Salud y ambiente: el rol del derecho. Pequeñas reflexiones a propósito de una acción colectiva

Autor: Canet, Julia – Mazzeo, Carina

Fecha: 10-nov-2017

Cita: MJ-DOC-12285-AR | MJD12285

Sumario:

I. Desarrollo. II. Bibliografía

Doctrina:

Por Julia Canet (*) y Carina Mazzeo (**)

I. DESARROLLO

Hace tiempo que tanto los que nos desempeñamos en el ámbito del derecho de la salud como quienes lo hacen en el ámbito específico del derecho ambiental, venimos poniendo en debate la cuestión que -por así decirlo- atraviesa ambas disciplinas, que es la relacionada con lo que llamaremos aquí «determinaciones sociales de la salud» cuestionándonos la tarea que los operadores jurídicos debemos encarar frente a aquellas determinaciones y a la manera en que ellas influyen en la salud.

Quedó claro hace tiempo que los vínculos entre salud, ambiente y sociedad deben ser necesariamente analizados a la hora de evaluar resultados en materia sanitaria. Aparecieron así diferentes enfoques sociales de la salud, y se fueron construyendo las bases para sistematizar el análisis de la cuestión de la salud en las sociedades.

Ahora bien, desde una óptica epidemiológica, se advierten hoy en día dos posiciones o puntos de vista diferentes en la manera de considerar la problemática de la salud y el ambiente en relación con lo social: Si bien ambas vertientes se encuadran en lo que se ha dado en llamar «epidemiología social» y reconocen la importancia del campo social de la salud en interacción con la biología, relevando la relación entre pobreza, condiciones de trabajo y enfermedad como elementos clave del proceso salud-enfermedad y dan cuenta de las maneras en que los procesos sociales macro condicionan los patrones de salud y enfermedad en lo micro, a poco que se profundice el análisis, veremos que entre las dos vertientes existen diferencias que no son -en modo alguno- superficiales, y advertiremos también que cada uno de estos puntos de vista determinará a su vez una visión diferente en torno al papel que debe (o debería) jugar el derecho frente a estas cuestiones.

De un lado encontramos la corriente que podríamos llamar epidemiología social anglosajona, que entiende a la sociedad en su realidad poblacional, como sumatoria de individuos, enfocando las condiciones de vida que son entendidas como factores de riesgo sin historia.Así son los contextos sociales los que determinan la salud por las diferencias en educación, ubicación laboral, ingresos y cohesión social de los individuos, y los determinantes intermedios se concretan en las condiciones de vida de la gente por medio de la exposición y vulnerabilidad diferenciales de los individuos.

Desde este punto de vista, entonces, los resultados en salud están relacionados con un contexto en donde la posición social del individuo genera exposición y vulnerabilidad diferencial; lo cual explica satisfactoriamente la distribución de las inequidades en salud, pero invisibiliza las fuerzas en tensión y relaciones de poder de la sociedad.

Desde el punto de vista jurídico, se corresponde muy bien con esta posición la teoría positivista del mundo jurídico que entiende que la ciencia del derecho se limita al conocimiento y descripción de normas jurídicas y de las relaciones que las mismas constituyen entre los hechos por ellas determinados. Así se produce un recorte del derecho frente a la naturaleza, y de la ciencia del derecho, como ciencia normativa, frente a todas las demás ciencias obteniéndose -supuestamente- un criterio seguro, para separar unívocamente la sociedad de la naturaleza y la ciencia social de la ciencia natural. Obviamente esa descripción se cumple sin referencia a ningún valor metajurídico, y sin ninguna aprobación o desaprobación emotiva.Esto implica que si yo, dentro de un orden jurídico positivo, bajo determinadas condiciones, debo llevar a cabo cierto acto coactivo determinado por aquel orden, ese y ningún otro es el acto que tendré que llevar a cabo, aun cuando la atribución del acto coactivo a su condición me parezca injusta y, por tanto, la desapruebe.

