Reflexiones sobre el fallo de la Corte Suprema referente a costas en un juicio laboral

Autor: Olmos, Félix A.

Fecha: 31-jul-2017

Cita: MJ-DOC-11932-AR | MJD11932

 

Sumario:

I. El caso. II. Las costas, principio general. III. Las costas en el proceso laboral. IV. Los fundamentos de la sentencia de la Sala 3 de la CNAT. V. El fallo de la CSJN. VI. Conclusiones.

Doctrina:

Por Félix A. Olmos (*)

I. EL CASO

La Corte Suprema resolvió, en la causa «López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S. A. s/ accidente – ley especial», que cuando un trabajador pierde un juicio laboral por su culpa, debe pagar todos los gastos ocasionados por ese juicio.

Los medios de comunicación titularon dicho fallo, en términos que inducían a interpretarlo como una innovación en materia de costas, cuando en realidad ratificó la aplicación en materia laboral del «principio chiovendano» de la derrota contenido en el art. 68 del CPCN. Ciertamente, lo infrecuente del fallo debe observarse en la incursión en una materia que, en principio, aparece como extraña a la vía del art. 14 de la Ley 48.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, había confirmado el rechazo de demanda del actor, pero cargó las costas a la ART. El reclamo ante la justicia laboral había sido rechazado, en razón de que el trabajador no había acreditado padecer la incapacidad reclamada en la demanda; lo que, si bien fue confirmado por la Cámara, modificó la condena en costas imponiéndoselas a la demandada por entender que, de lo contrario, se violaría el derecho de acceso a la justicia consagrado por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte Suprema revocó la decisión de la Cámara señalando que no había motivos válidos para apartarse de la regla legal del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, siendo el resultado adverso consecuencia exclusiva de su conducta negligente. Y que, contrariamente a lo afirmado por los camaristas, no se verificaba en el caso una violación del derecho al acceso a la justicia, en tanto el trabajador había formulado su reclamo ante los tribunales competentes.

II.LAS COSTAS, PRINCIPIO GENERAL

La condena en costas es la condena accesoria que impone el juez a la parte vencida en un proceso o en una incidencia, debiendo resarcir al vencedor los gastos que le ha causado el proceso. Resultan un accesorio de la sentencia, que no tiene vinculación con la resolución sustancial; por ello, la cuestión concerniente al modo de distribuir los gastos causídicos es un tema que no compone la relación jurídico procesal formulada solamente por los lazos establecidos en la situación de fondo (1).

Para Chiovenda, la condena en costas al vencido respondía a un principio perteneciente al derecho procesal, pues estaría determinado por razones procesales: la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón (2).

La teoría del vencimiento, para la imposición de la condena al pago de las costas, no atiende a elementos subjetivos, como el dolo o la culpa, sino al hecho objetivo del vencimiento. Chiovenda le adjudicó dos notas características a la teoría, la primera es que la condena en costas no está subordinada ni a la temeridad ni a la culpa del vencido, pues solo requiere la condición objetiva del vencimiento (3). La condena en costas responde al hecho objetivo de la derrota, no por ser temerario o como sanción a la mala fe o inconducta procesal. El error más común consiste en creer que la finalidad de la condena en costas es una pena que debe reprimir la culpa o mala fe del litigante, otro error es considerarla como una consecuencia del derecho de indemnización (4). El fundamento de la condena en costas es evitar que la actuación de la ley represente una disminución patrimonial para la parte en favor de la cual se realiza.

La ley procesal ordena al juez condenar al pago de las costas a la parte vencida. El destinatario de la norma procesal es el juez, a quien ella impone la conducta; la sentencia del juez, respecto de las costas, es constitutiva.La regla procesal requiere que la parte vencida sea condenada en costas. Pero el principio de imposición de costas no es absoluto. Existen excepciones, como las previstas en la misma norma ritual, que facultan al juez a eximir al perdedor de la condena en costas, total o parcialmente, cuando existieran motivo para ello o cuando concurren determinadas circunstancias, como por ejemplo los arts. 70 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En materia de condena parcial, se ha resuelto lo siguiente: «En los supuestos en que la demanda prospera parcialmente, las costas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art. 71 , CPCCN, toda vez que aun cuando pueda considerarse que el demandante se vio obligado a litigar, ello es exacto únicamente en relación con la porción admitida de sus reclamos, por lo que no habría fundamento para que quien solo en parte es vencedor resulte eximido de las costas y estas sean íntegramente soportadas por quien también obtuvo una victoria parcial» (5).

