El proceso laboral a la luz de la «teoría general de la estrategia jurídica»

Autor: Occhi, Nicolás A.

Fecha: 11-ago-2017

Cita: MJ-DOC-11955-AR | MJD11955

Sumario:

I. ¿Qué es la «estrategia jurídica»? Beneficios de un enfoque tridimensional del derecho. II. La docencia de la estrategia jurídica es fuente de conocimiento procesal. III. Lo que una reforma procesal laboral no puede ignorar. IV. Los frentes estratégicos del proceso laboral que urgen pertrechamiento. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

Doctrina:

Por Nicolás A. Occhi (*)

RESUMEN

El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ya no es el «Nuevo Derecho» que asomaba a finales del siglo XIX. Pero así como la especie ha madurado científicamente, ahora se enfrenta al siglo XXI que no constata exclusivamente modificaciones en los sistemas productivos. Los avances en las Tecnologías de Información y Comunicación (las TIC), la globalización y las variaciones en el papel del Estado dan cuenta de una nueva era. Y la dinámica posmoderna no solo exige resiliencia, sino adaptación preventiva. Desde una perspectiva integrativista del Derecho, las investigaciones dan cuenta de la «estrategia jurídica» como concepción y formación imprescindible para pensar y practicar el derecho. Específicamente en relación con el ámbito laboral, entendemos que la creación y aplicación de normas procesales pueden ser abordadas con una postura que considere el dominio de las variables que excedan los meros dispositivos rituales, a fin de una reforma judicial global. Conjeturamos que dicho esquema debe ponderar la distribución territorial de los jueces, las prácticas cotidianas de los operadores de Derecho, las actividades empresariales locales, y las oscilaciones cuantitativas de litigios, entre otros factores, para así poder explotar eficientemente los recursos existentes.

I. ¿QUÉ ES LA «ESTRATEGIA JURÍDICA»? BENEFICIOS DE UN ENFOQUE TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO

La estrategia jurídica es una teoría derivada de la teoría trialista del mundo jurídico; es decir que se nutre de la perspectiva integrativista cimentada en la obra de Werner Golschmidt. El trialismo ha sido resumido de la siguiente manera:«. sostiene que el derecho debe ser construido con repartos (dimensión sociológica) descriptos e integrados por normas (dimensión normológica) y valorados ambos por un complejo de valores que culmina en la justicia (dimensión dikelógica). Los repartos son adjudicaciones de lo que favorece o perjudica la vida (“potencia” e “impotencia”) que provienen de la conducta de seres humanos determinables» (1).

No obstante, el tema puntual que abordamos ha alcanzado un grado de desarrollo bibliográfico suficiente para ser explicado y aplicado singularmente como «Teoría general de la estrategia jurídica». Sin lugar a dudas, Ciuro Caldani (2) es su más preclaro exponente, y él la define como «la ordenación de los medios para lograr el objetivo general de Derecho perseguido» y a la táctica jurídica «como los medios específicos para el cumplimiento de esa estrategia» (3).

La estrategia jurídica es la promoción de una contrarreforma. La limitación a las limitaciones que el «pensamiento exegético», con su deductivismo silogístico, esparció por la enseñanza del Derecho. Se implantó la idea de que todo abogado se vincula al ejercicio de la actividad tribunalicia y estatal, atribuyendo confesadamente los planteos superiores al legislador y otros ámbitos de la política. La propia teoría reconoce que la estrategia jurídica requiere, sin excepción, de un alto grado de creatividad que hace imposible asegurar la erudición. A pesar de ello, estima que es indispensable para promover la comprensión dinámica del Derecho y afrontar las exigencias de la posmodernidad (4).

El pensamiento estratégico no desdeña la casuística tribunalicia, sino que la enriquece ampliando la visión sobre los intereses puestos en juego, erradicando puntos ciegos, debido a que la radicalización del estudio del caso concreto puede acabar en un individualismo contraproducente.En rigor, uno de los campos donde mejor se comprende la interacción entre estrategia y táctica es en el «análisis de los casos». Por ejemplo, ante un pleito laboral, el abogado debe saber elegir entre las pautas de competencia territorial, a sabiendas de que por la organización judicial, podrá intervenir un juez civil o uno laboral. O si, según la premura del trabajador, es conveniente avanzar por la vía conciliatoria o judicial; de modo que el propósito táctico esté orientado siempre por el objetivo del cliente apremiado (como suelen ser todos los exdependientes). Y es que todo trabajador, además de ser un sujeto de preferente tutela jurídica, es un ser humano con un proyecto de vida, más o menos consciente, que su defensor particular debe comprender, para luego conducir el conflicto. Así, no pocas veces en la historia humana, las crisis económicas obligaron a migrar a los trabajadores, elevando el costo de oportunidad que conlleva la continuación de un proceso judicial, en vez de una pronta transacción. Por paradojal que parezca, una interpretación reduccionista (normativista) del principio de irrenunciabilidad es condigna de renuncias vitales para el presunto tutelado.

El laboralista debe tener cabal comprensión de los principales fenómenos económicos, como la depreciación monetaria que puede implicar que una conciliación importe un desplazamiento económico más favorable al trabajador que un procedimiento ejecutorio de sentencia. De ahí proviene que Ciuro Caldani recuerde la célebre historia de Pirro II: «Con otra victoria como esta estoy perdido»; y por ello todas las pretensiones que no tengan en cuenta el despliegue sociológico no merecen llamarse «estrategia».

Por el mismo orden de razones, el legislador de algo tan delicado como la normativa procesal laboral no ha de recostarse en la usual práctica de traducir o trasvasar «mutatis mutandi» textos legales de otros territorios, más o menos cercanos, aspirando a que las normas comporten -con autonomía- un cambio estructural del aparato judicial junto a la idiosincrasia de los operadores jurídicos.Aunque pase inadvertido, la secesión de reformas procesales de toda investigación sociológica precedente o concomitante conspira contra la implementación (eficiencia) o resultado (eficacia) de las enmiendas.

