Las inversiones del Reino Unido en la Argentina y un llamado de atención por las Islas Malvinas

Autor: Laborías, Alexis R.

Fecha: 1-ago-2017

Cita: MJ-DOC-11937-AR | MJD11937

Sumario:

I. Las inversiones extranjeras en debate. II. El sector hidrocarburífero argentino. III. Negociaciones con el Reino Unido. IV. Conclusiones.

Doctrina:

Por Alexis R. Laborías (*)

RESUMEN

El artículo plantea la importancia de una planificación racional en las políticas públicas del país, en particular en lo referente a los proyectos de atracción de inversiones extranjeras. Con relación al sector de los hidrocarburos, de vital importancia por la cantidad y calidad de recursos disponibles en el territorio nacional, se comenta acerca de los ofrecimientos realizados al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y se plantea la contradicción que implicaría conceder beneficios a las empresas de un Estado con el cual se tiene una controversia de soberanía pendiente.

I. LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN DEBATE

La discusión acerca de las inversiones extranjeras parece ser una cuestión recurrente en la historia argentina, en la cual nuestro país suele quedar envuelto sin la necesaria planificación que contemple la forma más adecuada de propiciar su arribo y gestionar su aplicación a la economía nacional. Los gobiernos se suceden, con sus diferentes planteos en política económica y dejan tras de sí una miríada de normas, de proyectos y de propuestas, los cuales suelen ser desarticulados por los siguientes ocupantes de los cargos (1).

Desde nuestra perspectiva, es cuanto menos temerario rechazar la importancia de las inversiones extranjeras en una economía de mercado, si bien ocasionalmente pueden existir voces que realicen este tipo de afirmaciones. Lo antedicho no implica propiciar una apertura indiscriminada a todo tipo de capitales provenientes del extranjero.Por el contrario, un Estado debe realizar una planificación racional, previendo las necesidades en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta variables sociales, políticas, económicas y financieras, entre otras (2). Por ello, resulta de gran relevancia que un Estado se plantee cuál será su definición del término «inversión» (por ejemplo, para excluir los simples flujos financieros de capitales, sin permanencia en el país) (3), cuáles serán aquellas consideradas prioritarias (por su volumen o por su país de origen, entre otras cuestiones), y a qué sectores de la economía deberían volcarse. Sin esta planificación, se pierde uno de los principales atractivos para un inversor, que es la seguridad jurídica, casi de tanta importancia como las ganancias razonables que se espera obtener de cualquier actividad comercial.

Bajo estas premisas, el presente trabajo busca poner de relieve una situación escasamente estudiada, que ejemplifica las graves consecuencias que puede acarrear la falta de una planificación estatal global. Así, la incesante búsqueda de inversiones extranjeras podría entrar en colisión con uno de los objetivos fundamentales de la nación argentina, relacionado con el conflicto del Atlántico Sur, en los términos definidos por la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

II. EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO ARGENTINO

Por sus características intrínsecas, el área de los hidrocarburos debería ser objeto de las planificaciones más cuidadosas, ya que involucra la exploración y explotación de recursos no renovables, cada vez más demandados por las economías de todo el mundo. Asimismo, presenta una gran complejidad regulatoria, por superponerse competencias nacionales y provinciales. No obstante, parece ser una de las áreas más erráticas en cuanto a políticas públicas se refiere.

Si bien la ausencia de una planificación racional en materia de hidrocarburos posee antecedentes de larga data (4), a los fines de este análisis solo se mencionará uno de los más destacados del último quinquenio.En 2012, se sancionó la Ley 26.741 , titulada «De la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina», que posee dos ejes principales. El primero, alcanzar el autoabastecimiento en materia de provisión de petróleo y gas, mediante una serie de medidas tendientes a incentivar la exploración y explotación de estos recursos (5). El segundo eje, uno de los más polémicos, consistió en declarar sujetas a expropiación el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en aquel momento bajo propiedad de la empresa española REPSOL (6).

Como criticamos en su momento, pocas medidas efectivas se concretaron para alcanzar la proclamada soberanía en la materia, con la excepción de la nacionalización de YPF. Asimismo, el cotejo del acto expropiatorio con el estándar internacional para considerarlo un acto gubernamental válido, reflejado en el tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España, determinó que lo calificáramos como violatorio de las normas vigentes. En particular, la objeción formulada tuvo en cuenta el incumplimiento de dos de los cuatro requisitos para garantizar la validez del acto expropiatorio: la utilidad pública y la no discriminación (7).

