No constituye malversación de caudales públicos, sino hurto, la sustracción de instrumental quirúrgico por parte de un médico de un hospital público

Partes: R. P. N. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: I

Fecha: 7-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-107741-AR | MJJ107741 | MJJ107741

No constituye malversación de caudales públicos, sino hurto, la sustracción de instrumental quirúrgico por parte de un médico de un hospital público.

Sumario:

1.-Corresponde casar parcialmente la sentencia en cuanto había condenado al encartado por el delito de malversación de caudales públicos, debiendo calificarse al hecho como hurto, pues no existió el quebrantamiento al deber de fidelidad del funcionario designado para custodiar los caudales o bienes sustraídos, exigido por el tipo previsto en el art. 261 del Código Penal.

2.-El art. 261 del Código Penal exige que el sujeto activo tenga, en razón de su cargo, la administración, percepción o custodia de los caudales o bienes, exigencia que encuentra su razón de ser en que el delito no solamente contempla la afectación al patrimonio de la administración pública, sino también el quebranto al deber de fidelidad del funcionario en el manejo de los caudales que le han sido confiados.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 7 de NOVIEMBRE de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 84152 caratulada “R. P. N. S/RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA.

ANTECEDENTES

I. El Tribunal en lo Criminal N° 3 del departamento judicial Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de abril de

2017 (en la causa n° 1249/16 de su registro), condenó a P. N. R. a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, y costas, por resultar autor del delito de malversación de caudales públicos (arts. 26, 45 y 261 primer párr.,Cód. Penal) -fs. 11/25-.

II. La defensa técnica del imputado interpuso recurso de casación (fs.29/47), denunciando la nulidad absoluta del fallo, puesto que -en su visión- no constituye una derivación razonada de los hechos ni del derecho vigente.

Plantea en primer término, que no se comprobó la preexistencia del objeto cuya sustracción se le atribuyó al acusado, tratándose de una óptica marca Pajunk correspondiente al instrumental (fibra óptica) de un aparato de cirugía laparoscópica.

En ese orden de ideas, destaca que desde la última vez que dicho elemento fue utilizado (15 de junio de 2012), hasta el día en que se detectó la faltante (23 de julio del mismo año), transcurrieron treinta y ocho (38) días, sin que existan evidencias de las que sea posible inferir que estaba guardado en el armario que se menciona en el fallo.

Al respecto, destaca que “ninguna de las personas que prestaron tareas en el área de cirugía (cirujanos, enfermeras, instrumentistas) pudo establecer concretamente, que la indicaba fibra óptica fuese o haya estado guardada en el armario con posterioridad a la operación

efectuada el 15/6/2012”.

En segundo término, argumenta que tampoco se demostró, con el grado de certeza exigido para un veredicto condenatorio, que el acusado haya intervenido en el hecho que se le atribuyó.

Sobre ese punto, señala que en la filmación en la que el juzgador apoyó su conclusión probatoria, no se ve al imputado con la óptica faltante, sino que la imagen muestra un “pouch” similar al que es utilizado para envolver aquella óptica, pudiendo observarse que contenía “algo” en su interior, pero se desconoce a ciencia cierta de qué elemento se

trataba.

Critica el razonamiento que siguió el sentenciante, de acuerdo con el cual la imagen que muestra al imputado trasladando el “pouch” ubicado en forma vertical, permitiría afirmar que debajo de ese envoltorio se encontraba la caja con la óptica en cuestión.

Alega, sobre ese extremo, que “el Tribunal no conoce, no ha visto, o al menos, no ha dicho por qué lo sabe, cómo es una fibra óptica enfundada en un pouch, contenida en una caja”.

También advierteque, según la filmación a la que se hizo mención, el imputado permaneció unos minutos en el área de cirugía, lapso de tiempo insuficiente -según el recurrente- “para ir hasta el armario (que está al fondo) abrir el modular que se encontraba cerrado con llave, sacar la óptica de la caja y deshacerse de la misma, y/o enfundar el instrumento en un nuevo pouch que debió buscar previamente en ese lugar (pues la imagen analizada se ve un pouch), para luego volver a salir, sin la menor expectativa de que alguien ingresase al área de cirugía”.

