Responsabilidad de la empresa de subterráneos por el fallecimiento de un pasajero arrollado, luego de que le arrebataran el celular

Partes: Holzcan Claudio Esteban y otro c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 14-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-107731-AR | MJJ107731 | MJJ107731

Responsabilidad de la empresa de subterráneos por el fallecimiento de un pasajero luego de que le arrebataran el celular y luego ser arrollado por el propio tren, a raíz del deficiente sistema de seguridad de las puertas. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la empresa concesionaria del servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires por el fallecimiento del hijo de los actores cuando un maleante le arrebató su teléfono celular y luego de un forcejeo su cuerpo quedó retenido golpeando contra las paredes del túnel, cayendo a las vías y resultando arrollado por el propio tren, toda vez que dicho resultado no solo fue previsible -en abstracto- sino también evitable en concreto porque no fue consecuencia del accionar del delincuente sino del deficiente sistema de seguridad con el que circulaban los trenes al momento del hecho, en tanto si alguien trababa las puertas con algún elemento o con el pie la puerta queda medio abierta pero el tren seguía su camino igual.

2.-Aun cuando a diferencia de lo que ocurre en materia de intereses compensatorios (art. 767 del nuevo Código Civil y Comercial), la previsión del artículo 768 del citado cuerpo legal no contempla en forma expresa la facultad judicial de fijar la tasa de interés moratorio para el caso en que no sea acordada por las partes (inc. a) o no se encuentre prevista en disposiciones especiales (inc. b), tal facultad judicial -que en el hoy derogado Código Civil (art. 622 ) asistía a los jueces- debo considerarla subsistente.

3.-El artículo 768 del Código Civil y Comercial no dispone que el Banco Central es quien fija las tasas, sino que establece que entre las establecidas de acuerdo a su reglamentación -no de acuerdo a sus tasas- se determinará la que es aplicable.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, reunidas en acuerdo las señoras juezas de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Holzcan, Claudio Esteban y otro c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 475/486 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. GUISADO, CASTRO y UBIEDO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:

I. La sentencia dictada a fs. 475/86 y sus aclaratorias de fs. 492 y 497 admitió la demanda y condenó a Metrovías SA y Nación Seguros a pagarle a Claudio Esteban Hozlcan y Noemí Graciela Romero la suma de Pesos Un Millón Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos ($ 1.147.400) con más sus intereses y costas del proceso. Contra la misma se alzan las condenadas quienes expresaron agravios a fs. 500/02 y fs. 504/09 habiendo sido contestado a fs. 511/14 y fs. 516/22 los pertinentes traslados conferidos, sin que la presentación de fs. 527/8 pueda considerarse como “adhesión” tal como se pretende a los agravios vertidos por la citada en garantía, atento el principio de preclusión procesal. Según surge del relato de la demanda el hecho que motiva la presente tuvo lugar el día 30 de octubre de 2011 en la estación Castro Barros de la línea A del subte en ocasión de un robo y arrebato. Refieren los actores que ese día su hijo viajaba en el citado subte con dirección a la estación Primera Junta y dentro de la formación fue sorprendido por un maleante que le arrebató su teléfono celular.Allí se produjo un forcejeo en la línea de la puerta de acceso al vagón, que era mantenida abierta por el ladrón con su pie para su huida. En tal circunstancia el delincuente soltó violentamente la puerta y su hijo quedó atrapado en el momento que la formación iniciaba su desplazamiento. El cuerpo de aquél quedó retenido golpeando contra las paredes del túnel, cayendo a las vías y resultando arrollado por el propio tren. La Sra. magistrada de grado luego de encuadrar jurídicamente la cu estión y analizar las constancias probatorios aportadas en la causa admitió la demanda por considerar que se encuentra probado que el fallecimiento de la víctima no solo fue previsible -en abstracto- sino también evitable en concreto porque no fue consecuencia de del accionar del delincuente sino del deficiente sistema de seguridad con el que circulaban los trenes de la línea A al momento del hecho. Se queja así la citada en garantía por la tasa de interés dispuesta, y la demandada respecto de la responsabilidad atribuida y los montos indemnizatorios acordados por distinto rubros objeto del reclamo.

II. Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad resulta aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada). Así las cosas trataré liminarmente los agravios vertidos sobre la responsabilidad atribuida a Metrovías SA y en los términos del art. 118 de la ley 17418 a su citada en garantía.Desde ya puedo adelantar que infructuosos resultan los argumentos que esgrime y pretenden endilgar al accionar del delincuente la causa del fallecimiento del hijo de los actores, ello es así porque todo lo expresado acerca de la existencia de una persona no identificada que habría sido el responsable del suceso, no puede constituir agravios alguno si se tiene justamente en cuenta que la a quo no consideró tal episodio para condenar a la recurrente. De allí que si resulta o no vinculante el informe encomendado por SBASE efectuado durante la vigencia del contrato de concesión del servicio del Estado Nacional, no aparece como un elemento relevante para dilucidar la responsabilidad de la recurrente. Menos aún las disquisiciones que se pretende realizar con relación al poder de policía y su delegación o no en citado contrato. Es que ha quedado acreditado -pese al esfuerzo dialectico de la misma- que los trenes circulaban de forma defectuosa. Ello puede advertirse no solo del testimonio de Candia sino de los propios empleados de la demanda (motorman y guarda). La primera de las nombradas con claridad (ver fs. 105/6 de la causa penal) da cuenta de la secuencia de los hechos por haberlo presenciado. Expresó que ese día subió en la estación Congreso con dirección a Carabobo y que el señor que le robó a la víctima compró el boleto antes que ella. Se subieron más o menos al tercer vagón de atrás para adelante, y pudo ver que la puerta no se cerraba porque la estaba trabando con el pie. Continúa diciendo que el subte avanzaba en las estaciones y el “tipo” hacía lo mismo de una puerta y la de enfrente dado que cambiada el lado del andén.Así cuando arranca en la estación Castro Barros hacia la parada siguiente abrió la puerta, colocó lo que supone era un diario o una revista enrollada entre las puertas, se dio vuelta le sacó al chico que estaba sentado atrás suyo un aparato que le pareció un celular que tenía en sus manos y el señor se tiró del vagón cuando ya estaba en movimiento. Atrás lo siguió el chico al que le había robado, abrió la puerta, pero cuando estaba saliendo se cerraron y al chico se le trabó la mochila que llevaba. Vio como tiró de la misma para desengancharse, pero cuando lo logró se enganchó el pie en la puerta y al llegar al túnel se cayó y no lo vio más. Al llegar a la estación siguiente dieron aviso a la boletería. Lo expuesto no admite cuestionamiento alguno acerca del funcionamiento defectuoso del servicio, lo que se ve reafirmado por la declaración de Díaz (fs. 51 de la misma causa)- el motorman- quien dijo que si alguien traba las puertas con algún elemento o con el pie la puerta queda medio abierta pero el tren sigue su camino igual. Agregando a su vez que “muchos punguista saben cómo actuar”. En similares términos declara Ceverizzo – empleado de la empresa, quien refirió que las puerta no cierran herméticamente y si alguien las traba el tren sido su camino (ver. Fs. 118/9 de la causa penal). Tal exposición efectuada a pocos días del ocurrido el hecho, no puede verse menoscabada por la prestada a fs. 281/2 en las presentes actuaciones tal como sostiene la recurrente. Si bien en esta última el testigo dijo que no es posible que el tren circulara con las puertas abiertas, no menos cierto es que refiere al final de la respuesta a la pregunta 23 que hubo veces en las que los punguistas trababan la puerta o se apoyaban sobre la hoja y la puerta quedaba abierta.Esto ocurre en el andén cuando la en la estación el tren empezaba a carretear. Es más explica que pese a poner en posición de cierre, aquellos trababan las puertas (ver fs. 283).

Sin duda la recurrente pretende darle un sentido distinto al señalar en forma parcial los dichos del testigo que no hacen más que reforzar el servicio defectuoso que prestaba la operadora en tal oportunidad. Menos trascendencia puede dársele a los dichos de Godoy (ver fs. 284) que refieren que la víctima habría saltado por la ventana, circunstancia poco probable, que no sólo no ha sido reforzada por ningún medio de prueba, sino que además se contrapone con la elocuencia y precisión del relato de Candia. La descripción es tan clara que ninguna objeción puede hacerse al análisis efectuado por la Sra. magistrada quien expresamente estableció la relación causal entre la muerte del joven y el servicio mal prestado de la línea de subte A. Por ello no puede controvertir tal conclusión la existencia de un hecho de un tercero por quien no debe responder. Igual temperamento corresponde adoptar al argumento vertido por la condenada respecto a que no sería vinculante el informe presentad por Metro de Barcelona, acompañado por SBASE (ver fs. 235). De éste surge que los trenes de la línea A deberían ser sacados del servicio. Más allá de ser o no vinculante, no puede negarse que pierde importancia la circunstancia de que al momento del hecho se encontraba vigente el contrato de concesión con el Estado Nacional, si a la fecha del traspaso de tal servicio continuó siendo operado por Metrovías SA y efectivamente se sacaron de servicio los vagones de dicha línea y se cambiaron por otros que tuvieran distintas medidas de seguridad.Caeríamos en el absurdo de pensar que si se trataba del Estado Nacional la demandada estaba habilitada a prestar un servicio que no cumpla con las medidas mínimas de seguridad de sus pasajeros, mientras que a partir del traspaso ello ya no era posible. Claramente tal argumento no ayuda en absoluto a deslindar su responsabilidad en el hecho. En razón de lo expuesto, porque cada circunstancia introducida en la expresión de agravios se encuentra contrarrestada por la realidad que emerge del material probatorio, es que las quejas no serán admitidas.

III. Se agravia la misma parte por los montos indemnizatorios acordados en la pieza cuestionada. Al respecto cabe recordar que que el art. 265 del CPCC dispone que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonaba de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas “Critica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio, lo de razonada alude a los fundamentos, bases y substanciaciones del recurso. Razonamiento coherente que demuestre a la vez, el desacierto de los conceptos contenidos en la sentencia que se impugna” (conf. CNCiv Sala D in re “Micromar SA de transportes c/ MCBA del 12-9-79, D 86-442). Se trata de un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida para demostrar su injusticia. Pero si el recurrente no realiza una evaluación o critica de las consideraciones que formula el anterior sentenciante, sino que expresa un simple disenso con lo decidido con argumentos que no intentan rebatir los fundamentos tenidos en mira para decidir la cuestión, la expresión de agravios no reúne los requisitos establecidos por la citada norma legal (CNCiv Sala H 13.2.06 “Pasolli Jorge c/ Camargo Roberto y otro” La Ley on line) y debe declararse desierta. El apelante debe poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho, que contenga la sentencia, y la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo.Debe pues cumplir la imperativa disposición del art. antes citado. No cumple en absoluto tal requisito el sostener que no corresponde la fijación de dichos montos en base a pautas establecidas en el nuevo código, pues ello no es suficiente para demostrar el desacierto de los mismos en relación a la variables utilizadas por la aquo para arribar a la partida en cuestión, si no fueron expresamente cuestionadas y solo han sido admitidas en forma indiciaria como allí se menciona. La generalidad con la que se expresa el presunto agravio no cumple con el requisito de la crítica concreta que exige el mencionado artículo. Menos aún puede agraviarse de los montos correspondientes al daño moral y gastos médicos, solo indicando que resultan excesivos sin explicar la razón de su afirmación. Reitero que no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso, toda vez que la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido y, para que cumpla su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es errónea o contraria a derecho (CNCiv Sala B 14-8-02 “Quintas González Ramón c/ Banco de la Ciudad de Buenos aires2 LL 2003-B-57). En razón de ello es que desestimaré las quejas bajo estudio.

