Algo más sobre las formalidades del mandato. Brevetta Rodríguez, Miguel A.

Título: Algo más sobre las formalidades del mandato

Autor: Brevetta Rodríguez, Miguel A.

Fecha: 28-jul-2017

Cita: MJ-DOC-11930-AR | MJD11930Sumario:

I. Introducción. II. Rituales provincianos. III. ¿Con poder o por simple voluntad? IV. ¿Se debe ratificar el poder?

Doctrina:

Por Miguel A. Brevetta Rodríguez (*)

I. INTRODUCCIÓN

El 1.° de agosto de 2015, entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación -la reforma del Código Civil-, pasaron dos años y no son pocos los jueces -llamémoslos inadvertidos- que aparentan desconocer las reformas introducidas en el viejo texto de Vélez Sarsfield.

En el Título II de los Contratos en General, Capítulo VII, el art. 1015 se refiere a la libertad de formas estatuyendo que «solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada». Es decir que si no hay una disposición legal expresa, las partes -la voluntad de cada una de ellas- son las que han de convenir las reglas del mandato.

Precisamente, el Código reformado, en el art. 1017 del CCivCom, se refiere expresamente a los actos formales que deben ser otorgados mediante una escritura pública, pero nada dice respecto de los poderes para mandas judiciales como lo refería con anterioridad, más aún, en el punto d del art. citado, expresa que deben ser otorgados por escritura pública los contratos por disposición de la ley y aquellos que requieran acuerdo de las partes contratantes. Claramente, se traduce en que, si la ley no determina con precisión, cuáles instrumentos deben ser realizados mediante actos solemnes, será la voluntad de partes quienes acuerden en libertad las formas de representación en el mandato para estar en juicio.

Es decir que, para que un acuerdo entre partes sea considerado válido, no hace falta dar cumplimiento a ninguna formalidad, y en consecuencia, resulta idónea la libre manifestación de voluntades en que se realice el consentimiento.

Digamos que los contratos son no formales como regla, tan solo deben cumplir exigencias de forma por excepción, cuando ellas provienen impuestas por ley o por el acuerdo de las partes.Mientras que la manifestación de voluntad de la parte otorgante de ser representada por el abogado en el juicio, sea clara y libre, no hay impedimento para que el instrumento se revista de validez.

II. RITUALES PROVINCIANOS

No es común, pero algunos magistrados pretenden imponer el código de rito provincial por sobre la ley de fondo o Código Civil, so pretexto que el provincial no ha sufrido modificación y continúa representando a la vieja ley, sin advertir que las provincias no pueden imponer las formas a los contratos, cuando ellas no están previstas en la ley nacional, que regula sobre la materia que fue delegada.

Queda claro que, para el caso de un mandato judicial, «con el objeto de la representación en juicio, ya sea por poder general o especial y al solo efecto de ejercer los actos procesales necesarios, resultaría suficiente con la manifestación de voluntad de la parte otorgante, de ser representada por el letrado que señale» (CACC, Dolores, causa N.° 94.293, «F., T. s/ Sucesión», 4/2/2016). A ello «tampoco podrá exigirse la ratificación del instrumento presentado, ya que ello no se encuentra sustentado en normativa legal alguna que lo imponga». (Causa n° 20.532, «Luján c/ Aspiroz s/ Ds. y Ps.», reg. 442 del 20/9/2016).

No obstante ello, tampoco hay «impedimento legis», si el mandante se presenta en las actuaciones a ratificar expresamente lo actuado por el mandatario, pues no está haciendo otra cosa que reafirmar su voluntad dentro de la libertad de formas que le concede la novedad legislada.

Por ello, pues, una ley procesal no puede crear para actos jurídicos -en la especie: contrato de mandato-, formas instrumentales que la ley sustancial no prevé (arts. 5 , 31 , 75 -inc. 12- , 121 y 126 de la CN). Es decir, la provincia no puede imponer las formas a los contratos, cuando ellas no están previstas en la ley nacional que regula sobre la materia delegada.Por ello, no se entiende la actitud de algunos magistrados que pretenden priorizar el ritual provincial por sobre la ley de fondo, so pretexto de que no existe reforma de adecuación.

Es importante destacar lo siguiente: «. la libertad de formas es un principio fundamental para asegurar que la voluntad de los otorgantes, salvo casos excepcionales, no quede prisionera de formalidades rituales que, en su afán de resguardar la expresión de esa voluntad, terminan paradójicamente impidiendo su cumplimiento» (conf. el «Código Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado -Modelos de Redacción Sugeridos», de CLUSELLAS, Eduardo Gabriel (coord.). Buenos Aires y Bogotá, Astrea y Fen Editorial Notarial, 2015, t. 2, pp. 95 y 96).

Entendemos que las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación son directamente operativas, sin necesidad de ser reglamentadas por leyes complementarias. No se podría continuar estando por la validez de disposiciones que responden a una ley ya derogada.

