Imparcialidad de los funcionarios judiciales y participación política. Pulvirenti, Orlando D.

Título: Imparcialidad de los funcionarios judiciales y participación política

Autor: Pulvirenti, Orlando D. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 20-jul-2017

Cita: MJ-DOC-11917-AR | MJD11917

Sumario:

I. Introducción. II. El debate sobre la pertenencia a partidos políticos en el Consejo de la Magistratura. III. El estado de situación en algunos países. IV. La respuesta en el caso. V. Algunas conclusiones.

Doctrina:

Por Orlando D. Pulvirenti (*)

I. INTRODUCCIÓN

El fallo dictado por el Juzgado Federal de Córdoba (1), por medio del cual acepta la recusación del fiscal actuante, en virtud de manifestaciones públicas mediante las cuales expresa sus opiniones políticas respecto del Gobierno nacional visualiza un debate que se viene reeditando desde hace unos años a la fecha, respecto de la relación que deben guardar jueces e integrantes del Ministerio Público con la política y particularmente con la afiliación partidaria.

En efecto, es sabido que la cuestión vinculada a la imparcialidad y objetividad de los funcionarios judiciales es en términos generales un ámbito de tertulia más amplio, pero no lo es menos que a partir de la constitución de justicia legítima y de la invocación de la posibilidad de los jueces de involucrarse en posiciones partisanas, se generó un debate bastante inédito en el país vinculado a la alternativa de que ellos expresaran abiertamente sus posturas ideológicas.

El primer aspecto que debe señalarse es que, dentro del marco general de la discusión, radica la pregunta respecto de qué tipo de neutralidad o imparcialidad se requiere de los jueces, asumiendo como punto de partida real que nadie puede desprenderse de su calidad de ser humano. Seres humanos, además, formados en determinados hogares, escuelas, Universidades y ámbitos (2), donde se forjan sus personalidades, bajo realidades, apreciaciones, consideraciones ideológicas y valores, no necesariamente iguales.

Tales subjetividades, difícilmente y aún cuando se inculcare la obligatoriedad de mantener la mayor asepsia posible en la aplicación del derecho, se mantendrán a resguardo, siendo que podrán revelarse tanto en la evaluación de los hechos, como en la empatía frente a la situación de alguna de las partes o inclusive en la interpretación, que siempre resulta posible dentro de ciertos márgenes, de las normas jurídicas aplicables.Ahora bien, si la búsqueda primera refiere a una auténtica eliminación del aspecto valorativo del criterio que aporta el Juez, estaríamos bregando contra posiciones que se han ido consolidando en el ejercicio de la función jurisdiccional (3). Es que si hubiera existido un apego estricto y material a las normas positivas, algunos de los fallos que han cambiado criterios sostenidos con anterioridad y que han implicado quiebres culturales no hubieran sido posibles. Teorías como «activismo judicial» (4), «declaración oficiosa de la inconstitucionalidad de una norma», «progresividad de los derechos humanos», «no regresión de derechos sociales», son fruto de funcionarios que entendieron que su judicatura, implicaba algo más que una aplicación literal de las disposiciones escritas.

Más aún, cabría decir, siendo que nuestro sistema institucional se ha inspirado en el norteamericano, que si algo tipifica a la Suprema Corte de ese país, es su incidencia en temas de gran interés político. Es así como las sentencias que dictan por su naturaleza tienen contenido político al decidir cuestiones tales como el aborto, sistema de salud, posibilidad de que hombres o mujeres homosexuales se incorporen al ejército o desde antiguo facultades en material de fomento o intervención en la economía (5).

En ellos, pesó claramente una visión determinada de la realidad, que pareciera comprometida con cierto marco ideológico y una desestructuración de conceptos clásicos de autorrestricción y apartamiento judicial de la norma escrita. Ignacio de Otto, lo menciona, en definitiva, del siguiente modo: «Se trata de no engañarse con respecto a las posibilidades de una justicia “químicamente” pura administrada por sujetos igualmente puros e incontaminados. Dicho de otro modo:no existe ningún «lugar cognoscitivo» apolítico ni conciencia subjetiva alguna que no se encuentre marcada por ideologías o intereses sociopolíticos y económicos» (6).