Por otro lado, explica que en la misma filmación se lo ve al imputado llevando un sweater, que no fue utilizado para ocultar el objeto -tal como se sostiene en el fallo-, sino que tenía su razón de ser en la época del año -invierno-, y las bajas temperaturas de la localidad en que ocurrió el evento juzgado -Coronel Suarez-.

Por último, señala la defensa que solicitó oportunamente como prueba, que el Hospital Municipal remitiera la totalidad de los videos registrados entre el 15 de junio de 2012 (fecha de la última operación en la que fue utilizada la óptica) y el 23 de julio de 2012 (en que

se descubrió la faltante).

Sin embargo, ese requerimiento no fue respondido, circunstancia a partir de la cual el impugnante afirma que “la visión parcializada de las imágenes exhibidas oculta el resto de las presencias en el área de cirugía en el período indicado, por alguna razón ello ha sido así, lo que permite a la vez desmentir, también, la responsabilidad aquí atribuida”.

Como tercer motivo de agravio, la defensa cuestiona la calificación legal establecida en el fallo en trato.

En lo esencial, argumenta que su asistido, médico de guardia, nunca tuvo en razón de su cargo la administración ni la custodia de la óptica faltante. Sostiene que la especial relación que requiere el tipo penal contemplado en el art. 261 del Cód.Penal, entre el sujeto activo y los caudales o efectos públicos, no se verifica en el supuesto en trato, y en consecuencia, frente a la ausencia de uno de los elementos del tipo objetivo, corresponde descartar su aplicación.

El cuarto agravio invocado por la defensa se vincula con las pautas agravantes de la pena ponderadas por el sentenciante. Sostiene que ninguna de ellas fue suficientemente demostrada en el juicio, y en consecuencia, su estimación resulta arbitraria. Solicita que sean descartadas, disminuyéndose el monto de la pena al mínimo legal previsto por la figura aplicable.

Finalmente, critica las obligaciones procesales que se le impusieron en la sentencia al acusado, puesto que las mismas van más allá del tiempo de cumplimiento máximo de la condena, solicitando su revocación.

III. Sorteadas que fueron las actuaciones, se notificó a las partes (fs. 64/vta., 69/70).

El señor Fiscal ante este Tribunal dictaminó que el recurso no debe prosperar (fs. 65/68).

En lo esencial, consideró que los argumentos esgrimidos por el recurrente no ameritan una excepcional revisión en esta sede de cuestiones que hacen a la valoración probatoria de los elementos rendidos en el debate. Destaca que los planteos recibieron expreso tratamiento en el fallo atacado, siendo respondidos en forma certera y razonada, de acuerdo a las circunstancias objetivas de la causa, y con base en las reglas de la experiencia general.

Tampoco entendió conducentes los agravios dirigidos a cuestionar la calificación legal asignada a la conducta infraccionaria, y las pautas agravantes que se estimaron en el juicio de

mensuración de la pena.

Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? dictar?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde

VOTACION

Carral dijo:

A la primera cuestión el señor juez doctor

I. El Tribunal en lo Criminal nº 3 del departamento judicial Bahía Blanca, luego de la sustanciación de la audiencia de debate, tuvo por acreditado que:”el 2 de julio de 2012, siendo las 15:38 hs., del sector de cirugía del Hospital Municipal ‘Dr. Raúl Alberto Coccavo’ de la ciudad de Coronel Suarez, ubicado en calle Rivas al 600 de la mentada localidad, que se encontraba bajo la custodia profesional del imputado, se sustrajo una óptica de diez (10) mm de 0° marca Pajunk n° de serie SED

0360-12/00 correspondiente al instrumental (fibra óptica) de un aparato de cirugía laparoscópica y que se encontraba guardado en un envase tipo caja y ensobrado en un “pouch” en condiciones de esterilización dentro de un armario de madera listo para su uso en una intervención quirúrgica” (fs.

