Responsabilidad de empresa ferroviaria por los daños padecidos por un pasajero que subía por la escalera del ferrocarril, y cayó al ser empujado por la excesiva cantidad de personas.

Partes: Vernáz Pablo César c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 16-may-2017

Cita: MJ-JU-M-106371-AR | MJJ106371 | MJJ106371

Responsabilidad de la empresa ferroviaria por los daños padecidos por un pasajero que subía por la escalera que conduce desde el andén hacia la estación del ferrocarril, y se cayó al ser empujado por la excesiva cantidad de personas. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la empresa ferroviaria por los daños padecidos por un pasajero que subía por la escalera que conduce desde el andén hacia la estación del ferrocarril, y se cayó al ser empujado por la excesiva cantidad de personas, dado que el art.184 del Ccom. presume su responsabilidad cuando se demuestra la existencia del hecho y no se logra comprobar un eximente de responsabilidad.

2.-Debe ser rechazado el argumento de la empresa transportista demandada relativo a que el accidente que sufrió una persona que cayó mientras se hallaba subiendo por la escalera que conduce desde el andén hacia la estación del ferrocarril fue causado por la culpa de terceros por los que no debe responder, pues el tumulto de gente no es un hecho ajeno al transporte, sino que responden a una omisión previa del prestador, cual es la de preparar y asegurar un ascenso y descenso seguro de los pasajeros de modo que no sufran daños a su integridad física.

3.-No corresponde indemnizar el daño psíquico padecido por una persona que cayó mientras se hallaba subiendo por la escalera que conduce desde el andén hacia la estación del ferrocarril, pues del dictamen del experto surge que no le ha quedado ninguna secuela ni grado de discapacidad psicológica.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 16 días del mes de mayo de 2017, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F” para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada. Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI. POSSE SAGUIER. ZANNONI. A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.- Relató el actor que el día 5 de octubre de 2011, luego de descender del subte de la Línea C, en la estación Constitución, se hallaba subiendo por la escalera que conduce desde el andén hacia la estación del ferrocarril de la línea General Roca, que lo hacía lentamente pues llevaba muletas, cuando fue empujado por la excesiva cantidad de personas que se desplazaban por la misma escalera y cayó al suelo, golpeándose la rodilla y la mano izquierda. Con motivo del hecho descripto demandó a Metrovías SA solicitando la indemnización de los daños derivados del accidente descrito. La Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la accionada a abonar al acto la cantidad de $76.600, más sus intereses y las costas del proceso. Contra dicho pronunciamiento se alzan ambas partes. El accionante expresó agravios a fs. 428/432 y la demandada lo hizo a fs. 434/440. Los memoriales fueron respondidos a fs. 446 y 448/450.