II. LA DOCENCIA DE LA ESTRATEGIA JURÍDICA ES FUENTE DE CONOCIMIENTO PROCESAL

Así como compartimos que, sin observación de la realidad, no hay estrategia, también es valor entendido que a ella le resulta ineludible el aprovechamiento de toda oportunidad, generada incluso por los tropiezos del contrincante. La teoría sustenta como fundamento de toda estrategia: al reconocimiento de los protagonistas, lo que comprende el autoconocimiento; la capacidad de conjeturar cómo se desenvolverán los acontecimientos y cómo decidirán los demás, para luego influir en su propio curso de acción; y, en el ámbito judicial, se requiere en mayor medida imaginar cómo decidirán los jueces para persuadirlos del modo deseado.

Cierta estrategia forense especula con que el litigio es una guerra en la que no hay nada vedado. En sistemas de juicios escritos, ciertos abogados patronalistas, aprovechando la congestión judicial, dilatan a sabiendas los procesos, a fin de clausurar los períodos de prueba y de aumentar la probabilidad del rechazo de la demanda laboral. Que la táctica violente la ética profesional o infrinja la ley misma no le resta efectismo al momento de resolver la controversia. No se confunda, la teoría no alaba ni justifica las conductas polémicas, sino que se contenta con exponer «lo dado».

En naciones federales, como lo es la Argentina, estos parámetros aparecen agravados en complejidad e importancia desde que el operador se enfrenta a veinticinco códigos de formas, veinticinco tribunales de instancia extraordinaria y, en definitiva, a veinticinco organismos vivientes que tienen su propio entramado social e ideológico.

Estas apreciaciones siquiera son formuladas en la mayoría de las carreras de grado y posgrado. Todavía más, los currículos -en su silencio- dan por sobreentendido que la práctica judicial se trata de un saber transmisible por experiencia o un aprendizaje similar al de los gremios de la Edad Media.Los programas de derecho del trabajo se explayan en la historia y autonomía del derecho procesal laboral, la organización foral y los dispositivos rituales. Pero, mientras las lecciones del estudiante pueden consistir en plazos o trámites que no se corresponden con los hechos, al profesional en una instancia ulterior se le da por sentado el contacto con las vivencias mencionadas.

De todas formas, de asumirse que la formación completa del «iuslaboralista» no es prioritaria, lo que importa señalar es que la enseñanza de la estrategia jurídica en estudios de posgrado plantea una instancia de producción de conocimiento en sí mismo.

Nos permitimos una breve ilustración. En la asignatura «Taller de Análisis Jurisprudencial y Resolución de Casos» (5), la evaluación final consiste en que el abogado plantee un caso real y lo resuelva con la «Teoría general de la estrategia jurídica», desde la perspectiva del abogado o del juez. Merced a esta actividad pedagógica, se pudo determinar que, en una circunscripción judicial de Santa Fe, los trabajadores preferían tramitar sus causas en el juzgado civil de su domicilio porque había un único juez laboral en una ciudad más lejana y, en razón de la especialidad, demorado por el mayor caudal de litigios. Por si fuera poco, el mismo ejercicio demostró que los empresarios tenían pleno conocimiento de la situación, por lo que contrataban para su defensa a un abogado determinado, pues sabían que el juez civil se excusaba de intervenir frente a ese letrado. Esa táctica despiadada, denominada por Ciuro Caldani «plusmodelación personal» (6), que se aprovecha de un mapa judicial defectuoso, implica el desplazamiento del trabajador y de la prueba a otro punto geográfico, conllevando un mayor costo para aquel y para la sociedad toda, además de la morosidad exponencial y sistemática de ese juez laboral.

Basta ese mero saber adquirido para que comparezca la enorme utilidad de abordar la estrategia jurídica en la enseñanza, investigación y formulación del sistema procesal laboral.Estas elaboraciones bien podrían inspirar las reformas necesarias que evitasen los juicios laborales teñidos de tácticas y estrategias valorativamente sospechosas.

III. LO QUE UNA REFORMA PR OCESAL LABORAL NO PUEDE IGNORAR

El objetivo es alcanzar el proceso laboral más idóneo o, lo que es lo mismo, el que permita la efectiva concretización oportuna de los derechos sustantivos del trabajo. Como sostuvimos, ese plan necesita computar los medios al alcance, siendo relevante tener propósitos de corto, mediano y largo plazo. Nótese que la nueva Ley Procesal del Trabajo (7) de Perú implementó progresivamente la oralidad mediante un Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y resoluciones administrativas que aplicaron la reforma asincrónicamente en los distritos judiciales.

«A priori», se podría decir que los primeros parámetros por tomar para escoger la profundidad de una reforma son los siguientes: a. la disponibilidad presupuestaria, b. el volumen de causas en trámite, c. una estructura apta para capacitar a los funcionarios y empleados de un ulterior sistema.

El primer ítem exige un tejido social que inste al Estado para forjar un plan institucional, una organización que soporte el desarrollo de la iniciativa y, como era de esperar, que esté dispuesto a sufragar el costo económico. Svetaz recorre con una crónica la génesis de la elaboración legislativa: «El ciudadano individualmente o los grupos de interés manifiestan una necesidad social; el intelectual, el docente o el experto aconsejan resolver esa demanda en particular a través de la sanción de una nueva ley o la derogación o la modificación de una ley existente; y ellos se suman en una tarea destinada a convencer al legislador sobre la procedencia de la cuestión.Todos intentan influir sobre él para que decida hacer suya la iniciativa e inicie el procedimiento legislativo» (8).

Especialmente vinculado a lo anterior, aparece la segunda cuestión de «la deuda latente». A mayor cantidad de causas morosas, será necesario un mayor gasto presupuestario o un desarrollo más paulatino con normativas de transición (como acaeció con la conversión oral del proceso penal santafesino, de acuerdo con la Ley 12.734 ).

El último punto suele estar relacionado a una vanguardia de académicos y funcionarios que comienzan a impartir cursos, seminarios y congresos sobre la necesidad y justeza de reformar el sistema imperante, tanto en el seno del Poder Judicial como en las universidades u organizaciones no gubernamentales (ONG). Vale aclarar que estos propulsores repercuten en la toma de la decisión política por ser los asesores externos (9). La creación de institutos, la presentación de proyectos legislativos y el uso que hagan de los medios de comunicación social pueden coadyuvar a crear la necesidad, a acentuarla y, luego, a formar a los nuevos funcionarios.

Dentro de la planificación, cabe aconsejar la previsión de objetivos máximos y mínimos, normas no dirimentes que hagan las veces de fusibles, a fin de que trances inesperados no retrotraigan toda la iniciativa. Esto lo evidencia Costa Rica, cuya Reforma Procesal Laboral fue sepultada casi cuatro años por el veto de la presidente Laura Chinchilla, debido a que -según se dijo- facilitaba la huelga de servicios públicos esenciales, como la educación, la salud y el transporte (10). Aunque el nuevo presidente, Luis Guillermo Solís, levantó el veto el 12 de diciembre de 2014 para que comience a regir en mayo de 2016, la Alianza Democrática Cristiana impugnó la decisión ante la Sala Constitucional (11). A la postre, la Sala IV anuló el veto de Chinchilla, desapareciendo por completo la Reforma (12). Aparece inevitable vincular el hecho con la recordada frase de Lenin:«Un paso adelante, dos pasos atrás».

Para evitar las tensiones entre los autores de las normas y los encargados de su funcionamiento siempre -y destacamos el «siempre»- se manifiesta la necesidad de los siguientes aspectos: a. aperturismo a los sectores involucrados, es decir, colegios de abogados, colegio de jueces, miembros académicos, juristas que lideren corrientes de pensamiento, y dentro de nuestra especial rama a los sindicatos; b. transparencia en el debate institucional, sin secretismos típicos de las comisiones de labor parlamentaria; c. evitar cambios copernicanos contra la jurisprudencia de los tribunales superiores o la compuesta por la mayoría de los operadores judiciales. En referencia a esto, vale rememorar el fracaso de la Ley argentina 26.773 (BO: 26/10/2012) al intentar renovar la vigencia de la instancia administrativa obligatoria para los infortunios laborales, pero al no atender en lo más mínimo a la jurisprudencia monolítica (13), su declaración de inconstitucional jamás menguó. Ello, denota la importancia de brindar razones a los jueces para adecuar sus criterios a las nuevas normativas.

Por otro lado, la distribución de participaciones sectoriales legitima el resultado, pero operativamente conviene discernir responsabilidades sobre determinados protagonistas en cada respectivo actor social, a fin de que haya toma de decisión, y la iniciativa no se diluya en una horizontalidad extrema. El presidente de la Corte nacional argentina expone que el diseño de un sistema de decisiones descentralizado es clave para comprender que, entre los consensos y conflictos, no es imprescindible que haya oposición, sino que puede haber una relación de complementación (14). De cierto modo, la expresión «política de Estado», seguida de una práctica acorde a ese nombre, colabora en el mantenimiento y fortalecimiento de la estrategia para sentar las bases de una reforma procesal laboral integral. Y es que la colaboración hacia un ideario de conquista colectiva despeja las consideraciones individuales desmedidas.

IV. LOS FRENTES ESTRATÉGICOS DEL PROCESO LABORAL QUE URGEN PERTRECHAMIENTO

Con el capitalismo, como describe Ernesto Sábato en «Hombres y engranajes», el reloj pasó de ser un medio a un fin.Así es como en la Edad Media, los campanarios eran para las ciudades un signo de autonomía porque las dotaba del ordenamiento del trabajo. Actualmente, en la era de las TIC, que han revolucionado los mercados globales y los medios de comunicación, las personas se ven sumergidas en un «tiempo subjetivo» donde todo fluctúa vertiginosamente, y en consecuencia, resulta cada vez más intolerable un proceso judicial que, en términos relativos, es cada vez más largo.

Parafraseando a Couture, en el proceso laboral, el tiempo es más que oro, es supervivencia. Básicamente, la morosidad judicial vinculada a créditos alimentarios como los laborales, torna ilusorio hasta el más perfecto marco protectorio sustantivo. La cotidiana situación del trabajador «a la intemperie» hace que la «guerra de desgaste» sea la táctica más extendida por los demandados en los tribunales del trabajo. La posición del empresario rara vez es igual o menos consolidada económicamente que la del demandante, y la prolongación del juicio solamente renueva su fortaleza.

La táctica defensiva también consiste en citar a terceros, oponer excepciones dilatorias o incidentes innecesarios para bloquear las demandas; especialmente si logran, previo a la sentencia definitiva, alguna imposición de costas, forzando todavía más al trabajador hacia un «mal arreglo que un buen pleito». Cuando no ocurre lo anterior, probablemente el demandado se solace en una simulada insolvencia.

Lo visto guarda relación con que el derecho laboral nace de la desigualdad de los contratantes, coincidiendo generalmente «el atacado» con el empresario deudor. Esa usual posición es un rasgo sustancial porque el objetivo de todo defensor / demandado es resguardar y se confirma lo que comprobó el militar prusiano Clausewitz, cuando decía lo siguiente: «Resguardar es más sencillo que vencer, de lo que se desprende que si los instrumentos en ambos bandos son similares, la defensa será más sencilla que el ataque. Pero ¿en qué consiste la mayor sencillez del resguardo y la protección? En que todo tiempo inactivo incline la balanza en favor del defensor.El defensor recoge donde no se ha sembrado. Toda detención en el ataque, ya sea causada por ideas equivocadas o por el temor a la insensatez, beneficia al defensor» (15).

Además, en los ordenamientos donde se habilita el «pacto cuota litis» (16), se produce un desdoblamiento de intereses patrimoniales que, según sea el caso, puede distorsionar el asesoramiento del letrado hacia el trabajador, puesto que el abogado también puede estar incentivado crematísticamente por un pronto desenlace. Desde Julio César, se recuerda en este mundo la máxima «Divide y vencerás» (del latín «divide et impera»).

A continuación, analizaremos las «contraofensivas» que el derecho procesal laboral ha venido desplegando en diversas normas, no sin antes prescribir algunas que nos parecen tan medulares como ausentes, hasta ahora.

1. La táctica de la «Guerra relámpago» (Blitzkrieg) contra el incumplimiento de la norma laboral sustantiva

Arese puntualiza como fuente material de conflictos laborales a lo siguiente: las condiciones laborales peligrosas; la irregularidad registral; y el desconocimiento de derechos laboral y de la seguridad social. Especifica lo siguiente: «Eliminar los supuestos germinales de los conflictos aparece como la primera deuda, y esto depende fundamentalmente de la inspección laboral y de la seguridad social que se encuentra bajo competencia del Poder Ejecutivo» (17). Coincidimos en que es imposible analizar el funcionamiento de la justicia aislado de la efectividad real de las normas laborales pero, bajo la doctrina universal del causalismo, hallamos un eslabón que antecede a esa responsabilidad estatal de control.

Después de las trincheras de la Gran Guerra, Alemania comprendió la importancia táctica de evitar mantener «teatros de operaciones» bloqueados.El éxito era asequible mediante una acción que evitara o inutilizara la organización defensiva del adversario (18). Del mismo modo, dependiendo del esquema constitucional de cada país, nos parece imprescindible que el legislador laboral se precipite sobre los factores que permiten el incumplimie nto de la normativa de fondo, entre los que se encuentran la facilidad de la defensa del empleador.

En muy pocas oportunidades, la legislación laboral formal ha establecido una determinada tasa para el interés moratorio de los créditos laborales (Ley 14.399 , Boletín Oficial de 12/12/2012). En la República federal Argentina, se decidió que era inconstitucional que una provincia estableciera por ley la tasa activa para todas las deudas laborales morosas, en tanto se entendió que esa materia era exclusivamente nacional (19). Sin embargo, las empresas hacen previsiones sobre ese pasivo contingente, teniendo un rol preponderante la fijación judicial de los intereses. Mientras que el empresariado observe al litigio como un canal de financiación alternativo y previsiblemente ahorrativo, la ejecución de las obligaciones a su cargo se recuesta en la buena fe contractual.

Dado que en algunos países unitarios, la parte sustancial y formal laboral se encuentra hermanada en una misma codificación (v. gr., Chile) (20), tampoco parece descartable prever el «valorismo» del crédito laboral o, en otras palabras, su actualización en función de la depreciación monetaria, sin perjuicio de recargar el monto con el interés moratorio que cabe al trabajador por la privación temporal de su crédito. Remarcamos que la indexación debe ser conforme el aumento generalizado de precios al consumidor, y no según el incremento salarial promedio de los trabajadores, que a veces puede quedar a la zaga de la inflación.El empleador debe tener cabal conocimiento de que jamás deberá sustancialmente menos por estar frente a los estrados judiciales.

El último ataque a la tentativa de hacer previsiones financieras insensibles es la consagración legal del «anatocismo» para el crédito laboral; es decir, la capitalización de los intereses devengados desde la interposición de la demanda laboral. Solo así, la mora judicial se transforma en un arma de doble filo, que preocupará tanto al trabajador como al mismo demandado.

La carencia de una estrategia legislativa laboral en la Argentina ha provocado un escenario inmanejable (21) en el que un acreedor civil o comercial puede pactar el porcentaje de los intereses moratorios, mientras que los del trabajador se ajustan conforme la tasa que defina el Banco Central de la República Argentina (BCRA), según se desprendería del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 768 ). En tanto, el acreedor civil y el comercial poseen el anatocismo desde la interposición de la demanda; no el trabajador (CCivCom, art. 770 ). En cuanto a indexación, el contador de una quiebra sí tiene derecho a ella, pero no los créditos laborales en la falencia (cfr. Ley 27.170 , BO: 8/9/2015, art. 1). Todavía peor, en una provincia, los honorarios del abogado del trabajador están indexados, mientras el crédito de su cliente trabajador es nominal y se paga a cifra histórica (art. 32 de la Ley 6767 de Santa Fe, conforme al texto enmendado por la Ley 12.851 ).

Arese justifica las bases de una reforma integral del proceso laboral en que la mora judicial «. alude a la violación diaria y sistemática del derecho de acceso a tutela judicial efectiva laboral asegurada por instrumentos fundamentales sobre derechos humanos laborales» (22). Pese al acierto, mantenemos que son las señaladas carencias normativas las que han llevado a concluir comúnmente que la mora judicial es una privación unilateral hacia el trabajador.En efecto, si observamos que la prolongación de un juicio laboral es usualmente una decisión del deudor demandado, en algún grado calculada, el acomodamiento de los costos para mantener la controversia, adecuará el planteo estratégico empresarial para que el proceso judicial sea el último recurso.

2. Juicio oral y alternativas

Para enfrentar el flanco más descubierto, la mora judicial, el derecho procesal laboral en Iberoamérica se encuentra en franca consolidación hacia la oralidad, con el apoyo de las tecnologías de punta. Pero en diversas latitudes de la misma geografía, principios que se estimaban hitos inmutables como la congruencia judicial, son enfrentados por normas novedosas.

Ya la exposición de motivos del primer Código Procesal del Trabajo de Colombia (Decr. Ley 2158, de 1948) prescribía que, en sesiones públicas, el sistema de la oralidad «. es el adecuado para decidir los litigios del trabajo por la economía de tiempo y dinero que implica» (23). Además, el mismo mensaje se adelantó al bagaje de la «Teoría general de la estrategia jurídica» para justificar la regla de la eventualidad: «. que obliga a las partes desde el principio -en la demanda y su contestación- “cuáles son los medios de ataque y defensa”» (24). Todavía vigente (25), esta normativa también contravino el ligamento entre proceso judicial y congruencia judicial, facultando al magistrado a sentenciar «ultra y -resalto- «extra petita» (26).

