No es responsable el tomador del seguro de responsabilidad civil del accidente de tránsito si no reviste el carácter de titular del dominio del vehículo

Partes: Campos Guillermo Martín c/ Acosta Guillermina s/sobre daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca

Sala/Juzgado: II

Fecha: 7-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-107564-AR | MJJ107564 | MJJ107564
El tomador del seguro de responsabilidad civil no puede ser considerado responsable del accidente de tránsito si no reviste el carácter de titular del dominio del vehículo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el codemandado tomador del seguro de responsabilidad civil en relación al rodado que protagonizó el accidente de tránsito pero que no es propietario de éste, pues el hecho de haber contratado la póliza no lo erige en guardián de la cosa en los términos del art. 1113 del Código Civil ni tampoco es suficiente a tal fin que sea esposo o concubino de quien al momento del accidente conducía el rodado, debido a que carácter de guardián implica un poder de autodeterminación sobre la cosa.

2.-La obligación que el art. 56 de la Ley 17.418 le impone al asegurador de pronunciarse acerca del derecho del cliente supone la vigencia de la cobertura, como lo evidencia el título de la sección 15 en donde se encuentra la norma, el que se refiere a la determinación de la indemnización y, por lo tanto, no es invocable el eventual incumplimiento de ese deber cuando la mora en el pago de la prima originó la suspensión de la garantía.

3.-La conducta de la aseguradora de recibir pagos tardíos de la prima luego de ocurrida la mora del tomador no implica una presunción de crédito tácito ya que recibió recibió esos desembolsos porque eran debidos por el asegurado, pues la prima es única y se debe al inicio de la vigencia del contrato, resultando la concesión de la financiación para su pago una facultad exclusiva de ella y de ese modo, al recibir los abonos tardíos, ejerció su derecho a cobrar una deuda cuyo vencimiento ya había operado.

4.-El art. 768 del Código Civil y Comercial recién es aplicable a partir del momento en que la deuda de valor es cuantificada en dinero, conforme permite concluir el texto del art. 772 , lo cual implica que aquella norma queda circunscripta a las Obligaciones de dar dinero , pues está incluida en el Parágrafo 6° (intitulado justamente Obligaciones de dar dinero ), de la Sección 1ª ( Obligaciones de Dar ), del Capítulo 3° ( Clases de Obligaciones ) del Título I ( Obligaciones en General ) del Libro Tercero ( Derechos Personales ).

5.-Respecto a las obligaciones de valor, es decir, aquellas que no nacieron cuantificadas, si con posterioridad son expresadas en dinero, le serán aplicables recién a partir de ese entonces -y no hacía el pasado- (art. 772, Código Civil y Comercial) las disposiciones generales relativas a las obligaciones de dar dinero -entre ellas, la que refiere a las tasas de interés bancarias-, por lo que desde la mora y hasta su cuantificación, no existe impedimento para que se les aplique una tasa distinta.

Fallo:

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a siete de noviembre de 2017, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Doctores Leopoldo L. Peralta Mariscal y María Cristina Díaz Alcaraz, para dictar sentencia en los autos caratulados “Campos, Guillermo Martín contra Acosta, Guillermina y otros sobre daños y perjuicios” (expediente número 148.677) y, practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal), resultó que la votación debe tener lugar en el siguiente orden: Doctores Peralta Mariscal y Díaz Alcaraz, resolviéndose plantear las siguientes

CUESTIONES

1) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada, dictada a fs. 753/762?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DR. PERALTA MARISCAL DIJO:

A- El asunto juzgado.

A. 1) Guillermo Martín Campos promovió demanda por daños y perjuicios contra Guillermina Silvana Acosta y Hernán Martín Lebed, citando en garantía a Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A.

Señaló que el día 9 de abril de 2010, siendo las 18:00 hs., circulaba por la calle Humboldt de Bahía Blanca en su moto marca Zanella 110, dominio 861 EIY, cuando Guillermina Acosta, a bordo de un automóvil Fiat Uno, giró hacia la izquierda con la intención de ingresar a un garaje ubicado en la vereda opuesta, embistiéndolo a la altura de la rodilla izquierda.

Describió los daños físicos padecidos y la destrucción de su motociclo. Relató su derrotero en el Hospital Penna de esta ciudad y en los distintos consultorios médicos a causa de sus lesiones.

Refirió que, a raíz del suceso, tramitó la I.P.P. nro.9488/2010, caratulada “Campos, Guillermo Martín sobre lesiones culposas”.

Transcribió el intercambio epistolar mantenido con la demandada, destacando que el día 19 de mayo de 2010 recibió una comunicación de la citada en garantía, mediante la cual se le informó el rechazo de la cobertura por la falta de pago del seguro en el último mes, excusa que consideró extemporánea por haber sido formulada pasados los treinta días del reclamo.

Solicitó indemnización por los gastos médicos irrogados y por la incapacidad física parcial y permanente sufrida, considerando sus 34 años de edad, su trabajo como oficial especializado en la construcción y la gravedad de la lesión.

También pidió la reparación del daño moral y de los producidos a su motocicleta. Asimismo reclamó por la privación de uso del rodado y por la desvalorización de su valor venal.

Practicó liquidación, fundó en derecho, ofreció prueba y solicitó que se haga lugar a la demanda, con costas.

A. 2) A fs. 107 se presentó Antártida Compañía Argentina de Seguros S. A., oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva y, subsidiariamente, contestando la citación en garantía, solicitando el rechazo de la demanda.

Admitió el contrato de seguro pactado por Hernán Martín Lebed mediante la póliza nro. 857202 emitida el 18 de febrero de 2010 y con vigencia hasta el 18 de agosto del mismo año, señalando que la cobertura estaba supeditada al pago regular de la prima convenida, destacando que a la fecha del siniestro (9 de abril de 2010) el asegurado adeudaba la cuota cuyo vencimiento había acaecido el día 18 de marzo del referido año.

En apoyo a su postura, trascribió el art. 2 de la cláusula 10 de las condiciones generales de la póliza, relacionándolo con el art.31 de la Ley de Seguros N° 17.418.

Seguidamente negó categórica y exhaustivamente los hechos expuestos en la demanda, aclarando que la elección de la forma mediante la cual se comunica el rechazo de la cobertura es privativa de las partes contratantes del seguro y que, en el caso, se originó a causa de la mora en el pago, la cual se produjo de modo automático y sin necesidad de interpelación.

Finalmente impugnó los rubros reclamados, ofreció prueba, solicitó que se haga lugar a la excepción planteada y que se rechace la citación en garantía, con costas.

A. 3) A fs. 116 la actora respondió el planteo de la excepción, indicando que, para la aseguradora, existe una vigencia originariamente establecida y otra real, encontrándose esta última supeditada al cumplimiento regular del pago de las cuotas de la prima. Afirmó que el contrato de seguro recién entró en vigencia con el primer pago realizado el día 31 de marzo de 2010, por lo que el cronograma de pagos varió sustancialmente, venciendo los días 30 de cada mes.

A. 4) A fs. 135 se presentó Guillermina Silvana Acosta y Hernán Martín Lebed contestando en tiempo y forma la demanda. Opusieron excepción de falta de legitimación pasiva por parte de Lebed, dado que no era el titular registral del automotor Fiat Uno, dominio SGT 747, al momento del hecho dañoso, pues la condición de ser el tomador del seguro del automotor no lo transforma en guardián o poseedor.

Sostuvieron que en el lugar, fecha y horario indicado en el escrito postulatorio, cuando Acosta ingresaba en el garaje de su domicilio a bordo de su automóvil, fue impactada por la motocicleta conducida por el actor, quien circulaba a excesiva velocidad y con una sola mano.

Destacaron que la aludida lesión recién fue diagnosticada ocho meses después de ocurrido el accidente y que, de acuerdo al art.1113 del Código Civil, la víctima fue quien interrumpió el nexo causal entre el hecho y el daño con su accionar negligente.

Impugnaron cada uno de los rubros reclamados, fundaron en derecho, ofrecieron prueba y solicitaron el rechazo de la demanda, con costas.

A. 5) A fs. 148 el accionante contestó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Hernán Martín Lebed, argumentando que lo demandó porque se presume su condición de titular del vehículo, al haber sido el tomador del seguro. Manifestó que los demandados son concubinos, razón por la cual también son, indistintamente, guardianes del vehículo que intervino en el siniestro.

A. 6) A fs. 155 los demandados contestaron la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora, admitiendo la suspensión de la cobertura, pero negando haber sido notificados de la declinatoria dentro de los 30 días de confeccionada la correspondiente denuncia administrativa. Señalaron que la denuncia fue realizada el 16 de abril de 2010, habiéndoseles remitido la carta documento el 18 de mayo del mismo año. Para finalizar, y en consonancia con el argumento esgrimido por la actora, sostuvieron que la aseguradora les otorgó tácitamente un crédito para el pago de la prima.

A. 7) A fs. 150 se difirió el tratamiento de las excepciones para el momento de dictarse la sentencia de grado.

B- La solución dada en primera instancia.

El juez de grado anterior, como cuestión liminar, analizó el hecho bajo la órbita del segundo párrafo in fine del art.1113 del Código Civil, en función de la teoría por el riesgo creado aplicable a los casos de daños provocados por el riesgo o vicio de las cosas y, luego de ponderar la prueba producida, concluyó determinando la responsabilidad de los demandados.

Para así resolver encontró debidamente demostrado que la codemandada Guillermina Silvana Acosta giró imprevistamente hacia la izquierda para ingresar a un garaje de la vereda contraria, invadiendo así el carril de circulación por el que transitaba el actor, a quien embistió sin haber advertido su presencia. En tal sentido, señaló que no cabe asignar al actor conducta alguna que merezca reprochársele, siendo el evento motivo de autos únicamente atribuible a la conducta negligente de la conductora del vehículo mayor interviniente en el hecho dañoso.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva que fuera opuesta por la parte demandada, indicó que en la denuncia de siniestro presentada a la Compañía de Seguros Antártida S.A. por la conductora accionada, en el acápite correspondiente a la relación que la une con el asegurado, se consignó que es su “ESPOSA” (sic, v. fs. 102 y 200), lo que se ve robustecido con el informe ambiental obrante a fs. 82 de la causa penal y con los testimonios brindados en el marco del beneficio de litigar sin gastos impetrado en autos (v. fs. 317, 318 y 612). Precisó que, consecuentemente, el vínculo afectivo entre los demandados justifica que Lebed sea el tomador de la póliza en cuestión, con lo cual éste reviste en relación al automotor la condición de guardián que le fuera atribuida, por lo tanto la demanda también debe prosperar a su respecto, rechazándose la excepción deducida (art.1113 del Código Civil).

