Intereses moratorios y obligaciones de valor en el Código Civil y Comercial

Autor: Rossi, Jorge O.

Fecha: 15-ago-2017

Cita: MJ-DOC-11961-AR | MJD11961

Sumario:

I. Introducción. II. La obligación de resarcir como obligación de valor y el régimen del CCivCom. III. Tipos de intereses en el Código Civil y Comercial. IV. Jurisprudencia posterior a la vigencia del CCivCom. V. A manera de conclusión: ¿Inaplicabilidad del art. 768 a las obligaciones de valor?

 

Doctrina:

Por Jorge O. Rossi (*)

I. INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista científico, uno de los problemas más frecuentes del análisis jurídico es la falta de una terminología común.

Múltiples conceptos (v. gr., objeto de la obligación y del contrato, causa fin del contrato, prestación, mora, etc.) no tienen un significado unívoco en la ciencia jurídica, y cada jurista habla desde su lugar, a menudo dando por descontado que el suyo es el único significado posible.

Esto genera inacabables debates donde las partes discuten en un real diálogo de sordos.

Trataremos, por lo menos, de poner en claro desde donde partimos nosotros.

En primer lugar, ¿cuál es la finalidad del interés moratorio?: Resarcir el daño causado por la mora, sería la respuesta «evidente».

Sin embargo, antes de seguir, nos parece muy interesante, desde el punto de vista terminológico, la reflexión efectuada por el Dr. Mayo, en su voto en el plenario «Samudio» (1):

«… en el particular tipo de la obligación de indemnización “originada por un hecho ilícito”, la doctrina plenaria de esta Excma. Cámara “in re” «Gómez c/ Empresa Nacional de Transportes», sentó el criterio que no se ha modificado, que dice que “los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de los delitos o cuasidelitos, se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación” (LL 93-667)» (2). (El entrecomillado interno es nuestro).

Y continúa el camarista diciendo lo siguiente: «Cabe preguntarse “si ello es lo mismo que la mora”, a la que alude indiscriminadamente el voto de la mayoría.Si se responde afirmativamente a tal interrogatorio, estamos frente a un problema, porque “podría entenderse que la susodicha mora se produce al configurarse el ilícito, esto es producido el llamado daño-evento”. Si se la responde negativamente, como estimo es la respuesta adecuada, se supera la cuestión porque considero que “resulta impropio hablar de mora en los hechos ilícitos” (salvo cuando se dicta la sentencia firme), en tanto y en cuanto “la transgresión al denominado deber negativo de no dañar a otro es insensible al estado de mora”, al no haber recuperabilidad de la prestación (conf. Bueres, Alberto J., “Derecho de daños”. Buenos Aires, Hammurabi, 2001, p. 463). Es que, como bien se ha dicho, “la teoría de la mora no resulta adecuada para regular esta materia”. En efecto, si se examina el fenómeno que da lugar a la responsabilidad llamada “aquiliana”, se advierte que en ella es casi imposible que se configure un verdadero retardo (elemento esencial en la mora), y por consiguiente, la idea de hacer funcionar la “interpellatio” o cualquier otra forma de constitución en mora, es un verdadero absurdo jurídico. ¿Se puede pensar, siquiera, que hay retardo en la observancia del deber general de no dañar, después que el daño ha sobrevenido”». (El entrecomillado interno es nuestro).

Para Mayo, «solo puede hablarse de mora en incumplimientos derivados de obligaciones preexistentes» (v.gr., incumplimiento de un contrato) y no para daños originados de un hecho ilícito, donde no hay obligación preexistente, sino transgresión al deber genérico de no dañar (3).

Por eso, para este magistrado, «no podría sino concluirse que los intereses en el período que indica el interrogante (para los hechos ilícitos) no son moratorios, sino compensatorios, calificación efectuada por caracterizada doctrina (…). De todos modos, “desde el punto de vista práctico no cambia la solución el que se atribuya uno u otro carácter a tales intereses”». (El entrecomillado interno es nuestro).

Por eso decíamos «supra» que ni siquiera en el concepto de mora hay unanimidad entre los juristas.

Por nuestra parte, usaremos los términos «intereses moratorios», «daño moratorio» y «mora», indistintamente para casos de hechos ilícitos e incumplimientos obligacionales, simplemente porque son utilizados por el CCivCom y por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, sin perjuicio de tener nuestras prevenciones contra los mismos.

Con eso en mente, retomando la pregunta acerca de cuál es la finalidad del interés moratorio, en lugar de responder «resarcir el daño causado por la mora”, precisaremos lo siguiente utilizando la terminología que surge del Código Civil y Comercial:

La finalidad del interés moratorio es reparar el «daño moratorio», que se acumulará con el resarcimiento del «daño compensatorio» a fin de lograr la «reparación plena», consistente en «la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie» (arg. conf. arts.1740 y 1747 del CCivCom).

Dicho de otra manera, cuando el 1740 del CCivCom habla de reparación plena se refiere no solo al daño compensatorio, sino al moratorio.

Ahora bien, la indemnización del daño compensatorio persigue restituir a la víctima al estado anterior al daño, mediante la entrega de un capital en dinero (generalmente) o en especie que sea equivalente al bien o bienes perdidos por el evento dañoso.

Por ejemplo, un capital que sea equivalente a los 10.000 $ que no se entregaron en la fecha pactada o equivalente a todos los gastos necesarios para «reparar» las consecuencias de una fractura de cadera (prótesis de cadera para reparar la lesión sufrida, gastos médicos, etc.) o equivalente a todos los gastos necesarios para reparar la destrucción total de un automóvil.

