no lo evitó mediante una adecuada prevención; es decir, de un sistema que impedía reclamar que la indemnización fuera justa / integral / plena en todos los casos en que un accidente y / o enfermedad del trabajo producía un daño a la persona que trabaja.La solución al injusto sistema de reparaciones de la LRT, mediante una fórmula matemática con techos máximos en los montos, vino en un primer momento, desde la CSJN, mediante la aplicación de las normas del derecho común, como derivación del «alterum non laedere», que permitían dejar a un lado la fórmula y los techos que establecía la legislación especial para determinar montos distintos, superiores a los del sistema de la LRT.

Cuando con el tiempo se fue modificando el sistema, y se elevó el monto de las prestaciones (Decr. 1278/00) o cuando los techos se convirtieron en pisos (Decr. 1694/09), la CSJN, adhiriendo en mayoría a un dictamen del procurador, con cita de distintos precedentes de la misma Corte -«Aquino» (41), «Milone» (42) y «Arostegui» (43)-, estableció que en todos los casos, cuando las deficiencias de la fórmula de cálculo de la LRT lleva a una reparación que no es integral, cabe evaluar la forma de que la indemnización consagre una reparación equitativa; o sea, una reparación que resguarde el sentido «reparador» en concreto (44). Esto parece olvidarse en la actualidad, cuando se intenta limitar el RIPTE incorporado por la Ley 26.773, primero por el Decr. reglamentario 472/14 y, luego, por la Ley 27.348, que incorpora el art. 17 bis a la Ley 26.773 derogando el inc. 6 del art. 17 de la misma norma, mediante la idea de que su aplicación se limita a los pisos generales y las sumas de pago único, en lugar de que, como surgía del texto original y lo aplicaba numerosa jurisprudencia, también es aplicable al resultado de la fórmula del art. 14, inc. 2.a , de la LRT en los casos concretos y particulares; lo que resulta más equitativo, un verdadero progreso para el sistema en vistas de principios como el «pro homine» y el de reparación integral. Algo similar, un recorte en la aplicación del RIPTE, intenta el art.11 de la Ley 27.348, que modifica el art. 12 de la LRT indicando que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor, y los salarios del promedio se actualizarán mes a mes -durante ese año anterior a la primera manifestación y no más allá- aplicándose la variación del índice RIPTE (45).

La otra estrategia de la LRT para limitar la reparación fue excluir casos de enfermedades del trabajo de la obligación de reparar a cargo de la ART, estableciendo un listado cerrado de padecimientos comprendidos como enfermedades del trabajo. Esto se plasmó en el art. 6, inc. 2 , de la LRT, el que resulta inconstitucionalidad, fundamentalmente porque es incompatible con el orden constitucional y con las normas de carácter supralegal -art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional-, en cuanto ha negado todo tipo de reparación al trabajador víctima de una enfermedad que guarda relación de causalidad adecuada con el trabajo, por el solo hecho de que aquella no resulta calificada de «enfermedad profesional» en los términos de dicha norma (46). Esta estrategia inconstitucional ha sido ratificada -sin por ello dejar de ser contraria al BCF- por el art 9 de la Ley 26.773 y el art 2 de la Ley 27.348 que remite al anterior.

Producto de la aplicación del baremo y «listado cerrado» del sistema de la LRT, del total de 100% de siniestros reconocidos en la Argentina, solo el 3% corresponde a enfermedades profesionales, cuando la OIT reconoce que de un total de siniestros, el 33,54% son enfermedades profesionales.Ese denominado «subregistro» es parte de las causas que ocasionan la necesidad de iniciar una acción judicial como condición necesaria para el acceso a una reparación de la víctima del infortunio. En proporción a la cantidad de dolencias que quedan sin cubrir, son pocos los reclamos que se inician (47).

El sistema cerrado vigente colisiona con los estándares expresados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la lista de enfermedades profesionales revisada en 2010, incorporadas como Anexo de la Recomendación 194, 2002; con el Convenio 155 de la OIT y con el Protocolo del año 2002 «Relativo a la seguridad y salud de los trabajadores», aprobados con carácter de norma supralegal por el Congreso de la Nación mediante la Ley 26.693 (48).

Pero son los jueces del trabajo los que, acudiendo al «diálogo de fuentes» (49), deben recorrer todos los caminos existentes para conferir eficacia a la justicia social. Los jueces deben analizar la justicia de la reparación y constatar si el la cumple con los mandatos constitucionales. Pero si la conclusión es negativa podrán, acudiendo al «diálogo de fuentes» (tantas veces mencionado por los miembros de la comisión que trabajó en la unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación) recorrer todos los caminos existentes para conferir eficacia a la justicia social plasmada en la reforma constitucional del año 1957, que fue profundizada por los constituyentes del año 1994 con la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el inc. 22 del art. 75, contribuyendo a legitimar la decisión.

En este sentido, resultan muy ilustradores los arts. 1 y 2 del CCivCom. El primero en cuanto dispone lo siguiente: «Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y con los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte.A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma». El segundo cuando indica lo siguiente: «Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento». Por lo tanto, las distintas normas que tratan la temática de los accidentes y enfermedades del trabajo, y especialmente aquellas que establecen reparaciones a los daños sufridos por las personas en su salud e integridad, deben ser analizadas e interpretadas a la luz del BCF y sus principios fundamentales; en función de lo cual una reparación que no resulte adecuada, suficiente y / o justa es inconstitucional. La reparación justa del daño producido por un accidente y / o enfermedad del trabajo es un derecho fundamental de la persona humana.

Los reclamos de reparación por infortunios laborales pueden ser encuadrados jurídicamente dentro de diversas normas. Dentro de la legislación, y en relación con la reparación de los daños sufridos por el trabajador en su salud, los jueces tienen un amplio abanico de posibilidades. Cómo se vio hasta aquí, en la normativa infraconstitucional, hay tres variables principales, a las que pueden agregarse otras, y que son las siguientes: a. la reparación objetiva establecida por las leyes de accidentes, LRT y complementarias; b. la reparación integral dispuesta por el derecho común, desde agosto de 2015, el CCivCom; y c. la reparación laboral por incumplimiento del deber de seguridad, especialmente con el hoy recuperado art. 75 de la RCT. En función de la multiplicidad de opciones, son los jueces quienes deben evaluar en última instancia los hechos relatados al demandar, lo peticionado que será una reparación, y las pruebas acercadas; para una vez hecho ello, encuadrar la situación en la norma jurídica correspondiente.Todos los sistemas deben ser evaluados a la luz del BCF y aplicados en un verdadero «diálogo de fuentes», siempre con eje en la persona humana y el respeto de su dignidad.

Nada impide, en casos de reclamos por enfermedades y / o accidentes del trabajo, que las partes formulen planteos subsidiarios. Si bien las partes no se encuentran obligadas a indicar en qué norma se encuentran fundados sus reclamos, nada impide que lo hagan y, al hacerlo, formulen planteos subsidiarios, para el caso de que el juez no concuerde con su encuadre jurídico del tema, o que por particulares situaciones de la causa no logren al final del juicio probar los presupuestos de una norma más exigente, pero sí los de una norma con menores requisitos de aplicación (50). En este sentido, no resulta incongruente e incompatible que el trabajador pretenda una reparación integral fundada en el derecho común y / o una indemnización tarifada basada en una normativa cuya inconstitucionalidad se persigue (v. gr. LRT), cuando, a la par, se admite que este último reclamo tendría carácter subsidiario respecto del primero (51). En todos los casos, al relatar los hechos y en el desarrollo de la demanda, siempre será útil fijar parámetros que permitan determinar con mayor justicia el monto de la reparación (v. gr., condiciones personales de la víctima, relaciones familiares y sociales, daños sufridos, afectación laboral y del proyecto de vida, etcétera).

