Responsabilidad del Estado Provincial demandado por las lesiones sufridas por un alumno en la clase de educación física

Partes: Sanchez Valeria Carolina y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ daños y perjucios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Sala/Juzgado: 6ta nom.

Fecha: 29-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-107165-AR | MJJ107165 | MJJ107165

Responsabilidad del Estado Provincial demandado por las lesiones sufridas por un alumno en la clase de educación física de un establecimiento educacional, aún habiendo acreditando un obrar diligente de su parte. Cuadro de rubros indemizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde a la Provincia demandada responder por los perjuicios sufridos por un menor en un establecimiento educativo provincial que se accidentó en una clase de educación física lesionándose severamente, desde que la demandada no ha demostrado la existencia de caso fortuito alguno y es equivocada la estrategia defensiva alegando falta de culpa del personal escolar, toda vez que, la prueba del caso fortuito no implica identidad con la acreditación de la falta de culpa por parte de los responsables del cuidado de los niños atento lo normado en el art. 1117 del CCiv.

Fallo:

Rosario, 29 de Junio de 2017 Y VISTOS: Los presentes caratulados: “SANCHEZ VALERIA CAROLINA Y OTROS C/ PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS S/

DAÑOS Y PERJUICIOS”, expediente CUIJ N° 21-00183814-5, los cuales se hallan en estado de resolver y de los que resulta:

I. Demanda y Contestación: Dado que los hechos constitutivos de la litis son los que proceden jurídicamente de la demanda, de la contestación y de las peticiones formuladas en ellas, los mismos se exponen a fin de delimitar debidamente, por congruencia procesal, los alcances de la sentencia (artículo 243 C.P.C.C.).

1. Demanda:

Valeria Carolina Sánchez (DNIXX.XXX.XXX), siendo representada originalmente por sus padres, dada su minoría de edad, señores Noemi Marisa Bono (DNI XX.XXX.XXX) y Juan Hector Sánchez (DNI XX.XXX.XXX) compareciendo al adquirir la mayoría de edad en autos, promueve por intermedio de apoderados, acción contra la Provincia de Santa Fe por ser responsable del establecimiento educativo “Escuela Provincial N° 67 Juan Enrique Pestalozzi”.

Dicen que Carolina Sánchez de 11 años de edad, alumna del Establecimiento escolar “Escuela Provincial N° 67 Juan Enrique Pestalozzi” se encontraba el dia 22 de abril de 2003 dentro de dicho Establecimiento y en la clase de Educación Física a cargo del profesor Edgardo Aguilera, cuando sufrió un accidente mientras efectuaba los ejercicios de desplazamiento que eran indicados por el docente a cargo. Afirman que al ejecutar esos ejercicios, en retroceso, la menor resbala y cae al piso hacia atrás sobre su brazo izquierdo. Narran que siendo aproximadamente las 14:30 hs, el Establecimiento escolar anoticia a los padres de la menor lo sucedido y una vez que arribaron los mismos al lugar, la menor fue trasladada por la ambulancia de urgencias medicas C.G.&L. los que advirtieron la gravedad del hecho y la derivan a un centro asistencial. Manifiestan que al ingresar al Sanatorio de Niños, el medico traumatólogo Dr.Ramón Riera, ordenó placas radiográficas RX de codo frente y perfil, y que se determinó que la niña había sufrido una fractura supracondilea con desplazamiento, ensifema y aumento de la densidad y espesor de partes blandas adyacentes. Expresan que se le realizó una reducción quirúrgica y osteosintesis de fractura de húmero izquierdo. Alegan que fue intervenida quirúrgicamente el día 22/04/03 y le fueron colocados elementos metálicos de fijación y yeso braquipalmar izquierdo. Permaneció internada por 24 hs, y dada de alta le indicaron tratamiento ambulatorio con controles de traumatólogia y tratamiento con antibióticos y analgésicos. Afirma que la menor permaneció con yeso por 35 días, posteriormente fue intervenida quirúrgicamente con anestesia a los fines de ser retirados los elementos metálicos. Imputan responsabilidad objetiva.

Reclaman indemnización por incapacidad psicofísica sobreviniente, gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, daño estético, daño moral y daño psíquico. Asimismo el costo de una cirugía reparadora a realizarse a fin de mejorar o disimular las cicatrices.

2. Contestación de demanda.

Comparece y contesta demanda la Provincia de Santa Fe por apoderado a fs. 77/81. No la existencia del hecho, y que en caso de haber ocurrido y de existir las lesiones, no le cabe responsabilidad, alegando que no hubo un obrar negligente o culposo de parte de las autoridades de la escuela, y que resulta a todas luces evidente que la generación del daño se ha debido a un acontecimiento que no resultaba previsible ni evitable. Manifiesta que no ha habido incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la demandada en su obligación principal que es de brindar educación, ni el del deber de seguridad condigno. Expresa que no toda lesión sufrida por los alumnos de un colegio o escuela implica que haya habido una vulneración de ese deber y consiguiente generación de obligaciones de resarcir.Dice que se trata de una situación súbita y ademas imprevisible, la cual no puede convertirse en fuente generadora de responsabilidad para con quien no pudo razonablemente prever su ocurrencia ni advertir que se estaba dando.

Efectuada la Audiencia de Vista de Causa, habiendo desistido las partes de toda aquella prueba que no consta agregada en autos, consentido el procedimiento y producido los alegatos de las partes, queda la causa en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I. Prejudicialidad: El hecho ilícito que ha motivado el presente proceso dio origen al sumario penal n° 1103/03 “N.N s/ sus lesiones, victima: Sanchez Valeria Carolina” que tramitó por ante Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la 10ª Nominación de Rosario que se tiene a la vista.

