Extensión de responsabilidad a la codemandada administradora y representante de la sociedad empleadora, al provocar y sostener en el tiempo una absoluta desproporción entre el capital social y el giro real de la empresa

Partes: Aicardi Roberto c/ Calleri Industrial y Comercial S.R.L. s/ cobro de pesos – laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 30-may-2017

Cita: MJ-JU-M-106073-AR | MJJ106073 | MJJ106073

Extensión de responsabilidad a la codemandada administradora y representante de la sociedad empleadora, al provocar y sostener en el tiempo una absoluta desproporción entre el capital social y el giro real de la empresa.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que extendió solidaria e ilimitadamente la condena a la codemandada administradora y socia de la sociedad de responsabilidad limitada empleadora, en consideración a que intentó utilizar la sociedad para violar el orden público laboral, frustrar los derechos del actor y por conducirse en forma al menos negligente al provocar y sostener en el tiempo una absoluta desproporción entre el capital social y el giro real del ente.

2.-Se configura un proceso de descapitalización que coloca a la sociedad de responsabilidad limitada empleadora con mínimos elementos para continuar funcionando, lo cual torna razonable extender a la socia y administradora, las responsabilidades que pudiesen surgir frente al trabajador, en tanto se acreditó que el ente posee un automotor como único bien registrable y que, el único bien de valor fue un inmueble que ya no sería de la empresa sino de una persona física, antes socio de la misma empresa empleadora, que en los estados contables no constan bienes de uso de relevancia o que el patrimonio societario neto es negativo y con pérdidas en el resultado final de dos ejercicios.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A. Román, Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Laboral de esta ciudad, en los autos caratulados:

“Expte. N° 304 – Año 2015 – AICARDI, Roberto c/ “CALLERI INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.” s/ COBRO DE PESOS – LABORAL”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Alejandro A. Román; segundo, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; tercera, Dra. Beatriz A. Abele.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es justa la sentencia apelada?

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

1. La sentencia dictada en la instancia anterior (fs. 556/567 vta.) hizo lugar al reclamo del actor al entender que el despido dispuesto por la empleadora no fue justificado y declaró procedentes los rubros reclamados. Concretamente, admitió las indemnizaciones del art. 245 L.C.T., integrativa del mes de despido, sustitutiva de preaviso, las contempladas por los arts. 2° Ley 25.323 y 213 L.C.T.; también el sueldo anual complementario sobre preaviso y proporcional al tiempo trabajado, vacaciones proporcionales, pago único no remunerativo y los aumentos por C.C.T. no devengados (del 15% desde el período 04/11 y del 10% desde el período 05/11). También se dispuso que de la liquidación de los rubros de condena se descuente lo abonado en los autos “Expte. N° 258/11 – Calleri Industrial y Comercial S.R.L.c/ Aicardi, Roberto s/ Pago por Consignación” y, a la suma resultante, se le adicionen intereses.

Asimismo, se extendió solidaria e ilimitadamente la condena a la codemandada Silvia Beatriz Calleri. administradora y representante de la sociedad empleadora, en consideración a que intentó utilizar la sociedad para violar el orden público laboral, frustrar los derechos del actor y por conducirse en forma al menos negligente al provocar y sostener en el tiempo una absoluta desproporción entre el capital social y el giro real.

Finalmente, se impusieron las costas a la parte demandada.

2. Contra esa decisión viene en apelación la parte vencida (fs. 568), quien expresa que, atento a lo dispuesto en el art. 109 de la ley de rito, interpone ese remedio procesal en forma total y contra todos los puntos que fueron objeto de tratamiento en la sentencia.

Sin embargo, en el memorial presentado ante este Tribunal (fs. 592/594 vta.) solo hace un cuestionamiento parcial a aquel acto jurisdiccional. Precisamente, solo indica que le agravia que el A-quo condena en forma solidaria a la codemandada Silvia Beatriz Calleri, aplicando para ello un criterio de responsabilidad de los socios para supuestos de infracapitalización que -alega- no es el caso de autos. Y, agrega, que el motivo de la condena no debe surgir del solo hecho de la infracapitalización, sino más bien, por el uso de la sociedad de manera abusiva o fraudulenta como medio para desbaratar los derechos del trabajador ya reconocidos por sentencia firme.

