Se condena al encartado por el delito de homicidio simple a la pena de 9 años rechazándose las peticiones de innecesariedad de la pena así como de su condena por el delito en grado de tentativa

Partes: Q. L. E. s/ homicidio simple

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario

Fecha: 14-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-107501-AR | MJJ107501 | MJJ107501

Se condena al menor por el delito de homicidio simple a la pena de 9 años, rechazándose las peticiones de innecesariedad de la pena así como de su condena por el delito en grado de tentativa.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la pena aplicada al menor por el delito de homicidio simple desde que surgen del caso y la sentencia los pilares fundamentales sobre los que se construye la necesidad de pena para el caso en concreto, justificada por la inoperancia sobre el sujeto del régimen tutelar especifico al que se sometió personal y singularmente al recurrente.

2.-Para evaluar la necesidad de la pena debe analizarse si el sujeto ha tomado conciencia de su falta, si ha internalizado las consecuencias dañosas de su accionar social, y sin perjuicio de que en el caso se denota una perturbación inicial o más profunda del ánimo del sujeto, los informes evacuados en autos son contundentes a la hora de determinar la ausencia de resultado de todo lo antedicho en relación al efecto deseado, toda vez que no se arribó a una internalización adecuada de los valores morales necesarios para concientizar la gravedad de las consecuencias de sus actos, ni para formalizar las herramientas que hacia adelante le permitan vivir conforme a los cánones sociales básicos para la convivencia pacífica.

3.-No corresponde aplicar la reducción de la tentativa al tener en cuenta la pena en concreto solicitada por el fiscal desde que el destinatario normativo de dicha reducción y quien tiene que fundar su aplicación al caso en concreto es el juez que analiza la necesidad de pena y los parámetros objetivos para llegar a ellos, y la motivación del Fiscal no reemplaza ni complementa los fundamentos, así razones de política criminal que sostienen a la petición fiscal no pueden fundar una decisión jurisdiccional cuyo punto de partida debe ser motivada en otros parámetros distintos, los cuales en ocasiones presuponen el control de constitucionalidad de la parte que peticiona.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 14 días del mes de Junio de 2017 se reúnen en Acuerdo los señores Jueces del Tribunal de Apelación Oral, con la integración para el caso de los Dres. Bibiana Alonso, Gustavo Salvador y Javier Beltramone, a fin de dictar sentencia definitiva en el Expediente Cuij N° 21-0008748-8 del registro de la Oficina de Gestión Judicial de Rosario, en el cual se interpuso recurso de apelación por parte del la Defensa, Dr. Marcelo René Piló y el Asesor de Menores, Dr. Daniel Papalardo contra la Sentencia N° 702 de fecha 25/10/2016, mediante el cual se dispone, respecto de L. E. Q., condenarlo a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por el delito de Homicidio en calidad de autor, del que fuera víctima E. G. (Art. 79, 45, 40 y 41 del CP, art. 4 y 2 Ley 22278, art. 40 y cc. De la Convención Internacional de los derechos del Niño 37 b, Reglas de Bijing 5,1; 17.1, 19).-

Estudiado que fue el caso, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1-¿ ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

2-¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

Luego de un intercambio de opiniones acerca de los temas propuestos, de conformidad a la distribución efectuada para llevar a cabo el estudio de los autos, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Bibiana Alonso, Gustavo Salvador y Javier Beltramone.-

A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ALONSO DIJO:

I- La Sentencia Nro. 702 de fecha25 de octubre de 2016, dictada por la Dra. Gabriela Sansó, Jueza de Primera Instancia deDistrito de Menores 2, dentro del proceso N° 728/14: condena a L. E. Q., a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por el delito de Homicidio en calidad de autor, del que fuera víctima E. G. (Arts.79, 45, 40 y 41 todos del C.P., art. 4 y 2 Ley n° 22.278, art.40 y cc de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 37 b, Regla de Beijing 5.1; 17.1,19).-

2- Contra dicho pronunciamiento la defensa técnica de Q., interpone recurso de apelación.