En cambio, la llamada «indemnización del daño moratorio» persigue reparar el daño sufrido por la víctima originado en la demora en indemnizar el daño compensatorio.

Se trata de una «lesión al derecho de propiedad» del acreedor / víctima, pues su derecho creditorio es exigible desde la generación del daño (desde que se produjo el perjuicio, en otras palabras), más allá de que dicho crédito sea líquido o no. El acreedor, privado durante un tiempo de una suma de dinero «o de un valor expresable en dinero», tuvo que financiar de alguna manera el daño compensatorio durante el tiempo en que no fue resarcido.

Dicho de otra manera, el acreedor tuvo que afrontar un costo, un perjuicio, por la demora del deudor. Ese costo o perjuicio puede consistir en lo siguiente:

1. Un daño emergente y un lucro cesante; es decir, un gasto y una ganancia dejada de percibir, porque el acreedor tuvo que usar capital propio para afrontar el daño hasta ser resarcido, y, además, esa parte de capital propio no pudo ser invertido ni pudo producir rentas.

2.Puede tratarse solo de un daño emergente; es decir, tuvo un menoscabo en su patrimonio, porque el acreedor tuvo que usar capital ajeno («pedir prestado») para afrontar el daño hasta ser resarcido y por ello tuvo que pagar intereses. Por ejemplo, tuvo que pedir un préstamo bancario o, supuesto muy común, financiarse con su tarjeta de crédito comprando en cuotas.

3. En una economía inflacionaria, su perjuicio también puede consistir en la depreciación monetaria: Si en el año 2010, el acreedor tuvo que gastar $10.000 para afrontar el daño hasta ser resarcido y en el año 2016 el deudor le paga los $10.000, debido a la inflación existente en ese período, la suma de dinero que le entrega tendrá un menor poder adquisitivo. Veremos que esto repercute de manera distinta en las obligaciones de dar dinero y en las obligaciones de valor.

De todo lo anterior surge que la indemnización del daño moratorio es accesoria de la indemnización del daño compensatorio, en dos sentidos:

a. porque si no hay daño compensatorio, no hay daño moratorio.

b. porque la forma de cuantificar el monto de la indemnización del daño moratorio depende de la forma en que se cuantificó el daño compensatorio (4).

II. LA OBLIGACIÓN DE RESARCIR COMO OBLIGACIÓN DE VALOR Y EL RÉGIMEN DEL CCivCom

La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de la constitución de la obligación (arg. conf. art. 765 del CCivCom).

Es decir, cuando nace la obligación, el deudor sabe que debe una suma de dinero, sea porque la suma se encuentra directamente expresada (v. gr., $1000), o porque su determinación se logra con un cálculo aritmético.

Lo fundamental es que el mismo día en que se constituyó la obligación, el deudor sabe cuánto dinero deberá pagar.

Distinto es si lo que se debe es un valor cuantificable en dinero.Por ejemplo, lo que valga determinado automotor en determinada fecha. Ahí nos encontramos ante una «obligación de valor». Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones relativas a las obligaciones de dar dinero (conf. art. 772 del CCivCom).

La obligación de resarcir un daño es, por lo común, una obligación de valor. Es decir, el interés del acreedor no está en recibir $ 10.000, sino una suma de pesos equivalente, v. gr., a todos los gastos necesarios para «reparar» las consecuencias de una fractura de cadera (prótesis de cadera para reparar la lesión sufrida, gastos médicos, etcétera).

Con esto en mente, ahora corresponde puntualizar que existen, en nuestra materia, tres temas que están relacionados:

1. Tipo de deuda: de dinero (art. 765 del CCivCom) o de valor (art. 772). En este último caso, la deuda se cuantifica al momento del pago.

2. Comienzo de cómputo de intereses moratorios: Desde que se produce cada perjuicio (art. 1748 del del CCivCom), «principio que muchas veces es ignorado en algunas sentencias», como expresa Vázquez Ferreyra (5), quien agrega lo siguiente: «. muchas veces se dispone que los intereses corran desde la fecha del hecho ilícito respecto de todos los rubros indemnizatorios, cuando en realidad puede haber rubros que se hayan originado con posterioridad como, por ejemplo, gastos de curación».

3. «Quantum» de la tasa de interés moratorio: ¿pura o «impura»? Cabe destacar que «las tasas bancarias no son puras», porque contemplan la depreciación monetaria y están pensadas para obligaciones de dar sumas de dinero. Al respe cto, destacamos lo siguiente:

a. Las tasas bancarias se dividen en «activas» (las que cobra el banco) y «pasivas» (las que paga). Obviamente, «la tasa activa siempre es mayor que la pasiva». La diferencia entre lo que el banco cobra y lo que paga por el uso del dinero es, precisamente, la ganancia del banco.

b. Como sabemos, no hay una sola tasa activa y una sola tasa pasiva, sino que existen varias.No es lo mismo la tasa que cobra un banco (tasa activa) por un préstamo hipotecario, que la que cobra por un préstamo sin garantía. Esta última es siempre mayor, por el mayor riesgo de no cobrar. Tampoco es igual la tasa que paga (tasa pasiva) por un depósito en caja de ahorro que por uno a plazo fijo.

c. En una «economía inflacionaria, las tasas de interés no son “puras”», es decir, su función no consiste exclusivamente en retribuir por el uso del dinero, sino que una parte de la tasa «absorbe» la inflación (6). Las tasas activas están, generalmente, por encima del porcentaje de inflación previsto, porque, en caso contrario, el banco pierde plata. Las tasas pasivas, en cambio, a veces están por debajo de la inflación y el cliente pierde plata al depositar dinero en el banco, pero igual lo hace, por seguridad, desconocimiento, por no tener otra inversión para hacer o por una combinación de esos tres factores.

III. Tipos de intereses en el Código Civil y Comercial

1. Los intereses compensatorios

Son el precio o remuneración que se debe pagar por el uso y disfrute de un capital ajeno. Pueden ser de origen convencional o legal.

El Código Civil y Comercial los menciona:

Art. 767 del CCivCom: «Intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces».

2. Los intereses moratorios

Estos intereses, en cambio, buscan reparar el «daño moratorio», que se acumulará con el resarcimiento del «daño compensatorio» (7) a fin de lograr la «reparación plena».

Art. 768 : «Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina:

a. por lo que acuerden las partes; b.por lo que dispongan las leyes especiales» (v. gr. Ley 25.065, art. 18 , que los denomina «punitorios». Aquí la ley especial no fija un interés, pero pone un tope); y «c. en subsidio, “por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”».

Comparemos el artículo precedente con el art. 622 del CCiv derogado:

Art. 622: «El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar».

»Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria de pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios».

Nos detenemos un momento en estos conceptos:

a. Por su ubicación en ambos textos legales, tanto el art. 768 del CCivCom como el 622 del Código Civil se refieren a las obligaciones de dar dinero. Más adelante, veremos si este artículo (y el art. 622 del Código derogado) es aplicable también a las obligaciones de valor.

b. Los intereses moratorios «se deben a partir de la mora del deudor (8), sin importar que la deuda esté compuesta de una suma líquida o ilíquida».

c. La gran diferencia del art. 768 del CCivCom con el 622 del CCiv es que se intenta limitar la discrecionalidad de los jueces, dado que, en ausencia de tasas pactadas o legales, estos tendrán que utilizar «tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central».

d.La finalidad del interés moratorio es reparar el «daño moratorio», que se acumulará con el resarcimiento del «daño compensatorio» a fin de lograr la «reparación plena», consistente en «la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie» (arg. conf. arts. 1740 y 1747 del CCivCom).

Obviamente, hasta que tengamos suficiente jurisprudencia, no sabremos con precisión que va a pasar con la interpretación de este inc. c del art. 768 CCivCom, pues la expresión «tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central» da pie para la existencia de una o muchas tasas aplicables, con la consiguiente incertidumbre.

Es decir, el CCivCom ni siquiera especifica si se trata de tasas activas (las que cobran los bancos) o pasivas (las que pagan los bancos), «ni si se trata de “las tasas ya existentes” o de alguna específica para causas judiciales que tendrá que reglamentar el Banco Central».

IV. JURISPRUDENCIA POSTERIOR A LA VIGENCIA DEL CCivCom

Con lo anterior en mente, veremos tres casos, donde se analiza el tema de la liquidación de intereses moratorios a «deudas de valor».

Por un lado, el fallo «Ramírez Juan Pedro y otro contra General Motors Argentina S. R. L. y otro sobre ordinario» (9) (en adelante, «Ramírez»).

Por el otro, los fallos «Flores Ramón Eduardo y otro c/ Sepúlveda Emmanuel Leandro y otros | daños y perjuicios» (10) y «Panelo Ana María c/ Transporte Automotores de Pasajeros Siglo Veintiuno S. A. y otro s/ daños y perjuicios» (11) (en adelante, «Flores» y «Panelo».

1.El fallo Ramírez

En el fallo de autos, la Alzada revocó la sentencia de grado y condenó concurrentemente al concesionario y al concedente al pago de la suma de $ 5.000 en concepto de «privación de uso del vehículo, por considerar que la concesionaria no fue diligente en el pedido de los repuestos necesarios para realizar la reparación; y ello redundó, ciertamente, en una demora injustificada en el arreglo del vehículo de los actores.

Al revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda, el Tribunal tuvo que cuantificar el rubro otorgado, «privación de uso del vehículo» y allí se trató el tema de la cuantificación del capital de condena y la aplicación de los intereses moratorios o, dicho de otra manera, se cuantificó tanto el daño compensatorio como el daño moratorio:

En el voto de la vocal preopinante, Dra. Tevez, se trató lo siguiente:

1. La diferencia entre obligación de dar dinero y obligación de valor.

2. La tasa de los intereses moratorios en las obligaciones de valor.

En cuanto al primer punto, la magistrada entendió necesario «… realizar liminarmente una serie de precisiones para distinguir las obligaciones denominadas de «dinero» de las otras, rotuladas de «valor». Una de la otra se diferencian respecto al objeto debido (conf. BUERES, Alberto J., y HIGHTON, Elena I.: op. cit., t. 2 A, 2.a, reimpr., p. 423, 2006).

«En las primeras, desde su constitución, el objeto de la prestación es la moneda misma como tal e independientemente de su valor intrínseco». Aquí el deudor se obliga a entregar un «quantum» que está determinado al tiempo de su nacimiento. Se libera de su obligación dando la cantidad determinada de dinero al día de su vencimiento. Debo agregar que «el art.622 del CCiv establece que en el supuesto en que el deudor no cumpla con su obligación de dar sumas de dinero, deberá indemnizar el daño causado por su mora; el que estará constituido por los intereses debidos desde el vencimiento».