Un caso que puede presentarse es el de reclamos a las ART, en los cuales la parte que demanda puede fundar su demanda en el derecho común (CCivCom) o en la LRT.En el primer caso, de no probarse los presupuestos de la responsabilidad civil, pero sí una situación que da lugar a la reparación prevista en la LRT, nada impide que el juez encuadre el reclamo en esta última normativa, como jurisprudencialmente ha sucedido (52), pero al hacerlo, deberá también buscar que la reparación sea equitativa (53). Del mismo modo, cuando se reclama una reparación sobre la base de la LRT, y de la prueba surge que la ART no cumplió con sus obligaciones, y que el siniestro fue producto de la negligencia de ella, nada impide al juez que encuadre el reclamo en el derecho común; máxime si se hubiese hecho referencia a una reparación «integral» y / o «justa» y / o «plena», o reclamado la reparación por ejemplo del daño moral u otro rubro que no se encuentre previsto en la LRT. Tampoco sería injusto que el juez aplique a un caso en trámite lo dispuesto por una reforma posterior al sistema de la LRT, cuando resulta en una reparación más equitativa, siendo quizás útil en estos casos, para evitar planteos posteriores de las partes, correr traslado para que se expidan sobre la norma sobreviniente.

Asimismo, surge de la jurisprudencia de la CSJN entre 2004 y 2014 que nada impide que la víctima de un infortunio laboral, luego de percibir la indemnización por incapacidad permanente a cargo de la ART pretenda obtener una reparación por la vía del derecho común de parte del empleador, ya que la percepción de la reparación tarifada solo importa, para el reclamante, el sometimiento voluntario a las normas relativas a dicha reparación, mas no al resto de las disposiciones de la citada ley especial, sin que exista interdependencia o solidaridad inexcusable entre unas y otras (54).

Al plantearse la reparación del daño sufrido por el trabajador, en el caso de una indemnización por incapacidades producto de enfermedades y / o accidentes de trabajo, lo que se hace es intentar traducir en una suma de dinero el daño producido auna persona humana, que ve recortadas sus posibilidades de desarrollo, así como de interacción y participación de las distintas facetas de la vida en sociedad. Pero que se transforme el daño en números -que nunca logran repararlo del todo-, cuando así lo reclama el trabajador, no quiere decir que se convierta a la víctima en una cosa, sino que se intenta en alguna medida reparar el daño sufrido por una persona humana a la que se debe respetar su dignidad. La falta de una adecuada reparación de los daños sufridos por el trabajador, mediante distintas indemnizaciones, genera degradación social, ya que, el trabajador que no obtuvo una reparación justa verá resentida su posibilidad de mantenerse integrado en una sociedad capitalista que excluye a quienes no cuentan con los recursos económicos necesarios para participar y ejercer sus derechos.

De la jurisprudencia (55) de la CSJN surge que sostener como fundamento del rechazo un erróneo encuadramiento legal del reclamo importa soslayar que los jueces tienen no solo la facultad, sino también el deber de discurrir los conflictos y de dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes. En este sentido, la facultad que deriva del ejercicio de la regla «iura novit curia» no comporta un agravio constitucional. Por lo tanto, corresponde al juez de la causa fijar el marco jurídico debido, conforme al principio «iura novit curia». Para reforzar el sustento de lo dicho en casos de reclamos por accidentes y / o enfermedades del trabajo, cabe destacar el carácter alimentario que reviste la indemnización objeto del reclamo.El «iura novit curia» no es una opción, sino parte de la función judicial, la que se ve alcanzada por la justicia social, que en el caso implica lograr el reconocimiento de los derechos alimentarios surgidos de una relación especialmente protegida por el orden constitucional y por la protección de sujetos de preferente tutela dentro del BCF.

Es habitual que, al presentar los hechos al juez, e intentar encuadrarlos «ab initio» en una norma jurídica, los letrados de parte equivoquen el camino, en especial cuando se trata de casos de infortunios laborales, con una normativa genérica como es la Ley 24.557 (LRT) llena de artículos contrarios al BCF, en una realidad que ha sufrido distintas reformas tanto en forma directa (v. gr., Decr. 1278/00, Decr. 1694/09, Ley 26.773, Decr. 472/14, Decr. 54/17, Ley 27.348) como indirectamente (tanto por la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial como por la modificación al art. 75 de la RCT). Sobre la cuestión de las enfermedades y / o accidentes de trabajo, principalmente en lo que hace al derecho a su reparación, ha habido en estos 20 años, cambios y vaivenes jurisprudenciales de importancia, que no solo confunden a las partes y a sus letrados, sino también a los magistrados de todo el país (56). Por este motivo, dados los cambios y vaivenes jurisprudenciales, son los jueces quienes deben, cuando advierten errores u omisiones relativas al derecho aplicable en los casos concretos, o modificaciones de relevancia muchas veces posteriores o contemporáneas al inicio de una acción judicial, o normas contrarias al BCF, encuadrar jurídicamente el reclamo sobre la base de los hechos acercados por las partes a la causa y a la luz de los principios del «derecho del trabajo», con vistas a satisfacer el objeto principal que se suele reclamar: la reparación del daño sufrido p or la persona que trabaja en su salud, vida y dignidad.Hoy existe una pluralidad y complejidad normativa mayor que en el pasado, y si alguien tiene mayor facilidad para salvar esta situación, ese es el órgano estatal, cuya función es aplicar este derecho, máxime cuando este órgano tiene una especialización en cierta rama del derecho (sin perjuicio de que todo el derecho forme un bloque único y se complemente). A los fines de hacer operativo el «iura novit curia», resulta fundamental que en la demanda se realice un relato de los hechos amplio, claro y detallado, sin omisiones», junto a una petición igual, que busque una reparación justa / integral / plena. Las partes deben por ende explayarse en relación con los hechos; pero sin perder por esto la claridad de su exposición, surgiendo de los hechos relatados qué se pide, a quién y por qué.

En definitiva, que la reparación sea equitativa en cada caso, que cumpla con los principios de justicia, integralidad y / o plenitud depende, en última instancia, de la decisión del «juez natural», sin que pueda impedirse ni dificultarse el acceso a este derecho al trabajador. Esto abre la puerta al siguiente derecho, el del acceso al juez natural.

IV. LA DEFENSA DE LOS «DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES» ANTE EL JUEZ NATURAL

Cuando no se extremaron las medidas de prevención, o cuando ella falló, y se produjo un daño que no se reparó o fue reparado en forma deficiente, no puede negarse a la persona que trabaja que lleve sus justos reclamos ante el juez natural; como bien quedó plasmado en los fallos de la CSJN entre 2004 y 2014 y tal como surge del BCF. Resulta indispensable que la persona que trabaja y que ha sufrido un daño en su salud por su trabajo, cuando lo considere necesario para una mejor defensa de sus DD.HH., pueda acudir ante el juez natural para que este defina si existió una prevención adecuada -o no- de los responsables, y para que evalúe el daño en el caso particular, a los fines de determinar cuál es la reparación que resulta más justa / integral/ plena.

La LRT originaria tenía una doble forma de impedir a la persona que trabaja el acceso al juez natural con sus reclamos por accidentes y enfermedades del trabajo; es decir, para la defensa de sus DD. HH. Fundamentales; la primera, mediante el trámite obligatorio ante las Comisiones Médicas, órganos administrativos que dotaba de facultades jurisdiccionales en un enmarañado procedimiento (57); la segunda, imponiendo que las apelaciones a lo decidido por las Comisiones Médicas tramiten ante la Justicia Federal. El objetivo fundamental de esta sustracción del derecho al acceso al juez natural reviste una gravedad enorme por las particularidades de las personas que se perjudican, sujetos de preferente tutela constitucional, como por el tipo de derechos involucrados, los DD. HH. del damnificado frente a los intereses económicos de las empresas que resultan beneficiadas (58).

