Procesamiento dictado en orden al delito de trata de persona agravado, por haber mediado engaño, violencia, amenazas y por haber logrado consumar la explotación de la víctima

Partes: Legajo de Apelación en autos D. L. M., D. s/ Inf. Art. 145 bis C.P.y 145 ter C.P. – Ley 26.84

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 2-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105859-AR | MJJ105859 | MJJ105859

Se confirma el auto de procesamiento dictado en orden al delito de trata de persona agravado, por haber mediado engaño, violencia, amenazas y por haber logrado consumar la explotación de la víctima.

Sumario:

 

1.- Corresponde confirmar la resolución que dispone el procesamiento con prisión preventiva del nombrado por suponerlo presuntamente responsable del delito de trata de persona agravado por haber mediado engaño, violencia, amenazas y por haber logrado consumar la explotación -arts. 145 bis y 145 ter inc. 1 y penúltimo párrafo del CP, y arts. 45 y 54 del CP.

2.- Analizadas las pruebas, con el limitado rigor de análisis que exige el dictado de un auto de procesamiento -donde luego del estado inicial de sospecha se requiere probabilidad, quedando la certeza para la etapa del juicio oral-, se aprecia adecuadamente fundada la decisión recurrida de conformidad con lo exigido por el art. 123 del CPPN, expresando las razones por las cuales, a criterio del juez de grado, corresponde el procesamiento del imputado.

3.- La ley 26.842 -promulgada el 26/12/2012- sustituyó algunos artículos de la ley 26.364 como asimismo el Código Penal, en cuanto al delito de trata de persona, de modo tal que ha dejado de tener trascendencia el consentimiento prestado por la víctima. El delito en cuestión trata de someter a una persona a situación de explotación de las que no puede librarse por sus propios medios, aunque no exista una violencia física ostensible, sino que simplemente interfiere en el libre y voluntario ámbito de determinación individual de las personas: es decir, aquella capacidad para decidir libremente, con plena intención y voluntad sobre un plan de vida o desarrollo personal.

4.- Las versiones agravadas de esta figura penal requieren la utilización de alguno de los medios comisivos que prevé el art. 145 ter, inc. 1, primer párrafo del CP, que tiene como efecto producir un vicio en la voluntad de la víctima y la consumación de la explotación de la víctima -art. 145 ter, segundo párrafo del CP.

Fallo:

P/Int. Rosario, 2 de junio de 2017.

Visto en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente n° FRO 43658/2016/2/CA1, caratulado “Legajo de Apelación en autos D. L. M., D. s/ Inf. Art. 145 bis C.P.y 145 ter C.P. – Ley 26.842” (del Juzgado Federal n° 1 de la ciudad de Santa Fe).

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de la apelación deducida por la Defensora Pública Coadyuvante ante los Juzgados Federales de la ciudad de Santa Fe, en ejercicio de la defensa técnica de D. M. D. l. M. (fs. 102/110) contra la resolución del 24/02/2017 por medio de la cual se dictó el procesamiento con prisión preventiva del nombrado por suponérselo presuntamente responsable del delito de trata de personas agravado por haber mediado engaño, violencia, amenazas y por haber logrado consumar la explotación (arts. 145 bis y 145 ter inc. 1 y penúltimo párrafo del CP, y arts. 45 y 54 del CP), disponiendo el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos (fs. 85/96).

Elevados los autos a la alzada e ingresados por sorteo informático en esta Sala “B” (fs. 117), se celebró audiencia en los términos dispuestos en el Art. 454 del CPPN (Ley 26.374), en la que tanto el Fiscal General como la parte apelante presentaron minutas escritas (fs. 122/125 y 126, respectivamente), con lo que la causa quedó en estado de ser resuelta (fs. 127).

El Dr. Bello dijo:

1°) Previo a analizar el caso venido en apelación y los concretos agravios del impugnante, corresponde adelantar que, en observancia de lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 26.364 y a fin de cumplir con la reserva de identidad allí prevista, se sustituirá el nombre y apellido de la víctima que aparece en el caso en análisis por sus pertinentes iniciales.

2º) Al fundar el recurso deducido por el encartado, la defensa de D. M. D. l. M.enuncia los motivos en que funda su apelación contra el auto de procesamiento dictado, considerando que la resolución carece de la debida fundamentación y, por ende, de validez jurídica, en los términos previstos por el art. 123 del CPPN.