16vta).

II. Sentado lo anterior, abordaré en primer término los argumentos esgrimidos por el impugnante, en contra del razonamiento con base en el cual los señores jueces de la instancia tuvieron tuvo por comprobada la materialidad infraccionaria y la intervención del acusado.

El a quo se apoyó en los testimonios del personal del Hospital Municipal de la localidad de Coronel Suarez (María Luján Seitz, Adriana Scipione, Carolina Celeste Gebel, Matilde Mercedes Nuñez, María Irene José y Ricardo Héctor Denaro), en los dichos de los testigos que se expresaron en torno a la búsqueda del objeto cuya faltante fuera detectada el 23 de julio de 2012 (contador Mauro Dueñas y Carlos Enrique Schwab), y en las evidencias incorporadas por exhibición y lectura al debate (ver fs.

16vta), entre ellas las imágenes obtenidas de la cámara de seguridad del nosocomio, del día 2 de julio de 2012, correspondiente al sector de cirugía donde se encontraba el lugar de guardado habitual de la óptica en cuestión.

En función de ese andamiaje probatorio, el sentenciante tuvo por demostrado que, en las circunstancias que se observan en dicha filmación, el acusado sacó la óptica de su lugar de guardado, llevándosela en forma oculta hacia el exterior del Hospital.

Es importante destacar, en este punto, que el juzgador explicó con detalle, las situaciones que surgen de las imágenescaptadas por la cámara instalada en el sector del hospital, y dio cuenta de las inferencias que le permitieron tener por comprobada la conducta infraccionaria atribuida al acusado.

Así, el señor juez que votó en primer término, dejó constancia de que en las imágenes se observa cuando el acusado “accede al sector de cirugía un minuto después que Carolina Celeste Gebel – enfermera responsable del lugar- saliera al ser convocada al servicio de guardia (recordemos que el im putado ese día estaba cubriendo la guardia médica); se encuentra en la puerta con Matilde Mercedes Nuñez, enfermera del sector de terapia que concurría a cirugía a buscar un material e ingresar juntos, se demoran un minuto y salen ambos al pasillo. El imputado es filmado mientras observa que Nuñez regrese a su sector de trabajo para volver a la sala de cirugía, de la que sale a los pocos minutos -previo constatar que no haya nadie en el pasillo- con un envoltorio (“pouch”) similar al que contiene la óptica faltante”.

“Lo capta también la cámara cuando por el pasillo que conduce al exterior (playa de estacionamiento) lleva en sus manos el envoltorio pudiéndose visualizar sin duda que contenía algo en su interior y que oculta con un buzo o sweater que -según lo declarado por R.- había tomado de su habitación de guardia por las dudas que estuviera fresco en el sector exterior del nosocomio (…), pero cuando regresa al interior ya no tiene más esa prenda en la mano…” (fs.17vta/18).

Evaluó el sentenciante que en la filmación se ve que el acusado tiene en sus manos un envoltorio habitualmente denominado “pouch”, que consiste en trozos de un material de papel y polietileno utilizados para preservar y mantener esterilizado el material empleado en cirugía, entre los que se encuentra la óptica faltante.

Además de la compatibilidad entre el envoltorio que llevaba en sus manos el acusado, y el utilizado habitualmente para la guarda del objeto mencionado, el a quo tuvo en consideración que, luego de salir del sector de cirugía, el acusado se dirigió a la habitación del médico de guardia, desde donde salió con un buzo o sweater en la mano tapando el paquete que llevaba en sus manos, dirigiéndose al exterior (playa de estacionamiento), para luego regresar sin nada en las manos.

El juzgador evaluó otra circunstancia incriminatoria, que surgió durante la audiencia de debate, y que se vincula con el descargo que realizó P. N. R.