IV. Se queja finalmente la citada en garantía por la aplicación de la tasa activa promedio conforme doctrina del fallo Samudio, desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta su efectivo pago. La misma solo será admitida parcialmente por las razones que expondré. Esta Sala no soslaya que la ley 26.853 de creación de las Cá- maras Federales de Casación, derogó el art. 303 del Código Procesal (art. 12 de la citada ley), norma ésta que asigna fuerza obligatoria a la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria.No obstante y sin perjuicio de la postura que se adopte sobre la vigencia temporal de tal derogación, lo cierto es que es criterio de esta Sala (cfr. “Aguirre Lourdes Antonia c/ Transporte Automotores Lanús Este S.A. s/ daños y perjuicios” del 17 de marzo de 2009 y sus citas; “Martínez, Eladio Felipe c/Díaz, Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios” del 15 de marzo del año 2013, entre otros), que desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8% anual, como tasa pura dado que resulta suficientemente compensatoria pues se está ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales, y de allí en más la tasa activa promedio que publica el banco de la nación Argentina, hasta su efectivo cumplimiento.-

Esa interpretación ha sido recientemente sostenida en doctrina (cfr. Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación, t. V, pág. 158, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As. 2015).- Ahora bien, debo señalar que lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 27.077 -que modificó el artículo 7 de la ley 26.994, anticipando la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial sancionado por esta última ley al día 1° de agosto de 2015-, exige definir si tal solución resulta afectada por las previsiones contenidas en el Código Civil aprobado por la ley 340 o por las del referido Código Civil y Comercial.- Desde antiguo se ha señalado que el crédito que versa sobre los intereses no brota íntegro en un momento determinado, sino que nace paulatinamente, pro rata temporis, mientras el crédito principal los produzca (A. Von Tuhr, Tratado de las obligaciones, Edit. Reus S.A., Madrid, 1ª edición, 1934, traducido del alemán y concordado por W. Roces, T° I, pág. 47, núm.9).-

Es que los intereses son, como en doctrina se los ha conceptuado, “aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno, o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de obligación dineraria” (Busso, Eduardo B., Código Civil anotado, Ediar S.A. Editores, Buenos Aires, 1951, T° IV, Obligaciones, pág. 268, núm. 4), lo que explica que también se los haya reputado “frutos civiles del capital” (Salvat, Raymundo M., Tratado de derecho civil argentino, Obligaciones en general, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1952, 6ª edición actualizada por Enrique V. Galli, T° I, pág. 421, núm. 481), que se devengan con el transcurso del tiempo. El factor tiempo es, pues, fundamental, como también lo es, por ejemplo, en materia de prescripción, de ausencia con presunción de fallecimiento, etcétera.- Ello me permite señalar que los intereses devengados durante el imperio del Código Civil, se rigen por esa ley anterior, en tanto que los que lo sean a partir del 1° de agosto de 2015, estarán alcanzados por las previsiones contenidas en el Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994, dado que constituyen consecuencias de una situación jurídica anterior (art. 7 del Código Civil y Comercial, en este aspecto de redacción similar al art. 3 del Código Civil), lo que excluye la posibilidad de considerar que media un derecho adquirido y que, por tanto, su eventual modificación por la nueva ley es susceptible de afectar el derecho de propiedad.- Tiénese en cuenta, asimismo, que como lo destacó el juez Mayo, la cuantía de la tasa “está en relación directa con el interés del dinero en una época dada, esto es la que corre en cada tiempo en el que el acreedor se ve privado de su capital y no el del momento en que la obligación nació” (cfr.CNCiv., Sala H, su voto del 24 de abril de 2009, in re, “Northlands Asociación Civil de Beneficencia c. Solari, Claudia s/ Cobro de sumas de dinero” ).-

En el caso, aun cuando a diferencia de lo que ocurre en materia de intereses compensatorios (art. 767 del nuevo Código Civil y Comercial), la previsión del artículo 768 del citado cuerpo legal no contempla en forma expresa la facultad judicial de fijar la tasa de interés moratorio para el caso en que no sea acordada por las partes (inc. a) o no se encuentre prevista en disposiciones especiales (inc. b), tal facultad judicial -que en el hoy derogado Código Civil (art. 622) asistía a los jueces- debo considerarla subsistente.- El principio general en materia de intereses moratorios está contemplado en la primera parte del artículo 768 citado, a tenor del cual “[A] partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes”. Desde esta perspectiva ninguna duda cabe que la mora genera intereses que precisan ser determinados. La cuestión se reduce entonces a decidir quién debe determinarlos.- En este sentido, el artículo 768 establece que “[L]a tasa se determinará: . c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.- La poca claridad de la disposición legal citada parece evidente. En primer lugar, luce poco adecuado indicar que la tasa se determinará por tasas que se fijen de acuerdo a una reglamentación. Pero fundamentalmente, la norma está redactada en forma impersonal, estableciendo las pautas de acuerdo a las cuales habrán de fijarse esos réditos moratorios pero sin atribuir a sujeto alguno su determinación.- Huelga decir la importancia del tema, dado el vasto ámbito del derecho en el que no existe ni convención de partes ni previsión legal.Tal el caso de las indemnizaciones resultantes de la violación del deber de no dañar -actos ilícitos-.- La cuestión se encontraba contemplada en forma expresa en el derogado Código Civil, cuyo artículo 622 disponía expresamente que estos accesorios -supuesto de no resultar de la convención o de las leyes especiales- ser- ían determinados por los jueces.

En cambio, reitero, la nueva disposición -artículo 768 del Código Civil y Comercial- sólo dispone que ellos se deben y que para el supuesto de ausencia de convención y le corresponderá aplicar “tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central” (el énfasis es agregado). De forma impersonal entonces difiere su fijación a sujetos indeterminados y sólo indica las pautas a tenor de las cuales tal tarea debe cumplirse -las reglamentaciones del Banco Central-. Aun cuando una primera lectura pudiera sugerir -por cierto equivocadamente- que es al Banco Central a quien le toca establecer la tasa moratoria en tal supuesto, no parece que esta conclusión pueda compartirse. No desconozco que ha sido sostenida en doctrina (Ossola en Lorenzetti, op. cit, pág. 144; Márquez, José Fernando, “Las obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil y Comercial”, publicado en La Ley, T° 2015-B, pág. 606), pero no la comparto por las razones que expondré. En primer lugar, porque no es un hecho aceptado que las decisiones sobre este punto tengan sin más efectos macroeconómicos como se sostiene en el segundo trabajo citado (ver en este sentido, Barbero, Ariel Emilio, Intereses monetarios, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, núm. 18, pág. 52). Y aun cuando así fuera, tal influencia podría predicarse de múltiples decisiones judiciales que no por eso se difieren a las autoridades monetarias.- Pero más allá de ello no es esa la interpretación que resulta del texto legal citado.El artículo 768 del Código Civil y Comercial no dispone que el Banco Ce ntral es quien fija las tasas, sino que establece que entre las establecidas de acuerdo a su reglamentación -no de acuerdo a sus tasas- se determinará la que es aplicable. En este sentido resulta ilustrativo la lectura de la normativa del Banco Central de la República Argentina en la materia -Tasas de Interés en las operaciones de crédito, última comunicación incorporada: “A” 5771, texto ordenado al 2 de julio de 2015, publicado en http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-tasint.pdfque revela la normativa a la que las entidades financieras deben atenerse en las distintas operaciones, a la que parece aludir la nueva previsión legal. En este sentido entiendo que la disposición legal (art. 768) no guarda la analogía que el citado autor predica en la nota número 19 de su trabajo con lo dispuesto por el artículo 8 del decreto 529/91, en tanto no dispone -como sí lo hacía ese decretoque el Banco Central publicará una tasa para uso judicial.- En esas condiciones, y frente a la indeterminación legal del sujeto que debe fijar la tasa de interés, considero que no parece adecuado sostener que esa tarea le esté vedada al juez.- Es dable recordar que es regla de interpretación de las leyes la de dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos de manera que armonicen con el resto del orden jurídico y las garantías de la Constitución Nacional.