Señala que aquí, la sociedad demandada ha mantenido y mantiene un giro comercial que denota solvencia, según se desprende de la documentación contable y societaria incorporada al juicio; y que, por esta razón, entiende que no se puede presuponer que la sociedad no cumplirá con un fallo en su contra.

En definitiva, pide se haga lugar a la apelación planteada, modificando la sentencia anterior y rechazando la extensión de responsabilidad de manera personal a la socia, con costas a la contraria.

Esa expresión de agravios fue oportunamente sustanciada (fs.595, 597/599), conforme se dispone para el trámite de rigor. Y queda, por lo tanto, esta causa en condiciones de ser resuelta (fs. 600; céds. fs. 601/602).

3. Ingreso a continuación al análisis del recurso interpuesto. En dicha tarea, debo resaltar que los fundamentos expuestos por el Juzgador para decidir como lo hizo no han sido revertidos por la recurrente. En efecto, no se ha hecho cargo de cumplir con una crítica concreta y razonada de los puntos que entiende equivocados en la sentencia (art. 118, C.P.L.). Véase que los argumentos centrales señalados detalladamente por el A-quo para ordenar la extensión de la responsabilidad a la administradora y socia de la empleadora, en verdad, no han sido objeto de cuestionamiento, por lo que cabría incluso tenerlo por conforme con las mismas.

Por ejemplo, discrepa con el Juez porque éste entendió que se configuraba un proceso de infracapitalización y que esa conclusión se oponía a una sociedad que se mantenía en el tiempo con solvencia. Sin embargo, nada dice -y, en consecuencia, no demuestra- la agraviada respecto a que en la sentencia se detallan distintos elementos probatorios que postulan -precisamente- lo contrario y avalan con seriedad lo resuelto en la instancia de grado.

Por ello, hago propio lo allí indicado en relación a que no se entiende de qué manera se respaldarían las actividades empresariales con un capital tan reducido; máxime, cuando los diferentes instrumentos incorporados en el litigio surge una evidente descapitalización de la empleadora (cfr.reconocimiento, al contestar la demanda y absolver posiciones, de que el capital social asciende a $ 20.000; reconocimiento, al absolver posiciones, de que se posee un automotor como único bien registrable de titularidad de la empresa o que, el único bien de valor fue el inmueble donde funciona el establecimiento que ya no sería de la empresa sino de una persona física, antes socio de la misma empresa empleadora; que, en los estados contables presentados por la propia empresa, no constan bienes de uso de relevancia; o que el patrimonio societario neto es negativo y con pérdidas en el resultado final de los ejercicios 2010 y 2011). Nada se dice, tampoco, en relación al dictamen presentado por el Auxiliar Contable del cual se desprenden las operaciones de transferencia de acciones entre socias o el peligro que aqueja a la empleadora del principio de empresa en marcha.

Por lo tanto, por las mismas razones expuestas en la instancia anterior y que no han sido objeto de una crítica concreta y razonada, llego a una idéntica conclusión de que se configura en el caso un proceso de descapitalización de la sociedad empleadora que la coloca, con mínimos elementos para continuar con su funcionamiento, en una situación que torna razonable extender las responsabilidades que pudiesen surgir frente al trabajador, aquí reconocido acreedor del ente colectivo, a su administradora y socia.

Así las cosas, por las razones apuntadas, considero que el recurso de apelación debe ser rechazado, con la consecuente confirmación de la sentencia anterior.

4. Por último, no puedo finalizar sin antes remarcar que al verificar el contenido del memorial recursivo surge con nitidez que el mismo solo contiene un reproche en relación a la extensión solidaria e ilimitada de la responsabilidad de la sociedad respecto a la persona de su socia y administradora pero nada dice respecto a la condena a la empleadora. Así lo he descripto, suscintamente, en los puntos y párrafos precedentes.

En otros términos, si bien la apelación estuvo expresamente direccionada contra todo el pronunciamiento de grado (fs.568), no obstante una unificada defensa letrada, la queja presentada ante este Tribunal solo tuvo un contenido parcial pues no abarcó todos los puntos ni todos los sujetos accionados (fs. 592/594 vta.). Debo aclarar esta circunstancia porque los aspectos de esa sentencia dictados contra “Calleri Industrial y Comercial S.R.L.” resultan hoy firmes y consentidos.