En las segundas, «el objeto de la prestación no es el dinero, sino la medida de un determinado valor». Su objeto se aprecia en dinero como medio de restaurar en el patrimonio del acreedor el valor desmedrado por el deudor, «valor abstracto a ser explícito en una suma de dinero y cuya expresión deberá cambiar necesariamente según las oscilaciones del valor de la moneda» (BELLUSCIO, Augusto, y ZANNONI, Eduardo: «Código Civil y leyes complementarias. Comentado. Anotado y concordado», Buenos Aires, Astrea, 1988, t. 3, p. 69). Si bien aquí el deudor cumplirá con su obligación entregando una suma de dinero; este deberá ser suficiente para satisfacer ese «quid» o valor debido, en tanto que aquel es la unidad de medida que permite cuantificar los valores.

«”En este tipo de obligaciones, hasta tanto no se haya obtenido sentencia judicial que determine cuál es la cantidad de dinero debida, a fin de indemnizar el valor desmedrado, su obligación será una deuda de valor”.

Acótese que en las obligaciones de dinero, el objeto inmediato debido es el dinero, en las obligaciones de valor, el objeto inmediato se refiere a un valor abstracto, constituido por bienes, que luego habrá que medir en dinero» (LLAMBÍAS, Jorge J.: Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. II A, p. 170. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1982). (El entrecomillado interno es nuestro).

En cuanto a los intereses moratorios, la magistrada distingue entre:

a. El curso de dichos intereses y

b. Su cuantía.

Al respecto, la vocal destaca lo siguiente: «. “el inicio del curso de los intereses en la deuda de valor no presenta particularidades especiales respecto a la deuda de dinero, y debe quedar sometida a las mismas reglas generales”» (BELLUSCIO, Augusto, y ZANNONI, Eduardo: «Código Civl y leyes complementarias. Comentado. Anotado y concordado». Buenos Aires, Astrea, 1988, t. 3, p.82). Por ello, pues, «debe diferenciarse la determinación del quantum necesario para resarcir el daño y, por otro, la mora en el cumplimiento mismo de la obligación de reparar el daño causado por el hecho». (El entrecomillado interno es nuestro).

Sin embargo, prosiguió la magistrada, «en aquellos supuestos de deudas de valor, en tanto que el “quantu m” fue valuado o cristalizado al tiempo de dictar sentencia, no corresponde la aplicación de la tasa activa» -conf. arg. art. 565 CCom. y «S. A. La Razón s/ quiebra inc. de pago profesionales (art. 288)», del 27/10/1994 y esta Sala «Moreno Constantino Nicasio c/ Aseguradora Federal Argentina S. A. s/ ordinario» , del 1/8/2013.

«Ello pues la imposición de dicha tasa desde el origen de la mora consagra una alteración del capital establecido en la sentencia que configuraría un enriquecimiento indebido, “dado que uno de los factores que contiene la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida del valor de la moneda, extremo ponderado al definir el daño a valores actuales” o, cuando se fija al tiempo de dictar sentencia la indemnización debida al tratarse de obligaciones de valor. Así en tales supuestos, “corresponde aplicar un interés que no englobe tal rubro y solo pondere el interés puro, que corresponda a la justa renta del capital”». (El entrecomillado interno es nuestro).

Por otro lado, la camarista agrega lo siguiente: «. debo concluir que como principio general -no absoluto- tratándose de deudas de valor, “los daños deben fijarse al tiempo de dictar sentencia, siempre que su estimación no sea ni inferior, ni superior al daño efectivamente causado”» (conf. ORGAZ, Alfredo: El daño resarcible. Actos ilícitos. Buenos Aires, Bibliográfica Argentina, 1952, 163 y ss.).

»Enfoques estos que, por lo demás, son sobre los que se enrola la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la mayoría de sus Salas (v.en este sentido, la útil sinopsis en SANTARELLI, Fulvio G.: La determinación de la tasa de interés judicial. Una controversia que no saldó con el plenario “Samudio”, La Ley 2009-D, 777)». (El entrecomillado interno es nuestro).

Resumiendo:

1. El momento de la fijación del «quantum» de la deuda de dinero es distinto del de la deuda de valor. En la deuda de dinero, el quantum se sabe al inicio de la obligación (art. 765 del CCivCom). En la de valor, al momento de pago (arg. conf. art. 772 del CCivCom).

2. El momento desde el que corren los intereses moratorios en la deuda de dinero es igual al de la deuda de valor: Desde que se produjo el perjuicio (art. 1748 del CCivCom).

3. El «quantum» de la tasa de interés que resarce el daño moratorio es distinto en la deuda de dinero que en la deuda de valor. En la deuda de dinero, la depreciación monetaria es parte del perjuicio ocasionado por el retardo. Por ende, en un régimen donde está prohibido el ajuste de capital mediante mecanismos indexatorios, es justa la aplicación de una tasa bancaria que refleje dicha depreciación (v. gr., tasa activa). En la deuda de valor, no, porque esta se cuantifica al momento de pago, por lo que no hay depreciación monetaria. Por eso, sería justa la aplicación de una tasa «pura», que no contemple dicha depreciación.

Por ello, la preopinante propone fijar «”una tasa pura correlativa del 6% desde el 6/5/2013 hasta el momento de cumplimiento de esta sentencia”; y en caso de “incumplimiento”, por las razones que “infra” daré, adelanto que (…) “propiciaré que se continúe aplicando la tasa activa habitual de este Fuero Comercial” (conf. args. arts. 1, última parte y 3 del CCivCom)». (El entrecomillado interno es nuestro).

demás, la magistrada se ocupa de analizar la expresión «tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central», que aparece en el art. 768, inc.c, del CCivCom.

Al respecto, la preopinante señala lo siguiente: «De acuerdo con averiguaciones hechas desde esta Vocalía, “no hay reglamentaciones específicas del BCRA” que establezcan diversas tasas de interés moratorio para las distintas relaciones jurídicas a partir de la entrada en vigencia (…) del Código Civil y Comercial de la Nación» (conf. arg. art. 768, inc. c, del CCivCom). (El entrecomillado es nuestro).

Como puede observarse, para esta magistrada, el art. 768 del CCivCom se remite a una tasa o tasas específicas para causas judiciales que tendrá que reglamentar el Banco Central.

Sigue diciendo la camarista lo siguiente: «Así las cosas y en este estado inicial de situación, frente a la ausencia de reglamentación especial actual, el deber de los jueces de resolver (art. 3 del CCivCom) y vistos los usos, prácticas y costumbres imperantes, “juzgo que, por el momento, procede continuar con la aplicación de la tasa activa usualmente utilizada por este Fuero Comercial” (“S. A. La Razón s/ quiebra inc. de pago profesionales (art. 288)”, del 27/10/1994 y esta Sala F “Moreno Constantino Nicasio c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. s/ ordinario”, del 1/8/13.)».

»Los mismos motivos justifican, por lo demás, la utilización de la “tasa pura de interés fijada desde la mora hasta la fecha de este pronunciamiento”». (El entrecomillado es nuestro).

Estrictamente, en el punto f.4.de su voto, la preopinante propone aditar «intereses desde la mora (13/6/2013) hasta el cumplimiento de este pronunciamiento». Luego, en un párrafo del punto f.5., establece que «será fijada una tasa pura correlativa del 6% desde el 6/5/2013 hasta el momento de cumplimiento de esta sentencia; y en caso de incumplimiento, por las razones que “infra” daré, adelanto que, de momento, propiciaré que se continúe aplicando la tasa activa habitual de este Fuero Comercial». Y más adelante, en el mismo punto f.5., considera justificada «la utilización de la tasa pura de interés fijada desde la mora hasta la fecha de este pronunciamiento».

Evidentemente, «fecha de este pronunciamiento «no es lo mismo que «fecha de cumplimiento». Este tema no queda aclarado tampoco en la parte resolutiva de la sentencia, que se remite al punto f.5.

En nuestra opinión, cuantificado el monto con la sentencia de Cámara, la obligación de valor se convierte en obligación de dinero y queda sometida a la posible depreciación monetaria a partir de ese momento, por lo que, desde allí, corresponde que se aplique la tasa activa (arg. conf. art. 772 del CCivCom).

En síntesis, como el Banco Central no reglamentó las tasas previstas en el art. 768, se propone aplicar lo siguiente:

1. Una tasa pura (6% anual, según establece el fallo), desde la mora (o, en otras palabras, desde que se produjo el perjuicio, conf. art. 1748 del CCivCom) hasta el dictado de la sentencia de Cámara o hasta su cumplimiento, según como se interprete la sentencia.

2. A partir de ahí, la tasa activa prevista en el plenario «S. A. La Razón» (12) hasta el efectivo pago.

2. Los fallos «Flores» y «Panelo»

En estos fallos, veremos un análisis del tema de los intereses moratorios que conduce a un resultado totalmente distinto.

Efectivamente, en ambos casos, resueltos por el mismo Tribunal y con el voto de idéntico preopinante, el Dr.Fajre, se estimó razonable aplicar para la totalidad de los rubros, la tasa activa que surge del plenario «Samudio», (tasa activa «cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina»), desde la fecha del hecho hasta el 1.° de agosto de 2015 «y a partir de allí la doble tasa activa» hasta el efectivo pago.

En «Flores», los coactores se agravian de la tasa de interés impuesta en primera instancia, «una tasa del 6% anual y de las fechas fijadas para el inicio del cómputo de tales intereses.

En «Panelo», los coactores también se agravian de la tasa de interés impuesta en primera instancia, donde se dispuso que respecto de los gastos médicos, de farmacia y movilidad, debe aplicarse la tasa activa, mientras que los intereses sobre los montos otorgados por daño físico, psicológico, tratamiento psicológico, y daño extrapatrimonial, «deberán liquidarse al 10% anual desde la fecha del hecho y, a partir de la sentencia, debe regir la tasa activa».

Recordemos que en el plenario «Samudio», se resolvió lo siguiente: «La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

En los casos que ahora estamos viendo, los fundamentos del magistrado para apartarse de la aplicación de una tasa pura fijada en primera instancia y aplicar siempre la tasa activa son similares.

Así, en «Flores», consideró que «no creo posible afirmar que “la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a valores actuales” basta para tener por configurado una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido para el acreedor en perjuicio del deudor». (El entrecomillado interno es nuestro).

Y continuó expresando lo siguiente:

«… dispone el art. 768 del Código Civil y Comercial que:

“Intereses moratorios.A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a. por lo que acuerden las partes; b. por lo que dispongan las leyes especiales; c. en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”».

