La aseguradora que dejó de debitar sin previo aviso el monto de la prima del asegurado rescindiendo unilateralmente el contrato, incurrió en un proceder abusivo que la obliga a abonar una suma por daño punitivo

Partes: Marisi Lucas c/ Zurich Argentina Cía, de Seguros S.A. y otros s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 5-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-107114-AR | MJJ107114 | MJJ107114

La aseguradora que dejó de debitar sin previo aviso el monto de la prima de la tarjeta de crédito del asegurado, rescindiendo unilateralmente el seguro y poniéndolo en situación de mora, incurrió en un proceder abusivo que la obliga a abonar una suma por daño punitivo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

Sumario:

1.-El art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor 24.240 modificada por la Ley 26.361 , incorpora la figura del daño punitivo en los siguientes términos: Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b) de esta ley y sabido es que la reforma legislativa conllevó una modificación en la concepción de la responsabilidad civil de nuestro sistema codificado, que posee como presupuesto la idea de la reparación integral y plena del perjuicio causado (arg. cciv. 1083).

2.-Los daños punitivos son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, y están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.

3.-De acuerdo con la norma del art. 52 bis de la Ley 24.240, la concesión de daños punitivos presupone: i) el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales; ii) la petición del damnificado; iii) la atribución del magistrado para decidir su otorgamiento; iv) la concesión en beneficio del consumidor; y v) el límite cuantitativo determinado por el art. 47 de la Ley 24.240, sin perjuicio de destacar que el incumplimiento de una obligación legal o contractual es una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva -ya que, además, debe mediar culpa grave o dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales del consumidor o de incidencia colectiva.

4.-El art. 52 bis de la Ley 24.240 indica que a los fines de la sanción deberá tomarse en cuenta la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso . De allí que, que para establecer no sólo la graduación de la sanción sino también su procedencia, resulta de aplicación analógica lo establecido por el art. 49 de la Ley. Véase que, en efecto, no obstante aludir puntualmente a las sanciones administrativas, fija un principio de valoración de la sanción prevista por la norma.

5.-El proceder que asumió la compañía aseguradora demandada denotó una clara conducta abusiva en su posición dominante, habida cuenta que no acreditó haberle comunicado al actor que debía ratificar el medio de pago (CCivCom. 10 ). Además ello traduce una evidente desaprensión en el cumplimiento de los deberes que su posición contractual le impuso y encuentra justificación incluso en la disposición del art. 8 bis LDC, de manera tal que en el marco apuntado, el obrar descripto asume suficiente entidad para justificar la imposición de la multa civil pretendida. La valoración integral de los hechos y la responsabilidad que en su consecuencia cabe atribuir a la demandada no admiten, a modo de ver de este Tribunal, una solución diversa, porque puede estimarse que se ha transgredido el deber de buena fe que el estatuto del consumidor emplea como eje de la tutela que consagra y es indudable que esa conducta no puede pasar desapercibida al juzgador y debe ser encausada a través de la aplicación del art. 52 bis. LDC.

6.-La multa civil no puede ser irrisoria ni simbólica, sino que debe tener cierta significación.

7.-Si la condena por daño punitivo implica montos exiguos y no equivale a sumas significativamente mayores al daño sufrido por el damnificado la finalidad de la figura queda a mitad de camino.

8.-Los acuerdos conciliatorios homologados por la autoridad de aplicación en el marco de un procedimiento administrativo de consumo como nos ocupa, configuran una de las posibilidades previstas en la ley de Defensa del Consumidor cuyo inobservancia tiene el mismo efecto que el incumplimiento a la ley misma. Bajo tal directriz, la única defensa que la demandada puede invocar en este estado es la de acreditar su cumplimiento, o en su defecto las defensas previstas por el art 515 CPCCN.

9.-Las manifestaciones relativas a un excesivo formalismo dentro del proceso, resultan insuficientes para apartarse de lo decidido, habida cuenta que la ejecución de un convenio homologado debe circunscribirse a la cuestión litigiosa convenida, por cuanto dicha convención tiene para aquellas, los efectos de la cosa juzgada.

