Procedencia del daño moral ante la demora del instituto demandado en entregarle el título habilitante a la actora para ejercer la profesión de docente de nivel inicial, en tanto ello le impidió inscribirse en los llamados a concurso.

Partes: Conte Silvina Alejandra c/ Centro Cultural Italiano Asociación Civil Sin Fines de Lucro s/ daños y perjucios incump. extrac. (exc estado)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 15-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-106253-AR | MJJ106253 | MJJ106253

Procedencia del daño moral ante la demora del instituto demandado en entregarle el título habilitante a la actora para ejercer la profesión de docente de nivel inicial, en tanto ello le impidió inscribirse en los llamados a concurso. Cuadro de rubros indemnizatorios.

CUADROS CUANTIFICATORIOS
Datos de la Víctima
Sexo Ocupación Carácter
F Docente Damnificado
Datos del Hecho
Fecha Tipo de Accidente Relato de los Hechos Tasa de Interés aplicada
20-mar-2009 Daños al honor, dignidad Se indemniza por daño moral a la actora, ante la demora del instituto demandado en entregarle el título habilitante para ejercer la profesión de docente. pasiva digital
Rubros indemnizatorios
Rubro Divisa Monto
Daño Moral $ 40000

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios contra el instituto educativo en virtud de los menoscabos que le trajo aparejada la entrega excesivamente tardía del título habilitante para ejercer la profesión de docente de nivel inicial, aunque limitándola sólo al daño moral.

2.-El instituto educativo demandado era quien se encontraba en mejor situación para producir las pruebas aportadas, alegando que acató su obligación de informar debidamente a la actora acerca del curso de los trámites y plazos que debían cumplirse para la entrega del certificado de estudios que le permitiese trabajar, así como probar y demostrar que la demora susceptible de ocasionar un perjuicio a la beneficiaria no le era imputable.

3.-Debe revocarse la concesión del lucro cesante reclamado, pues si bien durante los períodos denunciados la actora no pudo inscribirse en los llamados a concurso de la provincia y de la Ciudad Autónoma, esta coyuntura no constituye argumento suficiente para el progreso del rubro, pues ello no significa que perdió una oportunidad de trabajo única y real, sino que se configuraría un menoscabo (la prohibición de anotarse en los concursos) que es distinto del lucro cesante, entendido como los ingresos fehacientes de los que fue privada y no pudo gozar durante un lapso temporal determinado.

4.-La actora tuvo que aguardar un lapso excesivo en la obtención del título docente que la habilitaría para ejercer la profesión, circunstancia ésta que, a priori, es susceptible de ocasionarle un daño en la esfera del ámbito moral.

Fallo:

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 15 días de junio de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “CONTE SILVINA ALEJANDRA C/ CENTRO CULTURAL ITALIANO ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:

C u e s t i ó n

¿Debe modificarse la sentencia apelada?

Votación

A la cuestión planteada, el señor juez doctor Ribera, dijo:

I. La sentencia definitiva de fs. 414/419 hace lugar a la demanda interpuesta por Silvina Alejandra Conte y condena al Centro Cultural Italiano (asociación civil sin fines de lucro) por incumplimiento contractual al demorar la entrega del título profesional, a abonarle la suma de $ 19.800 con más los intereses a la tasa pasiva digital, ello desde la mora hasta el efectivo pago.

II. Agravios

1. La apoderada del demandado apela a fs. 424 y presenta agravios a fs. 432/433.

Cuestiona que se le haya atribuido responsabilidad a su mandante por la demora en la entrega del título profesional, carga que cumplió luego de dos meses de intimada con tal fin, habiendo demostrado una conducta diligente a lo largo del procedimiento.Expone que es habitual que estos trámites de tipo burocráticos se extiendan en el tiempo.

Afirma que la actora pudo haber trabajado en establecimientos privados con la constancia de título en trámite.

En cuanto a los rubros admitidos en la sentencia, señala que se evaluó erróneamente el informe de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, pues allí se comunican los requisitos para aspirar a cubrir una vacante y no se refiere específicamente a un cargo cierto y real del cual la actora se vio privada.

Por tal motivo, cuestiona las sumas fijadas en concepto de lucro cesante y pérdida de antigüedad docente.

2. El apoderado de la actora apela a fs. 426 y expresa agravios a fs. 434/437.

Se queja de la fecha de mora fijada en la instancia de origen. Dice que el sentenciador se equivoca al considerar se exteriorizó la voluntad de obtener el título mediante la carta documento obrante a fs. 33, cuyo emplazamiento vencía el día 20 de marzo de 2009. Arguye que el 16 de marzo de 2009 gestionó la entrega de la constancia analítica oficial, recibiendo en ese entonces un certificado de título en trámite, ello por no poder cumplir con la expedición del instrumento en cuestión.

Expresa que la demora aludida obedeció a la falta de aprobación de los planes de estudio, situación imputable a la demandada.Prueba de ello es que el título tuvo que ser suscripto por el director en jefe de la región sexta de la autoridad de aplicación y no por el director de la carrera.

Se agravia por la demora excesiva, esgrimiendo que habitualmente la espera de un egresado resulta ser de entre dos y tres meses a partir de que aprueba la última materia.

Relata que el contrato de enseñanza trae aparejada la obligación accesoria de entregar el título profesional, carga que debió cumplirse al poco tiempo de aprobar el último examen y no luego de 28 meses de graduada, como ocurrió en la especie.

Critica el exiguo monto fijado en concepto de lucro cesante, ello evaluando las conclusiones del experto sorteado. El contador estableció un importe y el juez interviniente fijó otro de manera antojadiza.

También está disconforme con la base utilizada para calcular la pérdida de antigüedad docente, aplicando el 10% del lucro cesante admitido, porcentaje éste que no se condice con lo evaluado por el perito sobre tal rubro.

Por último, cuestiona el rechazo del daño moral. Entiende la indemnización reclamada como resarcitoria, por haberse ocasionado una turbación ilegítima en la esfera psíquica y afectiva de su mandante y por ello, debe ser recompensada.

III.La deserción del recurso

La demandada plantea la deserción o bien la insuficiencia del recurso de apelación ya que entiende que el mismo no constituye la crítica concreta y razonada de la sentencia atacada.

Para resolver esta cuestión, es necesario tener presente que expresar agravios consiste en el ejercicio del control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del Juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que ocasiona (conforme causas de CACC SI, Sala Ira., 68.165, 68.667, 71.714, entre otras).

Bajo la óptica adoptada, el Tribunal de Alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (doct. arts. 246 y 260 del C.P.C.C.).

Entiendo que la facultad de declarar desierto un recurso ante la insuficiencia de la expresión de agravios debe ejercerse por la Alzada con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, arbitrariamente, se afecte el derecho de defensa del recurrente.

La expresión de agravios de la actora, se refiere en forma concreta a la sentencia y a las constancias de autos para apoyar su reclamo, razón por la cual estimo debe tenérsele por cumplida la obligación del art. 260 del C.P.C.C.

En razón de lo dicho, corresponde proceder al análisis de los agravios vertidos.

IV. Antecedentes del caso

La señora Silvina Alejandra Conte promueve demanda por daños y perjuicios contra el instituto “Centro Cultural Italiano” en virtud de los menoscabos que dice le trajo aparejada la entrega excesivamente tardía del título habilitante para ejercer la profesión de docente de nivel inicial.

Relata que ingresó como alumna del instituto en el ciclo lectivo correspondiente al año 2004 y finalizó sus estudios el 16 de marzo de 2007, fecha en aprobó la última materia.

Afirma haber gestionado la entrega de un certificado analítico oficial, lo que resultó infructuoso a pesar de innumerables reclamos.En su lugar, se le otorgó una constancia provisoria.

Ante tal incertidumbre, remitió carta documento a la demandada el día 5/3/2009, intimándola para que en el plazo perentorio de 15 días cumpla con la obligación accesoria a la que se había comprometido, bajo apercibimiento de hacerla responsable y tomar las medidas que estime pertinentes.

Tal emplazamiento fue contestado por la reclamada, reconociendo la falta de entrega del certificado y comprometiéndose a cumplir con esa carga en un plazo no mayor a 30 días, término éste que volvió a incumplir generando nuevas misivas.

Continuó su raid de reclamos, efectuando una denuncia en defensa del consumidor. Finalmente, recién se le hizo entrega del certificado analítico oficial el día 20/7/2009. La demandada demoró un total de 28 meses para extender el título objeto de litis, circunstancia ésta que le produjo el perjuicio cuya reparación persigue en la especie.

Como consecuencia del hecho relatado, reclama lucro cesante, pérdida de antigüedad docente, daño moral y gastos de escribanía.

A su turno, contestó demanda la institución educativa a fs. 120/134, rechazando la acción intentada.

Expresa que la enseñanza experimenta cambios que requieren la aprobación del órgano de control estatal y en tal sentido, la sede de inspección de la D.I.P.R.E.G.E.P. dispuso un llamado a cierre transitorio en el año 2003, requiriendo la auditotoría o inspección de la autoridad de contralor.

Continúa su defensa esgrimiendo que los títulos oficiales los otorga la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires, aduciendo que el instituto cumplió con lo que se había comprometido, entregando el certificado respectivo, aunque reconoce que no fue cuando quiso la actora sino cuando la autoridad de aplicación lo expidió.

Afirma que muchas maestras recién recibidas ingresan a trabajar sin título o con el mismo en trámite y pueden estar a cargo de la clase como maestra titular o provisoria.Por ello, le extendió a la accionante un certificado de título en trámite, lo cual veda el perjuicio que aquella dice padecer.

Da cuenta del intercambio epistolar habido entre las partes, así como el proceso celebrado por ante la delegación de defensa del consumidor, oportunidad donde se le informó la situación de su trámite.

Expone a su vez que la demora objeto de litis se debió al “tránsito de la burocracia administrativa”, situación real que no puede desconocerse. Reitera que el trámite obtuvo su curso natural y ordinario.

Indica que cumplió en tiempo y forma con la prestación del servicio educativo al que se comprometió, desligándose de la responsabilidad achacada por el retardo aquí en debate.

Cuestiona el daño invocado por la actora, así como los rubros pretendidos, indicando que no hubo lucro cesante ni pérdida de antigüedad por no configurarse los supuestos de tal reclamo, es decir, precisar la actividad que desarrollaba, las ganancias que percibía y el lapso temporal del que fue impedida.

Alude también que se estila que jardines de infantes contraten personal con títulos en trámite, lo que incluye antigüedad y puntaje.

Rechaza el daño moral reclamado, pues no fue provocado voluntariamente y además, obtuvo el título, que era el interés perseguido. Tampoco atiende el gasto reclamado de escribanía, pues aquello se debió a un acto voluntario y unilateral de la actora.

Sentadas las posturas de las partes y producida la prueba ofrecida, a fs. 414/419 se dictó sentencia definitiva haciendo lugar a la demanda incoada por la suma total de $ 19.800 con más los intereses a la tasa pasiva digital a partir del 20/3/2009 (fecha en que feneció el plazo conferido por carta documento de fs. 33) hasta el efectivo pago. Tal reso lución admitió los rubros de lucro cesante y pérdida de antigüedad, desestimando el daño moral.

V. Responsabilidad de la demandada

1.Tratándose la cuestión de autos de un supuesto de incumplimiento de un contrato de servicios de enseñanza, dicha relación entonces, queda para su análisis dentro de las denominadas normas de consumo plasmadas en las leyes de defensa al consumidor, 24.240 y su modificatoria Ley 26.361, arts. 8, 10 bis, 19, 40 bis, 52 y concs., resultando aplicables por otra parte las disposiciones contenidas en la legislación de fondo vigente (arts. 7, 1092, 1093, 1094, 1095, 1100, 1101, 1251, 1252, 1254, 1256, 1278, 1279 y concs. del Cód. Civ. y Com.).

Lo desarrollado precedentemente, trae como corolario lógico necesario, habida cuenta la clara letra del art. 7 del Código Civil y Comercial y art. 42 de la Constitución Nacional.

2. Analizando la cuestión a dilucidar en autos, cabe destacar que la entidad demandada discrepa sobre la responsabilidad que le fuere atribuida en la sentencia apelada.

En autos, no se encuentra controvertido que la actora cursó, durante los ciclos 2004-2007, la carrera de profesorado de educación inicial en el instituto demandado, ello conforme fue reconocido por las partes en sus escritos constitutivos y en virtud de lo que se desprende del punto “b” de fs. 332 de la pericia contable confeccionada.

Así pues, de la posición quinta y sexta de la absolución de posiciones obrante a fs. 243, surge que la representante legal de la demandada admitió que la actora rindió su última materia el 16 de marzo de 2007 y que entregó el título analítico el 20 de julio de 2009.

Ese lapso temporal es el que aprecia la actora como excesivo, endilgando responsabilidad a la demandada por los menoscabos que dice padecer.Por su parte, la institución educativa argumenta que tal proceder se debió a una intervención del órgano de inspección estatal y que, frecuentemente, los trámites para la obtención de títulos profesionales tienen una demora injustificada.

El nuevo Código Civil y Comercial, si bien fija como regla general que los factores de atribución y los eximentes de responsabilidad deben ser probados por quien los alega (art. 1734), permite a los jueces aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas, consagrada en el art. 1735 de dicho cuerpo legal, más aún en el presente que se trata de una relación de consumo.

En este orden de ideas, considero que ha sido la demandada quien se encontraba en mejor situación para producir las pruebas aportadas, alegando que acató su obligación de informar debidamente a la actora acerca del curso de los trámites y plazos que debían cumplirse para la entrega del certificado de estudios que le permitiese trabajar, así como probar y demostrar que la demora susceptible de ocasionar un perjuicio a la beneficiaria no le era imputable (art. 375 y 382 C.P.C.C.; arts. 1734 y 1735 del Cód. Civ. y Com.).

Así pues, ofreció prueba instrumental, confesional, 6 testigos e informativa a diversos organismos.

Analizando lo que surge de los medios probatorios aportados, destaco que la prueba de confesión fue declarada negligente, así como los testimonios oportunamente ofrecidos de Derulla, Radice y Presta (fs. 387).

De las declaraciones testimoniales de Marcelo Julio Hersalis y Graciela Inés Alonso (fs. 259/260 y 264/265) puede advertirse que ambos son empleados dependientes de la demandada. Así y en cuanto a la demora objeto de litis, el primero calculó que “son de 6 meses para adelante. Pueden ser 6 meses, ocho meses o un año, todo dependerá de cuestiones que muchas veces tienen que ver con la tramitación interna, con cuestiones gremiales. Pero normalmente el plazo es de 6 meses u ocho meses” (fs.260).

En cuanto a la testigo Alonso, aquella dijo desconocer el plazo de entrega de títulos. Agregó que en su caso fue un año y que supone que ese es el plazo de entrega (ver fs. 264 vta.).

Continuando con el análisis de la prueba producida, destaco que de la informativa dirigida a la Dirección General de Cultura y Educación, región sexta de D.I.P.R.E.G.E.P., Instituto de Previsión Social y ANSES; nada se ha demostrado en torno a que la demora en la entrega del certificado no debe ser imputada a la aquí demandada, sino a cuestiones administrativas de organismos que la exceden.

No puedo dejar de ponderar que la intensidad de la exigencia probatoria puesta en cabeza de la reclamada, debe correlacionarse con las concretas posibilidades de contar con elementos corroborantes, en función de las particulares características del suceso que genera la litis (art. 375 y concs. del C.P.C.C.).

Por ello, conforme la normativa favorable al consumidor antes aludida y la orfandad probatoria en la que se colocó la demandada, no caben dudas que debe responder por los daños y perjuicios ocasionados a la actora, de los que resulta responsable en virtud de contrato de consumo que las vinculó.

En definitiva, y conforme a todo lo expuesto, propongo que la sentencia, en este aspecto, sea confirmada (ley 24.240 y su modificatoria ley 26.361, arts. 8, 10 bis, 19, 40 bis, 52 y concs; arts. 1092, 1093, 1094, 1095, 1100, 1101, 1251, 1252, 1254, 1256, 1278, 1279 y ccs. del Cód. Civ. y Com.).

VI. Fecha de mora

La sentencia de grado fija el día 20 de marzo de 2009 como fecha a partir de la cual correrán los intereses a la tasa pasiva digital, ello hasta el efectivo pago. Esa fecha obedece al vencimiento del plazo conferido en la carta documento obrante a fs.33 para que la demandada cumpla con la obligación a su cargo.

La intimada entiende que la actora dejó consentir el tiempo de habitual demora, pero señala que la prueba producida marca otra situación. Así, pondera el acta de audiencia celebrada en la instancia de defensa del consumidor del 11/06/2009 en el expediente DGCD-470/09, donde surge que la actora acepta la propuesta de la CD 060628727 del 19 de mayo de aquel año, en la cual se notifica del estado del trámite, el lugar donde se encontraba y apunta a solucionar el problema en un plazo de 30 días. Finalmente, el título se entregó el 10/08/2009, luego de un plazo menor a dos meses de aquel término consentido por la reclamante.

La actora se agravia por entender equivocado el criterio signado en la instancia de origen de que recién se exteriorizó la voluntad de obtener el título con fecha 20/03/2009. Refiere que rindió su última materia el 16/03/2007, gestionando allí la entrega del título oficial, consiguiendo un certificado de instrumento en trámite. Esta demora la imputa a la falta de aprobación del plan de estudios, carga que tenía la accionada y cuya solución excedió ampliamente la tolerancia que este tipo de trámites habitualmente conlleva.

En cuanto a este punto, la jurisprudencia ha dicho que si la obligación en debate no contenía plazo “resulta imperativo que el acreedor interpelará al deudor para constituirlo en mora” (CACC La Matanza, sala I, “Sánchez, Jorge Omar c/Macena, Dora y otro s/Cobro sumario de dinero”, 511, RSD-14-1, S, 27/05/2004). En el mismo sentido, se decidió que “resultó imperativo que el acreedor interpelara al deudor para constituirlo en mora, por aplicación de lo dispuesto por el art. 509 del Código Civil” (arts.871, 886/888 del Código Civil y Comercial; CACC, La Plata, sala II, “Luengo Mónica Liliana c/Chediak Mónica Liliana s/Cobro Sumario”, 90106, RSD-50-1, S, 12/03/2001).

En consecuencia, no puedo apartarme del criterio signado por las normas aludidas. Así y conforme art. 871 inc. “d” del Cód. Civ. y Com., el tiempo del pago quedó exteriorizado con la carta documento de fs. 33 recibida el 5/3/2009 (instrumento con respaldo informativo a fs. 184), que fijaba un término de 15 días para cumplir con la obligación reclamada.

Así pues, estimo que la fecha de mora fijada en la instancia de origen (20/03/2009) se ajusta a los preceptos aquí enunciados, por lo cual, propongo confirmar este aspecto de la sentencia apelada (arts. 375 y 384 del C.P.C.C. y art. 871 y concs. del Cód. Civ. y Com.).

VI. Rubros reclamados

1. Lucro cesante

La actora reclama el presente rubro en razón de que la falta de entrega de título habilitante en un plazo prudente la privó de postularse para cubrir cargos docentes vacantes en Provincia de Buenos y Aires y Ciudad Autónoma durante los actos públicos de los años 2007, 2008 y 2009. Agrega que era requisito ineludible presentar título docente habilitante y que el salario de doble turno en tal época era de $ 3.000, lo cual, por la demora aludida, se traduce en el reclamo de $ 84.000.

En la sentencia se admitió el rubro pretendido por la suma de $ 18.000 a fin de paliar el daño producido por el transcurso del tiempo sin posibilidad de ejercer la docencia.

Se agravia la demandada por entender que durante el lapso en cuestión, pudo trabajar con constancia de título en trámite en entidades privadas.Asimismo, aduce que la prueba informativa producida da cuenta de los requisitos necesarios para aspirar a cargos vacantes, lo que denota una hipotética posibilidad de que la actora hubiese efectivamente tomado un cargo y no un hecho cierto y real del cual se vio privada.

Por su parte, la actora cuestiona el monto por el que prosperó el rubro en examen. Indica que la pericia fijó una liquidación de $ 71.521,55 y que el sentenciante estableció otra de manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento técnico ni jurídico.

Sentado lo expuesto, cabe resaltar que, como ocurre con todo daño resarcible, quien peticiona la indemnización debe probar el agravio sufrido (arts. 1737, 1739 del Cód. Civ. y Com. y 375 del C.P.C.C.). En el caso del lucro cesante, debe acreditar la existencia de ingresos verosímilmente esperados y frustrados en razón de la espera injustificada que terminó definiendo el pleito, aportando con tal fin certidumbre, tanto acerca de la actividad que desempeñaba al momento del suceso, como de las pérdidas concretas experimentadas (arts. 1738, 1740, 1742 y concs. del Cód. Civ. y Com.; art. 375 del C.P.C.C.; CACC SI, Ac uerdo 92973, Sala Iº, reg. 554, sent. 7-8-2003).

Ponderando la prueba producida en autos, destaco que la testigo Magdalena María Dussol expuso a fs. 261 vta. que la actora trabajó en un colegio privado “en el año 2008, 2009” y que en la actualidad “trabaja en un colegio privado, en el Creciendo Juntos, de San Isidro”.

En igual sentido, la testigo Bárbara Yoverno indicó a fs. 266 vta. que la actora “trabaja en un colegio privado, se llama Creciendo juntos, de San Isidro.Trabaja allí desde el año 2009”.

Así pues, de la prueba testimonial rendida puede apreciarse que la actora desarrollaba la actividad para la cual se había especializado, aún sin contar con el título expedido, circunstancia ésta que demostraría que no estaba impedida de trabajar y la que será apreciada con el resto de las constancias de autos.

Ahora bien, con el informe pericial de fs. 330/331 se practica una liquidación que determina la escala salarial vigente para el caso de un trabajador que hubiese ingresado en la función pública docente durante los lapsos antes mencionados. Lo dictaminado por el perito no resulta suficiente para probar sus ingresos, por lo cual, no ha justificado la interesada una merma de ingresos y menos cuáles eran sus efectivas utilidades, vinculadas causalmente con la imposibilidad de ejercer el cargo docente.

Si bien no se discute que durante los períodos denunciados no pudo inscribirse en los llamados a concurso de esta provincia y de la Ciudad Autónoma, esta coyuntura no constituye argumento suficiente para el progreso del rubro en examen. Tal y como fuere dicho, el hecho de no poder inscribirse no significa que perdió una oportunidad de trabajo única y real, sino que se configuraría un menoscabo (la prohibición de anotarse en los concursos) que es distinto del lucro cesante, entendido como los ingresos fehacientes de los que fue privada y no pudo gozar durante un lapso temporal determinado.

A mayor abundamiento, pongo de resalto que no hay constancia que la actora se haya inscripto en los concursos estatales abiertos durante los períodos subsiguientes a la obtención del título profesional, carga probatoria que bien podría exigírsele en caso de haber optado por la vía laboral que constituye el argumento fundamental del rubro aquí reclamado (art. 375 del C.P.C.C.).

En base a estos lineamientos, estimo que la actora Conte no ha cumplido la carga de probar el presupuesto de hecho invocado como fundamento del reclamo (art. 726 del Cód. Civ. y Com.; 375, 384 y concs.del C.P.C.C.). En consecuencia, propongo que se revoque este aspecto de la sentencia, debiéndose dejar sin efecto el rubro en análisis.

2. Pérdida de antigüedad oficial docente

La actora reclama haberse visto privada de gozar del reconocimiento de antigüedad docente durante el lapso de 28 meses que no pudo contar con el título profesional que avalaba los estudios cursados. Teniendo en cuenta los servicios prestados en la rama, cargo y horas a las que aspiraba, estima el monto reclamado.

En la sentencia recurrida, el presente rubro prosperó por la suma de $ 1.800, ello aplicando el cálculo aritmético del 10% del lucro cesante admitido.

Por idénticos argumentos a los expresados en el rubro precedente, la demandada se agravia por entender injustificada su admisión.

A su turno, la actora cuestiona el monto por el que prosperó el rubro, en razón de que el porcentaje sobre el importe consignado en la pericia contable es superior al fijado de manera arbitraria en la sentencia.

En cuanto al presente punto, entiendo que el mismo configura un “accesorio” del ítem analizado en el resarcimiento precedente. Así, denegado el lucro cesante, ningún importe corresponde establecer por la pérdida de antigüedad docente, ello en el entendimiento que si no ha logrado demostrar de qué ganancias se vio privada, tampoco puede prosperar el reclamo por antigüedad de ganancias no admitidas.

Por todo lo expuesto y siendo que no ha sido acreditado el origen de los ingresos perdidos que darían lugar a la antigüedad pretendida (art. 726 del Cód. Civ. y Com.; 375, 384 y concs. del C.P.C.C.), propongo se revoque este aspecto de la sentencia, debiéndose dejar sin efecto el rubro en análisis.

3. Daño no patrimonial

La actora reclama el presente rubro por haber sido turbada ilegítimamente en su estado.La espera en obtener el título se tradujo en una impotencia que obstaba el desarrollo de sus capacidades profesionales.

La sentencia apelada destaca que no ha sido demostrado el impacto en el ánimo de la reclamante y que la espera de este tipo de trámites siempre conlleva sinsabores previsibles, destacando también que pudo haber trabajado en establecimientos privados con su título en trámite. Considerando ello, desestima este punto del reclamo.

Se agravia la actora de tal decisión, pues resalta haberse formado con mucho esfuerzo y que, dado que no se le entregó el título en tiempo y forma, se frustraron sus posibilidades de acceder a nuevos ingresos por no contar con el instrumento habilitante. La indemnización debe atender sufrimientos psíquicos y afectivos, valorando la gravedad de las circunstancias en las que fue planteada la demanda.

El art. 1738 del Código Civil y Comercial prevé la posibilidad de resarcir el daño moral ocasionado por incumplimiento contractual, cuya interpretación debe ser restrictiva, para no atender reclamos que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación del perjuicio que dice haber sufrido.

La indemnización del agravio moral por incumplimiento de obligaciones contractuales cuando es admisible, requiere la clara demostración de una lesión de sentimientos, de afecciones o de la tranquilidad anímica que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los negocios o de los pleitos (S.C.B.A, Ac. Nº 35.579, del 22 de abril de 1986, D.J.B.A 131-34; CACC SI, Sala Iº, causas nº 76.639, 74.022, entre otras).

En definitiva, en materia contractual, el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado de modo tal que a través del mismo no se haga lugar a reclamos que obedezcan a una susceptibilidad excesiva o bien que carezcan de significativa trascendencia jurídica; queda a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que alega (S.C.B.A, Ac.nº 56.328 del 5/8/97; CACC SI, Sala Iº, causas n° 87.330, 100.595, entre otras).

En la especie, tal y como se acreditó con los antecedentes reseñados, Silvina Alejandra Conte tuvo que aguardar un lapso excesivo en la obtención del título docente que la habilitaría para ejercer la profesión, circunstancia ésta que, a priori, es susceptible de ocasionarle un daño en la esfera del ámbito moral.

Todas los avatares que ha debido soportar la actora para ver traducido en un título oficial el esfuerzo empeñado en cursar la carrera docente, sin duda alguna, le han originado molestias que han influido en su estado emocional de manera negativa. Entiendo que el rubro en examen debe prosperar, importe que fijo prudencialmente en la suma de $ 40.000, para reparar en forma plena el daño moral ocasionado (arts. 1738, 1740, 1741 del Código Civil y Comercial, ley 26.994), modificando así el criterio fijado en la instancia de origen, lo que así propongo al Acuerdo.

VII. Costas de Alzada

Atento el resultado de los agravios invocados por las partes y la suerte dispar de cada uno de ellos, es que, conforme lo normado por los arts. 71 del C.P.C.C., estimo procedente fijar las costas por las tareas profesionales desarrolladas en esta instancia, del siguiente modo: por el recurso de la actora, en un 60 % a su cargo y en un 40% a cargo de la demandada. En cambio, por el recurso de la demandada, en un 70% a su cargo y un 30% a cargo de la actora, lo que así propongo al acuerdo.

Por todo lo cual y fundamentos expuestos, voto por la afirmativa.

Por iguales fundamentos a los señalados el Dr.Llobera vota también por la afirmativa.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S e n t e n c i a

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada, admitiendo el daño moral pretendido en la suma de $ 40.000; desestimando a su vez los rubros de lucro cesante y pérdida de antigüedad docente, confirmando el resto que fuera materia de agravios.

Las costas de alzada se imponen: por el recurso de la actora, en un 60% a su cargo y el 40% restante a la demandada y por el recurso de la demandada, un 70% a su cargo y el 30% restante a la demandada. Se difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del decreto ley 8.904/77).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Carlos Enrique Ribera

Juez

Hugo O. H. Llobera

Juez

Santiago Lucero Saa

Auxiliar Letrado