Imposición de una multa a la sociedad que celebró una asamblea en un domicilio distinto del que había informado al organismo de control

Partes: Inspección General de Justicia c/ Formicolor S.A. s/ organismos externos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 6-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105296-AR | MJJ105296 | MJJ105296

Imposición de una multa a la sociedad que celebró una asamblea en un domicilio distinto del que había informado al organismo de control.

Sumario:

 

1.-El fin perseguido por el organismo de contralor IGJ es el de acentuar la certeza y efectividad en la publicidad de los actos y por ende de las personas que resultan responsables de la efectiva administración y dirección de los negocios de la sociedad, para así procurar la efectiva transparencia del tráfico mercantil y el cumplimiento de sus funciones propias de la fiscalización.

2.-El dictado de las distintas reglamentaciones por parte de todo organismo de contralor exige por parte de los usuarios, el estricto acatamiento de sus disposiciones.

3.-No existiendo controversia respecto a que la sociedad defendida incurrió en la falta consistente en celebrar una Asamblea de Accionistas en un domicilio distinto al que había denunciado oportunamente ante la IGJ., lo que asimismo trajo aparejado que el funcionario designado por el ente supervisor no pudiera estar presente en la junta, ello la hace pasible de la imposición de una multa, toda vez que la falsedad del lugar de la reunión estar precitado en la convocatoria pues ello hace a la imprescindible publicidad del acto asambleario y al ejercicio de control a que está sujeto la sociedad.

4.-La Ley n° 19.550 (art. 302 ) y la Ley n° 22.315 (arts. 12 y 15 ) establecen un régimen gradual de penalidad. Sin embargo, dada la implicancia que conlleva la infracción consumada, consistente en denunciar un domicilio falso para la celebración de una asamblea. es que se mantendrá el temperamento seguido por el Organismo de control.

5.-En lo relativo al quantum de la sanción, según doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es facultad del Poder Judicial revisar la razonabilidad de la medida de las sanciones impuestas por la Administración Pública en ejercicio de sus facultades de superintendencia (Fallos: 323:153 , entre otros), concluyendo que las mismas deben ser proporcionales a la infracción que surja comprobada del sumario. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 6 de junio de 2017.

Y Vistos:

1. Viene apelada la Resolución I.G.J. n° 11992/15 mediante la cual la Inspección General de Justicia: a) impuso a Formicolor S.A. una multa mancomunada de $ 4.000, y b) declaró irregular e ineficaz el Acta de Asamblea n° 37 del 25/07/14 y el trámite n° 7.272.772 que pretendía la inscripción de los directores y síndicos de la sociedad allí designados (v. fs. 35/9, Expte. agregado n° 72727720001).

Concretamente el organismo de control sancionó a la recurrente, frente a la discordancia advertida respecto al lugar de celebración de la Asamblea de Accionistas llevada a cabo el 25/07/14.

Los fundamentos del recurso obran expuestos en fs. 1/5 y la I.G.J. los contestó en fs. 29/36.

La Sra. Fiscal General ante esta Cámara entendió en fs. 39, que las cuestiones involucradas en el recurso conciernen a aspectos de hecho, prueba y derecho común, declinando expedirse al respecto.

2. La accionada en su expresión de agravios remarcó quee n el acta de Asamblea n° 37 se consignó erróneamente el lugar de realización de la misma por las razones expuestas en la presentación efectuada el 19/03/15; a la sazón el motivo que suscitó la cuestión fue la mudanza de la sede social por haberse vendido las oficinas de la Av.indicó asumir el yerro cometido y también no haberlo volcado y comunicarlo oportunamente a la institución fiscalizadora.

De seguido enfatizó que es la primera infracción que la sociedad comete ante la I.G.J., que la misma resulta de carácter formal y leve y que en todo caso se debió haber dispuesto solamente una sanción de apercibimiento.