Sin agotar el listado, Brasil, Chile (27), Colombia (28), Ecuador (29), Nicaragua (30), Perú (31), Uruguay (32) y Venezuela (33) son algunos de los ejemplos iberoamericanos donde se debaten oralmente los juicios laborales. El proceso laboral escrito se ve acotado en América del Sur a la mayoría de la Argentina, como república federal, Bolivia (34) y Paraguay (35).

A todas luces, no es dable abordar este tema en una dimensión mayor al aislamiento de normas innovadoras dentro del juicio oral laboral. En rigor, como pongo de relieve, su implementación no es sencilla.La misma Colombia, pese a la tradición remarcada, sancionó la Ley 1149, de 2007, bajo una denominación por demás de sincera: «Para hacer efectiva la oralidad en sus procesos» (36).

a. Un primer paliativo flamante es la descomprensión de la audiencia de debate. Excepciones, resoluciones interlocutorias no susceptibles de apelación o que antecedan a la conciliación, o las posteriores a la sentencia son «excepciones a la oralidad» (Colombia).

b. El segundo rasgo es consecuencia del primero: establecer una única audiencia preliminar a la del juzgamiento para depurar el núcleo decisorio. En Colombia, recibe el nombre detallista de «audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio». Ahora bien, la ley fija que las dos únicas audiencias sean correlativas en el mismo día hasta que el objeto esté agotado.

c. Del mismo modo que los códigos fueron reemplazando el sistema tasado de la valoración probatoria por el de la «sana crítica», se eliminan los dispositivos rígidos de admisibilidad de pruebas, otorgando más facultades para practicar la prueba y presidir las audiencias (límite de testigos por cada hecho). La regla de la inmediación procesal del juez está entroncada a los orígenes del proceso laboral.

d. Tanto en las audiencias preliminares como en las de juzgamientos, las legislaciones formales son cada vez más demandantes de la regla de concentración. Es que la multiplicación de audiencias, en términos operativos equivale a las mentadas escaramuzas (37), dilapidando tiempo y recursos. El aplazamiento y las secuelas de audiencias son otro factor que conspira contra la gestión judicial.

e. Otra peculiaridad, ahora en el ámbito instrumental, es que el proceso se deja de documentar en libros foliados para introducir sistemas de grabación electrónica o magnetofónica, quedando las actas limitadas a constatar la intervención de partes, apoderados, testigos y auxiliares de justicia, documentos presentados y decisiones que suspenden o reanudan el debate (Ley 1149/07). En suma, los secretarios que expedían actas son sustituidos por medios técnicos que ofrezcan seguridad en el registro.

3.La conciliación obligatoria sin judicialidad sobreestimada

Es una medida que aparece consagrada en las primeras leyes. La conciliación obligatoria se concibió históricamente como una norma de orden público, la posibilidad de evitar el desgaste de las partes y de la administración de justicia se estimuló bajo la nulidad del proceso que obviara ese mecanismo alternativo de solución de controversia. En otras oportunidades, el legislador entendió que eliminar ese intento descongestionaba la justicia (v. gr., Ley 23/91, de Colombia).

En los poderes judiciales en crisis, cabría preguntarse la posibilidad de que funcionarios judiciales de mediano rango (relatores o letrados) participen exclusiva o parcialmente en esa etapa liminar, a fin de acelerar los procesos donde el demandado sea renuente a cualquier acercamiento. En primer lugar, dificultaría un pronunciamiento que se entienda adelantamiento de opinión del juez. En segundo lugar, bajo el establecimiento de algún apercibimiento para la no conciliación, estos funcionarios podrían sellar convenios transaccionales que no vulneren el principio de irrenunciabilidad.

4. Juicio abreviado

El cine ha vuelto cotidiana la vinculación entre el derecho penal y los juicios abreviados. Asimismo, al menos en el mundo occidental, es ordinario detectar legislaciones que permiten la ejecución administrativa de los créditos fiscales sin intervención primaria de un juez.

Sin embargo, la recepción de procedimientos declarativos abreviados en el derecho procesal laboral es bastante novedosa. En Chile, una de las formas no optativas para ventilar causas laborales es el procedimiento monitorio (Código del Trabajo, arts. 496 y ss.), desde su incorporación al Código referido por la Ley 20.087, con las reformas introducidas por las siguientes leyes: Ley 20.260 y Ley 20.287.

Pereira Lagos ha rescatado sin hesitación la incidencia que esta modalidad procesal ha tenido para el éxito de la reforma procesal laboral de su país. Afirma que la gran mayoría de los jueces han avenido a su uso como instrumento privilegiado para una racional utilización y gestión de los recursos humanos y materiales de los tribunales.Incluso, destaca que la eficiencia de este procedimiento promueve el cumplimiento voluntario de las o bligaciones o la utilización de mecanismos alternativos de solución del conflicto, más económicos para las partes, a la par que los tribunales se liberan de controversias sin mayor contenido jurídico. Desde el punto de vista cuantitativo, es prácticamente equivalente a los procedimientos ordinarios, en tanto al 31 de mayo de 2010, se habían iniciado en los tribunales del trabajo un total de 6292 ordinarios y 5973 monitorios (38). A febrero de 2011, las contiendas sometidas a estos procedimientos son resueltas en 29 días corridos, número sin precedentes en América Latina (39).

Entre las peculiaridades del trámite chileno figura el reclamo ante la Inspección del Trabajo como requisito de admisibilidad (40). Es decir, el trabajador demandante debe concurrir previamente a sede administrativa a interponer un reclamo contra su empleador o exempleador, con el objeto de que la autoridad cite a las partes a una audiencia de conciliación. Ello, sin que signifique que dicha etapa constituya una etapa del procedimiento, sino que el legislador optó por establecer un filtro para que las contiendas que son susceptibles de conciliación no atiborren los tribunales forales. La desvinculación del comparendo de conciliación ante la Inspección y el monitorio judicial queda demostrada toda vez que, ante el desacuerdo total o parcial de las partes, el conciliador no queda obligado a remitir de oficio los antecedentes al tribunal competente; el propio trabajador debe interponer la demanda (art. 498).