En tal sentido, sostiene que de las pruebas incorporadas a la causa surge la posibilidad cierta de que los hechos hayan sucedido de otra manera y que los dichos de la denunciante no se ajusten a la realidad, destacando que sobre ellos se basó exclusivamente el auto en crisis, confiriéndole credibilidad pese a que no fueron corroborados por ninguna prueba objetiva.

Con base en lo anterior insiste en que no se ha logrado reunir prueba cargosa suficiente como para superar el estado de sospecha que pudo haberse tenido para llamar a indagatoria a su defendido, por lo que reclama la revocación del procesamiento dictado.

Por otra parte, entiende que la prueba producida no sólo es escasa sino que además su análisis es defectuoso, afectándose el derecho de defensa y el principio de inocencia que asisten a su defendido.

En ese orden de ideas, destaca que el único elemento tenido en cuenta por el juez ha sido el recorte parcializado de la declaración de la víctima, dotándola de una coherencia de la que ciertamente carece, sin realizar otras medidas que permitan corroborar su verosimilitud.

Cuestiona la acreditación de los elementos típicos que exigen los ilícitos por los que se ha procesado a D. l.M., tanto en lo que respecta a la figura básica como a la configuración de las agravantes que se le atribuyen, concluyendo que no se ha logrado reunir prueba cargosa suficiente para ordenar su procesamiento.

Finalmente, se agravia de la falta de fundamentación del decisorio al momento de imponer prisión preventiva a su asistido, postulando la nulidad de la medida cautelar; y se queja del embargo ordenado sobre sus bienes, el que asimismo considera carente de fundamentación así como excesivo en su quantum, reclamando también a su respecto la nulidad.

Formula reservas de recurrir ante tribunales superiores.

3º) Inicialmente cabe señalar que la Ley 26.842 (promulgada el 26/12/2012) sustituyó algunos de los artículos de la Ley 26.364 como asimismo del Código Penal en cuanto regulan los ilícitos en estudio, de modo tal que ha dejado de tener trascendencia el consentimiento prestado por la víctima.

Así, la redacción actual del Art. 145 bis del Código Penal (conforme Ley 26.842) establece que “…será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.” Por su parte, las circunstancias agravantes de esta figura penal se encuentran ahora reguladas por el Art. 145 ter del Código Penal (conforme Ley 26.842) en cuanto dispone que “…en los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, cuando:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años.

3.La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma.

4. Las víctimas fueren tres (3) o más.

5. En la comisión del delito participaren tres (3) o más personas.

6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de (8) a doce (12) años de prisión.

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión.” Asimismo, el Art. 1º de la Ley 26.842 sustituyó el art. 2 de la Ley 26.364 por el siguiente: “Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.” 4º) En cuanto resulta pertinente a los hechos por los que fue procesado el encartado en autos, se requiere la existencia de los siguientes elementos constitutivos para considerar configurado el delito previsto en el art.

145 bis del C.P. y sus agravantes previstas en el 145 ter del C.P.: a) acción de captación, transporte, acogimiento o recepción; b) presencia de una finalidad de explotación; c) utilización de determinados medios o instrumentos:el engaño, entendido como la falta de verdad en lo que se dice o hace con ánimo de perjudicar a otro; el fraude, referido a los actos, o maniobras, desplegados intencionalmente con la finalidad de perjudicar intereses ajenos en beneficio propio; la violencia, que hace referencia al uso de la fuerza física o violencia moral para doblegar la voluntad de la víctima; la amenaza o cualquier medio de intimidación, que constituyen manifestaciones mediante las cuales se hace saber a alguien que se intentará causarle un daño en su persona para que actúe de determinada manera; el abuso de autoridad, que hace alusión al uso de una facultad, de una situación de hecho o de derecho más allá de lo que es razonablemente lícito o con fines distintos de los perseguidos por la ley; el abuso de una situación de vulnerabilidad, que se refiere a situaciones en las que la persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se trata; o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, entendiendo que la concesión o recepción de pagos se refiere a la entrega de dinero o algo de valor a una persona que tenga autoridad de hecho, o de derecho, sobre la víctima. De la misma manera, que la concesión o recepción de beneficios económicos o materiales; y d) que la explotación de la víctima se haya consumado.

