Responsabilidad civil médica. Un fallo acertado abarcativo de diferentes institutos del derecho médico

Autor: Meneghini, Roberto A.

Fecha: 13-dic-2017

Cita: MJ-DOC-12328-AR | MJD12328

Sumario:

I. Prólogo. II. Culpa médica. III. Cargo dinámico de la prueba. IV. Obligaciones de medios y de resultado. V. Responsabilidad civil de los establecimientos de salud. VI. Error de diagnóstico. VII. Informes de especialistas. VIII. Pérdida de chance. IX. Relación de causalidad. X. Epílogo.

Doctrina:

Por Roberto A. Meneghini (*)

I. PRÓLOGO

El Acuerdo dictado por la Sala K de la Cámara Nacional en lo Civil posee diversas facetas del Derecho Médico que nos han movido al presente comentario.

En primer término, iterando nuestra posición volcada en anteriores trabajos, todo fallo de Alzada que revoca el dictado por el inferior trae mayores elementos dignos de ser analizados toda vez que, al proponerse una modificación, deben aportarse argumentos de mayor valía respecto de los invocados en la sentencia modificada.

Al mismo tiempo, el Vocal preopinante examina en profundidad varias cuestiones para arribar a su conclusión.

Así estudia el tema de la culpa médica con especial atención, admitiendo la aplicabilidad de la teoría del cargo dinámico de la prueba.

En otro orden, formula una clara distinción entre las obligaciones «de medios» y de las «de resultado», pero conviniendo ciertos lazos de conexión entre ambas.

También destaca la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil de los establecimientos de salud, sustentada en varias teorías doctrinales.

En cuanto al error del diagnóstico, núcleo vital del tema controversial del proceso incoado, con apoyo al informe de especialistas, concluyó acerca de su existencia como consecuencia de un accionar culposo del médico tratante.

Tal error de diagnóstico lo engarza con la relación fáctica, a la que le dedica un párrafo extenso que lo convence acerca de las faltas habidas en el tratamiento dispensado a la accionante.

La relación de causalidad, componente ineludible de la responsabilidad civil, y de difícil tratamiento, ocupa, en el Acuerdo, un papel preponderante a la luz de la importancia que le brinda el votante en primer término.

En cuanto al rubro daños, resulta destacable la referencia que se formula al instituto de la pérdida de chance, tan frecuentemente aparecido en juicios de responsabilidad civil médica.

Cada uno de los mentados temas, los iremos desarrollando, intentando despertar en el lector el interés que -estimamos- poseen.

II.CULPA MÉDICA

El fundamento del rechazo de la acción incoada, por parte de la Sra. Jueza de grado, se fundamentó en considerar la inexistencia de culpa médica.

Esta posición fue, con el auxilio de la pericia médica, sumado a declaraciones testimoniales e informes de especialistas, objeto de profundo análisis por parte del Vocal preopinante en Cámara.

Para la apreciación de la culpa -nos permitimos agregar que resulta ello muy importante cuando se trata de la médica- debe partirse del hecho concreto, tal como se propone en el voto, concatenándolo con la naturaleza de la obligación y las circunstancias de persona, tiempo y lugar, a la luz -sin que en el Acuerdo se mencione expresamente- de la definición de culpa que brindaba el artículo 512 del Código velezano, recogida por el art. 1724 del Código Civil y Comercial.-

Resaltamos la importancia de esta metodología de análisis de la culpa en materia médica por las particularidades -que les son propias- de la conducta galénica.

Corresponde tener en cuenta que no será dable exigir idéntico proceder profesional a un médico residente que a otro con vasta experiencia, ni tampoco igual imposición en una situación de urgencia que frente a otra que permite estudios más complejos para la determinación del diagnóstico y consiguiente tratamiento, y mucho menos en la coyuntura de lugar en el que se brinda la prestación.

Consecuentemente, resulta acertada la posición del voto acogiendo el criterio -sin mencionarlo- de la existencia de un sistema mixto en materia de culpa médica, consistente en cotejar la conducta desplegada por el operador médico frente al caso concreto, con un tipo abstracto del quehacer que hubiese llevado a cabo la tarea un colega prudente.

El Juez deberá compulsar ambos quehaceres -el concreto con el abstracto- y, si ambos coinciden, no habrá culpa médica; si difieren, se la tendrá por habida.

