Rechazo de la medida de prueba anticipada consistente en el secuestro de un legajo médico, atento la excepcionalidad de la medida y la falta de demostración de la urgencia que lo amerite

Partes: Lorenzo Daniel Ricardo c/ Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSES s/ medida cautelar

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 29-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105263-AR | MJJ105263 | MJJ105263

Rechazo de la medida de prueba anticipada consistente en el secuestro de un legajo médico, atento la excepcionalidad de la medida y la falta de demostración de la urgencia que lo amerite.

Sumario:

 

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la medida de prueba anticipada consistente en el secuestro de un legajo médico, al no haberse acreditado la urgencia que amerita dicha medida excepcional, siendo que las pruebas, cualquiera fuera su naturaleza, deben producirse en la etapa procesal prevista para ello, es decir, con posterioridad al dictado del auto de apertura a prueba y al planteo y análisis de los hechos controvertidos en el proceso.

2.-No corresponde hacer lugar a la prueba anticipada cuando no existe temor justificado de que la espera hasta el periodo de prueba torne imposible o dificultosa su producción, o que los hechos que pretenden acreditarse con ese medio probatorio preliminar no puedan comprobarse posteriormente, pues se trata de un anticipo de prueba que se lleva a cabo en una etapa procesal impropia, con un ejercicio limitado de la debida contradicción, ya que se decreta inaudita pars.

Fallo:

Buenos Aires, 29 de junio de 2017.

VISTO: El recurso deducido por la actora contra la resolución de fs.31/32 en la que se denegó el pedido de secuestro del legajo médico del actor como medida de prueba anticipada. Y CONSIDERANDO: Que la Juez indicó que, de los términos de la petición de fs. 24 y de la cita del art. 326 CPCCN, se desprende que la peticionante requirió el secuestro del legajo médico del actor a modo de producción de “prueba anticipada” y que su producción requiere la citación de la contraparte (cfr. art. 327 CPCCN) y que la actora intenta lograr el secuestro con carácter “inaudita parte”. Que lo dispuesto en la norma de rito citada en último término obsta a la finalidad precautoria presuntamente perseguida, pues su concreción como prueba anticipada torna inevitable la comunicación previa a la contraparte.

Que, en consecuencia, consideró que no era posible acceder a la pretensión de que el secuestro se llevara a cabo “inaudita parte” sin vulnerar esta última norma, en lo atinente a la bilateralidad en materia de producción de prueba anticipada Que, desde otro punto de vista, si la entendiera como una cautelar, la actora debió acreditar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, para lo que no alcanza su dogmática alegación de su “temor de que se produzcan maniobras tendientes a ocultar, modificar, destruir o cambiar el objeto probatorio” sin identificar circunstancias concretas que evidencien la intención de la accionada de realizar los actos en cuestión. Que el apelante critica tal decisión. Sostiene que el caso encuadraría en la excepción prevista en el art.327 CPCCN respecto a que “.cuando en el caso resultare imposible, por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial.”. Que “.debe ponderarse que el objeto de la medida es el secuestro de la historia clínica en previsión de que pudiera ‘desaparecer o tornarse no incorporable al proceso’, todo ello es fundamentalmente relevante para evitar ‘la alteración o desaparición de determinados elementos probatorios’ ya que de los contrario podría ‘alterar, destruir o modificar los elementos probatorios esenciales en la instancia’ es por lo que se considera que se dan los requisitos para hacer lugar a la medida anticipada.”. Que este Tribunal memora que la prueba anticipada es un instituto de excepción, porque las pruebas, cualquiera fuera su naturaleza, deben producirse en la etapa procesal prevista para ello, es decir, con posterioridad al dictado del auto de apertura a prueba y al planteo y análisis de los hechos controvertidos en el proceso. Que la concesión de este tipo de medidas debe ser analizada con criterio restrictivo de acuerdo al diseño previsto en el art. 326 CPCCN y no corresponde hacer lugar a tal petición cuando no existe temor justificado de que la espera, hasta el periodo de prueba, torne imposible o dificultosa su producción o que los hechos que pretenden acreditarse con ese medio probatorio preliminar no puedan comprobarse posteriormente, pues se trata de un anticipo de prueba que se lleva a cabo en una etapa procesal impropia, con un ejercicio limitado de la debida contradicción, pues se decreta inaudita pars (en igual sentido, esta sala, in re “Luna, Matías Maximiliano c/ Smartphone S.A. y otro s/ diligencia preliminar”, S.I.28.158 del 15/12/06). Que a la luz de tales premisas, se advierte que en el escrito recursivo no se invocan razones que justifiquen un apartamiento de lo decidido en la instancia anterior, pues solo se formulan manifestaciones de disconformidad con lo resuelto, pero en modo alguno se indica que existan circunstancias excepcionales que aconsejen habilitar un apartamiento de las etapas normales del proceso o de la bilateralidad que debe resguardarse en aras de no afectar innecesaria e indebidamente la garantía de la defensa en juicio (cfr. art. 34, inc. 5º, ap. “c” y art. 18 de la Constitución Nacional).

Que en el escrito de inicio tampoco se explica la existencia de urgencia que amerite la excepción, pues el relato que allí se vierte permite advertir que la situación de autos no es diferente a las que suelen verificarse en reclamos de la misma índole y en los que se invocan circunstancias como las referidas por el actor y tampoco se alega la existencia de un concreto riesgo de que se alteren los elementos probatorios o que no existan otros medios de prueba al alcance del accionante. Que, en este contexto y como la solicitud se funda en el único interés de resguardar prueba que supuestamente corroboraría el posterior reclamo y se observa que no existe una imperiosa necesidad de contar anticipadamente con el secuestro de la historia clínica del actor, es evidente que no cabe modificar lo decidido en origen, sobre todo teniendo en cuenta que, en todo caso, la falta de presentación en juicio del legajo en cuestión, podría tornar aplicable las presunciones legales establecidas en los arts. 387 y 388 del CPCCN.En definitiva, no alcanza con alegar temor respecto a la adulteración de la prueba que se pretende secuestrar -elemento subjetivo insuficiente como para dar fundamento al agravio- sin aportar elementos que -aún en el estrecho marco cognitivo de la medida intentada- permitan siquiera sospechar o presumir la posibilidad de que se adulteren o supriman documentos y que si se dejara para más adelante ya no sería posible hacerlo o, por lo menos, que existe una grave presunción de que así habrá de ocurrir, lo que no se configura en autos y obsta a la procedencia de la medida solicitada. Por todo lo expuesto y compartiendo los argumentos vertidos por el sr. Fiscal General en su dictamen de fs. 40/40vta., el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar lo resuelto a fs. 31/32. 2) Imponer las costas de alzada por su orden atento la falta de sustanciación (art. 68, 2ª parte, del CPCCN). 3) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2.013. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA

ROSALIA ROMERO, SECRETARIA

NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA