Pena de muerte. Primera parte

Autor: Gómez Haiss, Dante D.

Fecha: 22-ago-2017

Cita: MJ-DOC-11970-AR | MJD11970

Sumario:

I. Introducción. II. Críticas al abolicionismo. III. Responsabilidad del Estado. Efectos colaterales. IV. Las horas contadas. V. Pena de muerte, ¿de derecha o de izquierda? VI. Utilización de la inseguridad como herramienta de los políticos en sus campañas. VII. Bibliografía.

Doctrina:

Por Dante D. Gómez Haiss (*)

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo, he querido hacer hincapié en cuestiones generales sobre la pena capital y, de algún modo, confundir esta introducción con una suerte de conclusión. Entendiendo lógicamente que, acorde a nuestra legislación interna; la pena de muerte es inconstitucional. Se trata de una clara negación del derecho a la vida como derecho humano fundamental. Su establecimiento e implementación en otros países no ha concluido en una disuasión o mejora sustancial en cuanto a la reducción de los delitos y de los crímenes organizados. Se trata de una pena degradante, inhumana e injusta desde lo jurídico y también desde lo moral y ético; pues, muchas veces, su aplicación resulta discriminatoria, sujeta además a errores en cuanto a las decisiones judiciales que resultan irreversibles y que no solo afectan al propio condenado, sino también, a toda su familia.

Si bien el tema es polémico y controvertido, no se ha probado fehacientemente que prevenga el delito o su reincidencia. La pena de muerte no es racional, ni lógica ni coherente; al contrario, creo que se encuentra inmersa en un mar de hipocresía. Es por estas razones -entre otras tantas- que existe una tendencia mundial en el sentido de abolir la pena de muerte. Será, pues, un deber de la sociedad futura, resolver estos temas que se mimetizan con cuestiones religiosas, espirituales, éticas y humanas. Las futuras generaciones actuarán acorde al modo de ver la sociedad y en particular al individuo.

II. CRÍTICAS AL ABOLICIONISMO

Sintéticamente, podría sustentarse que los principales cuestionamientos que se forjaron contra el abolicionismo a través del tiempo, sin dudas obedecen a encasillarlo como una «expresión del anarquismo o reaccionario de izquierda», que tácitamente induciría al «caos» o a la «desestabilización» del derecho positivo represivo.

Algunos autores, como Bustos Ramírez («Introducción al Derecho Penal» 2.a ed. Bogotá, Temis, 1994), critican el abolicionismo cuando sostienen que este último parte de una errónea concepción del Estado.Ferrajoli a su turno decía que el abolicionismo nos lleva en cierta medida a una «anarquía punitiva» o a la ausencia de una «sociedad disciplinaria panóptica», como la que sostenía Folcault («Vigilar y castigar», publicado por Siglo XXI en México). Vaticinándose que ante una posible «ausencia de reacción punitiva penal del Estado», generaría sin dudas, respuestas de la sociedad civil que no serán para nada deseables como «las venganzas de sangre»; lo que podría traducirse en el «ojo por ojo». Aunque los que se posicionan en la vereda del abolicionismo dicen que esto no es real, que lo que se busca es la reparación del daño, con un tinte más civil que penal.

Lo cierto es que, el sistema penal actual no ha ayudado mucho a efectos de redimir o de erradicar las conductas ilícitas, delictuales o conflictos sociales, por el contrario, se ha evidenciado su inutilidad en muchos de los casos, con un alto grado de reincidencias de la persona considerada delincuente por el poder policial y represor del Estado.

En el libro «Vigilar y castigar» (1975), Michel Foucault sostuvo la idea del disciplinamiento y la desarrolló al máximo, pero por fuera del marxismo. Concebía la «prisionización» como mero pretexto del poder punitivo, que en realidad nos controla a todos los que estamos sueltos o libres a partir de un «modelo panóptico de vigilancia».

Así es que se fue avizorando con el correr de los años, un camino hacia el denominado «abolicionismo penal», el que eclosionó en los años setenta y ochenta, que fue fomentado con las obras de Foucault.En el caso de Latinoamérica, ello se vio ampliado con el devenir de los sistemas de gobierno democrático y, luego, con la incorporación de diversos institutos internacionales al ordenamiento interno, distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales que versaban sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales pasando a hablar de la «reinserción social» de los individuos condenados; la no erradicación o «encarcelamiento de la esperanza», ello ligado a la tutela de los derechos y garantías fundamentales que le corresponden a todo ser humano; ofreciéndoles en la cárcel un sinnúmero de actividades como herramientas utilizadas para la preparación del egreso o su reinserción social; tal es el sistema que impera en nuestro país.

Para otros autores, estas propuestas abolicionistas que pregonan cambios profundos a niveles sociales y civilizatorios, tienen el problema de no dar respuestas inmediatas y concretas a situaciones de emergencia y resulta casi imposible su aplicación en regiones o países con un poder punitivo alto.

Como respuesta a estas críticas y sin posicionarme a favor de una u otra biblioteca; desde una postura u órbita que creo razonable, he de sostener que resulta indudable realizar un repaso, una autocrítica del sistema penal todo; sin desmerecer o contrarrestar apresuradamente las teorías abolicionistas, pues debemos comprender que el abolicionismo penal no solamente se circunscribe a negar la practicidad y consecuencia de la aplicación del derecho penal como sistema de poder impuesto; o como una vaga teoría que propone simplemente la eliminación del sistema penal.A ello debe sumarse, que expresan auténticas ideas renovadoras de solución a los conflictos sociales; que no deben resolverse mediante la aplicación del derecho penal sistémico hermético y cerrado; sino más bien, a lo que tiende, es a que, mediante el empleo de otras herramientas más objetivas, y de fondo, que ayuden al individuo más eficazmente, no ya mediante la aplicación fría de la represión punitiva o sancionatoria del Estado; mediante el empleo de un sistema penal que muchas veces se exterioriza para la criminalización de ciertos sectores sociales (selectivo), que en realidad, no resuelve la cuestión de fondo que rodea a aquellos conflictos (culturales; sociales, económicos).

