La prevención de las enfermedades derivadas del trabajo. Acotaciones para la nueva ley

Autor: Mezio, Eduardo L.

Fecha: 08-09-2017

Cita: MJ-DOC-11981-AR | MJD11981
Sumario:

I. Introducción. II. Estadísticas de la SRT con relación a las enfermedades profesionales. III. Conclusiones.

Doctrina:

Por Eduardo L. Mezio (*)

I. INTRODUCCIÓN

La SRT, conjuntamente con representantes de «actores sociales» involucrados, se encuentra en misión de redactar un «Proyecto de ley» que reemplace a la «Norma Estatal 19.587 ». Ello me ha motivado a escribir sobre un tema candente para los trabajadores, el cual se refiere a la necesidad de que el Estado instrumente medidas eficaces para preservar el capital humano.

Necesaria aclaración previa: Pese a la promulgación de la Norma Supralegal (1) 26.693 en el mes de agosto de 2011, mediante la cual se ratifica el Convenio 155 de la OIT y su Protocolo Adicional de 2002, y de encontrarse ella dentro de la publicación titulada «Normas legales vigentes sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. Prevención Primaria y Secundaria», que actualiza periódicamente la «Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales», «Subgerencia de Relaciones Institucionales», «Departamento de Relaciones y Vinculación Internacional» de la SRT, se continúa utilizando en leyes, decretos, resoluciones de la propia SRT y sentencias judiciales, las definiciones que la norma en cuestión deroga de acuerdo con lo normado en el art. 75, inc. 22 , de la CN, convalidado por pacífica jurisprudencia de la CSJN.

Y esto no es baladí, sino todo lo contrario: legislar, obligar a actuar a los involucrados sobre un concepto erróneo y no aplicable, y sentenciar sobre ese concepto erróneo y no aplicable, conlleva la nulidad absoluta de todo acto que se ejecute sobre la definición errónea de un determinado instituto.

Una «enfermedad profesional» no es lo que se dice en el art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias, sino que es lo que se define en el art. 1, apdo. b , del «Protocolo» a que he hecho mención anteriormente: «b.el término “enfermedad profesional” designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral».

Y el «accidente “in itinere”» después de la ratificación del Convenio, se lo denomina, en el mismo artículo, apartado «d. el término “accidente de trayecto” designa los accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y: 1. la residencia principal o secundaria del trabajador; 2. el lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas; o 3. el lugar en el que el trabajador suele cobrar su remuneración».

Y define en el apartado «a. el término “accidente del trabajo” designa los accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que causen lesiones mortales o no mortales».

Donde se desempeña un trabajador es el «lugar de trabajo» que para la legislación argentina se define así: «c. la expresión “lugar de trabajo” abarca todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador» (art. 3, apdo. c, del Convenio).

La «salud» de los trabajadores que deben preservar los empleadores y las ART es, para la legislación argentina definida así: «e) el término “salud”, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo» (art. 3, apdo. e, del Convenio).

Por ello, es imprescindible para su validación posterior, que toda norma donde se determinen las obligaciones de los actores sociales involucrados, especialmente los «empleadores» y las «Aseguradoras de Riesgos del Trabajo» en una ley trascendental para la salud de los trabajadores como puede ser la nueva ley de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales, utilice estas definiciones que, en la realidad, modifican sustancialmente lo que comprenden cada una de ellas.Basta para corroborar esto una simple comparación lingüística entre lo que define el vetusto art. 6 de la LRT y sus modificatorias, como «enfermedad profesional» o como «accidente de trayecto» y lo que rige actualmente como derecho positivo y vigente.

II. ESTADÍSTICAS DE LA SRT CON RELACIÓN A LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

En el «Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2015», elaborado por la SRT, leemos en su Cuadro 2.2 lo siguiente: «Casos notificados según tipo de evento y mes de ocurrencia. Unidades productivas». Ellos son: Accidentes del Trabajo 437.738; Accidentes «in itinere»: 138.828; Enfermedad Profesional: 19.628; Reingreso: 57.719. Lo que da un total de 653.913 «casos» (2).

