El concesionario de una autopista no es responsable por los daños producidos en un vehículo durante una tormenta si tal fenómeno climático fue imprevisible y extraordinario

Partes: Walton Jorge Gustavo c/ Autopistas del Sol S.A. s/ daños y perjuicios – accidente de tránsito sin lesiones

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 15-ago-2017

Cita: MJ-JU-M-106599-AR | MJJ106599 | MJJ106599

El concesionario de una autopista no es responsable por los daños producidos en un vehículo durante una tormenta si tal fenómeno climático fue imprevisible y extraordinario.

Sumario:

1.-El concesionario vial no es responsable por los daños producidos en un vehículo que transitaba en la autopista por el ingreso de abundante agua durante una tormenta, dado que, si bien el demandado tiene una obligación de seguridad, lo cierto es que se ha tratado de un caso fortuito que no ha podido preverse y, que, por ser de notorio conocimiento, no fue necesario probarlo; a lo que se suma que el caso no se acreditó la existencia de defecto alguno en el tramo de la autopista donde ocurriera el evento.

2.-La relación que vinculó al actor y a la empresa demandada mediante la cual se reclaman los daños padecidos al inundarse una autopista es una relación de consumo, pues la demandada reviste la calidad de concesionaria de una ruta.

3.-Lo sugerido por el actor en el sentido que el acontecimiento bien pudo haber sido previsto y evitado por la concesionaria de la autovía extremando las medidas de seguridad y cuidado para con los usuarios cerrando los ingresos a la autopista por los sectores de cobro de peaje por haberse conocido con anticipación que durante la madrugada habrían fuertes lluvias es irrazonable, dado que el fenómeno fue extraordinario e imprevisible, a punto que la precipitación registrada en 24 horas fue de 159,0 mm, constituyendo la máxima absoluta registrada en el mes de abril para la estación meteorológica.

Fallo:

En Buenos Aires, a días del mes de agosto del año 2017, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Walton Jorge Gustavo C/ Autopistas del Sol S.A. S/ Daños y Perjuicios – (Acc. Tran. sin les) ordinario”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.- La sentencia de fs. 409/416, rechazó la demanda entablada por Jorge Gustavo Walton contra Autopistas del Sol S.A.

Contra dicho pronunciamiento apeló la parte actora, quien expresó sus quejas a fs. 444/447, las que fueron respondidas a fs. 449/453.

II.- En estos autos el actor reclama los daños y perjuicios que dice haber padecido como consecuencia de la inundación producida en el tramo de la autopista Panamericana entre las calles San Lorenzo y Pelliza, por donde circulaba al volante de su rodado Fiat Ducato, dominio CXS 811, a raíz de las fuertes lluvia caídas durante la madrugada del día 2 de abril de 2013, aproximadamente a las 4 hs., que hicieron que se detuviera su vehículo, por lo que ingresó abundante agua adentro dificultando su salida y la de su esposa, en los términos en que lo describe.

A su turno, la demandada sostuvo que el hecho relatado resulta ser un claro caso fortuito. Refirió que ese día en que se habría producido el siniestro, fue el de la conocida inundación en la ciudad de La Plata, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Fue un hecho público y notorio y llovieron 160 mm en muy corto tiempo.

La sentencia tuvo por acreditado el hecho, pero desestimó la demanda.

Para así decidir el Sr.magistrado concluyó que la causa eficiente del siniestro no residió en la conducta omisiva por parte de la empresa demandada, sino en la configuración del caso fortuito, pues la tormenta acaecida el día del hecho superó los registros históricos apareciendo como un fenómeno meteorológico extraordinario El actor se agravia por ello. Entiende que el acontecimiento bien pudo haber sido previsto y evitado por la concesionaria de la autovía, por haberse conocido con anticipación que durante la madrugada en que se precipitó el hecho, toda vez que el servicio meteorológico anunció la ocurrencia de fuertes lluvias, por lo que debió extremar las medidas de seguridad y cuidado para con los usuarios, cerrando los ingresos a la autopista por los sectores de cobro de peaje y bien pudo conocer la situación reinante en el tramo de mayor depresión de la ruta, aludiendo con ello al informe del perito Romano Yalour, señalando que el a quo omitió toda referencia al efecto. Asimismo, se queja ante la omisión en la que incurre la sentencia de haber encuadrado la relación entre el actor y la demandada en las normas del consumidor.

