No se advierte manifiesta arbitrariedad en la Resolución del Consejo Directivo de la universidad demandada que dispuso el cese de funciones de los profesores que cumplieran sesenta y cinco años de edad

Partes: Marcos César Augusto c/ Universidad Nacional de La Plata s/ amparo

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 5-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-106711-AR | MJJ106711 | MJJ106711

No se advierte manifiesta arbitrariedad en la Resolución del Consejo Directivo de la universidad demandada que dispuso el cese de funciones de los profesores que cumplieran sesenta y cinco años de edad.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y dispuso que la universidad demandada mantuviese en el cargo al profesor reclamante hasta tanto siguieran vigentes sus designaciones por concurso o, vigentes éstos, cumpliese setenta años de edad; ello, pues no se advierte manifiesta arbitrariedad en la Resolución del Consejo Directivo que dispuso el cese de funciones de los profesores que cumplieran sesenta y cinco años de edad.

2.-La designación y separación de profesores universitarios, así como los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente no admiten, en principio, revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad; enunciación que se resguarda en las cláusulas constitucionales que encomiendan a los poderes políticos del Estado proveer lo conducente al progreso de la educación, dictando planes de instrucción general y universitaria y les acuerdan facultades para hacerlos cumplir.

Fallo:

La Plata, cinco de septiembre de 2017.

AUTOS Y VISTOS: este expte. Nº 314/2013/CA1, caratulado “Marcos, César Augusto c/ Universidad Nacional de La Plata s/ amparo”, que proviene del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad; Y CONSIDERANDO: EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

I- Llegan estas actuaciones a la Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por la demandada (fs. 85/92) contra la sentencia obrante a fs. 79/82 y vta. que hizo lugar a la acción de amparo y dispuso que la Facultad de Ingeniería de la UNLP mantuviese en el cargo al profesor ordinario César Augusto Marcos hasta tanto siguieran vigentes sus designaciones por concurso o, vigentes éstos, cumpliese 70 años de edad. Impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

II La recurrente se agravió al considerar que la vía procesal intentada por el amparista no era la adecuada, puesto que no había acreditado la ineficacia de los recursos administrativos reguladas en la Ordenanza 101. Además, sostuvo que la sentencia en crisis violaba la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional y la actividad discrecional de la Universidad.

III- Ahora bien, conforme surge de las constancias de autos el Señor Marcos fue designado por concurso Profesor Titular con dedicación simple del Área de Sistemas y Suministros de Energía Eléctrica en Sesión Ordinaria del 16 de noviembre de 2011, sujeto a la confirmación del Consejo Superior y con los alcances de los dispuesto en el art. 137 del Estatuto Universitario y la limitación establecida en la ley 26.508 (fs. 9). Asimismo, el profesor Marcos se desempeñaba como Adjunto Ordinario con dedicación simple de la Cátedra Centrales Eléctricas I, habiendo accedido por concurso en diciembre de 1998 con prorroga sucesiva hasta noviembre de 2012 (resoluciones nº 2355 y nº 546 de fs. 7/8) y como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple de la Cátedra “Diseño de Líneas y Estaciones Transformadoras” (v. fs.25). Que en la demanda presentada por el amparista sostuvo que en mayo de 2010 de vice 4538/2009 dictó la resolución nº 446 que dispuso la aplicación de la ley 26.508 al personal docente de esa Casa de Estudios. Agregó que al ser notificado de esa decisión, comunicó a su Unidad Académica su voluntad de permanecer en el cargo sin recibir respuesta alguna por parte de las autoridades correspondiente. No obstante ello, no obra en estos autos constancia alguna de dicha petición. Finalmente, el actor refirió que el 7 de marzo de 2012 recibió la notificación de su cese a partir del 1 de abril de 2012.

IV Que en base a la normativa de la Universidad Nacional de La Plata concretamente el artículo 137 de su Estatuto y la Ordenanza Nº 174- el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, con fecha 26 de marzo de 2012, resolvió mediante Resolución 307 disponer por unanimidad, el cese en sus funciones del Profesor Marcos, a partir del 1º de abril de 2012, de acuerdo a lo dispuesto en la 18ª sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2011. Señala el Estatuto en su artículo 137: “El Consejo Directivo o el Consejo Superior según se trate de facultad o establecimiento, deberá ordenar el cese de todo docente, al 1º de abril siguiente a la fecha en que cumpliera sesenta y cinco (65) años de edad, o prorrogar el momento de dicho cese, por períodos de hasta dos (2) años.” Por su parte, la citada Ordenanza refiere: “ARTICULO 1º: Cada Consejo Directivo y en su caso el Consejo Superior, antes de finalizar las sesiones de cada año, deberá tratar y decidir, la situación de los docentes que alcancen los sesenta y cinco (65) años de edad al 31 de marzo del año siguiente. ARTICULO 2º: El cese o la prórroga que se ordene tendrá efectividad a partir del 1 de abril. El periodo de prórroga podrá extenderse hasta dos (2) años.ARTICULO 3º: Con una antelación no menor a tres (3) meses, deberá tratarse y decidirse con relación al vencimiento cada período de prorroga. ARTÍCULO 4º: La prórroga de la actividad docente, por un primer periodo o posterior, podrá ser peticionada, indistintamente, por el Decano, Consejero Directivo, docente interesado, instituto o departamento, asociación de docentes graduados o estudiantes. En su caso, por el Presidente de la Universidad, Consejero Superior, docente interesado, instituto o departamento, asociación de docentes, graduados o estudiantes, ARTÍCULO 5º: Las prórrogas no podrán extenderse más allá del vencimiento del período máximo de la designación docente. A partir de esa fecha, automáticamente, continuará como docente interino, salvo decisión en contrario. ARTICULO 6º: La edad de los presentados no tendrá incidencia en la apertura y trámite de los concursos. Al decidirse el resultado del concurso, a quienes se encuentren alcanzados por el límite de edad, les será aplicada esta Ordenanza. ARTICULO 7º: Los docentes que al 1 de abril, hayan alcanzado los sesenta cinco (65) años de edad, ‘y aún no se haya decidido su situación, continuarán en la actividad sin estabilidad alguna. En caso de ordenarse la prórroga recobrarán la estabilidad relativa. ARTICULO 8º: Los docentes interinos, en la situación de los sesenta y cinco (65) años de edad, podrán ser interrumpidos, prorrogados o bien autorizados, siempre en ese mismo carácter precario, a falta de decisión, continuarán en la actividad en ésas mismas condiciones.”