El rol de los operadores del derecho, desde este enfoque, deberá limitarse a actuar frente a los casos puntuales en que aparece vulnerado el derecho a la salud como consecuencia de inadecuadas o lesivas prácticas ambientales, como por ejemplo la fumigación con agrotóxicos, buscando paliar o moderar las consecuencias de dichas prácticas, pero sin cuestionar el juego de factores económicos, políticos y culturales que determinaron este estado de situación. Sobran los ejemplos en nuestros tribunales de planteos en los que se persigue el resarcimiento económico de los daños a la salud provocados a determinadas persona que habitan en zonas fumigadas, o que se limiten las fumigaciones a determinadas áreas rurales estableciendo un límite territorial para ello, o en las que se ordena el desmantelamiento de una antena de telecomunicaciones, etcétera.

La segunda posición a la que referíamos es la que podríamos llamar «epidemiología social latinoamericana» o «epidemiología crítica», de la que citaremos no solo por ser uno de sus más claros exponentes, sino por ser un grande y querido amigo, el Dr. Jaime Breilh. Esta postura asume a la sociedad como totalidad irreductible a la dinámica individual. Sostiene una perspectiva conflictual de la sociedad que implica una relación dialéctica entre lo biológico y lo social, en una estructura jerárquica donde lo biológico queda subsumido en lo social, mediante procesos de producción y reproducción social.Releva las relaciones de poder y exalta las dinámicas de acumulación de capital como esenciales para entender la determinación social de los procesos salud-enfermedad que conllevan los patrones de trabajo y de consumo, las falencias de los soportes sociales y las formas de cultura que conducen a formas malsanas de vivir y llevan a los individuos a padecer la enfermedad de forma diferencial, según clase social, género o etnia. Asimismo, reconoce el fuerte vínculo de la ciencia y la política, y establece como propósito central de la investigación y de la acción, la transformación social.

Lógicamente, mal podrían las posiciones positivistas del mundo jurídico resultar útiles a estas formulaciones, en tanto el positivismo, casi por definición, favorece el «statu quo», independientemente de cuál sea el mismo. Será necesario, entonces, recurrir a otro andamiaje jurídico-filosófico a la hora de perseguir -a través de planteos jurídicos- soluciones que propendan a aquella transformación social.

Y son estos los planteos que nos resulta más interesante destacar. Porque consideramos que, si bien el rol del derecho aparece como más aséptico desde el punto de vista de las teorías positivistas que antes mencionamos, no será a través de su aplicación que los operadores del derecho podamos contribuir a una verdadera transformación social. Más bien habrá que recurrir -según nuestro criterio- a las posiciones integrativistas, que entienden que el derecho es algo más que norma. Solo por citar entre ellas la que resulta más cercana a nuestra formación mencionaremos la teoría trialista del mundo jurídico, que comienza por asumir que los hechos de la vida social interesan al derecho (dimensión sociológica). Luego, estos actos serán captados o no por normas (dimensión normológica) y, finalmente, valorados los actos y las normas (dimensión dikelógica) como justos o injustos a la luz de los valores. De este modo ingresa a la órbita del derecho todo acto susceptible de ser valorado como justo o injusto.Claramente esta posición complejiza la situación y amplía enormemente el campo de análisis de lo «jurídico».

Pero es también la que, de entre todas las posiciones por adoptarse, nos brinde la capacidad conceptual necesaria para resolver el problema del ambiente y de la salud como bienes colectivos, que debemos proteger.

Estamos llamados -e inclusive obligados- a intentar superar los planteos simplificadores y reduccionistas, que exhiben una captación fragmentada de la realidad, sustituyéndolos por nuevos paradigmas que favorezcan la realización de valores, como la justicia, la salud y la humanidad.

Es necesario encontrar en el mundo jurídico las herramientas que nos permitan abordar aquellos problemas que no han sabido resolver las ramas tradicionales del derecho incorporando estándares humanistas y de preservación.

Todo régimen que tenga como valor supremo la justicia debe necesariamente ser humanista por lo menos en cuanto el humanismo concibe al hombre como un fin en sí mismo, y se basa en la unidad del género humano. Lo que está en juego hoy en día no es otra cosa que la propia supervivencia de la especie humana, que asiste impávida al proceso de su propia destrucción.

Porque lo que ocurre hoy en día -por su gravedad- requiere algo más que paliativos. Lo que está en cuestión es el modelo de producción extractivista en general, y muy en particular por sus implicancias en la salud y el ambiente, agroindustrial de transgénicos fumigados con veneno y lo que se denuncia principalmente desde el ámbito de la sociedad civil, es que el mismo perjudica el ambiente, perjudica la salud, perjudica a las generaciones futuras y perjudica al planeta todo. No será por lo tanto la solución a este problema lograr que los responsables de este modelo rocíen un poco menos de agrotóxicos, o lo rocíen unos metros más lejos de los centros poblados.Según nuestro criterio, los operadores jurídicos tenemos la obligación, por lo menos, de abordar este tema, y de intentar construir soluciones que incorporen una visión holística del problema y que atiendan no solo a paliar las manifestaciones más visibles de los graves daños que este modelo provoca en la salud de los habitantes. Debemos poner en cuestión los paradigmas económicos, ecológicos y tecnológicos que hemos asumido como buenos, partiendo de la base de que tanto la salud como el ambiente son bienes colectivos, y que su protección depende de cuánto entendamos que hemos logrado como humanidad lo que tanto ansiábamos no hace mucho tiempo: hemos podido dominar las leyes de la naturaleza. Pero lo hemos logrado a tal punto que estamos en condiciones de destruirla. Nos hemos sentido tan empoderados por estos logros que hemos llegado a creer que no formamos del todo parte del orden natural. Sin embargo, es necesario y urgente repensar esta visión, en tanto, de mantenerse los modos y el nivel de intensidad de intervención del hombre sobre la naturaleza, llegará el día en que nos veamos obligados a comer dinero, ya que todo lo demás habrá desaparecido. Y quizás aparezca esta afirmación como una visión un tanto apocalíptica, pero no puede soslayarse que es la propia ciencia -cuyas verdades creímos durante tanto tiempo a pies juntillas y sin cuestionamientos cuando las herramientas que nos proporcionaba eran útiles para entronizar la idea de «progreso», la que hoy nos alerta sobre estas cuestiones.

Como antes señalamos, lo que se encuentra en cuestión es el modelo agroindustrial en sí mismo: el desarrollo de la biotecnología ha permitido la aparición de los llamados «transgénicos», es decir de organismos genéticamente modificado (OGM) para resistir por ejemplo a determinados agentes herbicidas, como ocurre en el caso de la soja que es la principal producción del país.Este combo biotecnológico incluye no solamente las semillas con OGM, sino su contrapartida que son los agrotóxicos, que se utilizan para fumigar las zonas sembradas. Este modelo que se encuentra autorizado en la Argentina desde 1996 ha reemplazado casi por completo al de la agricultura tradicional (aquel en el cual los productores obtenían las semillas a través del intercambio con la naturaleza). Se calcula que son 30.000.000 de hectáreas las que se cultivan bajo este modelo productivo, lo que implica que en cada campaña se liberan 300.000.000 de litros de agrotóxicos sobre por lo menos 12 millones de personas que integran la población rural. Asimismo, más del 90% de lo que comemos en el país es de origen transgénico, lo cual no se indica en los envoltorios de los alimentos y, aún si se hiciera, pocas posibilidades tendríamos de descartar el consumo de estos alimentos.

Es esto lo que hay hoy en día en nuestro país. Hace 20 años que los OGM vienen siendo liberados a campo abierto, y este es hoy nuestro modelo productivo.