En el inicio de la primavera del derecho del trabajo, la CSJN, en el precedente «Castillo» (59), declaró inconstitucional el art. 46, inc. 1 , de la Ley 24.557, en cuanto disponía la competencia de la justicia federal para entender en los recursos deducidos contra las resoluciones de las comisiones médicas provinciales, pues no resulta constitucionalmente aceptable que la nación pueda, al reglamentar materias propias del derecho común -en el caso, accidentes laborales-, ejerza una potestad distinta de la que específicamente le confiere el art. 75, inc. 12, de la CN, ya que lo contrario implicaría reconocer que las pautas limitativas que fija la Carta Magna cuando se trata de derecho común, referidas a la aplicación de esas normas por los tribunales de provincia si las cosas o las personas caen bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser dejadas a un lado por la mera voluntad del legislador.Entre sus consideraciones, afirma la Corte en «Castillo» (60) que, según lo esclareció dicho Tribunal para octubre de 1917 y lo sostuvo de manera constante, las responsabilidades por accidente del trabajo y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados u obreros son de carácter común, por lo tanto, no es constitucionalmente aceptable que la nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, alterar el principio por el cual deben ser resueltas por las jurisdicciones locales, es decir, la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones, no puede ser obviada por la sola voluntad del legislador. La Ley de Riesgos del Trabajo produjo dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado «de fuero común».

En el caso del precedente «Castillo» (61), el trabajador no había pasado por las Comisiones Médicas, sino que había recurrido directamente ante el Juez del Trabajo Provincial con sus reclamos, peticionando se declare inconstitucional la competencia de la justicia federal, lo que fue señalado por la ART demandada para que se rechace su planteo, ya que afirmaba que el actor no atacó directamente el trámite ante las comisiones médicas, lo que para la Corte no resultó relevante, en función de que las comisiones médicas de la LRT son «organismos de orden federal» que no pueden reemplazar en sus funciones a la justicia provincial, como tampoco puede hacerlo la justicia federal. Luego, en el precedente «Venialgo» (62), otro trabajador presentó su reclamo ante el Juez del Trabajo Provincial, pero en este caso luego de pasar por las Comisiones Médicas de la LRT, sin que ello fuera óbice para la Corte para declarar inconstitucional la federalización del reclamo de la LRT.La doctrina de los precedentes «Castillo» y «Venialgo» constituye un todo armónico que conlleva la descalificación constitucional de los arts. 21, 22, 46, inc. 1, y de las normas pertinentes del Decr. 717/96 y demás normas reglamentarias y complementarias (63). En mi criterio, de la conjunción de ambos precedentes, surge lo que creo es la idea central sobre las Comisiones Médicas: son «organismos de orden federal» a los que el trabajador no está obligado a recurrir para reclamar por sus derechos previo a reclamar ante el Juez Natural de la justicia provincial, y el hecho de presentar previamente algún reclamo ante dichos organismos, o comparecer ante los mismos, tampoco lo priva de su derecho a reclamar ante el Juez Natural (64); es decir, no es obligatorio el trámite de las comisiones médicas, sino que es un derecho más a favor de la persona que trabaja, del que puede hacer uso o no, y que en nada modifica el fundamental de ir ante el Juez Natural para reclamar con toda la amplitud prevista en las leyes de forma, ni tampoco puede recortar los derechos de la normativa de fondo.

Luego de que el sistema de la LRT fue declarado inconstitucional por la CSJN por diversos motivos, entre otros por querer impedir a los trabajadores el acceso al Juez Natural, la Ley 26.773, de octubre de 2012, trató de hacer lo mismo, pero por otros medios, estableciendo que los reclamos basados en el derecho común, el derecho civil, debían tramitar ante los Jueces Civiles, lo que también fue declarado inconstitucional por la jurisprudencia (65), aunque lamentablemente no la de la Corte.Sobre esto mismo se ha vuelto luego de una feroz campaña mediática llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional, la Unión Industrial Argentina y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, se aprobó una reforma cuyo central objetivo es obstruir la posibilidad de acceso a la jurisdicción de los trabajadores y trabajadoras accidentados, reafirmando los cimientos del cuestionado sistema instaurado en 1995 (66). En enero, con un decreto de necesidad y urgencia -el DNU 54/2017 -, fuertemente rechazado por inconstitucional y que sin dejar de estar vigente en los hechos fue rápidamente remplazado por una ley, que demostró que no existía ni necesidad ni urgencia para el dictado del decreto, la Ley 27.348, de febrero de 2017, de escaso apoyo legislativo ya que, como se dijo antes, contó con el voto afirmativo de tan solo 88 legisladores sobre un total de 257. El Poder Ejecutivo ejerce facultades legislativas con un inconstitucional decreto, como el 54/2017, en el que confiere facultades judiciales a órganos administrativos, lo cual es contrario a un principio tan elemental e importante como la división de poderes, siendo imposible convalidar un decreto así sin atentar contra la Constitución Nacional y contra el orden republicano; y vuelve a la carga con una ley que también resulta inconstitucional en su contenido.

A diferencia de la Ley 26.773, las normas de 2017 no modificaron el sistema de la ley originaria, la Ley 24.557, en lo relativo al acceso al Juez Natural, sino que pretenden volver a ese sistema en la medida de lo posible, fundamentalmente imponiendo la obligatoriedad de las denominadas «Comisiones Médicas Jurisdiccionales» (art. 1). A estás Comisiones se las dota de facultades no solo jurisdiccionales, sino también legislativas (art.3), estableciendo la competencia de la Justicia Ordinaria en la apelación, pero con una particularidad, la competencia no se determina por el domicilio del accidente, ni del contrato con la ART, ni por el domicilio de la ART, sino por el domicilio de la Comisión Médica que intervino, llegando ante el juez en apelación del dictamen con efecto suspensivo (art. 2), resultando extorsivo esto último, con el fin de imponer de alguna manera «la opción» (como también lo hizo la Ley 26.773) que fue rechazada por la CSJN (67). Al parecer, pretenden dejar sin efecto todo lo que sucedió entre 2004 y 2014 y se vio reflejado fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte, especialmente limitar las reparaciones y el acceso al juez natural, y para hacerlo quier en que las provincias sean sus cómplices adhiriendo a las disposiciones de la ley (art. 4), lo que no borraría el hecho de que se estaría intentando federalizar cuestiones relativas al derecho común y violando el derecho de acceso a la justicia del BCF.

Las comisiones médicas no son parte del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, siendo evidente el carácter político en sus decisiones atadas a las directrices de dicho poder del Estado. Como si esto no fuera poco para privarlas de independencia, muchos de los médicos que trabajan en ellas trabajan a su vez en distintas ART, en cuyos expedientes no intervienen, pero sin que al hacerlo en otros cambie su criterio favorable a la postura de su empleador actual y del de posibles empleadores futuros.

Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo nacional pueden ignorar la Constitución Nacional en lo que hace al reparto de competencias propias de la forma «republicana y federal» plasmada en la Carta Magna, ni aún por decisión de sus órganos legislativo y / o ejecutivo; es decir, no pueden los poderes ejecutivos y legislativos nacionales y provinciales quitar jurisdicción local a las provincias para federalizarla, ni dotar de competencias jurisdiccionales propias del Poder Judicial o legisferantes del Poder Legislativo a organismos administrativos federales.Es decir, la Ley 27.348 pretende que los gobiernos provinciales convaliden una violación a la CN en cuanto dispone una organización federal y republicana de gobierno para la Argentina, y en tanto dentro de esta forma de gobierno las Provincias y el Estado nacional han realizado una distribución de poderes, principios y atribuciones que solo pueden ser abandonados o modificados por medio de una reforma de la CN (68).