Así, las versiones agravadas de esta figura penal requieren -entre los supuestos aplicables al caso en análisis, por los que se procesó a D. l. M. la utilización de alguno de los medios comisivos que prevé el inciso 1° del primer párrafo del art. 145 ter del C.P., que tienen como efecto producir un vicio en la voluntad de la víctima; y la consumación de la explotación de la víctima (art.145 ter, 2º párrafo del C.P.).

No debe dejar de contemplarse que el delito en cuestión trata de someter a una persona a situaciones de explotación de las que no puede librarse por sus propios medios aunque no existiera una violencia física ostensible. De tal forma, las distintas conductas ilícitas incluidas en el tipo penal previsto por el Art.

145 bis deben ser analizadas sin perder de vista el bien jurídico protegido por la norma (libertad), y los comportamientos prohibidos (como eslabones de una cadena) deben estar orientados a la explotación con los alcances antes referidos.

Conforme lo destaca jurisprudencia: “…desde una adecuada interpretación del tipo penal a partir del prisma del bien jurídico tutelado, cabe concluir que el aspecto sustancial subyacente e inherente de este delito abarca conductas que interfieren en el libre y voluntario ámbito de determinación individual de las personas; es decir, aquella capacidad para decidir libremente, con plena intención y voluntad sobre un plan de vida o desarrollo personal. Esta interferencia en la libertad del sujeto pasivo puede configurarse, aún sin una restricción a la libertad física o, incluso, sin una afectación al contexto económico de la víctima, pues basta con que el sujeto activo de alguna forma (que puede ser engaño, amenaza, coacción, aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, o cualquier otra) restrinja este ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo, para configurar el delito estudiado” (CFCP, Sala IV, en autos “CALDERÓN, Lucía Myrian y otros”, reg. 561, del 26/05/17).

5º) En ese orden de ideas, entiendo que de la lectura del decisorio en crisis se aprecia adecuadamente fundada la decisión recurrida de conformidad con lo exigido por el art.123 del CPPN, expresando las razones por la cuales, a criterio del juez a quo, corresponde disponer el procesamiento del imputado.

Por otra parte, analizada desde esa óptica la prueba reunida en autos con el limitado rigor de análisis que exige el dictado de auto de procesamiento (donde luego del estado inicial de sospecha se requiere probabilidad, quedando la certeza para la etapa del juicio oral), me encuentro en condiciones de concluir que, en el presente caso, los elementos a que se hizo referencia en el considerando anterior se encuentran suficientemente acreditados y, con ello, configurado el delito previsto en el art. 145 bis agravado por las circunstancias apuntadas, contempladas en el art. 145 ter, ambos del Código Penal.

Advierto, sin embargo, que la constatación de tales exigencias típicas se habrían presentado alternadamente en el tiempo en que la víctima S.M.C. y el imputado D. M. D. l. M. mantuvieron su relación de pareja (desde junio de 2014), en tanto se plasmaron simultáneamente y con sobrada evidencia en los meses previos a la denuncia formulada por la primera y que condujo días más tarde a la detención del último: concretamente desde enero de 2016 hasta el 16 de mayo de 2016 en que la víctima logró escapar arrojándose del auto en que se conducían.

Con respecto a la acción de “captar, trasladar, acoger o recibir”, (exigencia típica mencionada en el apartado a) del Considerando precedente) cabe señalar que basta la realización de una de estas acciones para que se configure el ilícito; y la comisión conjunta no multiplica el delito, aunque puede influir en la graduación de la pena en concreto -Arts. 40 y 41 del CP-.

Tal como lo señalan los autores que han analizado el tema (Alejandro Tazza y Eduardo Carreras, en “El delito de trata de personas”, publicado en L.L.2008- 1053), “…la captación refiere al hecho de ganar la voluntad de alguien atrayéndolo a su poder de hecho o dominio, con el fin indicado, acoger a una persona refiere a darle refugio o lugar o cuando la acepta conociendo el origen del hecho y la finalidad que se le pretende otorgar, y se la recibe, cuando se la admite, es decir, cuando se es el receptor de la guarda de la víctima del delito, acciones delictivas que configurarán el tipo en análisis si con ello se persigue la finalidad de explotación por alguno de los modos descriptos…” en el actual art. 2 de la Ley 26.364 (conforme Ley 26.842).