III.- En cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, diré que nos encontramos en presencia de una relación de consumo que vinculó al actor y a la empresa demandada, esta última en su calidad de concesionaria de la ruta Panamericana.

Ahora bien, tomando en consideración que el hecho ocurrió el 2 de abril de 2013, resulta de aplicación al caso la ley 24.240 de defensa del consumidor, reformada por la ley 26.361 -publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril de 2008-.

Así, el art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación dispone lo siguiente: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario.La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Al respecto, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci explica que los hechos cumplidos están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron y, a su vez, que el nuevo ordenamiento no se proyecta atrás ni altera el alcance jurídico de las situaciones y consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en un momento bajo un determinado dispositivo legal. Asimismo, respecto a las normas del derecho del consumo, la mencionada jurista señaló que la regla se invierte en el sentido que, al contrato de consumo en curso de ejecución, le son aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y cuando, obviamente, por fidelidad a un principio cardinal que informa la materia, sea más favorable al consumidor. O sea, las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata.

No dispone la aplicación retroactiva de la ley sino su aplicación inmediata a los contratos en curso de ejecución (Kemelmajer de Carlucci, Aída; La aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes, 1ª edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, ps. 30/31, y 60/61).

Por ello, entiendo que se deben aplicar las normas vigentes a la fecha del accidente, es decir la ley 24.240, con las modificaciones de la Ley 24.999, con exclusión de las modificaciones o reglamentaciones posteriores a la mencionada fecha.

Efectuada dichas aclaraciones, diré que la relación jurídica de consumo es una definición normativa y su extensión surgirá de los límites que la legislación le establezca a sus elementos: sujeto, objeto, fuentes.

Coincidimos en que debe definirse la relación de consumo “de modo que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido:antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por una ilicitud extracontractual, o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Siendo la relación de consumo el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor, debe comprender todas las situaciones posibles. Si bien el derecho del consumidor regula fundamentalmente materia contractual, existe una buena cantidad de disposiciones que otorgan prerrogativas a los sujetos aún sin estar vinculados contractualmente con proveedores. De esta manera, una noción acotada de la relación de consumo no dejaría sin poder considerar estos supuestos expresamente contemplados por la legislación.

Además, teniendo su fundamento principal en la normativa constitucional, esta amplitud de criterio es la que mejor se adecua a una correcta hermenéutica. Por su parte, el objeto de la relación jurídica de consumo es el que se configura por la operación jurídica considerada o los bienes a los cuales se refiere, que son los productos y los servicios (Wajntraub, Javier, “Los derechos de los consumidores”, en “Constitución de la Nación Argentina. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Dirección de Daniel Sabsay, Editorial Hammurabi, Tomo 2, páginas 306/05).

Desde esta perspectiva, entiendo que en el caso se configuran los extremos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, razón por la cual resulta indudable que el Sr. Walton revistió el carácter de consumidor. En consecuencia, la cuestión debe ser analizada a la luz de los arts. 42 de la Constitución Nacional, y 40 y concs. de la ley 24.240, con las modificaciones introducidas por la ley 24.999, como señalara anteriormente.

Así, la Ley de Defensa del Consumidor pone a cargo del proveedor una obligación de seguridad de resultado (art. 5), y complementa esa regulación disponiendo, en su art.40, que si el daño resulta “del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio” la legitimación pasiva se amplía a todos los sujetos que han intervenido en la cadena de producción y comercialización del producto o servicio, quienes responden objetivamente y en forma concurrente -pese a que la ley dice, impropiamente, “solidaria”-, sin perjuicio de las acciones de regreso que puedan corresponder una vez indemnizada la víctima (Conf. Picasso, Sebastián, “La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema”, LL 2008-C-562; ídem, comentario al art. 10 bis en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 162/163).

