Desalojo de la cónyuge del militar fallecido a quien se le había asignado la vivienda mientras prestara servicio para la Fuerza Aérea Argentina

Partes: Estado Nacional c/ Beltramo Ana Rosa s/ lanzamiento ley 17.091

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: B

Fecha: 25-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-107871-AR | MJJ107871 | MJJ107871

Desalojo de la cónyuge del militar fallecido a quien se le había asignado la vivienda mientras prestara servicio para la Fuerza Aérea Argentina.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar al desalojo incoado en los términos de la ley 17091 contra la cónyuge del oficial militar previamente fallecido, pues por un lado el inmueble cuya devolución se reclama no sólo se encuentra dentro de la jurisdicción militar de la Fuerza Aérea, sino que se encuentra afectado a su funcionamiento; y por el otro, la actora no sólo fue notificada de las condiciones y alcance del uso de la vivienda oportunamente asignada, sino que también se le han concedido innumerables prórrogas, tanto de la autoridad militar como incluso del Tribunal Inferior, habiendo ejercido en todo momento su derecho a defenderse.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba a veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, reunida en Acuerdo la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “ESTADO NACIONAL C/ BELTRAMO, ANA ROSA S/ LANZAMIENTO LEY 17.091″ (Expte. N° 978/2013/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la demandada -fs. 91-, en contra del proveído de fecha 11 de octubre de 2016, obrante a fs. 89/vta., dictado por el señor Juez Federal N° 2, de Córdoba, que en lo pertinente, decidió rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la ley 17.091, articulado por dicha parte, como así también, otorgarle ” . un plazo excepcional de sesenta (60) días corridos a partir de la notificación del presente, para que proceda a desalojar el inmueble en cuestión, el que debe entregarse libre de personas, animales y/o cosas, con la salvedad de aquellos objetos que sean de la Fuerza Aérea, bajo apercibimiento de proceder, vencido el plazo acordado, a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública .”. Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: LUIS ROBERTO RUEDA – ABEL G. SANCHEZ TORRES – LILIANA NAVARRO.- El señor Juez de Cámara, doctor LUIS ROBERTO RUEDA, dijo:

I.- Llegan los presentes autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por la demandada -fs. 91-, en contra del proveído de fecha 11 de octubre de 2016, obrante a fs.89/vta., dictado por el señor Juez Federal N° 2, de Córdoba, que en lo pertinente, decidió rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la ley 17.091, articulado por dicha parte, como así también, otorgarle ” . un plazo excepcional de sesenta (60) días corridos a partir de la notificación del presente, para que proceda a desalojar el inmueble en cuestión, el que debe entregarse libre de personas, animales y/o cosas, con la salvedad de aquellos objetos que sean de la Fuerza Aérea, bajo apercibimiento de proceder, vencido el plazo acordado, a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública .”.