Dicho lo que antecede, cabe preguntarse si esas consideraciones sobre la realidad del actuar judicial, requieren un trato distinto cuando la referencia es dada con relación a la participación tomando banderías políticas, por parte de los funcionarios judiciales.

II. EL DEBATE SOBRE LA PERTENENCIA A PARTIDOS POLÍTICOS EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

En la Argentina, se aceptó casi invariablemente que los funcionarios judiciales no deben tener afiliación a partidos políticos; impidiendo tal vínculo, la mayor parte de las reglamentaciones que sobre el ejercicio de la judicatura existen en el país. Ello que casi estuvo sin discusión al menos desde la década de 1970, comenzó a ser nuevamente registrado como un tema a partir de las discusiones que sucedieron frente a la constitución de la Asociación Civil «Justicia Legítima». Entre quienes plantearon la apertura de esa discusión, se encontró el entonces diputado Kunkel, quien sostuvo la inconveniencia de mantener la prohibición de que los funcionarios judiciales se pudieran afiliar a partidos políticos, intentando modificar tal regla de conducta (7).

El primer dato que entonces debemos traer es que la reacción mayoritaria entre los jueces, fue al menos de cierta incomodidad con el planteo y en algún punto, de resistencia a cualquier cambio en la materia.

Más, luego, al discutirse el punto en particular (8), se intentó deslindar la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura se expidiese sobre el particular. Así luego de más de un año de estudio de la propuesta, el consejero Mosca sostuvo lo siguiente: «Porque no puede reglamentariamente posibilitarse o imposibilitarse lo que la ley posibilita o imposibilita.Es decir, el valladar está dispuesto por la legislación vigente y no por el Reglamento, razón por la cual no conduce a ninguna situación de claridad meridiana para los funcionarios judiciales». Sin embargo, el Consejero Gálvez, fue explícito respecto de la postura negativa y sus razones: «Pero la afiliación a un partido político implica un compromiso y, evidentemente, en la función judicial muchas veces, especialmente en el fuero electoral, pero en otros también, el juez o el funcionario que actúa como secretario de un Juzgado o una Cámara, etcétera, puede verse en esa disyuntiva de no poder actuar con toda libertad, ante el compromiso que implica la afiliación a un partido político».

Por su parte esgrimiendo posiblemente la visión judicial clásica, el Consejero por la Justicia, Cabral, argumentó así: «… me siento agraviado de que se pueda pensar que el fundamento de mi posición, que va a ser mantener este criterio; que por lo demás es el criterio legal y que no es el mismo en todos los países. Pero creo que es conveniente; por una razón de conveniencia creo que es así. Porque los partidos políticos también establecen compromisos, también establecen obligaciones a sus afiliados. Y esto, sin perjuicio de que yo, realmente, creo que sí es cierto que los jueces tienen opiniones políticas y tienen opiniones político-partidarias.Pero también es exigible a ellos que, por una razón de prudencia, del mantenimiento de su imparcialidad e independencia, no hagan expresiones de ese orden que puedan afectar el ejercicio de su jurisdicción».

Con posterioridad, en el convencimiento de que el impedimento se hallaba en la Ley Electoral, se impuso el cambio de reglamento de la Justicia Nacional en 2010, y se originó un proyecto de Ley en la provincia de Buenos Aires, no tratado, mediante el cual se reeditaba esta discusión (9).

Posiblemente, resulte anecdótico, pero no puede dejar de llamar la atención que, en la defensa de ambas posturas completamente contradictorias entre sí, sostuviera cada una de ellas que su base legal surgía de normas provenientes de Tratados Internacionales.

III. EL ESTADO DE SITUACIÓN EN ALGUNOS PAÍSES

El planteo respecto del vínculo entre jueces y partidos políticos, es por cierto una cuestión que trasciende a la discusión en nuestro país. En el caso particular de España, dio origen a enormes debates durante su vuelta a la democracia.