En tal sentido, la conducta de captación de S.M.C. surge de los elementos obrantes en autos en cuanto se encuentra acreditado que D. M. D. l. M. era pareja de la víctima, con quien convivía desde Junio de 2014, lo que no se encuentra controvertido en autos -presentándose por ello también a su respecto la agravante prevista en el apartado 6 del primer párrafo del art. 145 ter del CP, conforme ley 26.842, que por imperio del principio “iura novit curia” entiendo que corresponde que sea agregada a la calificación de los hechos por los que se ha procesado al encartado-, logró “ganar su voluntad atrayéndola a su poder de hecho o dominio” con el propósito de explotarla sexualmente, o bien la acogió al haberle “dado refugio o lugar …conociendo la finalidad que se le pretendió otorgar”.

De igual modo, se encuentra demostrado el fin de explotación (aludido en el apartado b) del Considerando anterior) dado en este caso por la “promoción, facilitamiento o comercialización de la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos” (inciso “c” del art. 2 de la Ley 26.364 conforme Ley 26.842), así como su consumación (agravante prevista penútimo párrafo del art.145 ter del CP -conforme ley 26.842- mencionada en el apartado d) del considerando anterior), los que se encuentran incuestionados en la causa, surgiendo ello profusamente de las pruebas reunidas.

También encuentro suficientemente acreditada la circunstancia por la que corresponde calificar los hechos en la figura agravada prevista en el apartado 1 del primer párrafo del art. 145 ter del Código Penal, en cuanto se utilizaron los medios comisivos allí enumerados, referidos en el apartado c) del Considerando anterior.

Si bien, a este respecto, la utilización del engaño como medio comisivo agravante del ilícito del que resultara víctima S.M.C. aparecería en principio cuestionable a la luz de diversos elementos reunidos en autos, en tanto existieron numerosas advertencias para la víctima -conforme surge incluso de su propio relato- desde el inicio de su relación con D. l. M. acerca del desempeño de parte de éste de conductas contrarias a ley, destacándose a este respecto el antecedente de condena que registra el imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, robo en poblado y en banda, y sustracción de automotores, ante la justicia ordinaria, hechos que fueran cometidos el 29/12/2014, esto es, durante su convivencia con S.M.C.(ver planilla prontuarial del causante en su legajo personal), sí se encuentra suficientemente demostrada la utilización de amenazas o coacciones y violencia física, para lograr su cometido, así como también que existió un abuso de la situación de vulnerabilidad en que la víctima se encontraba, cuanto menos desde el punto de vista emocional.

Esta última condición “…se refiere a situaciones en las que la persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se trata”. Así, se encuentra en situación de vulnerabilidad “quien puede ser fácilmente sometido a los designios y voluntad del autor de la comisión delictiva en virtud de las especiales circunstancias en que se encuentra…, la que deberá ser juzgada en cada caso teniendo en cuenta las particularidades propias del nivel socio-cultural y de las condiciones de vida de la víctima del delito.” (v. autores citados ut supra).

Finalmente, se advierte la falta de libertad de la víctima -no sólo desde el punto de vista volitivo sino también físico-, a quien D. l. M. -al menos desde enero de 2016- cercenaba su libertad obligándola a prostituirse en la intersección de calles Mendoza y 4° de Enero de la ciudad de Santa Fe, mientras la vigilaba, controlaba el horario, disponía cuanto debía cobrar y la duración del servicio, así como también se quedaba con todo el dinero recaudado.

Se encuentra acreditada en autos la insistente resistencia de la víctima a tal fin, por la que recibía golpizas y amenazas del imputado, lo que se destaca que, contrariamente a lo postulado por la apelante, no surge únicamente del relato de S.M.C.en las diversas ocasiones en que fue entrevistada, sino también del testimonio de numerosas personas que declararon en autos y ratificaron tales situaciones de violencia y amenazas por ella referidas.

6º) Las circunstancias precedentemente enunciadas surgen de las actuaciones agregadas al Legajo nº CUIJ 21-06455254-3 de la Unidad Fiscal de Santa Fe perteneciente al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, donde inicialmente se investigaron los hechos como constitutivos del delito de promoción y facilitamiento de la prostitución, entre las que se destacan: la denuncia formulada por la víctima (fs. 2 y 4/5); las actas labradas por personal de la Delegación Centro de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe (fs. 27/31) y por el Centro de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Santa Fe (fs. 224/225) tras entrevistar a la víctima; y los testimonios prestados por su madre, Cristina Benítez (fs. 67/68), Marcelo Oscar Ludueña (fs. 47/49), Ariel Celestino Ovelar (fs. 63/64), Gabriel Oscar Musich (fs. 65/66) y Salvador Carlos Catalano (fs. 183/185), quienes aportaron trascendente información acerca de la coacción que S.M.C sufría de parte del imputado.