II.- A fs. 97/103vta., la parte demandada funda sus agravios en contra del aludido proveído de fs. 89/vta., en el hecho de que “. incurre en el vicio de deficiente fundamentación. Tampoco contiene decisión expresa, positiva, y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el incidente .”. Argumenta que el rechazo de la inconstitucionalidad de la ley N° 17.091, se funda en jurisprudencia ” . de antaño .”, y desactualizada, en relación al procedimiento de dicha ley, emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que la misma “. ha mutado considerablemente su postura ante el procedimiento arbitrario y abusivo, que utiliza la Administración para desalojar a los poseedores de buena fe de los inmuebles de su propiedad .”. Trae en su favor el precedente “Agencia de Administración de Bienes del Estado c/ Club de Planeadores La Plata s/ Lanzamiento ley 17.091 “, del 25/10/2016, del Alto Tribunal. Se queja también, de que el Tribunal a quo, diga que “. la ley 17.091 no contraría la garantía de la defensa en juicio . ni vulnera el derecho de propiedad (.) como se evidenció en autos .”, cuando la misma afecta el derecho constitucional de su parte, a obtener una resolución justa y fundada en tiempo oportuno, derecho integrativo del haz de facultades que consagran los arts.18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica, al privarla de ejercer su derecho de defensa, con lo que implica ser oída en juicio, poder explayar sus argumentos defensivos, y ofensivos en contra de la parte actora. Insiste en que el procedimiento de la citada ley 17.091 ordenó el desalojo de la señora Beltramo, sin permitir que esta ejerza su defensa, por lo que no se le permitió ser oída, ni se le dio oportunidad de plantear los argumentos que hacen valer su derecho, siendo violatorio de los principios que en aquéllas, se encuentran contemplados, tienen directa aplicación al caso, en virtud del art. 75, inc. 22 de la C.N., que incorpora con jerarquía constitucional y operativa la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por ello, manifiesta que sin necesidad de entrar a la cuestión de fondo, corresponde revocar el procedimiento ordenado en estos autos, “. en tanto importa la aplicación de procedimiento severo de desalojo al recurrente sin habérsele dado la más minima posibilidad de defensa .”, siendo que la aludida Convención establece -art.8.1- que, “. se deben observar “las debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso .”. En orden a la génesis de la Ley N° 17.091, refiere que fue dictada por un gobierno de facto, y en donde se “. habían perdido absolutamente todas las garantías, no solo las de defensa, sino todo lo atinente a la igualdad, propiedad, salud, por lo que la inconstitucionalidad de la presente ley se evidencia en los albores de su inicio, y por ende el procedimiento que lleva incito también, por lo que debe ser revocado en todas sus partes .”. Por último, hace mención de los fundamentos de hecho, que -a su entender-, tornan arbitraria, ilegal y abusiva la medida, y que si bien el entonces cónyuge de la accionada, Sub Oficial Principal Héctor Streitenberger, recibió una vivienda -N° 207-, ubicada en el Barrio Aeronáutico, en calidad de Adjudicatarios, con el compromiso de restituirla en diciembre de 2004, a su vencimiento, se le ofreció una prórroga, y luego del fallecimiento de este último, las sucesivas prórrogas que se sucedieron, se realizaron directamente a su nombre. Que las mismas estuvieron “. fundadas en eventos traumáticos de índole de salud personales, y familiares, económicos que hacían imposible el restituir la vivienda, y sobre todo por deudas que el propio estado nacional tenía con varios suboficiales, incluidos el cónyuge de la actora por acciones judiciales que se iniciaron” por diferencias de haberes .” (resaltado en el original). Refiere, que dichas condiciones persisten y se han agravado, siendo que en el mes de diciembre de 2010, se le diagnosticara la enfermedad de Carcinoma Ductal y Gastritis, fue intervenida quirúrgicamente el 20/10/2011, ocasionándole los gastos no cubiertos por su obra social. Agrega, que con su salud debilitada, contrajo otras enfermedades -esclerodermia, hipotiroidismo, y fibromialgia-, quedando su salud delicada, como para afrontar un procedimiento como el de la ley 17.091. En definitiva, pide que se deje sin efecto el decreto del 8 de noviembre de 2013, y se declare la nulidad del procedimiento.Deja planteada la inconstitucionalidad provincial y federal, por encontrarse afectados derechos constitucionales fundamentales como los que allí menciona. Hace reserva del caso federal. La accionante, hizo uso de su derecho a contestar agravios a fs. 106/107vta., solicitando el rechazo de los mismos, remitiéndose en lo demás, a su lectura y consideración.