III.CARGO DINÁMICO DE LA PRUEBA

Sin solución de continuidad, el Acuerdo enlaza la cuestión del procedimiento mixto adoptado para determinar la existencia de culpa con el tema de la teoría de la carga dinámica de la prueba.

Previo admitir la afirmación de gran parte de la doctrina que impone el cargo probatorio de la culpa en la persona del reclamante, itera su posición, volcada en fallo anterior, en el sentido de que «tal criterio se encuentra actualmente en crisis».

De las partes del proceso por responsabilidad civil médica, considera que es el profesional médico quien se encuentra en mejores condiciones de producir la prueba exculpatoria, y no el paciente.

Aquí cabe introducir el tema de la acogida que el Código Civil y Comercial le ha dado, a través de su art. 1735 , a la teoría del cargo dinámico de la prueba.

Y lo traemos a colación en mérito a -desde nuestro modesto punto de vista- la desafortunada redacción de dicha norma.

Tal artículo faculta al Juez a la aplicación de dicha teoría, comunicándoselo a las partes durante el proceso, «de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa».

De la lectura de dicha disposición surge, perogrullescamente, que el Magistrado acudirá, en su caso, a la recurrencia de tal teoría una vez comenzado el pleito. En aquellos procesos en los que el actor debe ofrecer su prueba con el escrito de demanda y el accionado con el de su responde; si luego de producidos ambos actos procesales, el Juez decide aplicar la teoría de la carga dinámica de la prueba, nos preguntamos lo siguiente: ¿deberá ordenar la reapertura de la causa a prueba para que ofrezcan la omitida -especialmente la parte demandada- quien no conocía que se recurriría a lo dispuesto en el artículo 1735 del CCivCom? De no hacerlo, ¿no quedaría vulnerado el derecho constitucional de defensa?, y consecuentemente, ¿no sería nula la sentencia?Las respuestas, sin duda, nos la dará el transcurso del tiempo con la aplicación de esta norma.

IV. OBLIGACIONES DE MEDIOS Y DE RESULTADO

La doctrina -autoral y jurisprudencial- ha abordado profusamente el tema de la clasificación de las obligaciones de hacer en «de medios» y «de resultado», conforme teoría pergeñada por el jurista francés Demoge.

Tal tratamiento ha dividido en defensores y detractores en lo que atañe a su aplicación, invocando razones de fuste tanto en una dirección como en la otra.

El Acuerdo que estamos comentando admite su existencia, adhiriendo a un fallo de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Civil, en el sentido de que «todo proceso de curación o intervención contiene medios y se dirige a un resultado». Con tal afirmación, les da un carácter especial a las obligaciones medicales.

La discusión se ha terminado con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ya que le da acogida legislativa a esta clasificación de obligaciones en su art. 774 , con la singularidad de que las clasifica en tres diferentes tipos en lo referente a la forma de la prestación del servicio: su inc. a: es la obligación de medios pura; el inc. b: una intermedia consistente en obtener el resultado, pero independientemente de su eficacia y, el inc. c: la obligación de resultado pura.

Parte de la doctrina que admite la biclasificación original de Demoge critica la incorporación de una tercera.

V.RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Al abordar el Vocal opinante la naturaleza jurídica de la obligación, hace una suerte de «melange», toda vez que menciona tres de los varios postulados -diferentes entre sí- que la doctrina pergeñó para atribuir la responsabilidad civil de los establecimientos de salud.

En primer término, adhiere al sustentado por el profesor Bueres, quien refiere que se trata de un contrato de estipulación a favor de tercero en el que el sanatorio reviste la calidad de estipulante, el médico el de promitente y el paciente el de beneficiario, conformando una tríada sinalagmática.

En segundo lugar, el Acuerdo admite que el establecimiento asistencial asume una obligación tácita de seguridad, inserta en el principio de la buena fe contractual y que rotula como accesoria a la obligación de suministrar asistencia médica.

Y, por último, también acude a la teoría que Giovinne Achille ha dado en llamar «De la estructura de la relación obligacional» merced a la cual, frente a la incapacidad total de hecho por parte del establecimiento asistencial, ya que, «per se», no puede llevar a cabo acto material alguno por su calidad de persona de existencia ideal, debe acudir a un sustituto que cumpla tal tarea. En consecuencia, el jurista italiano extiende la responsabilidad al ente prestacional sobre la base de la irrelevancia jurídica de tal sustitución y la consiguiente equivalencia de las prestaciones.