El margen que tiene el magistrado para ponderar las circunstancias del caso y para variar el régimen que prioriza el vencimiento puro y simple es muy amplio y admite que pueda apartarse de dicha regla. El magistrado analizará las contingencias de la causa, el derecho aplicable, pudiendo morigerar la obligación que surge de la derrota (6).

Se trata de una facultad excepcional que debe ejercitarse cuando, del examen de las circunstancias del caso, el juez advierta que se torna manifiestamente injusta la aplicación de dicho principio. El principio objetivo de la derrota no es definitivo, solo importa una regla, una orientación general, pero de modo alguno es una tesis indiscutible, sin perjuicio de que, para apartarse, tiene obligación de fundamentar su decisión. En situaciones excepcionales, el juez puede eximir al perdedor, total o parcialmente, cuando exista mérito para ello.Puede distribuirse las costas, imponiéndolas al vencedor, distribuyéndolas en el orden causado o bien disponiéndose la exoneración de costas a algunos litigantes por distintas situaciones que particularizan la litis y que atenúan el principio objetivo de la derrota. Las circunstancias que pueden dar lugar a la exoneración, son las siguientes: a. Cuestiones cuya complejidad origina una situación dudosa del derecho que se invoca; b. Cuestiones de hecho como fundamento principal, las cuestiones planeadas presentan una singular complejidad resultando opinables en su mayor parte, creando la creencia de que obraba con razón suficiente; c. Convicción de obrar ajustado a derecho; d. Razón fundada para litigar apoyada en circunstancias fácticas o jurídicas que demuestren la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito (7).

III. LAS COSTAS EN EL PROCESO LABORAL

La Ley de Contrato de Trabajo, en su art. 20 , establece el principio de gratuidad, garantizando el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar sus derechos. Se materializa en la eximición a los trabajadores del pago de la tasa de justicia, y en la etapa prejudicial en la posibilidad de remitir intimaciones telegráficas y hacer denuncias en sede administrativa sin costo alguno (8). Este principio de gratuidad está dirigido principalmente a los legisladores (9), ya que se trata de una materia no delegada a la nación y, por lo tanto, regulada por normativa de las provincias, resultando directamente operativa en lo que respecta a la protección de la vivienda del trabajador.

Las leyes procesales laborales provinciales han receptado el principio de la derrota, en algunos casos con disposiciones que morigeran la carga en el caso de que el trabajador sea el condenado.

El procedimiento laboral debe respetar los fundamentos, principios y particularidades del «derecho del trabajo», en especial con su carácter protector, del que deriva la irrenunciabilidad de los derechos que consagra.No es posible una aplicación de los Códigos Procesales Civiles, fundados en la igualdad formal de las partes, sin rastros de una prelación jurídico-procesal del trabajador, ni de tutela de la indemnidad de sus créditos, ni de la ampliabilidad de la condena al «tercero» actualmente responsable, el proceso laboral sería la vía y la ocasión para la irrealización garantizada de los derechos que debe asegurar y hacer cumplir (10).

En el proceso laboral nacional regulado por la Ley 18.345 (ED, 30-933), el actor trabajador no goza por su sola condición del beneficio de litigar sin gastos o de pobreza, por ende si desea obtenerlo, deberá tramitarlo y esa condición de pobreza debe ser reconocida por el juez competente (art. 41 de la Ley 18.345). Las normas de rito de Catamarca (art. 34 de la Ley 4799) y Santa Cruz (art. 25 de la Ley 1444) siguen el mismo criterio que la ley nacional. En la provincia de Córdoba, de acuerdo con la Ley 7987 , el principio de gratuidad solo está establecido de manera taxativa en lo que refiere a la tasa de justicia, donde existe una exención subjetiva hacia el trabajador, que no está compelido a abonarla ni aun en el supuesto de ser condenado en costas, conforme disposiciones del Código Tributario Provincial (11). En otros fueros laborales provinciales, se concede el beneficio en forma expresa, como en el procedimiento laboral bonaerense. Así San Luis (art. 30 de la Ley 2642); Chubut (art. 13 de la Ley 1295); La Rioja (art. 17 de la Ley 5764); Formosa (art. 24 de la Ley 639); San Juan (art. 30 de la Ley 5732); Tierra del Fuego (art. 640 del Cód. de Procedimiento Civil Comercial de Trabajo y de Minería); Santiago del Estero (art. 62 de la Ley 3603); La Pampa (art. 13 de la Ley 986); Corrientes (art. 23 de la Ley 3540). La última provincia citada, al igual que los fueros laborales de Santa Fe (art.19 de la Ley 7945), Misiones (art. 17 de la Ley 2884); Neuquén (art. 16 de la Ley 921) además lo hacen extensivo a las Asociaciones Sindicales de Trabajadores. Jujuy (art. 24 de la Ley 3422) también lo regula en forma similar al bonaerense aunqu e lo denomina Beneficio de Justicia gratuita. Con este nombre, también lo receptan los laborales de las provincias de Chaco (art. 37 de la Ley 2383), Entre Ríos (art. 17 de la Ley 5315); Mendoza (art. 21 de la Ley 2144) aunque referidos solo a que las actuaciones judiciales estarán exentas de tasas y sellados, pero no se extiende a las costas del proceso, por lo que debe ser peticionarlo y concedido fundadamente. En Tucumán (art. 13 de la Ley 6204), se lo regula de forma igual, a estos últimos tres fueros, aunque con el nombre de beneficio de gratuidad (12).