Sabido es que el artículo 109 del ordenamiento procesal laboral santafecino determina la obligación procesal del apelante de expresar el alcance del remedio intentado contra la sentencia que le resulta adversa; esto es, debe consignar si la apelación es total o parcial. De suyo, la carga procesal interpuesta por el legislador en el centro de imputación normativo del artículo citado no es anodina; por el contrario, resulta consecuencia directa de los principios de celeridad e igualdad por compensación, ínsitos en el procedimiento laboral y esenciales a su finalidad por lo que debe aventarse, como oportunamente lo hiciera el famoso precedente “Severini” ( cf. CSJSF -A y S- Tomo 39, págs. 335 y sgts.), cualquier interpretación que pretenda otorgar a aquella obligación una calificación de exceso ritual. Ahora, y lo destaco, esa obligación de especificar si la apelación es total o parcial tiene por objeto beneficiar al trabajador, quien podrá cobrar los rubros reconocidos y no atacados en el recurso de apelación.

Conforme lo expuesto, y dado que el incumplimiento de la carga de aquella norma obsta a la aplicación del procedimiento del pronto pago del art. 121 de la Ley 7.945 (t.o. según Ley 13.039), y el demandado mantiene por la vía procesal el estado de indignidad de la persona trabajadora, privándola ahora de la satisfacción de los rubros reconocidos por la sentencia cuestionada. Hay aquí una conducta de la parte demandada que mantiene en el tiempo el daño causado aún cuando la decisión judicial sobre el tema ya ha adquirido carácter de cosa juzgada.

Esta situación, según mi postura, configura una acción maliciosa del recurrente.Por lo tanto, propongo a mis colegas así se declare y se le imponga como sanción un recargo del 50 % sobre la tasa de interés aplicable conforme la decisión del A-quo, la que se devengará desde la fecha de interposición del recurso de apelación (cfr. art. 275, L.C.T. y art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial). Además, que se disponga que una vez liquidada la suma adeudada, y no cancelada la misma en el térm ino de cinco (5) días hábiles siguientes a la intimación de su pago, el recargo en la tasa de interés se eleve al 100 % y se proceda a capitalizar intereses cada treinta (30) días (cfr. art. 770, inc. c, del Código Civil y Comercial), frecuencia que podrá aún ser reducida por el A-quo si la parte deudora morosa persiste en su actitud antijurídica sin justificación; y todo lo cual no obsta a la aplicación de otras sanciones legales procedentes (cfr. precedentes de este Tribunal de Alzada, en diferentes causas con aristas similares, tales como “Debórtoli c. Llompart”, del 22.08.2013, registrado como Res. N° 205, en el Tomo N° 20, Folio N° 478; “Aguirre c. Gamarra”, del 30/12/2014,

registrado como Res. N° 330, en el Tomo N° 24, Folio N° 95; entre muchos otros).

5. En suma, por todo lo expuesto, corresponde en mi opinión rechazar el recurso planteado y, en consecuencia, proponer al Acuerdo la confirmación de la sentencia venida en revisión, con el alcance señalado en el Punto 4 anterior.

Por lo tanto, para concluir y ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es afirmativa.

Así voto.

A esta primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.

A la misma cuestión, la Dra. Beatriz A.Abele dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

Como consecuencia del estudio realizado en la cuestión anterior, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fojas 568. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia impugnada, en cuanto ha sido materia de revisión. 2) Imponer a la parte demandada una multa, por aplicación del Art. 109 del C.P.L., con el alcance precisado en el Punto 4 del voto preopinante. 3) Imponer las costas del trámite ante este Tribunal a la parte recurrente. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de lo estipulado en la instancia de origen.

Así voto.

A la misma cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención de la Dra. Beatriz A. Abele (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fojas 568. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia impugnada, en cuanto ha sido materia de revisión. 2) Imponer a la parte demandada una multa, por aplicación del Art. 109 del C.P.L., con el alcance precisado en el Punto 4 del voto preopinante. 3) Imponer las costas del trámite ante este Tribunal a la parte recurrente. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de lo estipulado en la instancia de origen.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Alejandro A. Román

Lorenzo J. M. Macagno

Beatriz A. Abele

Héctor R. Albrecht