Ahora bien, a fines de ese año 2006 la Corte dictó sentencia en el caso “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Provincia de Buenos Aires y otros” (7/11/2006, DJ, 29/11/06, 950; DJ, 28/2/07, en el ámbito de su jurisdicción originaria, en el que sentó el criterio según el cual entre el concesionario de la ruta y el usuario existe una relación contractual, donde aquel no asume una obligación de dar el uso y goce de la cosa, sino de prestar un servicio, lo cual cobra relevancia porque hay una obligación nuclear en el contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos, y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe, entre los cuales se encuentra el deber de seguridad, que obliga al prestador a adoptar las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles.Según el criterio de la corte, la previsibilidad de los riesgos que adjetiva la obligación de seguridad a cargo del concesionario de rutas puede variar de un supuesto a otro, porque no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, ni grados de peligrosidad o siniestralidad, por lo cual en muchos casos podrá establecerse un deber de previsión (art. 902 del Código Civil) que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación. Añadió la corte federal en el precedente antes citado que el deber de seguridad a cargo de las empresas concesionarias es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia perman ente del camino, su señalización, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, el retiro sin demora de animales que transiten por el lugar y toda otra medida que pueda caber dentro del referido deber, a los efectos de resguardar la seguridad y la fluidez de la circulación, asegurando que la carretera se mantenga libre de peligros y obstáculos (conf. esta Sala, in re “Villamonte c/ Adot s/ Ds. y Ps.” (Expte. no. 28.224/06), del voto del Dr. Sebastián Picasso).

En la misma causa el cimero tribunal señaló que el vínculo que liga al usuario con el concesionario es de derecho privado, y constituye una relación de consumo en los términos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, a lo que adhiere numerosa doctrina (entre muchos otros: Lorenzetti, Ricardo L., “Concesionarios viales. En qué casos hay responsabilidad”, Revista de Derecho de Daños N°. 3, p. 157; ídem., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 114, nos. 6 y 487; Mosset Iturraspe, Jorge, Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 20; Galdós, Jorge M., “Peaje, relación de consumo y animales sueltos.Otro trascendente fallo”, LL, 2004-C, 919; Rinessi, Antonio J., “Un fallo de la Corte Suprema reivindicador de los derechos del usuario”, LL, 2006-C-54; Vázquez Ferreyra, Roberto A., “La demanda contra los concesionarios de autopistas”, Revista de Derecho de Daños n° 1° -Accidentes de Tránsito- p. 157.

IV.- Expuesto entonces el encuadre jurídico que habrá de regir la litis, corresponde analizar la prueba producida a efectos de determinar si ha mediado caso fortuito, o como señala el último párrafo del art. 40 de la ley 24.240, si la demandada ha logrado acreditar que la causa del daño al actor le ha sido ajena.

Desde esta perspectiva adelanto que habré de coincidir con la decisión a la que arribó mi colega de la instancia de grado, desde que el caso fortuito -admitido por el sentencia como eximente en beneficio del demandado- es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse (cf. art. 514 del Código Civil). Si bien su prueba incumbe a quien lo invoca, ello no es necesario cuando se trata de un hecho notorio (cf.

Gianfelici, Mario César, Caso fortuito y caso de fuerza mayor, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 130).- Me explico.

En primer lugar, a mi entender en el caso no ha logrado acreditarse la existencia de defecto alguno en el tramo de la autopista donde ocurriera el evento, pues la depresión a la que alude el perito lejos está de constituir un escollo al tránsito que ponga en peligro la circulación.Por otra parte, Vialidad Nacional informó que en orden a la infraestructura de seguridad vial, mantenimiento y conservación, el ente concesionario demandado cuenta con móviles y personal en condiciones adecuadas para el control de estado de las calzadas en la zona concesionada y cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, realizando inspecciones y patrullajes permanentes con el objeto de detectar novedades que se puedan producir en la vía.

Es evidente que nos encontramos ante un caso fortuito.

En efecto, así se ha sostenido que los fenómenos naturales, precisamente, configuran el caso fortuito cuando son extraordinarios y por su intensidad salen del orden común (cf. Llambías, ob. cit, p. 239; Borda, ob. cit., 104; Trigo Represas, Félix A., López Mesa, Marcelo J., ob. cit., ps. 841/842; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1987, p. 311) y, en este sentido, he de destacar que lo que habilita enmarcar el caso en esta figura es la magnitud de las lluvias caídas, según surge del informe del Servicio Meteorológico Nacional de fs. 262/3, que bien se describe en la sentencia y cuyo contenido me remito brevitatis causae.

Ahora bien, acreditado el caso fortuito, incumbe al acreedor la demostración de la intervención de alguna falta imputable al deudor, todo lo que adquiere significación e importancia en orden a la eventual concurrencia de causas frente al incumplimiento y la consecuente determinación del perjuicio (cf. Echevesti, en Bueres, dir., Highton, coor., Código Civil., 2a. reimpresión, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, t.

2A, p. 183), lo que a mi modo de ver, no ha logrado acreditarse, ya que no advierto en el caso incumplimiento alguno por parte de la demandada de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar.Pues, lo sugerido por el actor en el sentido que el acontecimiento bien pudo haber sido previsto y evitado por la concesionaria de la autovía extremando las medidas de seguridad y cuidado para con los usuarios, cerrando los ingresos a la autopista por los sectores de cobro de peaje por haberse conocido con anticipación que durante la madrugada habrían fuertes lluvias, es irrazonable apenas se advierta lo imprevisible y extraordinario del fenómeno, a punto que la precipitación registrada en 24 horas fue de 159,0 mm, constituyendo la máxima absoluta registrada en el mes de abril para la estación meteorológica “Buenos Aires Observatorio” desde 1906, y la precipitación acumulada en 2 horas – que fue de 102,9 mm – ocupa el 2° lugar en la serie histórica 1999-2012., por lo que mal podría haberse previsto como lo sugiere el actor.

De ello dan cuenta las declaraciones de Luis Ernesto Ortiz, Jorge Carlos Walter y Ezequiel Fernando Funes, así como la de Elvio Luis Rocchietti, empleado de la demandada, quien señaló que ese día la zona de del Acceso Norte fue sometida a un fuerte temporal, con precipitaciones que promediaron los 150 milímetros en dos horas, recibiendo incluso agua desde la zona urbana, colapsando el Acceso y todos los ingresos a Capital desde la General Paz, así que en ese lapso todos los equipos operaron en diversos siniestros y diversos desvíos hacia zonas urbanas, logrando normalizar la operación luego de 6 horas de producida la tormenta.

Lo expuesto, pone de manifiesto que el día 2 de abril de 2013 en horas de la madrugada se produjo una tormenta de una intensidad tal que no era posible prever, pues su intensidad trepó a niveles extraordinarios excediendo los registros y marcas de épocas anteriores, con un caudal de lluvias tal, que ocasionó violentas, repentinas e imprevistas inundaciones.

Como bien lo señala el sentenciante, es de público y notorio conocimiento que dicha tormenta fue calificada como una tragedia o acontecimiento catastrófico que incluso ocasionó numerosas víctimas fatales, tal como fácilmente puede verificarseen las publicaciones de la época, cuadro que indudablemente revistió las características y previsiones del artículo 514 del Código Civil.

El Código Civil es claro al respecto, cuando en su art. 514 dispone que se trata del hecho que “no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse”. De modo que para fracturar el nexo causal el hecho debe ser imprevisible o, si puede ser previsto, debe resultar inevitable.

Para que un hecho configure un caso fortuito, no debe ser razonablemente “previsible”, es decir lo que el hombre medio no está en condiciones de saber que normalmente ocurre, de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas, empleando la debida atención y cuidado de las cosas (conf. López Herrera, ob. cit. Pág. 235). La imprevisibilidad no es una vaga posibilidad de realización, sino todos los eventos serían previsibles; decir que un evento es imprevisible significa que no hay ninguna razón particular para pensar que él se producirá. Los casos fortuitos previstos, no suponen una previsión precisa, conociendo el lugar, el día y la hora en que el hecho sucederá, sino la eventualidad de que tal hecho acontezca sin que sea posible saber dónde y cuándo sucederá (Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, 1ra. ed., Buenos Aires, La Ley, 2004, pág. 844/845).

Además, el hecho es “inevitable” o “irresistible” cuando el deudor sin culpa de su parte y enmarcado en sus circunstancias personales sea impotente para impedir el hecho que obsta al cumplimiento de la obligación. Si bien los rasgos esenciales tipificantes del casus son dos: la imprevisibilidad y la inevitabilidad, éste último es el elemento decisivo, puesto que aún lo previsible si es inevitable exonera de responsabilidad; y además lo imprevisible deviene verdaderamente relevante, en la medida en que por ello torna inevitable el acontecimiento que no se pudo prever (Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil ob. cit., pág.845/846).

Así, las condiciones climáticas no configuran un caso fortuito eximentes de responsabilidad, a menos que revistan carácter extraordinario, esto son los fenómenos de la naturaleza que por su intensidad salen de lo común. Así, en principio, las lluvias, el viento, las inundaciones, por resultar del curso regular de la naturaleza, no pueden considerarse caso fortuito (conf. López Mesa, Código Civil y Leyes complementarias, T. I. pág. 628), a menos que, como en el caso, debido a su intensidad excedan los promedios históricas.