El derecho procesal es instrumental y, en el caso del derecho procesal laboral, debe responder a los principios propios del derecho del trabajo, tales como los siguientes: a.) el principio de desigualdad compensatoria; b. el principio de veracidad y c. el de indisponibilidad. El principio protector o principio de favor tiene por objeto alcanzar la superación de las desigualdades preexistentes entre los sujetos laborales, ya que propicia un dispositivo que evita que el desequilibrio que deriva de la posición preeminente del empleador frente al trabajador se traslade sin más a la relación procesal porque, de otro modo, permanecería la desigualdad jurídica y económica de los sujetos involucrados (13).

Conforme proponen los doctores Elffman y Cassina, deberían examinarse cuestiones o situaciones tales como las siguientes: a. La responsabilidad por costas causídicas, en las cuales el trabajador vencido tiene como única excepción respecto del régimen general (por ej., arts. 68 a 71 del CPCCN) de la no afectación de la vivienda del trabajador para su pago forzado (art. 20 de la LCT). La regla del art.68 del CPCCN debería ser morigerada para un supuesto de acceso a la justicia basado en la gratuidad como una de sus condiciones necesarias; b. Estrechamente relacionado con ese régimen de responsabilidad por costas, merece atención el tema del llamado «beneficio de litigar sin gastos», si la garantía de la gratuidad está basada en una insuficiencia comparativa de los recursos de los trabajadores respecto de los recursos de los empleadores, parecería superfluo el tener que acudir a otro procedimiento adicional para que, en razón de tal carencia de recursos, se reconozca tal beneficio, y cuya consecuencia -en caso de admisibilidad- consista precisamente en la exención total o parcial del pago de las costas o gastos judiciales «hasta que mejore de fortuna» (14).

La jurisprudencia ha ido precisando las excepciones al principio de la derrota. Así, se ha resuelto que no basta la buena fe ni el hecho de creerse con derecho para litigar, para fundamentar el apartamiento del principio general, la convicción que se requiere al litigante, es que el argumento que porta la pretensión lleve consigo una razonable causa para pedir la actividad jurisdiccional. El art. 68 del CPCCN establece el principio general en materia de costas y autoriza la exención de ellas cuando media razón fundada para litigar, pero ello no implica la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo (15).

Conforme la excepción señalada, se impusieron las costas de ambas instancias en el orden causado (párr. 2.° del art. 68 del CPCCN), sin perjuicio de no haberse demostrado la existencia de incapacidad indemnizable como consecuencia del infortunio, en tanto se entiende que el trabajador pudo considerarse asistido de mejor derecho para accionar como lo hizo, máxime si se tiene en cuenta que el hecho mismo del accidente no ha sido objeto de controversia, toda vez que ha sido expresamente reconocido por las accionadas desde el inicio (16). La exención de costas que autoriza el art.68 del Código Procesal, procede, en general, cuando «media razón fundada para litigar», expresión esta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y solo ha de disponérsela cuando existan motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio objetivo de la derrota (17). Si bien el art. 68 del Código Procesal autoriza la exención de costas cuando media razón fundada para litigar, ello no implica la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo (CNCiv: Sala E, 10/8/1999, ED 187-118, citado por Highton-Arean: Código Procesal, t. 2, p. 65) (18).

