El error material del juez en el cálculo del lucro cesante puede ser subsanado a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, aunque no se haya interpuesto oportunamente el de aclaratoria

Partes: C. M. K. por sí y en rep. de sus hijos menores J. N. y C. K. T. c/ Frigorífico Junín S.A. y otra s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 20-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-107467-AR | MJJ107467 | MJJ107467

El error material del juez en el cálculo del lucro cesante puede ser subsanado a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, aunque no se haya interpuesto oportunamente el de aclaratoria.

Sumario:

1.-Corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pues el tribunal del trabajo incurrió en un error al calcular la indemnización por lucro cesante, ya que si al momento del infortunio el trabajador tenía veintitrés años, surge evidente que le restaban cuarenta y dos años (y no cuarenta y siete) para llegar a la edad de obtención del beneficio jubilatorio ordinario (del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres. de Lázzari, Kogan, y Soria – mayoría)

2.-Si bien el error del a quo al calcular los años que le faltaban al trabajador fallecido para jubilarse -a los efectos del cómputo del lucro cesante- se traduce en un error material que pudo ser subsanado a través de un pedido de aclaratoria, la falta de articulación de esa vía impugnativa no puede constituirse en un impedimento para instar la revisión de lo decidido a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no implica consentimiento ni imposibilidad de deducir ese alzamiento recursivo (del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres. de Lázzari, Kogan, y Soria – mayoría)

3.-La procedencia de la acción directa entablada contra la aseguradora de riesgos del trabajo, a la que se considera -con fundamento en el art. 1074 del antiguo Código Civil- civilmente responsable del daño padecido por el trabajador, o sus derechohabientes, como consecuencia de un accidente de trabajo, no está supeditada al control de constitucionalidad del art. 39 ap. 1 de la Ley 24.557, toda vez que este precepto no exime a aquellas entidades de la responsabilidad civil frente a los trabajadores dependientes de los empleadores a ellas afiliados ni frente a sus derechohabientes (del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres. de Lázzari, Kogan, Pettigiani y Soria – mayoría)

4.-Debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues los supuestos errores materiales en la cuantificación del lucro cesante deben enmendarse en la instancia ordinaria por vía de aclaratoria, no pudiendo ser traídos agravios de tal carácter a la instancia extraordinaria por la parte que no cumplió tal recaudo (del voto del Dr. Pettigiani – disidencia parcial)

Fallo:

Dictamen de la Procuración General:

El Tribunal del Trabajo de la localidad de Junín acogió parcialmente la demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados del infortunio laboral que causó el óbito de C. E. T., incoada por su cónyuge, M. K. C., por derecho propio y en nombre y representación de sus hijos menores de edad, contra Frigorífico Junín S.A. y La Segunda A.R.T. S.A. (v. fs. 857/876 y 878/905 vta., veredicto y sent. respectivamente).

Contra la sentencia de grado se alzaron las partes mediante sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, a saber: la accionante en fs. 916/923 vta.; la codemandada Frigorífico Junín S.A. en fs. 976/992 vta. y La Segunda A.R.T. S.A. en fs. 995/1009 vta., cuya vista a esta Jefatura de Ministerio Público fue conferida por V.E. en fs. 1261.

Ahora bien, por razones de índole metodológica, habré de abordar en primer lugar las presentaciones correspondientes a las accionadas.

I. Recurso de la codemandada Frigorífico Junín S.A. de fs. 976/992 vta.

1.

a) Sostiene la apelante que en ocasión de contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley ritual el accionante introdujo un planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 que el a quo calificó como ampliación de la demanda, no obstante el impedimento que establece el art.331 del C.P.C.C.

Considera grave el hecho de que ante la mentada ampliación de la demanda, de la cual se corrió vista a las demandadas con posterioridad a la celebración de la audiencia de vista de la causa, los jueces de grado denegaran su derecho a ofrecer y producir prueba relacionada con dicha ampliación.

Añade que como consecuencia de la aludida denegación de producir prueba, al realizar el test de razonabilidad de ambos sistemas reparatorios, el a quo se limitó a restar de la indemnización del derecho común la suma depositada por la ART, sin contemplar los montos ya percibidos por los accionantes en concepto de renta mensual y sin especificar si dichos pagos deben seguir realizándose.

Señala que la denegación de producir prueba es violatoria de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial y 8 del Pacto de San José de Costa Rica.

Alega que el fallo en crisis es violatorio de la doctrina legal que dimana de los fallos “Castro” (L. 81.216 del 22-X-2003) y “Abaca” (L. 80.735 del 7-III-2005), en tanto en estos precedentes se estableció el criterio de que recién transcurrida la sustanciación del proceso se podrá contar con los parámetros precisos para determinar si existe lesión constitucional que justifique la tacha del art.39.1 de la ley 24.557.

b) Se agravia, asimismo, porque considera que la sentencia en crisis incurre en un error material de cálculo con relación al rubro lucro cesante, toda vez que el magistrado que votó en primer término tomó la pauta de 65 años de vida útil que pudo haber alcanzado el occiso y concluyó que le hubieran quedado 47 años de ganancias dejadas de percibir.

Según el apelante el yerro del a quo consiste en la determinación de la edad del trabajador al momento del infortunio laboral que produjera su óbito, el cual contaba con 23 años, de manera que el lucro cesante debía calcularse sobre un resto de vida útil de 42 años y no sobre los 47 dispuestos en el fallo, más aún si se considera que, en razón del tipo de tareas desempeñadas por el occiso, éste gozaba de régimen jubilatorio especial que le permitía retirarse a los 55 años de edad (cfr. dec. PEN 3555/72).

c) Otro motivo de queja está dado por la imposición de costas en forma solidaria a los codemandados dispuesta por el sentenciante de grado.

Sostiene -sumariamente- en punto a éste tópico, que correspondía que las costas fueran soportadas en el orden causado, pues según entiende ello es lo que surge del art. 19 de la ley 11.653, en tanto regula que si bien el vencido será condenado al pago de las costas el tribunal podrá eximirlo en todo o en parte cuando hallare mérito para ello.

2. Considero que la queja no es de recibo.

En relación a los agravios reseñados en el apartado a), los mismos refieren, meridianamente, a cuestiones previas al dictado de la sentencia en embate, por cuya razón, toda vez que ha operado la preclusión respecto de tales cuestiones, no podrán ya ser materia de revisión por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. S.C.B.A. causas L. 50.105, sent. del 22-XII-1992; L.74.314, sent. del 19-II-2002; L. 107.447, sent. del 13-VI-2012 y L. 100.504, sent. del 28-XII-2011, e.o.).

Tampoco le asiste razón a la apelante en tanto alega violación de la doctrina legal que dimana de los fallos “Castro” (L. 81.216 del 22-X-2003) y “Abaca” (L. 80.735 del 7-III-2005), referida a la necesidad de sustanciar el proceso a los efectos de determinar si existe lesión constitucional que justifique la tacha del art. 39.1 de la ley 24.557, toda vez que el sustrato fáctico de dichos precedentes que derivó en la doctrina señalada como infringida difiere sustancialmente de las circunstancias fácticas que informan la presente causa.

En orden a los agravios fundados en el presunto error en que habría incurrido el a quo en la valoración de los parámetros utilizados para calcular el rubro lucro cesante, es preciso señalar, en virtud de la doctrina legal que domina el tópico, que la elección de las pautas consideradas adecuadas a los efectos de fijar una indemnización de daños y perjuicios en el marco del derecho común, así como la determinación de su monto en función de las circunstancias de cada caso constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia de grado, en principio irrevisables en casación, salvo concreta denuncia y eficaz demostración de la existencia del vicio de absurdo en el razonamiento del a quo (conf. S.C.B.A. causas L. 96.467, sent. del 3-VI-2009; L. 101.302, sent. del 1-IX-2010; L. 92.089, sent. del 26-X-2011; L. 98.746, sent. del 30-XI-2011; L. 105.934, sent. del 29-II-2012 y L. 112.692, sent.del 25-IX-2013, e.o.), requisito que al no verificarse cumplido en la especie sella la suerte adversa de la impugnación planteada en tales términos.

Finalmente, resta decir que conforme inveterada doctrina legal del cimero Tribunal provincial, es facultad exclusiva de los tribunales de grado analizar la situación de cada parte y cargar en consecuencia a una u otra las costas del juicio, valorando al mismo tiempo si se dan los supuestos como para hacer uso de las posibilidades de eximisión total o parcial previstas por el ordenamiento procesal (conf. S.C.B.A., L. 34.652, sent. del 21-5-1985; L. 48.826, sent. del 29-9-1992; L. 81.159, sent. del 27-11-2002).

Se ha dicho, asimismo, que la temática relativa a la regulación y distribución de las costas solo es susceptible de examen en la instancia extraordinaria cuando ha mediado una irrazonable o burda valoración de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar la condición de vencido (conf. S.C.B.A., causas L. 36.176, sent. del 18-XI-1986; L. 57.511, sent. del 28-V-1996; L. 97.665, sent. del 12-XII-2007; L. 91.908, sent. del 18-III-2009; L. 98.850, sent. del 28-V-2010 y L. 104.696, sent. del 20-III-2013, e.o.), situación que no logra demostrar la apelante, desde que su embate contra el pronunciamiento de origen exhibe tan sólo un criterio discrepante con lo dispuesto por el a quo en materia de imposición de costas, lo cual no constituye una técnica recursiva adecuada.

Por los motivos expuestos, aconsejo a V.E. el rechazo de la queja analizada.

II. Recurso de la codemandada La Segunda A.R.T. S.A. de fs. 995/1009 vta.

1. Sostiene la apelante en la presentación que abordamos que el fallo impugnado viola los arts. 26, 29 y 47 de la ley 11.653; 331 del C.P.C.C., doctrina legal vinculada a los mismos; 16 y 18 de la Constitución nacional.Denuncia absurdo en la valoración de las pruebas.

a) En síntesis, la quejosa alega que la parte actora efectuó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 en ocasión de contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley ritual.

Afirma que el a quo confirió traslado de la ampliación de demanda cuando la misma ya había sido contestada por ambas codemandadas, lo cual en su criterio constituye una infracción a la normativa citada, así como a la doctrina legal vinculada a la misma.

Añade que además de conferir el mentado traslado de la extemporánea ampliación de la demanda, el Tribunal de grado no permitió a los accionados la producción de prueba que hiciera al derecho de su parte, cercenando así el derecho a una legítima defensa, igualdad entre las partes y debido proceso.

b) Se queja, asimismo, porque reputa absurda y violatoria de los arts. 384, 385 y sstes. y 474 del C.P.C.C. la interpretación que realizó el sentenciante de grado de la relación contractual que existiera entre su parte y la codemandada Frigorífico Junín S.A.

Alega al respecto que conforme surge de la documentación acompañada por su parte, así como del informe pericial contable producido en autos, el mentado contrato, que lleva el nro. 040770, comenzó a tener vigencia el 15 de junio de 2000 y el infortunio que causó la muerte del trabajador ocurrió al día siguiente, es decir, el 16 de junio 2000.

Plantea que de la experticia contable se desprende, además, cual fue la actividad desarrollada por la aseguradora con relación al frigorífico coaccionado en el marco del contrato 040770, que como ya se señalara, fue celebrado el día previo al infortunio laboral que diera origen a esta causa.De tal suerte -sostiene- que todas las obligaciones a cargo de la aseguradora fueron cumplidas con posterioridad al mismo, dando cuenta de ello la experticia técnica, donde el perito informa que el sector de “noqueo” -lugar del accidente- cumplía con las normas de seguridad e higiene y que se habían efectuado todas las mejoras indicadas por el ingeniero de la ART.

Sostiene que el a quo reconoció en el veredicto la existencia de un contrato anterior al que se hallaba vigente cuando se produjo el siniestro laboral, el cual fue celebrado el 1-VII-1996 y rescindido por falta de pago el 23-V-1998. Añade que no obstante este reconocimiento, el sentenciante de grado incurrió en contradicción al considerar que el vínculo contractual con el Frigorífico Junín S.A. se había iniciado el 1-VII-1996 y se extendía hasta la fecha de ocurrencia del infortunio que diera origen a estos actuados.

Con apoyo en dicha circunstancia fáctica, la quejosa entiende que su parte no incumplió las obligaciones contractuales y legales emergentes del contrato Nº 040770, conforme surge -según expone- de los informes periciales y del propio veredicto que basa la atribución de culpa concurrente en supuestos incumplimientos anteriores al hecho ventilado en autos.

Denuncia absurdo en la valoración de las pruebas, por entender que el Tribunal a quo soslayó la documental adunada a la causa, como así también los informes periciales que daban cuenta que su parte desarrolló, con relación al contrato N° 9097, las siguientes acciones: la evaluación de establecimientos industriales (fs. 509/514); formulario para capacitación (fs. 515/517); formularios de mejoras para acceder al nivel (fs. 518/519), además de plan de mejora modelo, listado de obligaciones mínimas y guías de capacitación sobre riesgos con instructivos (fs. 507).

