La abuela de una menor carece de legitimación para iniciar la acción de impugnación de paternidad basada en un interés puramente patrimonial, a fin de resguardarse de un reclamo alimentario de su nieta

Partes: Y. M. M. c/ V. P. M. s/ impugnación de reconocimiento

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú

Sala/Juzgado: Primera Civil y Comercial

Fecha: 20-may-2017

Cita: MJ-JU-M-106701-AR | MJJ106701
La abuela de una menor carece de legitimación para iniciar la acción de impugnación de paternidad basada en un interés puramente patrimonial, a fin de resguardarse de un reclamo alimentario de su nieta.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar in limine la acción de impugnación del reconocimiento paterno promovida por la abuela, por entender que al tratarse del reconocimiento del hijo nacido fuera del matrimonio, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 593 del CCivCom., la impugnación podía ser efectuada por el propio hijo o por los terceros que invoquen un interés legítimo, y la actora no se encontraba legitimada para promover la acción, en tanto no basaba su pretensión en la búsqueda de la realidad biológica sino en un interés puramente patrimonial, ya que la finalidad era resguardarse de un reclamo alimentario de su nieta.

Fallo:

GUALEGUAYCHÚ, 30 de mayo de 2017.

VISTO Y CONSIDERANDO-

I.- Vienen los autos a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 13 por los letrados apoderados de la accionante, contra la interlocutoria de fs. 11/11 vta., mediante la cual el Señor juez a quo rechazó in limine la acción de impugnación del reconocimiento paterno promovida por la abuela M. M. Y.; impuso las costas en el orden causado y reguló honorarios; el cual fue concedido a fs. 14, en relación y con efecto suspensivo. Para así decidir, repasó en primer término los caracteres del reconocimiento filial, para luego precisar que en este supuesto, al tratarse del reconocimiento del hijo nacido fuera del matrimonio, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 593 del CCyC, la impugnación podría ser efectuada por el propio hijo o por los terceros que invoquen un interés legítimo, entendiendo que en el caso la actora no se encontraba legitimada para promover esta acción, en tanto no basaba su pretensión en la búsqueda de la realidad biológica sino en un interés puramente patrimonial, ya que la finalidad era resguardarse de un reclamo alimentario de su nieta.

II.- En el memorial de fundamentación (fs. 15/18), los Dres. HORACIO JOSÉ DARGAINZ y CARLOS FEDERICO ALOY, que actúan en representación de M. M. Y. (Poder Especial de fs. 32/32 vta.), cuestionan la decisión del juez de grado, sosteniendo que sus argumentaciones son discriminatorias, afirmando que su representada no promueve la acción por vía de subrogación, sino que su pretensión apunta a determinar la verdadera identidad biológica de la niña; que el fundamento brindado por el a quo confrontan con las normas de las Constituciones Nacional y Provincial que aseguran el irrestricto acceso a la justicia, y que en el caso no se trata de cualquier persona, agregando que en el art.593 del Código Civil y Comercial se determina quienes son los legitimados activos para accionar, entendiendo que en el caso se quiere demostrar que el reconocimiento paterno voluntario efectuado no se corresponde con la realidad biológica, aseverándose que el interés superior del niño es precisamente conocer su auténtica filiación. En resumen, piden se revoque el pronunciamiento impugnado; con costas.

III.- A fs. 38/38 vta. se expide la representante del Ministerio Público de la Defensa, postulando la confirmación del decisorio puesto en crisis.