Por otra parte, hoy en día, no resulta serio abordar la problemática de la delincuencia organizada local o internacional sin antes discutir o poner de relieve, el papel del Estado y su responsabilidad que, en forma indirecta o directa, ha influido en aquellas conductas penalmente reprochables de una forma más o menos aguda. ¿Quién puede hablar hoy del «individuo delincuente» sin hacer referencia a las cuestiones económicas, sociales y culturales que circundan al ser humano; y de las cuales se nutre? Son carencias de trabajo digno, de vivienda digna, de educación, de salud; y todo ello, sumado a la falta de políticas públicas sustentables y equilibradas, la mendicidad, la pobreza, el hambre y la deserción escolar.

De esta manera, se deben desterrar las ideas equivocadas que expresan aquellos conservadores en el sentido antes expuesto, pues no significa que «al abolicionista no le importe que un inocente haya sido asesinado» y la gravedad de las implicancias psicológicas y de todo tipo que entraña a sus familiares directos.Esto es, la idea del abolicionismo, no significa «derogar cuanta ley penal exista sobre la tierra»; sino que pueden hallarse otras respuestas, otras soluciones para esos conflictos, ante la ineficacia que entraña la aplicación simple de una pena como castigo; el encierro y la privación de libertad e incluso la pena de muerte en algunos Estados; todos estos actos no han podido en años disminuir la actividad criminal o delictual, ni siquiera en aquellos países donde existe la pena capital. De manera que no cabe duda de que debemos replantearnos con qué principios y valores queremos construir la sociedad del futuro y si, dentro de ellos, se encuentra el respeto a la vida.

Thomas Mathiesen decía que el sistema diseñado para poder lograrlos ha demostrado su incapacidad para hacerlo. Es por esto que, ante la ineficacia del «aparato penal», debemos pensar en métodos alternativos de resolución de conflictos, métodos que tengan en cuenta al victimario como un ser humano más, como parte de la sociedad y también a la víctima para poder realmente prevenir y disminuir la cantidad de conflictos en la sociedad; tomando datos de la realidad; crear programas de contención social amplios y efectivos; sobre todo en el mundo moderno y a nuestros hijos fieles peregrinos del futuro de la humanidad.

De tal forma, el abolicionismo más bien parece estar centrado en la búsqueda de una especie de «prevención» de los conflictos, mediante políticas distintas que, de algún modo, mitiguen las implicancias negativas que entraña la aplicación directa de un sistema penal; por ejemplo por medio de políticas de Estado que versen sobre la inclusión y no la segregación de personas y no el encasillamiento o selección en lo referente a la criminalización, sino más bien, que propendan al reconocimiento de los derechos y garantías más elementales, pero para lograrlo, hace falta que el abolicionismo concrete un cambio cultural generoso en la sociedad actual a los efectos de hacer posible su implementación, cuestión que no se avizoraen lo inmediato.

Al respecto, algo señalaba Bovino, diciendo lo siguiente: «La idea básica que proponen los abolicionistas puede resumirse en lo siguiente: devolver a las personas implicadas el manejo de sus propios conflictos». Christie Nils decía que «el Estado les ha arrebatado los conflictos a los individuos y se los ha dado a los profesionales, quienes han sabido apropiarse de estos y los han convertido en su pertenencia»; esto sería así: al producirse un conflicto las partes involucradas (víctima y victimario) son desplazadas de ella haciéndose cargo el Estado y dando la posibilidad de que estos resuelvan ese conflicto a los profesionales (abogados, jueces; fiscales), estos últimos se hacen cargo del conflicto y deciden o establecen una decisión final; quedando a un costado del proceso «las víctimas» como simples testigos. Así por ejemplo si la víctima decide «perdonar» al victimario (ej., el asesino), el Estado continúa la investiga ción o el proceso del que puede devenir una futura resolución jurisdiccional condenatoria para el victimario. Obviamente en las legislaciones modernas de diversos Estados en la actualidad se ha dado mayor participación a las víctimas en los procesos penales; entre ellos, nuestro país.

Pero en la actualidad, y después del triunfo de la derogación casi total en cuanto a las normativas de las más diferentes formas de esclavitud en el mundo entero, es sin duda en el área específica de la «condena a muerte» donde el abolicionismo, así como gran parte de las organizaciones no gubernamentales que pregonan por un cambio en las políticas penales y criminales de las diferentes sociedades, donde ha ganado terreno; y esto hay que reconocer; pues gran parte de la eliminación de la pena capital ha obedecido a las constantes implementaciones de estas posturas; reclamos incesantes por el respeto a los derechos humanos fundamentales; así, se ha logrado que en la mayoría de los países hoy en día, eliminen de sus legislaciones internas la pena de muerte; cuestión que para aquellos que defendemos el derecho a la vida resulta inmensamente valorable.

III.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. EFECTOS COLATERALES

Poco se ha hablado en la doctrina penal y criminológica acerca de los efectos que puede conllevar la aplicación de la pena capital por parte de los Estados y, aun a través de aquellas formas irregulares, clandestinas o fuera de todo contexto legal o judicial en que opera la ejecución a muerte de una persona. En cualquiera de las formas reseñadas en un trabajo anterior (Pena de muerte, ¿Solución o violación de derechos?), los consecuentes efectos de la pena capital se desprenden como abanicos en distintas tonalidades de afectación sobre otros sujetos que generalmente conforman el núcleo familiar primario del condenado o ejecutado.

Pero si esos efectos no buscados, pero irrogados contra estas personas indirectamente, se producen a consecuencia de un «error judicial», las afecciones se desdibujan y se pierden en el tono amargo de la ira; generándose impotencia y la incredulidad hacia el sistema penal todo; proyectándose -¿por qué no, también?- en un «descreimiento casi total de las instituciones y en los hombres que la conforman»; ocasionando un daño que no solo se limita en el entorno familiar, sino que se irroga un detrimento a la sociedad toda, como así también, a los propios organismos estatales, generándose «desconfianza e inseguridad jurídica», cuestiones que repercuten sobre los principios fundamentales que hacen posible la existencia de un verdadero estado de derecho.