Sostiene, con pie en ello, que resulta errónea la interpretación que realiza el Tribunal de los arts. 4 inc.1 y 31 de la ley 24.557 y del decreto 170/96, toda vez que prescinde del material probatorio señalado, por cuya razón -en su criterio- el a quo ha incurrido en el vicio de absurdo en la valoración de la prueba por omisa consideración de prueba trascendental para la solución de la litis.

En orden a la temática referida a la relación de causalidad, alega que sin perjuicio de que la aseguradora demandada cumplió con las obligaciones a su cargo, hubo un intervalo en el cual no existió contrato y por ende tampoco obligaciones, quedando así interrumpido el referido nexo causal.

Agrega que los contratos de afiliación a una ART se renuevan en forma automática, como lo reconoce el a quo en el fallo sobre los hechos, y que con fecha 15-VI-2000 la aseguradora suscribió con el frigorífico demandado el contrato N° 040770, toda vez que el anterior era un contrato distinto que no fue renovado, pues había sido rescindido con más de dos años de anterioridad.

Entiende que de esta forma se ha violado el art. 1074 del Código Civil, norma en que se apoyó el sentenciante de origen para condenar a su parte.

2. En mi opinión, la queja no es de recibo.

En primer lugar, habida cuenta que los argumentos reseñados en el apartado a) guardan plena identidad con los agravios que en sentido análogo informan la impugnación analizada en el dictamen anterior, versando pues, en lo sustancial, de una temática que ha tenido tratamiento procesal previo al dictado de la sentencia en crisis y hallarse alcanzada por los efectos de la preclusión, remito -en honor a la brevedad- a las razones y precedentes de V.E.allí invocados para propiciar su rechazo.

Del mismo modo, en mi opinión, resultan infundados los cuestionamientos reseñados en el apartado b).

En efecto, considero que la apelante no logra demostrar ni el absurdo ni las supuestas contradicciones que denuncia cometidas por el a quo en la interpretación de la relación contractual que vinculaba a la aseguradora con el Frigorífico Junín S.A., pues de la simple lectura de la sentencia en crisis se advierte que en la sexta cuestión planteada en el veredicto los jueces de grado tuvieron por acreditada la existencia de un contrato cuya vigencia comenzó el 1-VII-1996 hasta igual fecha de 1997, renovable automáticamente por períodos iguales. Señala el a quo que, conforme surte de la experticia contable, dicho contrato fue rescindido por falta de pago con fecha 23-V-1998, que la deuda se regularizó el 31-XII-1999, pero que el nuevo contrato 40770 fue registrado con fecha 15-VI-2000, siendo este último el que se encontraba vigente y con plena cobertura a la fecha del siniestro ocurrido el 24-VI-2000 (v. fs. 872).

A renglón seguido, buscando determinar la culpa concurrente que los accionantes endilgaran a la aseguradora demandada, el Tribunal del Trabajo evaluó su actuación en el período comprendido entre la iniciación del vínculo contractual con la empleadora, el 1-VII-1996, hasta la fecha de ocurrencia del infortunio en que perdiera la vida el causante de autos (v. fs. 872 vta.).

Enfatiza el a quo que en el período comprendido entre agosto de 1997 y mayo de 1998 no se advierte la existencia de informes, sugerencia o recomendación alguna relacionadas con las condiciones de seguridad del sector denominado “Box de Noqueo” donde prestaba servicios el trabajador siniestrado, señalando que el sistema de noqueo a través del aparato eléctrico y las condiciones del entorno o ambiente laboral de dicho sector ya existían desde el año 1996, fecha en la que se inicia el contrato entre las coaccionadas (v. fs.cit.).

Sostiene, asimismo, con base en la prueba adquirida para la causa, que las condiciones de inseguridad y alto riesgo laboral en el citado sector de noqueo del ganado se hallaban presentes desde el inicio de la mentada relación contractual, sin que la aseguradora efectuara una sola advertencia respecto de dichos riesgos ostensibles para el sentido común. Aseveran los jueces de grado, a mayor abundamiento, que la A.R.T. no había formulado propuestas de modificación de las instalaciones o dispositivos existentes en el sector de marras que permitieran prevenir y evitar con el máximo grado de probabilidad la ocurrencia de siniestros como el padecido por el causante, entre otras omisiones ostensibles que según criterio del sentenciante de mérito quedaron demostradas en la especie (v. fs. 873).

Con relación a las intervenciones de La Segunda A.R.T. S.A. respecto de las condiciones de seguridad en el sector donde ocurrió el accidente, el a quo afirma que comenzaron a producirse después de ocurrido el mismo, así como que resultaba nula o inexistente su participación previa, en prevención de los mentados riesgos (v. fs. 873 vta./874).

Pues bien, lo extraído del fallo impugnado hasta aquí me basta para formar convicción de que no exhibe contradicción ni absurdidad alguna la labor axiológica desplegada por los magistrados a la hora de evaluar la vinculación de la conducta omisiva de la apelante en su condición de aseguradora de riesgos del trabajo, con el infausto hecho cuyas consecuencias dañosas pretenden repararse en autos.

Por los motivos expuestos, aconsejo a V.E. el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que dejo examinado.

III. Recurso de la parte actora de fs.916/923 vta.

1.

a) Fundamenta su queja la legitimada activa afirmando que la sentencia en crisis no verifica un cálculo razonable del rubro lucro cesante a la luz del criterio jurisprudencial vigente.

Refiere en tal sentido que el sentenciante a quo procedió a realizar una actualización del haber percibido por el occiso al momento del evento dañoso mediante la aplicación de la tasa pasiva de interés, lo cual no alcanza a cubrir el monto actual del salario mínimo vital y móvil. Agrega que la intención de subsanar los daños a los derechohabientes por la utilización de una fórmula en desuso se queda a mitad de camino en virtud de la diferencia indemnizatoria que resultaría de aplicarse la fórmula Arostegui-Mendez.

Alega que el fallo en embate resulta así violatorio de la doctrina legal de la CSJN que invoca, donde el cimero Tribunal federal objeta la fórmula “Vuotto” por considerar que en la misma se utiliza como variable de cálculo el ingreso de la víctima congelado al momento de la ocurrencia del daño, sin tomar en cuenta la chance o perspectiva de mejora del ingreso futuro, la que resulta más significativa cuanto menor es la edad de la víctima.