Abierto el recurso, celebrada la audiencia oral respectiva y analizado el fallo, los fundamentos expuestos con la interposición del recurso y los argumentos de las partes- registrados por el sistema- (Dr. Daniel Papalardo -Asesor de Menores-, Dr. Marcelo Piló -Defensor Técnico- y la Dra. María Eugenia Iribarren – Fiscal-), así como las constancias disponibles, ha quedado el caso en estado de fallar.-

3- Se le atribuye al acusado “en fecha 01 de diciembre de 2013, alrededor de las 05,30 horas en calle Entre Ríos entre San Luis y San Juán de la ciudad de Rosario, herir de muerte a E. G., de 19 años de edad, asestándole primero una puñalada por la espalda, debajo del cuello, y luego otra por delante, arriba de la tetilla izquierda, que perfora la lengüeta del pulmón izquierdo e ingresa en su cuerpo de ocho a diez centímetros, perforando el ventrículo izquierdo del corazón en todo su espesor, produciéndole la muerte.”

4- En primer lugar, el Asesor de Menores expone sus agravios, los que lucen por sistema y que en síntesis se dirigen a lo siguiente: solicita la nulidad del llamamiento de autos para sentencia. Argumenta que pasados tres años de prisión preventiva, la Fiscalía solicitó la prórroga de prisión sin darle intervención al Asesor de Menores. Posteriormente, se decidió que no le asiste recurso de apelación ante ello. Afirma que la sentencia impugnada se dictó sin haberse resuelto la revocatoria, o sea que la respuesta a la revocatoria fue la sentencia siendo notificado este extremo con posterioridad, mientras se remitía el expediente a la Alzada para tramitar la apelación de la prórroga de la prisión preventiva.

Respecto a la sentencia, que le impuso una condena de 10 años de prisión a Q.considera que es arbitraria, ya que se vale de una combinación de paradigmas contradictorios, sumado a una fundamentación de la pena puramente retributivo y no resocializador, vulnerando el mandato constitucional, con la finalidad de convertir al joven en un sujeto inocuo y que no genere un daño en el futuro.

Otro planteo que se encuentra relacionado con la nulidad mencionada al principio, es que no se haya cumplido el año desde el período de prueba, siendo que se evaluó a Q. sólo por el periodo de 8 meses. Manifiesta que la defensa de Q. insistió durante todo el proceso en que el hecho ocurrió en el marco de una riña y recién al dictarse sentencia a fines de 2015 se determinó que se lo declaraba autor de homicidio simple. Al realizarse la audiencia de visu, y luego de haber iniciado un tratamiento psicológico con un profesional privado, Q. (ya mayor de edad), logró elaborar su culpa y admitir el daño causado. Por lo tanto, entiende que si bien corresponde una pena, la misma debe abordarse de acuerdo al artículo 44 como lo dice la ley y no como fue impuesta en la sentencia donde la Juez se apartó del mínimo legal sin fundamentación alguna, siendo que desde que está detenido, su pupilo nunca tuvo problemas de conducta con el mismo.

5.- Por su parte la Fiscal de Cámara solicita el rechazo de la nulidad planteada ya que se advierte que los dichos del Asesor son contradictorios. Por un lado se queja de que su pupilo estuvo más de tres años en prisión preventiva, y por el otro pretendió interrumpir el trámite del principal por la apelación de la cautelar. Afirma que dicho planteo carece de sustento procesal.

Sostiene que Q. fue sometido a medidas tutelares, lo cual fue evaluado por la Magistrada y al momento de dictarse sentencia, se encontraba en prisión preventiva.

6.- A continuación el Asesor de Menores ejerce su derecho a réplica y sostiene que la fiscal confunde cautela con pena.Aduce que el problema se centra que al haber dictado la prorroga de prisión preventiva, la Magistrada está inhabilitada para dictar condena, ya que debería evaluar su propio trabajo. Fue la misma Juez quien impuso todas las medidas cautelares a Q. durante todo el proceso. Considera que si todo el tiempo el joven estuvo detenido, no hay tratamiento tutelar para evaluar, ya que el mismo es mayor de edad.

7.- A continuación le es concedida la palabra al Dr. Marcelo Piló quien adhiere a lo expuesto por el asesor de menores. Considera que hubo un anticipo de pena, ya que al mes de dictar la prórroga de prisión preventiva el Aquo dictó sentencia. Entiende que la pena impuesta fuera como si el delito se tratara de un homicidio calificado, pese a haberse sido declarado autor dehomicidio simple, ya que en su fundamentación toma elementos de alevosía y ensañamiento.