IV. LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE LA SALA 3 DE LA CNAT

En el expediente CNT N.º 29.444/2011/CA1 «López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S. A. s/ Accidente – Ley Especial», la Dra. Diana Cañal realiza un examen de los hechos de la causa, destacando que el trabajador sufrió un accidente mientras se encontraba viajando desde su domicilio particular hacia la empresa. Como consecuencia de dicho accidente, fue atendido en el Hospital Interzonal de Agudos «Eva Perón» de San Martín, otorgándole las prestaciones la ART, otorgándole finalmente el alta, la que fue recibida en disconformidad por el Sr. López.

Señala que el sentenciante de grado rechazó la demanda, ya que, según su criterio, el actor no logró demostrar la existencia de un daño, considerando que la actitud del trabajador había sido renuente en la producción de la prueba pericial médica.Al analizar la apelación del actor, éste se queja de que no había sido renuente, que en una primera oportunidad no había podido presentarse por encontrarse enfermo y que posteriormente lo hizo, pero que le solicitó el galeno nuevos estudios complementarios. Ante esta situación, el tribunal de alzada dispuso que el perito médico designado en autos acompañara órdenes actualizadas, el perito solicitó una nueva revisación. Pese haber sido notificado, el actor no concurrió al consultorio del perito, comunicando su letrado que había perdido contacto con su cliente, el que, conforme le manifestó la hermana del trabajador, viajaba por el interior por razones de trabajo. No habiendo sido acreditada la incapacidad, ratificó el rechazo de la demanda.

Respecto de las costas, en la inteligencia que en materia laboral, la condena en costas implicaría que los trabajadores, aun estando convencidos de que los asiste derecho para reclamar, se abstendrían de hacerlo por temor a las consecuencias económicas, circunstancia que a juicio de la Dra. Cañal, implicaría una negación del derecho de acceso a la justicia. Que en tales términos, se estaría conculcando el paradigma de los «derechos humanos fundamentales» (art. 75, inc. 22 , de la CN), como así también la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los estándares sobe el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resultan idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de derechos fundamentales.

La resolución evaluó circunstancias fácticas del caso, como el hecho de que sufrió un accidente, la existencia de prestación médica por parte de la ART, de la denuncia, circunstancias que pudieron dar a entender al trabajador que le asistía el derecho al reclamo por el accidente laboral sufrido. En definitiva, sobre la base del análisis de los hechos y teniendo presentes las particularidades del derecho del trabajo, el Tribunal determinó que el actor tenía una razón fundada para litigar, la cual estaba apoyada en circunstancias fácticas o jurídicas.

V.EL FALLO DE LA CSJN

Contra la resolución de la Sala, el apoderado de Horizonte Compañía de Seguros Generales Sociedad Anónima interpuso recurso extraordinario, cuya denegación fue motivo de queja, argumentando una flagrante violación a las normas constitucionales que consagran el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. La Corte, si bien reconoce que se pretende el examen de una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y, en principio, ajena a la vía del art. 14 de la Ley 48, por vía de excepción se avoca a su resolución por entender que el fallo prescinde de circunstancias relevantes del proceso conteniendo solo una fundamentación aparente. Le achaca al Tribunal de Alzada que las construcciones argumentales vinculadas con la garantía del acceso a la justicia solo le proporcionan al fallo un sustento aparente, ya que no guardan relación con la hipótesis del reclamo, destacando que el trabajador había podido no solo interponer su demanda, sino que también había podido tramitar con total normalidad las dos instancias ordinarias.

Como fundamento para hacer lugar a la queja, destaca la actitud renuente asumida por el trabajador frente a las reiteradas citaciones que el perito médico le cursó, no solo en primera instancia, sino también a raíz de la medida excepcional dispuesta por la Cámara con el objeto de practicar el informe pericial, impidiendo de esta manera la determinación de la incapacidad laboral.

VI. CONCLUSIONES

Conforme señalamos al señalar las pautas que justifican la imposición de costas al vencido, informamos que no es una sanción por la conducta laboral de las partes. De tal forma que la actitud renuente del trabajador en el proceso, no permite justificar la imposición de costas.

El juez puede eximir al perdedor, total o parcialmente, cuando a su criterio y conforme las circunstancia y hechos invocados por las partes, exista mérito para ello.La norma procesal le permite distribuir las costas, imponiéndolas al vencedor, en el orden causado o bien, disponiéndose la exoneración de costas a algunos litigantes por disti ntas situaciones que particularizan la litis y que atenúan el principio objetivo de la derrota.