A favor, se sostenía lo siguiente: «1. impide a los Jueces el ejercicio de un derecho fundamental, y 2. responde a una imagen (conservadora) de la judicatura que debe ser superada. Esta segunda crítica, a la que nos hemos referido ya (véase capítulo I, apartado 1), cuestiona el acierto de la prohibición basándose en que la verdadera razón para hacerlo hunde sus raíces en un prejuicio ideológico, en parte heredado de la cultura política del franquismo, en parte tópico y simple lugar común de todas las ideologías conservadoras. El prejuicio delata una visión negativa de la política, a la que se cataloga como algo no del todo presentable, algo que por definición es «impuro», parcial, limitado a la defensa de intereses de grupos o de partidos».

En contra, en postura que fue regulada por el art. 127.1. de la Constitución Española, se expresó lo siguiente: «1.no es solo una cuestión de imagen, esto es, de apariencia, sino de algo más, porque cuando se pertenece a un partido se tiene, como mínimo, una (cierta) relación de disciplina con una estructura organizativa ajena a la función jurisdiccional, y se asume un deber genérico de respeto y promoción de los ideales e intereses del partido; 2. el partido no es solo un «lugar» de convicciones, sino un instrumento de lucha política, que por definición tiene contrarios o adversarios, y 3. no es del todo válido el contraargumento referido a la imposibilidad de evitar la adscripción ideológica de un Juez, por cuanto lo que al Juez se le niega no es que tenga ideas o ideales políticos (en esto hay que estar de acuerdo con De Otto; es algo obvio), sino que milite de forma organizada en un partido».

En el caso particular del Reino Unido, su Guía de Conducta Judicial prevé -en el punto 3.3- que los funcionarios judiciales no solo deben abstenerse de afiliarse a partidos políticos, sino asimismo de expresar públicamente cualquier otro tipo de conducta que pueda resultar en una identidad de su persona con manifestaciones correspondientes a dichos partidos (10).

E n Canadá, su Código de Ética Judicial, dispone, entre otras cosas (11), que los Jueces deben abstenerse de ser miembros de grupos u organizaciones políticas, o de participar en debates públicos frente a los cuales una persona con criterio razonable y normal, pudiera ver afectada sobre la imparcialidad del Juez ante los conflictos sobre los que debe decidir. Asimismo se impone que aquellos Jueces que hubieran desempeñado actividades políticas partidarias antes de ser elegidos para el cargo, deben cesar en tales conductas a partir de dicha asunción.

La Constitución de la República Italiana, por otro lado, establece en su art. 98, la posibilidad de que el Congreso imponga restricciones a la participación política de algunas personas, entre las que se encuentran los jueces.Tal situación ha sido objeto de regulación y de discusión ante la Corte Constitucional, la que decidió por la posibilidad de restricción, sosteniendo (12) lo siguiente: «Es evidente, por lo tanto, que no ha habido violación de los principios constitucionales invocadas por el órgano jurisdiccional remitente, ya que en el diseño constitucional, lo extraño del magistrado para el partido y sus métodos políticos es un valor particularmente significativo y tiene como objetivo salvaguardar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de las funciones judiciales, teniendo los ciudadanos asegurados que las actividades de la Justicia, ya sea juez o fiscal, no es impulsada por el deseo de imponer un partido político».

La Corte decidió que no hay ninguna razón de inconstitucionalidad del hecho de que la disposición impugnada constituye como una falta de disciplina, el registro o en la participación sistemática y continua en los partidos políticos, la participación en esas operaciones en el sector económico o financiero que puede afectar el desempeño de las funciones o, de otra manera, comprometer la imagen del juez. El legislador, más bien, protege así la imagen de la independencia juez frente a sí, a los ciudadanos y los partidos políticos.

El análisis de la legislación comparada tiende así a mostrarse con cierto grado de unanimidad respecto de que resulta sino prohibido, altamente desaconsejable (códigos de conducta) que quienes cumplen funciones judiciales, participen activamente en las políticas partidarias o manifiesten opiniones políticas que pueden llevar a dudar sobre la imparcialidad con la que habrán de pronunciarse cuando les tocase decidir sobre casos concretos.