Claro está que esto constituye un negocio sumamente lucrativo, en el que un puñado de empresas monopolizan la fabricación y comercialización de las semillas transgénicas y de los agrotóxicos como el glifosato.Y que el poderío económico de estas compañías les permite ejercer enormes presiones sobre los gobiernos, y también incidir en la opinión pública e inclusive manipular la investigación científica, con el fin de apoyar la idea de inocuidad de este sistema productivo.

Lo dicho hasta aquí no es otra cosa que un preámbulo que busca contextualizar el caso que se encuentra en trámite por ante nuestra CSJN (autos «Giménez, Alicia Fany y otros c/ en Ministerio de Agroindustria y otros s/ Medida Cautelar (Autónoma)» y que nos parece relevante, dado que apunta certeramente al fondo de la cuestión, trayendo al debate no solo lo relacionado con el resarcimiento de los daños sufridos por ciudadanos particulares como producto de la aplicación del ya reseñado modelo productivo, sino que pone en tela de juicio el modelo mismo, solicitando a la Corte que dé orden al Poder Ejecutivo Nacional que se suspendan las autorizaciones que lo hicieron posible.-

Se trata de una demanda interpuesta por un grupo de abogados entre los que se cuenta entre otros el Dr. Jorge Mosset Iturraspe contra el Estado Nacional contra más de 10 empresas fabricantes de semillas transgénicas y agrotóxicos y tres provincias argentinas. La propia CSJN declaró formalmente admisible la acción de clase y dijo que en este caso la clase era toda la comunidad. Luego, declaró su incompetencia originaria por lo que la derivó a los tribunales inferiores para su tratamiento.Actualmente habiendo recaído sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazando la acción ha sido interpuesto recurso extraordinario por ante la CSJN, el cual se encuentra en trámite

Qué persigue la acción:

– Obtener la prevención y la recomposición del bien jurídico ambiente, los ecosistemas, sus recursos, así como también se condene a las empresas demandadas al resarcimiento del daño ambiental colectivo material, moral y punitivo.

– Que se ordene al Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional- la suspensión definitiva de la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 167/96, y de todas aquellas resoluciones similares y posteriores que concedan autorizaciones de «eventos» transgénicos en vegetales y animales para su diseminación o liberación irrestricta a gran escala en todo el territorio nacional; incluidas las autorizaciones otorgadas a los recientes «eventos» transgénicos denominados «Soja Liberty Link» y «Soja Intacta RR2 PRO», ilegalmente comercializadas a la fecha en la Argentina.

– Que se exija al Estado nacional -Poder Ejecutivo Nacional- que disponga la obligatoriedad, para todos los integrantes de la cadena de comercialización del país el etiquetado de los envases de alimentos que sean o contengan ingredientes o compuestos derivados de organismos genéticamente modificados o transgénicos, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.- Que se exhorte al Estado nacional -Poder Legislativo- para que dicte las leyes que contengan los presupuestos mínimos en materia de bioseguridad y de protección ambiental para el uso y manejo sostenible del recurso suelo.

Todo ello en mérito a encontrarse afectados el bien jurídico ambiente, los derechos a la vida, a la salud pública, ya sea por la proximidad existente entre los lugares de residencia de la población y las zonas que se denuncian como contaminadas por fumigaciones aéreas o terrestres debido a la siembra en gran escala de organismos genéticamente modificados (soja, maíz, trigo, algodón, etc.) y / o por consumir alimentos que los contienen y / o que están contaminados con glifosato y/o sales derivadas de este, y que son comercializados, liberados o diseminados al ambiente de manera irrestricta por las demandadas.

Como ya señalamos, lo valioso (y novedoso) del planteo está en que lo que se cuestiona es el propio modelo productivo en su conjunto persiguiendo su sustitución por un modelo que propenda a la recuperación de los bienes dañados.