En ese sentido, explicó que “al pretender el imputado demostrar que las imágenes reflejan que el ‘pouch’ que tiene en sus manos no contiene nada, lo cierto es que me terminé convenciendo justamente de lo contrario; ante nuestra vista, el ‘pouch’ no podía tener la rigidez ni volumen que muestran las imágenes de las cámaras; al posicionarlo en forma horizontal, los extremos se vencieron hacia abajo (recordemos que se trata de una lámina de papel y polietileno), muy diferente a lo que se muestra en el video cuando sale con rumbo a la playa de estacionamiento.Es evidente que la filmación registra el ‘pouch’ con un contenido rígido, compatible con una caja de cartón -justamente- del tamaño que se dijo es la que preserva a las ópticas del aparato de laparoscopía”.

Los argumentos desarrollados por el impugnante ante esta instancia, no resultan eficaces para demostrar la arbitrariedad que

le adjudica al juzgador.

En efecto, la defensa entiende que no es posible atribuirle a su asistido la conducta ilícita descripta, porque en la filmación no se puede apreciar que lleve en sus manos la óptica cuyo apoderamiento se le atribuye.

Sin embargo, los jueces del debate han dado buenas razones en apoyo de su convicción, que tienen que ver no solamente con la imagen del imputado llevando el envoltorio -“pouch”- en el que habitualmente era guardado el elemento en cuestión, sino también con toda la conducta del acusado a lo largo de la secuencia que quedó grabada en la filmación, que ofrece indicadores objetivos de que se estaba llevando un objeto, y que pretendía ocultarlo a la vista de terceros.

La afirmación del acusado, conforme con la cual sólo se llevó el envoltorio -“pouch”- vacío, de valor económico prácticamente nulo según sus propias palabras, luce incompatible con todos los recaudos que tomó para evitar que nadie lo viera llevándose ese elemento.

El restante argumento del impugnante, de acuerdo con el cual no se comprobó con certeza la “preexistencia” de la óptica, tampoco resulta suficiente como para demostrar el vicio de absurdo que le adjudica al pronunciamiento en trato.

Ello es así puesto que, de los testimonios del personal del nosocomio, referidos al destino que se le dio al objeto luego de la última intervención quirúrgica en la que fue utilizado, no surgieron a juicio del sentenciante elementos que avalaran la sospecha sobre un eventual extravío del mismo con anterioridad a la intervención del acusado en la secuencia filmada del día 2 de julio de 2012.

Entiendo que ninguna de las testificales a las que hizo mención el impugnante en la pieza recursiva (fs. 34/vta), demuestra que la conclusión a la que arribó el juzgador resulte incompatible con las constancias obrantes en la causa, y en todo caso, sólo se advierte una discrepancia sobre el valor probatorio que el recurrente pretende asignarles, insuficiente para demostrar el vicio de absurdo o arbitrariedad alegado.

Por otro lado, la defensa ha hecho hincapié en que las autoridades del Hospital no remitieron la totalidad de las filmaciones captadas por la cámara de seguridad (fs. 40vta de este legajo).

Sobre el punto, se advierte que durante el alegato de cierre de debate, el fiscal hizo alusión a la dificultad operativa de incluir en un único soporte, las filmaciones obtenidas por dieciséis cámaras de seguridad durante un mes (ver fs. 7/vta).

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que de la lectura del acta de debate (fs. 1/13), no surge que a lo largo de toda la audiencia oral la parte haya impulsado diligencia alguna tendiente a obtener la evidencia cuya faltante ahora reclama, con lo cual su reclamo en esta instancia resulta tardío e inmotivado.

En esas condiciones, el hecho de que las imágenes agregadas a la causa correspondan únicamente a la secuencia filmada el día 2 de julio de 2012, no aparece como un elemento que desacredite la entidad del caudal probatorio reunido, puesto que no es extraño que se hayan grabado únicamente las imágenes que aparecían vinculadas con el ilícito denunciado.