III. ¿CON PODER O POR SIMPLE VOLUNTAD?

Con la reforma del nuevo Código Civil, el art. 1017 dejó a un lado al viejo inc. 7 del art. 1184 , que establecía la obligatoriedad de la escritura pública, para el otorgamiento de los poderes generales o especiales exigidos para presentarse en juicio. Y por ello, ahora se alude a la «libertad de formas», por lo que el requisito anterior dejó de tener vigencia. Entonces, nos preguntamos lo siguiente: ¿Se requiere un instrumento escrito para estar en juicio o resulta suficiente un mandato verbal impuesto al profesional que representará al mandante?

A fuerza de ser reiterativo, queda dicho que la reforma del nuevo CCivCom consagra el principio de libertad de formas al respecto (arts. 284, 285 , 363 , 1319 del CCivCom) y es a través del análisis específico de cada acto jurídico, que se determinará qué forma debe revestir el acto de apoderamiento.

Coincidimos con que «el poder debe cumplimentar las mismas solemnidades que el ordenamiento jurídico requiere para el acto que el apoderado va a realizar en nombre del poderdante.La forma en que deba realizarse el apoderamiento estará dada por el acto que el representante deba realizar, de modo que ata la suerte de la formalidad del poder a aquella prescripta» (ÁLVAREZ JULIÁ Luis, y SOBRINO REIG, Ezequiel: Código Civil y Comercial de la Nación comentado», de RIVERA, Julio César, y MEDINA, Graciela (dir.es). Buenos Aires, La Ley, 2010, t. 1, p. 811).

«Si el objeto del mandato es -entonces- la representación en juicio, ya sea por poder general o especial y al solo efecto de ejercer los actos procesales necesarios, resulta suficiente con la manifestación de la voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado, sin ser necesario el otorgamiento de ella a través de una escritura pública» (Conf. Cám. Civ. Dolores; Causa 95004; RS 8/2016, del 11/2/2016; voto de la Dra. Canale).

Al haberse sancionado un nuevo CCivCom por parte del Congreso Nacional en ejercicio de las facultades delegadas (Ley 26.994), en el que no se exige expresamente el instrumento público para la acreditación del mandato para intervenir en juicio (arts. 1015 y 1017(ref: del CCivCom), a sus disposiciones deberá estarse.

Por ello, será el letrado quien instruya a su cliente respecto de las formas y características del mandato encomendado, haciéndole conocer cuáles serán los actos que le son encomendados para un adecuado ejercicio por la defensa de sus derechos. También es quien, merced a su título habilitante, conoce los estamentos jurídicos necesarios para discernir las características del contrato de apoderamiento que suscribe con su cliente, al igual es quien se encuentra en condiciones de hacer conocer -a quien representará- de los alcances y efectos de su suscripción.

IV. ¿SE DEBE RATIFICAR EL PODER?

Algunos rituales exigen que la parte ratifique ante un secretario judicial la firma del documento como un resguardo adicional, lo que pone en alarma la responsabilidad profesional del letrado.No exige la ley, que los actores sean llamados a ratificar ante el secretario la firma que estampó en una pieza procesal, aun cuando ella posea efectos sustanciales y procesales de relevancia.

Tampoco se requiere cuando, con patrocinio letrado, se deduce un recurso o se presenta un escrito notificando o consintiendo una sentencia. No es otro que el abogado quien al confeccionar el poder controlará el cumplimiento de las formas y recaudos exigidos y asumirá las eventuales responsabilidades en razón de ello.

A mayor abundamiento, la enorme libertad que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación les da a los ciudadanos para ser representados en juicio, lleva a ampliar el alcance del art. 19 de la CN, en tanto la ley contiene menos limitaciones que la anterior. En efecto, la ausencia en el texto del art. 1017 del nuevo CCivCom de una previsión igual a la del anterior art. 1184, inc. 7, del CCiv, se fortalece desde la perspectiva del artículo 19 de la CN.

El Código sancionado mediante la Ley 26.994 es una norma adaptada a las nuevas realidades sociales, que se ha desprendido de formulismos que atentan, de distintas maneras, contra la agilidad propia de las relaciones y vínculos jurídicos actuales. Este es el sentido -y no otro- que expresa el art. 1015 cuando establece lo siguiente: «Libertad de las formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada».

También, sobre el particular, el art. 363 del CCivCom establece que el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Por ende, como lo venimos sosteniendo, el principio general del Código es el de la libertad de las formas (arts. 284 y 1015), salvo cuando se la establece bajo pena de nulidad, como es en el caso de las donaciones de bienes inmuebles, bienes muebles registrables y las prestaciones periódicas o vitalicias (art. 1522 ), en las que se exige escritura pública, con excepción de las efectu adas en favor del Estado, que pueden ser acreditadas con las actuaciones administrativas (art. 1553 ).

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(*) Abogado, UCSE-UCASAL. Ex profesor Titular de cátedras de Derecho Comercial, Derecho Administrativo y legislación Fiscal y Derecho Usual. Ex asesor de la Cámara de Diputados y del Honorable Senado de la Nación. Ex Director General de Cultura de la Provincia de Santiago del Estero. Ex titular del Pami de Santiago del Estero. Político, ensayista, escritor.