Asimismo la Magistrada tomó como prueba los dichos de una asistente social, que no es psicóloga ni tiene elementos para brindar el informe que presentó ya que la misma no seencuentra calificada para elaborar informes relativos a otras materias ajenas a su estudio.

También se agravia de que a su defendido se le aplicara una pena como si se tratara de una persona mayor de edad, entendiendo que debió haberse aplicado la reducción de pena que se contempla en el régimen de menores. Agrega que Q. no posee antecedentes, ni declaración de rebeldía, cursó estudios, realizó tratamientos psicológicos, etc.

8.- A su turno la Fiscal toma la palabra, remitiéndose a los dichos expresados en el primer planteo. Respecto a la imposición de pena de 10 años de prisión, entiende que corresponde confirmar la misma y en tal sentido describe las características del hecho. Si bien se lo condenó por homicidio simple, se le atribuyó circunstancias que permiten a un juez apartarse del mínimo legal para imponer pena.Aduce que la víctima no generaba ningún riesgo respecto al imputado, y la intervención de éste fue absolutamente impensada ya que no hubo motivo alguno para que interviniera y ocasionara la muerte de un chico de 19 años.

Aduce que las circunstancias relatadas por el defensor no son un agravante, sino las circunstancias que permiten a un juez apartarse del mínimo legal para imponer pena. Afirma que los profesionales que intervinieron en la causa, describieron la total falta de sensibilidad respecto a la víctima, a lo largo de todo el proceso, incluso se describió que Q. tuvo raptos de ira por lo que resultaba necesaria la imposición de una pena frente al gravísimo hecho cometido. Los tratamientos psicológicos que fueron interrumpidos y retomados evidentemente no fueron suficientes para que internalizara el hecho. La Fiscalía entiende justa y proporcional la pena impuesta, pese a haber solicitado, en su momento, 17 años de prisión. Considera que no corresponde reducir la pena al grado de tentativa ya que se incorporaron elementos que permitieron revisar la decisión adoptada por la Magistrada aquo. Solicita se confirme la resolución recurrida.

9.- A continuación el Asesor de Menores y el Defensor ejercen su derecho a réplica, diciendo que el fallo se aparta del mandato constitucional en cuanto a la pena impuesta. La norma establece que deben evaluarse cuatro puntos para determinar si corresponde la aplicación de una pena, dichos puntos habilitan al Juez de Menores a realizar la reducción de la misma. En cuanto a la modalidad del hecho, entiende que la Magistrada amplía la responsabilidad achacada por otro juez. La gravedad del hecho si bien está marcada por el tipo penal, con mínimos y máximos, la Magistrada no fundamentó por qué no se contempló la reducción de la tentativa.

10.- Finalmente se realizó el visu sobre el causante.-

11.- En primer lugar, corresponde evaluar la aplicación de la sanción procesal pedida por las partes, respecto a la sentencia No. 702 de fecha 25 de octubre de 2016.Para ello, esta juez actuante deberá destinar su esfuerzo intelectual a puntualizar concretamente el objeto a resolver.

En efecto, tanto la defensa como el asesor de menores, reeditan la misma pretensión efectuada con anterioridad, pero enfocándola al momento procesal actual y cambiando el objeto a sancionar (antes un decreto, ahora la sentencia). En este sentido, la nulidad aducida es contra la sentencia, en primer lugar por la actitud de la juez de primera instancia de dictar la cautelar sin haber previamente oído al asesor de menores (de intervención promiscua) y a la defensa, alterando el derecho de ambos a ser oídos, y luego se traslada a la imparcialidad de la juzgadora, pues aducen que al llamar a autos para sentencia -sin resolver previamente los planteos intentados contra la medida cautelar- y condenar a Q. a una pena de prisión, habría prejuzgado y lesionado derechos constitucionalmente protegidos.

Cabe aclarar que no serán considerados todos los planteos subrepticios advertidos por este tribunal respecto de la cautelar oportunamente discutida y además no sólo exceden en grado sumo la competencia funcional de este Tribunal sino que a la vez, ya fueron acabadamente resueltos por el Dr.Ivaldi en audiencia oral de fecha 5/12/16.