Concluye que se ajustaría mejor a derecho la aplicación al caso de autos del salario mínimo vital y móvil vigente al momento del dictado de la sentencia.

b) Se agravia, asimismo, de lo dispuesto por el a quo respecto del rubro pérdida de chance, el cual resultó rechazado con el argumento de que no se verificaba en autos la existencia de elementos concretos que permitieran evaluar cuáles fueron las eventuales posibilidades que hubiera tenido la víctima para incrementar su patrimonio, puesto que en criterio de los jueces de grado se requería demostrar la existencia de circunstancias específicas que tornaran verosímil que el trabajador contaba con expectativas concretas de percibir mayores ingresos.

Sostiene la quejosa que el decisorio en crisis, en el aspecto señalado, resulta absurdo y contrario a la doctrina legalque dimana de los precedentes L. 67.443 del 30-VIII-2000 y L. 81957 del 27-12-2006.

2. Considero que la queja merece parcial acogida.

En mi opinión, los argumentos que sustentan el embate contra la fórmula utilizada por el a quo para arribar al monto indemnizatorio de autos, resultan insuficientes para alcanzar su cometido.

A la luz de inveterada doctrina legal, se sabe que los jueces de grado no están constreñidos a la aplicación de fórmula matemática alguna para determinar el quantum resarcitorio, con excepción de aquellos supuestos en los que se alega y demuestra que el monto obtenido es producto de un razonamiento absurdo del a quo (conf. S.C.B.A., causas L. 33.419, sent. del 6-XI-1984; L. 60.153, sent. del 15-IV-1997; L. 66.525, sent. del 3-XI-1999; L. 76.494, sent. del 18-VI-2003 y L. 92.217, sent. del 27-II-2008, e.o.).

En efecto, no basta con señalar cual sería, en criterio de la apelante, la fórmula adecuada a los fines de liquidar los montos indemnizatorios si no se demuestra, ni tan siquiera se alega, que el Tribunal de origen ha incurrido en el vicio lógico aludido, pues una proposición en tales términos refiere tan sólo al cambio de una fórmula por otra más favorable a los intereses del recurrente, lo cual no pasa de ser una mera contraposición de criterio con el del a quo, insuficiente como tal para la apertura de la instancia casatoria (conf. S.C.B.A., causas L. 49.196, sent. del 6-X-1992 y L. 66.525, sent.del 3-XI-1999, e.o.).

En cambio encuentro que le asiste razón a la reclamante en tanto se agravia por el rechazo actuado por el Tribunal del Trabajo del rubro pérdida de chance solicitado en la acción de autos.

En efecto, dados los fundamentos esgrimidos por el sentenciante de mérito para desechar el rubro en cuestión, centrados -sumariamente- en la ausencia de elementos concretos que permitieran evaluar cuáles eran las eventuales posibilidades de que el trabajador fallecido incrementara su patrimonio, entiendo pues, al igual que la apelante, que un razonamiento en tal dirección colisiona con la doctrina legal que gobierna el tópico, en tanto V.E. ha establecido en casos análogos que “Lo reparable es el beneficio esperado como probabilidad perdida, probabilidad que es tal en cuanto se basa en lo que de ordinario sucede. Podemos entonces identificar el daño padecido. No se trata de la pérdida de futuros ingresos sino del cercenamiento de la razonable probabilidad de contar con ellos en el futuro. “Privar de esa esperanza al sujeto, conlleva daño, aún cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de ese daño, porque lo perdido en realidad es la chance y no el beneficio esperado, como tal.” (conf. S.C.B.A., causas L. 43.649, sent. del 6-III-1990; L. 67.443, sent. del 30-VIII-2000; L. 81.159, sent. del 27-XI-2002 y L. 81.957, sent. del 27-XII-2006).

Por los motivos brevemente expuestos, con el alcance parcial señalado, considero que el fallo en crisis debe casarse y evaluarse patrimonialmente el rubro pérdida de chance reclamado por las legitimadas activas.

Es mi dictamen.

La Plata, 24 de febrero de 2014 – Carlos Arturo Altuve

ACUERDO

En la ciudad de La Plata, a 20 de septiembre de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación:doctores Negri, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.633, “C. M. K. por sí y en rep. de sus hijos menores J. N. y C. K. T. contra Frigorífico Junín SA y otra. Daños y perjuicios”.

ANTECEDENTES

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín admitió parcialmente la demanda deducida, con costas a los accionados (v. fs. 857/905 vta.).

La actora y ambas codemandadas (Frigorífico Junín SA y La Segunda ART SA) interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 916/923 vta.; 976/992 vta. y 995/1.009 vta., respectivamente).

Oído el señor Representante del Ministerio Público (v. fs. 1.262/1.271 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la codemandada Frigorífico Junín SA?

En su caso:

2ª) ¿Lo es el interpuesto por La Segunda ART SA?

En su caso:

3ª) ¿Lo es el deducido por la parte actora?

VOTACIÓN

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por M. K. C. -por derecho propio y en nombre y representación de sus hijos menores, J. N. T. y C. K. T.- y condenó solidariamente a Frigorífico Junín SA y a La Segunda ART SA al pago de la suma que estableció -con sustento en el derecho civil- en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo acaecido el día 16 de junio del año 2000 que provocó el fallecimiento del señor C. E. T., quien fuera su esposo y el padre de sus hijos.A su vez, ordenó descontar de dicho importe lo ya percibido por los reclamantes en virtud de la prestación prevista en el art. 18 de la ley 24.557 (v. fs. 857/905 vta.).

II. La codemandada Frigorífico Junín SA interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 29 y 44 de la ley 11.653; 331 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 del Pacto de San José de Costa Rica y de la doctrina legal que cita (v. fs. 976/992 vta.).

Cuestiona que se le hubiera negado la posibilidad de producir prueba respecto de la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 alegada por la actora al contestar la réplica del art. 29 de la ley 11.653 -calificada por el tribunal como una ampliación de la demanda, no obstante lo establecido por el art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial-, de la que se le corrió traslado a su parte luego de la audiencia de vista de la causa.

Aduce que al efectuar el test de razonabilidad para decidir sobre la validez constitucional del citado art.39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, el sentenciante se limitó a detraer de la indemnización estimada según las normas del derecho común la cantidad depositada conforme la ley 24.557 por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, sin computar aquellos importes ya percibidos por los accionantes en concepto de renta mensual ni especificar si los pagos debían seguir realizándose.

Sostiene además que la sentencia de grado transgrede la doctrina de este Tribunal en las causas “Castro” y “Abaca” puesto que, al negarle a su parte la posibilidad de producir prueba, el juzgador se pronunció en forma abstracta sobre la inconstitucionalidad del citado precepto, vedando a las partes y al proceso la posibilidad de contar con los elementos para efectuar el correcto cotejo y comparación de los resultados arrojados por cada uno de los sistemas reparatorios.