Seguidamente trató los daños reclamados, sosteniendo que cuando existen lesiones como las que se evidencian en autos, es razonable presumir que quien las padeció debió incurrir en gastos médicos o de farmacia, aun cuando fuera atendido en hospitales públicos, por lo que resolvió admitir este rubro por la suma de $900, tal como fuera peticionado.

En lo atinente a la partida incapacidad sobreviniente, refirió que los daños físicos se erigen con claridad del peritaje médico obrante a fs. 694/700, del que se desprende que las secuelas del infortunio se traducen en una incapacidad equivalente al 15% sobre la total obrera. Agregó que existen múltiples elementos probatorios que acreditan la conexidad causal entre el daño referido y el accidente, pues la constancia de guardia que obra a fs. 250 de la causa penal, en el mismo sentido que el peritaje médico, hace referencia a un trauma de cadera y rodilla, por lo que corresponde concluir en que las dolencias que padeció el accionante en su rodilla izquierda tienen su origen en el impacto sufrido a raíz del hecho que se ventila en las presentes actuaciones.

De consuno, aplicando la fórmula denominada “anualidades de amortización vencida a interés compuesto” (sic, v. fs. 759), calculó el rubro en la suma de $350.000.

En cuanto al daño moral, sostuvo que en atención a los padecimientos sufridos por el actor en virtud del siniestro, la magnitud y característica de la lesión física, su eda d y la labor netamente física que desenvuelve, cabe admitirlo por el monto peticionado de $80.000, importe que consideró adecuado para que el accionante pueda adquirir un automotor idóneo para transportarse y trasladar sus herramientas y maquinarias a su lugar de trabajo (conf. art. 1068 del Código Civil y 165 del Código Procesal Civil y Comercial).

En lo atingente a los daños de la motocicleta, los reputó acreditados de acuerdo a lo que surge de las fotografías que rolan a fs.7/10 y de la declaración testifical obrante a fs. 221/222 de la causa penal. Para cuantificarlos destacó que, a pesar de la ausencia de prueba concreta con el detalle de los elementos averiados y el costo de los repuestos y de reparación, de la compulsa tendiente a precisar el valor de venta del motovehículo en cuestión, se observa que no baja de los $10.000; por lo que fijó la partida en la suma de $3.000, la cual se corresponde con un tercio del valor actual de la motocicleta de referencia.

De seguido rechazó la indemnización por la privación de uso, dado que el demandante no produjo satisfactoriamente prueba que la acredite, pues no acompañó documental tendiente a justificar que utilizó otros medios alternativos de transporte, sin que tampoco pueda determinarse el tiempo que conlleva la reparación del rodado.

A continuación rechazó el reclamo por la desvalorización venal de la motocicleta, pues no se produjo prueba pericial que permita demostrar la existencia real de este menoscabo.

Posteriormente trató la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía. Expresó que en autos ha quedado acreditada la mora del asegurado, pues a la fecha del siniestro habían vencido la primera (18/2/2010) y la segunda cuota (18/3/2010) del plan de pagos, habiéndose solventado solamente la primera de ellas el día 31 de marzo de 2010. Indicó que no debe entenderse que a partir de este primer desembolso comienza la cobertura, toda vez que la vigencia de la póliza se inició el día 18 de febrero de 2010, condicionando su cobertura desde la fecha del efectivo pago de la prima; en consecuencia, al momento del hecho de marras, no se había efectuado el pago de la segunda cuota correspondiente, por lo que el rechazo de la citación en garantía procede (art.32 de la Ley 17.418). Trayendo a colación precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, argumentó que la obligación de pronunciarse acerca del derecho del asegurado que el art. 56 de la Ley 17.418 pone en cabeza del asegurador supone la vigencia de la cobertura, por lo que no es invocable el eventual incumplimiento de ese deber cuando la mora en el pago de la prima originó la suspensión de la garantía, como ha quedado probado en autos, imponiéndose hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por la citada en garantía.

Finalmente hizo lugar a la demanda, condenando a los emplazados al pago de la suma de $433.900, con más los intereses que se devengarán a la tasa pura del 4% anual desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia y de allí en adelante, hasta su pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito en plazo fijo digital (tasa pasiva plazo fijo digital).

C- La articulación recursiva.

C. 1) La parte actora dedujo recurso de apelación a fs. 765, remedio que le fue otorgado libremente a fs. 766. Expresó agravios a fs. 790/802, los que fueron replicados por la citada en garantía a fs. 808/813.

C. 2) También se desconformaron con la sentencia los demandados, quienes apelaron a fs. 770, recurso que se les concedió libremente a fs. 771. Fundaron sus agravios a fs. 776/787, los que fueron contestados por la actora a fs. 804/806 y por la citada en garantía a fs. 808/813.

D- Los agravios.

D. 1.a) En primer término el accionante se duele de la cuantificación del rubro incapacidad sobreviniente efectuada por el juez de grado.

En cuanto a la variable “ingreso mensual de la víctima” aplicada en la fórmula polinómica de cálculo de renta futura, indica que debe estarse a los valores más cercanos al tiempo de la sentencia y, por ende, no se deben cristalizar al momento del hecho dañoso, por lo que corresponde tener en cuenta la escala salarial (vigente al tiempo de dictarse la sentencia) perteneciente a la categoría laboral de la víctima y, solo en su defecto, aplicarse el Salario Mínimo Vital y Móvil incrementado en un 50% como medida mínima de los ingresos a ponderar, pues quedó acreditado que es obrero de la construcción en la categoría oficial especializado.

Se queja de la “expectativa de vida” determinada por el sentenciador en 37 años, quien omitió precisar la tabla de INDEC que utilizó para fundamentar su ponderación. Señaló que al momento del siniestro tenía 34 años de edad, por lo que cabe fijar una expectativa de vida de 41,51 años -lo que no mereció negativa ni desconocimiento de la contraparte (art. 354 del CPCC)-, según surge de la tabla vigente al tiempo de promoverse la demanda (INDEC 2000-2001). En subsidio solicita que se considere la que se desprende de la tabla actual que publica el referido organismo, establecida en 39,56 años.

En lo referido a la indemnización por el daño moral, argumenta que si bien resulta un extremo difícil de calcular, la suma determinada en la instancia de origen lejos está de tener la habilidad para reparar las consecuencias lesivas que emanaron no solo del accidente y su posterior intervención quirúrgica, sino también de la incapacidad física que padece.Arguye que el a quo meritó específicamente la actividad laboral que realiza, omitiendo ponderar que practicaba actividades deportivas, por lo que la suma de $80.000 no se corresponde con la entidad del perjuicio experimentado.

También se desconforma con el monto fijado por el daño a la motocicleta, el cual considera insuficiente, pues de una ligera búsqueda en internet (http://motos.mercadolibre.com.ar) se advierte que los valores del rodado oscilan entre los $13.000 y $17.000, siendo prudencial estimarlo en $15.000, por lo que su tercera parte alcanza la suma de $5.000, la que pide en concepto de indemnización por este rubro.

Seguidamente se agravia de que el magistrado, si bien tuvo por acreditados los daños materiales de su vehículo, no los consideró al tratar la partida “desvalorización venal de la moto”, ya que resulta imposible que sea reparada sin dejar rastros ni indicios de un accidente previo, en razón de las partes afectadas y la índole de las tareas necesarias para su restauración.

En lo atinente a la partida “privación de uso”, señala que el juez de grado confunde la cuestión referida a la prueba del daño en sí mismo con lo relativo a su medida, pues el menoscabo por la falta de uso resulta de la inmovilización del vehículo a los efectos de su necesaria reparación; en consecuencia, al verse imposibilitado de utilizarlo, es inevitable el empleo de otros medios de transporte, con su costo agregado, a los fines de trasladarse. Agrega que la entidad de los perjuicios acreditados y la necesidad de las tareas de desmontaje y enderezamiento prueban la mentada inmovilización del bien.

A continuación se queja del rechazo de la extensión de la condena a la aseguradora citada en garantía.Sostiene que al tiempo del siniestro el tomador no adeudaba premio alguno, toda vez que la vigencia de la póliza dependía del pago de la cuota inicial, por ende, aún no habían pasado treinta días desde su abono, lo que define el término del vencimiento de la cuota sucesiva. Expresa que el comienzo de la vigencia del contrato de seguro quedó condicionado al pago parcial o total del premio (v. clausula primera de la póliza), es decir, el propio convenio prevé expresamente su vigencia condicionada al pago del premio de la cuota inicial.

Argumenta que la Ley de Seguros establece que “la entrega de la póliza sin la percepción de la prima hace presumir la concesión de crédito para su pago” (art. 30 de la Ley 17.418); en consecuencia, la cobertura se suspendería automáticamente solo si al vencimiento de alguna cuota sucesiva no se paga el premio, el que opera cada treinta días desde que se verifica el pago de la cuota inicial y que puede diferir de la fecha de entrega de la póliza.

Dice que la aseguradora omitió pronunciarse en término sobre el rechazo del siniestro, lo que se traduce en su aceptación tácita según lo dispuesto por el art. 56 de la citada norma, por lo que el a quo se equivocó al entender que dicha carga presupone la vigencia de la cobertura, dado que la ley no distingue la razón para exigir un pronunciamiento expreso en un plazo determinado.

Arguye que el sentenciador, a fin de justificar la eximición de la obligación de la aseguradora de expedirse sobre este punto, citó un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que es impertinente, puesto que -en ese caso- no había cobertura porque al tiempo del siniestro ni siquiera se había pagado la primera cuota, razón por la cual el contrato aún no había entrado en vigencia.A mayor abundamiento, argumenta que para el caso de tenerse por admisible y acreditado el pago fuera de término, de esto no se sigue la oponibilidad de la suspensión de la cobertura a la víctima, pues esta interpretación, además de tener un efecto sancionador, contraría la propia télesis de la normativa que establece el seguro de responsabilidad civil obligatorio para la circulación de vehículos automotores, consistente en expandir la cobertura a fin de asegurar la reparación de los daños a las víctimas y prevenir así inhabilidades y discapacidades, por lo que la cuestión no puede quedar sometida a la voluntad de las partes, dado el orden público que impera en la materia. Agrega que la multiplicación de las cuotas no tiene otro propósito que incrementar los supuestos de “no-cobertura” (sic), pues aumenta artificialmente las obligaciones del asegurado, configurándose así un supuesto de abuso del derecho, ya que las aseguradoras utilizan di versas formas jurídicas con el vedado fin de liberarse de sus obligaciones.

