Aplicación del plazo de prescripción bienal del art. 4037 del CCiv. a la acción interpuesta contra un Hospital que por error de su personal aplicó a una menor la vacuna B.C.G. en una dosis veinte veces superior a la prescripta

Partes: D. I. E. c/ Municipalidad de Pilar y otros s/ daños y perjucios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Fecha: 11-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-106040-AR | MJJ106040 | MJJ106040

Aplicación del plazo de prescripción bienal del art. 4037 del CCiv. a la acción interpuesta contra un Hospital que por error de su personal aplicó a una menor la vacuna B.C.G. en una dosis veinte veces superior a la prescripta, siendo consecuentemente contagiada de tuberculosis.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por el hospital demandado que por un error de su personal le aplicó a la hija menor de la actora la vacuna B.C.G. en una dosis veinte veces superior a la prescripta; siendo consecuentemente contagiada de tuberculosis, toda vez que se trata de un supuesto que encuadra en el régimen extracontractual, correspondiendo aplicar el plazo de prescripción bienal del art. 4037 del CCiv. y la acción se interpuso luego de cuatro años.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, a los 11 días del mes de JULIO de 2017 , reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Tres de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro en virtud del art. 36 de la ley 5827, doctores MARIA IRUPE SOLANS y MARÍA FERNANDA NUEVO, para dictar sentencia en los autos caratulados: “D. I. E. C/ MUNICIPALIDAD DE PILAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” expediente nº D-22830-2; practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. Soláns y Nuevo resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la primera cuestión, la señora Juez doctora Soláns dijo:

A. El asunto juzgado.

A.1) La actora I. E. D., por derecho propio y en representación de su hija menor Lorena Gisele Aragon, inicia demanda sobre daños y perjuicios contra la Municipalidad de Pilar por la suma de $474.000, más intereses y costas.

Relata que concurrió con su hija menor Lorena, al Hospital Juan C. Sanguinetti de Pilar, dependiente de la municipalidad demandada con fecha 8 de septiembre de 1998 a fin de aplicarle la vacuna antisarampionosa.

Alega que a los pocos días de aplicada la misma, la menor empezó a sentir molestias en la zona de aplicación, mareos, y debió ser atendida medicamente donde se comprobó que, por un error del personal del hospital denunciado, le aplicaron la vacuna B.C.G.en una dosis veinte veces superior a la prescripta; siendo consecuentemente contagiada de tuberculosis.

Refiere que se inició un sumario interno que derivó en la comprobación de la negligente actitud observada por el personal destacado para proceder a la vacunación de los niños y/o adolescentes; y que la menor debió realizarse distintos estudios y tomar fuertes drogas que le ocasionaron los daños que detalla.

A.2) La Municipalidad de Pilar opone excepción de prescripción, y subsidiariamente de incompetencia a fs. 112.

Refiere que transcurrieron más de cuatro años del hecho denunciado, por lo que dado el vínculo extracontractual que los uniera con la accionante, la acción se encuentra prescripta de conformidad con el art. 4037 del C.C.

Dice también que habiéndose demandado a la Municipalidad de Pilar, por una vacunación en un Hospital Público, corresponde la competencia del fuero contencioso administrativo, por lo que requiere sean remitidos a dicho fuero.

A.3) Contesta demanda la accionada a fs.119/25, efectúa la negativa ritual del hecho denunciado, alegando que no existe prueba alguna aportada por la actora que acredite la tuberculosis enunciada en la demanda, como así tampoco cualquier otro tratamiento que alegara. Rechaza toda atribución de culpa en su contra, como asi también de la relación de causalidad que en su caso exista entre el hecho y el daño eventualmente producido.

A.4) Federación Patronal Seguros S.A. contesta la citación en garantía a fs. 152/6, reconoce haber celebrado un contrato de seguro con la Municipalidad demandada con los términos que allí refiere, efectúa la negativa ritual, y adhiere a las restantes negativas efectuadas por la accionada.

B. La sentencia de primera instancia.

B.1) La Sra.Juez de Grado destacó la doctrina emanada por nuestro más alto Tribunal Local, en tanto resolvió que la relación que existe entre el Estado a través del hospital público con el paciente y la relación médico-paciente encuadra en el régimen extracontractual, correspondiendo aplicar el plazo de prescripción bienal del art. 4037 del C.C.

Asimismo, destacó que el cimero Tribunal Federal se expidió en este mismo sentido en cuanto a que la responsabilidad del Estado en el ejercicio atinente al servicio público hospitalario reviste el carácter de extracontracual.

En tal contexto, dada la fecha de acaecimiento del hecho denunciado y la de interposición de la demanda, consideró que la defensa opuesta habría de prosperar.

B.2) Como consecuencia de lo anterior resolvió:

a) Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, y rechazar en consecuencia la demanda promovida por I. E. Domínguez y Lorena Gisele Aragón contra la Municipalidad de Pilar, con costas a las actoras vencidas.

C. La articulación recursiva.

Apelan las actoras a fs. 360 y 361, conforme memoria de fs. 380/2.

D. Los agravios.

Se alzan las accionantes contra la excepción de prescripción admitida por la judicante, pues sostienen que para así resolver, la sentenciante ponderó rígidamente la aplicación de corrientes doctrinales y citas jurisprudenciales.

Expone una postura doctrinaria y jurisprudencial italiana que determina que entre el paciente que se presenta en un hospital público y dicha entidad rige un contrato de locación de obra, y por consiguiente su naturaleza es de tipo contractual.

Dice que en nuestra doctrina hay distintas teorías, pero que la que más predicamento tiene es la que recurre al contrato en favor de un tercero, quien tiene dos relaciones, con el médico y con el centro hospitalario; ambas de naturaleza contractual.Así, trae a colación una cita jurisprudencial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, que decretó la responsabilidad contractual del Hospital Municipal allí demandado; y que en líneas generales la doctrina mayoritaria imperante en nuestro país han afI.do la tesis contractualista, asimilando a dicho tipo de institución pública a los entes asistenciales privados.

E. El análisis de la resolución atacada en función de los agravios expresados.

No se encuentra discutido en autos que las presentes actuaciones fueron iniciadas luego de transcurridos cuatro años respecto del hecho que diera motivo al reclamo (08/09/1998 – 16/10/2002).

Tampoco cuestiona el apelante que las citas jurisprudenciales y doctrinas utilizadas por el Juez “aquo” no resulten aplicables al caso de autos -en atención a los hechos ventilados-; sino que se disconforma con la decisión -y consecuente tesis adoptada- para resolver el presente caso, aportando una doctrina extranjera y una cita jurisprudencial foránea y contraria a la establecida por la de los más altos tribunales (local y federal).

A modo de introducción, cabe recordar que “La prescripción es un medio de .extinguir acciones, por la falta de ejercicio de éstas, durante un tiempo determinado que marca la ley. .Es una institución de la mayor importancia del derecho. Domat hablaba de presunción de renuncia por parte del titular del derecho, y de sanción a su negligencia. Sin embrago, el verdadero fundamento es de plano más elevado. Radica en la seguridad jurídica, el orden y la paz social, que imponen situaciones de hecho estables y pacíficas no sean objeto de revisión después de transcurrido cierto tiempo. El reclamo del titular del derecho, por muy justo que haya sido en su origen, resulta menos valioso que la situación creada con motivo de su inacción, cuando ha transcurrido ese lapso” (Arauz Castex, Manuel, “Derecho Civil. Parte General”, Tomo II, págs.499/500, Ed.Cooperadora de Derecho y Cs.Sociales, conf. Causa D2616/04 del 14/07/2014 RSD:100/2014 de Sala III°).

Sentado lo expuesto, cuadra destacar -tal como fuera referenciado por la sentenciante de grado-, que la Suprema Corte Provincial ha resuelto en reiteradas oportunidades que la relación del Estado a través del hospital público con el paciente y la relación médico-paciente, se desenvuelven en el ámbito del derecho público -derecho constitucional y/o administrativo (arts. 75 incs. 19 y 23 C.N. y 36 inc. 8 de la Constitución bonaerense) y consecuentemente la responsabilidad se encuadra en el régimen extracontractual, correspondiendo, por ende, aplicar en materia prescriptiva el plazo establecido en el art. 4037 del Código sustantivo (SCBA LP C 102534 S 10/08/2016, SCBA LP C 107625 S 12/09/2012, SCBA LP C 100452 S 15/07/2009, SCBA LP C 100046 S 22/10/2008, SCBA LP Ac 77960 S 14/06/2006, SCBA LP Ac 88940 S 18/05/2005, SCBA LP Ac 86949 S 08/09/2004 entre otras).

Dicho criterio fijado por la mayoría del Tribunal, forma doctrina legal, entendida ésta como aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia, con la idea de establecer una unidad interpretativa que hace al imprescindible anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad y evitar los efectos del strepitus fori (conf. SCBA LP 117678 S 17/12/2014, causa E-9517-03, r.i.398/15 de esta Sala III°, art.279 del CPCC).

Así, cuando los pronunciamientos de nuestra Corte Provincial son reiterados y de sentido unívoco se constituyen en doctrina legal para los tribunales inferiores, ello pese a no existir una norma legal que expresamente obligue a los jueces a seguir la doctrina emanada de la Suprema Corte Provincial, surgiendo implicítamente desde que las normas constitucionales prevén el recurso de inaplicabilidad de ley a los fines de resguardar la correcta aplicación de la doctrina legal, a lo que se le debe sumar que las normas procesales imponen entre los jueces los deberes de asegurar los principios de celeridad y economía procesal (conf. CC0103 MP 144964 RSD-23-10 S 16/02/2010, doct. art. 18 C.N.).

Por ello, los órganos inferiores están obligados a acatar el pronunciamiento del Máximo Tribunal local sobre el derecho aplicable, a fin de procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, lo que encuentra sustento en lo normado por los artículos 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 163, inciso 3°, ap. “a” de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (conf. CC0001 QL 12091 RSD-84-10 S 02/12/2010).

Y si bien -a pesar de ser vinculante para los jueces inferiores- en determinadas circunstancias es posible apartarse de la misma, justificando su postura y marcando sus diferencias, en supuestos en los que se encuentran configuradas circunstancias suficientemente graves que justifican abandonar el precedente, como por ejemplo: a) que el desarrollo jurisprudencial haya demostrado que el precedente es erróneo; b) que la enseñanza basada en la experiencia así lo indique; c) por las cambiantes circunstancias históricas (conf. CSJN 24/10/1960 fallos 248-115 y 21-03-2006 fallos 329-759, causa E-9517-03, r.i. 398/15 de esta Sala III°); lo cierto es que en el caso no se han acreditado tales extremos que justifiquen dicho apartamiento.

Ello así, siendo que hace a la seguridad jurídica adecuar las decisiones a las de la Suprema Corte (Morello y otros, “Códigos.”, 2da. ed.vol III, pág. 495, causa 67.418 del 6-6-96 de la entonces Sala IIa., Causa 106.645 del 14-5-09 RSI: 173/09, Causa 93.488 del 13-7-10 RSD 82/10 de Sala III°), la que -a su vez- resulta coincidente con la que adoptara también el más alto Tribuinal Federal (CSJN 317:1921 del 22/12/1994, 322:3101 del 14/12/1999), que destacan la responsabilidad extracontractual del Estado en casos como el de autos, que -asimismo- se encuentra fuera de discusión que ha transcurrido más del plazo establecido en el art. 4037 de. C.C., y no habiéndose acreditado las circunstancias pertinentes que autoricen a apartarse de tal doctrina legal; no se demostró error alguno en el resolutorio apelado y por tanto los agravios deben desestimarse (art. 260 del C.P.C.C.).

Voto por la afI.tiva.

La señora Dra. Nuevo por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Juez doctora Soláns dijo:

En virtud del resultado arrojado por la votación a la primera cuestión, corresponde a) confI.r la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante la Alzada se imponen a la parte apelante vencida (arts. 68 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 8904).

La señora Juez doctora Nuevo por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, a) se confI. la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante la Alzada se imponen a la parte apelante vencida (arts. 68 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARÍA IRUPÉ SOLÁNS

Juez

MARÍA FERNANDA NUEVO

Juez

ANA MARÍA BREUER

Secretaria