La necesidad de construcción de un modelo integrado de ciencia penal

Autor: Suárez. Paulo I.

Fecha: 13-09-2017

Cita: MJ-DOC-11985-AR | MJD11985
Doctrina:

Por Paulo I. Suárez (*)

«Ciertamente, partir del delito como fenómeno político no excluye estudiar los problemas de la conducta y su etiología, pero ello subordinado a una consideración y explicación al mismo tiempo global». – Juan Bustos Ramírez

I. La denominada criminalidad, considerada como «objeto de investigación», no puede ser aprehendida en su totalidad por una disciplina académica o ámbito del conocimiento científico en particular -al menos tal como actualmente se concibe de modo predominante la consideración de un saber con status o carácter científico-, ello en virtud de su naturaleza esencialmente compleja.

Esta complejidad de nuestro objeto de estudio se evidencia en la diversidad de aspectos que conforman su contenido, como es el estudio de la persona criminalizada, de la conducta «delictiva» y del «contexto social y político en el que se insertan y desarrollan ambas», por lo que resulta indispensable realizar un abordaje interdisciplinario que posibilite su comprensión y explicación satisfactoria.

En lo que respecta al contenido de la criminología, acertadamente señala Juan Bustos Ramírez que, si bien prácticamente cada autor da una definición propia de criminología, todas ellas tienen rasgos comunes en torno a los cuales giran los restantes elementos conceptuales, a saber:el hombre (delincuente), la conducta social (delictiva) y la organización social concreta en que se dan (1). Podría señalarse, asimismo, que es posible observar una especie de desplazamiento del centro de la atención de los estudios criminológicos o, lo que es lo mismo, una ampliación progresiva de su objeto de estudio u horizonte de proyección, ampliación operada a lo largo de la evolución acontecida en dicha disciplina, ello de modo tal que la indagación criminológica se fue desplazando paulatinamente desde el estudio del sujeto criminalizado (como aconteció en los comienzos de esta materia con la denominada «Criminología positivista») hacia la conducta desviada y, actualmente, poniendo el acento de modo fundamental en el contexto social y político en el que se desarrolla el proceso de criminalización (primaria y secundaria), haciendo objeto de estudio a la totalidad del sistema penal en cuanto subsistema de control social.

II. Del mismo modo, la criminalidad, entendida ahora como «problemática social frente a la cual deben articularse respuestas adecuadas para su contención y disminución», momento en el cual y a cuyo fin aparecen en escena el Derecho Penal y la Política Criminal, exige también de una visión integral del delito y de la conducta desviada que permita estructurar adecuadamente ambas herramientas de control social para un funcionamiento eficaz y útil, que garantice y proteja los intereses de las mayorías (y no los intereses sectarios de grupos de poder que animan y / o justifican políticas criminales particularmente represivas, que hacen objeto exclusivo de su actuación a los sectores más vulnerables de la sociedad capitalista, con total independencia de cualquier criterio de razonabilidad o eficacia) evitando al mismo tiempo resultados disfuncionales y onerosos en términos de «costos sociales».

Interesa destacar lo expuesto en cuanto a que el Derecho Penal, al menos simbólicamente, se atribuye como función la prevención y contención del delito, entendido este como problemática social.En este sentido, Maurach y Zipf sostienen que la tarea o finalidad del derecho penal es la «lucha contra el delito» dentro del campo que le ha sido reservado en el ordenamiento jurídico y con los medios específicos que le han sido entregados de modo exclusivo; es decir, por intermedio de la pena estatal y de las medidas de seguridad (2). La dogmática jurídico-penal es conteste en atribuir esta función al derecho penal, al menos como función declarada, con total independencia de las funciones reales que efectivamente cumple.

III. Como puede advertirse de lo hasta aquí expuesto, la concepción del delito y de la criminalidad que se adopte tiene -o debería tener- estrecha relación con los fines y funciones que se le asignen a la pena criminal y, consecuentemente, con naturaleza y características del derecho penal que se postule.

Una concepción del delito y de la criminalidad resulta así lógicamente anterior a la teoría de la pena y, con ello, al derecho penal mismo. Pues, es solo a partir de un determinado concepto o idea del fenómeno criminal que se tome como punto de partida que pueden plantearse estrategias de intervención y asignárseles finalidades a la pena estatal en cuanto modo de prevenir la comisión de delitos de tal modo entendidos en su naturaleza y esencia.

Es que, resulta evidente que debe partirse de una idea y conocimiento determinado previo acerca de la naturaleza y esencia de aquello que se pretende prevenir y evitar, en este caso el delito, la criminalidad, ello como paso previo a la estructuración de las herramientas de control que se implementaran con tal finalidad.

La denominada «teoría de la pena, en cuanto la pena estatal es la herramienta y medio principal reservado al Derecho Penal para cumplir su función declarada», y, consecuentemente, el derecho penal mismo se estructurará entonces a partir y en función de la idea del delito que se tenga, condicionándose de este modo toda la posterior organización y contenido de aquel.IV.No obstante lo evidente que a primera vista parece lo expuesto precedentemente, y muy por el contrario a lo que sería aconsejable que sucediera, es posible advertir una suerte de fragmentación entre los distintos saberes académicos que, de un modo u otro, se han dedicado al estudio del delito y la conducta desviada, de modo tal que cada uno de ellos se ha ocupado de un sector o aspecto singular de la problemática en examen, lo que hubo de aparejar como resultado la existencia de respuestas parciales e insuficientes (3).

Es precisamente a causa de ello que ciertas disciplinas, como el derecho penal, la dogmática jurídico-penal, la criminología, la sociología criminal, la psicología y la política criminal, solo han arribado a explicaciones y respuestas limitadas en relación con la problemática referida y, en no pocas ocasiones, es factible apreciar la existencia de importantes contradicciones conceptuales entre los resultados a los que se ha arribado en algunas de las disciplinas mencionadas en comparación con las conclusiones obtenidas en el seno de otros ámbitos del saber relacionados.

En particular, se observa un considerable atraso en la dogmática jurídico-penal y en el contenido de sus conceptos y postulados fundamentales sobre los que se hace reposar la legitimación del derecho penal en relación con los avances de la moderna criminología.

En este sentido, las elaboraciones teórico-criminológicas más recientes, provenientes fundamentalmente del ámbito de la «sociología criminal» y de la «criminología crítica», han contribuido decisivamente a socavar premisas básicas sobre las que se asentó el derecho penal moderno, lo cual reviste particular importancia desde el punto de vista del «Estado constitucional de derecho» por las implicancias que conlleva respecto de la discusión en torno a la legitimidad del ejercicio de un poder punitivo que se revela, cada vez más, como notablemente irracional y antidemocrático.En efecto, el denominado paradigma del «labelling approach» (o enfoque de la reacción social) ha demostrado «el resultado disfuncional que apareja la criminalización secundaria» en el sujeto de tal modo estigmatizado y el abolicionismo penal ha terminado por comprobar, por si alguna duda quedaba, lo desacertado que resulta considerar a la pena privativa de la libertad como única y principal respuesta estatal frente a la comisión de un hecho punible, «lo que origina más y mayores problemas de los que se procura resolver», sin que actualmente nadie se atreva seriamente a sostener que realiza aporte alguno en términos de prevención general o especial; sin embargo, el Derecho Penal continúa haciendo uso de modo principal y excluyente de dicha herramienta de castigo particularmente violenta y cruel, y solo se han esbozado ciertas alternativas a la pena de prisión que bajo ningún concepto solucionan la cuestión planteada en torno a la cárcel.

Por su parte, la Criminología Crítica ha cuestionado fundadamente la «operatividad selectiva del sistema penal, la violencia y arbitrariedad que lo caracterizan». Los últimos resultados a los que se hubo de arribar en el seno de esta corriente criminológica dejan fuera de toda discusión la caracterización del «derecho penal» como un «derecho desigual» por excelencia (revelando como un mito el dogma jurídico de la igualdad ante la ley) como también la importancia fundamental que reviste el reforzamiento y ensanchamiento del control penal respecto de la gran criminalidad organizada y la criminalidad de cuello blanco.