Por último se duele de que el juez haya mandado a pagar los intereses devengados desde el hecho dañoso a la tasa pura del 4% anual hasta la fecha de la sentencia y, desde entonces, a la tasa pasiva digitar que paga el BAPRO, dado que transgrede la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que establece que la tasa moratoria, en ausencia de convención y ley especial, es la que paga el citado banco en las operaciones de depósito a treinta días. Cita jurisprudencia y doctrina.

D. 1.b) En la réplica a estos agravios la citada en garantía sostiene que el premio de la póliza estaba dividido en 6 cuotas, la primera con vencimiento el 18 de febrero de 2010 y las restantes los días 18 de los meses subsiguientes; a la fecha del siniestro (9 de abril de 2010) el asegurado había pagado únicamente la cuota correspondiente al mes de febrero, por lo cual debía la cuota que vencía el 18 de marzo de 2010 y, en consecuencia, la cobertura de la póliza se encontraba suspendida.

Señala que la idea aportada por la parte actora en cuanto a que el asegurado podía pagar la primera cuota de la prima cuando él quisiera y que a partir de ahí las restantes se debían pagar a los 30 días, es un total absurdo que no se basa en la ley y en el contrato de seguro.

Expresa que la interpretación que hace el actor del artículo 30 de la Ley 17.418 es absolutamente forzada, pues de seguir ese razonamiento se estaría facultando al asegurado a pagar cuando desee.

Por otro lado indica que la suspensión de la cobertura es automática y no requiere interpelación alguna al deudor; por ende, el plazo del art. 56 de la citada ley no se aplica al caso de autos, por cuanto la mentada suspensión fue anterior al siniestro y no concomitante a él.

Finalmente, apoyando sus fundamentos en un precedente de la C.S.J.N., señala que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes; de consuno, los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquéllos que no participaron de su celebración, por lo cual si pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos.

D. 2. a) Por su lado, los demandados se agravian de que el sentenciador le haya endilgado a Guillermina Acosta el carácter de embistente, fundándose solo en las declaraciones testificales prestadas en la sede penal.

En cuanto al testimonio de Carlos Ariel González (v.fs. 43 de la IPP) señalan que el a quo omitió transcribir una parte esencial de la declaración, referida a que el testigo observó que el actor presentaba en su rodilla izquierda una fuerte lesión. Argumentan que nunca pudo haber determinado la gravedad del menoscabo, puesto que ni siquiera era posible advertirlo a siempre vista y, además, nunca refirió haber escuchado a Campos quejarse de dolor alguno, ver sangre, ropa rasgada, cara de dolor, etc.; es decir, hechos que le podrían dar cierto grado de credibilidad a sus dichos. Indican que el juez no ponderó que González se encontraba a no menos de 30 metros del lugar del accidente y que, debido a su posición en el tránsito, pudo ver el rodado desde atrás, pero de todas formas logró determinar que se trataba de una motocicleta Zanella ZB, lo que hace que su testimonio no sea creíble. Agregan que debe considerarse que se presentó “espontáneamente” a declarar el día 3 de agosto de 2010 en la sede penal, o sea 8 meses antes del inicio de la demanda civil, lo cual quita veracidad a sus manifestaciones.

En lo atinente a la declaración testifical de Maximiliano Darío Godoy (v. fs. 46 de la IPP), expresan que a pesar de que se hallaba a 50 metros del lugar del suceso, lo pudo observar con precisión. Señalan que la colisión podría haberse producido sobre cualquier parte del rodado menor y no justo sobre la rodilla del conductor, como lo afirma el testigo. Arguyen que jamás pudo haber determinado que el accionante presentaba un fuerte golpe, pues ni siquiera se acercó a él, dado que estaba rodeado de gente que intentaba socorrerlo.

Manifiestan que de lo declarado por Carlos Fabián Melo (v. fs.221/222 de la causa penal) surge que el agente embestidor fue la motocicleta y que a su conductor solo le dolía la pierna derecha, por lo que la lesión en el miembro inferior izquierdo nunca existió.

Entienden que deben tenerse en cuenta diversas coincidencias entre González y Godoy, a saber: a) son albañiles, al igual que el actor; b) sabían que había sufrido una lesión fuerte en la rodilla izquierda, sin siquiera haberla constatado; c) fueron a declarar el mismo día sin estar previamente citados; d) a ambos le caben las generales de la ley, ya que dijeron tener interés directo en el resultado de la causa, por lo tanto son testigos parciales y, consecuentemente, inhábiles.

Argumentan que, en la absolución de posiciones, preguntada que fuera la demandada sobre si cuando iba a entrar el auto fue chocada por la moto, contestó que sí, es cierto.

En suma, refieren que ninguna de las declaraciones puede valorarse para condenar a Acosta, pues además de ser falsas, están desubicadas en tiempo y lugar.

Por otra parte se desconforman con el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por Hernán Lebed, dado que carece de toda relación con la cosa por cuyo riesgo sufrió daños la víctima, por lo tanto, no se halla comprendido en el ámbito del art. 1113 y, mucho menos, en el del art. 1109 del Código Civil, pues solo es tomador del seguro del vehículo y su obligación es de índole contractual, comprometiéndose exclusivamente a pagar las primas.

Señalan que no hay norma alguna en el citado cuerpo legal que lo obligue a responder por los daños generados por un bien que no es de su propiedad y del que no detenta la guarda.Manifiestan que el carácter de esposo o pareja de Acosta no lo transforma en guardián, por lo cual los indicios tenidos en cuenta por el magistrado son muy débiles e insuficientes para fundamentar su decisión.

También se agravian de que en la sentencia apelada se haya hecho lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía, indicando que si bien la cobertura de la póliza se hallaba suspendida, el seguro obligatorio estaba vigente a la época del siniestro, puesto que el Decreto 779/95 que reglamenta la Ley 24.449 establece que el seguro obligatorio se prueba con la mera posesión del comprobante.

Expresan que si bien el art. 31 de la Ley de Seguros indica que la falta de pago de la prima hace que el asegurador no sea responsable por el siniestro acontecido, esta disposición se encuentra modificada por el referido decreto.

Postulan que la aseguradora siguió recibiendo los pagos tardíos de las cuotas adeudadas, configurando esta circunstancia una presunción del crédito tácito otorgado por la compañía.

Finalmente se quejan del monto fijado por daño moral, pues lo consideran excesivo, ya que en sede penal quedó demostrado que el actor no gozaba de un excelente estado de salud, por lo que no corresponde que se lo indemnice, puesto que la incapacidad que padece no se generó exclusivamente a causa del evento dañoso que se ventila en autos.

D. 2. b) En la contestación a estos embates el actor sostiene que los demandados se desentienden de las reglas atinentes a la presunción y distribución de la carga de la prueba que determina el art.1113 del Código Civil ya que, en lugar de acreditar algún eximente de responsabilidad, pretenden colocar indebidamente en cabeza del accionante el deber de probar la intervención y adecuación causal de la cosa riesgosa; de consuno, cualquier orfandad probatoria solo perjudica a la propia demandada.

A continuación responde los demás fundamentos del memorial, aunque sin agregar novedosos elementos de convicción, por lo que se omite referenciarlos, sin perjuicio -en su caso- de su valoración a la hora de decidir.

D. 2. c) La citada en garantía responde los agravios de los demandados señalando que omitieron agregar a los presentes autos el mentado comprobante de seguro obligatorio.

Agrega que no explicaron en concreto cómo el Decreto 779/95 modificaría a la Ley de Seguros y que, además, no podría hacerlo, pues se encuentra en un orden normativo inferior, por lo que no puede modificar su contenido.

Por último explica que recibió los pagos de las cuotas sucesivas porque claramente eran debidas por los accionados, ya que la prima es única y se debe al inicio de la vigencia del contrato, siendo la concesión del “crédito” o financiación para su abono una facultad exclusivamente suya.

E. El análisis de la sentencia apelada en función de los agravios.

E. 1) Dado que todos los hechos que dan lugar a esta litis ocurrieron durante la vigencia del ya derogado Código Civil, y que esta sentencia es declarativa y no constitutiva de derechos, corresponde aplicar ese cuerpo normativo a la solución del litigio, pues lo contrario implicaría una aplicación retroactiva del Código Civil y Comercial vedada por su artículo séptimo.

E. 2.I) Por razones de orden metodológico corresponde en primer lugar atender el agravio de la accionada referido a la responsabilidad de Guillermina Silvana Acosta en el suceso dañoso que se ventila en autos.

La emplazada sostiene que el juez de primera instancia incurrió en omisiones, incongruencias y apreciaciones subjetivas en la valoración de la prueba testifical.

En el marco de la I.P.P., acollarada a estos autos, el testigo Carlos Ariel González -quien presenció el accidente- declaró: “circulando unos escasos metros es que observa que circulaban dos vehículos siendo estos motovehículo marca Zanella ZB de color rojo, el cual lo hacía sobre la arteria Humboldt en sentido ascendente de la numeración y el restante un automóvil marca Fiat Uno de color rojo el cual circulaba por la misma arteria pero en sentido contrario, es decir, en sentido descendente a la numeración catastral; los cuales circulaban normalmente. Que al llegar los dos vehículos a ponerse a la par, per o en dirección contraria es que el automóvil realiza una maniobra brusca doblando hacia su izquierda a fines de ingresar a un garaje el cual se ubica sobre la mano de circulación del motovehículo. Por lo que producto de esta maniobra es que el automóvil envuelve al conductor del rodado menor impactando sobre su parte delantera haciéndolo perder estabilidad por lo que consecuentemente cae al piso, quedando el motovehículo debajo del automóvil.” (sic, v. fs. 43 de la causa penal).

De la declaración testifical de Maximiliano Darío Godoy surge que “…al llegar a la mitad de la cuadra es que el Fiat Uno se cruza de carril haciéndolo en forma brusca a fines de ingresar a una cochera que se encuentra sobre la mano contraria y al realizar esta acción es que colisiona con su parte delantera sobre la rodilla del conductor del rodado menor.” (sic, v. fs.46 de la causa penal).

Hugo Alberto Villalba manifestó que “.después que saludo a Guillermina, ella gira para ingresar a la casa de su mama, desconozco si ella vivía allí para esa época. Que Guillermina giró a la izquierda, cruzando el otro carril de circulación.” (sic, fs. 219/220 de la I.P.P.).

Por su parte el testigo Carlos Fabián Melo precisó que “.a mitad de cuadra el Fiat Uno gira hacia la izquierda para ingresar al garaje y se encontró con la motocicleta que venía en sentido contrario [.] la chica dobla y no ve que la moto venia en sentido contrario, y la moto no alcanza a frenar y golpea al auto en el guardabarros delantero derecho con su parte frontal.” (sic, v. fs. 221/222 de la I.P.P.).