10.-La condena en las obligaciones de hacer , lleva implícita la petición de eventuales indemnizaciones a promover en la instancia ejecutoria; mas ello resulta una obligación facultativa para el acreedor quien puede optar por reclamar la ejecución forzada del deudor o la equivalente mediante la indemnización de los daños y perjuicios. En el caso la actora optó por el cumplimiento de la obligación, lo que excluye la posibilidad de adicionar el daño moral en este estado (arg. 513 CPCCN.). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017.

Y Vistos:

1. A fs.95 la aseguradora apeló la resolución obrante a fs. 90/93 mediante la cual Sra. Juez de Grado desestimó los planteos formulados por la demandada, y ordenó llevar adelante la ejecución, condenándola a cumplir con el contrato, a abonar la suma de $ 20.000 en concepto de daño punitivo, imponiéndole además las costas.

A fs. 96 hizo lo propio la parte actora, en razón de haber sido desestimado el daño moral peticionado y el monto fijado en concepto de daño punitivo, el que consideró exiguo.

2. Para una mejor comprensión de la cuestión traída a consideración, se estima pertinente hacer mención de las cuestiones procesales suscitadas en el marco de estos obrados, que guardan relación con las apelaciones propuestas.

a. La accionante dedujo recurso de revocatoria con apelación en subsidio por la concesión de los recursos de fs. 95 y 101 por considerar inapelable la decisión cuestionada respecto de la ejecutada. De otro lado, solicitó la concesión del recurso con efecto devolutivo para la formación del incidente (v. fs. 98/99). Subsidiariamente apeló.

La magistrada desestimó los planteos por haberse desprendido del conocimiento de la causa. (v. fs. 100 y 103), lo que posteriormente motivó las quejas interpuestas en los términos del art.284 Cpr. con el resultado que se desprende de las constancias de fs. 168, fs. 186 y fs. 204.

Los fundamentos del recurso de la accionante fueron formulados a fs. 104/17 y los de la ejecutada a fs.119/25.

Los traslados de los recursos fueron contestados a fs.127/144 y fs. 146/50 respectivamente.

b. Comenzando por los reproches al fallo de la parte actora, los mismos consisten en: rechazo del daño moral y escaso monto fijado como daño punitivo.Asimismo al tiempo de contestar el memorial de la contraria cuestiona el monto de apelabilidad del recurso concedido.

Por su parte, los agravios de la accionada se centran en; no se consideraron las cuestiones propuestas por la aseguradora y se la condenó al cumplimiento de una obligación distinta a la convenida. Asimismo en cuanto se le impuso una sanción por daño punitivo y las costas del proceso.

3. Definido el marco propuesto, cabe señalar que no se atenderán todos los planteos recursivos de los apelantes sino sólo aquellos que ese estimen esenciales y decisivos para fallar en la causa (Cfr. CSJN “Altamirano, Ramon c. Comisión Naciónal de Energía Atómica” , del 13.11.86; ídm “Soñes Raul. C. Adm de Aduandas” , del 12.08.87; bis ” Pons, María y otro” del 6.10.87; ter ídem,”Stancato, Camelo”, del 15.09.89: Fallos 221:37; 222:186; 226:474;228: 279; 233:47; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

4. Sentado ello, corresponde considerar el cuestionamiento sobre el monto de apelabilidad del recurso de apelación concedido a fs. 94.

Si bien la accionante afirma que la sentencia resulta inapelable únicamente para la ejecutada en razón del reducido monto de la condena impuesta, no puede soslayarse que al tiempo de ejecución del acuerdo conciliatorio en el marco del expediente ” C.O.P.R.E.C n° 512 S01:0185538/2015, caratulado “Marisi Lucas c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros S A” la actora solicitó en el escrito inagural, la fijación de otros conceptos comprensivos del reclamo. Estos son daño moral que cuantificó en la suma $ 75.000 y daños punitivos, que el tribunal fijó en $ 20.000, monto cuya elevación se propicia.

Ello así, obsta a desestimar la apelación concedida, habida cuenta que el monto involucrado en la contienda no se limita a la suma del acuerdo originario, sino que involucra otras sumas cuya cuantificación en su conjunto supera el umbral de apelabilidad previsto por el ordenamiento ritual. (T.O. seg. Ac.CSJN 16/14).

Desde esa perspectiva, los agravios de la actora relacionados con el monto de apelación en función de los valores comprometidos en la Litis no pueden ser atendidos.

5. Efectuadas estas consideraciones, en el sub lite cabe recordar que la accionada se agravió en cuanto la magistrada no admitió el daño moral reclamado.

Sobre el particular, no asiste razón a la quejosa, en tanto no se ha hecho cargo del argumento central del decisorio en el sentido que el resarcimiento del supuesto daño sufrido excede la ejecución de la obligación asumida en el convenio, sin que resulte argumento suficiente para adentrarse en su análisis el hecho de que la ejecutada no hubiera visto eventualmente conculcado su derecho de defensa (v fs. 92).

Las manifestaciones relativas a un excesivo formalismo dentro del proceso, resultan insuficientes para apartarse de lo decidido, habida cuenta que la ejecución de un convenio homologado debe circunscribirse a la cuestión litigiosa convenida, por cuanto dicha convención tiene para aquellas, los efectos de la cosa juzgada.

Por otro lado, no hay duda que la condena en las obligaciones “de hacer”, lleva implícita la petición de eventuales indemnizaciones a promover en la instancia ejecutoria; mas ello resulta una obligación facultativa para el acreedor quien puede optar por reclamar la ejecución forzada del deudor o la equivalente mediante la indemnización de los daños y perjuicios. En el caso la actora optó por el cumplimiento de la obligación, lo que excluye la posibilidad de adicionar el daño moral en este estado (arg. 513 Cpr).

6. Tocante al agravio formulado respecto del monto otorgado en la sentencia por la configuración del daño punitivo, cabe señalar que:

El art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor 24.240 modificada por la ley 26.361, incorpora la figura del “daño punitivo” en los siguientes términos:”Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”.

Sabido es que la reforma legislativa conllevó una modificación en la concepción de la responsabilidad civil de nuestro sistema codificado, que posee como presupuesto la idea de la reparación integral y plena del perjuicio causado (arg. cciv. 1083).

Los daños punitivos son, según Pizarro, “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, y están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro, Ramón, “Daños punitivos”, en Derecho de Daños, segunda parte, Libro homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, La Rocca, 1993, pág. 291/2).

De acuerdo con la norma antes transcripta la concesión de daños punitivos presupone: i) el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales; ii) la petición del damnificado; iii) la atribución del magistrado para decidir su otorgamiento; iv) la concesión en beneficio del consumidor; y v) el límite cuantitativo determinado por el art.47 de la ley 24.240.

Sin perjuicio de destacar que el incumplimiento de una obligación legal o contractual es una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva -ya que, además, debe mediar culpa grave o dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales del consumidor o de incidencia colectiva; (cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II-1198; Pizarro, – Stiglitz, Reformas a la ley de defensa del consumidor, LL 2009-B, 949-) la norma aludida indica que a los fines de la sanción deberá tomarse en cuenta “la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”.

De allí que, que para establecer no sólo la graduación de la sanción sino también su procedencia, resulta de aplicación analógica lo establecido por el artículo 49 de la ley. Véase que, en efecto, no obstante aludir puntualmente a las sanciones administrativas, fija un principio de valoración de la sanción prevista por la norma (López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II-1198; Falco, Guillermo, “Cuantificación del daño punitivo”, LL 23/11/2011, 1).

Establece aquélla disposición que “En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”.

Bajo tal marco conceptual, considera el Tribunal que resultó acertado fijar la sanción prevista en el art.52 bis de la ley de Defensa del Consumidor por el incumplimiento de la aseguradora al mentado convenio hoy ejecutado.

Es que la conducta asumida por la demandada en el sentido de alterar los términos convenidos en el mentado acuerdo conciliatorio llevado a cabo ante el COPREC, implicó una desaprensión en el cumplimiento de los deberes impuestos, transgrediendo el deber de buena fe contractual ( art. 37 LCD) .

En efecto, la actitud evidenciada al dejar de debitar en tarjeta de crédito “Cabal” el monto de la prima sin previo aviso, rescindiendo unilateralmente el seguro, poniéndolo en situación de mora no se corresponde con los términos del convenio.