Ese propósito no puede ser obviado por los magistrados con motivo de sus posibles imperfecciones técnicas, toda vez que ellos en cuantos servidores del derecho para la realización de la justicia no deben prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de la norma.La exégesis de la ley requiere pues de la máxima prudencia y cuidar que la inteligencia que se le asigne no lleve a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor formal de los razonamientos desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción. En esta tarea no es siempre recomendable atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional (Fallos 307:1018; 315: 158).-

Tales principios conduce en el caso a sostener la facultad judicial de fijar la tasa en los supuestos a los que alude el inciso c] del artículo 768. En primer lugar, tal temperamento no resulta ajeno a la economía del Código Civil y Comercial, que contempla esa solución para el caso de los intereses compensatorios (art. 767), reconoce la facultad judicial de morigerarlos (art. 771) y la de fijar intereses adicionales a los legales en ciertos supuestos (art. 552). En segundo término, porque la que entiendo incuestionable imprecisión técnica en la redacción de la norma no autoriza a desnaturalizar la finalidad que ha perseguido la norma que consiste en “disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso” (cfr. Zannoni, Mariani de Vidal, Zunino, Shina, Ramos, Kemelmajer de Carlucci, Código Civil y Comercial de la Nación Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del PEN, Edit. Astrea, Buenos Aires, 2015, págs. 245 y sigte.). Esa necesidad de mayor flexibilidad en la materia y las consecuentes facultades judiciales ha sido reconocida en materia de reducción de intereses pactados (Ossola en Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación, t. V, pág. 154, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As. 2015), lo que resulta difícil de compatibilizar con la ausencia de facultades judiciales para su determinación por parte de los jueces ante la ausencia de convención o previsión legal especial.Por lo demás, parece obvio que no es una tasa general del Banco Central la que puede otorgar esa flexibilidad que atienda a los “supuestos de hecho muy diversos” (Zannoni y otros, op. y loc. cit.) con la aludida flexibilidad; la tarea es propia de los jueces, únicos encargados de decidir esos diversos supuestos en forma individual.- Lo contrario importaría desentenderse no sólo de la finalidad de la norma sino también de la razonabilidad de la interpretación, extremos que como es sabido no pueden presidir la labor interpretativa (Fallos 302:1611; 302:1284 entre muchísimos otros).-

Puestos ya a determinar la tasa aplicable a partir del 1° de agosto del corriente año, no parece prudente apartarme de la activa que esta Sala venía aplicando de acuerdo al fallo plenario antes citado. Es que más allá de que esas decisiones se hayan originado en la interpretación de una disposición legal hoy derogada -art. 622 del Código Civil- lo cierto es que los argumentos recién expuestos me permiten trasladar las conclusiones de aquella exégesis a la que corresponde asignar a las normas actuales, máxime si se repara en que las tasas del Banco Nación deben suponerse acordes a la reglamentación del Banco Central.- En consecuencia propicio en la medida del agravio, en el cual se solicita la aplicación de la tasa pasiva, que se modifique ese punto y se fije dicha tasa desde el evento dañoso hasta el decisorio recurrido y a partir de allí la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina establecida en el fallo en recurso. Por todo lo expuesto voto porque: I) se liquiden los intereses conforme las pautas anteriormente señaladas y II) se confirme la sentencia en todo lo que manda y fuera materia de agravios, con costas a las recurrentes perdidosas atento que la falta de uniformidad de criterios acerca de los intereses impide calificar el resultado como vencedor (art. 68 del ritual). Por razones análogas, las Dras.CASTRO y UBIEDO adhieren al voto que antecede. Con lo que terminó el acto. Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.-

Maria Laura Ragoni

Secretaria

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1°) Modificar la sentencia en cuanto al cómputo de los intereses que deberán liquidarse conforme las pautas del considerando IV. II) Se la confirme en todo lo que manda y fuera materia de agravios. III) Se impongan las costas a las recurrentes perdidosas atento que la falta de uniformidad de criterios acerca de los intereses impide calificar el resultado como vencedor (art. 68 del ritual) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Paola M. Guisado

Patricia E. Castro

Carmen N. Ubiedo