Retomando el trámite administrativo, las partes deben concurrir con los documentos que dispongan y perfilen la relación laboral. La autoridad puede requerirles, además, los antecedentes que estime, pudiendo sancionar con multa al empleador que no comparezca con la documentación legalmente exigida. Según dispone el art. 464, inc. 4, cualquier obligación reconocida, aun cuando no se produzca conciliación, transforma al acta autorizada por el funcionario en título ejecutivo.

Otro rasgo característico es el uso imperativo del monitorio cuando concurren los presupuestos legales:cuantía escasa (hasta «10 ingresos mínimos mensuales») y materia. No hay derecho de opción, conforme el art. 496, salvo que el trabajador que interpone el reclamo ante la Inspección del Trabajo no concurra a la audiencia de conciliación, ya que en ese caso podrá accionar judicialmente, mas por el ordinario, lo que traduce la existencia de una opción subrepticia (art. 498). La motivación es clara: se busca evitar que se sature el sistema judicial con trámites ordinarios que serían transables o simplificables.

La estructura del juicio se asimila al de todos los sistemas comparados, se trata de un procedimiento breve. Presentada la demanda, el juez inmediatamente puede pronunciarse sobre el fondo, acogiéndola o rechazándola. Otra alternativa para el juzgador es citar inmediatamente a una audiencia única. La resolución se notifica, en forma personal, junto con la demanda, el demandado dispone de diez días para reclamar; ante una actitud pasiva, la antedicha adquiere mérito ejecutivo. Pero si se impugna la resolución, el órgano jurisdiccional citará a una audiencia única, en la cual se contesta la demanda, se llama a conciliación que, de no producirse, la prueba se ofrece y rinde. Las reglas de concentración y celeridad alcanzan suma intensidad puesto que la convocatoria debe finiquitar con una sentencia.

El juez acoge la demanda con mínimos elementos de convicción (los antecedentes acompañados) traspasando al presunto deudor la evaluación probatoria, de modo que la tranquilidad del magistrado pasará por el hecho de que el demandado puede oponerse sin invocar ningún fundamento, siendo este el mecanismo de protección. Dependiendo del análisis racional de los elementos probatorios, el demandado analizará oponerse o simplemente pagar, para no exponerse a una ejecución forzosa. Si bien el art. 500 del Código brinda pautas (41) al judicante para que acoja o rechace la demanda, en verdad no tiene tanta importancia porque la primera resolución no exige explicitar fundamentos.En caso de que se optara por la alternativa de citar sin pronunciamiento sobre el fondo, el plazo no será superior a quince días, dictando la sentencia en esa misma oportunidad, salvo conciliación. Pereira Lagos hace notar que aquí no se traslada la carga del juicio al demandado (inversión del contradictorio), por lo que técnicamente ya no se está frente a un procedimiento monitorio, sino que simplemente aparece uno declarativo sumario.

Finalmente, siendo que los recursos son gravitantes para cualquier sistema procesal, conviene informar que, primando la oralidad y la inmediación, se eliminó la segunda instancia ordinaria para evitar dilaciones que se entendían innecesarias respecto de la sentencia definitiva (art. 476) y, en su lugar, se estableció un recurso de nulidad tasado (art. 478).

5. Ejecución expedita (42)

Desde antaño, los sistemas procesales laborales simplificaron el procedimiento ejecutivo laboral para lograr el pago efectivo de las obligaciones declaradas en el veredicto. No obstante, Toledo Filho expone con la crudeza que permiten las estadísticas que, en Brasil, un proceso ordinario laboral consigue sentencia de primera y segunda instancia en unos catorce meses mientras que la fase de ejecución del crédito laboral dura casi veintidós meses (43). Señala, como una de las causas, que en ese país no hay cultura de la prelación de sentencias líquidas (44), pero -admite- que la carga de trabajo no permite que se liquide en la fase declarativa, sino en la ejecutiva. Todavía así, vaticina que la adopción integral del procedimiento electrónico podría superar ese estorbo (45).

En todo caso, me parece digno de anotar y adoptar -como táctica de un nuevo proceso laboral- el embargo «on line» (Bancejud), por el cual el juez bloquea electrónicamente las cuentas bancarias del deudor. Para 2010, la Justicia del Trabajo de Brasil embargó más de seis mil millones de reales con esta herramienta.A este instrumento, debe agregarse la verificación inmediata de las declaraciones de renta de los demandados (Infojud) y de la existencia de vehículos automotores a su nombre (Renajud). La celebración de convenios entre el Poder Judicial y otros órganos públicos suena tan imprescindible como natural para cualquier ciudadano (46).

Dotar de armas más eficaces a los jueces del trabajo no es el único medio de conseguir una victoria súbita. Otro forma de empoderar es especializando a un cuerpo de funcionarios judiciales como ocurre en Chile, donde la demanda de obligaciones que emanan de títulos ejecutivos laborales y de la seguridad sociales se discierne sobre los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional (art. 421 del CT), que son tribunales unipersonales especializados del Poder Judicial (art. 417 del CT).

V. CONCLUSIONES

1. Si tuviéramos que elaborar una ley científica que explicara la relación funcional entre el derecho procesal laboral y la «Teoría general de la estrategia jurídica» en sus diversos despliegues, afirmaríamos que es una constante el desarrollo de la normativa formal laboral bajo la carencia de los principios de la estrategia jurídica o de otros saberes no circunscriptos a la dimensión normológica.

2. El derecho procesal laboral que se permite el refinamiento de la «estrategia jurídica» incorpora a su visión reformadora la centralidad del debate ciudadano en la formación y contención de una política de Estado, orientada a la inversión pública en la transformación orgánica y procesal de los sistemas vigentes de resolución judicial de conflictos.

3. Si tomamos por postulado que todo reconocimiento de derecho social exige una acción idónea para protegerlo, el modelo futuro del proceso laboral es tan vital como la consagración de nuevos derechos. La prevención del incumplimiento a las normas laborales, promueve la descongestión y colabora -por sí misma- en el acceso del trabajador a la tutela judicial efectiva. Los esquemas normativos procesales no pueden continuar ignorando el prisma economicista con el que el empresariado evalúa el litigio.El encarecimiento económico del proceso para los condenados es la táctica óptima contra el atrincheramiento del demandado. Para ello, recomendamos que el crédito laboral esté indexado a la medición oficial de la inflación con un interés adicional, y que los accesorios devengados se capitalicen desde la interposición de la demanda. La variante mínima que debería tolerar el proceso laboral es el establecimiento de tasas positivas, iguales a las bancarias.

4. De conformidad al método comparativo, evaluamos positivamente que los sistemas procesales laborales de Iberoamérica, incluyendo los escritos, tiendan a la concentración de audiencias, mantengan una etapa obligatoria para la conciliación, instauren juicios abreviados y empleen las TIC a fin de liquidar prontamente el crédito laboral.

Para Clausewitz, el efecto de la victoria nunca es definitivo; la estrategia nunca deja de trabajar. Para Orwell, quien controla el presente, controla el futuro. Por lo tanto, el pensamiento jurídico debe ser estratégico porque el futuro es donde pasaremos el resto de nuestras vidas.

VI. BIBLIOGRAFÍA

– ARESE, César: «Acceso a tutela judicial efectiva y la reforma judicial laboral», en Revista de Derecho Laboral Actualidad, Santa Fe, N.° 1, 2015.

– CIURO CALDANI, Miguel A.: «La estrategia jurídica, una deuda del Derecho actual», en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Rosario, N.º 46, 2013.

– «Estrategia jurídica». Rosario, UNR Editora, 2011.

– CLAUSEWITZ, Karl: De la guerra. Buenos Aires, Libertador, 2009.

– FERNÁNDEZ OLIVA, Marianela et ál.: «Curso teórico-práctico sobre estrategia jurídica», en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Rosario, N.º 46, 2013.

– LORENZETTI, Ricardo: El arte de hacer justicia. Buenos Aires, Sudamericana, 2014.

– MAZA, Miguel Ángel, et ál.: Coment arios sobre el Régimen de Riesgos del Trabajo. Buenos Aires, Errepar, 2013.

– PEREIRA LAGOS, Rafael: «Procedimiento monitorio: Clave de la reforma procesal laboral», en Revista de derecho de la empresa, Legis, julio-septiembre, 2010.

– SIERRA NIETO, Estefanía et ál.: «Derecho procesal laboral colombiano: una mirada desde su historia y evolución», Medellín, 2012.Disponible en el siguiente enlace webhttps://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/718/Estefania_SierraNieto_2012.pdf;jsessionid=17FE2
881C7593B717D5E2934E7CB327?sequence=1, citado el 12/4/2016.

– SVETAZ, María Alejandra: «Estrategia en la elaboración de la ley», en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Rosario, N.º 46.

– TOLEDO FILHO, Manoel C.: «Procedimiento laboral Panorama y desafíos actuales del Derecho Procesal del Trabajo en Brasil. Santa Fe, N.° 2, p. 22, 2014.

———-

(1) CIURO CALDANI, Miguel A.: «La estrategia jurídica, una deuda del Derecho actual», en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Rosario, N.º 46, p. 47, 2013.

(2) El desarrollo de la línea de investigación por el referido encuentra expresión robusta en su libro «Estrategia jurídica». Rosario, Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la UNR – UNR Editora, 2011; y en su artículo «Nuevamente sobre la estrategia jurídica (con especial referencia a la necesidad de su enseñanza de grado en las Facultades de Derecho)», ISBN 978-950-673-895-2 en http://www.centrodefilosofia.org.ar.; entre otros.

(3) CIURO CALDANI, Miguel A.: op. cit., pp. 50 y 51.

(4) FERNÁNDEZ OLIVA, Marianela et ál.: «Curso teórico-práctico sobre estrategia jurídica», en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Rosario, N.º 46, p. 11, 2013.

(5) Dictada por el Dr. Juan José Bentolila -con quien colaboro- dentro de la Especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

(6) CIURO CALDANI, op. cit., p. 76.

(7) Ley 29.497, promulgada el 13/1/2010 y publicada el 15/1/2010.

(8) SVETAZ, M. Alejandra: «Estrategia en la elaboración de la ley», en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Rosario, N.º 46, p. 171.

(9) SVETAZ, M. Alejandra: ibídem, p.173.

(10) «¿Qué es la Reforma Procesal Laboral y por qué insisten tanto los sindicatos?», 9/12/2014, disponible en http://www.crhoy.com/que-es-la-reforma-procesal-laboral-y-por-que-insisten-tanto-los-sindicatos/. Fecha de consulta: 16/4/2016.

(11) «Presidente levanta el veto a Reforma Procesal Laboral», 12/12/2014, disponible en http://www.crhoy.com/presidente-levante-el-veto-a-reforma-procesal-laboral/. Fecha de consulta: 16/4/2016).

(12) «Empresarios aplauden y sindicatos amenazan tras fallo sobre reforma procesal laboral», 8/8/2015 http://www.nacion.com/nacional/politica/Empresarios-aplauden-sindicatos-amenazan_0_1504649554.html. Fecha de consulta: 16/4/2016.

(13) MAZA, Miguel Á., et ál.: Comentarios sobre el Régimen de Riesgos del Trabajo. Buenos Aires, Errepar, 2013, pp. 309 y 310.

(14) LORENZETTI, Ricardo: El arte de hacer justicia. Buenos Aires, Sudamericana, 2014, p. 79.

(15) CLAUSEWITZ, Karl: De la guerra. Buenos Aires, Libertador, 2009, pp. 147 y 148.