»En el caso, como sucede en todas las demandas de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito, no hay una tasa acordada entre víctima y responsable, y tampoco una establecida por leyes especiales. Por ende, “solo resta acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central”». (El entrecomillado interno es nuestro).

Por otro lado, «el art. 771 prevé que el juez debe valorar “el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”. Esto significa que, en lo que aquí interesa, desde el día del hecho el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado. Pero, además, “la tasa debe ser importante” para evitar la indeseable c onsecuencia de que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima». (El entrecomillado interno es nuestro).

«Es sabido que la fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura “resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y castigar al incumplidor”, quien se apartó de los términos de la obligación asumida en origen.La jurisprudencia ha resaltado el contenido disvalioso del incumplimiento y la necesidad de desalentarlo, conceptos que conviene recordar y tener presentes (véanse consideraciones de la mayoría en el caso “Samudio”). El orden jurídico requiere, como pauta general de conducta, que toda persona cumpla con las obligaciones que legítimamente asume y así lo ratifican las normas del CCivCom.

Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que abonan -con arreglo a la ley, los reglamentos en vigencia y los pactos válidos-, las personas que cumplen sus obligaciones con regularidad, “se desplazan las consecuencias ya apuntadas de la morosidad hacia la sociedad y, en paralelo, se beneficia a los incumplidores”». (El entrecomillado interno es nuestro).

Siguiendo con su razonamiento, el magistrado considera que, a partir de la entrada en vigencia del CCivCom no debe aplicarse la tasa activa «cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina sino una mayor, por interpretación del art. 771 del CCivCom, del que infiere como razonable una tasa que refleje “el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”».

»Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos sería la que surja de aplicar “dos veces la tasa activa, pues su resultado refleja el costo del dinero en el mercado para muchos usuarios”».

»Es razonable aplicar la tasa activa conforme surge del plenario “Samudio” desde la fecha del hecho hasta el 1.° de agosto de 2015, “y a partir de allí la doble tasa activa hasta el efectivo pago” -arts. 768, inc. c, y art. 770 del CCivCom-». (El entrecomillado interno es nuestro).

En apoyo de su postura, el vocal recuerda lo siguiente:«No puede dejar de mencionarse que “el artículo 16(re:LEG920.16) de la Ley 25.065, de Tarjetas de Crédito”, prevé que el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular “no podrá superar en más del 25% a la tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes”. Este límite, que fue convalidado por la Corte Suprema (“Proconsumer c. Banco Itaú Buen Ayre S. A. s/ sumarísimo”, del 17/5/2016, La Ley, 2016-D, 159) al no intervenir en el caso resuelto por la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial (fallo del 20/4/2012, publicado en el mismo lugar), es mayor -por el momento- a la tasa que en esta decisión se establece». (El entrecomillado interno es nuestro).

En otras palabras, para el camarista, el acreedor, cuando tuvo que financiarse debido al retardo del deudor, no pagó la tasa activa «cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina», sino que probablemente usó su tarjeta de crédito y pagó la tasa que fijan las entidades emisoras de tarjetas de crédito.

En «Panelo» el preopinante vuelve a reiterar en forma casi textual lo que expresó en «Flores»: «. no creo posible afirmar que “la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a valores actuales no basta” para tener por configurado una alteración del significado económico del capital de condena que configure un “enriquecimiento indebido” para el acreedor en perjuicio del deudor». (El entrecomillado interno es nuestro).

Sin embargo, en ninguno de los fallos, el magistrado formula un cálculo o se remite a tasa y / o porcentajes de inflación que fundamenten tal creencia.

Tal vez, la no configuración de un «enriquecimiento indebido» para el acreedor surja de la finalidad que el vocal asigna a los intereses moratorios:«Es sabido que la fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura “resarcir” al acreedor por la demora en percibir su crédito y “castigar” al incumplidor, quien se apartó de los términos de la obligación asumida en origen». (El entrecomillado interno es nuestro).

«Resarcir», pero también «castigar» al deudor, para desalentar el incumplimiento, parece ser el criterio del magistrado, por lo que, si el acreedor recibe, por hipótesis, una cantidad mayor a la que hubiera correspondido para resarcir el daño moratorio, igualmente esto no configuraría un «enriquecimiento indebido», pues esa cantidad mayor tendría como causa la sanción o castigo impuesto al acreedor, lo que no deja de ser interesante, en especial en casos de mora por dolo del deudor, pero que choca con el precepto del art. 1740 del CCivCom, que al referirse a la denominada «reparación plena», prescribe que esta consiste en la «restitución de la situación del damnificado “al estado anterior” al hecho dañoso».

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN: ¿INAPLICABILIDAD DEL ART. 768 A LAS OBLIGACIONES DE VALOR?

A riesgo de parecer exagerados, en materia de liquidación de intereses en casos de responsabilidad civil estamos en pañales, con ausencia de reglas claras y mucha dispersión jurisprudencial.

El CCivCom puede ser una herramienta que sirva para homogeneizar las soluciones judiciales.

En adelante, se supone que en las sentencias se tiene que determinar lo siguiente:

1. «La fecha en que se produjo cada perjuicio», dado que es la fecha a partir de la cual comienzan a correr los intereses (art. 1748 del CCivCom).

2. «La fecha en la que se cuantifica o cuantificará la deuda de valor», fecha a partir de la cual la deuda pasa a ser de dinero (art. 772 del CCivCom).