IV. LA RESPUESTA EN EL CASO

Es cierto que el caso permite realizar este ejercicio respecto de la relación que debe guardar un funcionario judicial para con la política y cuáles han de ser esos límites, pero es en la confrontación de las circunstancias fácticas mismas, en las que debe realizarse esa ponderación.Y al asistir a lo ocurrido en autos, resulta difícil negar la corrección de la sentencia.

Nótese que las declaraciones del fiscal, hechas -es cierto- en sus redes sociales, pero también en medios de comunicación general, no dejan lugar a dudas respecto de la opinión que guarda sobre el Gobierno del ingeniero Mauricio Macri y sobre el destino que desea para dicho gobierno.

En un sistema donde la postulación de las candidaturas es potestad exclusiva de un partido político, el Gobierno tiene a un conductor que surge de ese grupo y al hablar mal de este último, también lo hace sobre aquel que, en el caso, es el recusante.

Bajo ese prisma, es lógico que, siendo además el fiscal quien tiene competencia específica en materia electoral, que sus manifestaciones públicas -aun cuando haya sostenido el mismo a título personal- conllevan necesariamente una apariencia de falta de imparcialidad que afecta a quienes deban quedar sujetas a su intervención.

Nótese inclusive que en el sentido de la decisión del Juez Bustos Fierro, al apartarlo del caso, es muy similar a la esgrimida en Canadá donde se analiza qué grado de imparcialidad tiene el decisor frente a la percepción razonable que una persona informada puede tener respecto de sus manifestaciones o conductas; siendo la razón para ello necesaria para la tutela de la confianza pública que debe imperar sobre el sistema (13).

Tal como afirma la sentencia, la frase «Nunca quise decir que hay que voltear a Macri, sí dejar de votarlo» (14), demuestra una pérdida de objetividad que afecta la conducta neutral que debe guardar todo magistrado.

Por ello, cuando en la petición el apoderado de la unión de partidos que incluye al PRO, el apoderado y representante legal, Dr.Oscar Agost Carreño, plantea que media una pérdida de objetividad y que se encuentra con el temor fundado de que medie una actuación teñida de parcialidad, por lo que pide el apartamiento del cargo, es de entender que concurren varias circunstancias que abonan esa posición y que hacen incurrir al actuante en el supuesto previsto en el artículo 9 de la Ley del Ministerio Público.

V. ALGUNAS CONCLUSIONES

Tal como hemos expresado al comienzo de esta misma nota a fallo, resulta una postura casi inocente sostener que los jueces deben ser ajenos a cualquier compromiso ideológico o político, por cuanto expresado o no en forma manifiesta, cada uno de ellos, tienen miradas, posiciones, posturas sobre el gobierno del Estado en general, que reflejan sus pautas formativas, su círculo de relaciones, culturales, económicas y sociales.

Dicho ello y partiendo del reconocimiento -en vez de su negación- de la realidad, cabe mencionar bajo qué pautas y límites, la organización del Estado de derecho, establece sistemas que aseguren a quien va a ser juzgado por esos mismos funcionarios que podrá esperar ser tratado en forma imparcial y neutra.

Por otra parte, también son las circunstancias de cada caso en particular las que permiten fijar el límite de esas posturas.Así por ejemplo si el funcionario opinara de política, pero fuese su actuación en materia de derecho de familia, difícilmente podría suponerse que ello incidiera en su forma de decidir, más razonablemente podría asumirse que sí ocurre, cuando precisamente se materializa su obrar en una causa en la que tiene competencia electoral.

En las particulares circunstancias del caso, es entonces razonable pensar que la extralimitación del fiscal en el tenor de sus apreciaciones, no permite diferenciar lo que serían sus criterios como simple ciudadano de aquellos que hacen a su función estadual y que ello puede razonablemente mover a los justiciables a pensar que sus decisiones resultarían afectadas por sus ponderaciones, privando de la nota de imparcialidad que debe imperar.

Dicho ello, podría sostenerse que la prohibición de afiliación a partidos políticos que, en la Argentina, no surge expresamente de la Constitución Nacional, sino de las regulaciones legales electorales y de la cuestionada Acordada de la CSJN, se ha establecido como una razonable limitación al ejercicio de derechos electorales, basado en la necesidad de preservar la imparcialidad y la apariencia transmitida al público en general sobre la misma, como condición para asegurar la confianza en el sistema. Y sobre este punto, pareciera que, además, existe un consenso marcado entre los funcionarios judiciales en mantener tal estado de cosas.