Sin ánimo de entrar en un análisis exhaustivo de la presentación, reseñaremos algunos de los argumentos utilizados, ya que son contundentes, realizando a continuación algunas consideraciones en torno a los mismos.

– La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que consagran la protección de la salud, la vida, el ambiente y contemplan nuestras obligaciones hacia las generaciones futuras.

En este punto, interesa destacar que debemos -desde el derecho- reafirmar la primacía de estos tratados sobre los tratados comerciales y de inversión de carácter vinculante que restringen severamente la capacidad de los Estados en todos los niveles de gobierno para establecer o mantener las políticas, leyes y prácticas necesarias para proteger los derechos humanos o el medio ambiente. Estos acuerdos de comercio e inversión han dotado a las empresas privadas de instrumentos extraordinarios y potentes para hacer valer y defender sus intereses comerciales.De este modo, se ha concedido a los inversores extranjeros el derecho unilateral a invocar el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE) para reclamar daños y perjuicios por vulneraciones de los amplios derechos de los que disfrutan en virtud de estos tratados. Es esencial que los derechos humanos y ambientales sean prioritarios en cualquier conflicto a los derechos comerciales o de inversiones. Otra cuestión que perjudica la eficacia de los instrumentos internacionales de derechos humanos surge de la percepción general de que las obligaciones que generan no son de aplicación directa a los agentes no estatales. La necesidad de ampliar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en este sentido la han reconocido diversos comentaristas expertos y es también una tarea pendiente para el derecho.

– Las previsiones de la Ley 25.675 que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; y que consagra, entre otros, los siguientes principios:

– Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

– Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

– Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

– Codigo Civil:El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCivCom) no se encontraba aún en vigencia a la hora de ser interpuesta la demanda pero fue luego incorporado: Las tendencias más modernas en derecho de daños -receptadas ahora en nuestro ordenamiento por el Código Civil y Comercial- se enfocan principalmente en la prevención del daño como objetivo fundamental, lo que constituye un verdadero cambio de paradigma, que corre el ángulo de atención desde la sanción de la culpa hacia la prevención del daño. Nos enfocamos ahora en la persona, buscando preservar su integridad física y patrimonial. Más que la reparación del daño se persigue evitar su aparición. Nuest ra primera obligación, que tiene raigambre convencional y constitucional, es la de no dañar a otros («primum non nocere»).

En este sentido es de mencionar principalmente el art. 1710 : Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de lo siguiente:

a. evitar causar un daño no justificado.

b. adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que este le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa.

c. no agravar el daño, si ya se produjo.

Se han citado además múltiples estudios e informes elaborados por organismos dependientes del propio Estado Nacional que alertan sobre la gravedad de la situación. Citaremos algunos de ellos:

– Informe de la Auditoría General de la Nación -Res. 02/07- «Examen de la gestión del INTA» 2003-2005:«Este equipo de auditoría no verificó el cumplimiento de las normas sobre los OGM, ni la efectiva participación de todos los miembros de evaluación y consulta de la CONABIA para la autorización de introducción y liberación en territorio argentino de la semilla transgénica Soja RR. Si se considera que el 98% de la producción de soja del país es semilla transgénica, los aspectos que hacen al impacto ambiental, la producción agropecuaria y la salud pública, deben ser rigurosamente controlados por el Estado».

– Informe «El Avance de la Frontera Agropecuaria y sus Consecuencias» (2008), elaborado por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Jefatura de Gabinete. La liberación y desimanación irrestricta de OGM al ambiente y la aplicación del paquete químico comercial atado a su uso en el país, se efectivizó sin evaluación del riesgo o impacto ambiental (individual, acumulativo) o evaluación ambiental estratégica previa; sin reglamentación de la actividad; sin adopción de sistemas de vigilancia y monitoreo; sin capacitación técnica necesaria de los aplicadores; sin información clara y completa para el usuario (etiquetado); sin la elaboración de un plan de contingencia y sin la coordinación entre los organismos públicos encargados de aplicarlo.