A pesar de la sanción de la Ley 26.741 y de su título grandilocuente, pocos cambios sustanciales se produjeron en el plano hidrocarburífero en el país, lo cual demuestra que el acto expropiatorio fue un hito más en la cadena de desaciertos y planes esporádicos. En los años posteriores, se sucedieron los anuncios, ideas y normas, sin que se haya alcanzado aún un nivel aceptable de provisión de petróleo y gas (8). Por ello, el énfasis actual está puesto en la llegada de inversiones extranjeras, que permitan reactivar este sector de la economía y logren resolver además la problemática que implica el elevado costo para la importación de gas.

III.NEGOCIACIONES CON EL REINO UNIDO

En el transcurso del último año y medio, las autoridades gubernamentales desarrollaron diferentes programas de atracción de las inversiones, destinados a los principales actores económicos mundiales, tanto estatales como empresariales (9). Y en este contexto, el sector del petróleo y gas argentinos constituye una de las áreas de mayor atractivo para recibir fondos extranjeros, por el volumen de las cuencas disponibles, por los recursos económicos que pueden obtenerse de su explotación y por su impacto en la generación de empleos directos e indirectos (10).

Como parte de la agenda de reuniones, se concretaron encuentros de alto nivel entre funcionarios nacionales y sus pares del Reino Unido, con miras a presentar las posibilidades de la Argentina como destino rentable para las inversiones (11). Así, en el Comunicado Conjunto, firmado por ambos países el 3 de septiembre de 2016, se expresó la intención de promover la inversión extranjera directa y dice lo siguiente: «. con particular acento en las áreas de infraestructura, energía y minería» (12). Esta propuesta fue ampliada en posteriores documentos, entre ellos, a través de un acuerdo con la agencia gubernamental «UK Export Finance», que financia las exportaciones del país europeo. Al momento de anunciar este convenio, un funcionario británico mencionaba también a la energía como una de las áreas de interés (13).

En la siempre tensa relación con el Reino Unido, este interés recíproco en materia de inversiones no debe verse como un simple gesto de buena voluntad entre los Estados. Poco antes de los intercambios antes mencionados, se dispuso mediante un acuerdo bilateral la regularización de pagos de la deuda existente, en el marco del Club de París (14). De esta manera, se buscaba sentar las bases para un acercamiento entre ambos países mostrando la predisposición argentina a cancelar sus deudas pendientes.En el mismo sentido, tampoco puede pasar inadvertido que el retiro del Reino Unido de la Unión Europea (coloquialmente denominado «Brexit», un tipo de abreviación de «British exit») seguramente tendrá un impacto comercial y, en el campo de las inversiones, será complejo de prever (15). Se puede estimar que al encarecerse y volverse más compleja la inversión del país insular hacia el continente (ya que dependerá del tratamiento para Estados ajenos al bloque), el sector empresarial podría mirar con más interés hacia otros mercados, entre ellos los de América Latina en general y la Argentina en particular.

Ahora bien, estas declaraciones, comunicados y acuerdos deben verse en un contexto más amplio, de la relación diplomática con el Reino Unido, con quien se tiene pendiente la controversia de soberanía respecto del Atlántico Sur, que incluye a las Islas Malvinas, las Islas Georgias y las Islas Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes (16). Por el momento, esta situación parece no haber sido considerada adecuadamente por las autoridades nacionales.

En las décadas posteriores a la Guerra de 1982, las Islas Malvinas se beneficiaron de un cambio económico trascendental, al volcarse a dos actividades altamente rentables, como la concesión de licencias de pesca y la exploración de hidrocarburos.La consecuencia fue un aumento notable de su Producto Bruto Interno, calculado por el Reino Unido en £ 63.300 «per capita» en el año 2013 (17), aunque un Informe del «Gobierno de las Islas», más conservador en su metodología de cálculo, estimaba el número en £ 39.000, adoptando como eje el Producto Bruto Nacional (18). Este informe daba cuenta de que el 25% de ese PBN correspondía a la exploración de petróleo y gas, entre otras actividades industriales.