Refiere también que el juzgador incurrió en un error material de cálculo al cuantificar la indemnización en concepto de lucro cesante. Postula que al tomar como parámetro la edad del actor al momento del infortunio (veintitres años) el a quo estimó erróneamente que le restaban cuarenta y siete años de vida útil hasta alcanzar los sesenta y cinco, cuando surge claramente que eran cuarenta y dos. Agrega que tampoco se tuvo en cuenta que el trabajador, por la actividad que desplegaba, gozaba de un régimen jubilatorio especial (cfr. dec. PEN 3.555/72) que le permitía retirarse a los cincuenta y cinco años de edad.

Finalmente, argumenta las razones por las que considera que existía en autos el “mérito” suficiente para eximir a su parte del pago de las costas o bien imponerlas en el orden causado.

III. El recurso prospera parcialmente.

III.1. El agravio sobre la predicada negativa del a quo al pedido de ofrecimiento y producción de prueba concerniente al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora, no puede ser atendido.

Surge de las constancias de la causa que conferido el traslado de la tacha argüida por la contraparte (v. fs.260/314 y 792 y 793 vta.), el recurrente contestó la vista, solicitando ciertas medidas probatorias que el tribunal desestimó por innecesarias (v. fs. 820/826) y, asimismo, que esa determinación devino firme con el rechazo de la revocatoria planteada a fs. 799/804 vta.

Cabe advertir entonces que el sentenciante de grado analizó y resolvió los planteos efectuados por la codemandada recurrente (v. fs. 834, 843/845 vta. y 853), aunque de un modo adverso a sus intereses, mediante el dictado de distintas decisiones que, por efectos de la preclusión, impiden la reedición de todo debate con relación a aquello que allí fue objeto de decisión (cfr. causas L. 96.275, “S., A.I.”, sent. de 15-4-2009; L. 99.432, “González”, sent. de 14-7-2010; L. 100.504, “Aredes” , sent. de 28-12-2011; L. 103.400, “Crespín”, sent. de 12-12-2012 y L. 117.032, “Caballero”, sent. de 13-11-2013).

Debe recordarse que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia resultan ajenas a la instancia casatoria, desde que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (cfr. causas L. 101.533, “Borras”, sent. de 17-8-2011; L. 111.655, “P., J. S”, sent. de 5-12-2012 y L. 106.409, “Di Yorio”, sent. de 8-5-2013; entre otras).

A partir de lo anterior, pierde vigor la denunciada violación de la doctrina que emana de los precedentes L. 81.216, “Castro” (sent. de 22-10-2003) y L. 80.735, “Abaca” (sent. de 7-3-2005), ya que en autos el proceder del sentenciante -en cuanto, tras juzgar acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil del empleador y verificar la insuficiencia reparatoria del sistema previsto en la ley 24.557 en comparación con el resarcimiento garantizado por el Código Civil para el caso concreto, descalificó la validez constitucional del art.39 de la Ley de Riesgos del Trabajo-, lejos de sustentarse en un razonamiento abstracto, se adecua a la doctrina legal vigente que esta Suprema Corte estableció en los precedentes L. 80.735, “Abaca” (sent. de 7-3-2005) y L. 81.826, “Yaman” (sent. de 11-5-2005), a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad.

III.2. Por el contrario, asiste razón al recurrente cuando afirma que el tribunal del trabajo incurrió en un error al calcular la indemnización por lucro cesante.

Ello así pues, si al momento del infortunio el señor C. tenía veintitrés años, de conformidad a lo establecido por el propio órgano de origen en el veredicto (v. fs. 860 vta.), surge evidente que le restaban cuarenta y dos años (y no cuarenta y siete) para llegar a la edad de obtención del beneficio jubilatorio ordinario (sesenta y cinco años). Se verifica entonces que el sentenciante de grado consignó equívocamente uno de los componentes de la fórmula matemática que utilizó para cuantificar el rubro “lucro cesante”.

Y si bien dicha circunstancia, en rigor, traduce un error material que pudo ser subsanado a través de un pedido de aclaratoria, la falta de articulación de esa vía impugnativa no puede constituirse en un impedimento para instar la revisión de lo decidido a través del remedio bajo examen, en tanto no implica consentimiento ni imposibilidad de deducir ese alzamiento recursivo (cfr. causas L. 98.664, “S., M. A.” y L. 96.534, “Geil”, sents. de 18-4-2011).

Con ese específico alcance, debe hacerse lugar al recurso deducido y devolver los autos al tribunal de origen para que, con una nueva integración, establezca el importe indemnizatorio del aludido concepto de conformidad a lo antes manifestado.

Asimismo, es mi criterio (y, a partir de la causa C. 96.831, “Ocon”, sent. de 14-4-2010, el de esta Corte por mayoría), que corresponde extender a la demandada no recurrente el mérito de lo que aquí se decide (art.31 bis, ley 5.827).

Cabe desestimar, en cambio, la pretensión traída por el recurrente para que al efectuar el referido cómputo se tome en cuenta que por su actividad el trabajador gozaba de un régimen jubilatorio especial (cfr. dec. PEN 3.555/72) que le hubiera permitido retirarse a los 55 años de edad, pues dicho planteo, recién introducido con ese alcance en esta instancia, luce extemporáneo, fruto de una reflexión tardía (cfr. doctr. causa L. 106.837, “Varela”, sent. de 15-11-2011).

III.3. Por último, resta señalar que esta Corte tiene dicho que constituye una facultad exclusiva de los tribunales de grado analizar la situación de cada parte y cargar en consecuencia a una u otra las costas del juicio, valorando al mismo tiempo si se dan los supuestos para hacer uso de las posibilidades de eximición total o parcial previstas por el ordenamiento procesal (cfr. causa L. 81.159, “Caruso”, sent. de 27-11-2002; entre otras).

También es doctrina de esta Corte que su imposición y distribución constituye una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que solo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (cfr. causas L. 102.094, “Córdoba”, sent. de 24-7-2011; L. 106.545, “Falcón”, sent. de 24-4-2013; L. 113.488, “González”, sent. de 23-12-2013 y L. 111.997, “Uribe” , sent. de 9-4-2014; entre muchas otras).

En la especie, la sola discrepancia que expresa el recurrente acerca de lo decidido en materia de costas resulta de suyo insuficiente para modificar lo resuelto por el tribunal de grado en uso de atribuciones que le son propias.