Entiendo que el iter lógico seguido por los jueces para dar por acreditado que el encausado resultó autor responsable del hecho acontecido el 2 de julio de 2012, es razonable y encuentra basamento en la prueba producida en el juicio, corroborándose que en la motivación de la sentencia se ha expresado el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de lógica y de la experiencia, no advirtiéndose arbitrariedad o absurdo en su valoración.

La valoración de la prueba reconoce como límite a la arbitrariedad en laexigencia de la sana crítica que comprende la necesidad de ponderar los distintos medios dando cuenta de las razones que formaron el ánimo y/o convicción del tribunal al examinar con sentido crítico el plexo probatorio. En rigor de verdad, la sentencia examinada constituye una unidad lógico-jurídica, razonada y autosuficiente.

Por lo precedentemente expuesto, postulo el rechazo del agravio en tratamiento.

III. En cambio, entiendo que la crítica esgrimida por el impugnante, contra la calificación legal asignada a la conducta infraccionaria descripta, resulta acertada.

En efecto, el delito contemplado en el art. 261 del Código Penal prevé una pena de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, para “el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su

cargo”.

El elemento del tipo penal que la defensa señala como ausente en este caso concreto, se vincula con la relación jurídica existente entre el sujeto activo y los caudales o bienes sustraídos.

La norma exige que el sujeto activo tenga, en razón de su cargo, la administración, percepción o custodia de los caudales o bienes, exigencia que encuentra su razón de ser en que el delito no solamente contempla la afectación al patrimonio de la administración pública, sino también el quebranto al deber de fidelidad del funcionario en el manejo de los caudales que le han sido confiados.

En el fallo bajo examen se afirma que el imputado tenía asignada la custodia del objeto sustraído, y para ello se tuvo en cuenta el testimonio del director del hospital, quien explicó que el acusado, más allá de su designación como médico de guardia, había realizado operaciones en el nosocomio, “con lo que no resulta extraño que pueda acceder o ingresar al sector de quirófano pues como médico de guardia tenía tránsito autorizado por todo el Hospital”.

Entendió el señor juez preopinante -a cuyo voto adhirieron sus colegas del Tribunal a quo- que la referencia mencionadaen el párrafo anterior constituye “un elemento clave para afirmar que, más allá de que todos los testigos ya referenciados sostienen que como médico de guardia no tiene nada que hacer en el sector de quirófanos, los dichos del Director del Hospital y lo expresado por el propio imputado extienden ‘de hecho’ el área de custodia que le había sido confiada como médico de

guardia…” (fs. 19).

Entiendo que los argumentos desarrollados en el fallo, para afirmar que P. N. R. tenía la custodia del objeto en cuestión, no son acertados.

Que el nombrado, por sus funciones como médico de guardia, y por las operaciones que practicó en el nosocomio, estuviera autorizado a transitar por las distintas áreas del Hospital, no permite afirmar que tuviera a su cargo la custodia de los objetos existentes en el establecimiento, ni permite adjudicarle, en concreto, el deber de custodia del instrumento identificado en la m aterialidad infraccionaria.

Más aún, el desacierto del fallo se aprecia a poco que se observa que dicho elemento -la óptica- no le fue entregado al imputado, el día 2 de julio, para llevar a cabo una intervención propia de su actividad, sino que R. lo fue a buscar al lugar donde permanecía bajo resguardo y custodia de las enfermeras encargadas de tal actividad -extremo que se indica expresamente en el pronunciamiento: fs.18vta)-, llevándoselo en forma oculta y sin la autorización de las nombradas.

En esas condiciones, entonces, no es posible afirmar que el acusado tuviera la custodia del objeto en los términos exigidos

por el tipo penal en trato.

La circunstancia mencionada resulta determinante, puesto que se trata de uno de los elementos exigidos para la configuración del delito de malversación de caudales públicos -en la modalidad de peculado-, que está dado por el quebrantamiento al deber de fidelidad del funcionario designado para custodiar los caudales o bienes de que se trate.