Si sumamos los «accidentes del trabajo» y los «accidentes de trayecto», durante 2015, se han denunciado 576.566 casos. Las enfermedades profesionales representan el 3,4% de los casos notificados.

Dado que a lo largo de todo del «informe» se menciona como «enfermedad profesional» y sus consecuencias, a lo conceptuado en el vetusto y derogado art. 6 de la primitiva Ley de Riesgos del Trabajo, las estadísticas pierden validez como comprobación real de los sucesos. De todas maneras, hasta tanto se implementen los mecanismos burocráticos que se adecuen a las leyes en vigencia, deben ser tomados como algo más anecdótico que ciertamente demostrativo de una realidad.

Es fundamental, y así lo interpreta la SRT, el hecho de determinar dónde se ha conocido y diagnosticado la existencia de una «enfermedad profesional» en los trabajadores. El «Cuadro 3.8: Enfermedades profesionales según tipo de examen diagnóstico de la enfermedad profesional. Unidades productivas» lo señala de la siguiente manera:

1. Consulta en obra social: 30,8%.

2. Consulta en hospital público: 27,6%.

3. Prestador de ART: 21,8%.

4. Consulta en sanatorio, clínica o consultorio privado: 8,2%.

5. Examen periódico: 5,7%.

6. Consulta en ámbito público no hospitalario (sala, CAP, etc.): 3,0%.

7. Por peritaje judicial: 2,4%.

8. Comisión médica: 0,2%.

9. Examen por ausencia prolongada: 0,1%.

10. Examen preocupacional: 0,1%.

11.Examen por transferencia de actividad (del trabajador): 0,0%.

12. Examen de egreso: 0,0%.

13. Sin datos: 0,0%.

«Total: 19.628 igual al 100,0%».

Sumemos: 1+ 2 + 4 + 6 + 7 + 8 igual a 72,20%.

Ahora sumemos el 3: «Prestador de ART» (21.8%) y el 5: «Examen periódico» (5,7%) igual a 27,5%. Los correspondientes a los números 9, 10, 11 y 12 no se contabilizan.

Esto indica que, de acuerdo con datos oficiales, que por «Examen Periódico», que es obligación de las ART efectuarlo sobre «factores de riesgos» comunicados por el empleador en forma fehaciente, solamente se detectaron el 5,7% de 19.628 denuncias de enfermedades profesionales, es decir 1115 enfermos originados en el trabajo sobre una masa de trabajadores asegurados de 9.674.909 trabajadores promedio asegurados en el año 2015 (Cuadro 1.1).

Se destaca que, exclusivamente derivados de la obligación legal de realizar los «exámenes periódicos», se detectó que el 0,011 de la cantidad de trabajadores asegurados se encontraba enfermo por síntomas de una «enfermedad profesional».

Considerando que a 4272 trabajadores se les diagnosticó enfermedad profesional por parte de un «Prestador de ART» (3), significa que el 0,044% sobre la masa de los 9.674.909 trabajadores promedio asegurados en el año 2015 (Cuadro 1.1) ha sido diagnosticado, directa o indirectamente, por la intervención de la ART o de un prestador médico pagado por ellas.

Queda demostrado entonces, que en el 72,20% de las denuncias de «Enfermedad Profesional», no ha existido intervención de las ART, al haberse «originado» en Consulta en obra social (30,8%); Consulta en hospital público (27,6%); Consulta en sanatorio, clínica o consultorio privado (8,2%); Consulta en ámbito público no hospitalario (sala, CAP, etc.) (3,0%); Por peritaje judicial (2,4%) y por Comisión médica (0,2%).

Los «Exámenes Periódicos en Salud» han sido reglamentados dentro del sistema de Riesgos del Trabajo, por las siguientes resoluciones: Res. SRT 43/97 (art. 3); Res. 54/98; Res.490/03 (derogada por la Res. 1141 del año siguiente) y la actual en vigencia Res. 37/10 (art. 3).