IV.- Reseñados de tal forma los antecedentes necesarios para dar respuesta al recurso deducido, corresponde a continuación abordar el tratamiento de la queja vertida. En dicho cometido, no está demas recordar que La legitimación para obrar (“legitimatio ad causam”) constituye un presupuesto sustancial de la litis, habiendo sido definida como la cualidad emanada de la ley que faculta a requerir un pronunciamiento respecto del objeto litigioso y que en la mayoría de los casos coincide con la titularidad de la relación jurídica sustancial, resultando un recaudo esencial para la declaración del derecho, encontrándose el juez facultado para examinar de oficio el cumplimiento de dicho extremo, esto es para verificar que quien demanda sea la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tal calidad con referencia a la concreta materia sobre la que versa la pretensión, con prescindencia de su fundabilidad (FASSI-MAURINO, “Código Procesal Civil y Comercial”, Tomo 3, págs. 247 y 251, §30 y §34, respectivamente, 3ª edición actualizada y ampliada, Astrea, 2002; PALACIO, “Derecho Procesal Civil”, Tomo VI, pág. 132 y sigts., § 751, cuarta reimpresión, Abeledo-Perrot, 1998). Según el art.593 del Código Civil y Comercial (Ley 26.994) la impugnación del reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio puede ser efectuado “.por los propios hijos o por los terceros que invoquen un interés legítimo”. En el caso bajo estudio la actora -madre del reconocienteasevera encontrarse “legitimada” para promover esta acción, precisando que su “interés” radica en procurar conocer la “.verdadera identidad Biológica de la Niña” (sic. fs. 5 vta., Apartado V), explicando que al ser notificada que debía concurrir a la audiencia de mediación en razón del reclamo alimentario formulado en nombre de la menor P. M. y requerir explicaciones a su hijo R. E. V., éste le comentó que había sido “obligado” por la progenitora a efectuar dicho reconocimiento; argumentos que replica al fundar su recurso. Ahora, tal como ha sido señalado, la solución contemplada por la norma citada respecto a la legitimación activa de los “terceros”, adopta un criterio amplio y sigue los lineamientos del art. 263 del Código Civil derogado (Marisa HERRERA en “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, LORENZETTI -Director-, Tomo III, pág. 673, § III.2, Rubinzal-Culzoni, 2015); habiéndose también explicado por la doctrina, al comentar este último, que el interés legítimo merecedor de tutela legal podría ser tanto de índole moral como patrimonial o reunir ambas cualidades al mismo tiempo (ZANNONI, “Derecho Civil. Derecho de Familia”, Tomo 2, págs. 270/271, §1014, 6ª edición actualizada y ampliada, Astrea, 2012; LLAMBÍAS-POSSE SAGUIER, “Código Civil Anotado”, Tomo I-B, págs.80/81, §3, Abeledo-Perrot, 2002). Empero, a pesar del aludido criterio amplio de interpretación que debe imperar en estos casos, es evidente (y así surge de su propio relato) que la acción de impugnación fue promovida como reacción a la notificación del reclamo alimentario efectuado por la progenitora de la menor, quedando de tal forma claramente desvirtuado el argumento esbozado, fundado en la búsqueda de la realidad biológica de la niña, máxime cuando no se ha siquiera alegado la existencia de alguna restricción en la capacidad del padre reconociente que le impida atacar “. la validez sustancial del acto jurídico que contiene a dicho reconocimiento, fundada en vicios relativos a su eficacia” (HERRERA, ob. y tomo cit., pág. 672, § III.1); siguiéndose de ello que contrariamente a lo expresado, el reclamo no se basa en la búsqueda de la realidad genética de la menor, sino en la mera conveniencia de resguardar un interés “eminentemente” patrimonial (JORGE O. AZPIRI, “Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias”, BUERES -Director- AZPIRI -Coordinación-, Tomo 2, pág. 514, Hammurabi, 2016), lo cual es suficiente para descartar la invocada existencia de un interés legítimo para accionar. En consonancia con lo expuesto y habida cuenta del carácter imprescriptibe e irrenunciable de la acción destinada a reclamar la filiación o a impugnarla (art. 576 CCyC), lo cual posibilitará a la niña a acceder al conocimiento de su realidad biológica en caso de así considerarlo necesario, al no apreciar que la resolución puesta en crisis contradiga alguna manda de la Constitución Nacional o Provincial, ni que tampoco vulnere derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos o de la Convención Americana sobre Derechos Huma nos -Pacto de San José de Costa Rica-, de raigambre constitucional (art. 75 inc.22º), se impone como corolario el rechazo sin más del recurso bajo examen y la consecuente confirmación del decisorio puesto en crisis; con costas de alzada a cargo de la perdidosa (art. 65 CPCyC), por no encontrar razones que justifiquen apartarse del principio de la objetiva derrota. Por ello y de conformidad con lo dictaminado a fs. 38/38 vta.

por la representante del Ministerio Público de la Defensa, S E R E S U E L V E:-

1.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 13 y, en consecuencia, confirmar íntegramente la interlocutoria recaída a fs. 11/11 vta.

2.- IMPONER las costas de alzada a la apelante perdidosa.

3.- REGULAR los honorarios de los Dres. HORACIO JOSÉ DARGAINZ y CARLOS FEDERICO ALOY, por la labor profesional cumplida en esta instancia, en la suma de ($.), para cada uno de ellos, equivalentes a 4,80 y 4,80 juristas (valor jurista $.) -arts. 2, 3, 5, 58, 64 y concs. Ley 7046-.

REGÍSTRESE, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.

ANA CLARA PAULETTI

GUSTAVO A. BRITOS

GUILLERMO OSCAR DELRIEUX

ante mí:- DANIELA A. BADARACCO

Secretaria

En ././2017 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.

DANIELA A. BADARACCO Secretaria