Los agravios de la recurrente en este punto no son suficientes para hacer caer la valoración de la prueba testifical efectuada por el juez de grado de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 384 del CPCC), pues sólo representan una mera disconformidad subjetiva con lo decidido, dado que se limitó a objetar la sentencia apelada, sin esgrimir argumentos serios, precisos y contundentes que demuestren que la resolución es equivocada (art. 260 del CPCC). Los testigos fueron claros y contundentes y dan precisión respecto de los hechos que percibieron sus sentidos, confirmando así las circunstancias fácticas oportunamente relatadas por el accionante en su escrito postulatorio. Además, ni siquiera alegó sobre la supuesta inidoneidad de los declarantes dentro del plazo de prueba, tal como lo exige el art. 456 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que el embate esgrimido en esta alzada deviene tardío.

Por otro lado, no logró acreditar ninguno de los hechos aludidos en la contestación de la demanda referidos a que Campos venía conduciendo con una sola mano, hablando por teléfono celular y a excesiva velocidad al momento del impacto, por lo que no se encuentra probada la culpa de la víctima (arts.1113 del Código Civil y 375 del CPCC).

Sea quien fuere el embestidor, en cualquier caso lo que originó el siniestro fue el accionar imprudente de Acosta, quien se interpuso súbitamente con su rodado en la línea de circulación de la moto, aumentando significativamente el riesgo de que se produzca el accidente (arts. 901 y 1109 del Código Civil). Incluso la propia accionada, al absolver posiciones, reconoció que se produjo cuando giró con intención de ingresar al garaje ubicado en la vereda opuesta a su carril de circulación (v. fs. 234, respuesta a las posiciones octava, novena y décima). En consecuencia, estos embates deben rechazarse, pues la parte encartada no acreditó la culpa de la víctima (ni de un tercero por quien no deba responder), por lo que opera plenamente la responsabilidad objetiva presumida por la ley, al emanar el daño de una cosa riesgosa (art. 1113, Código Civil).

E. 2. II) El agravio que ataca la desestimación de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el demandado Hernán Martín Lebed, es de recibo.

Tal como lo expuse en mi voto en disidencia en la causa 146.679 “Peralta” del 16/10/2016, registrada bajo el número 37, de la Sala II, integrada en ese momento con los Dres. Ribichini y Pilotti, considero que el hecho de haber contratado una póliza de seguro por la responsabilidad civil que puede generar un automóvil no erige a quien así obró en guardián de la cosa en los términos del art. 1113 del Código Civil. Tampoco es suficiente a tal fin que sea esposo o concubino de quien al momento del accidente conducía el rodado. El carácter de “guardián” implica un poder de autodeterminación sobre la cosa que en el caso no ha sido acreditado.El seguro pudo haberlo contratado porque en algunas ocasiones utiliza el vehículo, pero de ello no se sigue que sea su guardián, ni que deba responder por los daños causados por el rodado mientras no lo conducía, pues lo contrario implicaría que contratar un seguro sería una causal autónoma de responsabilidad sin fuente legal, lo que afectaría el principio constitucional de reserva, ya que se lo estaría obligando a hacer lo que no manda la ley: indemnizar un daño que no causó (art. 19 de la Constitución Nacional). De consuno, la condena no debió extendérsele. Por lo tanto, corresponde revocar la sentencia de grado en este punto y, en su mérito, rechazar la demanda respecto a Hernán Lebed.

E. 3) Abordando en conjunto los embates del accionante y de la demandada referidos a la cuantificación del daño moral, tiene dicho este Tribunal que su determinación económica, por su gran carga de subjetividad, en especial de las partes, es una tarea muy difícil de cumplir, pues se carece de cánones objetivos. Por esa razón, una vez fijada en primera instancia, los agravios de las partes deben ser concluyentes a la hora de demostrar el yerro en la instancia anterior, siendo totalmente insuficiente las meras discrepancias con lo decidido, como las deslizadas en autos por los apelantes (Sala II, voto del Dr. Pilotti, Noviembre de 2005, “Taverna c/ García s/ daños y perjuicios, libro de sentencias n° 26, número de orden 258, causa 125.075; id.”Signorini c/ Benítez s/ daños y perjuicios, causa 124.767 del 17/3/06, registro número 43, libro de sentencias número 27, con voto del suscripto en el que se ha seguido la doctrina anterior de la Sala, entre muchas otros sentencias posteriores que han receptado uniformemente este criterio).

La mera opinión que epilogan los recurrentes con el pedido de disminución o aumento del importe fijado por el a quo, sin dar fundamento objetivo alguno para su determinación, limitándose a señalar la demandada que resulta “excesivo” y el actor que “no se corresponde con la entidad del perjuicio experimentado”, no constituyen la crítica concreta y razonada exigida por el art. 260 del Código Procesal. En consecuencia, no son atendibles las pretensiones tendientes a modificar la suma determinada en primera instancia por el rubro daño moral.

E. 4) La actora y la demanda se duelen de que el magistrado de grado haya hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la citada en garantía. Adelanto que no les asiste la razón. Del peritaje contable producido en autos surge que la póliza número 857.202, con relación al automotor Fiat Uno CL 1.6 Dominio SGT 747, tenía un plan de pago de seis cuotas mensuales, operando sus vencimientos los días 18 de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2010. La perito dictaminó que los desembolsos se efectuaron en las siguientes fechas: 31/3/2010, 21/4/2010, 23/4/2010, 21/5/2010, 23/6/2010 y 20/7/2010 respectivamente, indicando que “de acuerdo a las registraciones de la citada en garantía, el pago cuyo vencimiento operaba el 18/03/2010 fue realizado el 21/04/2010. De lo expuesto surge que al 09/04/2010 la cuota N°2 del Plan de Pagos del premio correspondiente a la Póliza 857.202, se encontraba vencida e impaga. El pago figura registrado el día 21/04/2010” (sic, v. fs.668). Este dictamen fue consentido por las partes y no encuentro razones para apartarme de él (art. 474 del CPCC). En consecuencia, al momento del hecho (9 de abril de 2010), el asegurado solamente había desembolsado la primera cuota, por lo que se encontraba en mora con respecto al cumplimiento de la segunda, cuyo vencimiento operó el día 18 de marzo del 2010, habiéndola solventado recién el día 21 de abril de ese mismo año, es decir, después de haberse configurado la suspensión de la póliza.

El actor se equivoca al sostener que la cobertura comenzó con el primer pago, dado que la vigencia del seguro se inició con la suscripción del contrato el día 18 de febrero de 2010, quedando condicionada al abono parcial o total del premio (v. art. 1 de la póliza de fs. 93/101). En el mismo sentido, el art. 30 de la Ley de Seguros N° 17.418 determina que la prima es debida desde la celebración del contrato, con lo cual los argumentos de la actora no encuentran fundamento en la citada ley, ni en la póliza de seguro, por lo que deben rechazarse.

No puede achacársele a la asegurada no haberse pronunciado en término sobre el rechazo de la cobertura del siniestro, pues como lo ha dicho recientemente este Tribunal (causa 146.777 “Galavotti”, del 15/11/2016, por su Sala II, voto del Dr. Ribichini al cual adherí, número de orden 172, libro de sentencias n° 37), la obligación que el art. 56 de la Ley 17.418 le impone al asegurador de pronunciarse acerca del derecho del cliente supone la vigencia de la cobertura, como lo evidencia el título de la sección 15 en donde se encuentra la norma, el que se refiere a la “determinación de la indemnización”. Por lo tanto, no es invocable el eventual incumplimiento de ese deber cuando la mora en el pago de la prima originó la suspensión de la garantía (Conf. S.C.B.A., Ac. 66.487, sent.del 20-IV-1999, Ac. 79.421, sent. del 19-II-2002, Ac. 78.864, sent. del 28-V-2003, Ac. 85.879, sent. del 1-IX-2004, Ac. 94.525, sent. del 6-IX-2006, entre otras).

En lo atinente a la pretendida inoponibilidad del rechazo de la cobertura al accionante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que “sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado […] ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes […] pues los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquéllos que no participaron de su realización, por lo cual si pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos.- Que, al respecto, cabe reiterar que los contratos tienen efectos entre las partes contratantes y no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, excepto en los casos previstos en la ley. Es por ello que aquellos deben ser interpretados en su integridad, lo cual excluye toda exégesis aislada de una cláusula o expresión del negocio. Se impone el deber de observar el lazo íntimo que une a todas las cláusulas, pues no resulta aceptable fraccionar lo convenido únicamente para acatar las estipulaciones que favorecen al tercero damnificado y desechar otras que ponen límites a la obligación del asegurador” (conf. C.S.J.N.causa “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino s/ daños y perjuicios” del 6/6/2017).

Tratándose de una cláusula de fuente convencional que excluye la cobertura por una circunstancia anterior a su acaecimiento (falta de pago en término), su oponibilidad al tercero víctima no puede ponerse en duda (v., entre otras, SCBA, C 106051, “Duarte, Mario c/ Altamirano, Roberto y otro”, y sus acumuladas, del 15/7/2015).

El argumento de que el interés público comprometido, al tratarse del seguro obligatorio de responsabilidad civil, impondría a la aseguradora atender de todos modos el siniestro -al no poder oponer al tercero dañado la exclusión de la cobertura- no se sostiene. Basta pensar en las consecuencias dañinas que se generarían de seguirse esa perversa lógica de incentivos en la financiación del sistema para advertir que si algo satisface ese interés público es, precisamente, el puntual cumplimiento de los pagos comprometidos como contraprestación de la cobertura tomada. De seguirse esa lógica, no estaríamos muy lejos del despropósito de condenar a cualquier compañía de seguros en caso que el dañador no hubiera contratado póliza alguna, pues podría argumentarse que responde a un interés general prioritario que los daños injustos se resarzan, que la falta de seguro es una ilegalidad que no puede perjudicar a la víctima y que las aseguradoras están, justamente, para hacerse cargo de esas indemnizaciones.

Es verdaderamente insólito el planteo del accionante referido a que las aseguradoras dividen en cuotas el pago de la prima para multiplicar las posibilidades de no cobertura. En cualquier caso, si esa hubiese sido su preocupación, podría haber pagado todas las cuotas juntas el primer día…

También debe rechazarse el embate que trae la demandada atinente a que el contrato estaba vigente al momento del accidente en virtud de lo dispuesto por el Decreto 779/95, que establece que el seguro obligatorio se prueba con la mera posesión de su comprobante.El recurrente, además de haber omitido agregar a los presentes autos el mentado comprobante de seguro obligatorio, no explica en concreto cómo el citado decreto modificaría a la Ley de Seguros, lo que por otra parte sería imposible, pues se encuentra en un orden normativo inferior, por lo que no puede cambiar su contenido (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional).