Las tareas de exploración de hidrocarburos en la cuenca del Atlántico Sur se realizan principalmente por dos empresas, «Rockhopper Exploration plc» y «Premier Oil PLC», ambas con sede en Londres (19). La primera adquirió en noviembre de 2015 a la compañía «Falkland Oil and Gas», que a su vez había adquirido en diciembre de 2013 el paquete accionario de Desire Petroleum Limited. Por su parte, «Premier Oil» adquirió el 60% de la participación de «Rockhopper» en los derechos de exploración de los yacimientos conocidos como «Sea Lion» (20). En los últimos tres años, las empresas realizaron diversos anuncios respecto del avance de sus operaciones, habiendo superado las reticencias previas, tanto por las dificultades en la exploración y futura explotación, como por las fluctuaciones del precio internacional de los «commodities» por ob tener.La Argentina siempre se manifestó contraria a dichas actividades, formulando las correspondientes protestas diplomáticas ante el Reino Unido, no solo por su reclamo de soberanía, sino también porque los recursos que serían explotados son no renovables, de ahí que su extracción actual comprometería su disponibilidad para las generaciones futuras (21). Como parte de una política para obstaculizar o dificultar la actividad de estas empresas, en el año 2014 se sancionó la Ley 26.659 , para disponer que solo las empresas autorizadas por la Argentina podían operar en la Plataforma Continental, siendo pasibles de importantes sanciones en caso de violar la prohibición (22). Asimismo, la ley establece que el Estado se encuentra impedido de realizar contratos con estas empresas (23).

En este sentido, se debe tener en cuenta que las compañías del sector petrolífero son grandes conglomerados empresariales, con intereses y ramificaciones en diversas áreas económicas y financieras. De ahí que las empresas que actualmente exploran en la Cuenca de Malvinas pueden razonablemente tener vínculos comerciales más extensos que aquellos que se perciben a primera vista. Prueba de ello es que «Premier Oil» posee también concesiones para la explotación petrolífera en Brasil, a través de la filial «Premier Oil do Brasil Petróleo e Gás Ltda.». En el mismo sentido, la empresa bancaria, financiera y de inversiones de origen estadounidense «J. P. Morgan» es tanto accionista de «Argos Resources» (24) como uno de los principales gestores de las emisiones de bonos de la Argentina (25).

Es por ello por lo que creemos que es un contrasentido ofrecer el negocio hidrocarburífero en el territorio continental argentino a empresas del Reino Unido, que podrían estar asociadas con las mismas que se busca sancionar por actuar en las Islas Malvinas. La misma regla se aplica a otras compañías, cualquiera sea su lugar de constitución, que pudieran tener participaciones accionarias en dichas actividades prohibidas por nuestro derecho interno.Quizás en sectores ansiosos por atraer inversiones, podría argumentarse que si la oferta de exploración en el continente es lo suficientemente sólida, el Gobierno del Reino Unido podría cancelar o suspender los planes de exploración de las empresas que operan en la cuenca del Atlántico Sur, en vistas de obtener mayores ganancias. Sin embargo, cabe considerar que si esta situación tuviera lugar, en el mejor de los escenarios para nuestro país, las actividades en Malvinas solo se reducirían o incluso se suspenderían por un tiempo determinado, para luego recobrar su impulso en unos pocos años.

Los antecedentes del conflicto del Atlántico Sur son lo suficientemente claros para evidenciar que las concesiones que acordó la Argentina no derivaron en un fortalecimiento de nuestra posición diplomática, sino más bien en un beneficio para los malvinenses y para el Gobierno del Reino Unido. En palabras claras, si quien detenta la posición de fuerza en una disputa obtiene mejoras en su situación, ¿para qué necesita sentarse a negociar con su contraparte? Las reiteradas protestas argentinas frente al Reino Unido por violaciones del derecho internacional se verían desvirtuadas si se premia esta inconducta mediante concesiones de recursos estratégicos. Por el contrario, la apertura de una negociación formal por la cuestión de la soberanía debería ser un prerrequisito para admitir las inversiones de dicho país.