Lo expuesto aduna a la decisión de rechazar la primera de las nulidades intentadas, la cual fue claramente tomada luego de la compulsa de autos, en los que se plasma, que tanto la defensa y el asesor de menores tuvieron sendas oportunidades de ser oídos a través de diversos mecanismos procesales los cuales fueron correctamente utilizados en el caso (revocatorias, interposición de nulidades, recursos ante la alzada) en los cuales se oyó los profusos y profundos argumentos vertidos por ambos litigantes en pos de convencer al tribunal y de contradecir a su contraparte.

De hecho debemos dilucidar el eje del objeto procesal discutido, pues habiendo quedado claro que nada tiene que ventilarse en este caso sobre la medida cautelar (la cual, como ya dije, fue resuelta en otra audiencia donde no se afectó derecho alguno), debemos remitirnos a lo tramitado respecto al fondo de la sentencia -la imposición de una pena de prisión- y el tránsito procesal seguido para su dictado.

A estas alturas está en juego el derecho a ser oído como tránsito hacia la sentencia que impuso la pena y no la otra anterior que llega a esta jueza purgada por esta misma Cámara.

Ahora bien, corresponde resolver la nulidad cuyo argumento reside en la afectación a la imparcialidad del juzgador sobre la cual también debo expedirme por su rechazo, pues si la justificación de la existencia de un vicio de parcialidad se funda en la previa resolución de lamedida cautelar y la posterior imposición de la pena, esta daría lugar a invalidar la casi totalidad de los procedimientos penales anteriores y actuales pues es en muchas ocasiones y en función de distintos trámites que el juez decide sobre ambas cuestiones. Tal temor de parcialidad no existe (sobre ello hay acuerdo de la totalidad de la doctrina y la jurisprudencia) pues se ha definido claramente la diversa naturaleza de ambas decisiones:La primera es cautelar provisional y fundada en la peligrosidad procesal en base al peligro de fuga o el riesgo para la actuación de la pretensión punitiva en el caso en concreto, la segunda es sobre la necesariedad o merecimiento de la sanción. Va de suyo que la primera no presupone ni determina a la segunda y viceversa. Además, los argumentos que el juzgador debe emitir para imponer cada uno de ellos no tienen ningún tipo de conexión intrínseca o argumentativa de manera de atar la decisión del magistrado actuante (sobre ello también se expidió, el Dr. Ivaldi en la oportunidad citada, ocasión en la cual remarcó la ausencia de recusación intentada por la parte).

Pero sobre todas las cosas, debemos recordar las herramientas interpretativas traídas al efecto sobre la sancionabilidad procesal, la cual desde hace tiempo mueve su curso hacia la restrictividad interpretativa, tendiendo a la conservación del acto y a su inutilización solo ante la verdadera lesión de la garantía para cuya protección fue previsto ese acto. A decir de Alberto Binder, los principios de protección del imputado en el proceso penal, conforman un gran continente (estructura macro) que a su vez está compuesto por pequeños actos (estructura micro), que son las actuaciones del primero en el caso en concreto. Las formas son el vehículo que traslada el principio general al acto en sí y garantizan en cada caso la realización del mismo. Por eso es, que su afectación o distorsión no constituye la razón de sancionabilidad en sí misma sino un “alerta” que desembocará en el estudio del caso, pero siempre bajo el principio de conservación del acto, el cual será eliminado sólo frente a una lesión al principio que subyace en él.Aquí aparece el concepto general de saneamiento, mayormente emparentado con el riesgo y no con una verdadera afectación.

Los defectos o nulidades absolutos con aquellos en los cuales aparece en primer lugar este riesgo de pérdida concreta, certera, actual y grave de los beneficios de una garantía constitucional para el imputado. Si bien los sistemas de sanciones procesales siguen en su mayoría respondiendo a cánones formalistas, el pensamiento constitucional en su interpretación ha comenzado a abrir un nuevo juego a la hora de interpretar los defectos procesales, de manera de declarar una nulidad sólo ante la afectación de muerte de la garantía, lo cual se constituye como de última ratio. Este sistema de interpretación se impone a todas luces y es de acuerdo a estos cánones que lo postulado por las partes en el caso en concreto respecto al pedido de nulidificar lo actuado, no alcanza a conmover el vallado de afectación efectiva y actual de las garantías que la forma atacada intenta proteger, razón por la cual todos los planteos formulados en este sentido deben ser rechazados.

