El Código Civil y Comercial de la Nación, el Derecho del Trabajo y el dilema entre leyes especiales y generales. Muchos interrogantes, posibles soluciones

Autor: Calace Vigo, Paula

Fecha: 13-09-2017

Cita: MJ-DOC-11994-AR | MJD11994

Doctrina:

Por Paula Calace Vigo

El objetivo de este trabajo es hacer una breve síntesis de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyCN) y su incidencia en el ámbito del derecho del trabajo, a la luz de la vigencia de la normativa especial. Lejos está aún de pretender aclarar conceptos con tan poca vigencia del mismo, materia que sin dudas será labor de los jueces, en un futuro no muy lejano.

Para comenzar, es menester recordar la razón de ser del derecho del trabajo, y su inclusión dentro de los llamados derechos sociales.

Esta disciplina tiene su base en la hiposuficiencia del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Vizzotti». Se plasma no sólo en los principios y reglas que informan la disciplina (vg. principio protectorio y sus reglas principio de la norma más favorable, in dubio pro operario, condición más beneficiosa, irrenunciabilidad, – arts. 7 8, 9 ,11, 12 , 14 y cc. LCT -), normas especiales (art. 17 bis LCT: «Las desigualdades que creara esta ley a favor de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación»), sino en la constitución nacional (art. 14 bis ), normas supraconstitucionales (art. 75 inc. 22 ) y numerosos pronunciamientos de los máximos tribunales a partir del año 2004 (en especial la Corte Nacional), donde utilizaron con especial énfasis esta normativa, amén del consagrado principio de progresividad.

En definitiva, el orden público laboral, de neto corte protectorio.Debe recordarse también que las normas de orden público deben ser aplicadas por los jueces aún cuando ello no sea requerido por las partes.

El CCyCN con el agregado del título preliminar, que a mi juicio, es una de las novedades más relevantes (y criticada también por parte de la doctrina), introduce cambios significativos al incorporar un ampliado sistema de fuentes y su aplicación (art. 1 ), interpretación (art. 2 ) y el deber de resolver del juez, mediante decisión razonablemente fundada (art. 3 ).

Como expresan Marisa Herrera y Gustavo Caramelo al comentar esta parte del CCyCN, este nuevo código viene a saldar la disociación entre la constitución nacional y el código civil «… que no solo ha tenido en cuenta a la Carta Magna y a los tratados de derechos humanos que ella incorpora y eleva con jerarquía constitucional en la Reforma de 1994 (art. 75, inc. 22), sino también a un corpus iuris más extenso, al que se conoce bajo el nombre de “bloque de la constitucionalidad federal”, que es la principal fuente o “fuente de fuentes” del CCyC»(1).

En similar sentido afirma Lorenzetti que «El Título Preliminar es concebido como la puerta de entrada al Código Civil y al resto del sistema, y por ello contiene una serie de artículos de gran significado valorativo para todos los casos que se regulan. Su utilidad es manifiesta en el campo de la aplicación e interpretación del Derecho, ya que provee unas líneas de base enfocadas en la argumentación jurídica razonable dentro de un sistema basado en principios y reglas» continua manifestando que: «…distingue el Derecho de la Ley. Éste es un cambio fundamental respecto de toda una tradición anterior, que sólo se refería a la ley, y a la función del juez, que era aplicarla exegéticamente. En cambio ahora el panorama se amplía sobremanera, ya que no se trata sólo de la ley, sino de todas las demás fuentes:doctrina, costumbres. Asimismo, el Código recepta disposiciones contempladas en la Constitución y en los tratados internacionales, y contempla no sólo las reglas determinadas, sino también los principios y los valores. Ello permite que el Código sea el eje articulador de todo el sistema, brindando coherencia mediante reglas y principios generales» (2).

Néstor Caferatta, por su parte, entiende que en este título preliminar, se establecen cuáles son «los ‘mandatos de optimización’, los paradigmas o modelos previos a la comprensión de la problemática, principios estructurales de la materia, que orientan la búsqueda con una inteligencia común, de soluciones adecuadas, estableciendo criterios o directrices de funcionamiento» (3).

El art. 1 al hablar de fuentes y aplicación, señala que los casos regidos por el Código deben ser resueltos «… según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho». Continúa el art. 2 expresando sobre la interpretación de la ley, que la misma debe hacerse «…teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento» (idem).

La inclusión de «finalidad» deja de lado la famosa intención del legislador, permitiendo considerar de esta manera la finalidad objetiva (valga la redundancia) de la norma al momento de su aplicación, lo que constituye la razón que determinó su sanción.

Todos los elementos o fuentes mencionados, relacionados con la constitucionalización del derecho privado, ya habían sido receptados (y aceptados) por el derecho del trabajo con anterioridad aun al proyecto.Asimismo debe apuntarse que muchas veces se ha recurrido a normas del derecho común, a los fines de resguardar y proteger derechos de los trabajadores.

Ejemplos de esto último puede encontrarse en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde aplica preceptos del derecho común a relaciones laborales, a los fines de asegurar la vigencia de la protección constitucional (y supra constitucional) de este colectivo.

En «Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud SA» , sentencia de diciembre de 2010, se señaló en su punto 6° de los considerando que debe descartarse la inaplicabilidad de la ley 23592 al ámbito del derecho individual del trabajo por entender que en el texto de la norma general no hay nada que indique lo contrario, la proscripción de la discriminación no admite salvedades siendo reprobada en todos los casos, haciendo hincapié en la persona del trabajador. Esto es, en resumen que la garantía de no discriminación contenida en una norma general (ley 23592) no puede ser retaceada a quien la padezca so pretexto de la existencia de una relación laboral. (4)

Similar interpretación la realizó en varios precedentes relacionados con la reparación de infortunios laborales (vg. «Aquino» del 21 de septiembre de 2004). No hay dudas que el derecho común se aplica siempre que sus normas no contraríen los principios específicos del derecho laboral.

Ahora bien:

¿Cuáles serán los efectos de la nueva codificación respecto de las relaciones laborales?

¿Qué pasa en los casos en que las normas del CCyCN colisionan con los principios y normas del derecho del trabajo?

En el año 2012 , César Arese en un artículo publicado en la Revista de Derecho Laboral Actualidad de la editorial Rubinzal Culzoni, titulado «Visión laboral del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado de la Nación», se refería específicamente a las repercusiones de las normas del por aquel entonces proyecto y la ley de contrato de trabajo.El jurista cordobés decía que «…se va a hacer patente la reforma indirecta en al menos tres rangos de normas:

a) Las que tiene incorporada en forma directa reglas del derecho Civil. En este punto son visibles los artículos 24 sobre efectos de contrato sobre relación de trabajo; las modalidades especiales del contrato de trabajo de los artículos 95 y 97 y la remisión expresa al CC del artículo 257.

b) Las que incorporan disposiciones y remiten a normas del derecho Común. Se destacan las referidas a capacidad contractual (arts. 32, 34, 35); consentimiento y forma del contrato de trabajo (arts. 45 a 49); presunciones (arts. 57); principios (art. 63 integra el concepto de buena fe); mora (art. 137); privilegios de causahabientes (arts. 262) y acuerdos conciliatorios y liberatorios (arts. 263).

c) Las que adoptan conceptos del Derecho Civil. La LCT adopta gran cantidad de conceptos civiles como nulidad de actos (art. 7, 12, 13, 14, 41, 42, 43 , 44 , 124 , 129 , etc.), personas (arts. 21 , 26 , 36 ), solidaridad (arts. 29, 30, 31 , 228, 229 ), abuso del derecho (art. 68 ); responsabilidad por daños (arts. 76 , 87 ); fuerza mayor (arts. 247 ), etc.». (5)

A simple vista puede advertirse que habrá muchas situaciones en las que existirá conflicto de normas, lo que necesariamente conduce a la necesidad de armonizar las fuentes mencionadas, con coherencia con todo el ordenamiento, tal como lo expresa el Código.