Finalmente, no le asiste la razón cuando sostiene que existió una presunción de crédito tácito al seguir recibiendo la aseguradora los pagos tardíos de las cuotas adeudadas. La compañía recibió esos desembolsos porque eran debidos por el asegurado, pues la prima es única y se debe al inicio de la vigencia del contrato, resultando la concesión de la financiación para su pago una facultad exclusiva de ella. Ello así, al recibir los abonos tardíos, ejerció su derecho a cobrar una deuda cuyo vencimiento ya había operado.

En consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto en la instancia de origen en este punto.

E. 5. I) El embate del accionante referido a que el a quo ponderó erróneamente la variable “ingreso mensual de la víctima” aplicada en la fórmula polinómica de renta futura, es de recibo. En efecto, tiene dicho este Tribunal a partir del fallo “Borda” (causa 140.551, del 19/6/2013, libro de sentencias n° 34, número de orden 82) que la indemnización por incapacidad debe fijarse, en la medida de lo posible, a valores del momento de la sentencia, pues es la mejor manera de reconocer una reparación integral del daño injustamente sufrido.

Por lo tanto, como se propone en el memorial en tratamiento, habiendo acreditado el actor que a la fecha del accidente se desempeñaba como obrero de la construcción en el rango de oficial especializado (v. testimonios de fs. 586, 299/300 y 319/320, que corrobora lo afirmado en la demanda -v. fs. 48 vta.-, no negado por la demandada en su contestación -v. fs.136/137-, por lo que puede estimarse como un reconocimiento de su verdad, pues se trata de un hecho lícito y pertinente de conformidad con lo dispuesto en el art. 354, inc. 1°, del CPCC), debe estarse al salario vigente desde el primero de julio del 2017 para dicha categoría, que alcanza la suma de $90,41 la hora trabajada (tal como surge del sitio web http://www.uocra.org/?s=nuevas-escalas-salariales). No hay razón en autos para tomar el salario mínimo, vital y móvil como parámetro de referencia de la aptitud productiva del demandante. Está muy bien apelar a ese recurso cuando la víctima del daño no se hubiera incorporado todavía al mercado de trabajo o, habiéndolo hecho, no se pudieran establecer de otro modo sus ingresos. Pero en el sub lite se trata de un trabajador cuya categoría y clase de pertenencia están perfectamente determinadas, por lo que basta ingresar a la referida página web para contar con un dato cierto que se corresponda con su real y efectiva remuneración.

En consecuencia, considerando que labora en promedio 200 horas mensuales -tal como lo postula el recurrente-, pues el testigo que declaró a 299/300 señaló que lo hace desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde (v. fs. 299 vta.), corresponde calcular esta variable en la suma de $18.082, en razón de multiplicar $90,41 por 200 horas.

E. 5. II) También corresponde hacer lugar al agravio relacionado a la expectativa de vida determinada por el sentenciador a los fines de calcular la incapacidad, pues la fijó en 37 años, sin haber precisado la tabla del I.N.D.E.C. que utilizó para arribar a esta cifra.En el caso de autos, para un hombre de entre 30 y 35 años (el actor tenía 34 al momento del accidente) residente en la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la tabla de mortalidad elaborada por el citado organismo para los años 2008 a 2010 (el hecho dañoso acaeció el 9 de abril del 2010), corresponde fijarla en 39,56 años. Vale aclarar que el yerro no consiste en no haber precisado que tabla usó, sino en que la expectativa ponderada fue incorrecta (conf. este Tribunal, por su Sala I, causa 147.049 “Norambuena”, del 20/12/2016, voto del suscripto al que adhirieron los Dres. Ribichini y Pilotti, número de registro 164).

E. 5. III) En atención a lo expuesto precedentemente, a los fines de ponderar la indemnización por la incapacidad física del reclamante, utilizaré la fórmula polinómica de cálculo de renta futura que permite estimar la suma de dinero que, colocada a interés, le otorgaría al damnificado una suma mensual por determinada cantidad de períodos, equivalente a la disminución de su aptitud para generar ingresos como consecuencia del evento dañoso. Su expresión matemática es la siguiente:

K = [m x (12 ó 13) x p] x [(1 + i)n – 1] % [i x (1 + i)n]

En ella:

“K” = capital indemnizatorio a determinar;

“m” = ingreso mensual de la víctima;

“12 ó 13” = cantidad de meses computados en un año (12 para trabajadores independientes y 13 para asalariados, pues se computa el sueldo anual complementario);

“p” = incapacidad computada;

“i” = tasa de interés;

“n” = número de períodos anuales por el que se calcula la indemnización.

Para el presente caso, escogiendo 39,56 años de expectativa de vida; una tasa de interés pura del 4% anual; 15% de incapacidad (dato que llega firme a esta instancia), y $18.082 mensuales de ingresos (tal como lo expuse en el punto E.5.I), se llega a una indemnización de $694.883,49.Ello, en razón del siguiente cálculo:

K = [m x (12 ó 13) x p] x [(1 + i)n – 1] % [i x (1 + i)n]

K = [18.082 x 13 x 0,15] x [1,0439,56 – 1] % [0,04 x 1,0439,56]

K = [18.082 x 13 x 0,15] x [4,7188 – 1] % [0,04 x 4,7188]

K = 35.259,9 x 3,7188 % 0,1887

K = 694.883,49

E. 5. IV) El agravio atingente al monto fijado por el daño a la motocicleta Zanella ZB es de recibo, pues de una ligera búsqueda en internet -ver, a modo de ejemplo, en http://motos.mercadolibre.com.ar y https://www.megatone.net-, se advierte que el valor del rodado en cuestión oscila los $15.000, tal como lo propone el recurrente, alcanzando su tercera parte (llega firme a esta instancia que así procede cuantificar el daño sufrido) la suma de $5.000, la que corresponde fijar por la indemnización de este rubro (art. 165 párrafo tercero del CPCC).

E. 5. V) La queja contra el rechazo de la partida “desvalorización venal de la moto” no es de recibo. Esta Sala II, en su actual integración, en la causa 148.701 “Radonich” del 26/9/2017, libro de sentencias n° 38, número de orden 161 (voto de la Dra. Díaz Alcaraz al que adherí), ha dicho que no puede admitirse sin más que la sola circunstancia de que el rodado haya resultado dañado en un accidente, importe una disminución en su valor de reventa. Puede que así sea, pero no necesariamente lo es. En todo caso debió el recurrente acreditar la diferencia entre el valor del rodado antes del accidente y con posterioridad a él, luego de haber sido reparado (arg. art. 375 del CPCC).

En autos no existe prueba pericial mecánica que arroje luz sobre el particular, puesto que se declaró la negligencia a su resp ecto a fs. 744, no habiendo el peticionante solicitado el replanteo de la cuestión en esta instancia en los términos del art.255, inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. arts. 382 y 383 del citado código). De consuno, este daño debe rechazarse si, como en el caso, no ha mediado dictamen de experto que, examinando el vehículo en cuestión, determine si tal detrimento existe.

E. 5. VI) Respecto al rubro privación de uso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha variado su jurisprudencia en cuanto establecía la praesumptio ominis de que la sola privación de uso del automotor constituye un perjuicio susceptible de ser indemnizado independientemente de la prueba aportada, argumentando para sostener esa posición que quien usa un automóvil lo hace para cubrir una necesidad (S.C.B.A., Ac. 27.251, D.J.B.A. 119-353). En efecto, en un fallo posterior dictado el 2 de agosto de 1994 (S.C.B.A., Ac. 44.760, publicada en el Boletín Oficial del 17/10/94), el Superior Tribunal ha resuelto que la privación del uso del móvil autopropulsado no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado y tampoco constituye un supuesto de daño in re ipsa, quien reclama por este rubro debe probar no sólo que la privación de uso existió, sino que además le ocasionó un perjuicio concreto. Por lo tanto, le corresponde demostrar que el daño es cierto y configura un acto ilícito punible en los términos del art. 1.067 del Código Civil.

Resulta entonces aplicable con relación a este tópico la regla plasmada en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial que establece que quien alega un hecho debe acreditarlo.

Dejo a salvo mi opinión en sentido contrario, pues veo claro que quien posee un vehículo lo hace para cubrir una necesidad.Tal posesión comporta un indicio concluyente en este sentido que, sumado a que la moto era usada mientras se produjo el accidente, lleva a mi juicio a tener por probado que el demandante se servía de la cosa y, por lo tanto, que su privación le causa perjuicio.

Empero, no habiéndose demostrado en autos en forma clara y concreta el daño que el actor dice haber sufrido por la privación de uso, y a pesar de que a mi juicio le asiste la razón en su planteo, por aplicación de la citada doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, estimo que la solución que corresponde aplicar en el caso es la denegación de este rubro indemnizatorio.

En efecto, el actor produjo elementos de prueba que hacen verosímil que la privación de uso del vehículo puede haberle producido un menoscabo, pero no acreditó este último. Es verdad que es altamente probable que una persona sufra un perjuicio si es privada del uso de su motocicleta; pero, en concreto, debió la actora demostrar para qué utilizaba el rodado y los gastos que le irrogó suplir su privación durante el lapso necesario para repararla, extremos que no cumplió y que impiden el progreso del rubro en atención a la mentada doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que debo acatar, aun cuando no la comparta, pues no tengo argumentos no ponderados por el Superior que permitan apartarme de la doctrina legal como sí ocurre, en cambio, en lo que concierne al punto siguiente.

E. 6.I) Queda analizar el agravio relativo a la tasa de interés, que el actor pretende que sea a la tasa bancaria pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la mora y hasta el momento del efectivo pago, independientemente de la fecha de cuantificación del valor de los daños, con sustento en la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sentada en el precedente “Cabrera” del 15/06/2016 (causa 119.176).

E. 6. I. a) Preliminar.

Conforme a los precedentes dictados por esta Cámara en los autos “Pérez c. Soto”, expediente 147.571 del 17 de Agosto de 2017, registro n° 97 por su Sala I; “Klein c. San Cristóbal”, expediente 147.228 del 24 de Agosto de 2017, registro n° 150 y “Rodríguez c. Suárez”, expediente 147.571 del 24 de Agosto de 2017, registro n° 145 por su Sala II; este vocal se ha expedido en el sentido de que corresponde que los intereses moratorios se computen a la tasa pura del 4% anual desde el momento del hecho -que por tratarse de un daño in re ipsa coincide con la mora- hasta la fecha de cuantificación de los daños, para continuar, en adelante, con la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.

