La alegación relativa a que el ejecutante no habría prestado al ejecutado la suma que consta en el título, no puede fundar la excepción de inhabilidad de título

Partes: Azpiazu Enrique y otros c/ Alvarez Daniel Alberto y otro s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 8-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105848-AR | MJJ105848 | MJJ105848

La alegación relativa a que el ejecutante no habría prestado al ejecutado la suma que consta en el título, no puede fundar la excepción de inhabilidad de título.

Sumario:

 

1.-Es improcedente la excepción de inhabilidad de título si para fundarla el ejecutado afirma la inexistencia de la operatoria que así se habría instrumentado en tanto sostiene que nunca le fue prestada por los demandantes semejante suma de dinero, ya que la cuestión así propuesta excede claramente la continencia del proceso ejecutivo porque concierne a la relación subyacente del título, cuya indagación, por principio, es improcedente en su ámbito.

2.-La alegación relativa a que los ejecutantes habrían obrado defraudando toda confianza que el ejecutado depositara en ellos, es afirmación que enmarca dentro de un supuesto de abuso de firma en blanco, defensa que resulta improcedente en el juicio ejecutivo, en tanto su examen exigiría indagar en la causa de la obligación, lo cual se encuentra vedado (art. 544, inc. 4° , del CPCCN.).

Fallo:

Buenos Aires, 08 de junio de 2017.

Y VISTOS:

I. Viene apelada la resolución de fs. 110/113, por medio de la cual la Sra. juez de primera instancia rechazó la excepción de inhabilidad de título propuesta por el codemandado Alvarez, y mandó llevar adelante la ejecución en su contra.

II. El recurso fue interpuesto por el nombrado a fs. 115 y se encuentra fundado con el memorial de fs. 117/120. El traslado fue contestado a fs. 127/125.

III. 1 De manera preliminar corresponde señalar que el escrito con el cual intenta fundarse el recurso de marras no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada (conf. art. 265 del código procesal), toda vez que el recurrente no logra controvertir eficazmente los fundamentos y hechos meritados por la magistrado de grado, limitándose a reeditar lo alegado por su parte en la anterior instancia al proponer su defensa. De todos modos, y aun si se soslayase dicho óbice formal que obsta a la procedencia del recurso interpuesto, la pretensión tampoco habría de prosperar. En efecto: la excepción de inhabilidad de título se limita “a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa” (conf. art. 544, inc. 4to., del código procesal). Dicha excepción constituye una defensa tendiente a demostrar la falta de alguno de los requisitos formales del instrumento que se pretende ejecutar o alguno de los presupuestos del título (v. J. Ramiro Podetti: “Tratado de las ejecuciones”, Ediar, Bs. As., 1997, p. 273; esta Sala, 4.9.12, en “Marti Reta, Juan Ernesto c/Yapar, Juan Carlos s/ejecutivo”).

Por eso ha sido dicho que la inhabilidad de título “constituye la contrafigura de los requisitos que deben concurrir para que el título sea hábil, como presupuesto del proceso de ejecución” (v. Colombo, Carlos J. – Kiper, Claudio M.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, La Ley, Bs. As., 2006, t. V, comentario al art.544). En la especie, los argumentos del recurrente no tienden a cuestionar tales aspectos formales de los documentos que se ejecutan, sino que su queja se centra en la inexistencia de la operatoria que así se habría instrumentado (en rigor, sostuvo el apelante que nunca le fue prestada por los demandantes semejante suma de dinero). El asunto así propuesto, como bien lo destacó la primer sentenciante, excede claramente la continencia de este tipo de proceso, en tanto concierne a la relación subyacente del título, cuya indagación, por principio, es improcedente en el ámbito de un juicio ejecutivo (en similar sentido, esta Sala, en autos “López Fernández, Emilio Ricardo c/Oviedo, Luis Alejandro s/ejecutivo”, del 15.3.16).

Por otra parte, la alegación de que los actores habrían obrado “. defraudando toda confianza que en su oportunidad depositara en cabeza de los mismos.” (sic), es afirmación que enmarca dentro de un supuesto de abuso de firma en blanco, defensa que resulta improcedente en esta vía, en tanto su examen exigiría indagar en la causa de la obligación, lo cual se encuentra vedado en juicio ejecutivo (art. 544 inc 4° del Código Procesal; ver doctrina de esta Sala, en autos, “Bachur Roberto c/ Pardo Enrique s/ ejec”, del 8.10.85). Adviértase que la posibilidad de que un documento sea firmado en blanco y completado después por el mismo portador, es conducta lícita a tenor de lo establecido por el art.11 del Decreto-ley 5965/63. Finalmente, la pretensión de obtener el rechazo de la demanda mediante la invocación de un “defecto legal” al proponer la acción, tampoco puede ser admitida. Ello así, puesto que si bien en el escrito inaugural fue consignado un importe en pesos y otro en moneda extranjera, las dudas que tal situación pudiera haber generado deben entenderse superadas tras el dictado del auto – consentido- que ordenó que se practicase la intimación de pago en pesos.Sin perjuicio de ello, cabe señalar que dicha vicisitud no le impidió a la recurrente ejercer su legítimo derecho de defensa, a poco que se advierta el alcance y los términos de su contestación de demanda. 2. No obstante el modo en que la cuestión es decidida, tanto la cuantía como la mecánica utilizada para instrumentar la operación de marras permiten encuadrar la transacción bajo el supuesto de “operaciones sospechosas” previsto por el art. 21 inc. b de la ley 25.246. En tal marco, corresponde remitir a la UIF copia de los documentos en los que se sustentó la demanda y de la presente, a los efectos de que se proceda a su análisis.

IV. Por ello se RESUELVE: a) rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida; b) imponer las costas de Alzada a la apelante vencida en función del principio objetivo de la derrota (art. 68 código procesal); c) remitir a la UIF los antecedentes indicados en el punto III.2 de la presente.

Notifíquese por Secretaría. Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013. Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia. Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CAMARA

JULIA VILLANUEVA