IV. CONCLUSIONES

Como fue expuesto, la llegada de inversiones a nuestro país debería ser planificada en forma adecuada, previendo escenarios de corto, mediano y largo plazo, determinando qué tipo de inversiones se buscan y cuáles serán los sectores de la economía prioritarios para recibirlas.

Ahora bien, esta previsión debería tener en cuenta que las grandes empresas con capacidad de inversión global poseen intereses diversos, no solo aquellos que son visibles en una lectura simple de la realidad. El sector de hidrocarburos y las empresas del Reino Unido que realizan actividades en las cuencas de las Islas Malvinas son ejemplos de lo antedicho.De esta manera, creemos que la llegada de inversiones por parte de una empresa como las anteriores, si bien representarían un beneficio inmediato, podría impactar negativamente en el mediano y largo plazo en el conflicto del Atlántico Sur.

Lo antes mencionado no implica rechazar la cooperación económica con el Reino Unido, sino remarcar que no se deberían realizar avances unilaterales. De esta manera, el ofrecimiento de inversiones podría estar atado a la apertura de negociaciones sobre la soberanía, fijando como marco la Res. 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal como tuvieron lugar entre 1965 y 1968 y que habían acercado las posiciones entre ambos Estados (26).

Desde una perspectiva política, la propuesta antes esbozada es compleja de presentar y seguramente causaría un rechazo inicial de la contraparte. Sin embargo, con prudencia y paciencia podrían obtenerse resultados más valiosos que mediante actos unilaterales, los cuales solo benefician a un Estado al cual se acusa de violar el derecho internacional.

———-

(1) Como referencia, véase el libro siguiente. CORTÉS CONDE, Roberto: La economía política de la Argentina en el siglo XX. Buenos Aires, Edhasa, 2005. Si bien esta obra abarca hasta el año 1989, las décadas posteriores confirmaron las observaciones críticas del autor.

(2) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo utiliza la expresión «coherencia política», para advertir que la planificación en materia de inversiones debería afirmarse en una estrategia global del Estado para su desarrollo sostenible. Cfr. United Nations Conference on Trade and Development: Investment Policy Framework for Sustainable Development (en línea). (Fecha de consulta: 4/7/2017). Disponible en el siguiente sitio web: http://investmentpolicyhub.unctad.org/ipfsd.

(3) A modo de ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aplica la siguiente definición:«La inversión extranjera directa refleja el objetivo de establecer un interés duradero por parte de una empresa residente en una economía (el inversor directo), en una empresa domiciliada en una economía diferente de la del inversor directo (la empresa de inversión directa). El interés duradero implica la existencia de una relación de largo plazo entre el inversor directo y la empresa de inversión directa y un grado significativo de influencia en la gestión de la empresa». Cfr. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: Definición Marco de Inversión Extranjera Directa, 4.a ed., Éditions OCDE, 2011, (en línea). Fecha de consulta: 3/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://dx.doi.org/10.1787/9789264094475-es.

(4) Redactado a comienzos de la década de los noventa y enfocado en los «beneficios» que se derivarían para el país de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, véase el estudio siguiente. KHELIL, Chakib: Argentina – Hydrocarbon Sector Privatization, World Bank, Washington, DC, 1993 (en línea). Fecha de consulta: 4/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://documents.worldbank.org/curated/en/1993/03/11620715/argentina-hydrocarbon-sector-privatization. Allí se identifican una serie de variables que afectaron a este sector, incluyendo las regulaciones sobre inversiones, las interferencias gubernamentales, las políticas para fijar los precios y los impuestos, entre otras.

(5) El art. 1 establece lo siguiente: «Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones».

(6) El art. 7 estipula lo siguiente:«A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y uno por ciento (51%) del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF S. A., sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta. Asimismo, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y uno por ciento (51%) del patrimonio de Repsol YPF GAS S. A. representado por el sesenta por ciento (60%) de las acciones Clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano S. A., sus controlantes o controladas».

(7) LABORÍAS, Alexis R.: «Expropriation and the settlement of investment disputes: an account of the controversy between Repsol and Argentina», en Global Jurist (De Gruyter), vol. 15, Issue 1 (enero de 2015), p. 81. El conflicto fue resuelto mediante una negociación, que derivó en el pago de una cuantiosa indemnización, ratificada por la Ley 26.932 .

