La imposición de un sorteo en una etapa intermedia del proceso de selección para cargos públicos no viola el art. 16 de la CN

Partes: Galindez Nicolás Emanuel c/ Ministerio Público Fiscal de la Nación s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 9-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-107768-AR | MJJ107768 | MJJ107768

La imposición de un sorteo en una etapa intermedia del proceso de selección para cargos públicos no resulta violatoria del art. 16 de la Constitución Nacional.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 51, 52 Y 53 del Reglamento para el Ingreso Democrático e Igualitario al Ministerio Público Fiscal de la Nación, dictado con sustento en la Ley 26.861 , dado que el régimen establecido para el acceso a un cargo de empleado mediante sorteo a través de la Lotería Nacional, requiere que los postulantes que integrarán dicha lista hayan aprobado un examen con una calificación mínima de sesenta puntos sobre cien, exigencia que satisface por sí el requisito de idoneidad del art. 16 de la CN.

2.-La circunstancia de que no se confiera prioridad a los postulantes que hayan obtenido el mayor puntaje -debido al sorteo posterior que se prevé- no supone ningún tipo de discriminación, en tanto aquellos, como todos los postulantes que hubieran sido aprobados, tienen idénticas posibilidades de ser designados.

3.-Si bien el art. 16 de la CN. determina como presupuesto o condición de acceso para el ingreso a los empleos estatales que el candidato sea idóneo para la labor que debe desempeñar, ello no implica que deba preferirse, entre varios candidatos, a aquel que demuestre tener la mayor capacidad intelectual o técnica, ya que no ha consagrado el derecho exclusivo del más capacitado de los aspirantes, sino, simplemente, el derecho de todos los que reúnan las exigencias mínimas de idoneidad que se hubieran previsto; todos ellos son, en palabras de la Constitución, ‘admisibles en los empleos’.

4.-No se advierte que el reglamento aprobado por la res. PGN 507/14 constituya un medio irrazonable en relación a los fines perseguidos en la Ley 26.861, pues al no haberse previsto en esta que la selección se hiciera sobre la base de las mejores calificaciones, la autoridad de aplicación bien pudo disponer que se elija al candidato entre los diez que -previa aprobación de los exámenes- hubiesen resultado favorecidos por el sorteo.

5.-La decisión de dar iguales chances a todos los postulantes que alcancen o superen el puntaje necesario, no constituye un indebido privilegio de persona o grupo alguno, sino, simplemente, la elección de un conjunto homogéneo de personas cuyo rasgo en común es la idoneidad para el empleo; lo cual cae dentro de las posibilidades que la cláusula constitucional deja libradas a la prudente discreción del legislador.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017

Vistos los autos: “Galindez, Nicolás Emanuel c/ Ministerio Público Fiscal de la Nación s/ amparo ley 16.986”.

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, al revocar la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 51, 52 Y 53 del Reglamento para el Ingreso Democrático e Igualitario al Ministerio Público Fiscal de la Nación, aprobado por resolución PGN 507/14 de la Procuración General de la Nación -dictado con sustento en la ley 26.861- y, en consecuencia, declaró que el actor tiene derecho a una entrevista con “el titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación subsede Jujuy” en caso de que se produjera una vacante en el agrupamiento “Técnico Administrativo” durante la vigencia del concurso n° 62, en el que, el demandante resultó calificado en primer lugar.

Contra esta sentencia, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Fiscal General subrogante ante la cámara interpusieron sendos recursos extraordinarios, que fueron concedidos por haberse cuestionado la validez constitucional del reglamento aludido y debatirse, además, el alcance de normas de índole federal.

2°) Que para así decidir, la cámara señaló que los mencionados articulas del reglamento desvirtúan el requisito de “idoneidad” contemplado en el art. 16 de la Constitución Nacional como condición de acceso a los empleos estatales, porque prevén que el candidato se elija entre las diez personas resultantes de un sorteo practicado por la Lotería Nacional S.E.sobre un grupo de cien postulantes que hubiesen aprobado, con sesenta puntos o más, las pruebas de “conocimientos teóricos” y “conocimientos prácticos de informática”.