Examinando, precisamente, la intensidad de los hechos de la naturaleza, se ha declarado, siguiendo a Vélez y a Troplong, quien es mencionado en la nota al art. 514 del C. Civ., que los accidentes de la naturaleza o factores naturales, como ser la lluvia, el viento, los terremotos, las tempestades, los huracanes, los ciclones, los tornados o las sequías, no constituyen hipótesis de caso fortuito si por su intensidad no salen del orden común. Ello así, pues -según se afirmó- las estaciones tienen su orden y desarreglo que producen accidentes y perturbaciones que también traen daños imprevistos (conf. Barbado, Patricia B., Los factores climáticos como eximentes de responsabilidad en la jurisprudencia, 2008 ABELEDO PERROT Nº: 0003/800584, APBA 2008-9-1050).

Se dijo que no bastaba con invocar que el hecho había ocurrido por una inundación producida por una tormenta en la que la caída de agua había sido superior al promedio común en la zona, sino que además debía a creditarse que fue muy superior a las precipitaciones normales y que se produjeron estragos generales imposibles de superar con una previsión corriente, o bien que el fenómeno meteorológico entrañó una calamidad insuperable con las previsiones normales (CNCiv., sala C, 17/5/2002, “Giordani, Jorge S. v. Autopistas Urbanas S.A. ).

Entiendo que en autos ha quedado configurado un caso fortuito, pues su excepcionalidad ha superado la aptitud normal de previsión que era dable exigirle al deudor a quien no podían pedírsele dotes adivinatorias (cf.Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, 4a. ed. act., Ed. Perrot, Buenos Aires, t. I, p. 232), excedía el curso normal de los acontecimientos (cf. Mayo, en Belluscio, dir., Zannoni, coor., Código Civil., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, t. 2, p. 663) y no había razones valederas para pensar que ese acontecimiento se iba a producir (cf. Trigo Represas, Félix A., López Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, t. I, ps. 844/845; Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones I, 8a. ed. act., Ed. Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 101).

Desde esta perspectiva, en los términos del último párrafo del art.

40 de la ley 24240, ha quedado demostrado que la causa de los daños reclamados por el actor le ha sido ajena a la empresa accionada, por haber mediado un caso fortuito.

V.- Por todo ello, si mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo de mis distinguidos colegas, que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravios, con las costas de esta instancia a cargo de la parte actora.

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede.Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

Buenos Aires, de agosto de 2017.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

I.- confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravios, con las costas de esta instancia a cargo de la parte actora.

II.- A los fines de conocer en los recursos de apelación deducidos contra las regulaciones de honorarios establecidos en la sentencia a favor de los peritos y mediador actuantes, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital reclamado en la demanda, conforme lo resuelto por el fallo plenario de este fuero dictado en autos “Multiflex SA c/Consorcio Bme. Mitre 2257 s/sumario” (ED 64-250).

En lo que hace específicamente al monto del proceso, esta Sala entiende que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 27/09/11). No obstante, cabe aclarar que ello se refiere al supuesto en que los intereses fueron no sólo objeto de reclamo sino que fueron reconocidos en la sentencia (art.19 de la ley 21.839). En cambio, en el caso de demanda rechazada, debe atenderse únicamente al capital reclamado en ella, no correspondiendo incluir los intereses en la base del cálculo de los honorarios.

Por lo demás, se tendrá en consideración la entidad de las cuestiones sometidas a dictamen de los expertos, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar sus honorarios con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto, al no ser elevados los correspondientes al perito ingeniero Jorge Guillermo Romano Yalour, y ajustados a derecho los del perito médico psiquiatra Jorge Alberto Solanas, se los confirma en ambos casos.

III.- En relación a los honorarios del mediador, esta Sala entiende que, a los fines de establecer sus honorarios, corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet, Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, Exp. 6618/2007; en igual sentido, “Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala). Por lo demás y en cuanto a los agravios vertidos por el mediador, cabe remitirse a las consideraciones efectuadas en el punto II, párrafo segundo, del presente pronunciamiento.

En consecuencia, ponderando el monto reclamado y lo dispuesto por el Decreto 2536/2015 Anexo I, art. 2°, inc. f) -según Dec. 1118/2015- (vigente al momento del fallo), se confirma el honorario del mediador Dr. Roberto Carlos Lubnicki.

IV.- Se deja constancia que no se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes ante esta instancia, por encontrarse pendiente la notificación de sus honorarios a los clientes respectivos, en sus domicilios reales (art. 62 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

FDO. José Benito Fajre

Liliana Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.