(8) El reciente «Acuerdo Federal Minero», presentado a mediados de junio de 2017, todavía tiene un largo camino por delante, ya que debe ser aprobado por el Congreso Nacional, y luego ser objeto de adhesión por las Legislaturas Provinciales.

(9) Al respecto pueden verse las presentaciones realizadas por el Ministerio de Energía y Minería en el Instituto de las Américas (The La Jolla, Energy Conference 2016. Argentina – Energy for growth (en línea). Fecha de consulta: 13/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/planeamiento/publicaciones/IOA-La%20Jolla-Ma
2016.pdf). También, en un Foro realizado en los Países Bajos (Energy, Year 1. The beginning of the transformation (en línea). Fecha de consulta: 13/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://scripts.minem.gob.ar/octo pus/archivos.php?file=7224).

(10) Con información correspondiente al año 2014, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicaba lo siguiente:«Según expertos del sector, la Argentina parece tener un gran potencial para la exploración petrolífera. En particular, se apunta a la formación de Vaca Muerta como una importante fuente de gas de lutita y petróleo de esquisto. El Gobierno anunció ventajas especiales para las empresas petroleras que estuvieran dispuestas a invertir más de 1000 millones de dólares. A raíz de ello, la estadounidense Chevron firmó un acuerdo con YPF para invertir 1600 millones de dólares con el fin de explorar la formación de Vaca Muerta. Por otro lado, fuentes no oficiales señalan que la compañía rusa Gazprom habría propuesto realizar inversiones por valor de 1000 millones de dólares. Se estima que la exploración de Vaca Muerta requeriría una inversión total cercana a 15.000 millones de dólares. En diciembre de 2014, la empresa Petronas de Malasia declaró que asignaba 550 millones de dólares a un proyecto de cooperación para la obtención de gas de lutita con YPF (Mander, 2014). Por último, la anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell y la francesa Total anunciaron una inversión de 550 millones de dólares junto con la compañía local Gas y Petróleo del Neuquén en otro yacimiento». Cfr. Comisión Económica para América Latina y el Caribe: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, 2015, p. 43.

(11) Situación que no es novedosa, ya que en diciembre de 1990, se firmó un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, que entró en vigor en el año 1993. La fecha y el objetivo del Acuerdo son significativos, dado que las relaciones diplomáticas se habían restablecido en febrero de 1990, a través de la Declaración Conjunta de Madrid.

(12) El texto fue reproducido en la Información para la Prensa N.° 304/16 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país.(13) Véanse las referencias en los comunicados oficiales del Ministerio de Finanzas de Argentina (en línea). Fecha de consulta: 4/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.minfinanzas.gob.ar/argentina-y-el-reino-unido-fortalecen-sus-relaciones-comerciales/. También, en los de la Embajada Argentina en el Reino Unido (en línea). Fecha de consulta: 4/7/2017. Disponible en el siguiente sitio web: http://www.argentine-embassy-uk.org/docs_eng/press/press_releases/2017/17-03-21.html, También, en los comunicados del Gobierno del Reino Unido (en línea). Fecha de consulta: 4/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: https://www.gov.uk/government/news/government-announces-new-support-for-uk-businesses-in-argentina. Como parte de este intercambio, en Londres se llevó a cabo una conferencia en la cual disertó el Ministro de Hacienda argentino, que llevó por título «2017 Mining Plan: a new chapter in Argentine mining».

(14) Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (regularización de atrasos comprendidos en la Declaración Conjunta del Club de París del 29 de mayo de 2014). Fue firmado en Buenos Aires el 27 de enero de 2016 y, en esa misma fecha, entró en vigor.

(15) BERASATEGUI, Vicente: «El Brexit y su impacto en la controversia de soberanía en el Atlántico Sur», en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Artículos y Testimonios, N.° 127, 2016 (en línea). Fecha de consulta: 13/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.cari.org.ar/pdf/at127.pdf.

(16) La posición argentina respecto de esta controversia fue expuesta en forma magistral por el embajador José María Ruda, en su alegato de 1964 en Naciones Unidas, ante el Comité Especial Encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.Las obras sobre esta temática son innumerables, de ahí que solo se mencione uno de los últimos trabajos publicados, a modo de referencia: KOHEN, Marcelo G., y RODRÍGUEZ, Facundo D.: Malvinas entre el derecho y la historia. Buenos Aires, Eudeba, 2015. Asimismo, deben destacarse los aportes bibliográficos y documentales realizados por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), a través de su Comité de Estudios sobre esta materia.