La discusión doctrinaria en torno a qué teoría debe aplicarse -estipulación a favor de tercero, obligación tácita de seguridad, estructura de la relación obligacional y algunas otras- ha quedado zanjada en el Código Civil y Comercial por aplicación del art.732 , merced al cual el incumplimiento de las personas de las que el deudor se vale -en el caso que nos ocupa, el médico actuante- para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado; y el artículo 1753 en virtud del cual el principal -en la especie el establecimiento asistencial- responde, objetivamente, por los daños que causen las personas de las cuales se sirve -los médicos- para el cumplimiento de las obligaciones, determinando, en su último párrafo, que se trata de obligaciones concurrentes, con lo que no media solidaridad entre los deudores.

Nos permitimos formular la aclaración respecto de la naturaleza jurídica de la obligación del principal que la norma citada califica de objetiva. Ello como consecuencia que, demostrada la responsabilidad del hacedor material, por caso el médico, fluye, sin más, la obligación de reparar el daño por parte del est ablecimiento asistencial, sin que pueda invocar falta de culpa, ora «in eligendo, ora in contrahendo».-

IV. ERROR DE DIAGNÓSTICO

El error de diagnóstico se enhiesta, en el microsistema de la responsabilidad civil médica, en un instituto de incesante aparición, fruto de las particularidades que presentan las diversas patologías como consecuencia de diferentes causas, cuadrando el conocido axioma que dice lo siguiente: «No hay enfermedades, sino enfermos».-

La jurisprudencia y la doctrina se encuentran contestes en admitir que no todo error de diagnóstico debe ser estimado como antijurídico, sino que solo el inexcusable lo es, tal como se afirma en el voto del Vocal opinante.

Para admitir la inexcusabilidad del error de diagnóstico en que incurrió el médico accionado, el Vocal formula un profundo y extenso análisis de los hechos, extraído de la prueba rendida, con particular énfasis en la pericial médica.

El elemento antijuridicidad ha sufrido una modificación con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial.

A la luz del art.1066 del Código velezano, la antijuridicidad refería a una conducta -por acción u omisión- que quebranta un deber jurídico preexistente plasmado, en el caso de la responsabilidad aquiliana, en una norma positiva, fundada en el principio «alterum non laedere»; en el supuesto de la contractual, se le agrega al ordenamiento legislativo, lo convenido por las partes. En la generalidad de los casos médicos, por violación a la denominada «lex artis».

En cambio, el Código Civil y Comercial, en su art. 1717 , define la antijuridicidad como cualquier acción u omisión que causa un daño a otro si no está justificada, señalando, en su artículo siguiente, como causales de justificación a la legítima defensa, al estado de necesidad y al ejercicio regular de un derecho.

Entendemos que el giro conceptual dado a la antijuridicidad no resulta meramente semántico, sino que contiene una problemática relacionada con la prueba del mismo.

Así, en el Código derogado, era el actor quien debía probar que el dañador había cometido un acto contrario a la ley en sentido amplio, con la excepción del caso en que se aplicaba la teoría del cargo dinámico de la prueba.

Con el nuevo Código, el accionante se limitará a demostrar la existencia del daño y recaerá en la persona del accionado el cargo probatorio de alguno de los tres eximentes mencionados en el art.1718 .

De suyo que la defensa propia nos suena un tanto imposible de aparición en el escenario médico.

El ejercicio regular de un derecho fluye espontáneamente como consecuencia del ejercicio de la profesión médica, con la anuencia de la autoridad de aplicación respectiva.

En lo que refiere al estado de necesidad, aparece en ciertos casos, generalmente en los que surgen eventos imponderables y de urgente resolución.

Se entiende por «estado de necesidad» a las «razones excepcionales que legitiman el acto, poniendo de relieve que, a pesar del mal inferido por el agente, su conducta es justa y el ordenamiento jurídico lo autoriza y aprueba». «Resarcimiento de daños. 4. Presupuestos y funciones del Derecho de daños» – Matilde Zavala de González. Hammurabi.

En materia jurisprudencial, podemos citar dos fallos.