3. «La concreta tasa por utilizar», dado que no basta con remitirse a tasas genéricas, como «la activa del Banco Nación», puesto que los bancos poseen varias tasas activas. Para ello, es fundamental lograr una interpretación uniforme del art. 768, inc. c, del CCivCom.En nuestra opinión, el texto de este inciso faculta al juez para elegir cualquiera de las tasas bancarias que se utilizan en el sistema financiero conforme a la regulación que al efecto establece el BCRA pero, al mismo tiempo, el juez está limitado a elegir una de las tasas bancarias que se utilizan en el sistema financiero conforme a la regulación que al efecto establece el BCRA, o sea, «no puede inventar una tasa pura, algo que sí le permitía el art. 622 del Código derogado». A lo sumo, podrá elegir la tasa bancaria más baja, si entiende que la depreciación monetaria fue tenida en cuenta al cuantificar el capital de condena a valores actuales, o una más alta si se acredita en juicio de que el damnificado tuvo que pagar altas tasas para financiar la mora del deudor.

Si consideramos que el art. 768 se aplica a las obligaciones de valor, al cuantificarse el capital de condena a valores de la época de la sentencia, es razonable utilizar una tasa que se limite a reflejar «el costo de la demora», sin incluir la depreciación monetaria, por lo que puede ser aceptable una tasa pasiva (13). Esta tasa se usará para liquidar el interés moratorio desde que se produjo el perjuicio (art. 1748 del CCivCom) hasta la cuantificación de la deuda. Una vez cuantificada la deuda, esta pasa a ser de dinero (art. 772 del CCivCom), por lo que «el costo de la demora» debe incluir la depreciación monetaria, por lo cual la tasa de interés a partir de allí y hasta el efectivo pago debería ser la tasa activa (14).

En cambio, tratándose de obligaciones de dar dinero, «el costo de la demora» debe incluir la depreciación monetaria desde que se produjo el perjuicio, por lo cual la tasa de interés a partir de allí y hasta el efectivo pago debería ser la tasa activa.

En nuestra opinión, el art. 768 no parece adecuado para las obligaciones de valor.En ese sentido, Pizarro (15) declara que la tasa de interés aplicable para las obligaciones de valor es la tasa de interés puro y que recién que opera la cuantificación en dinero del valor adeudado, se aplica la tasa de interés moratorio que corresponde para las deudas dinerarias.

Lo anterior nos induce a pensar que otra posibilidad estriba en interpretar que el art. 768, en especial su inciso c, «solo se aplica a las obligaciones de valor a partir de su cuantificación». Dicho de otra manera, el citado inciso no se aplica a la obligación de valor, sino solo a la de dar dinero. La ubicación del artículo, dentro del parágrafo referido a las obligaciones de dar dinero y antes de la regulación de la obligación de valor (art. 772), induce a formular el precedente aserto.

Entonces, desde el perjuicio (art. 1748 CCivCom) y hasta la cuantificación, el juez no está constreñido a elegir una tasa bancaria, sino que puede utilizar una tasa pura o inclusive «otro mecanismo para cuantificar el daño moratorio en la obligación de valor».

No es original nuestro planteo, pues ya en 1972 el Dr. Luis Moisset de Espanés escribió un artículo (16) donde, entre otros muy interesantes conceptos, expresa lo siguiente:«Si nos limitamos a adoptar una posición rigurosamente lógica, en teoría pura, es evidente que “en las obligaciones de valor no puede deberse intereses, porque el interés es el fruto civil del dinero”, y si no se debe “dinero”, sino un “valor”, no se deberán intereses, porque no hay capital en dinero que genere interés». (El entrecomillado interno es nuestro).

Más adelante, el maestro señala que «frente a la posición mayoritaria, que sostenía que «en las obligaciones de valor se debe la suma actualizada, más un interés», nosotros pensábamos que, en las obligaciones de valor, no se debe interés, sino que se debe «el valor reactualizado en una suma de pesos, más un rubro de daños, que también será traducido en pesos, por la privación del valor», y el importe de esos daños deberá ser apreciado por el juez». (El entrecomillado interno es nuestro).

Es decir, el daño mora torio consiste en la demora en entregar un valor. El deudor se vio privado durante un tiempo de un valor (v. gr., el equivalente en pesos a la reparación del automotor) y esa privación lesionó su derecho de propiedad.

4. Por último, es conveniente que, en la sentencia, el juez se expida sobre «la capitalización o no del interés» (17), por aplicación del inc. b y / o del inc. c del art. 770 del CCivCom, en su caso.

Hoy día, si se recorren repertorios jurisprudenciales, se puede observar cómo, con gran frecuencia, faltan algunos de estos datos en las sentencias de primera y segunda instancia, con grandes problemas en la etapa de ejecución.

Sin ir más lejos, en el fallo «Ramírez» -arriba citado-, en un voto que no se destaca por su claridad, el segundo vocal en votar, el Dr. Barreiro, a cuyos fundamentos adhiere el tercer integrante del Tribunal, el Dr.Ojea Quintana, señala que «en punto a los intereses que se establecieron para el caso de incumplimiento de la condena (.) tal tópico no se ve alterado por lo legislado en el Título V, Sección 2 de la Ley 26.994 , desde que el perjuicio que se repara quedó consumado al amparo de la legislación anterior. Ante esa coyuntura, sería impropio de la función jurisdiccional resolver la cuestión bajo el prisma de la normativa ahora vigente».