IV.En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance establecido en el punto III, apartado 2 y devolver los autos al tribunal de grado a fin de que, con nueva integración, establezca el correspondiente importe indemnizatorio por el rubro “lucro cesante”, de conformidad con lo que aquí se decide.

Costas de esta instancia en el orden causado (arts. 68 y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

He de adherir al voto del doctor Negri, efectuando las siguientes consideraciones en relación a su tesitura según la cual corresponde extender a la codemandada no recurrente la revocación parcial de la sentencia que propone, con fundamento en lo decidido -por mayoría que no integré- en la causa C. 96.831, “Ocón”, sentencia de 14-4-2010.

Recuerdo que, en mi opinión, por aplicación del principio de la personalidad de la apelación debe reputarse firme la condena impuesta a los obligados in solidum que no recurrieron la sentencia, sin que los alcance la suerte que pudiere corresponder a otro impugnante (v. causa L. 96.831, “Ocón”, sent. de 14-4-2010, donde se amplían los fundamentos de anteriores votos míos en las causa Ac. 62.638, “Retondini” , sent. de 31-3-1998; Ac. 63.968, “Gómez”, sent. de 15-6-1999 y Ac. 77.121, “Álvarez”, sent. de 27-12-2001). La versión más acabada puede verse en la causa L. 111.184, “Cardozo”, sentencia de 31-10-2016, donde dejo asentado que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en nada ha modificado mi pensamiento.

Sin embargo, como la mayoría de este Tribunal ha ratificado su criterio sin atender a las razones esgrimidas por mi parte, y puesto que se ha mantenido la doctrina legal de la Corte, respetando las previsiones contenidas en el art.31 bis de la ley 5.827 -y dejando expresamente a salvo mi opinión-, adhiero a la posición mayoritaria.

Costas por su orden (arts. 68 y 289, CPCC)

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la primera cuestión planteada también por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor Negri, con excepción de lo expuesto en el punto III apartado 2 en sus primeros cinco párrafos. Es que los supuestos errores materiales deben enmendarse en la instancia ordinaria por vía de aclaratoria (art. 166, inc. 2, CPCC), no pudiendo ser traídos agravios de tal carácter a la instancia extraordinaria por la parte que no cumplió tal recaudo (cfr. causas L. 47.487, “Olea”, sent. de 27-12-1991; L. 58.486, “Suhas”, sent. de 25-3-1997; L. 75.379, “González”, sent. de 20-12-2000; y conforme voto propio en la causa L. 98.664, “S.,M.”, sent. de 18-4-2011).

Por lo tanto, corresponde rechazar el remedio procesal deducido, con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Adhiero al voto emitido por mi distinguido colega doctor Negri, si bien ello, efectuando un breve señalamiento referido a la extensión de los efectos de la solución a la que se arriba.

Esta Corte tiene dicho que cuando se debaten los alcances de la indemnización debida por obligados concurrentes o in solidum cabe hacer excepción a la regla de la personalidad del recurso y extender los efectos de la sentencia al codemandado no impugnante. Esa postura, inicialmente plasmada en la causa C. 96.831, “Ocon” (sent. de 14-4-2010), y que he seguido en pronunciamientos posteriores con exclusivo fundamento en lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5.827 (v. causas C. 109.348, “Rodríguez Oliveira de Dalmao”, sent.de 24-4-2013 y A. 71.077, “Sifredi”, sent. de 29-5-2013; entre muchas otras) ha sido reiterada por este Tribunal -en su opinión mayoritaria- en el marco de la regulación que trajo el Código Civil y Comercial de la Nación, y aplicada, a su vez, al supuesto que aquí concurre de las obligaciones solidarias (cfr. causas L. 117.537, “Sansevero” y L. 117.547, “Di Viesti”, sents. de 31-10-2016).

Tales razones me conducen entonces a suscribir la definición plasmada en el sufragio inaugural.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo La Segunda ART SA denuncia absurdo y violación de los arts. 26, 29 y 47 de la ley 11.653; 331, 375, 384, 385 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 4 y 31 de la ley 24.557; 1.074 del Código Civil; 16 y 18 de la Constitución nacional; del decreto 170/96 y de la doctrina legal que cita (v. fs.995/1.009 vta.).

Cuestiona que, además de conferirle el traslado de la ampliación de la demanda efectuada por la actora en forma extemporánea, el tribunal no le permitió producir la prueba correspondiente, cercenando así su derecho a una legítima defensa, igualdad y debido proceso.

Objeta luego la interpretación realizada por el sentenciante de la relación contractual existente entre la aseguradora y la empresa codemandada, pues -aduce- surge de la documentación y la pericia contable obrante en autos que el contrato entre ellas comenzó a regir el día 15 de junio de 2000, es decir, un día antes del infortunio que ocasionó el fallecimiento del trabajador.

Alega que las obligaciones de la aseguradora fueron cumplidas con posterioridad al evento dañoso, tal como surge de la experticia técnica que informa que el “box de noqueo” -donde ocurrió el accidente- cumplía con las normas de seguridad e higiene y, asimismo, que fueron realizadas todas las mejoras indicadas por el ingeniero de la Aseguradora. Agrega que el a quo se contradijo al expresar que el convenio entre las partes databa del año 1996, fecha en que suscribieron el primer contrato, en tanto no tuvo en cuenta que dicho vínculo fue interrumpido durante dos años.

Afirma que incluso durante el primer período de la relación, su parte desarrolló diversas acciones que no fueron consideradas por el sentenciante, tales: evaluación de establecimientos industriales (v. fs. 509/514); formulario de capacitación (v. fs. 515/517) y de mejoras para acceder de nivel (v. fs. 518 y 519), además del plan de mejora modelo, listado de obligaciones mínimas y guías de capacitación sobre riesgos con instructivos (v. fs. 507).

Señala luego que hubo un momento en que no existió contrato entre las codemandadas ni obligaciones a su cargo y, por lo tanto, quedó interrumpido el nexo de causalidad. Alega que el juzgador de origen aplicó erróneamente el art. 1.074 del Código Civil.

II. Considero que el recurso no puede prosperar.

II.1.Por los mismos motivos expuestos al dar respuesta a los planteos de la codemandada en el punto III apartado 1 de la anterior cuestión, el primer agravio esgrimido por la peticionaria, dirigido también al análisis de cuestiones anteriores al dictado de la sentencia, no puede ser atendido.