Es que a mayor abundamiento, su carácter de contrapoder estadual en nuestro sistema republicano, y bajo un sistema de partidos políticos que ya unifica posturas en caso de identidad de pertenencia entre miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, requiere que se preserve su esfera de mayores vínculos con la política, que puedan alterar ese razonable y ya de por sí, delicado equilibrio.

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(1) Juzgado Federal de Córdoba, N.º 1, 4.001.717/2002/1, Sentencia 26/6/2017.

(2) El Juez Federal Dube, frente a un pedido de recusación en la causa «Fogal v.Canada», dado que había sido con anterioridad político y miembro del Gabinete Federal, sostuvo básicamente que ningún juez descendía directo desde el cielo, que todos tienen su pasado, pero que una vez nombrado deben despedirse de eso y deben dedicarse a la nueva vocación. «10] Judges do not descend from heaven. They come from various fields of activities. Some of us are former academics, others were in the public service, others practiced law in small towns or large firms. And some of us were in politics. The variety of our individual careers is a rich source of knowledge and experience for the courts. Once we took our oath of office, we divorced ourselves from our past and dedicated ourselves to our new vocation. Our duty is to render justice without fear or favours». «Fogal v. Canadá», 1999, CanLII 7465 (FC) https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/1999/1999canlii7465/1999canlii7465.html.

(3) Se plantea este problema en el siguiente texto. LÓPEZ AGUILAR, Juan: La Justicia y sus problemas en la Constitución. S. l., Tecnos, Temas clave de la Constitución española, 1996, pp. 29 y 30. Ver también el muy interesante trabajo, de BREY BLANCO, José L.: Los jueces y la política: ¿Imparcialidad/neutralidad versus compromiso democrático? Madrid, Foro, Nueva época, núm. 00/2004: 37-67.

(4) Existe un interesante trabajo sobre el vínculo entre Jueces, Sistemas Judiciales y posibilidad de forzar interpretaciones legales, en Holland Kenneth: Judicial Activism a Comparative Perspective, New York, St Martin’s Press, 1991.

(5) http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/12156995/Our-own-judges-dont-do-politics-Good.html.

(6) DE OTTO, Ignacio: Estudios sobre el Poder Judicial, Madrid, Ministerio de Justicia, 1989, p. 63.

(7) «El diputado kirchnerista Carlos Kunkel presentó un proyecto en el Consejo de la Magistratura para derogar la norma que les impide a los jueces afiliarse a partidos políticos.Según Kunkel, la prohibición, establecida en el Reglamento para la justicia nacional, es “arbitraria”, “discriminatoria” y violatoria de la Constitución y de tratados internacionales de derechos humanos». «El kirchnerista Kunkel propone que los jueces puedan afiliarse a part idos», en La Nación, jueves 12 de junio de 2008.

(8) Acta de reunión Sesión Plenaria del Consejo de la Magistratura de la Nación, 1/10/2009.

(9) Justicia: Impulsan proyecto para que los magistrados puedan afiliarse a partidos políticos, 19/3/2013. Disponible en https://www.ncn.com.ar/justicia-impulsan-proyecto-para-que-los-magistrados-puedan-afiliarse-a-partidos-politi
os/.

(10) Chapter 3, Impartiality: «3.3 A specific application of that principle is that a judge must forego any kind of political activity and on appointment sever all ties with political parties. An appearance of continuing ties such as might occur by attendance at political gatherings, political fundraising events or through contribution to a political party, should be avoided. The need for abstinence also involves not participating in public demonstrations which, by associating the judge with a political viewpoint or cause, may diminish his authority as a judge and create in subsequent cases a perception of bias. Where a close member of a judge’s family is politically active, the judge needs to bear in mind the possibility that, in some proceedings, that political activity might raise concerns about the judge’s own impartiality and detachment from the political process». Disponible en https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/judicial_conduct_2013.pdf.

(11) Canadian Judicial Council’s: «Ethical Principles for Judges». «Although this body does not govern over provincially appointed judges, these Ethical Principles have been examined in further detail. The section on political activity reads as follows: D. Political Activity. 1. Judges should refrain from conduct such as membership in groups or organizations or participation in public discussion which, in the mind of a reasonable, fair minded and informed person, would undermine confidence in a judge’s impartiality with respect to issues that could come before the courts. 2.All partisan political activity must cease upon appointment. “Judges should refrain from conduct that”, in the mind of a reasonable, fair minded and informed person, “could give rise to the appearance that the judge is engaged in political activity”. 3. Judges should refrain from: a. membership in political parties and political fund raising; b. attendance at political gatherings and political fund raising events; c. contributing to political parties or campaigns; d. taking part publicly in controversial political discussions except in respect of matters directly affecting the operation of the courts, the independence of the judiciary or fundamental aspects of the administration of justice; e. signing petitions to influence a political decision». Disponible en el siguiente enlace web: https://www.cjc- ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_judicialconduct_Principles_en.pdf.

(12) «Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente, perché, nel disegno costituzionale, l’estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l’indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica (.). Infatti, l’introduzione del divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico. Né vi è contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un conto è l’iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, altro è l’accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni.Infine, non è ragione di illegittimità costituzionale la circostanza che la disposizione censurata configuri come illecito disciplinare, sotto la medesima lettera h), accanto alla iscrizione o alla partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato. Non si tratta di una indebita assimilazione, in un medesimo giudizio di disvalore, di due ipotesi di ben diversa portata. Il legislatore, piuttosto, è stato spinto dall’esigenza di porre una tutela rafforzata dell’immagine di indipendenza del magistrato, la quale può essere posta in pericolo tanto dall’essere il magistrato politicamente impegnato e vincolato ad una struttura partitica, quanto dai condizionamenti, anche sotto il profilo dell’immagine, derivanti dal coinvolgimento nella attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario. Sentenza N.° 224, 2009. Commento alla decisione di Giampietro Ferri: «I magistrati e la politica: il problema del divieto di iscrizione ai partiti nella sentenza N.° 224/2009 della Corte costituzionale».

(13) «The test for a reasonable apprehension of bias is what would a reasonable, informed person think. The objective is to protect public confidence in the legal system by ensuring not only the reality, but the appearance of a fair adjudicative process. Impartiality and the absence of bias have developed as both legal and ethical requirements. Judges are required -and expected- to approach every case with impartiality and an open mind. Because there is a presumption of judicial impartiality, the test for a reasonable apprehension of bias requires a real likelihood or probability of bias. Judicial impartiality and neutrality do not mean that a judge must have no prior conceptions, opinions or sensibilities. Rather, they require that the judge’s identity and experiences not close his or her mind to the evidence and issues. The reasonable apprehension of bias test recognizes that while judges must strive for impartiality, they are not required to abandon who they are or what they know. A judge’s identity and experiences are an important part of who he or she is, and neither neutrality nor impartiality is inherently compromised by them.Judges should be encouraged to experience, learn and understand “life” -their own and those whose lives reflect different realities. The ability to be open-minded is enhanced by such knowledge and understanding. Impartiality thus demands not that a judge discount or disregard his or her life experiences or identity, but that he or she approach each case with an open mind, free from inappropriate and undue assumptions». Yukon Francophone School Board, Education Area #23 v. Yukon (Attorney General), [2015] 2 SCR 282, 2015 SCC 25 (CanLII), https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc25/2015scc25.html.

(14) http://www.lanacion.com.ar/2031044¬marcha¬atras¬del-fiscalenrique¬senestrari¬nunca¬quise¬decir¬que¬hay¬que¬vo
tear¬a¬macri¬si¬dejar-de¬votarlo.

(*) Abogado, UNLP. Doctor en Derecho, UBA. Profesor Adjunto de Derechos Humanos y Garantías, UBA. Gerente de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Exconcejal del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Junín. Ha sido consultor y asesor jurídico de numerosos concejos deliberantes del país, así como capacitador del IDI, CIPPEC, UCA, Universidad de Quilmes, entre otras instituciones.