Expresó que la ley 26.861 dejó librado al prudente arbitrio de la autoridad de aplicación recurrir a un sistema de ingreso aleatorio por sorteo; no obstante ello, en el reglamento bajo estudio se admitió que el azar es el que establecerá el orden de selección. De este modo -indicó el tribunal- “el listado de personas a las que se somete a Lotería Nacional (.)., lejos de consti tuir un grupo de postulantes homogéneo, es lo contrario, por encontrarse en desigualda9 de condiciones, en tanto (.). han acreditado con la calificación del examen una distinta performance”.

Destacó que no es razonable acudir a un mecanismo presidido por el azar, entre un número apreciable de candidatos, para poner en pie de igualdad a los favorecidos de ese modo, ya que ello no exhibe justificación racional alguna sino solo fortuita, lo que convierte en arbitrario el régimen.

La cámara puso de relieve, además, que, en contraposición con la reglamentación cuestionada, para el ingreso al agrupamiento “Técnico Jurídico” se previó, en cambio, que la entrevista y posterior selección se haría entre los veinte mejores calificados, que es un conjunto acotado en función de las calificaciones obtenidas (conf. arts. 63 y 64 del reglamento).

Por estas razones, concluyó que el régimen establecido en el reglamento para el ingreso en el agrupamiento “Técnico Administrativo” se aparta de la ley 26.861 Y transgrede la garantía de igualdad ante la ley y el principio de idoneidad establecidos en el art. 16 de la Constitución Nacional.

3°) Que existe cuestión federal bastante para la admisibilidad formal de ambos recursos extraordinarios, por cuanto los agravios de los recurrentes ponen en tela de juicio la inteligencia que corresponde atribuir a una cláusula constitucional -el art.16 de la Constitución Nacional- y a normas federales de inferior jerarquía y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria a la validez de los derechos que los apelantes sustentaron en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48 y art. 6° de la ley 4055) .

4°) Que, en primer término, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de gravedad institucional que debe ser considerada como la ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 288:325; 292:190; 302:457). Por su parte, el control de constitucionalidad que incumbe a los tribunales no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos: 300: 642), puesto que existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a este apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiere obrado el cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene misión sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley, y aun en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la leyes dura o injusta (Fallos: 68:238).

5°) Que el art. 16 de la Constitución Nacional prescribe:

“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

La previsión que declara a todos los habitantes admisibles en los empleos “sin otra condición que la idoneidad” es consecuencia de la garantía de igualdad contenida en la misma cláusula, y tiene por finalidad excluir cualquier privilegio fundado en prerrogativas de sangre o de nacimiento (conf. Montes de Oca, M. en “Lecciones de Derecho Constitucional”, Tomo 11, Editorial Menéndez, 1927, págs. 301 y 302; y González, Joaquín V.en “Manual de la Constitución Argentina”, ed. 1897, págs. 126 y 127).

Determina, además, un presupuesto o condición de acceso para el ingreso a los empleos estatales: que el candidato sea idóneo para la labor que debe desempeñar. Presupuesto que constituye un umbral mínimo que debe superarse, lo cual no impide que la reglamentación establezca criterios de selección más exigentes (doctrina de Fallos: 238: 183 y 307: 2106). En otros términos, de dicha norma no se sigue que deba preferirse, entre varios candidatos, a aquel que demuestre tener la mayor capacidad intelectual o técnica. Ello es así, porque no ha consagrado el derecho exclusivo del más capacitado de los aspirantes, sino, simplemente, el derecho de todos los que reúnan las exigencias mínimas de idoneidad que se hubieran previsto. Todos estos son, en palabras de la Constitución, “admisibles en los empleos”.

En tales condiciones, el legislador -o la autoridad que resulte competente para fijar las condiciones de ingreso a los empleos públicos-, es libre para establecer, por ejemplo, que todos los que superen determinado puntaje son idóneos para acceder al cargo vacante, o que lo son solamente aquellos que alcancen las calificaciones más altas, o idear cualquier otro sistema de evaluación que contemple, en condiciones de igualdad, el requisito constitucional de idoneidad.

En suma, la previsión constitucional solo ha establecido un requisito mínimo, la idoneidad para el empleo, sin el cual todo régimen que no lo contemple será pasible de la tacha de inconstitucionalidad.

6°) Que el art. 23 de la ley 26.861 requiere, para acceder a un cargo de empleado de la menor jerarquía, una calificación mínima de sesenta puntos sobre cien en las evaluaciones sobre conocimientos teóricos y en informática. Por su parte, el art.24 prevé que la autoridad de aplicación elaborará una lista con los postulantes que hayan aprobado tales evaluaciones más el examen psicofísico, y establece que las vacantes “se cubrirán mediante sorteo de todos los integrantes de la lista, que se realizará a través de la Lotería Nacional S.E., en la forma, día y horario que establezca la autoridad de aplicación”.

Como se aprecia, la exigencia de aprobar los exámenes sobre conocimientos técnicos satisface por sí el requisito de idoneidad del art. 16 de la Constitución Nacional. La circunstancia de que no se confiera prioridad a los de mayor puntaje -debido al sorteo posterior que se prevé- no supone ningún tipo de discriminación, en tanto aquellos, como todos los postulantes que hubieran sido aprobados, tienen idénticas posibilidades de ser designados.

7°) Que tampoco se advierte que el reglamento aprobado por la resolución PGN 507/14 constituya un medio irrazonable en relación a los fines perseguidos en la ley -como postula la cámara-, pues, como quedó expresado, al no haberse previsto en esta que la selección se hiciera sobre la base de las mejores calificaciones, la autoridad de aplicación bien pudo disponer que se elija al candidato entre los diez que -previa aprobación de los exámenes- hubiesen resultado favorecidos por el sorteo (art. 51 de la resolución mencionada)

8°) Que, finalmente, cabe destacar que esta Corte ha sostenido que la garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria, ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clase de personas, ni encierra indebido favor o privilegio, personal o de grupo (Fallos:182:355 y sus citas).

En el presente caso, la decisión de dar iguales chances a todos los postulantes que alcancen o superen el puntaje necesario, no constituye un indebido privilegio de persona o grupo alguno, sino, simplemente, la elección de un conjunto homogéneo de personas cuyo rasgo en común es la idoneidad para el empleo; lo cual, como se expresó, cae dentro de las posibilidades que la cláusula constitucional deja libradas a la prudente discreción del legislador.

8°) Que, en síntesis, a juicio de esta Corte el sistema para el acceso a los cargos administrativos diseñado por la ley 26.861 -reglamentada en lo que concierne al Ministerio Público Fiscal mediante resolución PGN 507/14 de la Procuración General de la Nación-, tiene en cuenta la idoneidad de los postulantes en diversas etapas del proceso de selección. Primero, al realizarse una prueba de oposición que permite determinar quiénes accederán a la etapa del sorteo y luego de realizado el sorteo, cuando el titular de la dependencia respectiva procede a seleccionar al candidato (conf. arts. 50 y 52, respectivamente, de la reglamentación citada) Por consiguiente, más allá de su acierto o error, valoración que en nuestro sistema escapa a la competencia de los tribunales, la imposición de un sorteo en una etapa intermedia del mencionado proceso de selección no resulta violatoria del art. 16 de la Constitución Nacional. Tal comprobación es suficiente para hacer lugar a los recursos extraordinarios y rechazar la acción planteada.

Por ello, se declaran procedentes los recursos extraordinarios, se revoca la decisión apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Costas por su orden en atención a las particularidades del caso (art.68, segundo párrafo, del Código Procesal civil y Comercial de la Nación).

Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I.HIGHTON de NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ –

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA

Considerando:

1°) Que la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, al revocar la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 51, 52 Y 53 del Reglamento para el Ingreso Democrático e Igualitario al Ministerio Público Fiscal de la Nación, aprobado por resolución PGN 507/14 de la Procuración General de la Nación -dictado con sustento en la ley 26.861- y, en consecuencia, declaró que el actor tiene derecho a una entrevista con “el titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación subsede Jujuy” en caso de que se produjera una vacante en el agrupamiento “Técnico Administrativo” durante la vigencia del concurso n° 62, en el que el demandante resultó calificado en primer lugar.

Contra esta sentencia, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Fiscal General subrogante ante la cámara interpusieron sendos recursos extraordinarios, que fueron concedidos por haberse cuestionado la validez constitucional del reglamento aludido y debatirse, además, el alcance de normas de índole federal.

2°) Que para así decidir, la cámara señaló que los mencionados artículos del reglamento desvirtúan el requisito de “idoneidad” contemplado en el art. 16 de la Constitución Nacional como condición de acceso a los empleos estatales, porque prevén que el candidato se elija entre las diez personas resultantes de un sorteo practicado por la Lotería Nacional S.E.sobre un grupo de cien postulantes que hubiesen aprobado, con sesenta puntos o más, las pruebas de “conocimientos teóricos” y “conocimientos prácticos de informática”.

Expresó que la ley 26.861 dejó librado al prudente arbitrio de la autoridad de aplicación recurrir a un sistema de ingreso aleatorio por sorteo; no obstante ello, en el reglamento bajo estudio se admitió que el azar es el que establecerá el orden de selección. De este modo -indicó el tribunal- “el listado de personas a las que se somete a Lotería Nacional (…), lejos de constituir un grupo de postulantes homogéneo, es lo contrario, por encontrarse en desigualdad de condiciones, en tanto (.) han acreditado con la calificación del examen una distinta performance”.

Destacó que no es razonable acudir a un mecanismo presidido por el azar, entre un número apreciable de candidatos, para poner en pie de igualdad a los favorecidos de ese modo, ya que ello no exhibe justificación racional alguna sino solo fortuita, lo que convierte en arbitrario el régimen.

La cámara puso de relieve, además, que, en contraposición con la reglamentación cuestionada, para el ingreso al agrupamiento “Técnico Jurídico” se previó, en cambio, que la entrevista y posterior selección se haría entre los veinte mejores calificados, que es un conjunto acotado en función de las calificaciones obtenidas (conf. arts. 63 y 64 del reglamento).

Por estas razones, concluyó que el régimen establecido en el reglamento para el ingreso en el agrupamiento “Técnico Administrativo” se aparta de la ley 26.861 y transgrede la garantía de igualdad ante la ley y el principio de idoneidad establecidos en el art. 16 de la Constitución Nacional.

3°) Que existe cuestión federal bastante para la admisibilidad formal de ambos recursos extraordinarios, por cuanto los agravios de los recurrentes ponen en tela de juicio la inteligencia que corresponde atribuir a una cláusula constitucional -el art.16 de la Constitución Nacional- y a normas federales de inferior jerarquía y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria a la validez de los derechos que los apelantes sustentaron en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48 y art. 6° de la ley 4055) .

4°) Que, en primer término, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de gravedad institucional que debe ser considerada como la ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 288:325; 292:190; 302:457). Por su parte, el control de constitucionalidad que incumbe a los tribunales no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos: 300: 642), puesto que existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a este apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiere obrado el cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene misión sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley, y aun en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la leyes dura o injusta (Fallos: 68:238).

5°) Que el art. 16 de la Constitución Nacional prescribe:

“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

La previsión que declara a todos los habitantes admisibles en los empleos “sin otra condición que la idoneidad” es consecuencia de la garantía de igualdad contenida en la misma cláusula, y tiene por finalidad excluir cualquier privilegio fundado en prerrogativas de sangre o de nacimiento (conf. Montes de Oca, M. en “Lecciones de Derecho Constitucional”, Tomo 11, Editorial Menéndez, 1927, págs. 301 Y 302; y González, Joaquín v.en “Manual de la Constitución Argentina”, ed. 1897, págs. 126 y 127).