Se sabe que ante una condena a muerte de un ser humano, puede devenir un «error judicial», pues, los jueces son personas «de carne y hueso…» y, por ende, pueden equivocarse.El problema en realidad, estriba en que ese «error» del magistrado resulta imposible de enmendar cuando el reo condenado ya ha sido ejecutado; es decir, es irreversible.

También se sostiene que la teoría de la pena de muerte puede operar como «estimulante», consciente o inconsciente, para cometer homicidio; por lo tanto, el uso de la pena de muerte por el Estado o su respectiva regulación puede disminuir -lejos de fortalecer- el bien supremo de respeto por la vida.

Históricamente la pena de muerte ha sido utilizada de la más variada manera por parte del poder estatal, la monarquía; la dictadura; el totalitarismo. Sobre todo en los siglos XVI a XVII, en el continente europeo, y aun en nuestros días, en algunos países de Oriente y Occidente; países que paradójicamente son o se hacen llamar: «del primer mundo».

En realidad, la ejecución de la pena de muerte solía estar antecedido de castigos inhumanos, tormentos y situaciones ambiguas. En dichos contextos, las acciones del poder estatal no solo correspondían al brazo ejecutor de este, sino que se gestaba en complicidad con otros organismos muy ligados al poder, como la Iglesia, como así también, del órgano policial y judicial; todos tenían gran parte de injerencia y de responsabilidad para llevar adelante las ejecuciones y las más variadas de las aberraciones; muchas de las cuales se exteriorizaban como verdaderos «juicios» y castigos arbitrarios arropados en hipocresías moralistas donde además brillaba el prejuzgamiento y la condena social.Desde antiguo, el «Estado» ha utilizado los más variados mecanismos y procedimientos, sean estos policiales y / o judiciales injustos; a los que se sumaban gente con decidida actitud de venganza y odio, sobre todo religioso o racial; así se engendraban situaciones de supuestos delitos, «rápida presunción de culpabilidad» y certera ejecución en el lugar de los hechos o en la cárcel, traducido en condenas larguísimas de seguro confinamiento, conjugaban estas situaciones, un perfecto escenario para lograr el resultado buscado y querido por el Estado; esto es «el horror; el espanto y la tragedia».

Como dijimos, resulta indudable que uno de los problemas que conlleva la aplicación de la pena máxima a un ser humano es justamente la posibilidad del «error del magistrado; jueces o tribunales» y que, lamentablemente, ese error no resulta posible de subsanarse o de repararse, por lo que son frecuentes los estudios sobre «la responsabilidad patrimonial del Estado» por el «anormal o deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia» y, en algunos casos, incluso se han producido juicios políticos, destitución y hasta encarcelamiento de magistrados en épocas recientes.Existen también -obviamente- efectos que podríamos llamar «secundarios»; que se refieren a aquellos que inciden de algún modo más o menos agudamente, a las personas que, si bien no son las victimas directamente, repercute en ellos las condenas sobre ejecución de la pena capital; se trata de los parientes consanguíneos, sea en línea ascendente como descendente y los colaterales del condenado haya o no sido ejecutado; pues la sola presencia de una condena aun «no firme o firme, pero aun no ejecutada», resulta determinante para engendrar efectos nocivos que destruyen moral y psicológicamente a la familia toda.

Ponerse en el lugar de aquellas personas que resulten ser familiares directos del condenado a muerte, no resulta para nada una tarea sencilla; si tan solo cerráramos los ojos e imagináramos colocados en dicha situación, nos daríamos cuenta del agobiante estado en que podríamos estar envueltos, con una afección mayúscula a nivel psicológico y moral, máxime cuando se sabe o se tiene la certeza o elementos de convicción acerca de la inocencia del condenado.

De tal forma, resultan indudables los «efectos colaterales» que se generan en los familiares (esposa, hijos, padres, hermanos), de aquel que se encuentra en el «corredor de la muerte»; sufren un menoscabo en su integridad espiritual y psicológica, provocado por el hecho traumático y agobiante mucho mayor a veces que el que sufre el propio condenado.Muchos niños sufren «la espera de la muerte» de sus queridos padres; pequeños cuyos progenitores se encuentran condenados a la pena capital; padres encarcelados esperando ser ejecutados.

Sobre estas cuestiones familiares, las legislaciones internas de los Estados y los Gobiernos también acostumbran o prefieren hacer «silencio». Muchas veces, estos niños crecen con resentimiento, odio, rencor, terminando por repetir o reproducir las conductas o situaciones propias de sus progenitores, ya sea consciente o inconscientemente, y odiando en definitiva al sistema penal y social impuesto.

De lo expuesto se desprende la necesidad de acudir a medios alternativos e interdisciplinarios que de algún modo brinden contención al mundo circundante de la persona humana que espera ser ejecutada, pues estas personas terminan también en cierto modo, siendo «condenadas» por el estado, sufriendo las consecuencias de las políticas criminales sistémicas de una autoridad punitiva fuerte, que no supo o no sabe darles las herramientas necesarias para mitigar, aunque más no sea, en modo mínimo o bien brindar soluciones de fondo, dentro de esta situación que los afecta gravemente; es que resulta indudable su carácter de «víctimas silenciosas u ocultas del sistema».

Esta responsabilidad del Estado por «error judicial» y que hoy aparece taxativamente en las legislaciones más modernas; en realidad, tiene una amplia trayectoria temporal histórica, diría incluso desde el siglo XVI hasta nuestros tiempos; desde aquel «poder absoluto del príncipe»; «monarca», del «rey». De los distintos sistemas dictatoriales y absolutistas, que hicieron crecer a un Estado «omnipotente», capaz de realizar toda clase de actos sin tener que responder por ellos respecto de las consecuencias dañosas a los particulares, pues la antigua idea de «soberanía» en aquel tiempo, jugaba un papel preponderante a la hora de las ejecuciones estatales y por ende de la «irresponsabilidad estatal»; esto es, un modelo de Estado con poder absoluto.

De esta manera, se consagraba la creencia popular y estadual de la «no responsabilidad estatal» al sostenerse que el rey o el monarca «no podían causar perjuicio» apoyados (falsamente) sobre la base de la idea de «soberanía» antesaludida; nada más cercano a la «esquizofrenia».