Esa es la solución que corresponde imprimir al caso, por las razones que siguen.

E. 6. I.b) Carácter no vinculante, para el caso en juzgamiento, de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el precedente “Cabrera” (causa 119.176 del 15/6/2016).

Corresponde apartarse de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte en el precedente “Cabrera”, porque en el caso conlleva un grotesco enriquecimiento ilícito a favor del demandante y en desmedro del demandado, tópico que demostraré en un estadio más avanzado de este voto.

La doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires solo es obligatoria con el mismo alcance que lo es la emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La única normativa que podría dar sustento a la imposición “ciega” de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es un precepto constitucional y otro legal.

Por un lado, el art. 161 de la Constitución Provincial dispone que la Suprema Corte de Justicia conoce y resuelve en grado de apelación… “De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos…”.

Por otro lado, el art. 278 del Código Procesal establece que “El recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal procederá contra las sentencias definitivas de las cámaras de apelaciones y de los tribunales colegiados de instancia única, siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a…”.

Así las cosas, no cabe ninguna duda de que:a) la Suprema Corte tiene atribución constitucional para entender en grado de apelación “De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden…” y b) procede el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en los casos en que no se respeta la “doctrina legal”.

No obstante, de ello no se sigue que esa “doctrina legal” sea irremediablemente obligatoria para los tribunales inferiores (como sí lo son los fallos plenarios por imposición del artículo 37 inc. “f” de la Ley 5.827), pues ni la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ni el Código Procesal, ni otra norma legal disponen semejante extremo. Sí lo ha dicho reiteradamente, es cierto, la propia Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en sus sentencias; pero el máximo tribunal provincial no tiene atribuciones para erigir a sus sentencias en normas de alcance general (arg. arts. 161 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), por lo que lo decidido en cada fallo es obligatorio en el marco de esa causa, pero no en otras, donde solo es moralmente vinculante para los tribunales inferiores. Que la Corte diga que su doctrina legal es obligatoria no le otorga ese status, como tampoco generaría tal cosa que esta Cámara de Apelación resolviera en sus sentencias ordinarias que su jurisprudencia lo es para los jueces de primera instancia en procesos futuros.

Es pertinente recordar las propias palabras de la Suprema Corte a la hora de sostener el carácter vinculante de sus fallos, para lo cual citaré uno de los últimos de los que aparecen en la base de datos “JUBA”, que condensa la doctrina de todos los anteriores:”El acatamiento que los órganos judiciales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Almirón”, Ac. 73.890, Sent. del 07/06/2017).

A este respecto señalo respetuosamente que dejar a salvo la opinión personal de los jueces, cuando tienen nuevos argumentos no ponderados por el Superior, no cambiaría en nada el hipotético incumplimiento de su deber de “fallar según su ciencia y conciencia”, pues de todas maneras no lo estarían respetando y, para peor, estarían confesando el desvío.

Ya ha tenido oportunidad de señalar este Tribunal (causa 133.054, “Aadi Capif”, 17/07/2009, registro 116, primer voto del Dr. Pilotti) que es dable apartarse de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en sentido distinto, lo que de por sí implica que no hay técnicamente una obligatoriedad de la denominada “doctrina legal”.

En este entendimiento parto de la base de que ningún fallo, cualquiera sea el tribunal del que emane, puede ser irrefutable, porque “el criterio para establecer el status científico de una teoría es su refutabilidad o testeabilidad. Una teoría que no es refutable por ningún suceso concebible no es científica. La irrefutabilidad no es una virtud de una teoría (como se cree a menudo) sino un vicio” (Popper, Karl Raimund: Conjeturas y Refutaciones, Buenos Aires, Paidós, 1991, pág.61). Consiguientemente, no es adecuado acatar lo resuelt o por el máximo tribunal provincial ciegamente, debiendo tenerse presente que “Las teorías no se transmiten como dogmas, sino más bien con el estímulo de discutirlas y mejorarlas” (Popper, Karl Raimund: Conjeturas y Refutaciones, Buenos Aires, Paidós, 1991, pág. 77).

No hay duda de que la función principal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través del recurso de inaplicabilidad de la ley, es “casatoria” (lo que ocurre en mucha menor medida en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salvo cuando se trata de recursos interpuestos contra fallos de las denominadas “Cámaras Nacionales”), pero ello no es necesariamente equiparable a “obligatoria” si una norma legal no lo establece así, sino que solo presupone la habilitación de la Suprema Corte para intervenir en los supuestos en que la doctrina legal no se respeta, de manera de asegurar la uniformidad jurisprudencial a través de la casación de los fallos.

En este derrotero adhiero a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se fue construyendo a través de distintos fallos, según la cual la autoridad de los precedentes debe ceder ante la comprobación del error o de la inconveniencia de las decisiones anteriores (Fallos: 293:50); pero deben existir causas suficientemente graves como para hacer ineludible tal cambio de criterio (Fallos: 183:409), pues de lo contrario debe primar la estabilidad de la jurisprudencia (Fallos: 209:431). En posición que sigo con total convicción y honestidad intelectual, resolvió el máximo tribunal federal que “de esta doctrina emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia” (Fallos:331:2004). Es que la autoridad jurídica y moral del Superior es evidente y cabe reconocerla tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; pero paralelamente cabe decir, con la máxima autoridad judicial del país, que “Este deber de los tribunales inferiores no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento” (Fallos: 312:2007).

En fin, entiendo que la jurisprudencia del Superior, sea la Corte nacional o la provincial, debe seguirse por elementales razones de conveniencia práctica y respeto a la autoridad que inviste el órgano judicial emisor, en tanto y en cuanto no se ponderen nuevos argumentos no tenidos en cuenta en esos fallos, caso en el cual es deber de los tribunales inferiores sopesar esas circunstancias y decidir conforme a la Ley y a la Constitución, llegado el caso contrariando los precedentes del Superior que no los tuvo en cuenta (art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Nótese, sin ir más lejos, que la Corte provincial ha dicho en la sentencia que parcialmente he transcripto que la obligatoriedad de su doctrina legal se funda en evitar “soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas”, pero no puede existir tal desiderátum si el tribunal ordinario analiza y expone argumentos sobre los que el Superior no se ha expedido.Es decir, si como ocurre en el supuesto de autos, existen razones que no han sido ponderadas por la Suprema Corte en el precedente “Cabrera” que resultan dirimentes para resolver de manera distinta, no puede sostenerse que esta sentencia será “irremisiblemente revocada”, como es premisa -sostenida por la propia Suprema Corte- de la obligatoriedad de la doctrina legal.

Dejo en claro que si un nuevo fallo de la Suprema Corte mantiene el criterio sentado en “Cabrera” una vez analizadas las nuevas razones que seguidamente expondré y que no se tuvieron en cuenta en el citado precedente, acataré la doctrina legal ante la ausencia de argumentos no ponderados en ella que permitan controvertirla, dada su obligatoriedad moral y el respeto que merece la Suprema Corte en su carácter de máximo órgano judicial de la Provincia (arg. doct. C.S.J.N. en Fallos 331:2004).

E. 6. I. c) Nuevas razones no ponderadas en el precedente “Cabrera” de la Suprema Corte que ameritan apartarse de dicha doctrina legal.

Comenzaré yendo al grano: la Suprema Corte, al sostener que debe aplicarse su doctrina legal anterior que impone la tasa bancaria pasiva (más allá de su modalidad) desde la mora (es decir desde el momento del hecho, por tratarse de un daño in re ipsa) no tuvo en cuenta que aquella se gestó en casos en que se trataba de deudas de dinero, o de valor cuantificadas a su fecha de origen, mientras que en el precedente “Cabrera” -que tiene a este tribunal como cámara de origen- y en el caso en juzgamiento se trata de obligaciones de valor justipreciadas en momentos muy posteriores a la mora (desfasaje que se cuenta en años) a valores de la época de cuantificación (la sentencia), que conllevaron en su mensuración no solo oscilaciones intrínsecas del valor, sino también la depreciación de la moneda en el interregno habido entre la mora y la cuantificación. De tal modo, la liquidación resultante es enormemente superior que si se tienen en cuenta valores históricos, del momento del hecho.Particularmente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no hizo los cálculos comparativos que demuestran que aplicar una tasa bancaria desde la mora hasta el efectivo pago, a pesar de que la cuantificación de la deuda de valor ocurrió en un momento posterior a la mora, conlleva un resultado arbitrario y genera un enriquecimiento ilícito a favor del damnificado.

Sí coincido con el cimero tribunal provincial en que no deben asimilarse los términos “valores actuales” con “actualización”, “reajuste” o indexación”, puesto que estos últimos suponen una operación matemática, mientras que el primero sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo (Ac. 61.573, “Gallardo”, 15/5/1996). No obstante, no puede desconocerse que, aunque el juzgador no acuda a mecanismos de actualización en su tarea de adecuar el valor a la realidad económica, sí lo hicieron quienes aportaron elementos al proceso en los cuales basará su decisión (por ejemplo, el valor actual de un determinado repuesto informado por una concesionaria). Dicho de otra manera, si se cuantifica al día de hoy el valor de una autoparte dañada hace tres años, el juez no hace ningún cálculo de actualización, pero sí lo hicieron el fabricante del repuesto y el vendedor al actualizar su lista de precios de tanto en tanto, y el resultado final -que es lo que importa- es el mismo que si el juez realizara un procedimiento aritmético de actualización monetaria sobre el precio original

No desconozco que, en precedentes anteriores a “Cabrera”, el Superior Tribunal provincial sostuvo que la aplicación de una tasa pura de interés desde el hecho y hasta el dictado de la sentencia -si es de fecha posterior al 31 de Marzo de 1991-, requiere que se demuestre “que el pronunciamiento al fijar valores actuales al tiempo de su dictado ha infringido la prohibición contenida en la referida ley 23.928, esto es, ha realizado una actualización de un valor histórico” (Ac.56.685, sent. del 5-III-1996; Ac. 59.284, sent. del 11-III-1997; Ac. 60.168, sent. del 28-X-1997, Ac. 59.040, sent. del 3-III-1998). No obstante, aquí se omite considerar que al cuantificar las partidas indemnizatorias a valores “actuales” (digamos, por ejemplo, tres años después de un accidente), se tiene en cuenta -o se “agrega”- la inflación habida en ese interregno (esto no implica actualización monetaria por no tratarse de deudas de dinero aunque el resultado práctico es idéntico; si se debe el valor de un auto nuevo modelo “X”, hace dos años tenía un precio y hoy otro superior, por lo que fijar al momento actual el valor del locomóvil implica tener en cuenta su aumento de precio, que en gran medida se debe a la inflación). Como el envilecimiento de la moneda debe imperativamente tenerse en cuenta al resarcir para no provocar un empobrecimiento del damnificado, o bien se lo computa estableciendo valores del momento del pronunciamiento (los que tienen en cuenta los aumentos de precios propulsados por la inflación), agregando “hacia atrás” una tasa pura que únicamente contemple la indisponibilidad del uso del capital, o bien se establecen valores históricos, adicionando por todo el lapso de la mora una tasa bancaria que además de compensar la imposibilidad de uso del capital tiene incorporado un importante componente inflacionario. Si se hacen ambas cosas, se agrega dos veces la inflación: una vez, al fijar la indemnización a valores “actuales” (donde, sin actualizar, se computa el envilecimiento monetario con un resultado equivalente a la actualización), y otra, al aplicar sobre ellos una tasa bancaria desde el momento de la mora, pues esta ya contiene -aunque imperfectamente- una escoria inflacionaria. Ello se hace obvio al comparar las tasas bancarias en períodos de mucha inflación y otros de poco envilecimiento de la moneda:en el económicamente nefasto año 1989 las tasas bancarias eran desorbitantes, lo que solo se explica porque se trataba de un período de hiperinflación.