Ejemplos e interrogantes.

Gran cantidad de ejemplos podemos encontrarlos en la regulación de los nuevos contratos asociativos (dentro del Libro Tercero, título IV, contratos en particular).

Los arts. 1442 al 1447 regulan las disposiciones generales, mientras que en la sección 2da. se refiere a los mismos en particular, entre los que se encuentran: negocio en participación (arts.1448 al 1452 ); agrupaciones de colaboración (arts. 1453 al 1462 ); uniones transitorias (arts. 1463 al 1469 ); consorcios de cooperación (arts. 1470 al 1478 ). Seguidamente legisla los de agencia (arts. 1479(ref:LEG66465.1479 ) al 1501 ); concesión (arts. 1502 al 1511 ); franquicia (arts. 1512 al 1524 ), entre otros.

¿Cómo jugarán los arts. 29 y 30 de LCT en relación a las nuevas formas asociativas, donde se pone claro coto a la solidaridad laboral?

En el caso de las UTE (uniones transitorias de empresas) y los consorcios de colaboración, el articulado del CCyCN establece la no solidaridad de las empresas que las conforman. En el primero de los casos existe numerosa jurisprudencia que ha responsabilizado solidariamente a sus integrantes de las obligaciones laborales por estas contraídas.

¿Qué pasaría con los trabajadores en estos casos? ¿Serán estos tipos de contratos asociativos las nuevas herramientas a utilizar por el sector empleador para violentar los derechos de los trabajadores?

En el contrato de concesión o franquicia se advierte que el CCyCN establece un elemento no exigido por la normativa laboral para que el franquiciante responda por las deudas laborales de los trabajadores de la franquiciada: cuál es el fraude (art. 1520 ).

¿El contrato de agencia y la figura del viajante de comercio?

El art. 1479 expresamente establece que no hay relación de dependencia entre el agente y el empresario (o preponente), en franca oposición con las disposiciones de la ley 14546 , la que sigue plenamente vigente.

¿Y el principio de progresividad? ¿Podría válidamente sacarle la protección especial conferida a estos trabajadores, sujetos constitucionalmente tutelados? ¿Y el art. 23 de LCT y su presunción?

Deberá tenerse en cuenta también lo prescripto en el art. 1501, que podría llegar a ser también la clave para estos casos.En él se establecen los casos excluidos: agentes de bolsa o de mercados de valores, de futuros y opciones o derivados; a los productores o agentes de seguros; a los agentes financieros o cambiarios, a los agentes marítimos o aeronáuticos «… y a los demás grupos regidos por leyes especiales en cuanto a las operaciones que efectúen». Perfectamente podría colocarse a los viajantes de comercio y su estatuto dentro de esta excepción.

Entiendo que la solución a estos interrogantes puede encontrase en la teoría general del derecho: legi speciali per generalem non derogantur «ley general posterior no deroga ley especial anterior», salvo, claro está, expresa abrogación o manifiesta repugnancia entre las normas en debate. Esto significa dar preferencia a una norma específica que está en conflicto con otra más general.

Como lo entiende Josep Aguiló, «El principio de lex specialis opera como un principio de individualización de disposiciones jurídicas complejas, pero no como un principio derogatorio. Para darse cuenta de ello, basta con percatarse de que la oposición “disposiciones generales” vs. “disposiciones especiales” es una de las técnicas más básicas de la organización de textos normativos».(6)

Tal como lo puntualiza Juan J. Formaro al referirse a la mecánica de la aplicación del derecho civil en el plano laboral, la asistencia que el derecho civil (como derecho común) presta al derecho laboral opera del siguiente modo: «a) El derecho civil tiene vocación de aplicabilidad en la esfera especial como derecho supletorio o subsidiario.

b) No deroga las normas que conforman la especialidad, sino que llena sus carencias.