Resulta oportuno, referirse a la cuestión de la influencia del proceso penal sobre el proceso civil, de conformidad con las previsiones de la Sección 11 del Capítulo I del Título 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dichas normas resultan aplicables en esta instancia de sentencia, dado que constituye el momento crucial para verificar la existencia o no de prejudicialidad penal, porque la audiencia de vista de causa fue celebrada bajo la vigencia del CCyC. Bajo la vigencia del Código Velez se entendió que la norma del artículo 1101 era de orden público1 y su violación implicaba la nulidad de la sentencia, siendo por tanto aplicable de oficio. La misma interpretación merece la norma del artículo 1775 del CCyC2.

La motivación de la prejudicialidad consagrada en la norma referida, tiene como fundamento interrelacionar la acción civil con la acción penal para lograr que ambos subsistemas judiciales, aquel con competencia penal y éste con competencia civil, actúen armónicamente en aras al fin del sistema jurídico (la justicia) evitando que la existencia de distintas jurisdicciones, bajo las cuales cae el juzgamiento de un mismo hecho, pudiera generar el escándalo jurídico que quedaría configurado si se diera el dictado de pronunciamientos contradictorios.Es que, en el concepto sistémico del Derecho, no puede aceptarse que la jurisdicción pueda fragmentarse en compartimentos estancos con independencia uno del otro de manera que un mismo hecho pueda ser confirmado o negado, con una distinta consecuencia jurídica según sea el Tribunal examinador. Por ello, las normas referidas vinculan necesariamente las jurisdicciones, por vía de sus pronunciamientos. El concepto de sistema Jurídico, que comprende necesariamente la realidad social, indica la necesidad de contemplar el factotum puesto a consideración de los tribunales, en forma holística, porque se trata de un mismo hecho dado en dicha realidad social, que cae bajo el análisis de distintos jueces. Dicha coherencia en los pronunciamiento es una exigencia de preservación del sistema en aras a la consecución de su fin, e implica analizar desde la complejidad, un hecho que en modo alguno se presenta como unidimensional. Se busca afianzar la seguridad jurídica, como reaseguro de la libertad.

En el caso,verificamos que en el sumario penal citado, mediante resolución nº 825 dictada en fecha 21 de mayo de 2003, se dispuso su archivo en virtud de lo normado por el articulo 200 en función del articulo 316 del C.P.P.vigente a esa fecha.

Este Tribunal Colegiado ha resuelto reiteradamente, siguiendo doctrina y jurisprudencia mayoritaria que ante resoluciones como la mencionada que impiden promover la acción penal o continuarla, donde no ha mediado pronunciamiento del Juez Penal sobre los distintos elementos del delito, corresponde al Juez Civil evaluar y pronunciarse sobre el ilícito a los fines de la reparación del daño, si correspondiere.

Cabe concluir entonces que en el supuesto de autos, mas allá del indudable valor probatorio que tienen los elementos colectados durante la tramitación de la causa penal, no existe el impedimento previsto por el artículo 1775 primer párrafo del Código Civil y Comercial y por tanto, corresponde avocarse al análisis del acontecimiento que diera lugar al presente proceso y al dictado de la sentencia correspondiente.

Siendo demandado en los presentes el Estado Provincial se verifica que obra a fs. 16 del incidente de pobreza, obra constancia de la formulación del correspondiente reclamo administrativo previo y la habilitación del curso del proceso, en un todo de acuerdo con lo normado por los artículos 1° y 3° de la ley 7.234, además, la demandada no ha formulado cuestión alguna sobre el particular.

II. Legitimación:

La legitimación de las partes en este proceso ante la ausencia de controversias o cuestionamientos referidos al tema es un análisis propio del órgano jurisdiccional por ser un presupuesto estructural de la relación jurídico procesal, cuyo análisis oficioso se sustenta en su íntima vinculación con una adecuada conformación del proceso y por ende del dictado de una sentencia útil.En tal sentido, se ha afirmado claramente que “Para el juez no existe impedimento para pronunciarse de oficio en la sentencia acerca de la existencia o inexistencia de la legitimación sustancial activa y pasiva, aún en la hipótesis de que el demandado se haya abstenido de plantear esta circunstancia en la oportunidad procesal adecuada, o la haya articulado en los alegatos, o incluso al momento de expresar agravios, habida cuenta que se trata de una cuestión de derecho rigiendo al respecto el principio del iura novit curia. En el caso, interpuesto el recurso de casación contra una sentencia dictada en el trámite de ejecución de sentencia, se advierte la falta de legitimación de la casacionista, quien se presentó en la ejecución hipotecaria invocando su carácter de cónyuge del demandado fallecido, pero sin acreditar el vínculo que alega ni el fallecimiento del demandado. Dichos errores en la tramitación, inadvertidos e ignorados en la sentencia de primera instancia y advertidos por la Alzada, que decidió continuar el trámite en vista del tiempo transcurrido, afectan la validación de la relación jurídica procesal, en su correcta integración, correspondiendo decretar de oficio la nulidad de todas las presentaciones efectuadas por la parte casacionista a partir de su primera presentación en la causa, e ineficaces todos los actos de cualquier carácter dictados en su consecuencia, por la manifiesta falta de legitimación, no resultando aplicable el principio del acto consentido, ni el instituto de la preclusión procesal, aunque no haya sido impugnado por la contraria, en virtud de estar involucrado el orden público, ni siendo susceptible de convalidación en la instancia extraordinaria, deviniendo el recurso de casación en una cuestión abstracta y por lo tanto inabordable”3, y en igual sentido la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala I:4 “La falta de legitimación del actor.autoriza y obliga a los jueces a expedirse incluso de oficio, pues siendo una cuestión de legitimación su falta significa la no presencia de un presupuestoprocesal esencial al tiempo del pronunciamiento. La falta de legitimación es declarable y controlable oficio, haya o no consentimiento de las partes, tácito o expresamente, porque la legitimación la crea únicamente la ley sustancial y no depende de la actitud de los litigantes (Devis Echandía, Hernando Teoría General del Proceso, Universidad, T.1-297; Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de Derecho Procesal Civil, T. 1-p. 189 y 342 entre otros)”.