Además, es dable advertir que el fundamento de la condena impuesta a la aseguradora de riesgos del trabajo radicó en la circunstancia de haber tenido por acreditado el tribunal la configuración de su responsabilidad civ il directa en los términos del art. 1.074 del Código Civil Vélez Sarsfield (v. sent., fs. 895 y 896 vta.), por lo que en nada modifica su situación la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

En ese sentido, ha declarado esta Corte que la procedencia de la acción directa entablada contra la aseguradora de riesgos del trabajo, a la que se considera -con fundamento en el art. 1.074 del antiguo Código Civil- civilmente responsable del daño padecido por el trabajador, o sus derechohabientes, como consecuencia de un accidente de trabajo, no está supeditada al control de constitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557, toda vez que este precepto no exime a aquellas entidades de la responsabilidad civil frente a los trabajadores dependientes de los empleadores a ellas afiliados ni frente a sus derechohabientes (cfr. causas L. 95.988, “Mereles”, sent. de 6-10-2010; L. 103.075, “Vallejos”, sent. de 21-12-2011 y L. 101.544, “Szewcruk” , sent. de 28-12-2011; entre otras).

II.2. Tampoco prospera el agravio vinculado a la interpretación y el alcance conferido al vínculo contractual existente entre las demandadas.

II.2.a.En el caso, el a quo ponderó que el contrato celebrado entre ellas tuvo vigencia desde el día 1 de julio de 1996 hasta igual fecha del siguiente año, siendo su renovación automática y por el mismo período (un año). Consideró también que dicho convenio había sido rescindido por falta de pago el día 23 de mayo de 1998, que la deuda fue regularizada el 31 de diciembre de 1999 y que el nuevo contrato fue registrado con fecha 15 de junio de 2000, por lo que éste estaba vigente y con plena cobertura al momento del accidente (v. sent., fs. 872).

Asimismo, evaluó la actuación de la aseguradora codemandada durante el período comprendido entre el inicio del contrato y la fecha en que ocurrió el infortunio por el que se reclamaba y, con apoyo en la prueba producida en la causa, juzgó que la aludida entidad nunca había efectuado una advertencia de los riesgos existentes en el sector “box de noqueo” donde se desempeñaba el trabajador fallecido, así como tampoco había formulado alguna propuesta de modificación de las instalaciones o de los dispositivos existentes para prevenir que infortunios como el de autos sucedieran. Agregó que las intervenciones de la coaccionada comenzaron luego de ocurrido el evocado siniestro (v. vered., fs. 872/874 vta.).

Especificó que de las constancias agregadas por la aseguradora no se advertía ningún informe, relevamiento, sugerencia o recomendación relativa a las condiciones de seguridad del lugar donde prestaba sus tareas el señor C., surgiendo claramente demostrado que las condiciones de seguridad del sector recién comenzaron a producirse después del infortunio (v. fs. cit.).

II.2.b.Tal decisión no es desvirtuada por la recurrente.

Cabe recordar que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo como, asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, irrevisable en casación, salvo demostración de absurdo (cfr. causas L. 103.075, “Vallejos”, sent. de 21-12-2011; L. 110.773, “Asensio”, sent. de 13-11-2012; L. 105.679, “Lazarte” , sent. de 12-12-2012 y L. 116.862, “Rojas”, sent. de 5-3-2014).

En la especie, la interesada se limita a oponer un criterio meramente diferente al plasmado en el pronunciamiento que impugna, sobre la base de la distinta significación que le atribuye a la prueba que indica, sin concretar una crítica frontal y eficaz de las motivaciones plasmadas en el pronunciamiento. La queja refleja una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los magistrados de la instancia ordinaria, apoyándose en una propia y personal versión sobre los hechos, y como tal ineficaz a los fines pretendidos (cfr. causas L. 104.464, “Correa”, sent. de 13-11-2012 y L. 106.189, “Rodríguez”, sent. de 29-5-2013; entre otras).

En rigor, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar el decisorio. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (cfr. causas L. 88.158, “Bejarano”, sent. de 17-12-2008 y L. 107.520, “Russo”, sent.de 21-6-2012).

Con todo, dable es reiterar que el absurdo no queda configurado frente a cualquier disentimiento, ni es suficiente que la apreciación efectuada por el juez aparezca como discutible, opinable o poco convincente, requiere algo más: la demostración del vicio lógico del razonamiento o una grosera desinterpretación material de alguna prueba, al punto de haber llevado al tribunal de grado a establecer conclusiones claramente insostenibles, contradictorias entre sí o inconciliables con las constancias que resultan de la causa (cfr. causas L. 95.836, “Legarra”, sent. de 18-2-2009; L. 94.696, “Machado”, sent. de 25-8-2010; L. 108.536, “Gómez”, sent. de 3-5-2012 y L. 116.866, “Transporte Automotor Plaza SACI”, sent. de 4-6-2014; entre muchas otras).

III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión planteada también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

A excepción de lo expuesto en el punto II apartado 1 en su tercer párrafo, adhiero al voto emitido por el colega ponente.

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 916/923 vta.), la actora alega que la sentencia de origen no contiene un adecuado cálculo del resarcimiento por “lucro cesante”, desde que -refiere- la actualización de la remuneración que el trabajador fallecido percibía al momento del infortunio realizada en el fallo mediante la tasa de interés pasiva no alcanza siquiera a cubrir el monto actual del Salario Mínimo Vital y Móvil, y tampoco a reparar el daño ocasionado a sus derechohabientes.Postula la aplicación al caso de la fórmula contenida en el fallo de la Corte Suprema nacional “Arostegui-Méndez”.

Objeta que se rechazara el rubro “pérdida de chance” con fundamento en que en autos no se comprobaron las eventuales posibilidades de la víctima de incrementar su patrimonio. Sostiene que dicha conclusión resulta absurda y transgrede la doctrina legal de este Tribunal que cita.

II. El recurso prospera parcialmente.

II.1. Tiene dicho esta Corte que en la tarea de determinación del quantum indemnizatorio, los magistrados de la instancia de origen gozan de amplias atribuciones y, lo que al respecto resuelvan, no es susceptible de revisión en esta sede extraordinaria, salvo cuando no sean ejercidas con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de absurdo (cfr. causas L. 60.153, “Consigli”, sent. de 15-4-1997; L. 76.974, “Vallejos”, sent. de 17-12-2003; L. 82.917, “Cepeda”, sent. de 1-4-2004; L. 105.934, “Tinghitella”, sent. de 29-2-2012; L. 113.239, “B.d.A., M.”, sent. de 29-5-2013 y L. 113.486, “Arango”, sent. de 5-3-2014; entre muchas otras).

Y también es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, en cuyo caso la configuración del aludido vicio debe apreciarse estrictamente (cfr. causas L. 85.321, “Altuna”, sent. de 8-10-2008; L. 95.849, “F., G.”, sent. de 9-9-2009; L. 98.010, “Rey”, sent. de 24-11-2010 y L. 101.094, “Berthet” , sent.de 27-4-2011; entre otras).

Bajo tales premisas, la sola disconformidad del recurrente con la suma determinada en el fallo en concepto de indemnización por lucro cesante, así como también en lo que respecta a las pautas utilizadas para su estimación, deviene insuficiente para obtener la modificación de lo resuelto por el tribunal de trabajo en una tarea que le es propia y que solo pretende disputársele (cfr. causas L. 94.895, “Bulacios”, sent. de 5-8-2009; L. 98.168, “G.,B.”, sent. de 1-12-2010 y L. 103.634, “Kirichuk”, sent. de 28-3-2012).

En fin, el reproche que formula la interesada en modo alguno resulta suficiente para obtener la modificación de lo resuelto en la instancia de grado, en tanto se limita a exponer una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado; sistema que reiteradamente ha sido desestimado como eficaz propuesta de impugnación (cfr. causas L. 97.010, “Soldevia de Díaz”, sent. de 14-6-2010; L. 102.219, “G., E.”, sent. de 29-6-2011; L. 103.502, “Peñalva” , sent. de 10-8-2011; L. 100.730, “Damico” , sent. de 21-12-2011 y L. 106.275, “Spitale”, sent. de 13-6-2012; entre otras).

II.2. En cambio, considero que asiste razón al recurrente en cuanto objeta el rechazo del rubro “pérdida de chance” peticionado al demandar.

En efecto, el tribunal de grado desestimó su progreso por considerar que en el caso no existían elementos para analizar las eventuales posibilidades del trabajador fallecido de incrementar su patrimonio. Desta có la necesidad de demostrar la existencia de circunstancias específicas que tornasen verosímil que la víctima contaba con expectativas concretas de percibir ingresos (chances) que se han visto frustradas por su deceso (v. sent., fs.900).

Tal como postula la impugnante, la decisión así fundada se contrapone con la doctrina de esta Corte en cuanto ha establecido que lo que debe resarcirse a título de “chance” es la frustración de la víctima de un infortunio de trabajo de la oportunidad de progresar y, consiguientemente, de obtener beneficios económicos dentro de la especialidad para la cual el actor se encontraba apto (cfr. causas L. 43.649, “Reinoso” sent. de 6-3-1990; L. 67.443, “D., C. L. y o.” sent. de 30-8-2000 y L. 81.159, “Caruso” sent. de 27-11-2002), es decir que lo indemnizable es la chance misma y no la ganancia o la pérdida que era objeto de aquélla (causas L. 44.497, “Alba Villarreal” sent. de 21-8-1990 y L. 57.186, “Zárate” sent. de 12-11-1996).

Lo reparable es el beneficio esperado como probabilidad perdida, probabilidad que es tal en cuanto se basa en lo que de ordinario sucede. Podemos entonces identificar el daño padecido. No se trata de la pérdida de futuros ingresos sino del cercenamiento de la razonable probabilidad de contar con ellos en el futuro por parte de alguno de los miembros del grupo familiar del fallecido (cfr. causa L. 67.443, cit.).

En consecuencia, propongo que se case la sentencia en ese aspecto y se devuelva la causa a la instancia de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, conforme los lineamientos señalados y de acuerdo a las constancias objetivas de la causa, evalúe tal perjuicio y la eventual procedencia del rubro en cuestión.

III. Por lo expuesto, con el alcance indicado en el punto II apartado 2, debe hacerse lugar al recurso deducido y revocar el pronunciamiento en cuanto desestimó el reclamo de resarcimiento por el concepto “chance”. Los autos deben volver al tribunal de origen para que, con otra integración, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se decide.

Costas de esta instancia en el orden causado (arts.68 y 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la tercera cuestión planteada también por la afirmativa.

A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso no prospera.

I.1. Adhiero a lo expuesto en el punto II apartado 1 del sufragio que inaugura este acuerdo.

I.2. En mi opinión, tampoco merece favorable acogida el agravio referido al rubro “pérdida de chance”.

El recurrente afirma que resulta absurdo y violatorio de la doctrina legal que cita (elaborada en la causa L. 67.443, “D., C. L. y o.”, sent. de 30-8-2000), que tratándose de un trabajador de tan escasa edad, se considere “imposible la probabilidad de su desarrollo y ascenso personal dentro o fuera de la misma empresa”, lo que a su criterio era “más que factible” (v. fs. 922 y 923).

Sin embargo, los escuetos pasajes del recurso destinados a cuestionar en este aspecto al pronunciamiento no representan una crítica frontal del razonamiento empleado por el sentenciante, quien -con un alcance distinto al que le otorga el quejoso a la decisión- desestimó esta parcela del reclamo afirmando que en el caso no existían elementos concretos que permitieran evaluar cuales fueron aquellas eventuales posibilidades, objetándole a la parte actora haber invocado circunstancias genéricas en su demanda (v. sent., fs. 900 in fine).

Luego, y en tanto la impugnación examinada no constituye un embate eficaz y directo contra la motivación del pronunciamiento, a mérito de su insuficiencia debe ser rechazada (cfr. causas L. 94.826, “García”, sent. de 17-9-2008; L. 104.897, “Serra”, sent. de 13-7-2011 y L. 113.346, “Ochoa”, sent.de 4-6-2014).

Adicionalmente, cabe observar que no se hace cargo el recurrente de que en la especie no se está indemnizando al trabajador sino a sus familiares por la pérdida de la eventual ayuda económica que aquél podría haberles brindado.

II. En virtud de lo señalado, cabe rechazar el recurso deducido. Con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Representante del Ministerio Público, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso interpuesto por la demandada Frigorífico Junín SA con el alcance establecido en el punto III apartado 2 del voto de primer término respecto de la primera cuestión. Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 y 289, CPCC).

Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la aseguradora codemandada a fs. 995/1.009 vta., con costas (art. 289, CPCC).

Con relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte actora, por mayoría, se hace lugar parcialmente y se revoca la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en los puntos II apartado 2 y III del voto de primer término a la tercera cuestión.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 y 289, CPCC).

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, con otra integración, dicte el pronunciamiento que corresponda con arreglo a lo que aquí se resuelve.

Regístrese y notifíquese.

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

HECTOR NEGRI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

ANALÍA S. DI TOMMASO

Secretaria Interina