Este estado de cosas ha ido cambiando con la llegada de la Revolución Francesa, a través de la cual se ha ido perfilando la sustitución de aquella soberanía del rey o monarca, por «la soberanía del pueblo» (el pueblo es soberano).

Así entonces, la jurisprudencia y doctrina francesa que ya venían advirtiendo sobre la cuestión desde décadas atrás, han finalmente triunfado, estableciéndose en primer lugar, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por «faltas objetivas» en lo que hace a la prestación de los servicios públicos esenciales para la comunidad y luego llegando inclusive a la responsabilidad del Estado por errores judiciales e incluso legislativos.

Cabe destacar que, en la actualidad, en un sistema democrático, donde impere un verda dero estado de derecho, no se reconocen «poderes jurídicos absolutos o ilimitados» a favor del Estado, mucho menos del Poder Judicial.

Recién a partir del siglo XIX, comenzó a reconocerse la responsabilidad del Estado cuando actuaba en ejercicio de las prerrogativas del poder público, pues antes de la incorporación a los plexos normativos, se había delineado un conjunto de doctrina y jurisprudencia como obra «pretoriana», que canalizada y proyectada esta posibilidad, ensamblándola con los derechos humanos fundamentales y la necesidad de dar equitativa respuesta ante tales acontecimientos; se ha ido limitando el poder del Estado con un sinnúmero de legislaciones procesales e incluso constitucionales, implantándose y reconociéndose la responsabilidad del Estado por el error judicial y / o la mala administración de justicia.

El error judicial -lo dijimos «supra»- resulta una de las primeras y principales críticas que se efectúa a los Estados que aún mantienen la pena capital en sus ordenamientos internos y la ejecutan.El error se hace públicamente notorio cuando deviene una posterior «declaración de inocencia» de la persona humana que ya ha sido ejecutada y que, por lo tanto, pasa a revestir la calidad de «víctima»; por consiguiente, podríamos hablar tranquilamente de un «asesinato cometido por el propio Estado».

Se produce entonces, un estado de ánimo de impotencia, en todos sus niveles y un daño psíquico flagrante y desmesurado a sus familiares; a la vez que se generan críticas; resentimiento social, más aún, cuando la víctima fuera una persona «de color»; lo que además produce la ira en la comunidad o sector social que se identifica con el «equivocadamente ejecutado» o «asesinado»; ello hace que la gente descargue su malestar en manifestaciones de repudio y de reclamo popular.

Como vemos, un sinnúmero de consecuencias se reproducen a resultas de un fallo condenatorio «equivocado» o «errado», y ello lamentablemente no es una cuestión de remotas anécdotas, sino todo lo contrario, sucede con bastante frecuencia; sobre todo, en los Estados Unidos.

Del error judicial o de la mala administración de justicia pueden derivarse distintas clases de implicancias o responsabilidades, como son la responsabilidad administrativa; civil e incluso penal del juzgador; cuestiones sobre las que no ahondaremos por no ser objeto y finalidad perseguida en este artículo.

Como hemos notado, a esta altura, no existe un sistema penal en el mundo que sea «infalible». No obstante, en apoyatura de esta consideración, debe decirse que si bien el sistema penal es de naturaleza metodológica, sistematizada e impuesta, deberían extinguirse las posibilidades de aplicación de la pena de muerte; pues como se dijo antes, siempre está la posibilidad latente de sobrevenir el error en la condena a muerte, y hasta ahora nadie ha podido resucitar a un inocente ejecutado.Muchos países tienen inserta en sus legislaciones internas la posibilidad de la condena legal a muerte de la persona; con el claro objetivo de «disminuir la criminalidad» o de «terminar con el narcotráfico», lo que refleja ni más ni menos que una falsa idea o creencia; puesto que diversos estudios, han dado muestras de que la pena de muerte no ayuda para evitar que se sigan cometiendo delitos o para evitar que se sigan consumiendo drogas en todo el mundo; no es esa una posición adulta y sustentable o científica como proyecto serio de la política criminal nacional ni internacional; por el contrario, resulta un pensamiento pobre; mediocre; general; vulgar y hasta carente de sentido común.

Por otro lado y circunscribiéndonos al derecho argentino, toda posibilidad de aplicación de la pena de muerte ha sido desterrada por completo en virtud de nuestro derecho constitucional y supralegal, a más de lo expuesto con anterioridad.

Desde diversos estamentos políticos y organismos internacionales se viene pregonando -desde hace varias décadas- por la erradicación de las legislaciones internas de los Estados, para la abolición de la pena de muerte, la verdad es que, no hay nada que demuestre que «la amenaza de la ejecución» tiene un efecto más disuasorio que cualquier otra forma de castigo. Aquellos que sostienen esta teoría arcaica generalmente pertenecen a países donde aún predomina la costumbre machista, autoritaria; conservadora y de un poder estatal fuerte y concentrado; se trata de países inmersos en una cultura de violencia histórica que data de varios cientos de años atrás; podríamos nombrar entre otros tantos a determinados países, como China, Indonesia, Irán, Corea del Norte, etcétera, en los que impera la pena de muerte por delitos comunes como tráfico de estupefacientes, consumo particular e ínfimos porcentajes de sustancias psicotrópicas, corrupción, cuestiones que ya han sido superadas por la mayoría de los países en la actualidad.Existen datos esenciales brindados por Amnistía Internacional, donde se informa que, entre el año 2014 y 2015, se habrían registrado ejecuciones a muerte por delitos ligados al narcotráfico en los siguientes países: Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Y que dichas condenas obedecen no solo al narcotráfico, sino también a la «simple posesión de estupefaciente»; y acorde a los datos suministrados, se castigan con la muerte en más de 30 países.

Como sabemos, Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos; con total independencia del carácter o bien de las circunstancias del delito o incluso de la culpabilidad o de la inocencia del acusado; inclusive también con independencia del método utilizado para ejecutar a cualquier ser humano sin distinción alguna, pues se considera que la pena de muerte viola el derecho a la vida; a más de considerar estas prácticas como penas crueles inhumanas y degradantes.