Asimismo, resultan relevantes como elementos de cargo que sustentan el procesamiento en crisis, las actuaciones agregadas a los Legajos nº CUIJ 21-06019208-9 y nº 21-06038380-1 de la Unidad Fiscal de Santa Fe perteneciente al Ministerio Público de la Acusación de esa provincia, iniciados a partir de la denuncia formulada por Maximiliano Torres, destacándose que éste, así como Ludueña (ver Legajo nº CUIJ 21-06250076-7) y Ovelar relataron haber sido ellos también amenazados por el imputado D. l. M. e incluso extorsionados por haber contratado los servicios prestados por la víctima, lo que motivó que se incluyeran tales hechos delictivos en las audiencias imputativas formuladas a D. l. M.ante la justicia ordinaria, en las que también se le atribuye ron las reiteradas amenazas coactivas denunciadas por los padres de la víctima, y el incumplimiento del mandato judicial de restricción de contacto y acercamiento ordenado el encartado respecto de la madre de aquélla (ver fs. 4/6, 12/13 y 14/15 el presente legajo de apelación).

Por otra parte, se valoran especialmente los dichos de S.M.C. en su declaración prestada en “Cámara Gesell” (acta a fs. 41 del presente y soporte digital reservado en Secretaría), los cuales resultaron determinantes para que, por los fundados motivos expuestos en el dictamen agregado a fs. 43/50 del presente, el Equipo de Investigación y Juicio Nº IV de la Fiscalía Regional I del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitara la incompetencia material de la justicia ordinaria por los hechos que aquí se ventilan, conservándose en aquella jurisdicción los legajos formados contra el imputado por los delitos de extorsión y amenazas coactivas, lo que así fue ordenado, remitiéndose a ésta las actuaciones pertinentes (fs. 54/55).

7º) Una síntesis de lo ponderado en las probanzas antes enunciadas fue consignada en el auto impugnado (fs. 85/96), el que a continuación se transcribe, en lo pertinente, por compartirse su valoración:

“…la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas determinó que, D. L. M. convenció a SMC para que se prostituya, valiéndose para ello, en el comienzo, de la relación sentimental que tenía con la nombrada y del engaño diciéndole que solo era por un tiempo hasta que logren estabilizarse económicamente.El imputado disponía de los servicios sexuales con los clientes y del dinero obtenido con tales servicios con el cual adquirió varios bienes.

Además, se pudo corroborar -a través de testimonios y documental aportada-, que la víctima era sometida por el imputado a diversas formas de violencia, ya sea física o psicológica.

…Basta con repasar las declaraciones de la víctima, en las que indica cómo sufrió golpes por parte de D. L. M., llegando al punto de introducirle una pistola en su vagina y produciéndole un grave sangrado, lo que fue corroborado por uno de los clientes de SMC que prestó testimonio (véase fs.

63 del legajo fiscal CUIJ 21-06455254-3.).

En lo que hace a la situación de violencia psicológica, ello fue una constante durante toda la relación entre SMC y D. L. M. De esta forma, el imputado habría controlado y manipulado a la víctima. Es así que en distintas oportunidades y en forma coincidente, SMC relato los hechos sufridos y denunció las amenazas que el nombrado dirigió a sus familiares, especialmente aquellas contra su hijo. Ella se sometió y toleró todo ese maltrato, sin poder escapar de la relación y el hogar que compartían, por miedo a que se concreten tales amenazas. Al respecto, son útiles los distintos testimonios agregados en el legajo fiscal n° 21-06455254-3 (fs. 04, 27/31, 34/37, 47/49, 53, 61/62, 63/64 y 183/184).

De esta forma, queda de manifiesto que este fue el medio empleado por D. L. M. para restringir la libertad de SMC, llegando al extremo de que solo podía visitar a su hijo en el domicilio de sus padres y por un tiempo determinado, ejerciendo sobre ella un control arbitrario.

Otro cuadro de la violencia sufrida, surge de lo relatado por la víctima durante la audiencia en Cámara Gesell, en cuanto que no solo fue obligada a mantener relaciones sexuales con los clientes cuyos pagos fueron aprovechados por D. L. M., sino que además a tener relaciones no consentidas con él.Sostuvo, que en estas ocasiones era golpeada y él disfrutaba verla con miedo y obediente.