Rechazada la sanción procesal intentada por ambas partes en pos de las razones expuestas queda prístina la validez de la sentencia desde el punto de vista procedimental por lo que sigue, de acuerdo a la queja interpuesta por las partes, tanto del asesor como de la defensa, contestar los siguientes tópicos:

El asesor señala puntualmente que no se encuentra fundada la necesidad de pena traída por el articulo 4 de la ley 22.278, y en su caso de darse dicho extremo entiende que debe necesariamente aplicarse la reducción del delito al grado de tentativa prevista en la misma ley.

Asimismo, comparte con la defensa que los argumentos en los que se apoya la juez para llegar a la fijación de 10 años de pena de prisión son errados pues ellos responden más a la agravante del tipo penal que consagra la alevosía, siendo que Q.fue responsabilizado penalmente por el tipo básico del homicidio consagrado en el art. 79 del CP.

Entiendo que estos son los puntos a considerar luego de un gran esfuerzo interpretativo a la hora de puntualizar el contenido concreto de los agravios motivado ello en la feroz y acalorada crítica de la defensa y de la asesoría, quienes a la hora de lograr su cometido vuelven a abundar en sus argumentaciones las cuales pueden conmover la confusión del Tribunal. En razón de ello iremos punto por punto.

a) La necesidad de pena: El Derecho de los menores enmarcado en la esfera jurisdiccional de acuerdo a la normativa internacional y constitucional que rige la materia, mune a la figura del juez, con especiales caracteres que modulan su labor a la hora de emitir un fallo. Es que la especialidad del sujeto sometido a su fuero, determina que su expresión de la sana crítica racional a la hora de sopesar los elementos con que cuenta para decidir, deba pasar por diversos filtros cada uno de los cuales tiene herramientas interpretativas particulares, como así materias de decisión diferentes. Estos pasos pueden, a prima facie, identificarse como: la necesidad de pena, la posibilidad o no de aplicación de la reducción de la tentativa y luego el monto de la pena en concreto.

Así, para ser más claros, el primer escollo que debe sortear el juez, pues la vigencia de los derechos se entiende irrestricta y el Estado es quien debe justificar su excepción, es el atinente a la necesidad de aplicación de una pena, marco en el cual deberá analizar la influencia del régimen tutelar al que fue sometido el menor y su avance en el primer paso a su recuperación que no es otro tópico que:la internalización de los efectos del régimen tutelar aplicado en el caso en concreto y su influencia en el camino de recuperación del menor.

Es en este momento en el que debe analizarse si el sujeto ha tomado conciencia de su falta, si ha internalizado las consecuencias dañosas de su accionar social. Para que ello sea posible debe haberse llevado adelante un tratamiento tutelar con características educativas o formadoras que permitan al menor volver al eje de una vida social.

En este sentido pese a la crítica de los impugnantes, puede considerarse que sí hubo tratamiento tutelar pese a las particularidades del encierro (el cual estuvo más motivado en la propia seguridad del sujeto que en exceso de tratos crueles provenidos del Estado). Como Consta en autos, Q., con la asistencia y la colaboración permanente de su familia, reinició laescolaridad secundaria (abandonada durante su vida anterior al ilícito cometido), llevó adelante un tratamiento psicológico (interrumpido y luego retomado por razones ajenas a su voluntad), como así también se promovió la realización de actividades lúdicas relacionadas con el deporte (fútbol) y estudio de idioma, éste último basado en su propio interés. Estas prácticas últimas que no seguía tampoco en su vida en libertad.

Pese a las características de su tipo de encierro, dado las particularidades de su situación quele impidió estar detenido en centros con mejores elementos para promover su reincersión, ellofue compensado con la labor de su familia y la predisposición del juzgado, para iniciar eincluso retomar actividades que por razones anímicas o familiares había abandonado o no había emprendido.