Cabe acotar aquí que estas condenas, muchas veces se llevan a cabo en cuanto a sus ejecuciones, «sin juicio previo», o bien mediante procesos oscuros y / o poco serios -¿y por qué no, arbitrarios?-, lugares donde muchas veces los acusados no tienen siquiera derecho a nombrar para su defensa a un abogado. Resultan -entonces- estas prácticas verdaderas aberraciones en los procedimientos penales totalmente medievales o inquisitivos; prevaleciendo una actitud del Estado totalmente abusiva y arbitraria; no es posible hablar en estos países de un verdadero Estado de derecho, sino todo lo contrario; pues no se les otorga a los imputados o procesados siquiera la posibilidad de defenderse en un juicio justo y, al ser condenado, en varias legislaciones, tampoco tienen un derecho a recurso alguno ni a pedido de clemencia, indulto, amnistía o conmutación de pena que juegue como última o eventual esperanza.

IV. LAS HORAS CONTADAS

¿Se ha preguntado usted, amable lector, cómo serían las últimas horas de una persona humana condenada a muerte? ¿En qué estribará su pensamiento? ¿Existirá un real arrepentimiento?He aquí, un relato somero con relación a las personas que se encuentran en el «corredor de la muerte» (comúnmente así se lo llama). En países como los Estados Unidos, cada Estado tiene un protocolo distinto para ejecuciones «legales», en el cual se establecen las más diversas medidas de seguridad, como por ejemplo el peso, la talla o altura del reo; las personas encargadas de hacerlo, así como todas aquellas condiciones materiales y formales con que se deben efectivizar las ejecuciones; una de las más importante es por supuesto, la existencia de una sentencia condenatoria y la orden de ejecución emanada de la autoridad competente (juez), en la que se establecerá con precisión, la fecha en que se llevará a cabo, la forma de ejecución, el lugar; el día y la hora indicada.

Existen cinco métodos de ejecución en los Estados Unidos y, en muchos de ellos, se le da la posibilidad al condenado para que pueda elegir cómo ser ejecutado: la horca (estado de Washington): el fusilamiento (estado de Utah); la inyección letal (es el método primordial de ejecución en los 34 estados donde aún existe pena de muerte); la silla eléctrica (Alabama, Carolina del Sur; Virginia y la cámara de gas letal, que resulta el más costoso por su mantenimiento en Arizona; Misuri; California).

Los requisitos y los procesos llevados a cabo días anteriores a la ejecución deben ser cuidadosamente observados por todas aquellas personas que intervienen en el procedimiento, a efectos de no cometer errores que perjudiquen o demoren la ejecución más de la cuenta; aun así, durante las ejecuciones muchas veces han surgido problemas «inesperados», como el incendio del cabello del prisionero durante la implementación de la ejecución de la silla eléctrica; como así también la quemadura de sus piernas.Recordemos que las ejecuciones y los diferentes protocolos de ejecución han sido diseñados «para que la muerte llegue lo más rápido posible», tratando de que el reo «no sufra más de la cuenta» y, en lo posible hoy en día, «que no sienta dolor», pero eso a veces no ocurre. Por ello, unas horas antes de llevarse a cabo el desenlace de la ejecución, todos los equipos y utensilios son probados para cerciorarse de su buen funcionamiento.

El tribunal o el juez tienen el poder suficiente para decidir sobre la vida o la muerte de la persona. En general, no se acepta ningún tipo de intervención o de orden de ningún otro sujeto u órgano, sino solo aquella que proviene del tribunal o del magistrado, aunque en algunos estados, el pedido de clemencia y su atención está reservada para el Alcalde o gobernador.

Una vez que el reo ya se encuentra en la Cámara de Ejecución, es asistido por un capellán (cura, párroco o pastor), el que además de convertirse irremediablemente en «testigo», es la última persona con la que el reo puede hablar antes de encontrar su muerte; este representante de la religión prepara al condenado en su faz espiritual. Las personas que presenciarán la ejecución -lo s testigos- son previamente seleccionados, y nunca se los mezcla en caso de pertenecer a la familia del condenado con aquellos que pertenecen a la familia de la víctima.

En diferentes lugares donde se efectúan las ejecuciones, se les da una última oportunidad a los reos para que efectúe una llamada telefónica. Muchos de ellos suelen llamar a sus seres queridos. Pero también puede ser que el gobernador del Estado pueda detener a último momento la ejecución, o el mismo tribunal puede ordenar que la ejecución no se lleve a cabo, ello acontece cuando los abogados presentan mociones, escritos, apelaciones, y sobre todo cuando se presentan nuevas evidencias que, de algún modo, hagan presumir sobre la inocencia del acusado.Más allá de estas posibilidades remotas, en algunas ocasiones, se obtiene una clemencia o perdón estatal de esta manera; el individuo, puede evitar que se lo ejecute, aunque puede seguir condenado por el delito cometido por ejemplo con una pena de reclusión o prisión perpetua (conmutación).

De modo que podría sostenerse que solo el reo condenado puede saber lo que pasa en su interior; en su pensamiento, al saber que será ejecutado por el crimen o delito que ha cometido; de manera que la respuesta a la pregunta que nos hicimos al principio casi resulta imposible de responder de manera tajante o determinante, pues cada ser humano, cada individuo, experimentará y encarará la muerte inminente que acecha cada día más cercana, de las más diversas maneras. Así algunos intentarán suicidarse; otros entregarán a Dios su alma y estarán muertos aun antes de ser ejecutados… Otros esperarán el momento con gran regocijo entendiendo a la muerte como un paso inevitable de su condena, pese a su -quizás- real arrepentimiento; otros en cambio, preferirán morir antes que pasar el resto de su vida en la cárcel.

V.PENA DE MUERTE, ¿DE DERECHA O DE IZQUIERDA?

Aunque este artículo no centra su atención en encarar la muerte filosóficamente, ni aun políticamente; puede decirse que existe en el mundo, cierta «contradicción» insertas en las ideologías políticas tanto de «izquierda» como también de «derecha».

