Procede demanda por cobro de una factura derivada de la internación del actor durante siete meses en el Hospital Alemán

Partes: Asociación Civil Hospital Alemán c/ C. J. y otros s/ cobro de sumas de dinero

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 21-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-107516-AR | MJJ107516 | MJJ107516

Procedencia de la demanda por cobro de una factura derivada de la internación del actor durante siete meses en el Hospital Alemán, en tanto no se probó el carácter de socio vitalicio invocado ni falsedades en la historia clínica, ni tampoco rubros improcedentemente facturados.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condenó a los demandados al pago de una suma de dinero por el costo de la internación del padre de los demandados, dado que se acreditó que el paciente estuvo internado por diversas intercurrencias médicas durante siete meses en el Hospital actor, tal como surge de su historia clínica, sin importar que el éste último aceptó su internación no siendo socio ni estando afiliado a una obra social.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 21 días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada. Practicado el sorteo correspondiente, resultó el siguiente orden de votación: ZANNONI – POSSE SAGUIER – GALMARINI. A la cuestión propuesta el DOCTOR ZANNONI, dijo: 1. La sentencia dictada a fs. 535/546 hace lugar a la demanda promovida por la Asociación Civil Hospital Alemán, inicialmente contra J. C. y, por su fallecimiento, contra los herederos instituidos L. J.M. y E. A. C. M. La sucesión testamentaria de C. quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Civil 104 y, en virtud del fuero de atracción (art. 3284, inc. 4° del Cód. Civil de Vélez Sársfield, aplicable en razón de la fecha del fallecimiento del causante.), esta causa quedó radicada en dicho juzgado. Persigue en estos autos el Hospital Alemán el cobro de la factura por $ 571.014, 50 emitida con fecha 8 de septiembre de 2010. Dicha factura, que se halla agregada en el primer cuerpo del legajo reservado de documentación original, corresponde al costo de las distintas prestaciones médicas brindadas al señor C., que a la sazón contaba con 89 años de edad, desde su ingreso al nosocomio, el 7 de febrero de 2010, fecha en la que quedó internado de urgencia en la Unidad Coronaria por padecer numerosos episodios sincopales en razón de una lesión suboclusiva de la Descendente Anterior.

Es por ello que se decidió realizar una cirugía de reemplazo valvular aórtico y un by pass coronario en el contexto de valvulopatía sintomática.En el pos operatorio presentó un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, distress respiratorio y debió ser asistido mediante asistencia respiratoria mecánica prolongada, insuficiencia renal aguda no dialítica, fibrilación auricular paroxística, mediastinitis, derrame pleural recidivante, neumonía y miopatía. Fue conducido nuevamente a terapia intensiva por una insuficiencia respiratoria grave asociada con infección intrahospitalaria y recibió tratamiento antibiótico. A pesar de una mejoría clínica presentó más tarde un nuevo cuadro de insuficiencia respiratoria en relación a un nuevo foco neumónico y continuó internado. En suma, el paciente J. C. debió soportar varias internaciones sin solución de continuidad hasta el 7 de septiembre de 2010 en que fue derivado, como afiliado al Pami, al I.T.E.B.A. (Instituto de Terapias Especializadas de Buenos Aires) a los fines de su rehabilitación motora. A fs. 300/375 de estos autos se halla agregada la historia clínica. Completada la factura, el Hospital Alemán y según éste afirma, resultando infructuoso todo intento de contacto con familiares y conocidos de C., promovió este proceso. En conocimiento de su fallecimiento enderezó la acción contra sus herederos, L.J. M. y E. A. C. M. Como anticipé, la sentencia hace lugar a la demanda y condena a los demandados a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días, la suma de la factura emitida por un total de $ 571.014, 50 con más los intereses que se liquidarán a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el 8 de septiembre de 2010, fecha de emisión de la citada factura, y las costas del juicio.

2. Apeló la parte demandada constituida por los herederos M. y C. M., cuyos agravios lucen a fs. 555/564 y cuyo traslado aparece respondido a fs. 568/570.