Sin perjuicio de que en el caso se denota una perturbación inicial o más profunda del ánimo del sujeto, los informes evacuados en autos son contundentes a la hora de determinar la ausencia de resultado de todo lo antedicho en relación al efecto deseado.No se arribó a una internalización adecuada de los valores morales neces arios para concientizar la gravedad de lasconsecuencias de sus actos, ni para formalizar las herramientas que hacia adelante le permitanvivir conforme a los cánones sociales básicos para la convivencia pacífica. En base a elloentiendo que si bien los fundamentos de la juez no traducen prístinamente la conclusión a la que aquí se arriba si surgen del caso y la sentencia los pilares fundamentales sobre los que se construye la necesidad de pena para el caso en concreto, justificada por la inoperancia sobre el sujeto del régimen tutelar especifico al que se sometió personal y singularmente a Q.

b) La concreta aplicación al caso en concreto de la reducción a grado de tentativa: El segundo de los tópicos a analizar de manera particular y especial de acuerdo a la materia y la singularidad del sujeto es la posibilidad de aplicar la reducción prevista para la tentativa del tipo penal que se haya aplicado al caso.

Esta posibilidad surge del art. 4 de la ley 22.278 en cuanto prevee: “.Una vez cumplidos estos requisitos, sí las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa y recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá pudiendo reducirla en forma prevista para la tentativa”.

En primer lugar entiende esta juez que dicha norma no resulta coactiva para el juez, la entelequia de la norma en sí, determina que cada vez que se deja la decisión en manos del temperamento judicial, quien deberá aplicar su leal saber y entender al caso en concreto, se menciona en sentido potencial dicha potestad en tanto y en cuanto, se formula con el gerundio “pudiendo” y no debiendo.

Pero además ello fue analizado profundamente en el leading case “Maldonado” en el voto de la Dra.Carmen Argibay, toda vez que al analizar esta posibilidad y su confrontación con losderechos convencionales y supranacionales mencionó que lo requerido en tal aspecto es la pena más breve y no la más leve posible según las características del caso: “.pues cuando laley ofrece alternativas más y menos breves, la determinación de cuál de ellas es la más breve que proceda corresponde a los jueces al momento de aplicarlas, de acuerdo con la gravedad del hecho. De este modo, aunque una privación de libertad más leve sea de hecho ´posible´, puede no ser procedente, es decir, conforme a derecho”. (M. 1022 XXXIV. Recurso de Hecho: Maldonado, Daniel Enrique y otro s/robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa n° 1174-)-

En razón de ello debo analizar por ser materia sometida a debate por el pedido de las partes, en primer lugar el modo de considerar esta reducción, y en su caso la factibilidad de aplicación o no a nuestro caso en concreto.

Toda vez que la norma menciona la aplicación de la reducción de la pena al grado de tentativa para arribar a la sanción en concreto, va de suyo que se refiere a la aplicación como eje de mensuración de la escala prevista para el delito tentado pero en abstracto, independientemente de la posición acerca de como se adscriba a dicha reducción toda vez que la norma no es clara y ha dado lugar a diversas posturas. Lo que si es claro que de aplicarse el beneficio para que el mismo cobre sentido, debe partirse del mínimo previsto para la tentativa del delito en sí, el que por supuesto debe ser el lugar de ingreso para considerar la pena a imponer.

En este caso yerra la juez actuante toda vez que considera aplicada la reducción de la tentativa al tener en cuenta la pena en concreto solicitada por el fiscal.El destinatario normativo de dicha reducción y quien tiene que fundar su aplicación al caso en concreto es eljuez que analiza la necesidad de pena y los parámetros objetivos para llegar a ellos. La motivación del Fiscal, titular absoluto en el fuero del ejercicio de la acción, no reemplaza ni complementa los fundamentos que necesariamente debe esbozar el juez en el ejercicio de su jurisdicción. Las razones de política criminal que sostienen a la petición fiscal no pueden fundar una decisión jurisdiccional cuyo punto de partida debe ser motivada en otros parámetros distintos, los cuales en ocasiones presuponen el control de constitucionalidad de la parte que peticiona. Sin embargo respecto a la procedencia de aplicación de la reducción no se observan ni han sido fundadas ni por la defensa ni por el asesor para el caso en concreto razones que permitan aplicar dicho régimen de excepción en relación a la subjetividad específica de Q., sin perjuicio de los denodados esfuerzos de completar dicha labor con la enunciación de formular dogmáticas genéricas. Es por ello que de acuerdo a la ausencia de concientización justificante de la aplicación de la pena y avanzando un poco más aún en el análisis de proyección y necesidad de intervención estatal en pos de resocialización del menor quien ante este tribunal de Alzada nada dijo que permita vislumbrar un avance en su percepción del hecho y sus consecuencias no corresponde aplicar la reducción del art. 44 del Código Penal. En este caso, si bien no se han aplicado agravantes al hecho en virtud principio de legalidad sustancial, declarando la responsabilidad por el tipo básico de homicidio, tal como lo ha anticipado la Dra. Hernández en su sentencia, nada obsta que la gravedad y lo infundado y sorpresivo del hecho, el valor del bien jurídico protegido la vida y como Q.se sitúa ante el mismo, permiten justificar la necesidad de mayores esfuerzos del Estado para lograr una profunda concientización del hecho en pos de su resocialización, lo que determina la improcedencia de la reducción.