Para que exista ese quebrantamiento se debe verificar qué norma, acto de autoridad competente o situación concreta vinculada con la actividad del sujeto activo le imponía el deber de custodiar, y este requisito no puede ser abastecido por el sólo hecho de que el objeto se encontraba en el interior del hospital en el que el imputado cumplía funciones como médico de guardia.

Lo anterior no implica afirmar, claro está, que la conducta atribuida a R. no sea pasible de sanción, sino que a raíz de los argumentos desarrollados corresponde modificar la calificación legal establecida en el fallo, y declarar que dicho accionar constituye el delito de hurto (art. 162, Cód. Penal), en tanto se comprobó que P. R. se apoderó ilegítimamente de una cosa mueble ajena.

IV. En punto a las pautas agravantes de la pena valoradas por el a quo, no encuentro las deficiencias en las que el impugnante apoya su crítica.

En efecto, la extensión del daño causado se encuentra comprobada por el valor del instrumental sustraído (dieciocho mil pesos), extremo que se tuvo por demostrado mediante el informe agregado a fs. 63 de la causa principal (ver fs.7vta).

Por otro lado, se tuvo en consideración que el imputado, por su condición de médico, conocía la importancia de la faltante y el riesgo provocado en una intervención quirúrgica en la que debía ser utilizada, precisamente aquella que generó su búsqueda, afectándose de esa manera el normal funcionamiento del servicio de cirugía del Hospital.

Por último, en lo que respecta al plazo de cumplimiento de las reglas impuestas al acusado en los términos del art. 27 bis del Cód. Penal -extremo sobre el que se quejó la defensa-, cabe señalar que no resulta incorrecto establecer un plazo superior al monto de la pena, siempre que el mismo resulte proporcionalmente racional a la entidad del injusto atribuido.

V. En razón de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la defensa de P. N. R., sin costas; 2) CASAR PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del departamento judicial Bahía Blanca, a nivel de la calificación legal asignada al hecho infraccionario; 3) CONDENAR a P. N. R., por resultar autor del delito de hurto; y 4) REENVIAR las actuaciones al tribunal de origen a fin de que evalúe y determine la sanción a imponer al nombrado (art. 372 del CPP); por lo cual VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 14.5, PIDCP; 8.2.h, CADH;

15, 168 y 171, Const. pcia.; 27 bis, 45 y 162, Cód. Penal; 209, 210, 317, 372, 373, 448, 450, 459, 460, 530 y 531). Con el alcance señalado, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:

En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde:Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas en esta instancia. Casar la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 3 del departamento judicial de Bahía Blanca. Condenar a P. N. R., por resultar autor del delito de hurto. Y reenviar las actuaciones al tribunal de origen a fin de que evalúe y determine la pena a imponer al nombrado (arts. 18 y 75 inc.

22, Const. nac.; 14.5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 15, 168 y 171, Const. pcia.; 27 bis, 45 y 162, Cód. Penal; 209, 210, 317, 372, 373, 448, 450, 459, 460, 530 y

531). ASÍ LO VOTO.

Maidana dijo:

A la segunda cuestión el señor juez doctor

Adhiero por sus fundamentos, a lo expuesto por el doctor Carral, votando en igual sentido.

Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:

SENTENCIA

I. HACER PARCIALMENTE LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa de P. N. R., sin costas.

II. CASAR la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 3 del departamento judicial Bahía Blanca.

III. CONDENAR a P. N. R., por resultar autor del delito de hurto, y REENVIAR las actuaciones al tribunal de origen a fin de que evalúe y determine la pena a imponer.

IV. REGULAR los honorarios profesionales del doctor Gustavo Avellaneda, por la labor desarrollada en esta instancia, en un

15% de la suma fijada en origen.

Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14.5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 15, 168 y 171, de la Constitución Provincial; 27 bis, 45 y 162, del Código Penal; 209, 210, 317,

372, 373, 448, 450, 459, 460, 530 y 531, del Código Procesal Penal; y decreto-ley 8904/77. Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.

Daniel Carral

Ricardo Maidana

Jorge Andres Alvarez