En definitiva toda esta situación de temor generado luego de la captación, solo tenía un objetivo, el cual es dominar la voluntad víctima, con el fin de lograr la explotación de la actividad ejercida por ella.

En un primer momento, valiéndose para ello del enamoramiento para lograr que se prostituya y posteriormente se centró en amenazas, violencia física, psicológica y sexual. Debiendo la víctima, en varias ocasiones, desistir a su intención de no continuar con la actividad sexual, ya que cada vez era castigada por el imputado (Cámara Gesell).

Otra cuestión que le impidió romper con esta situación de explotación, fue la subordinación económica en la que se encontraba, en donde el imputado retenía las ganancias de SMC, controlaba sus gastos y consumos e incluso era acompañada por él a realizar cualquier tipo de compra, ya sea, ropa, calzados, etc. (Cámara Gesell).

Este accionar de intimidación, se prolongó incluso durante el tiempo en que D. L. M. estuvo privado de su libertad en cumplimiento de su condena.

Por otra parte, SMC fue utilizada por el imputado para extorsionar a algunos de sus clientes, prueba de ello son las denuncias que constan en los Legajos agregados por cuerda a la presente. De ello también dan cuenta algunos de los testimonios incorporados al legajo fiscal CUIJ 21-06455254-3.

A fin de exponer la situación de explotación a la que fue sometida la víctima, alcanza con recordar lo dicho por Marcelo Oscar Ludueña… El testigo hizo referencia a una vez en que D. L.M., ya en libertad, se presentó en la puerta de su negocio y le exigió el pago que le debía por los servicios de SMC y que si no lo hacía lo iba a denunciar por violación.

En suma, la coherencia del relato de SMC puesta de manifiesto por la seguridad de su discurso en distintas ocasiones y ante distintas personas, y teniendo en cuenta el acervo probatorio referido, permite otorgar credibilidad a su testimonio.

…se encuentra debidamente acreditado que el imputado se aprovechó de la situación de enamoramiento previa de la víctima, capto su voluntad y a través de malos tratos físicos y psíquicos, la obligó a mantener relaciones sexuales para lograr un lucro.”.

8º) Sentado lo anterior, el esmero de la apelante en intentar demostrar la no credibilidad de los dichos de la víctima no tiene asidero lógico ni probatorio, siendo los argumentos ensayados pésimas excusas tendientes a mejorar la situación procesal del encartado, que no pueden ser receptados.

No habrá de prosperar tampoco la queja relativa a que la decisión impugnada se funda exclusivamente en la declaración de las víctima, cuya entidad probatoria cuestiona la recurrente, por cuanto, sin perjuicio de las supuestas ambivalencias en que pudiera haber incurrido la víctima en sus declaraciones, éstas pueden entenderse propias del estado psicológico que produce este grave delito en quien lo padece, y sus versiones se encuentran reforzadas por un fuerte caudal presuncional e indiciario obrante en la causa, el que si bien tiene como epicentro sus propias declaraciones, también se sostiene en los elementos de prueba enunciados en el considerando anterior, que resultan múltiples y concordantes con los dichos de la víctima.

En efecto, tanto de los relatos efectuados por S.M.C. como de los demás elementos recabados en autos se advierte la existencia de un vínculo ambivalente entre la víctima y D. l.M., observándose una relación amorosa aparentemente patológica, a punto tal que la primera permaneció con él pese a sufrir golpizas y malos tratos desde el inicio de la relación, lo que sería propio del sometimiento que se presentaría en la relación “víctima-explotador” ante el desamparo emocional de la primera, alejada de su circulo familiar, y que indica, a la luz de la sana crítica racional y la experiencia forense en casos análogos al presente, la situación de extrema vulnerabilidad e inmadurez emocional en que S.M.C. se encontraba, pero que pudo superar al denunciar a su explotador.

Ello así, concluyo que los referidos indicios son graves, precisos y concordantes y entonces hacen plena prueba en materia criminal, al menos en este estadio procesal, donde se requiere una “fundada probabilidad” y no la “certeza” requerida para la eventual condena.

9º) En lo que respecta a la queja del apelante sobre la falta de fundamentación del juez a quo al momento de imponer prisión preventiva a su asistido, así como al ordenar el embargo sobre sus bienes, postulando la nulidad de ambas medidas cautelares, no habrá de receptarse el agravio.