c) La sanción para el caso en concreto: Ahora bien, corresponde en último lugar proceder a la determinación para el caso en concreto de la sanción penal específicamente merecida por Q.

Para ello, entiendo que no deben valorarse nuevamente los extremos que llevaron a su declaración de responsabilidad, ni los extremos de otros tipos penales posiblemente aplicables pero que fueron descartados, ni los argumentos que dieron basamento a la necesidad de pena.

Pues bien, la decisión debe tomarse teniendo en cuanta la posición del autor ante el hecho y los efectos posteriores operados en él por el hecho y por el proceso.

En este sentido debe tenerse presente que la cercanía con la mayoría de edad permiten presuponer una mayor maduración de comprender la diferencia moral entre lo bueno y lo malo, entro un acto inocuo y otro lesivo socialmente. A ello debe sumarse la ausencia de compromiso moral manifestado con el hecho y su actitud inmediatamente posterior al mismo que denota la ausencia de cualquier manifestación emocional que determine que logró conmoverse y reconocer lo reprochable, no sólo haber causado una muerte sino una muerte sin sentido. No se observa ni siquiera en momentos posteriores, una actitud medianamente reflexiva o reparatoria que justifique la aplicación de la pena mínima.

Corresponde igualmente tener en cuenta la pena solicitada por la parte acusadora, que de igual modo que la fiscal de grado ha requerido la imposición de una pena de 17 años y 6 meses de prisión, monto que opera como límite temporal máximo. Criterio con el que discrepo y me permito apartar del titular de la acción pública, puesto que no se ajusta al supuesto de un menor de edad.Repárese en este aspecto que la especialidad del fuero también debe cumplimentarse en la función de la parte acusadora. En tal sentido observo que ha peticionado la casi totalidad del tiempo que lleva vivido el menor al momento de protagonizar el hecho, lo cual parece muy distinto del fin resocializador que la pena tiene en el caso de un menor Sin perjuicio de todo lo dicho y sopesando los efectos de la medida tutelar mediante la cual fue cumpliendo con las distintas actividades, se sometió voluntariamente al tratamiento psicológico, permanece escolarizado aún hoy en día y tal como señalan los informes, efectuó esfuerzos para arribar a su resocialización sin lograrlo acabadamente, sumado a lo manifestado ante la juez de grado sobre los pensamientos recurrentes de la persona de la victima, estimo que por la revisión convencional de la sentencia en pos del especial régimen de la minoridad, los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing, corresponde como pena justa la de 9 años de prisión.

A LA MISMA CUESTION LOS DRES. SALVADOR Y BELTRAMONE DIJERON: que comparten los fundamentos expuestos por la vocal preopinante, a los que adhieren votando en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION LOS DRES. ALONSO, SALVADOR Y BELTRAMONE DIJERON: que conforme al resultado de la votación corresponde confirmar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo la pena impuesta a 9 años de prisión.

Por tanto, el Tribunal Pluripersonal Oral de esta Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario;

FALLA: Confirmar parcialmente la sentencia, recudiendo la pena a la de 9 años de prisión-

Insértese, agréguese copia, hágase saber y vuelva a la Ofician de Gestión Judicial a susefectos.-

Bibiana Teresa ALONSO

Javier Francisco BELTRAMONE

Gustavo Alfredo SALVADOR