Pero también se va contra lo dispuesto por distintas constituciones provinciales, que disponen la creación de tribunales especializados para resolver los conflictos suscitados en la relación de trabajo; como es el caso, por ejemplo, de las constituciones de Buenos Aires (art. 39 ), Catamarca (art. 60 ), Jujuy (art. 56 ), Santa Fe (art. 20 ) y San Luis (art. 58 ).

El establecimiento de una instancia previa y obligatoria lesiona el acceso irrestricto a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal, derechos tutelados en el art. 18 de la CN y en los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18(ref:LEG47374,.18) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14(ref_ÑEG3512) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (69); además del derecho a una jurisdicción especial del trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos previstos en el art. 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, Instrumento Internacional de DD. HH. aplicado por la CSJN como parte del BCF (70).

Es además doblemente discriminatoria la obligatoriedad de las Comisiones Médicas dispuesta por el art. 1(ref:EG85092.1) de la Ley 27.348, en primer lugar, porque la misma norma discrimina entre trabajadores registrados y no registrados (71), en segundo lugar, porque discrimina entre trabajadores y ciudadanos en otras facetas de su vida (72).

El hecho de que el trabajador cuente con patrocinio letrado durante el trámite en las Comisiones Médicas (art. 1) no modifica en nada la conclusión de que es inconstitucional pretender que sus decisiones tengan carácter jurisdiccional y / o conexión directa como parte o etapa del procedimiento ante el Poder Judicial; no convalidan en ninguno de sus extremos el procedimiento ante las mismas que pudiera transitar el trabajador, por ejemplo, no dotan de validez la disposición acerca de que la decisión de estos órganos administrativos puede cobrar carácter de «cosa juzgada administrativa» o ser impugnada por «recursos directos en relación y con efecto suspensivo» (art. 2) (73), mucho menos el plazo de 15 días para apelar que establece el art. 16 de la Res. SRT 298/17.

Como indica Oscar Zas, «no cabe discutir a priori la idoneidad técnica de los miembros de las comisiones médicas para evaluar, desde sus conocimientos de la ciencia médica, la existencia de dolencias, y las incapacidades que estas pudieran generar. Sin embargo, la determinación del carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad, y la relación causal con el factor laboral, constituyen materias que exceden notoriamente la competencia brindada por los conocimientos médicos, y requieren indudablemente un conocimiento técnico-jurídico del cual los médicos, más allá de su buena voluntad e incluso de sus inquietudes culturales, carecen» (74).

Por su enorme trascendencia práctica, frente al heterogéneo y vasto sistema jurídico, resulta fundamental resaltar una vez más la importancia del «iura novit curia» en relación con el encuadramiento de casos de demandas por infortunios laborales, principio que difícilmente puedan manejar los médicos de las comisiones.Hace tiempo vengo tratando de destacar la importancia del «iura novit curia» y su vinculación con el Derecho del Trabajo, con uno de sus derivados fundamentales, el control oficioso de constitucionalidad y convencionalidad (75). No es otro sino el Juez Natural el que resulta más apto para que el «iura novit curia» cobre vigencia a favor de los principios del BCF, como el «pro homine» y el protectorio laboral.

En síntesis, no puede convalidarse, en función del BCF, una norma que pretenda imponer a la persona que trabaja un trámite previo y obligatorio para acceder con sus reclamos por DD. HH. fundamentales al juez natural, que en este caso es un juez imparcial pero no neutral, mucho menos cuando el trámite se da ante órganos administrativos federales que pretenden desplazar a los jueces naturales de sus funciones y desactivar el principio protectorio laboral, y esto ni siquiera es posible si las provincias pretenden adherir a dicha norma.

V. CONSIDERACIONES FINALES

La LRT en su redacción originaria, con el objetivo principal de generar un negocio seguro para las ART y beneficios para los empleadores, tenía 3 limitaciones básicas para la persona que trabaja: 1. en relación con qué accidentes y enfermedades debían reparar las ART, limitando primordialmente las enfermedades reconocidas como laborales con un listado cerrado; 2. en los montos que correspondía percibir a la persona que trabaja, o sus familiares en caso de muerte, por el daño producido por el accidente o enfermedad del trabajo; 3. en el acceso a la justicia, es decir, de poder peticionar ante el juez natural por los derechos vulnerados.Entre los «cambios» propuestos por el Gobierno que asumió en 2015, con sus planteos y acciones, está el volver al sistema originario con sus limitaciones esenciales al tiempo que inconstitucionales e inconvencionales.En un sistema con una norma de base, la Ley 24.557, injusta y en gran medida inconstitucional, sometida a diferentes modificaciones a lo largo de más de 20 años, el Poder Judicial debe buscar la justicia en cada caso concreto guiado por la cúspide normativa, el BCF, dejando a un lado las normas que se opongan al mismo y sorteando formalismos o tecnicismos.

La proliferación de normas, decretos y reglamentaciones, que se ha acelerado con el actual Gobierno, que no tiene reparos de dictar un decreto y a las semanas demostrar con una ley que el decreto resultaba arbitrario por no existir ni necesidad ni urgencia para legislar, o conferir facultades legisferantes a órganos administrativos -estos las ejercen frenéticamente- (76); conlleva a que no se pueda tener en cuenta en una demanda todas y cada una de las normas que resultan inconstitucionales, lo que deberán determinar los jueces en sus sentencias, al someter las normas aplicables a la luz de los principios del BCF.Esto lleva a que, entre otras cosas, los jueces deban ser más activos en el control de constitucionalidad y convencionalidad aún de oficio (77).

En todos los casos derivados de una relación de trabajo, pero especialmente en los de accidentes y / o enfermedades laborales, el perfil exigible a la judicatura es el de aquella que pronuncia sus decisiones y cumple sus deberes funcionales diligentemente, pero que además, a partir de una visión progresista, evolutiva, reformadora, sabe interpretar la realidad de su época y le confiere a sus pronunciamientos un sentido constructivo y modernizador, orientándolos a la consagración de los valores esenciales en vigor, valores que no son otros que los protegidos por nuestra Constitución Nacional (78). En su carácter de órgano técnico especializado imparcial pero no neutral (79), el Juez del Trabajo no solo debe ser activo en la búsqueda de la justicia, sino que debe buscar que esta sea una justicia social, «la justicia en su más alta expresión» (80). Esta misión no puede ser recortada ni impedida ni demorada, por resoluciones, decretos o leyes, o por sentencias de una corte que deja a un lado sus precedentes para resolver conforme a los lineamientos políticos del Poder Ejecutivo.

En un contexto nacional de políticas y acciones del Estado, que revisten carácter regresivo (contrarias al principio constitucional y convencional de progresividad), no es de extrañar que la Corte Nacional que acompaña ese cambio (81) se declare independiente del Estado, se desentienda de las obligaciones y deberes del mismo frente a la comunidad internacional y, en definitiva, inaugure una república judicial propia (82), como hizo en el reciente acuerdo dentro del caso «Fontevecchia» (83) cargado de simbolismo (84); no hay otra forma de convalidar sino el retroceso en materia de Derechos Humanos del BCF que se viene operando desde diciembre de 2015.