Ello pues, si nos detenemos a analizar sus respectivas posiciones ya históricas, frente a los institutos o temáticas más emparentados con la pena de muerte, pero también controvertidos que se han suscitado en la sociedad, como por ejemplo «el aborto»; o la «eutanasia». En este sentido, la posición de derecha, por ejemplo, sus partidarios o aquellos que manifiestan pertenecer a una posición más conservadora, siempre han delineado su opinión de ser defensores del derecho a la vida y han expuesto en el mundo entero su negación al aborto; y manifestarse también en contra de la eutanasia; sin embargo, al referirse a la pena de muerte, estas mismas fuentes ideológicas cambian de posición en sentido afirmativo; ello puede explicarse porque la temática analizada «pena de muerte», constituye uno de los temas más discutidos desde hace varias décadas en nuestro país, como así también en el mundo entero.Es que el tema de la pena capital no resulta sencillo de analizar o discutir, sino que se expone como uno de los temas más controversiales y ambiguos para el ser humano en el mundo entero; no existe una temática más ensamblada a los derechos humanos, a la ética, a la moral, a la religión, al derecho internacional y represivo o penal de las legislaciones de los países, como lo es la cuestión referida a la pena de muerte.

Por otro lado, la posición ideológica de quienes se encuentran a favor de la práctica del «aborto» que se podrían considerar posiciones «de izquierda», al igual que la solución esgrimida a favor de la «eutanasia»; en sentido contrario; quienes están en contra de la pena de muerte son considerados justamente «de izquierda»; de allí que podría afirmarse en cierto sentido la falta de consistencia y seriedad de las respectivas posiciones teóricas que disienten en cuanto a los hechos; pues todos los actos más extremistas ligados a la izquierda (sobre todo la izquierda revolucionaria latinoamericana), pues se practicaban ejecuciones de seres humanos (fusilamientos de individuos acusados de ser espías; traidores a la patria o a la propia revolución); entre otras cuestiones, como toma de cuarteles; actos emparentados con el terrorismo y la llamada «subversión» y el «anarquismo».

No obstante y aunque parezca increíble, la cuestión de las categorías o posicionamientos de las ideologías políticas de izquierda y de derecha siguen aún en contradicción en nuestros días, puesto que existen hechos históricos que acentúan lo que podríamos catalogar como «contradicciones» como por ejemplo, el caso del expresidente de México Vicente Fox; emparentado con la posición ideológica y política de «derecha» bien conservadora y con preferencia religiosa católica; sin embargo, ha sido el presidente que ha efectuado un proyecto de ley tendiente a la abolición de la pena de muerte en aquel país y lo ha enviado al Parlamento mexicano en el año 2005.

Siguiendo con elejemplo de ese país; el art. 22 de la Constitución Nacional de los Estados Unidos de México, en su parte pertinente, establece claramente lo siguiente: «Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado».

Por lo tanto, la distinción de las ideologías o categorías políticas de «izquierda o de derecha» -al menos en Latinoamérica- no bastan o no resultan suficientes a la hora de la discusión seria y razonada en lo que se refiere a la pena de muerte. De suerte que aun con independencia de las ideologías políticas que -como vimos- se muestran bastante contradictorias en sí mismas, dependiendo de cuál fuere el acto o la temática analizada y aun entre las manifestaciones dogmáticas teóricas en confrontación con los hechos que nos marcan la historia; de manera que las posiciones teóricas políticas o ideológicas, sean estas de izquierda, de centro o de derecha, han también fracasado en sus intentos por sostener y fundamentar adecuadamente su posición frente al tema planteado.

Existe también la posición ideológica que se podría identificar como «de centro», podríamos llamarla como más «equilibrada», que trata de vislumbrar acerca de si en verdad la pena de muerte configura una pena «inhumana y degradante»; como lo sostienen la mayoría de los organismos internacionales de derechos humanos y como lo estipulan diversas legislaciones internas de los países miembros de los tratados; Convenciones y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos; o por si lo contrario, la pena de muerte, sea la única salida que se podría considerar «digna» para el propio delincuente, en casos específicos como secuestro seguido de violación y muerte de un menor de edad o de varios infantes; es decir, ante delitos gravísimos. Cabría entonces la siguiente pregunta:La pena de muerte, en estos casos específicos, ¿se configura como inhumana o degradante para el propio reo, o bien una escapatoria o salida más digna? Dicho esto, sobreviene otra pregunta: ¿Qué pasaría si las legislaciones internas ofrecieran al condenado, la posibilidad cierta de elección entre una condena por ejemplo a reclusión perpetua o por más de sesenta o cien años sin goce de salidas tempranas o libertad condicional como en ciertos países de Europa; o por tiempo indeterminado como existe en diferentes países latinoamericanos o bien, pudiera optar por que se le imponga la pena capital? ¿Podría el individuo condenado elegir entre una u otra pena, disponiendo así sobre su propio destino, es decir sobre su propia vida; sobre su propio cuerpo? ¿No representaría la muerte en este caso, una salida digna? Por otra parte, ¿lo receptarían los organismos internacionales al ser una decisión expresa, esto es, una manifestación concluyente y documentada de su voluntad y, por lo tanto, de su autonomía o autodeterminación?

Dicho de otro modo, ¿se podría dejar librada al reo la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo y destino, al igual que en aquellos casos que son contemplados mediante el instituto de la eutanasia o muerte digna? ¿Podría sostenerse, como lo hace Hegel, que solo la muerte puede dignificar al sujeto asesino? En el sentido de que si bien no se niega el valor que la vida tiene en sí misma; se sostiene que esta «vida» puede valer más acorde a los actos o acciones de las personas en sociedad; es por eso por lo que algunos pensadores dicen que una vida puede valer más que otra o menos o incluso para algunos más sectarios deje de valer. Ello expresa parte del pensamiento que sustentan las posiciones que se expresan en la afirmativa respecto a la aplicación de la pena de muerte.

En fin, creo que aún la discusión en torno a estas problemáticas no ha terminado; más bien recién comienza.Pues, se hace necesario un profundo debate en estas ambiguas y amplias temáticas que se traslucen al solo ahondar en la cuestión, en una diversidad de posicionamientos teóricos; doctrinarios y filosóficos, pues incide de manera inexorable sobre los valores supremos y más preciados de todo ser humano.