II.- En primer lugar es de señalar que dada la fecha de la ocurrencia del hecho que motiva estas actuaciones, tanto la responsabilidad como las consecuencias derivadas de ella deberán ser analizadas en orden a las previsiones contenidas en el anterior Código de Comercio (conf.art.7 del Código Civil y Comercial ley 26.994, y esta Sala en autos caratulados:”Benítez Pamela Laura Noemí c/Arrieta Roberto Sergio y otros s/daños y perjuicios” sentencia del 15 de diciembre de 2015). En esta instancia no está en discusión la ocurrencia del accidente relatado en la demanda, esto es que en la fecha señalada, luego de descender del subterráneo de la línea C, concesionada a la demandada, el actor comenzó a subir por la escalera que conduce hasta la terminal de tren de la Línea General Roca, y fue empujado por el cúmulo de personas que circulaban por la misma escalera, cayendo al piso. Resulta aplicable al caso el art. 184 del Código de Comercio, en virtud del cual cabe presumir la responsabilidad de la empresa ferroviaria cuando se ha demostrado la existencia del accidente y la calidad de pasajero del actor. En definitiva, pesa sobre la transportista la carga de acreditar alguna de las eximentes previstas en la norma, o sea, que el accidente provino de fuerza mayor, o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable. La citada norma contiene una presunción de responsabilidad del transportador, que queda establecida por el incumplimiento material de la obligación de seguridad, inherente a la celebración del contrato de transporte, la cual comprende aquellos cuidados, prevenciones y disposición de todos los medios materiales y humanos que resulten necesarios para lograr que el pasajero llegue sano y salvo hasta el destino convenido. Es abundante y pacífica la jurisprudencia actual del fuero que considera que la responsabilidad contractual del transportador, emergente del art. 184 del Código de Comercio, se extiende a todos los ámbitos en que éste desarrolla su actividad y que deben ser transitados obligadamente por el usuario del servicio a partir del momento en que celebra el contrato de transporte hasta que, finalizado el viaje propiamente dicho, abandona esos ámbitos.Por ello, andenes, escaleras, túneles de conexión entre estaciones o de salida a la superficie una vez finalizado el viaje, etcétera, son lugares que se hallan bajo la vigilancia y control del transportador que explota el servicio quien será responsable de los daños sufridos por los usuarios en los términos de la norma legal citada, “a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable” (conf., CNCivil, Sala “F” junio 20/2002, “Picchi, Adela c/ Trenes de Buenos Aires S.A. s/ daños y perjuicios”, L.340.629; id. Sala “K” mayo 6/1996, “Fernández, M. c/ Subterráneos de Buenos Aires s/ daños y perjuicios, L.82.173, entre otros). De tal modo, nos hallamos ante una responsabilidad civil objetiva de orden contractual -no extracontractual- que exige indagar no en la culpa -o no culpa- del transportador en la producción del daño sino en la existencia de nexo causal adecuado entre el daño y el hecho que lo provocó. En el caso no es materia de controversia que el reclamante, luego de descender del subte, se hallaba subiendo por la escalera que conduce desde el andén de la Línea C, estación Constitución, hacia la terminal del ferrocarril de la línea General Roca, cuando fue empujado por el tumulto de personas que circulaban por la misma escalera y cayó al piso. Cabe recordar que los pasajeros tienen derecho a que se garantice su seguridad en los ámbitos (vagones, andenes, pasillos, escaleras, etc.) en que la empresa de transportes presta el servicio por sí, a través de sus dependientes porque tal seguridad es inherente a las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado y a la actividad de tales dependientes (CNCiv, Sala “F”, septiembre 29/2009, “Torres Parra, Héctor Raúl Enrique c/ Transportes Metropolitanos General Roca SA s/ daños y perjuicios” Expte. N°60.750/2003). Sentado ello juzgo que la aquí demandada Metrovías S.A.no ha logrado acreditar ninguna de las eximentes previstas en la norma antes citada a fin de desvirtuar la presunción de responsabilidad que pesaba en su contra. En efecto no es conducente el argumento de la demandada relativo a que el accidente fue causado por la culpa de terceros por los que no debe responder. Como se señaló en un precedente de similares características “el tumulto de gente no es un hecho ajeno al transporte. Los empujones producto del aglutinamiento de los pasajeros apresurados por ingresar a la formación no responden sino a una omisión previa del prestador, cual es la de preparar y asegurar un ascenso y descenso seguro de los pasajeros de modo que no sufran daños a su integridad física” (Conf. CNCiv, Sala “I”, junio 5/2014 “Brunstein, Marta E. c/ Metrovías SA s/ daños y perjuicios” expte. N° 72.863/2011). Como bien sostiene la sentenciante “la emplazada tiene el deber de adoptar medidas destinadas a cuidar la salud y vida de los usuarios…y ello implica el deber de organizar en forma adecuada el ascenso, descenso y circulación de pasajeros mediante una adecuada distribución del espacio y con la asistencia del personal necesario a ese fin” (fs. 411 vta. infra). Concordantemente se ha pronunciado la Sala I en el precedente antes citado, como recuerda la Sra. Juez a fs. 412, en el sentido de que “es a la empresa a quien le toca organizar de un modo compatible con la adecuada prestación del servicio el ascenso y descenso de los pasajeros, obligación que, en el caso, aparece incumplida” (CNCiv. Sala I, expte. nº 72.863/2011). En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad a la empresa demandada por los daños sufridos por el actor a raíz del acaecimiento del evento motivo de litis. Por ello, voto por desechar los agravios sobre el punto y confirmar la sentencia en este aspecto.

III.- Incapacidad sobreviniente:Se agravia el actor del rechazo del reclamo por “daño psíquico” y se queja por considerar exiguo el importe fijado en $60.000 por “daño físico”. Por su parte la demandada solicita el rechazo de esta partida. En concepto de incapacidad sobreviniente se resarce únicamente aquella merma permanente en la aptitud vital del ser humano, sin perjuicio de la procedencia de otros items que las lesiones temporarias padecidas pudieran haber generado, como gastos originados en los tratamientos o lucro cesante o la afección íntima que configure daño moral (CNCiv. Sala C, diciembre 10/1996, “Miño, Teodoro c/ Pompiglio, Marta Mabel y otro s/ daños y perjuicios”, L. 197.056). Esta partida abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual se ha resuelto que el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, L.L. T. 1994-B, p. 613, fallo nº 92.215; id. Sala C, septiembre 25/1997, L. 214.716; id. junio 6/2002, “Maidana, Javier Y. c/ Reina Carlos E. y otros s/ daños y perjuicios”, L. 342.607). Lo indemnizable como incapacidad sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente que perduran de modo permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas, psíquicas o estéticas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCiv. Sala C, septiembre 20/1999, “Huaman, María de la Cruz c/ Micro Ómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios”, L.258.943; CNCiv. Sala F, febrero 17/2012 “Moreno, José Nicolás c/ Caniza, Julio Ramón s/ daños y perjuicios” L. 584.684; id. Sala F, mayo 27/2013, “Núñez Stela Maris c/ Microómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. (Línea 59) y otros s/ daños y perjuicios” L. 608.284). En lo atienente al aspecto psíquico la perito psicóloga informó que “al Sr Vernaz no le ha quedado ninguna secuela ni grado de discapacidad psicológica ni tampoco puede establecerse la existencia de daño psíquico” (fs. 244). Si b ien dicho informe fue impugnado por el actor a fs. 257/258, del acto impugnatorio no surgen elementos que justifiquen apartarse de las conclusiones expuestas por la experta. Atento a ello ha de confirmarse el pronunciamiento en cuanto desestimó el reclamo en tal concepto. El perito médico informó que a raíz del accidente de marras el actor sufrió “contusiones por caída de su altura, trauma de mano y muñeca derechas, trauma de ambas rodillas con lesión del LCA de la rodilla derecha y entorsis leve del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda”. Sostuvo que en la actualidad el reclamante presenta “inestabilidad anteroposterior de rodilla derecha por lesión del ligamento cruzado anterior, asociado a hipotrofia muscular cuadriciptal”. Afirmó que dichas secuelas le generan al actor una incapacidad del 20%. Asimismo señaló que el actor requiere “tratamiento quirúrgico (plástica ligamentaria del LCA)” cuyo costo en el ámbito privado es de $20.000 y que posteriormente debería realizar un tratamiento kinesiológico durante un período no menor a tres meses, a un ritmo de tres sesiones semanales, cuyo costo por sesión esta en el orden de los $100, lo que totaliza $3.600 (fs. 215/216). El peritaje fue impugnado por la demandada a fs. 230 y el profesional respondió a fs.271/272 aclarando que si bien el actor presenta lesiones degenerativas en los meniscos, ello no es óbice para que presente lesiones traumáticas ya que nada tiene que ver un concepto con el otro y afirmó que a dichas lesiones degenerativas no les fue asignado valor de incapacidad alguno. Cabe recordar que el grado de incapacidad asignado por los peritos constituye un porcentual que debe ser considerado dentro del contexto general de la prueba, y conjugarlo con las condiciones personales de la víctima, para así determinar un importe que represente la justa reparación de los perjuicios irrogados al damnificado. El resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias específicas de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el magistrado goza en esta materia de un margen de valoración amplio. En definitiva, valorando la totalidad de las circunstancias apuntadas precedentemente, ponderando la edad que tenía el actor al momento del infortunio (39 años), considero que el importe fijado por el magistrado para resarcir las partidas en estudio resulta algo exiguo por lo que propicio su elevación a la cantidad de $100.000.

IV.- Tratamientos futuros: Se agravia el actor del rechazo respecto del reclamo en concepto de tratamiento psicológico futuro. Asimismo se queja de que no se haya fijado un importe para afrontar los gastos de la cirugía indicada por el perito y cuestiona el importe fijado por gastos de tratamiento kinesiológico ($3.600) por considerarlo insuficiente. En cuanto al reclamo por tratamiento psicológico futuro, toda vez que la perito psicóloga resultó concluyente al sostener que el actor no presenta ninguna secuela psíquica derivada del accidente de marras, habrá de confirmarse su rechazo.Respecto a los gastos de tratamiento kinesiológico, teniendo en cuenta que el perito médico señaló que el actor debería realizar un tratamiento kinesiológico durante un período no menor a tres meses, a un ritmo de tres sesiones semanales, cuyo costo por sesión esta en el orden de los $100 (fs. 215/216), corresponde confirmar el importe de $3.600 fijado por este rubro.

En lo atinente a los gastos de la cirugía plástica ligamentaria del LCA referida por el experto, toda vez que este item no fue objeto de reclamo en la demanda propongo confirmar la sentencia en este aspecto.

V.- Gastos médicos, de farmacia y traslado: Se agravia la demandada del importe otorgado por esta partida ($3.000) y solicita su rechazo o en su defecto su reducción. He sostenido que estos gastos no requieren prueba efectiva de los desembolsos realizados, cuando la índole de las lesiones sufridas a raíz del accidente los hacen suponer. Sin embargo, el reintegro de los gastos no documentados de ninguna manera puede ascender a cantidades considerables, ya que, como se ha dicho, estos rubros son procedentes aun sin contar con prueba documental específica, en razón de la escasa magnitud o entidad económica que suponen tales erogaciones y también por la transitoriedad que tienen (conf.CNCiv., Sala “F”, noviembre 1/2010, “Garbini, Ana c/ Autopistas Buenos Aires La Plata s/ daños y perjuicios”, L.551.887). Teniendo en cuenta la índole de las lesiones sufridas por el actor a raíz del accidente de marras estimo que la cantidad de $3.000 fijada por la sentenciante resulta adecuada por lo que propicio su confirmación.

VI.- Daño moral: Se agravia el actor del importe fijado por este rubro ($10.000) por considerarlo exiguo mientras la demandada solicita su reducción. El resarcimiento del daño moral exige tomar en consideración los dolores y padecimientos del damnificado a partir del accidente sufrido, el tiempo de convalecencia hasta su restablecimiento, y las demás repercusiones anímicas que provocaron las lesiones inferidas.Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por las características del hecho y la índole de los perjuicios sufridos (Conf. CNCiv. Sala “F”, septiembre 23/2011, “Cardozo, A. c/ G.C.B.A. s/ daños y perjuicios” L. 575.510). La fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del juzgador.

Se ha resuelto que la suma a establecer por este rubro no colocará al actor en la misma situación que se encontraba con anterioridad al siniestro. De todas formas el juzgador se ve compelido a determinar la indemnización; no se trata de compensar dolor con dinero, sino de tratar de otorgar a la víctima cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos materiales de su vida a fin de mitigar sus padecimientos. La incidencia que ha tenido el accidente en la interioridad del reclamante, las lesiones padecidas y las secuelas físicas verificadas por el perito médico, me llevan a concluir en que el importe fijado por este rubro resulta algo exiguo por lo que propicio su elevación a la cantidad de $20.000, que es el monto reclamado en la demanda, con el que insiste en su memorial (fs. 432).

VII.- Intereses: La magistrada dispuso que los intereses relativos a los importes por los que prospera la demanda se calculen desde la fecha del hecho y hasta el cumplimiento de la sentencia a la tasa activa, cartera general (préstamos), nominal, anual, vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. La demandada solicita que los intereses se calculen a la tasa pasiva. Si bien con anterioridad en esta Sala por mayoría, que integrábamos con el Dr.Posse Saguier, se hacía un distingo para la determinación de la tasa de interés a aplicar según la fecha en que se valoraban los montos indemnizatorios, a partir del precedente resuelto por la Sala con fecha 14 de febrero de 2014 en los autos “Zacañino, Loloir Z. c/ AYSA s/ daños y perjuicios” (expte. N° 162543/2010, L. 628.426), un nuevo planteo de la cuestión realizado ante la situación económica del país, nos ha llevado a adherir a la solución según la cual la tasa activa prevista en el fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” , del 20 de abril de 2009, no representa un enriquecimiento indebido, pues en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena. Es de señalar que a juicio de la Sala no obstante la derogación del art. 303 del Código Procesal prevista en el art. 12 de la ley 26.853, ese artículo ligado a las normas atinentes al recurso de inaplicabilidad de la ley conserva vigencia ultraactiva en tanto no sean operativas las que lo sustituyen por el de casación (art. 15 de la ley citada) (CNCiv. Sala F, agosto 19/2014, “Bryson Alejandro Rafael y otro c/ Valerga Matías Nahuel y otros s/ daños y perjuicios” Expte. N° 11.308/2005- “Cruz Cristian Ariel y otro c/ Risaro Leandro Demian y otros s/ daños y perjuicios” Expte. N° 86.280/2006; id. Sala F, abril 23/2014, “Rey Marta Beatriz y otros c/ Sánchez Marcos César y otros s/ daños y perjuicios”, Expte. N° 66.737/2007). Atento a ello propongo confirmar este aspecto del pronunciamiento.En mérito a lo expuesto voto por que se confirme la sentencia apelada en lo sustancial que decide y por que se la modifique fijando por “Incapacidad física sobreviniente” la cantidad de $100.000 y por “daño moral” la cantidad de $20.000. Asimismo voto por que se confirme el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido materia de agravio. Con costas de alzada a la demandada sustancialmente vencida (art. 68 y 69 del Código Procesal).

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante los Dres. POSSE SAGUIER y ZANNONI votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.

José Luis Galmarini

Fernando Posse Saguier

Eduardo A. Zannoni

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017.

AUTOS Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo sustancial que decide y se la modifica fijando por “Incapacidad física sobreviniente” la cantidad de $100.000 y por “daño moral” la cantidad de $20.000. Asimismo se confirma el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido materia de agravio. Con costas de alzada a la demandada.

Notifíquese y devuélvase.