1. Legitimación activa: La actora Sánchez Valeria Carolina se halla legitimado para accionar, atento -conforme alega- haber sido lesionada como consecuencia de un accidente sufrido en la clase de educación física y en horario de clases en la escuela Provincia N° 67 Juan Enrique Pestalozzi sita en calle Mendoza 3969 de Rosario.

2. Legitimación pasiva: La demandada Provincia de Santa Fe se halla legitima por ser los responsable del establecimiento educativo “Escuela Provincial N° 67 Juan Enrique Pestalozzi”.

III. Hecho alegado. Encontrándose en discusión la existencia del hecho, corresponde detenerse en el análisis de la prueba colectada en autos a fin de determinar si ocurrió o no, y en su caso a las particularidades que revistió el accidente.

Declaración del padre de la actora en sede penal: El padre de la menor al declarar en sede policial (vid fs. 12) formula una relación de los hechos coincidente con los narrados en la demanda.

Documental: Los certificados expedidos por el Dr. Ramón Riera, especialista en ortopedia y traumatología del Sanatorio de Niños, dan cuenta que atendió a la menor el 29/04/2003, como control postoperatorio, y en los meses de mayo y julio del año 2003. El certificado expedido por el médico pediatra del mismo sanatorio, Dr. José Rafael Dayer da cuenta que el día 22/04/2003 fue internada la actora por fractura. Igualmente dan cuenta del accidente la historia clínica de la menor, el pedido formulado al Sanatorio de Niños por la directora de la escuela Pestalozzi Adriana M.Mansilla, donde solicita la copia certificada de la historia clínica, dejando constancia que Valeria Sanchez sufrió un accidente en el horario de educación física en el gimnasio de la escuela el día 22 de abril de 2003, como asimismo certifica la ocurrencia del hecho y las características del mismo el acta de accidente alumno formulario AA-01 de fecha 22 de abril de 2003 que describe el hecho luctuoso en coincidencia con lo narrado en la demanda. Todos estos documentos se hallan reservados en original o fotocopia certificada en Secretaría y en copia simple agregados en autos a fs.

19/26, procediéndose en este acto, a ser agregados en el expediente.

Conclusión: No existe en autos otra prueba relativa a la dinámica accidental, por lo que concluimos en que la misma se desarrolló tal como se indica en la demanda.

IV. Responsabilidad. Cabe pues, analizar la responsabilidad que puede caberle a la parte demandada en virtud de los hechos referidos. Dicha cuestión será analizada conforme a las normas vigentes a la fecha del siniestro, esto es, conforme las normas contenidas en el Código de Velez, dado que las mismas refieren a la conformación de la responsabilidad, la cual se produce en el momento mismo del hecho, a diferencia de las normas referidas a la prejudicialidad y a aquellas otras dirigidas al Juez al para ser aplicadas al momento de sentenciar.

Atribución objetiva de responsabilidad: En el caso, se ha invocado el factor de atribución objetivo de responsabilidad, con base en lo normado por el artículo 1.117 del Código Civil, siendo demandada la Provincia de Santa Fe en calidad de propietaria del establecimiento educativo.

El referido artículo incorpora la llamada responsabilidad ultraobjetiva u objetiva agravada, dado que, ocurrido el evento dañoso “bajo el control de la autoridad educativa”, cual es el caso de autos, la única eximente que puede el propietario invocar, y que se debe probar, es el caso fortuito5.De manera tal que, existe hoy en la actividad de enseñanza a nivel primario y secundario, una obligación tácita de seguridad que se traduce en asegurar la indemnidad de los alumnos mediante un sistema jurídico que se resuelva en una imputación objetiva agravada solo eximible por caso fortuito, de manera tal que la sola ocurrencia del evento dañoso en las condiciones de control de la autoridad educativa basta para generar la obligación de reparar6.

En este sentido se ha indicado que “La responsabilidad de los establecimientos educativos es rigurosamente objetiva ya que prevé como única eximente el caso fortuito y, como en toda responsabilidad de naturaleza objetiva no solo debe reunir las características de inevitable e imprevisible, sino que, principalmente, debe ser ajeno a la actividad educativa, admitiéndose excepcionalmente como eximente el hecho o culpa de la víctima cuando reúna las características del casus”7; “Un establecimiento educativo debe responder por los daños sufridos por un alumno menor de edad aun cuando pruebe que su personal obró con la mayor diligencia en el evento, pues no es la culpa o negligencia la que fundamenta la obligación de responder sino el deber de garantía objetivo que surge del art. 1117 del Código Civil.La mera desatención o desinterés u otros actos descomedidos del alumno en horas de clase no configuran la eximente de caso fortuito destinada a exonerar de responsabilidad del establecimiento educativo en los términos del art. 1117 del Código Civil, pues el hecho para ser calificado como fortuito debe reunir una serie de requisitos, entre los que se encuentran el de la imprevisibilidad, irresistibilidad e insuperabilidad”8.

Eximentes de responsabilidad: En cuanto a las eximentes de responsabilidad objetiva en el caso de establecimientos educativos tiene dicho la jurisprudencia: “Un establecimiento educativo debe responder, en los términos del art.1117 del Código Civil, por los daños padecidos por una alumna que cayó de una escalera al ser empujada por un compañero, pues, si bien invocó caso fortuito como causal eximente, no se trató de un hecho absolutamente imprevisible, así como tampoco era inevitable e insuperable de haberse adoptado las diligencias apropiadas a las circunstancias del caso”9;”La Dirección General de Escuelas es responsable ante el daño sufrido por un alumno que fue agredido por otro ya que, no estando controvertido que ello ocurrió cuando el menor estaba bajo el control de la autoridad educativa y la aplicación del art.1117 del Código Civil, no acreditó el caso fortuito invocado, siendo que las constancias de la causa permiten verificar que existió una discusión o pelea previa Paz, “Marcos Humberto y otro p. s. h. m. Milagros Luciana c. Municipalidad de Guaymallén y otros s/ daños y perjuicios”: 28/10/2015: Cita Online: AR/JUR/58307/2015. entre los menores y que ella fue advertida por los docentes”10.

Carga de la Prueba: En orden a la carga de la prueba se es conteste en que se invierte la misma, debiendo el propietario del establecimiento educativo demandado, tal como se indicó supra demostrar la el caso fortuito para poder liberarse de responsabilidad. En esta línea se ha dicho que: “Cuando la ley presume la relación causal, la prueba de los eximentes debe ser inequívoca, en tanto que acorde con una orientación jurisprudencial aquiescente, cuando la ley invierte el onus probandi de la relación causal y el demandado debe acreditar la intervención de una causa ajena, la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto.La prueba del hecho del tercero debe ser valorada en forma estricta, y los impedimentos de responsabilidad, deben ser apreciados restrictivamente, por la finalidad social típica de la norma, que ha creado factores de atribución, que deben cesar solo en casos excepcionales, sin conferirles desmedida extensión.

3.-Frente a la insuficiencia de la prueba acabada de una ruptura causal que opere como eximente, la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia jurídica, ya que la carga de la prueba de la culpa de la víctima pesa sobre quien la invoca, y ante su ausencia, la regla de derecho indica como debe fallar el Juez”11 El caso: En el caso, la demandada no ha demostrado la existencia de caso fortuito alguno. La estrategia defensiva ha sido alegar la falta de culpa del personal escolar, pero yerra por cuanto la prueba del caso fortuito no implica identidad con la acreditación de la falta de culpa por parte de los responsables del cuidado de los niños. En tal sentido se es conteste en que “El art. 1117 del Cód. Civil prevé al caso fortuito como único supuesto de eximición de responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos, razón por la cual de nada le valdrá a éstos acreditar que su personal obró con la mayor diligencia en el evento por cuanto, no es la culpa lo que fundamenta la obligación de responder sino el deber de garantía objetivo.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B Carbajal, Nora Antonia c.

Aragón, Olga y otros 12/04/2010 LA LEY 23/08/2010, 8 con not a de Fernando Alfredo Sagarna LA LEY 2010E, 14 con nota de Fernando Alfredo Sagarna RCyS 2011I, 114 con nota de Tomás Ignacio González Pondal AR/JUR/23662/2010) y que: “Sólo el caso fortuito ajeno al responsable o al riesgo propio de la tarea es idóneo para liberar de responsabilidad al establecimiento educativo, ello conforme a lo establecido en el art. 1117 del Cód.Civil reformado por la ley 24.830 (Adla, LVIIC, 2899).” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C Grasso, Eduardo Miguel y otro c. Colegio Galileo Galilei SAE y otro 04/09/2007 RCyS 2007, 1066 ED, 6 JA 2007IV, 466 ED 227, 52 AR/JUR/5773/2007)”12. Es que no basta con invocar, ni probar, la falta de culpa del personal del establecimiento educativo, sino que se requiere acreditar el caso fortuito con las características señaladas de inevitabilidad, insuperabilidad e imprevisibilidad.

Se ha dicho que “La ley ha virado pues de la culpa al deber de garantía, mediante el cual -acontecido el perjuicio- se enrostra como regla la obligación de responder a los propietarios de esos entes educativos; más allá de toda idea de reproche subjetivo a la conducta de éstos o a la que pudieron haber desplegado alguno de su docentes o auxiliares dependientes (ver v. gr.3B, p. 20, 21, 26 , 27 y 32, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005). Que tal deber de garantía, emerge la obligación de seguridad en cabeza de las instituciones como la de autos, que sin duda es de resultado; y ello en atención a que aquella garantía se refiere en concreto a asegurar la indemnidad psicofísica del niño o adolescente que concurre a la entidad (ver v. gr. CNCiv., Sala K, 20- 12-2004, LA LEY, 2005-B, 473; NOVELLINO, Norberto José, “Responsabilidad por daños de establecimientos educativos”, p. 73/74,ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998; KEMELMAJER DE CARLUCCI, “Cód. Civil y leyes complementarias”, obra y tomo citado, p. 1127; REYNA, en BUERESHIGHTON, “Cód. Civil y normas complementarias”, obra y tomo citados, p.25).

A la luz de las exigencias de la citada normativa en coherencia con el tipo de responsabilidad que sancionó, regula como único supuesto de eximición de responsabilidad la prueba fehaciente de un caso fortuito, vale decir que, de nada le valdrá a la institución que se demande certificar que su personal obró con la mayor diligencia en el evento; su responsabilidad se le impondrá de todos modos ya que, como lo vimos, no es la culpa o negligencia la que fundamenta la obligación de responder sino el deber de garantía objetivo que antes referimos. De ahí que corresponda distinguir cuidadosamente en el análisis de las causas entre la prueba del caso fortuito y la prueba de la falta de culpa, pues no se tratan de conceptos equivalentes (ver v. gr. CNCiv., Sala K, 2012-2004, LA LEY, 2005-A, 703; CNCiv., Sala I, 25-11-1991, ED, 164-359; 1er. Congreso Internacional de Derecho de Daños en Homenaje al Profesor Dr.

Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989; ALTERINI, Atilio Aníbal, “Caso fortuito”, en ALTERINI-LÓPEZ CABANA, “Temas de Responsabilidad Civil”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires y ediciones Ciudad Argentina, capítulo V, ps. 81/82 y 84; KEMELMAJER DE CARLUCCI, en BELLUSCIO-ZANNONI, “Cód. Civil y leyes complementarias”, obra y tomo citados, p. 1136; REYNA, en BUERES-HIGHTON, “Cód. Civil y normas complementarias”, obra y tomo citados, p. 26). Es sabido que el hecho, para ser así calificado como fortuito tiene que reunir, necesariamente, una serie de requisitos; entre los cuales se encuentran el de imprevisibilidad, irresistibilidad e insuperabilidad. Mal puede la mera desatención o desinterés u otros actos descomedidos del alumno en horas de clase configurar la eximente en cuestión de estar a las afirmaciones de la recurrente y menos aún desplazar el reproche legal hacia un tercero anónimo incluido, sin peso probatorio alguno en la escena.La insuficiencia de la crítica le impide incidir de modo alguno en lo decidido”13.

En consecuencia, cabe concluir que no habiendo probado la demandada el caso fortuito, deberá responder.

V. Rubros. De acuerdo los rubros reclamados en la demanda, y atento la prueba producida en autos, corresponde formular la siguiente valuación:

Cuantificación. Normas aplicables:

A los fines de la cuantificación de la reparación del rubro incapacidad sobreviniente, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de agosto del 2015, dado que son normas dirigidas al Juez al momento de sentenciar.

En efecto, toda vez que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia (artículo 772, CCyC), las normas aplicables -que captan en su antecedente normativo tal presupuesto- son las vigentes al momento de la emisión del decisorio (arg. art.

7°, CCyC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro.17.711). No otra conclusión cabe, habida cuenta que se trata de textos normativos que integran las reglas técnicas de la actividad de sentenciar14, pudiendo ser reconocidas a través de la facultad del órgano jurisdiccional de seleccionar el Derecho aplicable15.

Así, la aplicación lisa y llana del Código Civil de Vélez Sarsfield a sentencias dictadas bajo el Código Civil y Comercial hoy vigente (como se consigna en el Acuerdo Plenario de la Cámara de Apelaciones de Trelew, de fecha 15.04.2015, en La Ley del 20.04.2015, pág.

11, cita online AR/JUR/3918/2015), por la sola razón de haber tramitado los litigios bajo el primero de los ordenamientos mencionados, implica una postergación de la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial sin bases legales, consagrando la regla de la aplicación diferida del Código Civil velezano después de su derogación lo cual constituiría una ultraactividad contraria a derecho.

En tales términos, cabe distinguir entre las normas que gobiernan el momento de la constitución y la extinción de una situación jurídica, de aquellas que refieren al contenido y las consecuencias, siendo que cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa16, lo que no impide la aplicación de las normas del Código Civil hoy derogado, aunque sólo a loshechos ocurridos bajo su imperio, con excepción, tal como se dijo, de las normas dirigidas al juez al momento de sentenciar.

Se ha explicado que si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cód.

Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinciónde esa relación (por ej., una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos”17.

Así, las partes en juicio no adquieren derecho a que la causa se falle conforme a la ley vigente al trabarse la litis, si posteriormente y antes de la sentencia firme se dicta otra ley de orden público que determina su aplicación a los procesos en curso18.

1. RUBROS PATRIMONIALES.

Incapacidad: Ha quedado probado en autos que la actora resultó lesionada como consecuencia del accidente, por las constancias del sumario penal referidas, por la historia clínica de la demandada y demás documentación referida supra. La pericia médica formulada en autos (fs. 288/290), determina que la actora padece una incapacidad del 15% derivada de fractura de húmero reducida con osteosintesis metálica, lo cual determina la existencia de una limitación funcional en el miembro no dominante, todo lo cual que atribuye al accidente.

La invalidez física es un concepto médico antes que jurídico19, y su captación normativa en el ámbito del ordenamiento civil, que manda a reparar de modo pleno (art. 1740, CCC), se orienta en tres sentidos: a) la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima por el concreto perjuicio laboral que padece, aun cuando el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada (art. 1746, CCC), b) el menoscabo a sus derechos personalísimos, su integridad personal y su salud psicofísica (art. 1738, CCC; ya afirmado desde antaño -bajo la vigencia del hoy derogado Codigo Civil de Vélez Sarsfield- por la CSJN20 y c) la afectación de servicios o emprendimientos económicamente valorables, aunque no se traduzcan en entradas monetarias (art.1746, CCC)21.

En consecuencia, en orden al monto indemnizatorio, ante la imposibilidad de la restitutio in natura (artículo 1740 del CCyC), la misma ha de ser integral, comprensiva, no solo la imposibilidad actual y futura de trabajar, sino en cuanto a sus potencialidades como ser humano, su afección desde las dimensiones social, cultural, en suma su proyecto de vida.