El primero de ellos, dictado por la Cámara Civil y Comercial Sala 2.ª Mar del Plata el 26 de diciembre de 2007, obrante en Microjuris MJ-JU-M-18941-AR, correspondiente a los caratulados – «M. C. c. Clínica Pueyrredón» , en los que se sostuvo lo siguiente: «La única posibilidad de que la ligadura tubaria practicada encuadrara en una causa de justificación (estado de necesidad) (art. 1718 del CCivCom), que borre la antijuridicidad del acto, era la de evitar un daño grave e inminente para la salud de la actora. En el caso, tal inminencia no se presentó, pues es evidente que la actora no corría riesgo de quedar embarazada en el quirófano cuando se le había terminado de practicar una cesárea, y su futura y peligrosa preñez podía ser evitada por otros medios». (Del voto del Dr. Loustaunau, mayoría).

Por su parte, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Tucumán, en fallo dictado el 25 de junio de 2012, en autos «Robles, Elva Eudora c. Sistema Provincial de Salud (SIPROSA.)», publicado en La Ley NOA octubre de 2012, AR/JUR/41572/2012, refirió lo siguiente:«Si la entidad de la enfermedad del paciente constatada durante la cirugía laparoscópica imponía de forma imperiosa trocarla por una a cielo abierto a los fines de disminuir un alto riesgo de una complicación con alta mortalidad y poder actuar en consecuencia, y estando al hecho de que tal decisión fue acertada y exitosa en paliar la dolencia, la ausencia de conformidad en tal coyuntura no puede aparecer como sustento de atribución de responsabilidad de los profesionales por las consecuencias de la intervención».

Por considerar que el listado de causales de justificación que brinda el art. 1717 no es taxativo, sino meramente enunciativo, nos permitimos agregar como otro el de la obediencia debida.

Jurisprudencialmente, la hemos hallado en el Acuerdo recaído en autos «H. de O., M. c. Sanatorio San Lucas», dictado por la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil, publicado en Responsabilidad Civil y Seguros, t. 2000-308, con nota de Sandra Wierzba, que sostuvo lo siguiente: «No puede responsabilizarse al médico que intervino como ayudante en una operación por la eventual renuencia a realizar interconsultas que pudiera haber tenido el cirujano que dirigió el acto quirúrgico y el clínico que trataba al paciente, pues no correspondía a aquel pronunciarse sobre el punto ni debía hacerlo pese a tratarse -en el caso- de un profesional de experiencia, edad y versación».

»La actuación de un médico como ayudante en una operación quirúrgica no le impide realizar las observaciones y sugerencias que crea convenientes durante el desarrollo de la intervención, mas ello no implica que pueda interferir en la asistencia que presta el cirujano jefe, a quien está subordinado».

En cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil -no sólo de índole médica-, la posición expuesta nos convence acerca de lo innecesario que resultó el otorgamiento de la facultad al juez de aplicar la teoría del cargo dinámico de la prueba.El giro copernicano que el nuevo Código le ha dado al instituto de la antijuridicidad, impone, «per se», el cargo de la demostración de alguna de las causales de justificación del daño habido, en la persona del accionante.

VII. INFORMES DE ESPECIALISTAS

También hace especial hincapié en lo que hemos dado, en trabajos anteriores de nuestra autoría, en llamar «Informes de Especialistas», plasmado en el caso, en el practicado por la Sociedad Argentina de Cardiología.

Estimamos de vital trascendencia este tipo de prueba que, desafortunadamente, no es de aparecer frecuentemente en juicios en los que se ventila la responsabilidad civil médica.

La importancia que le acordamos estriba en que genera en los jueces, y también en los peritos, un convencimiento de veracidad de su contenido como consecuencia de la alta calidad científica de sus autores, debiendo, quien pretende refutarla, aportar elementos persuasivos de mayor entidad científica.

En tal sentido, se ha expedido la jurisprudencia en fallo dictado por la Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, en los autos «C. A. S. c/ Hospital Bernardino Rivadavia», obrante en elDial.com AA6F62, que sostuvo lo siguiente: «… Cobrará suficiente verosimilitud los dichos de la Academia Nacional de Medicina que, a través del informe volcado por sus facultativos argumentó que era probable tal lesión. Al respecto, cabe recordar que se ha dicho que este tipo de «informe de especialistas» constituye un medio de prueba consistente en dictámenes confeccionados por profesionales en la rama de la medicina objeto de discusión en el proceso quienes -en forma personal, o colegiada a través de sociedades científicas o cátedras universitarias-, analizando en profundidad la totalidad de los elementos relacionados con el acto médico origen de demanda, arriban a la conclusión acerca del proceder del profesional actuante en el sentido de si se ajustó o no a la «lex artis». Tales informes poseen un doble factor de influencia, toda vez que se ejerce sobre el perito oficial actuante y sobre el juez.Con relación al juez del proceso, para el caso de discrepancia entre ambos dictámenes -pericial y del especialista- (en el caso se involucran opiniones de terceros, como el consultor), podrá, o más bien deberá, escoger por el que le brinde, acudiendo a la sana crítica, mayor convicción por el peso de la argumentación vertida acerca de la realidad de lo acontecido» (conf. MENEGHINI, Roberto A.: «Un fallo merecedor de todo elogio», en elDial.com – DCF8C, 14 de noviembre de 2008.

VIII. PÉRDIDA DE CHANCE

Resulta bastante asiduo, como acontece en el caso cuyo Acuerdo de Cámara estamos comentando, que el daño sufrido por la víctima no deriva, en cuanto a su magnitud, de forma exclusiva de la mala praxis médica, por lo que no corresponde repararse pecuniariamente en su totalidad.

Ante tal eventualidad, lo que debe indemnizarse es solo la pérdida de probabilidad de cierta de mejoría, curación o alivio, que el quehacer médico malogró.

Dicha corriente admitida pacíficamente por jurisprudencia y doctrina fue la seguida por el Vocal opinante al afirmar que debe indemnizarse la pérdida de chance cuando «el paciente pierde la posibilidad de un tratamiento eficaz y precoz».

En dicho «target», la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil, «in re», «G. M. E. c. Obra Social Construir Salud y otros» , obrante en Microjuris MJ-JU-M-97581, sostuvo lo siguiente:«Se ha dicho con criterio que comparto que el cálculo de la indemnización en los supuestos de pérdida de oportunidad añade a la tradicional dificultad de la valoración de los daños en el ámbito médico-sanitario el problema de cuantificar meras probabilidades, estadísticas de curación o supervivencia, lo que supone aventurar qué hubiera sucedido de no haber incurrido el facultativo demandado en negligencia.Es por ello que el responsable de una pérdida de oportunidad de curación o supervivencia no puede ser condenado a la reparación de los totales perjuicios sufridos por el paciente (esto es, la muerte, el daño corporal, etc.), sino solo por el valor de las expectativas de supervivencia o curación destruidas.

Así, en la práctica, jueces y magistrados evaluarán la totalidad de perjuicios sufridos por la víctima y fijarán la indemnización en función de una fracción de los totales perjuicios atribuibles a la pérdida de oportunidad. Frente al caso en que el facultativo no realiza un diagnóstico a tiempo y el paciente sufre una enfermedad que, aun detectada oportunamente, le hubiera permitido solo un 30% de probabilidades estadísticas de sobrevivir, la indemnización consistirá en el 30% de aquella que hubiera correspondido en caso de haberse podido imputar al médico la muerte del paciente» (Álvaro Luna Yerga, «Oportunidades perdidas. La doctrina de la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria» y sus citas, publicado en Indret 02/05, N.° 288, Facultad de Derecho, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España).

IX.RELACIÓN DE CAUSALIDAD

A la hora de abordarse el espinoso tema de la relación causal, el Vocal opinante formula apreciaciones ciertas acerca de la metodología que se va a emplear para determinar su existencia.

Cabe recordar que el nexo causal es la porción de la realidad que el ordenamiento jurídico aprehende, atribuyéndole potencialidad suficiente, conforme el curso normal y ordinario de las cosas, para haber producido el daño.

De tal concepto, se colige que no todo fragmento de los hechos previos a la ocurrencia del perjuicio debe ser tomado como causa del mismo, sino el adecuado a su producción.

Los principios que el Acuerdo acoge a la hora del análisis del nexo causal son acertados y, con cita del maestro Isidoro Goldenberg, admite que consisten en la necesidad de que el Juez realice «”ex post facto” un diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era, de hecho, idónea para producir normalmente ese hecho, conforme el curso natural y ordinario de las cosas».

Pero, con buen tino jurídico, admite que, excepcionalmente, debe flexibilizarse el criterio de la demostración cabal y efectiva de la relación de causalidad, ante la posibilidad de tornar ilusoria la responsabilidad civil médica.