Todos los interrogantes que se han expresado apenas se avizoran como un intento de recorrer aquel camino largo que conduzca a una solución más razonable o de algún modo, ofrecer respuestas a estas situaciones para nada sencillas. Estos y otros tantos interrogantes y cuestionamientos seguramente se irán hilvanando y quizás resolviendo con el devenir de los tiempos. Por ahora, podemos decir que no hay legislación conocida, ligada o bien relacionada con los derechos humanos que otorgue al individuo la facultad de poder decidir sobre una condena u otra (su vida o su muerte), pues todo lo contario: Lo que se busca y se ha pregonado desde hace década es la abolición de la pena de muerte en cualquiera de sus formas, aunque aquella posible solución o quizás, «opción», no será viable sin una modificación de la legislación interna de los estados y también de la legislación internacional que así lo permita.

Lo dicho no quiere decir que esta no sea una solución a priori o a futuro dentro del mundo penal; por lo que no la hemos de desterrar de plano, pues la discusión sobre la capacidad o facultad de decidir sobre el propio cuerpo ya ha sido instalada como se anticipó en la discusión parlamentaria de diversos países; un ejemplo directo es (como antes se dijo) lo atinente al «aborto» y «la eutanasia»; en este último caso, la cuestión confluye en quizás, una misma pregunta para ambas situaciones, es decir, tanto para la eutanasia como para la pena capital o los condenados a reclusión perpetua efectiva o a más de cien años como ocurre en muchos países; y es la siguiente:¿Vale la pena seguir viviendo una vida que ya no es vida?, expresada como una situación particular donde puede considerarse que ya no se es «digno»; y si esa dignidad, a su vez, se podría devolver al ser humano concediéndole justamente aquella facultad de decidir sobre su propio cuerpo; sobre su propia vida o destino.

Si bien uno debe tratar de munirse (para estos temas específicos, caso de eutanasia y pena de muerte) del prisma más adecuado a los efectos de lograr una correcta interpretación, resulta necesario destacar que pese a que, en principio, el objeto, la finalidad y la fundamentación de cada uno de estos institutos serían disímiles, terminan uniéndose en un punto en común, por el resultado que se busca, es decir, la culminación de la vida de la persona humana. De ser ello así, supondría quizás, si no, la exteriorización de la autonomía más absoluta de la voluntad del ser, más allá de las discusiones que puedan instalarse en el mundo jurídico sobre el consentimiento expresado libremente y la validez o legitimidad del acto, cuestiones que las reservamos para profundizar en próximas obras.

VI. UTILIZACIÓN DE LA INSEGURIDAD COMO HERRAMIENTA DE LOS POLÍTICOS EN SUS CAMPAÑAS

1. Algunas manifestaciones políticas sobre la restauración de la pena de muerte

En nuestro país, algunos hombres de la política han manifestado su intención en el sentido de que se reforme la Constitución Nacional y de que se incorpore la pena capital en el ordenamiento interno.

El senador Mario Ishii se ha expresado en este sentido, y propuso que la pena de muerte fuera restaurada en la Argentina «con el objeto de combatir la inseguridad». El senador bonaerense, que además con anterioridad ya había impulsado el retorno del «Servicio Militar Obligatorio», que en la Argentina se lo llama más comúnmente: «colimba», pidió evaluar la instauración de la pena capital.Argumentó que la tienen «los países desarrollados».

El senador bonaerense Ishii logró así tener amplia resonancia mediática al volver a un tema que, en nuestro país, estaba silenciado y sobre el cual había solicitado una «consulta popular», pero se alzaron diferentes posiciones en su contra, tanto de políticos como de pensadores y doctrinarios más relevantes del mundo jurídico.

2. Críticas a las propuestas políticas sectoriales sobre la incorporación de la pena de muerte

En los países subdesarrollados, donde generalmente por cuestiones culturales y de idiosincrasia, la deficiente política criminal y penal; la desconfianza en la clase política y la justicia por parte de su población, se diversifica y propaga el pensamiento o al menos la creencia de que la existencia del alto índice de criminalidad se debe a consecuencia de tener penas demasiado «blandas». Esto es, utilizado por los políticos en sus campañas que efectúan expresiones en el sentido del agravamiento de las penas, con un claro objetivo partidario o electoral; así prometen «endurecer las penas» e incluso promover la restauración de la «pena de muerte»; con el objeto de captar votos; tratando de brindar un seudosentimiento de seguridad en la sociedad.

Cada vez que ocurre un hecho que alarma a la población por su crueldad, aparecen en escena diversos sectores políticos, fomentados y promovidos por grupos concentrados de poder hegemónico y dueños de medios masivos de comunicación, distintas opiniones desde las cuales, por un lado, se pregona la restauración de la pena capital, así como otros tantos que niegan rotundamente esta posibilidad.

En realidad, esta confrontación de ideas o de deseos, en cuanto a las penas, obedece según exista o no una determinada población con seguridad en su ejido territorial de convivencia -o sin él- y como resulta una «expresión popular», esto es recogido rápidamente por los políticos para generar promesas casi nunca cumplidas respecto de brindar más o mejor seguridad apoyándose en el endurecimiento de la condenas.Así en los diversos sectores sociales, académicos, religiosos, políticos o gubernamentales, las expresiones respecto de la restauración de la pena máxima se encuentran muy divididas, cada persona tiene en realidad, su propia opinión.

En la Argentina, ha ganado la abolición total de la pena a muerte; se han incorporado a la Constitución Nacional diversos tratados de derechos humanos; los cuales ostentan jerarquía constitucional y son superiores a las leyes; razón por la que la aplicación o restauración de la pena de muerte en nuestro país resulta casi imposible; esto es, si no se hace previamente, una reforma profunda de la Constitución Nacional, cuestión que actualmente no parecería efectuarse al menos en lo inmediato.

Por lo tanto, las expresiones meramente «políticas» respecto de la intención de incorporar al Código Penal la pena máxima, se encuentra en clara contradicción con el plexo normativo constitucional; por lo tanto no son más que meras especulaciones direccionadas a la obtención de algún rédito político.