En este sentido la jurisprudencia ha dicho que “La reparación por daño actual o futuro se aplica a la incapacidad permanente, sea parcial o total. Pero cuando es parcial el damnificado es acreedor además, por la mengua de su capacidad laboral, a una reparación que teóricamente le compense el menor ingreso (comprendiendo los que puede presumirse normales) lo que tiene absoluta pertinencia aunque la víctima continúe trabajando y en su ubicación laboral no hubiere sufrido perjuicios, pues su aptitud laboral está disminuida y en el mismo trabajo, para hacer lo mismo, el esfuerzo es mayor.Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas en forma permanente esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física es en sí mismo un valor indemnizable, debiéndose tener en cuenta las circunstancias personales de la víctima, la entidad de las secuelas, su edad, condición social, la afectación o limitación a su vida de relación, entre otros elementos”22. “En lo que hace a las lesiones físicas, la partida por incapacidad sobreviniente procura el resarcimiento de los perjuicios que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, lo que incide en todas las actividades, no solamente en la productiva sino también en la social, cultural, y fundamentalmente en la individual.Tal criterio se sustenta en el derecho del sujeto a conservar ileso e intacto su cuerpo, dado que aun con la mejor evolución posible de las lesiones sufridas será harto difícil o imposible restablecer por completo en el organismo alterado la situación de incolumidad anterior; y esta situación es la que determina un perjuicio reparable.

Consecuentemente, rigiéndonos por el principio de la reparación integral, es obligación de los jueces cubrir el demérito que del ilícito resulte a la víctima”23. De manera tal que, la integralidad de la indemnización no solo ha de tener en consideración el porcentaje de incapacidad que el experto establece, el cual sin duda es de mucha importancia, dado que constituye sólo uno de los parámetros a tener en cuenta en la formación del juicio de valor sobre el daño que sufrió la victima y sobre la medida de tal daño. Ha de ponderarse en conjunción con otros factores (edad, sexo, trabajo que desarrollaba, contexto económico y social en el que ejercía su habilidad, etc.) factores de prueba a cargo de la accionante, a fin de poder así esclarecer de que manera el indicado porcentual gravita en la situación específica del afectado, sin que ello implique un apartamiento de la conclusión pericial, sino -simplemente- tomarla como punto de partida, para en su integración con los otros factores citados, examinar en que medida la incapacidad, trasciende -efectivamente- en la existencia productiva y total de aquél. considerando la proyección que las secuelas tienen en su integral personalidad24.

En función del sistema de fuentes adoptado por la el sistema normativo vigente (arts. 31 y 75 -inc. 22-, CN; art. 1°, CCC), resulta significativo destacar, frente a la tendencia al reconocimiento constitucional del derecho de la salud y al resarcimiento de daños como una de las técnicas de protección que se afirma en el Derecho comparado, que encontramos hoy el amparo de convenciones internacionales con jerarquía supralegal que aluden al tema tratado (art.1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts.

41 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo abierto a la firma en Nueva York el 19.12.1966; art. 12.1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; y arts. 6.1, 6.2 y 27.1 de la Convención sobre Derechos del Niño). Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión profunda del problema tratado25.

El sistema normativo vigente dispone que el resarcimiento de los daños consistirá en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (art. 1740, CCC), aunque debe atenderse que cuando el perjuicio indemnizable se presenta en virtud de una incapacidad física de tipo permanente, tal reposición ha de resolverse por la fijación de un monto dinerario, habida cuenta de la imposibilidad fáctica de restituir la capacidad mermada.

A los fines de la cuantificación (art. 772, CCC) de la reparación debida por lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, manda el ordenamiento que “(.) la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades (.)” (art.1746, CCC).

La mencionada determinación del capital, de tal suerte, debe obedecer a una formulación que tenga en consideración la edad y expectativa de vida laboral de la víctima, el ingreso percibido por su desempeño laboral, la cuantificación de las actividades productivas o económicamente valorables y el grado de incapacidad constatado.

Lo expresado no obsta a que este órgano jurisdiccional mantenga el grado de prudencial discrecionalidad inherente a la propia función judicial. En efecto, se ha dicho que la “norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático, como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial.El texto reemplaza al artículo 1086 del código derogado y contempla el daño patrimonial por incapacidad permanente.Se trata en definitiva, de la integralidad de la persona que tiene valor económico en sí misma y por su aptitud potencial o concreta de producir ganancias.incluye la afectación vital de la persona en su “mismidad”, individual y social por lo que a la víctima se le debe resarcir el daño a la salud que repercute en su significación vital.La incapacidad sobreviniente comprende.1) la capacidad laborativa o productiva.2) la capacidad vital o la aptitud y potencialidad.3) el daño a la vida de relación o a la actividad social vinculado con la capacidad intrínseca del sujeto”26, aunque aclara -el autor- que aquello referido a la vida de relación, proyecto de vida, daño biológico, integridad sexual, intimidad, serán integrantes del daño moral, o si correspondiere del patrimonial, todo lo cual se compadece con la vigencia inalterada del art. 245, CPCC.

De tal suerte, para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, debe tenerse presente el sistema previsto por el mencionado art.1746, CCyC, que cederá, en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima del hecho dañoso o frente a víctimas económicamente improductivas (arg. art. 3°, CCC, por referencia analógica con el art. 1745, incs. b y c, CCC, ante ausencia de norma específica al respecto), en favor del sistema de las calidades personales, el cual por otr parte, se mantiene en el citado artículo conjugado con la determinación rentística allí indicado27.

Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta28. A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

Para evaluar el monto de la indemnización, que corresponde al actor deberá tenerse en cuenta: I. Que no ha acreditado ingresos y litiga con beneficio de pobreza. II. El grado de incapacidad referido supra (15%).

III. La edad de la víctima -11 años, a la fecha del siniestro, vid fs.11. IV. Las particularidades del caso y fundamentos jurídicos indicados supra. Por todo ello y las previsiones del art. 245 del CPCCSF, se fija como indemnización por este rubro la suma de pesos ciento veinticinco mil ($125.000.-).

Gastos Terapéuticos y colaterales a los terapéuticos. Dado que, atento la edad de la niña ala fecha del hecho resulta imposible que hubiera atendido sus propios gastos médicos, va de suyo que euines realizaron las erogaciones fueron los padres.Ahora bien, los padres de la niña no reclamaron este rubro por derecho propio, sino que en todo momento, desde el inicio incluso de la declaratoria de pobreza, incidente que por cuerda corre acumulado a los presentes (expediente CUIJ N° 21-00172867-6) actuaron en nombre y representación de su hija menor de edad, de manera tal que no son actores ni parte en los presentes actuados, el rubro deberá ser rechazado.

En cuanto al costo del tratamiento futuro, consiste en cirugía estética reparadora, dado que le perito médico determinó que la lesión 28 cf. TRIGO REPRESAS, Félix A., La indemnización del daño emergente, en Revista de Derecho de Daños, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2014, tomo 2013-3, págs. 9 y ss.; DEPETRIS, Carlos Emilio, Conocimiento judicial del daño y cuantificación, en ídem, págs. 119 y ss.; MÜLLER, Enrique C., La indemnización del daño originado en las lesiones, en ídem, págs. 181 y ss.; y NICOLAU, Noemí Lidia, La cuantificación de la indemnización de los daños personales en la jurisprudencia.

Fundamentos del rechazo a topes y baremos, en ídem, págs. 347 y ss. estaba consolidada y por lo tanto insusceptible de mejora mediante tratamiento alguno, el rubro tampoco prosperará.

2. INDEMNIZACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

NO PATRIMONIALES:

Pretende, asimismo, resarcimiento por el daño moral, consecuencia no patrimonial en la terminología del CCyC) padecido en razón de las lesiones recibidas y sus secuelas, rubro que igualmente deberá prosperar pues no puede dudarse que ello ha comprometido las afecciones más íntimas de la actora. Ha de tenerse en cuenta al momento de considerar la reparación del daño moral, que “el principio de individualización del daño requiere que la valoración del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva (la índole del hecho lesivo y de sus repercusiones), como las personales o subjetivas de la propia víctima.también interesa la personalidad de la víctima y su receptividad particular”29.La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho, en relación al daño moral que “A fin de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tienen necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste”30; “procede el resarcimiento del daño moral sufrido, detrimento que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado, en las circunstancias del caso, por la sola realización del hecho dañoso de que se trata y su particular naturaleza, así como la índole de los derechos comprometidos. A fin de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tienen necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos 308:698; 318:1598; 321:1117, entre otros),”31. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, ha entendido, asimismo que “Tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial existen diversos criterios en orden a la necesidad de la prueba del daño moral. Así, hay quienes efectúan distingos según se trate de daño moral derivado de hechos ilícitos o de un incumplimiento obligacional. También están los que entienden que el daño moral no requiere prueba específica alguna, debiendo tenérselo por presumido por el sólo hecho de la acción antijurídica.Advierte Mosset Iturraspe que ello se explica por cuanto de ciertos ilícitos que dañan a la persona causando un perjuicio en su cuerpo o en su psique, en la salud o integridad física, en su honor, o en su libertad de movimientos, se deduce el sufrimiento moral; lo que no sucede en los casos de que lo dañado sean cosas o bienes, en los que hay que probar el menoscabo espiritual. Añade el citado autor que la presunción para algunos es absoluta o irrefragable, mientras que para la mayoría -entre la que se enrola decididamentees “iuris tantum”, es decir, salvo prueba en contrario. Por lo demás, existen quienes estiman que la prueba del daño moral pesa forzosamente sobre el damnificado, no siendo necesario aportar prueba directa, sino que a partir de la acreditación del evento lesivo y del carácter de legitimado activo del actor, puede operar la prueba de indicios o la prueba presuncional, e inferirse de ésta la existencia del daño moral. Cuestión ésta -vale destacar- que si bien se advierte nítidamente cuando el bien jurídico afectado de cuya lesión deriva el daño moral es la integridad física o moral de una persona, no sucede lo propio en algunos otros supuestos, en los que el actor deberá extremar los recaudos probatorios (Doctrina: Mosset Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad por daños”,t. V, 1999, Ed.

Rubinzal Culzoni, ps. 235/242; Pizarro, Ramón D. “Daño moral”, 2004, Ed.

3112/06/2007 “Serradilla c/Provincia de Mendoza Lexis Nº 35010960. Hammurabi, ps. 622/63)”32.”Sobre el criterio de cuantificar el daño moral en una relación porcentual con el daño material, -como ha dicho con acierto el Alto tribunal de la Nación- el daño moral no tiene necesariamente que guardar relación con el material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (citas:

Corte Sup., Fallos 311:1018; 312:1597; 316:2774 y 2894; 318:1598 y 2002; 320:536; 321:1117)”33.

Finalmente cabe destacar que el artículo 1.714 manda indemnizar “ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”. Además, ha de estarse a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto determinó que ha de tenerse en cuenta el estado de incertidumbre y preocupación que produjo el hecho34, la entidad del sufrimiento, la índole del hecho ilícito el carácter resarcitorio de la indemnización y que -como se dijo- no debe guardar necesariamente relación con el daño material, dado que no es un accesorio de éste35. Tal como expresa Galdós36, las ahora llamadas satisfacciones sustitutivas y compensatorias constituyen no el precio del dolor, sino el precio del consuelo que procura mitigar el dolor de la víctima a través de bienes deleitables. Para ello, obviamente ha de tenerse en consideración la dimensión del dolor padecido por la víctima. Tal como peticiona la actora, dentro de este rubro se considerará la lesión estética derivada de las cicatrices que porta la actora, que se vislumbran en las fotografías que en este acto se han agregado, y conforme verifica el perito médico.