III.- Previo a todo, corresponde señalar que las presentes actuaciones, se iniciaron con el escrito de ” PROMUEVEN LANZAMIENTO (LEY 17.091)” -fs. 4/5-, por la representación letrada de la Fuerza Aérea Argentina, en contra de la señora Ana Rosa BELTRAMO, con domicilio en la Casa N° 207, emplazada en la calle 51, del Barrio Aeronáutico, y/o en contra de cualquier ocupante que se encuentre en el inmueble, así como de las cosas u objetos colocados en el mismo o puestas por aquellos, con costasAllí refieren, que mediante acta de entrega de fecha 11/11/2006, se le adjudicó -en tenencia precaria transitoria y de excepción-, el citado inmueble, bajo la modalidad de PERMISO DE USO, con vencimiento pactado mediante convenio de desocupación para el día 11/11/2007 -ver fs. 18/vta. y fs. 19/vta.-. Señalan también, que dicho inmueble se encuentra habitado desde el 5/11/1996, oportunidad en la cual se otorgara este inmueble y bajo la misma modalidad a quién en vida fuera el Suboficial Héctor Streitenberger , marido de la demandada, por la que la autorización de vivienda dada, fue en contemplación de carácter excepcional, a requerimiento de aquella, y por cuanto está previsto únicamente para titulares de esta Institución. Ello no obstante, a dicha acta de entrega del año 2006, le sucedieron varias prórrogas, con vencimiento la última, el 11/11/2009 -ver fs. 13/14 y Disposición N° 192/07, de fs. 15/vta.-. A lo expuesto, se sumó que la señora Beltramo, también dejó de abonar en tiempo, el canon previsto y estipulado por su mandante -Capítulo VI, del R.A.G.12-, adeudando al mes de noviembre de 2012, la cantidad de $ 16.642,63, lo que también motivó varios requerimientos, con el fin de regularizar su situación morosa, sin resultado alguno. En definitiva, se han sumados dos causales para la procedencia de la revocación del permiso de uso concedido: 1) vencimiento del término de la última prórroga concedida y 2) la del incumplimiento de pago del citado canon. De la compulsa de las actuaciones obrantes en autos, consta lo dicho en el escrito inicial -fs. 7/8-, como la Carta Documento a ella dirigida, firmada por el Jefe Militar del Barrio Aeronáutico -fs. 9/10-, anoticiándola de que con fecha 1/6/2012, se ha dispuesto el cese de permiso de uso, transitorio y de excepción, de la Unidad N° 207, otorgándole un plazo de 60 días para devolver la vivienda, y otro de 72 hs., para que abone la suma adeudada. De todo lo cual, la señora Beltramo se encuentra notificada “De Conformidad”, como surge de fs. 11, en donde firma al pie, y en Volante N° 25/12, en donde también obra su firma, con fecha 17/7/2012. Con fecha 8/11/2013, mediante decreto de fs. 30, el Inferior dispuso, bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad actora, intimar a la accionada para que en el término de los cinco días de notificada, “. proceda a desalojar el inmueble en cuestión, el que deberá entregarse libre de personas, animales y/o cosas (.), baj o apercibimiento de proceder, vencido el plazo acordado, a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública .”. A fs. 43/44vta., luce el escrito del representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE-, dando cuenta que el inmueble involucrado en autos, no se encuentra en jurisdicción de dicha Administración. Con fecha 12/12/2014 -fs. 47-, el A-quo dispuso que prosiga la causa según lo ordenado a fs. 30, librándose a fs.50, el oficio de fecha 5/2/2015, por el que se emplaza a la señora Beltramo, al desalojo del inmueble en cuestión., diligenciado el 30/3/2015 -fs. 75/76-, acto en donde se efectuó la citada intimación, en su presencia, negándose a firmar “. por considerarlo innecesario .”. Luego, a fs. 69/74vta., consta el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2, de la Ley 17.091, y de apelación subsidiaria, solicitando que por las razones de hecho y derecho allí planteadas, revoque por contrario imperio el decreto que ordena el procedimiento, y se declare la nulidad del procedimiento. Con fecha 3/6/2015 -fs. 78-, ordena el traslado de ley, evacuándolo la accionada a fs. 82/84, como así también luce el Dictamen del señor Procurador Fiscal N° 2 -fs. 88/vta.-, pronunciándose en el sentido de que el pedido de inconstitucionalidad es “. un remedio de naturaleza extrema que resulta procedente sólo si el interesado demuestra claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional causándole un gravamen, con precisión y acreditación fehaciente en el caso concreto del perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, situación que no se ha dado en el sub examine, razón por la cual, el planteo de inconstitucionalidad interpuesto debe ser rechazado .”. Finalmente, el Inferior dicta el decreto de fecha 11 de octubre de 2016 -fs. 89/vta.-, rechazando el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada, como así también la apelación subsidiaria presentada en forma extemporánea, sin perjuicio de lo cual, y en atención a la situación de la demandada, le concedió un plazo excepcional de sesenta días (60), corridos, a partir de la notificación del mismo, para que la demandada “. proceda a desalojar el inmueble en cuestión (.) bajo apercibimiento de proceder, vencido el plazo acordado, a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública .”, motivando el recurso de apelación de fs. 91, que hoy nos ocupa.IV.- Dicho lo cual, y previo al ingreso del tratamiento de los agravios de la demandada, cabe señalar el marco normativo, dentro del cual se encuentran estas actuaciones iniciadas, enmarcadas en el art. 1, de la ley N° 17.091, cuyo texto reza lo siguiente: “. En los casos en que se hubiere otorgado la concesión de inmuebles de propiedad del Estado, afectados a la Administración centralizada, descentralizada, Empresas del Estado o entidades autárquicas, con o sin instalaciones o viviendas accesorias, para el desarrollo de actividades lucrativas o prestación de servicios de esta índole o cualquier otra actividad 11/10/2016, obrante a fs. 89/vta., soy de la opinión de que no le asiste razón en su planteo. En efecto, en modo alguno puede sostenerse que el mismo carece de fundamentación, cuando lo que allí se decide se encuentra acorde con la norma que dispone el art. 1, de la ley 17.091, de recuperación de los bienes del Estado, como también, con las disposiciones del Reglamento de Vivienda Aeronáutica -RAG 12-, cuyo artículo 1, reza que: “. Las viviendas del servicio (.) ya sean de propiedad de la Fuerza Aérea o bien cedidas en uso a la misma, tienen como principal finalidad contribuir a la solución del problema de la vivienda que se le presenta al Personal Militar de la Institución, en actividad, al ser trasladado de destino. 2. Dicha vivienda forma parte de la Guarnición Aérea correspondiente (.). 3.La vivienda aeronáutica tiene el carácter de una ocupación accesoria al cargo o empleo para el que se designa al personal ocupante (.) no le comprenden las disposiciones de la Ley de Alquileres, no pudiendo interpretarse en ningún momento tal ocupación como alquiler o locación, siendo de exclusiva aplicación las normas del presente Reglamento .”. En el mismo sentido, discrepo con los dichos de la recurrente, de que la Ley N° 17.091, fue dictada por un gobierno de facto, y en donde se “. habían perdido absolutamente todas las garantías, no solo las de defensa, sino todo lo atinente a la igualdad, propiedad, salud, por lo que la inconstitucionalidad de la presente ley se evidencia en los albores de su inicio, y por ende el procedimiento que lleva incito también, por lo que debe ser revocado en todas sus partes .”. Como también, de que, su rechazo por el Inferior, se encuentra fundado en jurisprudencia ” . de antaño .”, y desactualizada, frente al precedente de la Corte Suprema de Justicia que cita en su favor, in re: “Agencia de Administración de Bienes del Estado c/ Club de Planeadores La Plata s/ Lanzamiento ley 17.091, del 25/10/2016. Ello así, por cuanto en dicho caso, en el que se descalificara el pronunciamiento dictado, sobre la base de que se había omitido examinar si el bien en cuestión integraba el dominio público del Estado, ello no acontece en estos autos, en donde el inmueble cuya devolución se reclama, no sólo se encuentra dentro de la jurisdicción militar de la Fuerza Aérea -Guarnición Aérea-, sino que se encuentra afectado a su funcionamiento, como quedara dicho. Lo dicho, no se contradice, a mi entender, con el hecho de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE-, informe a fs.43/44vta., que el inmueble aquí involucrado, no se encuentra en jurisdicción de dicha Administración, cuando -repito-, lo es en jurisdicción militar.