c) Aquella aplicación supletoria tiene como límites la existencia de una norma laboral expresa distinta y la incompatibilidad de la norma civil – incluso en el supuesto de carencia de norma legal – con los principios generales del derecho del trabajo. En el primer caso hay incompatibilidad expresa, mientras que en el segundo existe incompatibilidad implícita.

d) En ciertos casos puede existir remisión directa al derecho común (v. vg., arts.24 , 95 y 257 , LCT) y en otros también remisión a conceptos de aquél (solidaridad, mora, fuera mayor, etcétera).

e) Eventualmente la aplicación supletoria podrá llevar asimismo a la adaptación del derecho civil a las exigencias del derecho del trabajo, de conformidad a sus principios especiales». (7)

A su vez se encuentran otras disposiciones en el CCyCN que indicarían lo que se sostiene en este trabajo.

El art. 12 párrafo 1° refiere al orden público, de la siguiente manera: «Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público», donde en materia de derecho del trabajo el orden público absoluto es la regla y la autonomía de la voluntad se encuentra restringida para asegurar la vigencia del principio protectorio, a diferencia del derecho civil donde rige el principio de autonomía de la voluntad.

Lorenzetti en su comentario a este artículo (con cita a Norbert Reich y Georges Ripert) afirma que la novedad de este artículo es su ubicación metodológica dentro del título preliminar, lo que le otorga un rango general que influye en todo el ordenamiento (8). Refiere también, dentro de los ejemplos de orden público que menciona, al orden público de protección al más débil, en los siguientes términos: «las partes pueden haber emitido correctamente su declaración pero hay una vulnerabilidad económica o cognoscitiva que lleva a proteger a la parte más débil. La intervención tiene vocación de permanencia; no es coyuntural o transitoria. No es una intervención que distorsiona la autonomía, sino que la mejora, fortaleciendo la igualdad. Por ello es una garantía procesal y objetiva en la igualdad de oportunidades para expresar la voluntad. Un claro ejemplo son las normas de tutela del consumidor» (9). Y que más significativo y claro aún que las normas del derecho del trabajo.

Nótese que el art. 963 habla de «prelación normativa» y establece que:«Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código; b) normas particulares del contrato; c) normas supletorias de la ley especial; d) normas supletorias de este Código». Este artículo está inserto dentro del Libro Tercero: Derechos personales, Título II (contratos en general), capítulo I, disposiciones generales. Probablemente la existencia de este artículo puede encontrarse en que el código no pretendió abarcar todo el campo del derecho civil y comercial, máxime teniendo en cuenta la coexistencia de leyes o estatutos especiales (tal el objeto del presente trabajo).

Y una vez más, el valladar infranqueable del orden público laboral, tal como apuntara más arriba.

Para tener en cuenta.

Otro artículo por demás de interesante, también en el título preliminar, que podrá ser utilizado en el campo del derecho del trabajo es el 11: abuso de posición dominante: «Lo dispuesto en los artículos 9º y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales». Los artículos 9 y 10 tratan del principio de buena fe y del abuso del derecho, respectivamente.

Si bien esta incorporación tuvo en miras la protección de bienes de incidencia colectiva como lo es la competencia, no es menos cierto que el derecho laboral también se haya consagrado en la Constitución Nacional, por lo que, llegado el caso, podría ser una herramienta útil y eficaz para complementar la protección de los trabajadores, obviamente, cuanto se encuentren configurados los supuestos de ley.

La comisión redactora al elevar el proyecto al Poder Ejecutivo aclara que se refiere a la posición en el mercado y no a todo supuesto de posición dominante en las relaciones humanas.Señalan Herrero y Caramelo en su comentario a este artículo, que la posición dominante como la que posibilita que un determinado prestador o conjunto de prestadores se abuse de su posición de fortaleza en la relación establecida con un sujeto que se encuentra en situación de debilidad jurídica, social o económica, la que también puede darse cuando la naturaleza de las relaciones y circunstancias en las que se proporcionan las prestaciones generan un fenómeno de cautividad o de vulnerabilidad en quien las recibe. Así, continúan expresando que: «La incorporación de este concepto jurídico al Código permite considerar que se ha operado una ampliación de supuestos con relación a lo previsto en la norma de regulación del mercado que hasta ahora lo contenía. Ello permite sostener que no es requisito del abuso de posición dominante en el mercado el que ella provenga del ejercicio injusto realizado por una gran empresa o sistema prestacional sino que también puede darse en relaciones de menor despliegue en el mercado pero de gran incidencia particular, como las establecidas entre locador y locatario en un mercado donde existe escasez de vivienda»(10).