V- Teniendo en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe observarse que las decisiones universitarias constituyen, en principio, materia no revisable por los jueces, exceptuándose aquéllas en las que se observe una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Vale decir que las resoluciones dictadas por las Universidades Nacionales en el orden interno, disciplinario y docente no son susceptibles de revisión judicial, mientras se respeten en sustancia los derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional y no constituyan un proceder manifiestamente arbitrario (conf.Fallos 315:701; 323:620; 325:999 y 332:161, entre otros). En este sentido, el Alto Tribunal, ha señalado que la designación y separación de profesores universitarios, así como los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente no admiten, en principio, revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad; enunciación que se resguarda en las cláusulas constitucionales que encomiendan a los poderes políticos del Estado proveer lo conducente al progreso de la educación, dictando planes de instrucción general y universitaria y les acuerdan facultades para hacerlos cumplir. Se exceptúan aquellos supuestos en que se haya utilizado tales prerrogativas en un modo manifiestamente arbitrario, irrazonable o violatorio de las garantías constitucionales (Fallos 177:169; 235:337; 239:13; 240:440; 246:269; 251:276; 267:450; 291:459; 302:1.503; 307:2.106; 312:1.986; 314:1234; 315:724; 317:40; 325:1676; y más recientemente en autos: “Yusem, Luciana Estela c/ Universidad Nacional de Rosario”; P. 2708. XXXVIII., 29/6/04 “Piaggi, Ana Isabel c/ Universidad de Buenos Aires Resolución 3582/2000”; y ésta Sala I en “Maldonado, Miguel A. c/ U.N.L.P. Fac. Cs. Médicas s/ recurso administrativo”; “Apolinaire, Saúl Oscar c/ Universidad Nacional de La Plata s/amparo Ley 16.986”, del 30/07/2013 y recientemente “Soto, Jaime Ricardo c/U.N.L.P. s/amparo Ley 16.986” del 29/09/2015).

VI. En este contexto, de acuerdo a las constancias obrantes en autos, no se advierte manifiesta arbitrariedad en los trámites y en la Resolución 307/12 del Consejo Directivo, órgano colegiado de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, que se impugna, por lo que corresponde aplicar al caso la doctrina sostenida por el Máximo Tribunal y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia.VII- Sentado ello, se advierte que dada la naturaleza de los derechos involucrados, el actor pudo creerse con derecho a promover el proceso urgente del amparo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, sobre todo luego del alcance que incorporó a dicha acción la reforma constitucional, por lo cual las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado.

VIII. Por todo lo expuesto, en orden a las consideraciones que anteceden, propongo al Acuerdo: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia revocar la sentencia apelada. 2) Imponer las costas del proceso en el orden causado (artículo 70, 2° párrafo del C.P.C.C.N). Así lo voto. LA JUEZA CALITRI DIJO: He de disentir con el criterio expuesto por mi colega preopinante en virtud de los fundamentos que desarrollé en mi voto in re “Rocca, Alejandro c/UNLP s/acción declarativa”, expte. nº 49333/2014, sentencia del 17/05/16. Por ello propongo: 1) confirmar la sentencia de primera instancia con el alcance que antecede; 2) rechazar el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art. 70 del CPCCNDJA)

Así lo voto.

EL JUEZ ALVAREZ DIJO:

I- Que doy por reproducidos los antecedentes relatados en el voto del Dr. Lemos Arias.

II He de coincidir con la solución propuesta por la Dra. Calitri en virtud de los fundamentos desarrollados en “Maldonado, Miguel A. c/ U.N.L.P Fac. Cs. Médicas s/ Recurso Administrativo Directo”, expte. n° 15173/08, sentencia del 23/09/2010. Por ello, propongo al acuerdo rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de primera instancia, con costas a la recurrente vencida (art. 70 del CPCCNDJA). Así lo voto. Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de primera instancia con el alcance que surge del voto de la Jueza Calitri y del Juez Álvarez, con costas a la vencida (art. 70 del CPCCNDJA). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Dres. César Álvarez – Olga Ángela Calitri – Roberto Agustín Lemos Arias (en disidencia ) – Jueces de Cámara.