Estas infructíferas y desafortunadas ideas hoy se esparcen más rápido que antes, al utilizarse para ello, las redes sociales y medios masivos de comunicación, que son replicadas o compartidas por simpatizantes de la mano dura o de la derecha más conservadora o recalcitrante. De este modo, no resulta extraño en nuestro país, escuchar a dirigentes políticos que buscan tener un «respaldo social» (producto de la inseguridad), mediante la exclamación de ideas o propuestas populistas extremas, pero que se encuentran teñidas de un colorido ideológico sectorial, partidario, que en realidad no se condice con la finalidad de brindar más o mejor seguridad.Como sabemos, la pena máxima que prevé nuestro Código Penal es la de «reclusión perpetua» casi siempre para delitos que, por ser abominables o gravísimos, reciben el «plus» agravante en la calificación legal pertinente, no obstante las discusiones en torno a la constitucionalidad que puede efectuarse respecto a esta sanción legal; meollo al cual no nos insertaremos para no salirnos del eje o temática de esta obra, aunque quizá recibirá tratamiento merecido en su oportunidad.

Al contrario de lo que algunos políticos esbozan, sin fundamento de ninguna índole científica ni legal; lo que debe tutelar y promover el Estado así como también la clase política es la vida; el bien común de la sociedad, la armonía, la paz, la educación; la cultura; el trabajo, entre otras tantas cuestiones que sirven justamente para prevenir la futura comisión de hechos delictuosos.

Por lo tanto, de lo que se trata es de desviar la atención de las personas, de los problemas reales que se suscitan en el país utilizando argumentaciones poco razonables o poco serias, con un claro viso de oportunismo político, pero vacío de contenido genuino y mínima fundamentación.

Así, de sus expresiones políticas surge nítida la incoherencia, carente inclusive de sentido común; es decir, un claro acto de irresponsabilidad.

Todas estas expresiones políticas, bastante ingenuas -por cierto- no hacen más que exponer nuevamente la falta de información; la gran carga de mediocridad que tienen algunos políticos de turno; y constituyen una vez más, un claro acto en contra de los derechos humanos fundamentales; desconociendo por ende, cuanta norma y principio mínimos del orden constitucional exista.

Por otro lado, una hipotética implementación de la pena de muerte en la Argentina implicaría un claro retroceso en materia de derechos humanos y una conspiración contra el gran avance que en ese sentido ha podido realizar nuestro país; sin duda, una idea catastrófica.

Como decía Beccaria:«Parece absurdo que las leyes, esto es, la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas, y para separar los ciudadanos del intento de asesinar ordenen un público asesinato». (BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas, Capítulo 28. Bogotá, 1994, p. 67). Es que no se puede desconocer el valor cardinal del derecho a la vida y, por ende, también la dignidad humana.

La pena de muerte constituye, en todas las circunstancias, la máxima violación al derecho a la vida y el castigo más extremo, más cruel, inhumano y degradante. La tendencia hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial parece imparable. Desde 1990, más de cuarenta países y territorios han abolido la pena capital para todos los delitos. Según datos que surgen de la página oficial de amnistía internacional: http://www.amnistyinternacinal.gov.ar.

En materia de pena de muerte, la Argentina se convirtió en agosto de 2008, en un país totalmente abolicionista, al derogar el Código de Justicia Militar, que contemplaba la pena capital para delitos militares. Argentina, además, ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, el 2 de septiembre de 2008 y, el 5 de septiembre de ese mismo año, depositó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su instrumento de ratificación del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, convir tiéndose así en el décimo país que lo hace. En ambos casos realizó la ratificación sin formular ninguna reserva. Resultan claramente incompatibles tales intentos con los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, y que son constitución, pues tienen esa jerarquía (art. 31 de la CN; entre ellos, el Pacto de San José de Costa Rica, que fue suscripto el 22 de noviembre de 1961 y ratificado por la Argentina por la Ley 23.054 (BO:27/3/1984); en el art. 4.1 declara que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, así como también el art. 4.3; el que establece lo siguiente: «No se reestablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido». Se trata de nuestra normativa interna, que no se puede perturbar sin el amplio -seguramente- repudio de sectores nacionales e internacional obviamente con las consecuencias económicas y políticas que ello seguramente acarrearía en contra de nuestro país.

Por lo antes dicho, el supuesto intento de ciertos políticos de restaurar la pena de muerte en nuestro país, arrastra aquel vicio expuesto, como error inexcusable de quienes solo intentan -sin destino y sin gloria- recoger para sus propios molinos aquellas aguas turbias del afán mezquino, sectorial, envuelto en una ambigüedad intelectual manifiesta.

VII. BIBLIOGRAFÍA

– ANITUA, Gabriel I.: «Los límites temporales al poder penal del Estado», en ANITUA, Gabriel I.: Ensayos sobre enjuiciamiento penal. Buenos Aires, Del Puerto, 2010, pp. 53-87. 2BOVINO, Alberto: «La víctima como preocupación del abolicionismo penal», en MAIER, Julio B.: De los delitos y de las víctimas. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1992, p. 275.

– BUSTOS RAMÍREZ, Juan: «Introducción al Derecho Penal», 2.a ed. Bogotá, Temis, 1994.

– BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas, Capítulo 28. Bogotá, 1994, p. 67.

– FOUCAULT, M.: «Vigilar y Castigar». México, Siglo XXI, 1975.

– GARCILASO de la VEGA, Inca: comentarios reales de los incas. Buenos Aires, Emecé, 1943, p. 1609.

– GENNINGS, Gary: en la novela Azteca; RBA Editores. España 1999).

– De GOMARA, F. L., y LACROIX, J. G.: Historia general de las Indias y Vida de Hernán Cortés: Historia de la conquista de México, vol. 2. Fundación Biblioteca Ayacucho, 1979.

– Véase en el siguiente sitio web: http://www.amnistia internacional.com.

– LEWIN, Boleslao: Tupac Amaru, el Rebelde. Buenos Aires, s. e., 1943.

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(*) Abogado UNLZ. Diplomatura Universitaria en Derecho Laboral. Universidad Nacional del Chaco Austral. Abogado en ejercicio de la profesión en forma independiente. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.