Insisto, esto podría llegar a ser de gran utilidad en el campo del derecho del trabajo, en situaciones donde podría observarse este abuso de posición dominante, con las características propias de esta rama del derecho (valga mi insistencia), requiriéndose del trabajador o grupo de trabajadores damnificados, indicios fuertes que corroboren la existencia de estos abusos.Claro es que requerir la prueba asertiva del dolo sería prueba imposible, casi diabólica (similar a pretender la de la efectiva acreditación de un acto de discriminación, materia esta sobre la que se ha expedido ya la Corte Suprema y tribunales inferiores), impidiendo la aplicación de esta norma.

A modo de colofón.

No puede pensarse que la constitucionalización del derecho privado (con todo lo que esto implica por la importancia de las fuentes que incorpora) pueda llevar a la desprotección de los trabajadores, sujetos estos – como expresara al inicio – de preferente tutela constitucional, emanado de la propia Constitución Nacional, art. 14 bis y de la normativa con jerarquía supra constitucional (art. 75 inc. 22 CN).

Una interpretación diferente implicaría echar por tierra el paradigma mismo y razón de ser del derecho del trabajo: la hiposuficiencia del trabajador, lo que importaría un retroceso inaceptable y contradictorio incluso con los fines tenidos en miras con la sanción del CCyCN.

Si con la reforma se puso énfasis en la igualdad, no discriminación, en la constitucionalización de derechos ya mencionada, en la inclusión (amén de la seguridad en las transacciones comerciales) y la clara vocación de ampliar derechos, deberá extenderse esta protección y no limitarla. La tutela del trabajador nunca podría ser avasallada por el derecho general.

Esta será sin duda, la ardua y creativa tarea de los jueces, quienes deberán resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción teniendo en cuenta estos principios (mediante decisión razonablemente fundada).

Muchos interrogantes, posibles soluciones, a poco más de un año de su vigencia.

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(1) Código Civil y Comercial de la nación – Comentado. Directores: MARISA HERRERO, GUSTAVO CARAMELO, SEBASTIÁN PICASSO; 1ra. Edición, Infojus, 2015, p. 7.

(2) RICARDO LUIS LORENZETTI, «Código civil y comercial de la Nación – comentado», Rubinzal Culzoni Editores, 1ra. Edición 2014, Tomo 1, p. 25.

(3) NÉSTOR A.CAFERRATTA, «Derecho ambiental en el Código Civil y Comercial de la Nación», Suplemento Especial Nuevo Código Civil y Comercial, 17/11/2014, p. 273 y ss., AR/DOC/3833/2014.

(4) «Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud SA», Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 7 de diciembre de 2010; CSJN-Fallos, 327:3753, MJJ60239 .

(5) CÉSAR ARESE, «Visión laboral del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado de la Nación», Revista de Derecho Laboral Actualidad, RC D 3915/2012; rubinzalonline.

(6) JOSEP AGUILÓ REGLA, «La derogación en pocas palabras», Anuario de Filosofía del Derecho XI, 1994, p. 407-418, Alicante; en google académico.

(7) JUAN J. FORMARO, «Incidencias del Código Civil y Comercial, N° 11 Derecho del Trabajo», Dirección Alberto J. Bueres; 1ra. Edición 1ra. Reimpresión, 2015, Hammurabi, José Luis Depalma editor, p. 32.

(8) Ob. cit., p. 71.

(9) Ob. cit., p. 69.

(10) Ob. cit., p. 40.

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.