Así, el voto le da acogida al extremo que, frente a la indicación de la experiencia, en el sentido de que un hecho debió ser causa del daño, cabe tener por probada la relación «causal hominis». En este singular caso, el accionante deberá haber aportado elementos corroborantes que lo hayan llevado al Juez a tal convicción, aunque los mismos no hayan llegado a una demostración cabal, pero resultan reveladores de la existencia del antecedente causal.

No podemos soslayar traer a colación el fallo dictado por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Civil, en los caratulados «R. M. A. c. S. C. D.» , obrante en Microjuris MJ-JU-106488-AR, por lo completo y didáctico con que trata el tema de la relación causal.En tal sentido, se sostuvo lo siguiente: «Criterios respecto a la relación de causalidad. Resulta claro que la sola existencia del daño -como el que aquí invoca la actora- no será suficiente para provocar la responsabilidad de los demandados. Y, precisamente por ello, entrarán en juego aquí dos cuestiones que deben deslindarse cuidadosamente: la causalidad material, por un lado, y la causalidad jurídica, por el otro».

»La relación de causalidad puramente material -la “imputatio facti”- se presenta cuando un determinado daño puede ser imputado objetivamente a una persona; sencillamente se verifica una relación causal entre un antecedente y un consecuente y, en función de ella, se determina entonces que el daño acontecido es consecuencia de un hecho determinado (véase CARRANZA LATRUBESSE, Gustavo: «Responsabilidad médica y causalidad», en LL, 2003-E-1031; ORGAZ, Alfredo: «La relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño», en LL, «Páginas de Ayer», N.º 4, 2003, p. 23 y ss.).

«La “imputatio facti” comportaría -en el caso de la práctica de los sanatorios y clínicas- la llamada “iatrogenia”, entendida esta no como la interpreta cierta doctrina (véase COSTA, Enzo Fernando: «La interrupción del nexo causal en la responsabilidad médica», ED, 159-1041), sino en un sentido amplio, como surge claramente del diccionario de la lengua y se corresponde con su etimología; o sea la alteración del estado del paciente producida por el obrar de los establecimientos médicos, cualquiera sea su causa (véase Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, pp. 766 y 842, 22.a ed., Madrid, 2001; MOLINER, M.: «Diccionario del uso del Español», t. 2, p. 80. Madrid, Gredos, 1991).

«Es por eso que si bien toda mala praxis en general lleva implícita una iatrogenia, esta no necesariamente se ha de producir por aquella.La patogenia o las consecuencias negativas que sufre el paciente podrán tener origen en su propia predisposición, constitución o sensibilidad; vale decir, en sus factores individuales, de manera que la intervención del hospital o clínica lo que hace es disparar o poner en marcha elementos patológicos que hasta ese momento estaban latentes en aquel.

«Sin embargo, desde un enfoque legal, es indudable que no alcanza la mera verificación de la causalidad material para responsabilizar a un sujeto, pues, de lo contrario, la serie progresiva de los daños podría prolongarse en forma ilimitada. Es por tal motivo que es necesario que intervenga la causalidad jurídica -la “imputatio iuris”-, lo que significa decir -como bien se sostuvo- que aparecerá en escena una valoración del magistrado, como la es el juicio de previsibilidad y el principio de normalidad, lo cual implicará recortar aquella causalidad fáctica para arribar finalmente a una causalidad que estará impregnada de una impronta propiamente jurídica. Se trata de una depuración que hay que efectuar con un prisma humano y arribar así al adecuado factor de atribución que, en nuestro caso, es desentrañar si medió o no un obrar culposo de cada uno de los emplazados (véase BUERES, Alberto: «Responsabilidad de los médicos», pp. 297 y ss. Buenos Aires, Hammurabi, 1992; LÓPEZ MESA, Marcelo: «Causalidad virtual, concausas, resultados desproporcionados y daños en cascada», en La Ley, ejemplar del 12/8/2013, p. 1 (2013-D).

«En consecuencia, el concepto de causalidad jurídica nos permitirá delimitar hasta dónde deberá responder la persona por sus actos voluntarios; vale decir, qué consecuencias dañosas son las que deberán atribuírsele. Los hoy derogados arts. 520, 903, 904, 905 y 906 del Código Civil -pero aplicables al caso- claramente marcan cuáles son los límites en el responder.Así, con el deslinde que realizan los referidos dispositivos legales, el derecho argentino se aparta de la teoría de la equivalencia de las condiciones o de la “conditio sine qua non”; de manera que no todas las condiciones que conducen a un resultado son la causa de él; de modo que -con la mentada discriminación- se evita que la responsabilidad por un hecho determinado se extienda hasta el infinito, imponiéndose exagerada e injustamente el deber de resarcir aun a aquel que, digamos, solo ha contribuido a producir ese resultado con un alcance que solo puede calificarse de mínimo».

»En resumidas cuentas, y por lo ya señalado, el derogado Código Civil aplicable en la especie adhirió a la doctrina de la causalidad adecuada (art. 906 y cctes). Esto significa que se atribuye la categoría de causa jurídica solamente a aquella condición que generalmente es apropiada para producir el resultado. En este sentido, no todas las condiciones necesarias de un hecho determinado son equivalentes. Causa de un daño es solo aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado. Las demás condiciones, que no producen normal y regularmente ese efecto, serán solo condiciones antecedentes o factores concurrentes. Por lo tanto, solo corresponderá atribuir la entidad de causa idónea de un hecho la que, según un juicio de probabilidad, lo que ocurre habitualmente y conforme a la experiencia de la vida (principio de normalidad), produce u ocasiona el daño que, entonces, se ha de atribuir a aquel evento» (véase BUSTAMANTE ALSINA, Jorge: «Teoría general de la responsabilidad civil”, 9.a ed., p. 270, N.º 590; ORGAZ, Alfredo: «El daño resarcible», Marcos Lerner, p. 43; esta Sala, 5-4-1999, «Tarrio Cabanas de Ludovico, Mercedes c/ Cabanne, Ana M. s/ Daños y Perjuicios», Expte. libre N.º 255.011; íd., 23/11/2005, «Ayam, Alicia Mónica c/ Fernández Humble, Raúl s/ Daños y Perjuicios», Expte.libre N.º 390.230, «La Ley Online», Gaceta de Paz, Año LXXI, N.º 3406, 27/4/2006, p. 1 y ss.; Infobae.com, del 13/2/2006; elDial.com AA3133; Uol Noticias, del 13/2/2006; Cifuentes, Santos, en Belluscio-Zannoni, «Código Civil y Leyes complementarias», t. 4, pp. 46 y ss., Astrea, Buenos Aires, 1982).

«Por supuesto que, para realizar el juicio de probabilidad, debe atenderse a una regularidad o habitualidad “in abstracto”, y no “in concreto”; pues, de lo contrario, no será posible llevar a cabo aquel juicio. A este efecto, el juez debe tener en cuenta patrones jurídicos y máximas de experiencia; reglas que tienen su basamento en el correcto entendimiento humano y en la observación, tras un conocimiento experimental de las cosas. Juega también su papel, desde luego, la lógica; lo que significa decir que la resolución a dictarse tiene que ajustarse a la aplicación de la sana razón» (véase COUTURE, Eduardo J.: «Fundamentos del Derecho Procesal Civil», pp. 221-222, 4.a ed., Buenos Aires , Bdef, 2005; CIFUENTES, Santos: en Belluscio-Zannoni, «Código Civil y Leyes complementarias», t. 4, p. 58, obra citada).

X. EPÍLOGO

No nos queda duda alguna que hemos analizado un fallo con un contenido jurídico de alto vuelo por haberse adentrado en diferentes institutos que hacen a lo que damos en llamar el «micro sistema» de la responsabilidad civil médica.

Los elementos que componen el andamiaje sobre el cual reposa la responsabilidad civil en general -daño, antijuridicidad, nexo causal y factor de atribución- tal como lo hemos sostenido iteradamente, en cuestiones en los que se debate la mala praxis médica adquieren matices diferentes en función de las singularidades que presentan sin perder la identidad original.

Ello fue objeto, por parte del Vocal opinante, de un tratamiento acertado, logrando con ello, una justa sentencia.

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(*) Abogado, Facultad Católica de Derecho del Rosario, UCA. Posgrado de Derecho de Seguros y Accidentes de Tránsito, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Especialización para la Magistratura, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA. Posgrado de Responsabilidad Médica, Centro de Especialización Jurídica Juris. Ha asistido a cursos, seminarios, jornadas, congresos y conferencias. Ha dictado cursos. Expositor de ponencias. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.