Por otra parte aclaró que la resolución atacada equivoca al sostener que la sociedad presentó un instrumento falso, sino que simplemente el documento nada más contuvo un error material o información inválida, ya que -a su entender- formal e intrínsecamente, cumplió con todos los requisitos legales exigidos en tanto se trató de una transcripción literal del texto volcado al correspondiente libro societario. En este sentido afirmó también que es incorrecto mantener que Formicolor S.A. tuvo un comportamiento renuente frente al cumplimiento de sus obligaciones legales, dado que y más allá del traspié incurrido, realizó la presentación del respectivo trámite previo ante la Inspección con el objeto de comunicar la convocatoria de la asamblea para aquella envíe algún responsable que asista al acto.

3. En referencia a la conducta atribuida a la defendida, cabe señalar que el fin perseguido por el organismo de contralor es el de acentuar la certeza y efectividad en la publicidad de los actos y por ende de las personas que resultan responsables de la efectiva administración y dirección de los negocios de la sociedad, para así procurar la efectiva transparencia del tráfico mercantil y el cumplimiento de sus funciones propias de la fiscalización.

En ese orden de ideas entonces, es que el dictado de las distintas reglamentaciones por parte de todo organismo de contralor exige por parte de los usuarios, el estricto acatamiento de sus disposiciones (conf. esta Sala, 12/07/11 “Inspección General de Justicia c/Merit Consultants International Inc. s/org. ext.”, Reg. de Cámara n° 007900/11; íd., 03/05/12 “Inspección General de Justicia c/Transnea S.A. s/org. ext.”, Reg.de Cámara n° 034563/11).

En el caso sub examine no existe controversia respecto a que la sociedad defendida incurrió en la falta achacada, ya que llevó a cabo la Asamblea de Accionistas del 25/07/14 en un domicilio distinto al que había denunciado oportunamente ante la I.G.J. (v.gr., “Restaurante Pétalo”, Av. Corrientes n° 499 C.A.B.A., v. pto. 3, fs. 36, Expte. agregado n° 7190923), lo que asimismo trajo aparejado que el funcionario designado por el ente supervisor no pudiera estar presente en la junta.

Obsérvese que, es la propia apelante la que reconoce la equivocación, tanto en la presentación del 19/03/15 (v. citada fs. 36 Expte. agregado n° 7190923), como en su memorial de agravios (v. fs. 2, pto. 2.1), relevando de este modo al Tribunal de realizar mayores precisiones al caso.

Ahora bien y sin perjuicio de lo expuesto, no puede dejar de señalarse que la postura sancionadora asumida en el sub lite es ciertamente la correcta, dada la relevancia de los objetivos propuestos por la Inspección General de Justicia, lo cual tornó justificable la imposición de una multa.

En síntesis, tal como fue expuesto en la contestación al memorial de agravios por parte del organismo fiscalizador, la falsedad de la debiendo el lugar de la reunión estar precitado en la convocatoria pues ello hace a la imprescindible publicidad del acto asambleario y al ejercicio de control a que está sujeto la sociedad.

4. La mencionada Ley n° 19.550 (art. 302) y la Ley n° 22.315 (arts. 12 y 15) establecen un régimen gradual de penalidad. Sin embargo, dada la implicancia que conlleva la infracción consumada, como fue comentado, es que se mantendrá el temperamento seguido por el organismo.

En lo relativo al quantum de la sanción, según doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es facultad del Poder Judicial revisar la razonabilidad de la medida de las sanciones impuestas por la Administración Pública en ejercicio de sus facultades de superintendencia (Fallos:323:153 , entre otros), concluyendo que las mismas deben ser proporcionales a la infracción que surja comprobada del sumario.

En tales condiciones, estima la Sala que, aun ponderando que no se denunciaron antecedentes sancionatorios de ente aquí en cuestión, las particularidades que presenta este caso concreto y la gravedad de la falta cometida, corresponde confirmar lo decidido.

5. Por ello se Resuelve: confirmar la Resolución I.G.J. n° 11992/15.

Notifíquese a las recurrentes (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011, art. 1° y n° 3/2015). Cumplido devuélvanse las actuaciones al organismo de origen.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto (conf. Ley n° 26.856, art. 1° Ac. C.S.J.N. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la Vocalía n° 17 de esta Cámara (art. 19 del Reglamente para la Justicia Nacional).

Alejandra N. Tevez siguen las firmas.

Rafael F. Barreiro

María Julia Morón

Prosecretaria de Cámara