En cuanto al daño psíquico, la perito psicóloga indica que no existe, no obstante lo cual se tomarán en cuenta las consideraciones formuladas en el dictamen pericial en orden a los padecimientos sufridos como consecuencia del accidente.Sobre el particular, debemos recordar que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido de que este detrimento puede tener proyecciones -potencialmente- en el daño material o en el daño espiritual37, es decir, que el daño psicológico no constituye un tercer género, distinto del material y el moral, sino que se subsume en el moral, salvo que se constituya en grado tal que implique una afección patrimonial determinada. Tal ha sido criterio generalizado de la jurisprudencia bajo el sistema del Código Velezano.

La sanción del CCC, en nada ha cambiado el criterio doctrinal y jurisprudencial referido. En efecto el artículo 1746 establece que ha de repararse la incapacidad física o psíquica, lo cual guarda relación con el contenido de la indemnización a que hace referencia el artículo 1738 del CCC, donde refiere, entre otras a la “integridad personal” y a la “salud psicofísica”. Ahora, si bien el daño psicológico constituye un daño conceptualmente autónomo, resarcitoriamente depende del daño moral o patrimonial. Tal es el criterio aplicable con el vigente CCC, y así lo sostiene Galdós38. Se ha indicado que “El tratamiento de los agravios referentes al daño moral y su quantum y al daño psicológico requiere de una anotación preliminar, sobre todo frente a la apreciación que hizo el juez de primera instancia sobre la vinculación entre ambos conceptos.La Corte Suprema ha dicho que “para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso” (Fallos:327:2722; y esta sala, causas “Acuña, Celso Federico c/E.N. -M° Justicia, Seguridad y DDHH s/daños y perjuicios” y “Adorno, Valentín y otro c/EN- 37 Cfr. Zavala de González, Matilde, “Daños a la persona, Integridad psicofísica. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, p. 225.

38 Op.cit.Pág 525 y 526.

Mº del Interior- PFA s/ daños y perjuicios”, pronunciamientos del 3 de febrero y del 20 de diciembre de 2012, respectivamente, y “Suazo”, citada)” 39.

Por lo cual en virtud de las condiciones personales ya descriptas de la víctima, su género, las características que revistió el hecho ilícito, los padecimientos derivados del accidente, indicadas en la pericia psicológica, conforme las previsiones de los artículos 1738, 1740, y 1741del Código Civil y Comercial, y artículo 245 del CPCCSF, se fija como indemnización la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000.-).

Así, el monto total de condena asciende a la suma de $185.000.

VI. Intereses De conformidad con lo dispuesto por los arts. 1.740, 1747 y 1748 del Código Civil y Comercial, lo peticionado por las partes, y atento la inexistencia de tasa legal conforme al art. 768 inciso c) del CCC se fijan las siguientes tasas de interés: a) para los rubros incapacidad y daño moral desde la fecha del hecho (arg. art. 772, CCC) y hasta la fecha de esta sentencia, el interés aplicable será, del 8 % anual; b) Desde esa fecha, y ponderando que los valores indemnizatorios han sido fijados a la fecha de la sentencia, hasta el plazo que la normativa aplicable (Ley Nro. 7234 , texto según ley 12036; art. 13 Decreto 953/11) otorga para el pago del monto derivado de esta sentencia, el interés aplicable será la tasa promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectiva para descuento de documentos a treinta días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a treinta días según índice diarios) sumada, conforme índices del Nuevo Banco de Santa Fe SA. c) Esta misma tasa será aplicable a los gastos realizados dentro de estos actuados desde la fecha en que cada erogación fue realizada. d) Desde el 39 Castro Jorge Adrián y otro c/ PEN- Ley 25561- decs. 1570/01, 214/02 (RIO) s/ daños y perjuicios: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala I:6- nov-2014: MJ-JU-M-89944-AR | MJJ89944 | MJJ89944. vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, el capital puro de condena devengará un interés punitorio equivalente al doble de la tasa promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectiva para descuento de documentos a treinta días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a treinta días según índice diarios) sumada, conforme índices del Nuevo Banco de Santa Fe SA.

VII: Costas. En estos obrados, de conformidad con su resultado, las costas, serán soportadas en un 85% por la demandada y en un 15% por la actora (art. 252 CPCCSF).

Por todo lo expuesto, normas legales citadas, y actuaciones que se tienen a la vista:

El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual número Seis de la ciudad de Rosario:

RESUELVE:

1. Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada en autos y, en consecuencia, condenar a la Provincia de Santa Fe para que en el término perentorio derivado de la ley 12036, abone, con más los intereses explicitados en los considerandos a la srta. Valeria Carolina Sánchez (DNI XX.XXX.XXX), la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil ($185.000), con más los intereses referidos en los considerandos.

2. Imponer las costas del pleito conforme lo expresado en los considerandos.

3. Los honorarios de los profesionales intervinientes en autos serán regulados, oportunamente, por el s r. Juez de Trámite mediante auto separado. A la aplicación del artículo 730 CCC, de corresponder, difiérase para su oportunidad.

4. No encontrándose presentes las partes para la lectura de la sentencia, notifíquesela por cédula. Autos: “SANCHEZ VALERIA CAROLINA Y OTROS C/ PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS S/

DAÑOS Y PERJUICIOS”, expediente CUIJ N° 21-00183814-5.

DR. HORACIO ALLENDE RUBINO

JUEZ

DRA. ANALIA N MAZZA DR.IGNACIO V. AGUIRRE

JUEZ JUEZ

Dr. MARIANO NOVELLI Secretario