En la Corte, ha operado un cambio evidente para acompañar un proyecto de país regresivo en materi a de DD.HH., aun las áreas más sensibles, como el proceso de memoria, verdad y justicia, beneficiando recientemente a los represores genocidas con la prisión domiciliaria y la aplicación de una ley no vigente como la del 2 x 1 (85). Esta última decisión solo puede pensarse con total desconexión al BCF (86). Estos cambios no deben hacernos perder de vista que la Corte puede sufrir vaivenes, siendo en algún momento una Corte de mayorías automáticas, que pretende imponer automatismos verticales (87), y que terminó siendo desarticulada por el repudio de la sociedad que terminó en la renuncia y / o el juicio político de los integrantes de la mayoría automática (88); o una Corte con pluralidad de perfiles que logre avances significativos en materia de DD. HH. e institucionalidad, que fueron reconocidos a nivel internacional, dotando de herramientas valiosas, como los principios del BCF, a los jueces de otras instancias (89). Está en cada operador del derecho ver qué criterios de la Corte seguirá, sabiendo que las distintas integraciones del máximo tribunal solo pueden llevar a cambiar los criterios generales cuando el cambio es acorde al BCF, pero no cuando responden a políticas que buscan privilegiar a una minoría y / o obedecer a dictados foráneos en detrimento de los DD. HH. de las mayorías.

Una vez más, reitero la postura que desde hace años vengo sosteniendo en materia de reparación de los infortunios laborales; es necesario ir hacia un nuevo sistema basado en la protección de la persona humana por sobre los intereses económicos del mercado, lo que, durante el lapso 2004-2014, pudo verse en numerosas decisiones de la CSJN (90). Para empezar a recorrer ese camino, debemos partir de un núcleo de valores básicos y fundamentales, con eje en la persona humana y una especial protección por ser trabajador/a, que serían los tres que se desarrollaron en este trabajo: 1. la prevención como objetivo principal del sistema; 2.la reparación justa / plena / integral del daño cuando la prevención no existió, o no fue eficaz o suficiente; 3. la protección jurisdiccional de los dos derechos anteriores por los jueces naturales. Todo lo que se oponga a esos tres pilares, sean normas como la Ley 27.348 o decisiones judiciales como el precedente «Espósito» (91), deben ser rechazado con base en el BCF.

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(1) CSJN: 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.», MJJ3125 .

(2) CSJN: 7/9/2004, «Castillo, Ángel S. c/ Cerámica Alberdi S. A.», MJJ3136 .

(3) El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente-, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. La elección del rumbo que deberá tener el derecho aplicable a las relaciones de trabajo, en su formulación y aplicación al caso concreto, es clara; lo principal es la protección de la persona humana y sus derechos. CSJN: 14/9/2004, «Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S. A.»; 21/09/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.»; 31/3/2009, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S. A. y otro», MJJ42727 ; 7/12/2010, «Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S. A.», MJJ60239 .

(4) Especialmente por el CELS, cuya impugnación puede leerse en: http://cels.org.ar/documentos/Impugnación.pdf.

(5) CSJN: 14/2/2017, «Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos». Para tener una idea del alcance de este precedente, es interesante leer a un exmiembro de la CSJN, hoy juez de la CIDH: ZAFFARONI, Raúl. «Zaffaroni: La Corte Suprema declara su independencia del Estado», Agencia de Noticias Paco Urondo, 15/2/2017, en el siguiente enlace web:http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/22099-zaffaroni-la-corte-suprema-declara-su-independencia-del-
stado.

(6) Corte Nacional, 7/6/2016, «Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S. A.». Sobre el cambio de la Corte y «Espósito» ver: SERRANO ALOU, Sebastián: Cambiamos de Corte: del principio de progresividad al de regresividad, Microjuris, 30/6/2016, MJ-DOC-9937-AR / MJD9937 .

(7) Sobre la CSJN y el período 2004-2014, véase el siguiente texto. SERRANO ALOU, Sebastián: «La finalidad del poder judicial como poder del Estado. El caso del juez del trabajo», en Rubinzal on-line, Doctrina On line, 19/6/2015, Revista de Derecho Laboral Actualidad, 2015-2, p. 227 y ss.

(8) Como hace la jurisprudencia en: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Rosario, Sala III -integrada-, 4/10/2016, «Penna, Néstor c/ Mapfre ART S. A. s/ Cobro de Pesos» (del voto de Angelides).

(9) «. un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y del PIDESC en particular (…) el principio de progresividad». CSJN: 21/9/04, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.».

(10 Cfr. CSJN: 1/3/2009, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S. A. y otro».

(11) Cfr. CSJN: 18/12/2007, «Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S. A.», MJJ18228 ; 1/3/2009, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S. A. y otro». Tampoco cuadra pasar por alto, dada su jerarquía supralegal (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22, párr. 1.° ), otros pasajes del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), de acuerdo con el cual los Estados partes han reconocido que el «derecho al trabajo», previsto en el art. 6, «supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias», para lo cual aquellos garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular «la seguridad e higiene en el trabajo» (art. 7, inc.e), lo cual se complementa, en el campo del derecho a la salud, con la «prevención» de las enfermedades laborales (art. 10, inc. 2.d; asimismo, el art. 7, inc. f, enuncia la obligación de prohibir todo trabajo que pueda poner en peligro la salud, seguridad o moral, de un menor).

(12) CSJN: 1/3/2009, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S. A. y otro».

(13) CSJN: 24/11/2009, «Trejo, Jorge Elías c/ Stema S. A. y otros», MJJ51646 .

(14) CSJN: 1/3/09, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S. A. y otro».

(15) CSJN: 24/11/2009, «Trejo, Jorge Elías c/ Stema S. A. y otros».

(16) CSJN: 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.».

(17) CSJN: 24/11/2009, «Trejo, Jorge Elías c/ Stema S. A. y otros».

(18) CSJN: 18/12/2007, «Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S. A.»

(19) CSJN: 31/3/2009, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S. A. y otro».

(20) CSJN: 24/11/2009, «Trejo, Jorge Elías c/ Stema S. A. y otros».

(21) CSJN: 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.»; 24/11/2009, «Trejo, Jorge Elías c/ Stema S. A. y otros»; 7/12/2010, «Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S. A.».

(22) Cfr. CSJN: 31/3/2009, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S. A. y otro».

(23) CSJN, 31/3/2009, «Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S. A. y otro».

(24) «A este respecto es de resaltar que profundiza la obligación de prevención, al establecer que toda persona -y obviamente ello incluye a los empleadores respecto de sus dependientes- tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de (.). “adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud (.)”, obligación que en materia de Seguridad en el Trabajo es superadora de la redacción que al art.75 de la LCT otorgó la Ley 24.557 en 1995 (que limita tal obligación a la mera observancia de las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo y a observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo)». RECALDE, Héctor Pedro; CIAMPA, Gustavo Adrián, y RECALDE, Leandro: Precisiones sobre el Código Civil y Comercial y el Derecho Laboral, La Ley, 2014-F, 787 – DT2014 (diciembre), 3235.

(25) Las normas de la LRT, en cuanto exteriorizan un retroceso en la concepción humanista que exalta la calidad intrínseca del trabajo como expresión de la persona, consagrada -entre otros documentos- en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23), resultan reprochables. En ese contexto, la exención de responsabilidad del empleador que se pretendió lograr frente a infortunios laborales, se presentaba como una vía apta para eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de preservar el estado de seguridad, higiene y dignidad del trabajo, ya que mediante la simple contratación de un seguro legal se podía lograr la impunidad ante la culpa o desaprensión que pudieren causar un daño. Quedaba, de tal modo, desarticulado un sistema construido a través de los años y de duras experiencias históricas, que impone al empleador responsabilidad por las condiciones en que se presta el trabajo bajo su dependencia, como modo de asegurar que se respeten los derechos universalmente reconocidos al trabajador. (Cfr. Voto de Highton de Nolasco en: CSJN, 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.»).