Para realizar los «Exámenes Periódicos», que es una «responsabilidad de las ART el realizarlos» (4), «los empleadores afiliados deberán suministrar a la ART, la nómina de trabajadores expuestos a cada uno de los agentes de riesgo, al momento de la afiliación a una ART, o de la renovación del contrato» (5). Como el «Contrato de Afiliación» se renueva automáticamente por año calendario de la firma del primer contrato (6), el relevamiento de los agentes de riesgo deberá efectuarlo el empleador anualmente, informarlo a la ART y esta realizar, a su costo, los exámenes médicos y prácticas complementarias correspondientes a cada trabajador.

Si «los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo determinados por el Decr. 658/96, a los cuales el trabajador se encuentre expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales» (7), y las ART han detectado, directa o indirectamente, solamente el 0,044% de la totalidad de los trabajadores asegurados, existe un claro indicio de que el «sistema» no es el adecuado.

Y efectivamente no es el adecuado, por cuanto si el empleador no efectúa el «relevamiento de los agentes de riesgo» (8), la ART no puede realizar ningún examen médico ni práctica complementaria para determinar si el trabajador padece de alguna «enfermedad profesional contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral» (9), por la sencilla razón de que no sabe cuál es el «lugar de trabajo» de cada uno de los trabajadores en los establecimientos del «empleador afiliado», ni cuál es el «riesgo» al que se encuentra expuesto.

III.CONCLUSIONES

Las «enfermedades profesionales», el «lugar de trabajo»; los «accidentes de trayecto» y la «salud» de los trabajadores del primitivo texto de la LRT y sus modificatorias no son lo mismo que deben cubrir las ART con las alícuotas que pagan los empleadores. Una nueva definición legal ha sido aprobada y, de acuerdo con la Constitución Nacional, esta nueva definición se encuentra en una «Norma Supralegal» a la Ley 24.557 y sus modificatorias.

Las ART solamente detectan que el 0,044% de todos los trabajadores asegurados padecen de alguna enfermedad profesional (definida por una legislación no vigente), por cuanto no se realizan los «relevamientos de factores de riesgo» y, por ende, no se pueden realizar los exámenes periódicos.

La nueva ley de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debe revertir esta realidad en su redacción. De lo contrario, es tiempo perdido que llevará a los actores sociales a movilizarse sobre un terreno existente solo en la fantasía de la letra de una ley.

El sistema debe partir de la determinación de los pasos fundamentales de la prevención. Esta mecánica, que se encuentra reconocida por la OIT y numerosas legislaciones, es la siguiente: 1. Relevamiento de factores de riesgos en los lugares de trabajo; 2. Realización de exámenes médicos y prácticas complementarias a cada trabajador de acuerdo a su lugar de trabajo y factor de riesgo al que está expuesto; 3. Comunicación fehaciente al mismo de la patología que padece; 4. Otorgamiento de las prestaciones en especie y dinerarias previstas por la legislación vigente y 5. Reubicación en un nuevo lugar de trabajo o en el anterior, de acuerdo a la incapacidad determinada.

Asimismo, se deberán determinar, en forma clara y expresa, los encargados de ejecutar cada una de las acciones detalladas.

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(1) Convención Constituyente año 1994, exposición convencional Rodolfo C. Barra, 22.ª Reunión, 3.ª Sesión Ordinaria, 2/8/1994, versión taquigráfica, p. 2952).

(2) Nótese la contradicción en que incurre la propia SRT:en una publicación dice que rige la Ley 26.693, lo cual implica la utilización del término y la definición del «accidente de trayecto», pero menciona en otro informe, al derogado término «accidente “in itinere”».

(3) No menciona la estadística la causa de la concurrencia del trabajador a un «Prestador de ART».

(4) Art. 3, apdo. 3.° , de la Res. SRT 37/10.

(5) Art. 3, apdo. 5.°, de la Res. SRT 37/10.

(6) Art. 19 de la Res. SRT 462/09.

(7) Res. SRT 37/10, art. 3, apdo. 1.°.

(8) La falta de realización del «relevamiento de factores de riesgo» y la consecuente no realización de los exámenes periódicos no tiene sanción alguna para el empleador ni para la ART.

(9) Texto según NSL 26.693 .

(*) Abogado, UCA, Rosario. Licenciado en Derecho Español. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.