Sobre el particular resulta útil referir en línea coincidente con lo sostenido por la juez, “por cuanto el relato de la demandada – destinado a edilgarle la responsabilidad por su incumplimiento a la falta de pago de las primas que la aseguradora misma omitió del modo en que lo venía haciendo- revela un ardid pergeñado para eludir el cumplimiento de aquello a lo que se comprometió .” (v fs. 92). Es más el proceder que asumió en tal sentido denotó una clara conducta abusiva de la aseguradora en su posición dominante, habida cuenta que no acreditó haberle comunicado al actor que debía ratificar el medio de pago (CCYC: 10). Además ello traduce una evidente desaprensión en el cumplimiento de los deberes que su posición contractual le impuso y encuentra justificación incluso en la disposición del art. 8 bis LDC.

En el marco apuntado, el obrar descripto asume suficiente entidad para justificar la imposición de la multa civil pretendida. La valoración integral de los hechos y la responsabilidad que en su consecuencia cabe atribuir a la demandada no admiten, a modo de ver de este Tribunal, una solución diversa, porque puede estimarse que se ha transgredido el deber de buena fe que el estatuto del consumidor emplea como eje de la tutela que consagra.Es indudable que esa conducta no puede pasar desapercibida al juzgador y debe ser encausada a través de la aplicación del art. 52 bis. LDC.

Bajo esa perspectiva los fundamentos esbozados por la a quo resultan suficientemente fundados para justipreciar la indemnización de este concepto en la suma dispuesta en el decisorio cuestionado.

Destácase en tal sentido, que la multa no puede ser irrisoria ni simbólica, sino que debe tener cierta significación (Cfr. Tinti, Guillermo P- Rotiman, Horacio, “Daño Punitivo”, Revista de Derecho Privado Comunitario, 2012 n° 1 (Eficacia de los derechos de los consumidores.p.227). También si la condena por daño punitivo implica montos exiguos y no equivale a sumas significativamente mayores al daño sufrido por el damnificado la finalidad de la figura queda a mitad de camino (Tévez Alejandra N. Souto, María Virginia, “Algunas Reflexiones sobre la naturaleza y las funciones del daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor”, R.DCO, 263-667).

7. De otro lado, tocante las cuestiones señaladas por la aseguradora, la magistrada ponderó el descargo, mas no la relevó de responsabilidad por el incumplimiento del mentado convenio, condenándola a cumplir el mismo en los términos dispuestos a fs.90/93. Ello así no importó una condena diferente al convenio homologado, sino su adecuación al caso para que el mismo no pierda virtualidad.

Destácase en tal sentido, que los acuerdos conciliatorios homologados por la autoridad de aplicación en el marco de un procedimiento administrativo de consumo como nos ocupa, configuran una de las posibilidades previstas en la ley de Defensa del Consumidor cuyo inobservancia tiene el mismo efecto que el incumplimiento a la ley misma.

Bajo tal directriz, la única defensa que la demandada puede invocar en este estado es la de acreditar su cumplimiento, o en su defecto las defensas previstas por el art 515 Cpr., lo que tampoco aconteció, sellando así la suerte del planteo.

8. De otro lado, el principio que rige en el tema de costas sobre la base del hecho objetivo de la derrota (art.68 CPCC), no tiene una finalidad punitoria sino que responde al propósito de resarcir al vencedor de los gastos en que debió incurrir para obtener el reconocimiento de su derecho.

En palabras del maestro Giuseppe Chiovenda: “la justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar” (cfr. Instituciones de Derecho Procesal Civil, trad. De H. Gómez Orbaneja, Rev. de Derecho Privado, Madrid 1936-1940, ps. 332/335). Por lo tanto, el perdidoso debe cargar con todos los gastos que hubo de realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho, quien debe salir incólume del proceso.

Dicho lo anterior, no se aprecian en el caso circunstancias excepcionales que permitan dispensar al demandado de tal regla general, por lo tanto deberá cargar con la costas de la ejecución.

Además, la exención de costas que autoriza el art. 68 del Código Procesal procede, en general, cuando media razón fundada para litigar, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio, no tratándose de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo, lo que en el caso tampoco aconteció. Ergo, el demandado debe cargar con las costas originadas por su inconducta contractual.

Por último, y en función de lo aquí decidido los cuestionamientos involucrados en la concesión de los recursos pierden virtualidad.

9 . Por los fundamentos expuestos, se resuelve: desestimar los recursos de fs. 94 y fs.96, confirmándose la sentencia de fs. 90/93. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada perdidosa (art. 68 Cpr).

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).