Dado que en la parte resolutoria de la sentencia se ordena liquidar los intereses «según lo dispuesto en el punto V f 5» y el único voto que contiene el citado «punto V f 5» es el de la preopinante, cabe interpretar que los dos vocales «solo disintieron en lo referente a la aplicación temporal del CCivCom a la cuestión, y no en cuanto a las tasas y períodos de liquidación propuestos en el primer voto». Sin embargo, una sentencia no tendría que dejar ninguna duda al respecto.

En definitiva, cuando el art. 3 del CCivCom establece que el juez debe resolver «mediante una decisión razonablemente fundada» , esto supone la explicitación, tanto en los considerandos como en la parte resolutoria, de las razones que tuvo para subsumir el caso concreto en una o más normas específicas y explicar claramente todos los aspectos que hagan a la ejecución de la sentencia, evitando los sobreentendidos que suelen despertar perplejidad y dudas tanto en los justiciables como en los abogados intervinientes.

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(1) «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en pleno, 20/4/2009, MJJ43082 .

(2) Criterio que ahora aparece en el art. 1748 del CCivCom, sobre el que volveremos más adelante.

(3) Ahora expresamente consagrado en el art. 1710 del CCivCom.

(4) Con agudeza, el Dr.Mayo, en su voto en «Samudio» agrega que «no es a través del manejo indiscriminado de la tasa de interés que pueda arrimarse a una indemnización justa, privilegiando al accesorio (el interés) sobre lo principal».

(5) VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto: «La responsabilidad civil profesional en el nuevo Código». Disponible en el siguiente enlace web: http://thomsonreuterslatam.com/2015/04/08/doctrina-del-dia-la-responsabilidad-civil-profesional-en-el-nuevo-c
digo-autor-roberto-a-vazquez-ferreyra/.

(6) El concepto de tasa «impura» es más amplio: una parte de la tasa bancaria también está destinado a absorber el riesgo de incobrabilidad. La tasa también puede absorber costos tributarios, etcétera.

(7) No confundir el concepto de «daño compensatorio», mencionado más arriba, con el de «interés compensatorio». El daño compensatorio persigue restituir a la víctima al estado anterior al daño, mediante la entrega de un capital en dinero (generalmente) o en especie que sea equivalente al bien o bienes perdidos por el evento dañoso. El interés compensatorio es el precio del uso del dinero ajeno y no tiene que ver con la existencia de un daño previo.

(8) Estrictamente, desde el perjuicio ocasionado por el incumplimiento de la obligación preexistente o del deber genérico de no dañar. Sobre nuestras prevenciones respecto del término «mora», nos remitimos a lo expuesto «supra».

(9) Cámara Nacional en lo Comercial: Sala F, 7/7/2016.

(10) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: Sala H, 20/2/2017.

(11) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, 15/3/2017.

(12) Respecto de la vigencia de los plenarios en la justicia nacional, recordemos que la Ley 26.853 (BO: 17/5/2013) derogó los arts. 302 y 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) que aludían a la convocatoria a plenarios y la fuerza obligatoria de los mismos. Según el art. 15 de dicha ley, la misma «entrará en vigor a partir de su publicación.Una vez constituidas las Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aun a los que se encuentren en trámite». La idea era que la función que cumplían los plenarios pasaría a ser desempeñada por las nuevas Cámaras Federales de Casación (sobre las materias Contencioso Administrativo Federal, Trabajo y Seguridad Social y Civil y Comercial). Sin embargo, todavía las mismas no han sido puestas en funcionamiento, lo que motivó distintas interpretaciones jurisprudenciales.

Al respecto, recomendamos la lectura del artículo del Dr. Demetrio Alejandro Chamatropulos, «La prescripción en la relación de consumo y su regulación en el Código Civil y Comercial», publicado en RCCyC, el 1/7/2015, 229, Cita Online: AR/DOC/2134/2015.

(13) Como expresábamos más arriba, nos referimos a una tasa pasiva «concreta»; v. gr. «la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos».

(14) Nuevamente, hablamos de una tasa activa «concreta».

(15) PIZARRO, Ramón D.: «Obligaciones de dar dinero y en moneda extranjera» (ponencia), XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca, Comisión N.º 2, año 2015. Disponible en el siguiente enlace web: http://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/09/Pizarro_-OBLIGACIONES.pdf.

(16) MOISSET de ESPANÉS, Luis: «Las obligaciones de valor actualizadas y la tasa de interés», en Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es un artículo de lectura «obligatoria» -diríamos- para los que se interesan en el tema. Disponible en el siguiente enlace web:http://secretarias.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/las-obligaciones-de-valor-actualizada-y-la-tasa-de.

(17) Por ejemplo, en «Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros- en la causa “Elena Margarita Aranda y otro c/ Luis Ángel Ferreyra y / o Batallón de Ingenieros de Combate 141 E. A. s/ beneficio de litigar sin gastos indem. Por daños y perjuicios – daño moral (sumario)”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo suyos los fundamentos y conclusiones de la Procuradora Fiscal quien dictaminó que “la capitalización de accesorios solo procede -en los casos judiciales- cuando liquidada la deuda el juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo (véase el art. 623 del anterior CCiv y art. 770, inc. c , del CCivCom, vigente desde el 1 de agosto de 2015). Para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser intimado al pago, pues solo si entonces este no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación impaga (v. Fallos: 326:4567 )».

(*) Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón). Abogado, egresado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor Titular de «Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios», Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana. Director de Capacitación y docente de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Autor. Publicista.