(26) MEZIO, Eduardo L.: «La valuación de los daños punitivos en la relación de consumo trabajador-ART», en Microjuris, 21/3/2016, MJ-DOC-7654-AR | MJD7654 .

(27) CSJN: 2/3/2011, «Guerrero, Estela Mónica por sí y sus hijos menores c/ Insegna, Rubén Leandro».

(28) Cfr. CSJN: 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.»; 26/10/2004, «Milone, Juan A. c/ Asociart S. A. ART»; 18/12/2007, «Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S.A.».

(29) Cfr. CSJN: 26/10/2004, «Milone, Juan A. c/ Asociart S. A. ART», MJJ35052 .

(30) Cfr. CSJN: 8/4/2008, «Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S. A. y Pametal Peluso y Compañía», MJJ21128 .

(31) CSJN: 21/9/04, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.».

(32) CSJN: 1/2/2002, «Gorosito, Juan R. c/ Riva S. A. y otros», MJJ18407 .

(33) Corte Nacional: 7/6/2016, «Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S. A.», MJJ98992 .

(34) Ver: SERRANO ALOU, Sebastián: «Cambiamos de Corte: del principio de progresividad al de regresividad», en Microjuris, 30/6/2016, MJ-DOC-9937-AR / MJD9937 .

(35) CSJN: 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.».

(36) Cfr. CSJN: 26/10/2004, «Milone, Juan A. c/ Asociart S. A. ART»; 18/12/2007, «Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S. A.».

(37) Cfr. CSJN, 3/5/2007, «Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas», MJJ10979 ; 7/12/2010, «Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S. A.».

(38) CSJN: 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.».

(39) CSJN: 8/4/2008, «Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S. A. y Pametal Peluso y Compañía».

(40) CSJN: 17/8/2010, «Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro», MJJ57849 .

(41) CSJN: 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.».

(42) CSJN: 26/10/2004, «Milone, Juan A. c/ Asociart S. A. ART».

(43) CSJN: 8/4/2008, «Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S. A. y Pametal Peluso y Compañía».

(44) CSJN: 17/8/2010, «Lucca de Hoz, Mirta Liliana c.Taddei, Eduardo y otro».

(45) Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.

(46) Cfr. CSJN: 18/12/2007, «Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S. A.», del voto de Fayt y Petracchi.

(47) SÉNECA, Adriana: «Ley de Riesgos del Trabajo (LRT): Infortunios Laborales no cubiertos por el sistema y litigiosidad – Período 2010-2015», Inédito, en: LOZANO, M. Paula: Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Médicas. Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/3/2017, Doctrina Online.

(48) LOZANO, M. Paula: «Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Medicas», en Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/3/2017, Doctrina Online.

(49) Como hace la jurisprudencia en: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Rosario, Sala III -integrada-, 4/10/2016, «Penna, Néstor c/ Mapfre ART S. A. s/ Cobro de Pesos» (del voto de Angelides).

(50) Cfr. MARK, Mariano H.: «Aproximación al principio “iura novit curia” en el Derecho Procesal del Trabajo. Su relación con el principio de congruencia. Los planteos subsidiarios». Abeledo Perrot, RDLSS 2005-20-1639.

(51) Cfr. CSJN: 24/11/2009, «Trejo, Jorge Elías c/ Stema S. A. y otros», votos de Fayt y Petracchi.

(52) Cfr. CNTrab:Sala I, 30/6/2010, «Irala Bernardo Rubén c/ Mapfre Argentina S. A. s/ accidente – acción civil». MJJ56958 .

(53) CSJN: 17/8/2010, «Lucca de Hoz, Mirta Liliana c. Taddei, Eduardo y otro».

(54) CSJN: 12/6/2007, «Llosco, Raúl c/ Irmi S. A.»; 12/6/2007, «Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S. A.», MJJ11947 .

(55) Ver: CSJN: 2/3/2011, «Guerrero, Estela Mónica por sí y sus hijos menores c/ Insegna, Rubén Leandro»; y el comentario a dicho precedente: SERRANO ALOU, Sebastián: «El iura novit curia, la primacía constitucional y la justicia social, en la jurisprudencia de la CSJN», en La Ley, Derecho del Trabajo On Line, Año 6, N.º 1279, miércoles 10/8/2011.

(56) Los vaivenes y cambios, con las consiguientes confusiones, están reconocidos por la Corte en: CSJN: 2/3/2011, «Guerrero, Estela Mónica por sí y sus hijos menores c/ Insegna, Rubén Leandro».

(57) «En su origen, los artículos 21, 22 y 46 de la LRT 24.557 y sus normas reglamentarias (Decr. 717/96, Res. SRT 45/97, art. 2 del Decr. 1278/2000, Decr. 1475/2015), crearon un procedimiento administrativo de carácter obligatorio, laberíntico, kafkiano, que sustrajo de la competencia judicial a los accidentes y enfermedades profesionales, mediante la intervención obligatoria de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central. Este sistema le otorgó jurisdicción exclusiva a las Comisiones Médicas -órganos administrativos y federales- en todo lo que hace a la determinación de la naturaleza laboral de un accidente o enfermedad, a la determinación al carácter y grado de la incapacidad, a la fijación de las prestaciones y a la resolución de las discrepancias entre los damnificados y / o derechohabientes con las aseguradoras de riesgos del trabajo». LOZANO, M. Paula: Reforma de la LRT: veinte años no es nada.Volver a las inconstitucionales Comisiones Médicas, Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/3/2017, Doctrina Online.

(58) «La sustracción de la competencia laboral mediante la intervención obligatoria de las comisiones médicas implica desconocer los principios fundantes del derecho social y el sentido compensador de las normas de rito. Dichas normas procesales, reconocen que el juez especializado laboral es imparcial pero no neutral, dado que debe propiciar la protección de la persona que trabaja, haciendo operativo el art. 14 bis CN, las normas internacionales de derechos humanos y los principios de orden público que rigen la disciplina. (…) La desigualdad ontológica que se expresa en la relación laboral se profundiza ante el infortunio del trabajo, ya que es la parte más débil -el trabajador- quien sufre una minusvalía en su integridad psicofísica. Con lo cual, dicha asimetría estructural se traslada -agravándose- a la relación que debe mantener con la aseguradora de riesgos del trabajo». LOZANO, María Paula: «Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Médicas», en Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/3/2017, Doctrina Online.

(59) CSJN: 7/9/2004, «Castillo, Ángel S. c/ Cerámica Alberdi S. A.».

(60) CSJN: 7/9/2004, «Castillo, Ángel S. c/ Cerámica Alberdi S.A.».

(61) CSJN: 7/9/2004, «Castillo, Ángel S. c/ Cerámica Alberdi S. A.»

(62) CSJN: 13/3/2007, «Venialgo, Inocencio c/ Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgo de Trabajo», MJJ56944 .

(63) CNAT: Sala V, 31/3/2008, «Benedetti Darío Gastón c/ Asociart S. A. ART s/ acción – acción civil», MJJ64045 .

(64) En sentido similar, puede verse el siguiente planteo: «La CSJN en el fallo “Obregón” (O. 223. XLIV.RHE) revocó la sentencia dictada por la Cámara del Trabajo de la Provincia de Córdoba que había hecho lugar a la defensa de falta de acción plantada por la ART, con fundamento en que el actor no había cumplido con el trámite ante la Comisión Médica Central prevista en el art. 46 LRT. Para así resolverlo, la CSJN señaló: “Que la solución del litigio en los términos indicados importó, asimismo, una inequívoca desatención de la doctrina constitucional afirmada por esta Corte en ‘Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S. A.’”. (Fallos: 327:3610 – 2004). «En efecto, si bien ese precedente no se pronunció sobre la validez intrínseca del varias veces mentado trámite, fue del todo explícito en cuanto a que la habilitación de los estrados provinciales a que su aplicación de lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante “organismos de orden federal”, como lo son las comisiones médicas previstas en los arts. 21 y 22 de la LRT (Castillo, cit., p. 3620 y su cita)» (Considerando 3.º). «La CSJN extiende así a la competencia de las comisiones médicas previstas en los arts. 21 y 22 LRT los mismos cuestionamientos realizados en el fallo “Castillo” para la competencia de los tribunales federales, por tratarse también esas comisiones médicas de organismos de orden federal. Es decir que, para la CSJN, condicionar y supeditar la competencia de los tribunales provinciales al previo cumplimiento de una vía administrativa ante organismos de orden federal, importa una invasión de la Nación sobre facultades que son reservadas por las provincias». ELGORRIAGA, Leonardo: «La competencia de las comisiones médicas prevista en el DNU N.° 54/2017 sigue siendo objeto de los mismos cuestionamientos constitucionales realizados por la Corte Suprema de la Nación», en La Causa Laboral, Revista Bimestral, Año XIII, N.° 66, febrero de 2017, pp. 11 y 12. (El fallo Obregón al que hace referencia es: CSJN:17/4/2012, «Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty ART S. A.»).

(65) CNAT: Sala III, 24/9/2013, «Montes Alejandro Maximiliano c/ La Zaranda S. R. L. y otros s/ despido», MJJ82292 ; sala V, 31/3/2015, «Blasco Nelson Alberto c/ Asociart S. A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo y otro s/ Accidente Accion Civil».

(66) «El objetivo de dicha campaña fue instalar como principal problema el “incremento de la litigiosidad” y la denominada “industria del juicio”, mediante la estigmatización de los reclamantes y de los abogados laboralistas. De este modo, operar una nueva transferencia de ingresos al sector financiero y patronal». LOZANO, M. Paula: «Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Médicas», en Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/ 3/2017, Doctrina Online.

(67) CSJN: 12/6/2007, «Llosco, Raúl c/ Irmi S. A.»; 12/6/2007, «Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S. A.».

(68) En igual sentido, ver: ELGORRIAGA, Leonardo: «La competencia de las comisiones médicas prevista en el DNU N.° 54/2017 sigue siendo objeto de los mismos cuestionamientos constitucionales realizados por la Corte Suprema de la Nación», en La Causa Laboral, Revista bimestral, Año XIII, N.° 66, febrero de 2017, pp. 13 y 14.

(69) LOZANO, M. Paula: «Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Médicas», en Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/3/2017, Doctrina Online.

(70) Por ejemplo, en CSJN, 10/8/2010, «Ascua Luis Ricardo c/ SOMISA».

(71) La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art.1 de la Ley N.º 27.348 se da en tanto para dicha norma los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas tienen vía judicial expedita, mientras que los trabajadores debidamente registrados tienen que instar obligatoriamente una acción administrativa ante un organismo no judicial y podrán solo acceder a la jurisdicción en el marco restringido de un recurso ante un tribunal de alzada, lo que los excluye de la garantía de la doble instancia cuyo carácter de Derecho Humano, fue dictado en reiterados fallos de la Corte IDH, por lo que la norma pone en una mejor situación a un trabajador clandestino que otro registrado, lo cual resulta irrazonable y establece una desigualdad peyorativa. Cfr. Juzgado Nacional de 1.ª Instancia del Trabajo N.º 41, 8/3/2017, «Martínez, Nancy M. c/ QBE Argentina ART S. A. s/Accidente – Ley Especial», MJJ103245 .

(72) Ello toda vez que el trabajador no puede ejercer su derecho al reclamo frente a un juez idóneo, tal como lo haría cualquier persona que sufre un daño o lesión en su integridad psicofísica. LOZANO, M. Paula: «Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Médicas», en Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/3/2017, Doctrina Online.

(73) La apelación con efecto suspensivo viola en forma flagrante el principio de irrenunciabilidad que rige el sistema de seguridad social y el derecho del trabajo, principio de orden público laboral consagrado en el art. 12 de la LCT, que se reconoce expresamente en el art. 11, inc. 1 , de la LRT 24.557, derivado del art. 14 bis de la CN. Nótese además que se trata de una persona que se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad: una, por su carácter de trabajador subordinado, y la otra, por la disminución en su aptitud psicofísica para desarrollar su tarea y para reproducir su vida. LOZANO, M. Paula: «Reforma de la LRT:veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Medicas», en Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/3/2017, Doctrina Online.

(74) CNAT: Sala V, 31/3/2008, «González, Protacio c/ Berkley International ART S. A.». (Según cita de: LOZANO, M. Paula: «Reforma de la LRT: veinte años no es nada. Volver a las inconstitucionales Comisiones Médicas», en Rubinzal Culzoni, Boletín Diario del 17/3/2017, Doctrina Online).

(75) Véase: SERRANO ALOU, Sebastián: «El control de constitucionalidad de oficio en el Derecho del Trabajo», en Derecho del Trabajo On Line, Año 4, N.° 803, miércoles 9/9/2009; «La necesaria reparación de los accidentes y enfermedades laborales y el iura novit curia», Derecho del Trabajo On Line, Año 5, N.º 1061, miércoles 22/9/2010; «El desgaste profesional y el derecho a su reparación», 16/7/2009, en Microjuris, Novedades Laborjuris, Boletín Diario, entrega N.° 131 de 2009, MJ-DOC-4324-AR / MJD4324 ; «El iura novit curia y la primacía constitucional en caso de accidente y / o enfermedad del trabajo», en Jurisprudencia de la Corte Suprema, Revista de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, RDLSS 2010-14-1226.

(76) En lo que va del año, ya han sacado resoluciones sobre diversos temas: sobre el procedimiento ante las Comisiones (Res. 319/17 ); sobre la cantidad de comisiones, su competencia, horarios y otras cuestiones de funcionamiento (Res. 326/17 ); sobre el formulario para los convenios para los acuerdos con trabajadores damnificados (Res. 332/17 ); actualización del monto de las multas por incumplimiento (Res. 445/17 ); un manual de codificación de enfermedades profesionales (Res. 475/17); entre otras.

(77) Al respecto, se puede ver: SERRANO ALOU, Sebastián: «El control de constitucionalidad y convencionalidad en relación con el Derecho del Trabajo», en Microjuris, 12 y 15/5/2014 (Primera y Segunda parte) MJ-DOC-6637-AR / MJD6637 y MJ-DOC-6638-AR / MJD6638

(78) Voto de Kogan en: Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires:22/12/10, «Villalba, Franco Rodrigo c/ The Value Brands Company de Argentina», MJJ66587 , con cita de: BERIZONCE, Roberto O.: El activismo de los jueces, La Ley, 1990-E-920, .

(79) «. el juez laboral, debe ser imparcial pero no neutral». Cfr. FERREIRÓS, Estela Milagros: en la página web de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, disponible en http://www.laboral.org.ar/Doctrina/La_discrimacion_a_la_luz_de_lo/la_discrimacion_a_la_luz_de_lo.html ; BECHETTI, César: «Reforma al art. 9 del RCT: la regla del “in dubio pro operario” en la apreciación de la prueba en los casos concretos», en El Dial, DC 1404.