Es facultad de los tribunales de grado determinar el modo de cálculo de las partidas indemnizatorias con el fin de lograr una reparación integral del daño de la manera más perfecta posible. Este tribunal viene señalando reiteradamente desde el precedente “Borda” (causa 140551 del 19/6/2013, registro n° 82) que, a tales fines, lo más conveniente es fijar valores al momento de la sentencia. No hay ninguna norma legal que lo impi da y no conozco fallos de la Suprema Corte que objeten este modo de proceder, sino que, por el contrario, el Superior lo ha admitido expresamente en la causa 120.192, “Scandizzo”, del 7/9/2016. Ahora bien, tampoco hay impedimento -aunque es desaconsejable por varias razones, entre las que cuenta la dificultad de “valuar” daños a momentos muy distintos del actual- para que la indemnización se fije a valores históricos. Cualquiera de las dos posibilidades es viable, siendo obvio que en uno y otro caso no se puede aplicar la misma tasa de interés, porque los resultados serían absurdos: aplicar la tasa bancaria desde la mora hasta el efectivo pago solo es razonable si se trata de valores de aquella época; pero si son “actuales”, hacer el mismo cálculo implica un despropósito económico mayúsculo, pues conlleva agregar dos veces el componente inflacionario a la indemnización. Si la inflación es muy baja, la diferencia será pequeña, pero si es muy alta, será irremediablemente inaceptable, al punto de arruinar -literalmente- al deudor que deba pagarla. Por ejemplo, con una inflación del treinta por ciento anual, en tres años y fracción la cantidad nominalmente debida estará duplicada, ya sea cuantificándola al final de ese período o a valores históricos más la tasa bancaria, que estará compuesta por guarismos acordes a esa inflación.Pero si al valor fijado tres años y fracción más tarde de acuerdo a los valores económicos del momento se le aplica la tasa bancaria desde la mora, el monto final de la deuda ya no será el doble que el original, sino el cuádruple, con lo que la indemnización será el doble de la correspondiente. Y solo he computado, en este ejercicio intelectual, una inflación del 30% anual (muy acorde a los valores que suelen existir en nuestro país) por un período de un poco más de tres años.

Veamos con ejemplos concretos el desfasaje que vengo apuntando, atendiendo a las partidas que fueron admitidas y cuantificadas en autos:

a) Si a la repercusión patrimonial de la incapacidad, que propuse incrementar a $694.883,49, siguiendo la doctrina “Cabrera”, le sumamos la tasa pasiva bancaria (plazo fijo digital) desde la mora hasta el efectivo pago que a modo de ejemplo podría establecerse en el 1° de diciembre de 2017 que monta $944.470,60, elevaríamos la deuda a más del doble, esto es, a $1.639.354,09. En cambio si, como propongo, se adiciona para la tasa pura del 4% anual hasta el dictado de este pronunciamiento ($210.863,82), para continuar -en adelante- con la tasa pasiva bancaria (plazo fijo digital) hasta la fecha ejemplificativa -1° de diciembre de 2017- ($8.224,37), se eleva la deuda a $913.971,68.

b) Si a los daños materiales de la motocicleta, que en el punto E. 5. IV. propuse incrementar a $5.000, siguiendo la doctrina “Cabrera”, le sumamos la tasa pasiva bancaria (plazo fijo digital) desde la mora hasta el 1° de diciembre de 2017 -fecha ejemplificativa- que monta $6.784, elevaríamos la deuda a $11.784, es decir, a más del doble.En contrapartida, adicionándole la tasa pura del 4% anual hasta el dictado de este pronunciamiento ($1.517,26), para continuar -en adelante- con la tasa pasiva bancaria (plazo fijo digital) hasta la fecha ejemplificativa -1° de diciembre de 2017- ($59,18), se eleva la deuda a $6.576,44.

c) Si al rubro daño moral, fijado en primera instancia en $80.000, lo que en el apartado E. 3 propuse confirmar, siguiendo la doctrina “Cabrera”, le adicionamos la tasa pasiva bancaria -plazo fijo digital- desde la mora hasta al 16 de diciembre de 2016 -fecha del dictado de ese pronunciamiento- que monta $95.527, también se elevaría la deuda a más del doble, esto es, a $175.527. En cambio, adicionándole por ese mismo interregno la tasa pura del 4% anual que postulo ($21.418), se eleva a $101.418.

d) Finalmente, si a la partida “gastos médicos”, fijada en la sentencia de grado en $900, lo que llega firme a esta instancia, siguiendo la doctrina “Cabrera”, le adicionamos la tasa pasiva bancaria (plazo fijo digital) desde la mora hasta el 16 de diciembre de 2016 -fecha del dictado del mentado pronunciamiento- que monta $1.074, se elevaría la deuda a $1.974. En cambio, adicionándole la tasa pura del 4% anual ($240) por el mismo período, se eleva a $1.140.

Adviértase que estos graves desfasajes se producen en períodos de inflación contenida, siendo terribles las consecuencias que su doble ponderación podría producir en épocas hiperinflacionarias como las que ya nos ha tocado vivir a los argentinos (año 1989).

Veamos ahora otro ejemplo, extraño al asunto juzgado pero de “números redondos” y, por lo tanto, más didáctico: hoy cuesta $600.000 un automóvil equivalente a otro que hace unos doce o trece años costaba $60.000. Si para cuantificar un daño moral apelando a la teoría de las satisfacciones sustitutivas (art.1741 in fine del Código Civil y Comercial) el juez decidiera otorgar al damnificado el valor equivalente a un automóvil de esas características, y la mora hubiese ocurrido hace doce o trece años, bien podría hacer la cuantificación a valores históricos ($60.000) o actuales ($600.000). Pero si a esta última cantidad se aplicara una tasa “bancaria” (por oposición a “pura”) desde la mora, el damnificado estaría recibiendo en compensación no ya el valor de un automóvil, sino el de diez (en ambos casos más la compensación por la indisposición de uso del dinero desde la mora), lo que resulta insostenible. El error es obvio: no se puede aplicar la misma tasa si se trata de un placer sustitutivo determinado en un automóvil cuyo valor fue cuantificado a valores históricos ($60.000) o actuales ($600.000).

En suma, en el precedente “Cabrera”, que he leído atentamente, hay muy profusos y variados argumentos en torno a la tasa de interés y la doctrina legal largamente sostenida por la Suprema Corte a ese respecto, pero no existe ni una sola mención, en ninguno de los votos de los Señores Ministros de la Suprema Corte, de las circunstancias precedentemente expuestas, atinentes a la época de valuación de los daños, a la incidencia que en esto tiene el cálculo de los intereses y las groseras diferencias que arroja en la liquidación final, que en algunos casos (hiperinflación mediante) puede llegar a ser cientos o miles de veces más elevada de lo que en derecho -y justicia- corresponde.

E. 6. I. d) Justificación de que las tasas sean, respectivamente, del 4% anual y la pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

E. 6. I. d. a) La elección del 4% anual como tasa pura es una cuestión determinativa.Bien podría ser mayor (se ha utilizado mucho el 6% anual) o menor, aunque con un “piso” del 2% anual y un “techo” del 8% anual, pues fuera de esos guarismos estaríamos en porcentajes absurdos e injustificables.

Se trata de establecer la ganancia promedio que, a valores constantes, puede razonablemente obtener una persona diligente no especializada en inversiones financieras.

Este tribunal, por sus dos salas, viene adoptando desde hace varios años el guarismo del 4% anual -que propongo utilizar aquí- por estimar que, en el actual contexto económico, es la ganancia promedio a la que verosímilmente puede aspirar un argentino medio invirtiendo su dinero lo mejor posible, dentro de las alternativas que usualmente se encuentran a su alcance.

Como dice Acciarri con su habitual claridad, “…en la práctica jurisprudencial argentina se han usado tasas del 6% (y aún, a veces, el 8%), valores que, por cierto, parecen excesivos… Decidirse por esos guarismos… implicaría asumir que la víctima podría invertir su capital a tasas que superarían, para cada período, a la inflación, en un equivalente al 6% y 8% anual. Y esa asunción no parece responder a la realidad, menos aún en el largo plazo. Al contrario debería pensarse en una tasa modesta, dado que la víctima no suele ser un especialista y el propio asesoramiento cuesta dinero.Por eso parece más adecuada una tasa de un 2% a un 4%.- El problema central aquí… es… la dificultad… para lidiar con ciertos efectos de la llamada ilusión monetaria y también, un desconocimiento bastante generalizado del funcionamiento e implicancias de estas tasas.- Una tasa de interés del 15% nominal anual puede significar un interés puro del 15% (si la inflación es 0), del 5% (si la inflación es del 10%) y también, una pérdida, un interés negativo, del 5% si la inflación es del 20%. El inconveniente aquí sería creer que la tasa de interés nominal del mercado es una tasa de interés puro, o al menos considerar impropiamente el efecto de la inflación contenida en dicha tasa. Un error de apreciación común, en consecuencia, es creer que es sencillo obtener una renta de, por ejemplo, el 6% anual, por el hecho de que es posible obtener una tasa nominal mayor a esa suma (como ocurre usualmente con las tasas que pagan los bancos en plazo fijo).- Se trata, claramente, de un error… (Acciarri, Hugo: Elementos de análisis económico del derecho de daños, Buenos Aires, La Ley, 2015, pág. 246/247).