No obstante ello, prácticamente no se ha hecho nada al respecto, y la política criminal se debate desde hace décadas alrededor de las mismas medidas de seguridad, siempre orientadas al incremento del control social y la represión respecto de los sectores desposeídos de la sociedad capitalista, medidas de seguridad en relación con las cuales su ineficacia puede considerarse cosa juzgada.Proceso que tiene su correlato en una especie de inmunización primaria y secundaria respecto de las organizaciones criminales, los mercados ilegales y la criminalidad de cuello blanco.

En mérito de ello, la legitimidad del ejercicio del «ius puniendi» estatal se encuentra seria y fundadamente cuestionada.

V. Por ello, como puede apreciarse, reaparece siempre, de algún modo, aquella idea propuesta por Franz von Liszt como programa científico de la «Internationale Kriminalistische Vereinigung» (Asociación Penal Internacional) y en su «Programa de Marburgo», pero no ya como una «ciencia del derecho penal conjunta o modelo integral de ciencia penal», tal como la había concebido el gran penalista de Viena, con una crim inología que aparece cumpliendo una función auxiliar y dependiente del derecho penal aceptando acríticamente sus definiciones legales de criminalidad. Y, con ello, la demarcación externa de su objeto de investigación, ni con la amplitud de un saber que incluiría dentro de su campo de indagación disciplinas que se construyen cada una de ellas con métodos científicos diferentes y hasta contradictorios.

Pero sí en cuanto a la necesidad de proceder de modo integrado, esto es, de analizar el delito y el fenómeno de la criminalidad en general utilizando los resultados conceptuales más avanzados provenientes de las diversas disciplinas académicas que se han dedicado al estudio de aquellos, posibilitando así una comprensión integral de la problemática en examen, para posteriormente realizar una confrontación con los postulados esenciales de la «Dogmática Jurídico-Penal» y con la «Política Criminal» que determine la adopción de una actitud crítica hacia el interior de cada una de estas disciplinas y que, fundamentalmente, conduzca a una actualización y reforma de estas últimas.Se propone así una integración entre Criminología y Dogmática Jurídico-Penal (teniendo siempre en mira las implicancias que ello tendrá para la Política Criminal), integración que tendrá diversos puntos de encuentro, entre ellos la definición o concepto de delito, pero analizado este de modo crítico; es decir, no ya como punto de partida de un análisis criminológico que toma de prestado del derecho penal una definición de criminalidad, siendo especialmente conscientes de que la criminalidad no constituye una cualidad ontológica de ciertos comportamientos, sino conformando y delimitando su objeto de estudio en un contexto general más amplio en el que se analice acabadamente la coyuntura y la genealogía de los procesos de criminalización primaria (ley penal) y secundaria.

Otro punto de encuentro estará dado a partir de la denominada «teoría del delito», la que en su función garantizadora permitirá la incorporación de los resultados teóricos de la moderna criminología y una reformulación de ciertos conceptos fundamentales del derecho penal, de modo que aquella -la teoría del delito- solo constituirá una racionalización del poder punitivo en aquellos supuestos absolutamente indispensables y respecto de los cuales no hubiere otra solución (derecho penal mínimo).

Ello permitirá poner de manifiesto las serias incongruencias e inconsistencias de algunos de los conceptos centrales de la «dogmática penal», su crítica y su reformulación, y se facilitará al mismo tiempo la implementación de una política criminal eficaz, racional y respetuosa de los principios constitucionales del Estado social y democrático de derecho.

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(1) BUSTOS RAMÍREZ, Juan: El Pensamiento Criminológico I», vol. 1. Bogotá, Temis, 1983, p. 19.

(2) MAURACH, R., y ZIPF, H.: Derecho Penal – Parte General, t. 1, Buenos Aires, Astrea, 1994, p. 79.

(3) BARATTA, A.: Criminología crítica y crítica del derecho penal. S. l., Siglo Veintiuno.

(*) Abogado, UBA. Especialización en derecho penal y criminología, UBA.