– Informe de «Deforestación en la Argentina», elaborado por el equipo de la Unidad Manejo de Sistema de Evaluación Forestal (ITMSEF) de la Dirección Nacional de Bosques (S. Sec.RN, NI y RI-SayDS) que advierte acerca de que la «Argentina enfrenta en las últimas décadas uno de los procesos de deforestación más fuerte de su historia, con el agravante [de] que en la actualidad el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente por el monocultivo de soja y este tipo de práctica agrícola deteriora el sitio de tal manera que se puede asumir que la conversión es de tipo permanente y, si las tierras fueran abandonadas, no se podría recuperar la vegetación natural original deteniéndose la sucesión en etapas tempranas como arbustal. En referencia a la soja, señala que dicho cultivo representa un aumento «significativo» de deforestación en Chaco, Córdoba, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán entre los períodos 1998-2002 y 2002-2006.

Así las cosas, y más allá del pronunciamiento que, en definitiva, dicte la CSJN, entendemos que este planteo jurisdiccional abre un camino que debemos seguir los operadores del derecho. Nuestro compromiso como profesionales es primigeniamente un compromiso con la vida. Y la única manera de contribuir a su preservación, y a la generación de un progreso y un desarrollo que resulten verdaderamente sustentables, es poniendo en cuestión estos paradigmas que hemos asumido como válidos casi sin darnos cuenta. Este tipo de acciones nos obliga como ciudadanos al análisis de estas cuestiones, y lo más importante, obliga a pensar en ello a los poderes del Estado en cuyas manos se encuentra la posibilidad de tomar las extraordinarias medidas que la gravedad de la situación requiere.

Como a su hora expresó, mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros podría hacerlo, el gran sanitarista argentino Ramón Carrillo: «Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría».

II. BIBLIOGRAFÍA

– PFEIFFER, M. Luisa, y MURGUÍA, Diego:«Ecología y sustentabilidad: el fantasma de la pobreza», en Rev. Medicina y Humanidades, vol. 2, N.° 1, enero-abril de 2010.

– «¿Determinación social o determinantes sociales? Diferencias conceptuales e implicaciones praxiológicas», en Rev. Salud pública. 15 (6): 797-808, 2013

– BREILH, Jaime: «La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano», en Salud Colectiva, Buenos Aires, 2010.

– CIURO CALDANI, Miguel Á.: «La teoría trialista del mundo jurídico, superación de la insuficiencia de los paradigmas jurídicos de nuestro tiempo», en Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, N.º 18. Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1994, pp. 19 y ss.

– Ciuro CALDANI CARTAPACIO, Miguel Á.: «Relaciones entre la economía y el derecho en tres modelos del pensamiento jurídico», en Tomismo, teoría pura del derecho y Trialismo).

– ACOSTA, A.: La maldición de la abundancia, Quito, 2009. Comité Ecuménico de Proyectos / Abya Yala.

– GUARRACA, N., y VIALE, E.: «El principio precautorio al revés», en Página 12, nov. de 2010.

– SVAMPA, Ma

(*) Abogada. Especialista en Derecho de la Salud, Bioética y Discapacidad. Miembro de la Comisión a la Protección Sanitaria del Colegio de Abogados de Rosario. Cofundadora y miembro del Centro de Investigación de Derecho de la Salud, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Graduada por la Universidad ISalud. Graduada, por la Unesco, en Bioética en Investigación en Seres Humanos y Bioética Clínica y Social.

(**) Abogada. Especialista en Derecho de la Salud, Bioética y Discapacidad. Miembro de la Comisión a la Protección Sanitaria del Colegio de Abogados de Rosario. Cofundadora y miembro del Centro de Investigación de Derecho de la Salud, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Graduada por la Universidad ISalud. Graduada, por la Unesco, en Bioética en Investigación en Seres Humanos y Bioética Clínica y Social.