Un punto de vista diferente de la estabilidad propia y absoluta del empleado público

Autor: Gatti, Agustín M.

Fecha: 9-ago-2017

Cita: MJ-DOC-11948-AR | MJD11948
Doctrina:

Por Agustín Martín Gatti (*)

El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados «Madorrán Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Reincorporación» , de fecha 3/5/2007, en el cual, entre otras cosas se justipreció y estableció la «estabilidad propia» del empleado público, fue un gran disparador para un sinnúmero de reclamos judiciales ante los tribunales de todo el país y de numerosos estudios sobre la estabilidad del empleado público.

Advertido ello, la presente mirada intenta una aproximación a la misma cuestión, «estabilidad del empleado público», pero desde un punto de vista diferente, despojado de cualquier otra visión que se tenga al respecto, vislumbrando un tema -a mi entender- pasado por alto, a pesar de los numerosos estudios al respecto.

El fallo «Madorrán» entre sus líneas, acertadamente sentenció lo siguiente:

«Que la reforma de la Constitución Nacional producida en 1957, mediante la introducción del art. 14 bis , tuvo como inequívoco propósito dar recepción en el texto de 1853-1860, a los aportes y experiencias que habían tenido lugar, durante la primera mitad del siglo XX, en el ámbito de lo que dio en llamarse el constitucionalismo social (…) corresponde aislar la “protección contra el despido arbitrario” y la estabilidad del empleado público».

Además, se afirmó lo siguiente: «Dicha estabilidad, importa destacarlo, tendía a eliminar, a juicio del constituyente, una práctica que merecía su reprobación: “Siempre el empleado público ha estado sujeto a las cesantías en masa en ocasión de los cambios de gobierno”. Ahora ya no podrá ningún partido político que conquiste el gobierno disponer de los puestos administrativos como botín de guerra. Entendemos que este principio constitucional entrará a regir simultáneamente con la vigencia de las reformas y en adelante ningún empleado público podrá ser dejado cesante sin causa justificada y sin previo sumario administrativo» (convencional Peña, Diario de sesiones., cit., t. II, p. 1254; v. asimismo:convencionales Martella y Mercado, J.A., ídem, t. 2, pp. 1243 y 1337-1338, respectivamente). Se trataba de la existencia, según lo observó esta Corte, «de un claro interés público en la proscripción de la arbitrariedad jerárquica o de la política partidaria en la organización burocrática estatal» (Fallos: 261:361, 366, consid. 11).

Ahora bien, teniendo presente ello, y continuando con el análisis de la estabilidad del empleado público, establecida por la Constitución Nacional y reconocida en el citado fallo de la Corte Suprema, «se puede realizar un enfoque diferente del tema» partiendo o ubicándonos desde el campo del Derecho Colectivo del Trabajo, más precisamente desde la ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales), sancionada el 23/3/1988 y promulgada el 14/4/1988.

Entre los arts. 47 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, se establecen mecanismos de protección para el representante gremial, llamados «tutela» sindical.

Encontramos entonces allí, una cierta analogía entre la protección que la Ley 23.551 les brinda a los trabajadores que poseen tutela sindical, con la estabilidad que para los empleados públicos consagra nuestra Constitución a partir de la reforma del año 1957.

De hecho, el art. 14 bis de nuestra Carta Magna utiliza «términos similares» al tratar la estabilidad del empleado público y el de los representantes gremiales; para el primero, los constituyentes utilizaron la frase «estabilidad del empleado público» y, para el segundo «estabilidad de su empleo».

Es así que, la palabra «estabilidad» utilizada por nuestros «constituyentes», denota la permanencia o duración en orden al tiempo, firmeza y seguridad en el espacio (1); al igual que los sinónimos de ella que establecen fijeza, persistencia y sobre todo, inmovilidad.

Por lo que, utilizada en las frases señaladas, la palabra «estabilidad» no puede significar cosas diferentes para uno u otro caso.

A partir de estas premisas, debemos dilucidar que el legislador nacional con base en el art. 14 bis de la Constitución Nacional que establece lo siguiente:«Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la “estabilidad de su empleo”», ha ideado un sistema de protección para los representantes gremiales; basado en que no podrán ser despedidos, suspendidos ni con relación a ellos podrá modificarse las condiciones de trabajo, «si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía» (art. 52 de la Ley 23.551).

En sentido coincidente, la Carta Internacional Americana de Bogotá, al adoptar una Declaración de los Derechos Sociales del Trabajo, estableció en su art. 26 que «los miembros de las directivas sindicales, en el número que fije la respectiva ley y durante el período de elección y mandato, no podrán ser despedidos, trasladados de empleo ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, «sino por causas justificadas calificadas previamente por la autoridad competente».

Resalto entonces, la obligación que pesa sobre todo empleador (estatal o particular) de demostrar ante la autoridad competente la existencia de una justa causa para poder despedir a un trabajador sindicalizado.

Sin embargo, esa diferencia que existiría a priori entre trabajador sindicalizado y empleado público, en el sentido de que el primero posee garantía sindical y para modificar sus condiciones de trabajo debe excluírselo de dicha garantía previa resolución judicial; y para el empleado público, bastaría con un sumario administrativo para dejarlo cesante; resultaría ser una diferencia de hecho inexistente, si analizamos los artículos de nuestra Carta Magna y la palabra utilizada para ambas situaciones.

Esta diferencia o garantía -entre «estabilidad sindical» y «estabilidad del empleado público»-, en realidad fue plasmada por el legislador siguiendo los lineamientos y el espíritu de nuestra Constitución, transformando en operativo el derecho sindical constitucional, pero no haciendo lo mismo con la estabilidad del empleado público.

Por ende, y siguiendo los lineamientos que vengo sosteniendo, el art.14 de la CN al establecer que «los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio», y ante la falta de una norma específica que recepte el derecho a la estabilidad propia del empleado público; se puede aplicar por analogía lo establecido por la Ley 23.551, norma que prohíbe a la patronal despedir al trabajador sin la expresión y acreditación ante la autoridad judicial de una justa causa.

Concluyendo entonces que, el presente análisis trae a colación el tema de la estabilidad sindical y su regulación legal, en sustento y para reforzar aun más el concepto de la estabilidad propia de los empleados públicos consagrada en la Constitución Nacional y nunca, hasta ahora, reglamentado por ley.

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(1) Gran Enciclopedia del Mundo, N.° 20. S. l., Léxico Español, Durvan, mayo de 1964, p. 572.

(*) Abogado. Secretario del juzgado de Familia de Paso de los Libres, Corrientes.