E. 6. I. d. b) La elección de la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires como tasa “bancaria” (con escoria inflacionaria) se debe a una imposición de la Suprema Corte de Justicia en doctrina legal reiterada y considerada -incluso en el precedente “Cabrera”-, que no comparto (porque entiendo que no compensa suficientemente la depreciación de la moneda y la indisponibilidad de uso del capital, al punto que en muchas ocasiones se trata de una tasa “negativa”, por ser inferior al porcentaje anual de inflación), pero que debo seguir por no tener argumentos no considerados por el Superior para apuntalar la tasa activa.

E. 6. I.e) La tasa aplicable y los artículos 768 y 772 del Código Civil y Comercial.

De todos los argumentos desarrollados en los distintos votos de los Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia en el caso “Cabrera” (ninguno de los cuales pondera -reitero- ni directa, ni indirecta, ni implícitamente las enormes diferencias prácticas que desde el pun to de vista económico y, concretamente, en cuanto a la tasa de interés aplicable, conlleva la diferencia entre partidas indemnizatorias cuantificadas históricamente al momento del hecho o a valores de la sentencia), creo necesario detenerme especialmente en uno: que el actual contexto legal es diferente, en esta materia, al de la época anterior al 1° de agosto de 2015, en que empezó a regir el Código Civil y Comercial. Efectivamente, el art. 622 del Código Civil establecía en su primer párrafo in fine que “…Si no hay intereses convenidos, [el deudor] debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar…”. En cambio, el Código Civil y Comercial dispone por su artículo 768 lo siguiente: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. La diferencia es palmaria, porque como dijo el Dr. Pettigiani en su voto en el mentado caso “Cabrera”, “…al igual que en la anterior regulación (el citado art. 622, primer párrafo in fine), la actual también es una facultad judicial (inc. “c”] del art. 768), pero a diferencia de aquella, ahora hay un universo circunscripto de tasas de interés”, que se reduce a las bancarias:en defecto de acuerdos de partes y de leyes especiales, las tasas son las que “se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”, lo que da lugar a un muy amplio debate por la ambigüedad del concepto (del que se hicieron eco varios de los votos de los señores Ministros en el precedente “Cabrera”), pero con una precisión muy clara: son tasas “bancarias”, por lo que quedan excluidas las tasas “puras”, como el 4% anual que propongo aplicar en la especie desde la mora hasta el día de este fallo.

La cuestión no es baladí, porque el cómputo de los intereses es una consecuencia de la relación jurídica existente a la que debe aplicarse la nueva ley (art. 7°, Código Civil y Comercial).

El argumento no es decisivo, porque el artículo 768 del Código Civil y Comercial recién es aplicable al caso a partir del momento en que la deuda de valor es cuantificada en dinero (art. 772: “…Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta sección” -la bastardilla no es del original-). Es decir que el artículo 768 queda circunscripto a las “Obligaciones de dar dinero”, pues está incluido en el Parágrafo 6° (intitulado justamente “Obligaciones de dar dinero”), de la Sección 1ª (“Obligaciones de Dar”), del Capítulo 3° (“Clases de Obligaciones”) del Título I (“Obligaciones en General”) del Libro Tercero (“Derechos Personales”) del Código Civil y Comercial. Muy lógico: a las “obligaciones de dar dinero” no puede sino aplicarse la tasa bancaria, pero ello presupone un valor originario que “nació cuantificado”. Respecto a las obligaciones de valor, es decir, aquellas que no nacieron cuantificadas, si con posterioridad son expresadas en dinero, le serán aplicables recién a partir de ese entonces -y no hacía el pasado- (art.772 del digesto sustantivo) las disposiciones generales relativas a las “obligaciones de dar dinero” -entre ellas, la que refiere a las tasas de interés bancarias-, por lo que desde la mora y hasta su cuantificación, no existe impedimento para que se les aplique una tasa distinta.

Esta conclusión es la que se desprende del citado artículo 772 rectamente interpretado: “Una vez que el valor es cuantificado en dinero (aclaro yo: y, por ende, no antes) se aplican las disposiciones de esta sección”. La expresión “una vez que” es decisiva y significa que el “universo circunscripto de tasas de interés” que, como dice el Dr. Pettigiani, se reduce a las bancarias, solo se refiere a las obligaciones de dar dinero (art. 768, Código Civil y Comercial) y a las de valor “una vez que” son cuantificadas (art. 772, Código Civil y Comercial); ergo, “antes de” ser transformadas en dinero, el juez no está limitado por el catálogo de tasas que se desprende del artículo 768 del Código Civil y Comercial.

Esta es otra cuestión que la Suprema Corte no tuvo en cuenta en su sentencia (ningún voto hace referencia a la específica sección en que está incluido el art. 768 del Código Civil y Comercial, ni al tipo de obligaciones a los que resulta aplicable, ni cómo juega el art. 772 del nuevo digesto referido a las deudas de valor, sino que le dio alcance universal al primero de los citados preceptos sin explicación alguna que aborde estos tópicos), razón por la cual es ponderable por este tribunal para determinar si corresponde o no aplicar la doctrina legal sentada en “Cabrera”.

Ossola, comentando el artículo 772 del Código Civil y Comercial, señala acertadamente lo siguiente: “Los intereses moratorios y las obligaciones de valor.- Puede ocurrir que la obligación se torne exigible antes de su cuantificación.- El ejemplo típico es el daño moral, en donde los intereses (que son moratorios) comienzan a correr desde que se produjo el perjuicio (art.1748 del Código). También en no pocos casos de daños patrimoniales el quantum de la obligación se determina en el marco de la producción de la prueba en el correspondiente juicio (por ej., la pérdida de valor venal de un automotor, o el costo de los arreglos, mediante la correspondiente pericia).- En tales supuestos, el juez al dictar sentencia cuantifica el daño moral (y al valor que éste tiene en dicho momento, por imperio de lo ahora establecido en el art. 772), o bien manda a pagar la suma cuyo monto se estableció con anterioridad (en el caso indicado de los daños patrimoniales).- Como los intereses deben correr desde el momento en que se produjo el perjuicio, si éstos tienen entre sus componentes escorias inflacionarias (ver comentario a los arts. 767 y 768), en el caso de las obligaciones de valor necesariamente se impone aplicar dos tasas diferentes: una desde que la obligación se hizo exigible hasta que se determinó el valor de la prestación, y otra desde este último momento hasta su pago.- La primera no debe contener escorias inflacionarias. Es que la razón de ser de estas últimas es, precisamente, compensar (por vía indirecta) la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, situación que no se presenta hasta el momento de la cuantificación, pues el monto de la obligación se determina de acuerdo al valor que ella reviste en dicho instante. No hay depreciación alguna. La tasa de interés, pues, debe ser pura, pues de lo contrario se estaría mandando a pagar dos veces lo mismo, con el consiguiente enriquecimiento sin causa del acreedor.- Ahora bien, una vez determinado el valor de la obligación, si es que usualmente se manda a pagar tasas de interés moratorio que contengan escorias inflacionarias, en el caso que nos ocupa éstas deben integrar dicha tasa.Es que como se aplican lisa y llanamente las reglas que emergen a partir del artículo 765 del Código, ya no será posible una nueva operación de cuantificación a valores reales y actuales.-” -todas las bastardillas son textuales y pertenecen al original- (Ossola, Federico Alejandro, su comentario al art. 772 del Código Civil y Comercial en Lorenzetti, Ricardo Luis -director-: Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo V, Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 158/159).

A mayor abundamiento, todas las normas jurídicas deben interpretarse teniendo en cuenta sus finalidades (art. 2° del Código Civil y Comercial) y meritando sus derivaciones, porque a la hora de tomar una decisión, los jueces no debemos prescindir de las consecuencias que naturalmente habrán de derivar de ella toda vez que su valoración constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma (Corte Suprema de Justicia de la Nación; Fallos 302:1284), en base a lo cual cabe descartar que a indemnizaciones determinadas a valores de la época de la sentencia pueda aplicárseles una tasa bancaria desde la mora acaecida con anterioridad, porque el resultado sería absurdo (generaría una transferencia injustificada de riquezas) y, como tal, no respetaría la finalidad de la norma.

Nótese que nuestro ordenamiento jurídico rechaza tan severamente resultados de notoria injusticia como el que resultaría de aplicar llanamente la doctrina “Cabrera” a este precedente, que el art. 1742 permite atenuar el resultado final dado el enormemente inequitativo resultado en “las circunstancias del caso”, y ese proceder razonablemente implementado debería conducir al mismo resultado final que propongo: aplicar, a la indemnización fijada a valores posteriores a la fecha de la mora, una tasa pura del 4% anual hasta el momento de la cuantificación, para continuar, en adelante, con la tasa pasiva más alta que utiliza el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a treinta días.Pero me parece un subterfugio innecesario “respetar la doctrina legal” en las circunstancias que se vienen enunciando, para luego soslayar su resultado aplicando el artículo 1742 del Código Civil y Comercial. Es mucho más razonable, por el contrario, el proceder que sugiero en este voto.

Con este alcance, voto por la negativa.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA SRA. JUEZ DRA. DÍAZ ALCARAZ DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Leopoldo L. Peralta Mariscal.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. PERALTA MARISCAL DIJO:

En virtud del resultado arrojado por la votación a la primera cuestión, corresponde modificar la sentencia apelada, elevándose la indemnización por incapacidad sobreviniente a la suma $694.883,49 y por el rubro daños materiales de la motocicleta a $5.000. Asimismo cabe hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado Hernán Martín Lebed y, en su mérito, rechazarse la demanda entablada en su contra, con costas a cargo de la actora (art. 68 del CPCC). En lo demás que decide y ha sido materia de agravio debe ser confirmada.

Dado el resultado al que se arriba, las costas de alzada deben ser soportadas por la demandada Guillermina Silvana Acosta (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial).

Tal es mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA SRA. JUEZ DRA. DÍAZ ALCARAZ DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Leopoldo L. Peralta Mariscal.

Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente

SENTENCIA

VISTOS Y CONSIDERANDO: Que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la sentencia apelada no se ajusta totalmente a derecho.

Por ello, el tribunal RESUELVE:

1) Modificar la sentencia apelada en cuanto a la indemnización por incapacidad sobreviniente, que se eleva a $694.883,49; en cuanto a la compensación por el daño material de la motocicleta, que se cuantifica en $5.000 y en lo atinente a la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida por el coaccionado Hernán Martín Lebed, a la que se hace lugar y, en consecuencia, se rechaza la demanda interpuesta en su contra, con costas a cargo de la actora.

2) Confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravios.

3) Imponer las costas de alzada a la demandada Guillermina Silvana Acosta.

4) Diferir la determinación arancelaria para luego de efectuada la de la instancia anterior.

Hágase saber y devuélvase.