En efecto, entiendo que la prisión preventiva impuesta a D. M. D. l. M. se encuentra suficientemente fundada, a la luz del criterio sentado actualmente por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario N° 13 “Díaz Bessone”, por los argumentos expuestos en el Considerando Quinto del auto atacado, al expresar que:

“…amén del monto de pena prevista para los delitos que se le endilgan a D. M. D. L. M.; -como dijera, trata de personas con fines de explotación sexual, explotación económica de la prostitución ajena-, entiendo que no se incorporaron al presente datos fehacientes acerca de los vínculos familiares y medios de subsistencia del encausado, ni tampoco sobre la titularidad de la vivienda que actualmente estaría alquilando, según lo manifestado por él en su declaración indagatoria.Esto Impide revertir el cuadro indiciario que autoriza fundadamente a sostener la existencia de riesgos procesales y a lo que se adhiere que no tiene arraigo alguno.

Por otra parte una circunstancia a valorar de manera negativa, es el incumplimiento por aparte de D. L. M. de las condiciones establecidas para el mantenimiento del beneficio de la libertad condicional, en la que se encontraba al momento de su detención, lo que permite suponer su desapego a la ley y, por lo que, no se sujetaría voluntariamente a proceso y a los requerimientos de la justicia.

En síntesis, las razones apuntadas aconsejan mantener el estado de detención que a la fecha atraviesa el imputado; desde que advierto -de momentola vigencia de los riesgos procesales a los que alude el art. 319 del código de rito, no obstante, claro está, que en un futuro las circunstancias del caso permitan reemplazar tal medida cautelar por la imposición de alguna de las cauciones legales, lo que de momento resulta improcedente.” A mayor abundamiento, se advierte que el a quo remitió expresamente a las consideraciones efec tuadas al rechazar la excarcelación de D. l. M. en el marco del Incidente nº FRO 43658/2016/1 (resolución del 22 de febrero de 2017) las que tuvo por reproducidas, pero la defensa del encartado no impugnó ante esta alzada dicho decisorio, consintiéndolo.

Resta agregar que la jurisprudencia -que se cita por compartir- ha dicho, con respecto a excarcelaciones solicitadas en causas por el delito de trata de personas, que:

“…Por lo dicho, surge que la hipótesis fáctica constituye una grave imputación que pesa sobre el procesado, y la importancia del reproche con que se conmina en abstracto la misma, abonan el pronóstico negativo en cuanto al sometimiento futuro al proceso, fundamentalmente el potencial entorpecimiento de la investigación. Es muy factible y así se pronostica, que de recuperar L.la libertad pueda regresar a los mismos lugares que fueran escenario de la investigación, lo colocaría en óptimas condiciones, por ejemplo, de llegar a potenciales testigos, en fin, de realizar una labor obstructiva o de entorpecimiento de la investigación.” (Dres. Pacilio y Nogueira; Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, en autos “Excarcelación L. E. E.”, 13 de abril de 2010, expte. n° 5587/III).

Y además: “Conforme lo expuesto, a más de la gravedad de la hipótesis delictiva que nos ocupa, tratándose de un supuesto contemplado en el art. 145 bis, inc. 2do del C.P., incorporado por la Ley 26.364, -Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas-, que constituye un elemento que abona -como una pauta valorativa más- el pronóstico negativo en cuanto al sometimiento futuro al proceso, como así también al potencial entorpecimiento de la investigación, cabe consignar las restantes condiciones o pautas objetivas que rodean a la imputada, tales como: a).- lo complejidad de la investigación y la circunstancia que se encuentra en sus albores, agregándose nuevos elementos a la causa principal, que deben ser merituados; b).- la participación plural dada la modalidad de perpetración del ilícito y el domicilio real denunciado por … en la indagatoria … -Mocoretá, provincia de Corrientes-, son elementos a considerar en abono de lo que como pronóstico aparece en torno al entorpecimiento de la investigación en la medida que la nombrada pudiera recomponer sus actividades presuntamente ilícitas, adoptando distintos roles en tal compleja rama delictiva; y c).- la necesidad imperiosa del Estado de luchar contra este tipo de actividad ilícita, pues tiene como víctimas a un sinnúmero de personas -principalmente carenciadas- y por ese motivo, una enorme repercusión social. Que, en ese sentido, es dable destacar que mediante un fallo (M. 389.

XLIII, Recurso de Hecho, Mulhall, Carlos Alberto s/ Excarcelación, c.N° 350/06, septiembre de 2007), la Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó como hecho objetivo a considerar para resolver la excarcelación, la repercusión social del hecho, circunstancia que precisamente se encuentra plasmada en estos obrados. Al respecto es importante destacar que como paradigma, la investigación en este tipo de delitos debe llevar a desbaratar las cadenas de explotación de personas que resultan sometidas a la deleznable situación que tratamos en estos actuados. V.- No hemos dejado de analizar en autos las circunstancias que resultan negativas en torno a la existencia de riesgo procesal en relación a …, pero en el análisis comparativo resultan de mayor peso y valor indiciario para el pronóstico que se realiza, las constancias positivas tal como fueran reseñadas.- En razón de lo expuesto, entendemos que, de recuperar la encausada la libertad, puede darse la fuga, o bien regresar a los mismos lugares que fueran escenario de la investigación -precisamente la wiskería dónde se desarrollaban los ilícitos investigados (ver su indagatoria …, colocándola en óptimas condiciones, por ejemplo, de llegar a potenciales testigos, y de realizar una verdadera labor obstructiva o de entorpecimiento de la investigación.- En este contexto, y atendiendo a que el código de rito establece claramente los supuestos por los que puede denegarse la excarcelación, se concluye que en el “sub lite” se halla plenamente justificada la privación de libertad en este caso, por lo cual consideramos que corresponde resolver negativamente las pretensiones de la defensa”. (Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, expte. n° 49.590, caratulado “Incidente de Excarcelación a favor de Concepción Sánchez en expte.

Nº 155/11”; 02/06/11).

Por lo demás, el embargo ordenado sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de $ 100.000. se encuentra adecuadamente fundado en la prescripción del Art.518 del CPPN -que dispone que al dictarse el auto de procesamiento el juez deberá ordenar el embargo de bienes de los imputados en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas- así como por los argumentos expuestos a ese respecto en el acápite relativo al embargo, en el ya referido Considerando Quinto del auto impugnado.

Frente a tales conceptos, entiendo que los hechos por los que se ha procesado a D. M. D. l. M. son de una gravedad delictiva tal que justifican asimismo el quantum ordenado por el magistrado de origen.

10º) Como consecuencia de todo lo expuesto, considerando la prueba colectada en autos concluyo -prima facie- que D. M. D. l. Mata resulta presuntamente responsable por los delitos previstos en el Art. 145 bis del Código Penal (conforme Ley 26.842) agravado por las circunstancias previstas en el art. 145 ter del Código Penal (conforme Ley 26.842), incisos 1º y 6° del primer párrafo -de conformidad con lo expuesto en el Considerando 5º precedente- y párrafo segundo del mismo artículo (trata de personas agravada por haber mediado abuso de situación de vulnerabilidad y amenazas, relación de pareja conviviente y haberse logrado la consumación de dicha finalidad), lo que amerita la confirmación a su respecto del pronunciamiento apelado, sin perjuicio de que con el decurso y profundización de la investigación pudiera variar la solución jurídica propiciada en esta instancia con los elementos probatorios aportados hasta aquí en la presente causa. Así voto.

Los Dres. Toledo y Vidal adhirieron a los fundamentos y conclusiones del voto precedente.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

Confirmar, en cuanto fue materia de agravios, la resolución del 24/02/2017 (fs. 85/96), por la que se dispuso el procesamiento con prisión preventiva de D. M. D. l. M. en orden a los delitos previstos en el Art.

145 bis del Código Penal (conforme Ley 26.842) agravado por las circunstancias previstas en el art. 145 ter del Código Penal (conforme Ley 26.842), incisos 1º y 6° del primer párrafo -de conformidad con lo expuesto en el Considerando 5º de este pronunciamiento- y párrafo segundo del mismo artículo (trata de personas agravada por haber mediado abuso de situación de vulnerabilidad y amenazas, relación de pareja conviviente y haberse logrado la consumación de dicha finalidad), ordenándose el embargo dispuesto sobre sus bienes. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. nº 43658/2016/2/CA1).- Fdo.: José G. Toledo- Elida Vidal- Edgardo Bello- (Jueces de Cámara).- Ante mi, María Verónica Villatte- (Secretaria de Cámara).-