VI.- En idéntico sentido, cabe rechazar las quejas de que en autos, se encuentra afectado el derecho constitucional de la nombrada recurrente, a obtener una resolución justa y fundada en tiempo oportuno, derecho integrativo del haz de facultades consagradas en los arts. 18 de la Constitución Nacional, y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, al privarla de ejercer su derecho de defensa, de ser oída en juicio, y de explayar sus argumentos defensivos, y ofensivos, siendo violatorio de los principios que en aquéllas, se encuentran contemplados, que tienen directa aplicación al caso, en virtud del art. 75, inc. 22 de la C.N., que incorpora con jerarquía constitucional y operativa, la Convención Americana de Derechos Humanos, por carecer de todo asidero, y que no hacen más que revelar su sola disconformidad, con el resultado a que se arriba. En efecto, de autos, surge que la señora Ana Rosa Beltramo, no sólo fue notificada como quedara dicho, de las condiciones y alcance del uso de la vivienda N° 207, que aquí se le reclama, sino que también se le han concedido innumerables prórrogas, tanto de la autoridad militar, como incluso del Tribunal Inferior, como consta en el decreto recurrido, habiendo ejercido en todo momento, su derecho a defenderse, y a las resoluciones dictadas a su respecto, que no puede ignorar. Lo expuesto, no implica ignorar la especial situación tanto de salud como económica, por la que atraviesa la señora Beltramo, como lo acreditara en autos, extremo que tampoco impide analizar la cantidad de años en que la misma se encuentra habitando la casa que le fuera otorgada a su entonces cónyuge fallecido, en el año 1996, y que se encuentra ocupando en la actualidad, pese a los innumerables pedidos de entrega, motivando finalmente el lanzamiento de que se trata.En consecuencia, siendo que la nombrada cuenta con familiares, como lo son sus dos hijos, cuyos nombres figuran en el Acta de fs. 16/17, ambos mayores de edad, que la operación quirúrgica que da cuenta la documental de fs. 53/57, data del año 2011, respecto de la cual refiere haberse hecho cargo de los gastos no cubiertos, no parece que el debido cumplimiento de la medida que por la presente se confirma, la deje virtualmente en una situación de calle, como lo afirma en su escrito de contestación de agravios. Tampoco, parece razonable supeditar el cumplimiento de dicha medida, al hecho de que la demandada, cuenta con juicios contra el Estado, aún pendientes de cobro, en casi una virtual compensación de situaciones, que de ninguna manera puede prosperar, y me exime de mayores comentarios. En consecuencia, soy de la opinión de que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Rosa Beltramo, y confirmar el proveído de fecha 11 de octubre de 2016, en todo cuanto dispone y ha sido materia de agravios, debiendo la parte actora tomar todos los recaudos necesarios para el debido resguardo de la integridad de la nombrada, que pudieren corresponder.

VII.- Las costas de la Alzada, se imponen en el orden causado, atento la particular situación de que se trata, y no impedimento para ello (art. 68, segunda parte, del CPCN), difiriéndose la regulación de honorarios que corresponda, para su oportunidad. ASI VOTO. Los señores Jueces de Cámara, doctores ABEL G. SANCHEZ TORRES y LILIANA NAVARRO, dijeron: Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor LUIS ROBERTO RUEDA, votan en idéntico sentido. Por el resultado del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE: 1.-Confirmar el proveído de fecha 11 de octubre de 2016, dictado por el señor Juez Federal N° 2, de Córdoba, en todo lo que dispone y ha sido materia de agravios, debiendo la parte actora tomar todos los recaudos necesarios para el debido resguardo de la integridad de la nombrada, que pudieren corresponder.

2.- Imponer las costas de la Alzada, en el orden causado, atento la particular situación de que se trata, y no existir impedimento para ello (art. 68, segunda parte, del CPCN), difiriéndose la regulación de honorarios que corresponda, para su oportunidad.

3.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquense y bajen.

Abel G. Sánchez Torres

Luis Roberto Rueda

Liliana Navarro – Secretaria