(16) Art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): «Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derechohabientes, aun en el supuesto de haber otorgado poder. Queda prohibido el pacto de cuota litis que exceda del veinte por ciento (20%) el que, en cada caso, requerirá ratificación personal y homologación judicial».

(17) ARESE, César: «Acceso a tutela judicial efectiva y la reforma judicial laboral», en Revista de derecho laboral actualidad. Santa Fe, N.° 1, p. 22, 2015.

(18) Disponible en http://segundaguerramundial.es/blitzkrieg-guerra-relampago/. Fecha de recuperado: 20/4/2016.

(19) Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa «Abraham, Héctor Osvaldo c/ Todoli Hermanos», 13/11/2013, MJJ84017 .

(20) Art. 63 del CT:«Las sumas que los empleadores adeudaren a los trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otro, devengadas con motivo de la prestación de servicios, se pagarán reajustadas en el mismo porcentaje en que haya variado el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se realice».

»Idéntico reajuste experimentarán los anticipos, abonos o pagos parciales que hubiera hecho el empleador».

»Las sumas a que se refiere el inciso primero de este artículo, reajustadas en la forma allí indicada, devengarán el máximo interés permitido para operaciones reajustables a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación».

(21) SVETAZ explica que para la Argentina, «. es preciso dejar de legislar y concentrar nuestros esfuerzos en una tarea de depuración y ordenamiento de la legislación vigente. En nuestro país, estamos inmersos en una situación de hiperlegislación y contaminación legislativa», op. cit., p. 167.

(22) Ibídem, p. 33.

(23) SIERRA NIETO, Estefanía et ál.: «Derecho procesal laboral colombiano: una mirada desde su historia y evolución», Medellín, 2012, p. 50, el destacado no pertenece al original; https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/718/Estefania_SierraNieto_2012.pdf;jsessionid=17FE2688
C7593B717D5E2934E7CB327?sequence=1. Fecha de recuperado: el 12/4/2016.

(24) Ibídem, el destacado nos pertenece.

(25) La Ley 712/01 y la Ley 1149/07 fueron las que introdujeron las modificaciones relevantes y exequibles del proceso laboral colombiano. La primera, y más importante, mudó el nombre «Código Procesal del Trabajo» por «Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social».

(26) Ver principio de consonancia excepcionado por la irrenunciabilidad laboral en la sentencia C. 070 de 2010 de la Corte Constitucional de Colombia, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(27) Código de Trabajo, reformado por las siguientes leyes:Ley 20.087, Ley 20.260 y Ley 20.287.

(28) Junto al Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, véase el Código General del Proceso de 2012.

(29) El fuero laboral se reformó mediante dos leyes sucesivas: la «Ley Reformatoria al Código de Trabajo, mediante la cual se establece el procedimiento oral en los Juicios Laborales» (Ley 13/03, de 5/8/2003) y la «Ley Reformatoria al Código de Trabajo» (Ley 43/04, de 9/8/2004). El fuero laboral se vio reestructurado con la vigencia -en 2009- del Código Orgánico de la Función Judicial.

(30) Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), del 31 de octubre de 2012.

(31) En 2010, entró en vigencia formal la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29.497.

(32) Bajo la inspiración de Óscar Ermida Uriarte, Uruguay reformó profundamente el proceso laboral mediante las siguientes leyes: Ley 18.572 y Ley 18.847 de «Abreviación de los Procesos Laborales».

(33) La Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2002 implementó la oralidad.

(34) Código Procesal del Trabajo, aprobado por el Decr. Ley de 1979. El nuevo Estado Plurinacional de Bolivia no lo ha reformado.

(35) Continúa vigente el Código Procesal del Trabajo de 1961.

(36) Del 13/7/2007. Diario Oficial, Bogotá D. C., 2007, N.° 46.688.

(37) Refriega de poca importancia sostenida especialmente por las avanzadas de los ejércitos.

(38) En verdad, podría afirmarse que es un sistema mixto porque hay actuaciones constitutivas del proceso que continúan siendo escritas, a saber: demanda y contestación de demanda (arts. 446 y 453, respectivamente); el nuevo recurso de nulidad que resuelve la Corte de Apelaciones (art. 479); la sentencia, aunque se pronuncie verbalmente; la tramitación de la ejecución laboral es enteramente escrita, a diferencia de los demás procedimientos contemplados (art. 463).

(39) PEREIRA LAGOS, Rafael: «Procedimiento monitorio: Clave de la reforma procesal laboral», en Revista de Derecho de la Empresa, Legis, julio-septiembre de 2010, pp.67-96.

(40) Salvo causa referida a fuero maternal, que tramita solo en sede judicial (art. 497).

(41) Complejidad del asunto, la comparecencia a la instancia administrativa y la existencia de pagos efectuados por el demandado.

(42) Demuestra la actualidad de este interés que el IV Curso Internacional de Estudios Avanzados en Derecho Social (CEADS), de 9 al 20 de mayo de 2016, lleve el rótulo de «Nuevos mecanismos de presión y solución de conflictos laborales».

(43) TOLEDO FILHO, Manoel C.: «Panorama y desafíos actuales del derecho procesal del trabajo en Brasil», en Revista de Derecho Laboral Actualidad, Santa Fe, N° 2, pág. 339, 2014.

(44) En Perú, la Ley 29.497 dispone en su art. 31 lo siguiente: «El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requieren ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso pronunciamiento en la sentencia».

(45) Ibídem, p. 341.

(46) Ibídem, pp. 341 y 342.

(*) Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF). Abogado (Universidad Nacional de Rosario). Relator -subrogante- del Juzgado en lo Laboral N.° 10 de Rosario. Prosecretario de la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario. Docente invitado de la Carrera de Especialización en Derecho del Trabajo (UNR). Docente de grado en la asignatura «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» (UNR). Integrante del Foro de Políticas Públicas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como graduado destacado. Conferencista nacional e internacional. Autor del libro «Procedimiento abreviado laboral» (Rosario, Legem, 2015) y otras publicaciones de la especialidad laboral.