(17) El Comité Especial de las Naciones Unidas antes referido tuvo a su consideración la siguiente información: «Según la Potencia administradora, el producto interno bruto (PIB) de las Islas fue de 162,2 millones de libras esterlinas en 2013. El PIB «per capita» de ese año fue de unas 63.300 libras». Véase «Islas Malvinas (Falkland Islands)», documento de trabajo presentado por la Secretaría (A/AC.109/2016/6).

(18) Falkland Islands Government: State of the Falkland Islands Economy (march 2015) (en línea). Fecha de consulta: 23/6/2017. Disponible en http://www.fiassociation.com/article.php/508. La diferencia en el cálculo se justifica de la siguiente manera: «. companies in fishing often have joint foreign owners and hydrocarbons companies are mostly owned by foreign shareholders. In addition, most of their wages are paid to non-residents who may never even visit the Falklands onshore. This characteristic of these off shore industries means the GDP “per capita” figure overestimates the amount of wealth created for people living in the Falkland Islands. Gross National Income (GNI) gives a more realistic picture and was £ 39,000 “per capita” in 2012», p. 4.

(19) Otras participaciones en el negocio de la exploración se encuentran en manos de Noble Energy Falklands Limited (Estados Unidos de América), Edison International S. p. A (Italia), Argos Resources Ltd. (con sede en las Islas Malvinas) y Borders & Southern Petroleum PLC (Reino Unido).

(20) La información se puede ver en el sitio de la Empresa (en línea). Fecha de consulta: 23/6/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.premier-oil.com/premieroil/operations/falkland-islands.(21) En el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se puede ver una síntesis de la posición del país respecto de la explotación de hidrocarburos. Cfr. «Estado de situación de los entendimientos provisorios» (en línea). Fecha de consulta: 18/7/2017, http://www.cancilleria.gob.ar/es/la-cuesti%C3%B3n-de-las-islas-malvinas/estado-de-situaci%C3%
3n-de-los-entendimientos-provisorios. Un detallado «racconto» de los antecedentes de exploración de hidrocarburos (hasta el año 1983) se puede encontrar en el siguiente texto. PINTO, Mónica: «Malvinas / Falkland, Georgias y Sándwich del Sur: Recursos Naturales. Informe sobre los hidrocarburos», en Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Perspectiva Histórico-Jurídica, t. 1. Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, 1992, p. 121.

(22) A modo de ejemplo, véase la Res. 481/13 de la Secretaría de Energía, que inhabilita a la empresa Premier Oil PLC por el término de quince años para desarrollar actividades en la Argentina.

(23) El art. 5 dispone lo siguiente: «El Estado nacional, los estados provinciales y municipales no podrán contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitida por autoridad competente argentina».

(24) Argos Resources LTD.: «Annual Report. Year ended 31 December 2016» (en línea). Fecha de consulta: 18/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.argosresources.com/perch/resources/arg-2016-annual-report.pdf.

(25) Véase el siguiente artículo periodístico: «J. P. Morgan encabeza el ranking de colocadores de deuda en la era Macri», en Diario Perfil (en línea). Fecha de consulta: 18/7/2017. Disponible en el siguiente enlace web: http://www.perfil.com/economia/jp-morgan-encabeza-el-ranking-de-colocadores-de-deuda-en-la-era-macri.phtml.

(26) GONZÁLEZ, Martín Abel: La génesis del enfrentamiento por las Islas Malvinas. El proceso de descolonización y las negociaciones fallidas de 1964-1968. Buenos Aires, Lajouane, 2015.

(*) Abogado, UBA. Magíster en Defensa Nacional, EDENA. Adjunto interino CPO «Sujetos y jurisdicciones» (área Derecho Internacional Público), Facultad de Derecho, UBA. Adjunto regular de Derecho Internacional Público, UADE. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Autor de un libro y publicaciones diversas sobre temas de su especialidad. El presente trabajo se realizó en el marco de un Proyecto de Investigación (P16S06, 2016-2017) del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD – UADE), dirigido por el Dr. Luis F. Castillo Argañarás.