(80) Según refiere la CSJN en «Aquino», y reitera en otros precedentes, la justicia social es un principio señero de nuestra Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este principio, inscripto en el preámbulo de la OIT y presente en nuestra Constitución Nacional desde sus mismos orígenes, al expresar esta, como su objetivo preeminente, el logro del «bienestar general», cobra relevante aplicación en el ámbito del derecho laboral, como un medio para establecer la paz universal, pero también como un fin propio. Se trata de «la justicia en su más alta expresión», y consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que esta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización; es la justicia por medio de la cual se consigue o se tiende a alcanzar el «bienestar», esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad. Esta justicia es la que inspiró la elaboración y sanción del art. 14 bis de la CN. Cfr. CSJN: 21/9/2004, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A.»; 3/5/2007, «Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas»; 1/9/2009, «Pérez, Aníbal c/ Disco S.A.».

(81) Algo que vengo advirtiendo desde hace tiempo. Véase: SERRANO ALOU, Sebastián: «Cambiamos de Corte: del principio de progresividad al de regresividad», en Microjuris, 30/6/2016, MJ-DOC-9937-AR / MJD9937; y Corte Nacional, 7/6/2016, «Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S. A.»

(82) Véase al respecto: ZAFFARONI, Raúl: «Zaffaroni: La Corte Suprema declara su independencia del Estado», en Agencia de Noticias Paco Urondo, 15/2/2017, disponible en http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/22099-zaffaroni-la-corte-suprema-declara-su-independencia-del-
stado.

(83) Corte Nacional: 14/2/2017, «Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

(84) La decisión de base que se termina defendiendo en el caso «Fontevecchia» por la Corte actual es de la Corte conformada en la década de los noventa, conocida como la «corte de la mayoría automática», con la integración previa a la que tuvo entre 2004 y 2014 (Corte cuyas actuaciones hoy se quieren ignorar / revertir); se trataba de una Corte que se integró con críticas como la actual (se quiso sumar a dos jueces por decreto y en comisión), resolviendo un caso que tenía relación con el presidente de los noventa.

(85) «Es cierto que la Corte no se había expedido nunca sobre el fondo de la discusión en los reclamos de “2 x 1” en casos de lesa humanidad. Pero no es menos cierto que su comportamiento había sido rechazar, cuanto menos con la fórmula “280” ese tipo de planteos. Este fallo llega en un contexto, además, de estancamiento de los juicios de lesa humanidad denunciado por Abuelas de Plaza de Mayo ante el Consejo de la Magistratura, y de una seguidilla de otros fallos de este año que anunciaban una nueva mirada:el caso “Fontevecchia” sentenció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias de la Corte argentina (solo Maqueda votó en disidencia); ratificó la prescripción de las acciones civiles contra el Estado para las víctimas de lesa humanidad (la disidencia fue de Maqueda y Rosatti) y habilitó la prisión domiciliaria para el represor Felipe Alespeiti (se opusieron Lorenzetti y Highton), Alan Iud, abogado de Abuelas, resumió los efectos de la sentencia suprema: “Con este criterio, Videla hubiera quedado en libertad el día de la sentencia de Plan Sistemático de Apropiación de Niños”». HAUSER, Irina: «La Corte Suprema también votó por el cambio», Página/12, 04/05/2017, https://www.pagina12.com.ar/35544-la-corte-suprema-tambien-voto-por-el-cambio. «. El fallo de la Corte tiene un mensaje y un destinatario. No es tan difícil adivinarlos. Puede decirse que el destinatario general como mensaje aleccionador es la sociedad en su conjunto: “el poder puede matar y asesinar porque nadie se lo va a impedir ni castigar”. Pero el destinatario más específico son las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Y el mensaje para ellos es claro: “ustedes quedarán en libertad porque obedecieron órdenes del poder, no importa si mataron, secuestraron o violaron porque esa es la función de ustedes”». BRUSCHTEIN, Luis: «Impunidad», en Página/12, 6/5/2017, disponible en https://www.pagi na12.com.ar/35982-impunidad.

(86) «… la ley del 2 x 1 es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad, según varias convenciones internacionales sobre Derechos Humanos y contra las Desapariciones Forzadas. Para la Corte Interamericana, las penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos». VERBITSKY, Horacio:«Los complotados», en Página/12, 7/5/2017, disponible en https://www.pagina12.com.ar/36234-los-complotados.

(87) Como sucedió en su momento con el precedente «Rodríguez c/ Embotelladora» (CN, 15/4/1993), que era mencionado automáticamente por jueces de distintas instancias para rechazar la aplicación de normas de solidaridad; y como hoy se aplica el caso «Espósito» (CSJN, 7/6/2016) para recortar derecho o rechazar reclamos en materia de accidentes y enfermedades del trabajo. Sobre estos casos, puede verse el siguiente texto: SERRANO ALOU, Sebastián: «Las normas de solidaridad derivada de relaciones de trabajo. Necesaria interpretación casuística», en Diario La Ley, miércoles 10/2/2010, Año LXXIV N.° 28 – Derecho del Trabajo On Line, Año 5, N.° 914, miércoles 17 de febrero de 2010, LL 2010-A 433; «Cambiamos de Corte: del principio de progresividad al de regresividad», en Microjuris, 30/6/2016, MJ-DOC-9937-AR / MJD9937 .

(88) CLARÍN: «La mayoría automática», 27/6/2003, disponible en https://www.clarin.com/ultimo-momento/mayoria-automatica_0_ryEzmxWg0tx.html; TELAM: «La renovación de la Corte, la primera gran reforma encarada por Néstor Kirchner», 20/5/2013, disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201305/18285-la-renovacion-de-la-corte-la-primera-gran-reforma-encarada-por-nes
or-kirchner.html.

(89) Cuando la Corte desde 2004 hasta 2014 se desintegró por fallecimiento de dos de sus integrantes, Argibay y Petracchi, así como el retiro de Zaffaroni al cumplir los 75 años para dar cumplimiento a la Constitución Nacional (postura diferente de la asumida por otros jueces, como Fayt y Highton de Nolasco), advertí que no podía olvidarse de los avances de esa etapa, en una nota que hacía especial referencia al perfil de los jueces y dentro de estos fundamentalmente los de la Corte:«La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tuvo una etapa de alrededor de 10 años de construcción de jurisprudencia en la que pudo verse, en los votos de algunos de sus miembros, que el fin del Poder Judicial, como uno de los tres poderes del Estado, es transformar la realidad socialmente injusta en justa en busca del desarrollo humano de las personas y el derecho es un medio. (…) Los avances conseguidos en los 10 años que van de 2004 a 2014 no pueden ser dejados atrás por un cambio de integración, por ser esto contrario a las normas fundamentales para el devenir de la sociedad argentina, según el proyecto de la Constitución Nacional, que tiene como principales objetivos afianzar la justicia y promover el bienestar general (preámbulo), en aras de la justicia social». SERRANO ALOU, Sebastián: «La finalidad del poder judicial como poder del estado. El caso del juez del trabajo», en Rubinzal on-line, Doctrina On line, 19/6/2015, Revista de Derecho Laboral Actualidad, 2015-2, p. 227 y ss.

(90) SERRANO ALOU, Sebastián: «La reparación de los infortunios laborales según los criterios de la Corte Suprema. Hacia un nuevo sistema basado en la protección de la persona humana por sobre los intereses económicos del mercado», en Microjuris, 20/9/2010, MJ-DOC-4892-AR / MJD4892 .

(91) Corte Nacional: 7/6/2016, «Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S. A.».

(*) Abogado Laboralista. Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, y encargado durante los años 2010 y 2011 de la sección jurisprudencia y comentarios de la revista de dicha asociación: «La Causa Laboral». Integrante de la fundamentación de la «Carta Sociolaboral Latinoamericana», documento de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Presidente de la Comisión de Seguimiento de la Reforma Laboral del Colegio de Abogados de Rosario, período 2016-2017. Conferencista y autor de artículos de doctrina en distintas publicaciones jurídicas (Abeledo Perrot, El Derecho, Errepar, La Ley, Microjuris, etcétera).