Determina, además, un presupuesto o condición de acceso para el ingreso a los empleos estatales: que el candidato sea idóneo para la labor que debe desempeñar. Presupuesto que constituye un umbral mínimo que debe superarse, lo cual no impide que la reglamentación establezca criterios de selección más exigentes (doctrina de Fallos: 238:183 y 307:2106). En otros términos, de dicha norma no se sigue que deba preferirse, entre varios candidatos, a aquel que demuestre tener la mayor capacidad intelectual o técnica. Ello es así, porque no ha consagrado el derecho exclusivo del más capacitado de los aspirantes, sino, simplemente, el derecho de todos los que reúnan las exigencias mínimas de idoneidad que se hubieran previsto. Todos estos son, en palabras de la Constitución, “admisibles en los empleos”.

En tales condiciones, el legislador -o la autoridad que resulte competente para fijar las condiciones de ingreso a los empleos públicos-, es libre para establecer, por ejemplo, que todos los que superen determinado puntaje son idóneos para acceder al cargo vacante, o que lo son solamente aquellos que alcancen las calificaciones más altas, o idear cualquier otro sistema de evaluación que contemple, en condiciones de igualdad, el requisito constitucional de idoneidad.

En suma, la previsión constitucional solo ha establecido un requisito mínimo, la idoneidad para el empleo, sin el cual todo régimen que no lo contemple será pasible de la tacha de inconstitucionalidad.

6°) Que el art. 23 de la ley 26.861 requiere, para acceder a un cargo de empleado de la menor jerarquía, una calificación mínima de sesenta puntos sobre cien en las evaluaciones sobre conocimientos teóricos y en informática. Por su parte, el art.24 prevé que la autoridad de aplicación elaborará una lista con los postulantes que hayan aprobado tales evaluaciones más el examen psicofísico, y establece que las vacantes “se cubrirán mediante sorteo de todos los integrantes de la lista, que se realizará a través de la Lotería Nacional S.E., en la forma, día y horario que establezca la autoridad de aplicación”.

Como se aprecia, la exigencia de aprobar los exámenes sobre conocimientos técnicos satisface por sí el requisito de idoneidad del arto 16 de la Constitución Nacional. La circunstancia de que no se confiera prioridad a los de mayor puntaje -debido al sorteo posterior que se prevé- no supone ningún tipo de discriminación, en tanto aquellos, como todos los postulantes que hubieran sido aprobados, tienen idénticas posibilidades de ser designados.

7°) Que tampoco se advierte que el reglamento aprobado por la resolución PGN 507/14 constituya un medio irrazonable en relación a los fines perseguidos en la ley -como postula la cámara-, pues, como quedó expresado, al no haberse previsto en esta que la selección se hiciera sobre la base de las mejores calificaciones, la autoridad de aplicación bien pudo disponer que se elija al candidato entre los diez que -previa aprobación de los exámenes- hubiesen resultado favorecidos por el sorteo (art. 51 de la resolución mencionada)

8°) Que, finalmente, cabe destacar que esta Corte ha sostenido que la garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria, ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clase de personas, ni encierra indebido favor o privilegio, personal o de grupo (Fallos: 182:355 y sus citas).

En el presente caso, la decisión de dar iguales chances a todos los postulantes que alcancen o superen el puntaje necesario, no constituye un indebido privilegio de persona o grupo alguno, sino, simplemente, la elección de un conjunto homogéneo de personas cuyo rasgo en común es la idoneidad para el empleo; lo cual, como se expresó, cae dentro de las posibilidades que la cláusula constitucional deja libradas a la prudente discreción del legislador.

Por ello, se declaran procedentes los recursos extraordinarios, se revoca la decisión apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segunda parte, de la ley 48) Costas por su orden en atención a las particularidades del caso (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

JUAN CARLOS MAQUEDA