3. El primer agravio lo formulan del siguiente modo:la sentencia ignora la falta de consentimiento informado dado por C., esto es, información precisa de la contratación con el Hospital Alemán; falta de documentación que justifique la internación. Asimismo el agravio atribuye a la sentencia haber ignorado la impugnación de la factura y la causa ilícita de la obligación. Como se advierte a simple vista, esta enunciación encierra diversas cuestiones que, posiblemente, puedan reducirse a una sola: la procedencia del servicio facturado. En lo relativo al argumento que se refiere a la ausencia de consentimiento informado, ahora, al tiempo del pago de la factura, sería eficaz si se afirmara y probara que C. fue sometido a otras prácticas que excedían las que correspondía poner en ejecución en razón de su dolencia cardíaca. Pero tanto la pericia médica como el testimonio del profesional que atendió al causante desmienten esa hipótesis. Las causas de la internación con el Hospital Alemán surgen de la historia clínica que no ha sido desconocida por los demandados y, a mayor abundamiento, por la declaración testimonial del cardiólogo que había atendido a C. en oportunidades anteriores por consultorios externos, doctor Fernando Anton Fedor Novo (ver fs. 457/458).

En cuanto a la falta de documentación que justifique la internación sostienen los apelantes que no hay ningún elemento objetivo en la causa que haga presumir que las prestaciones hayan sido efectuadas en el marco de una relación previa entre C. y el Hospital Alemán. Recurro nuevamente a la declaración del cardiólogo que antes de la oportunidad de la internación lo había atendido ambulatoriamente en varias oportunidades. De tal modo queda, al menos en entredicho, la afirmación que hacen los apelantes en el memorial considerando que la “alegre” y “generosa” recepción por parte del Hospital Alemán del señor C. es un absurdo. Lo cierto e incontrovertible es que el paciente estuvo internado por diversas interrecurrencias médicas durante siete meses.La historia clínica constituye en este sentido un claro elemento de juicio. Las razones por las cuales el Hospital Alemán aceptó su internación no siendo socio ni estando afiliado a una obra social de la que fuese su prestador no nos incumbe. Por lo menos nada se ha probado que permita descalificar la conducta y la prestación del hospital. Tampoco se ha probado en modo alguno una mala praxis: el fallecimiento de C. a los 90 años y con los antecedentes que ilustran las historias clínicas, mientras se hallaba en Instituto de Terapias Especializadas de Buenos Aires (I.T.E.B.A.) no permite razonablemente aludir a la mentada mala praxis. Aceptada la internación de C., frente al cuadro descripto por el cardiólogo, por mucho que pueda sorprender que el nosocomio lo recibiese como un paciente privado, no hay razón probada para descalificarlo. Los demandados incurren en contradicciones que resultan insoslayables. Por una parte señalan en su memorial que “el hecho de no haberse presupuestado las prácticas médicas, lo fue por ser el Sr. J.C. considerado paciente vitalicio del nosocomio”.

Pero señalan también que “jamás C. fue informado de los costos de su intervención quirúrgica ni tampoco que estos costos estarían a su cargo. Ha quedado debidamente acreditado”. Si el hospital consideraba a C. paciente vitalicio, ¿por qué razón debería informársele que los costos estarían a su cargo? Tampoco la eventual ausencia de un consentimiento informado puede invocarse por los deudores cuando, sin impugnar hábilmente las prestaciones médicas recibidas, pretenden exonerarse de la obligación de pagar la correspondiente factura. Por otra parte, sorprende que las impugnaciones se sucedan después del fallecimiento; durante los largos siete meses de internación no hay constancia de una sola visita de los deudos de C., sus sobrinos, o gestiones realizados por estos para intentar que el Hospital Alemán derivase a su pariente a un nosocomio prestador del Pami.Nada he de acotar respecto a la impugnación de la factura o a la pretendida ilicitud de la causa de la obligación. Una impugnación hábil de la factura (como de cualquier factura) hubiese requerido probar la inexistencia o improcedencia de rubros facturados —intervenciones quirúrgicas, prestaciones sanatoriales, material utilizado, drogas, etc., etcétera— que no se corresponderían con las prestaciones que han sido efectivamente brindadas. Los apelantes sostienen que la factura fue impugnada porque la operación del paciente en el Hospital Alemán se debió a una relación previa entre ambos, socio vitalicio en la convicción del causante, y porque los rubros facturados tenían una causa ilícita. Pues bien: esa relación previa, pongamos por caso la supuesta calidad de socio vitalicio, debió ser probada por los demandados.

Por cierto no bastaba, para ello, el dicho de algunos testigos, mucho menos la creencia o los dichos de C.; era menester acompañar el carnet de socio vitalicio o acreditar que la institución registra en sus libros a C. como tal. Los amigos y parientes que dicen haber visitado a C. cotidianamente mientras estuvo internado, no cuestionaron la internación ni requirieron el traslado a otro nosocomio prestador del Pami —del cual era afiliado desde 1985 según constancia de afiliación obrante a fs. 382— mientras el causante aprovechaba los beneficios de las prestaciones sanatoriales del Hospital Alemán. Su susceptibilidad, precisamente, se manifiesta a la hora del pago de la factura. Pero no han probado ni el carácter de socio vitalicio del causante, ni falsedades en la historia clínica ni, tampoco, rubros improcedentemente facturados. Viene a cuento, aquí, la noción básica de carga de probar. La noción de la carga de la prueba —recordaba nuestra colega, doctora Beatriz Areán al votar en primer término en un precedente de la Sala G— ha sido diseñada como una regla de juicio dirigida al juez, que le indica cómo resolver frente a hechos insuficientemente probados, a fin de evitar el non liquet.Indirectamente indica a cuál de las partes le interesa la demostración y por lo tanto, asume, el riesgo de la falta de evidencia (Conf. Lorenzetti, Ricardo, Carga de la prueba en los procesos de daños, LL, 1991-A-998). Por ello, el art. 377 del CPCC comienza diciendo que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la presencia de un hecho controvertido.

Se considera como tal aquel hecho conducente, pertinente, útil, que incide con suficiente importancia en el curso de la litis, siendo su prueba necesaria porque de ella depende la verificación y convicción que el juez puede alcanzar (Conf. Gozaíni, Osvaldo, El acceso a la justicia y el derecho de daños, en: “Revista de Derecho de Daños”, II, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 192). Quien omite probar, no obstante que la ley pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia del hecho de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal un imperativo propio del interés (del primer voto del doctor Mauricio Mizrahi en sentencia libre n° 561.994 de la Sala B en autos: “Synoviec c./ Transporte Lope de Vega S.A.C.I., s./ Daños y perjuicios” de abril de 2011).

4. Se agravian los demandados de que no se haya hecho aplicación de la ley de protección del consumidor (ley 24.240). Nótese que la presente acción no existe controversia en punto a la afectación de C. como consumidor. Es más, ni C. ni sus herederos han promovido una acción con sustento en los arts. 52 y sigtes. de la ley 24.240 invocando que sus intereses se han visto o pudieron resultar afectados o amenazados. Se han limitado a resistir el pago de la factura emitida por el Hospital Alemán. Por ende no hay cuestión suscitada en el ámbito de una acción promovida en defensa del consumidor.Tampoco era menester integrar la litis con el Ministerio Público Fiscal.

5. Los demandados pretenden se modifique lo resuelto en punto a intereses y se aplique a su deuda la tasa pasiva desde que la sentencia quede firme. Según la doctrina legal vigente en el fuero a partir del fallo plenario dictado por esta Cámara en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c./ Transportes Doscientos Setenta S.A. s./ Daños y perjuicios” dictado el 20/4/2009, la tasa de interés que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, es la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Se trata de la doctrina legal y no advierto agravios hábiles para soslayar su aplicación al presente caso.

6. La condena debe ser pronunciada contra Leonardo J. M. y E. A. C. M. en su carácter de herederos testamentarios de J. C.

7. En suma, y si se comparte mi criterio, la sentencia deberá ser íntegramente confirmada aclarando que la condena a Leonardo J. M. y E. A. C. M. lo es en su carácter de herederos testamentarios de J.C. Si así se resuelve las costas de esta instancia deberán cargar sobre los demandados en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, los DOCTORES POSSE SAGUIER y GALMARINI votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.

Eduardo A. Zannoni

Fernando Posse Saguier

José Luis Galmarini

Buenos Aires, septiembre de 2017.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma íntegramente la sentencia apelada y se aclara que la condena a Leonardo J. M. y E. A. C. M. lo es en su carácter de herederos testamentarios de J. C. Con las costas de esta instancia a los demandados en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). Los honorarios profesionales serán regulados una vez definidos los de la instancia anterior. Notifíquese y devuélvase.