El análisis de las circunstancias que pueden dar lugar a la exoneración o a una distribución de las costas como excepción al principio general, impone examinar cuestiones que preceden al proceso, tales como cuestiones cuya complejidad origina una situación dudosa del derecho que se invoca; cuestiones de hecho de una complejidad tal que puede generar la creencia de que obraba, con razón suficiente, la convicción de obrar ajustado a derecho, la existencia de una razón fundada para litigar apoyada en circunstancias fácticas o jurídicas que demuestren la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito. En ningún caso, la conducta del trabajador durante el proceso debió incidir en orden a la determinación de la carga de las costas.

En definitiva, el examen de la fundamentación del fallo de la Cámara por parte del máximo Tribunal debió circunscribirse a los hechos y circunstancias que podrían haber generado razonablemente en el trabajador la convicción de que le asistía razón para litigar fundado en circunstancias fácticas y jurídicas. En el caso examinado, debió evaluarse el trabajador que sufrió un accidente laboral, que recibió las prestaciones médicas por parte de la ART, la cual le otorgó el alta sin determinarle la existencia de una incapacidad producto del accidente, circunstancias que crearon razonablemente la convicción de ocurrir ante la autoridad judicial, y no la conducta del actor en el proceso, la cual le acarreó la pérdida del pleito.

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(1) GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo: Costas Procesales Doctrina y Jurisprudencia, p. 63. S. l., Ediar, 1990.

(2) LOUTAYF RANEA, Roberto G.: Condena en Costas en el Proceso Civil, p. 8. S. l., Astrea, 1998.

(3) LOUTAYF RANEA, Roberto G: op. cit, p. 44.

(4) LOUTAYF RANEA Roberto G.: op. cit., p. 8.

(5) CNAT:Sala IV, «Giffoni, Nancy Elena vs. La Corte S. R. L. s/ Despido», 30/9/2013; Boletín de Jurisprudencia de la CNAT, RC, J. 18.565/13.

(6) GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo: op. cit., p. 46.

(7) CNAT: Sala IX, «Zambianchi, Rodolfo vs. D. B. C. S. A. y otros s. Despido, 3/2/2006; Rubinzal Online; RCJ 1285/07.

(8) GRISOLÍA, Julio Armando: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, t. 1, p. 134. S. l., Lexis Nexis, s. a.

(9) RAMÍREZ BOSCO, Luis E.: Ley de Contrato de Trabajo, Anotada y comentada, de Jorge Rodríguez Mancini (dir.), t. 1, p. 628, La Ley.

(10) ELFFMAN, Mario, y CASSINA, Jorge L.: «Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Procesal Laboral», en Revista de Derecho Laboral, Procedimiento Laboral I, N.° 1, p. 9. S. l., Rubinzal Culzoni, 2007.

(11) TOSELLI, Carlos A.: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, t. 1, p. 70. S. l., Alveroni, 2009.

(12) UNZAGA DOMÍNGUEZ, Guillermo: El estado actual de la gratuidad y las costas en el proceso laboral, Fecha: 1/2/2005, Cita: MJ-DOC-2566-AR | MJD2566, Producto: MJ .

(13) BERMÚDEZ, Jorge: Particularidades del Proceso Laboral, Tratado de derecho del Trabajo, t. 9, de Mario Ackerman (dir.), p. 117. S. l., Rubinzal Culzoni, s. a.

(14) ELFFMAN, Mario, y CASSINA, Jorge L.: op. cit.

(15) CNAT: Sala 4, «Franco, Omar vs. Cencosud S. A. y otro s. Despido», 19/9/2008; Boletín de Jurisprudencia de la CNTrab.; RC J 6056/14; CNAT, Sala II, Barber, «Jeremías Damián vs. La Meridional ART S. A. y otro s. Accidente Acción Civil», 12/7/2013; Boletín de Jurisprudencia de la CNTrab.; RC J 16517/13.

(16) CNAT: Sala IX, «Verón, Ramón Ángel vs. Servicios Empresarios Diplomat S. R. L. y otro s/ Accidente», Acción civil, 24/10/2008; Rubinzal Online; RC J 4423/08.

(17) CNAT: Sala IV, «Medina, Oscar Eduardo vs. La Segunda ART S. A. s/ Accidente – Ley especial», 21/12/2012; Boletín de Jurisprudencia de la CNTrab; RC J 4979/13.

(18) CNAT: Sala IV, «Unión del Personal Civil de la Nación UPCN vs. Secretaría General de la Presidencia de la Nación s/ Cobro de aportes o contribuciones», 31/3/2009; Boletín de Jurisprudencia de la CNAT; RC J 2665/09.

(*) Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala.