Rechazo de la acción de amparo tendiente a la no aplicación del derecho de admisión y a que se autorice al actor el ingreso a un estadio de fútbol, pues no se aprecia la arbitrariedad o ilegalidad en el obrar del club demandado

Partes: V. V. A. c/ Club Atlético River Plate s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 23-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105802-AR | MJJ105802 | MJJ105802

Rechazo de la acción de amparo tendiente a la no aplicación del derecho de admisión y a que se autorice al actor el ingreso a un estadio de fútbol, pues no se aprecia la arbitrariedad o ilegalidad en el obrar del club demandado.

Sumario:

 

1.-La acción de amparo que tiene como objeto la no aplicación del derecho de admisión al actor y que se lo autorice a ingresar a un estadio de fútbol debe rechazarse, pues no se aprecia, en el limitado marco de conocimiento propio de la acción de amparo, la arbitrariedad o ilegalidad en el obrar del club demandado, habida cuenta la existencia de aspectos fácticos que naturalmente exigen una amplitud de debate y prueba mayor que la que ofrece el estrecho marco de esta acción.

Fallo:

Buenos Aires, 23 de junio de 2017.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 158/162 la jueza de grado resolvió rechazar la acción de amparo interpuesta por el Sr. V. A. V. contra el Club Atlético River Plate y el Estado Nacional -Ministerio de Seguridad- con el objeto de que se ordene al mencionado club no aplicar el derecho de admisión a su persona, autorizando su ingreso al estadio de fútbol Antonio Vespucio Liberti (Monumental) y, oportunamente, se disponga el retiro definitivo de su nombre de la lista de restricciones de ingreso a eventos de fútbol.

Para así decidir sostuvo -compartiendo los argumentos esgrimidos por la Fiscal Federal a fojas 149/156- que el amparo no resultaba la vía adecuada para ventilar las pretensiones del actor ya que no se advertiría la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el obrar de las demandadas, por lo que la cuestión requeriría de una mayor amplitud de debate y prueba.

En tal sentido, relevada la normativa aplicable al caso, concluyó que “considerando el marco normativo reseñado y teniendo especialmente en cuenta los fines tutelados por sus disposiciones (en especial, la seguridad de los encuentros futbolísticos), no se aprecia -en el limitado marco de conocimiento propio de la acción elegida- la arbitrariedad o ilegalidad endilgada al obrar del Club demandado [.] tampoco se aprecia la indebida inclusión del Sr. V. en el banco de datos mencionado, a poco que se advierta que los antecedentes penales invocados por el amparista no constituyen el único motivo para estar incluido en la información allí almacenada y, por su parte, como refiere el club demandado, tampoco se ha logrado demostrar, con los datos aportados en autos, que no se relacionen con eventos futbolísticos, todas cuestiones que -de prosperar- requieren de mayor debate y prueba, ajenos a la vía elegida” (v. fs. 162).

Asimismo, en dicha resolución la jueza a quo reguló los honorarios de la dirección letrada y representación del Club Atlético River Plate y del E.N.-Ministerio de Seguridad- en la suma de pesos cinco mil ($5000) para cada uno de ellos, a cargo de la actora vencida.

II.- Que contra dicha decisión, a fojas 164/166 la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios, los que fueron contestados por las demandadas a fojas 172/175 y 176/178.

En lo sustancial, el actor se agravió acerca del rechazo de la vía elegida. Sostuvo que al no haber sido desestimada la acción ab initio por el juez civil -al no considerar configurado el presupuesto del artículo 3º de la Ley Nº 16.986- no correspondía su denegatoria posterior, por falta de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta.

Asimismo, señaló que quien tenía la carga probatoria de demostrar los motivos de su inclusión en la Base de Datos sobre Violencia en el Fútbol era el club demandado y que si ello respondió a alguna cuestión distinta a sus antecedentes penales “sería prudente que la demandada haya podido aportar algún elemento más que sus dichos” (v. fs. 165 vta.).

III.- Que a fojas 168 el Estado Nacional -Ministerio de Seguridad- interpuso recurso de apelación contra la regulación de honorarios practicada en la sentencia de fojas 158/162, por considerarlos bajos, y el cual fue concedido a fojas 169.

IV.- Que a fojas 179 se corrió vista al Sr. Fiscal General cuyo dictamen obra a fojas 180/183.

V.- Que sentado ello, corresponde ingresar al análisis de los recaudos de admisibilidad de la presente acción de amparo.

V.1.- En este sentido, es dable destacar en primer lugar que el amparo es un proceso sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales, pues la finalidad fundamental de la pretensión que constituye su objeto consiste en reparar, con la mayor premura, la lesión de un derecho reconocido en la Constitución, un Instrumento Internacional o una Ley (v. Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2005, tomo VII, pág.137).

Es oportuno señalar que la acción de amparo está prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. El citado precepto establece, en referencia a la viabilidad de este tipo de procesos que, la defensa del derecho lesionado no debe encontrar reparación por vía de otro medio judicial que resulte más idóneo. Esta pauta obliga al juez a ponderar la configuración de los recaudos que habilitan el empleo de esta vía. La razón de este requerimiento fue explicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Kot” (Fallos: 241:302), en donde se sostuvo que “los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia -lo mismo que sucede en muchas otras cuestiones de su alto ministerio- a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo a los procedimientos ordinarios”. Por lo tanto, el artículo 43 de la Carta Magna debe ser interpretado de manera razonable, no desprotegiendo los derechos esenciales pero tampoco consagrando al amparo como única vía judicial. Ello así, debido a que la garantía prevista por el constituyente, no viene a suplantar los otros procesos previstos en el código de rito, ni significa que ciertos derechos vulnerados no puedan lograr su satisfacción mediante el uso de los procedimientos ordinarios. En este sentido, el más Alto Tribunal tiene dicho que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (Fallos: 310:877, esta Sala in re “Colombo Eduardo Horacio c/ EN – M RREE Y Culto s/ Amparo Ley 16986.” del 18/12/2015).

Ahora bien, dada la celeridad que es propia de este tipo de proceso, la arbitrariedad o ilegalidad alegada, debe presentarse sin necesidad de mayor debate y prueba. Es decir, el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado.Lo expuesto no significa que no pueda producirse actividad probatoria en este tipo de proceso, sino que ella debe ser compatible con la sumariedad que es propia del amparo, dado que éste se encuentra al servicio de la urgencia del caso y, por lo tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, de otro modo, no habría razón para evitar

los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes, respetándose la amplitud probatoria (cfr. esta Sala, in re “Govea Eduardo Armando c/ EN – Mº Interior – Secretaría de Transporte s/ Amparo ley 16.986”, del 16/10/2014).

V.2.- Efectuadas las consideraciones que anteceden, corresponde ingresar al análisis del expediente, a fin de verificar si los requisitos enunciados precedentemente se encuentran reunidos en el sub lite. Al respecto, cabe señalar que la presente acción de amparo tiene como objeto que se le ordene al Club Atlético River Plate a no aplicar el derecho de admisión al Sr. V. A.V., autorizando su ingreso al estadio de fútbol Antonio Vespucio Liberti (Monumental) y, oportunamente, se disponga el retiro definitivo de su nombre de la lista de restricciones de ingreso a eventos de fútbol.

V.2.1.- Ahora bien, como primera medida corresponde reseñar la normativa que regula la cuestión planteada en autos.

En este sentido, cabe señalar que por conducto de la Ley Nº 23.184 -modificada por la Ley Nº 24.192- se estableció el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos aplicable para hechos que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, como así también durante los traslados de las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el mismo se desarrolle.

La mencionada norma resulta regulada por conducto del Decreto Nº 246/17, el cual derogó su similar Nº 1466/97 que había establecido el “Régimen de Seguridad en el Futbol”. En el marco de la nueva norma se dispuso que el Ministerio de Seguridad será el organismo competente al que alude el artículo 49 de la Ley Nº 23.184, el cual tiene a su cargo todo lo relativo a la prevención, control y seguridad de los eventos futbolísticos, como así también el dictado de un nuevo reglamento que reemplace el establecido por el derogado Decreto Nº 1466/97.

El mencionado Ministerio podrá preventivamente, por razones de interés público y atendiendo a razonables pautas objetivas debidamente fundadas, restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que pueda generar un riesgo para la seguridad pública (cfr. art.7º).

En este orden, mediante la Resolución Nº 354-E/2017 de dicho Ministerio se instruyó a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos a establecer quienes son las personas a las que se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa, en los términos del artículo 7º del Decreto Nº 246/17 y se establecieron las condiciones o situaciones en las que deberán encontrarse las personas pasibles de la aplicación de la restricción de concurrencia, el mínimo y máximo temporal de la medida y el tratamiento que merecerá la persona reincidente.

Así, se dispuso que “[s]e podrá restringir la concurrencia a toda persona que: a) Se encuentre condenada, procesada o con auto de elevación a juicio, o que se encuentre sujeta a suspensión de juicio a prueba, respecto de delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley N° 23.184, o por cualquier otro delito cometido en el exterior, con motivo u ocasión de un espectáculo futbolístico. b) Haber sido condenada por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión de más de tres (3) años. c) Se encuentre sancionada respecto de una contravención, que haya sido cometida en el marco de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante o después de la disputa del encuentro o durante las concentraciones o entrenamientos de los equipos. d) Cuando hubieran tenido conductas violentas co ntra las personas o las cosas, hayan ingresado a lugares no permitidos, entre otras, dificulten el normal desenvolvimiento de un espectáculo futbolístico, ya sea antes, durante y después de la disputa del encuentro o durante las concentraciones y entrenamientos de los equipos (cfr. art 2º de la Resolución Nº 354- E/2017).

Asimismo, se dispuso que la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos deberá comunicar la nómina de personas con restricción de concurrencia a espectáculos futbolísticos a las jurisdicciones locales y al organizador a fin de hacer efectiva la misma (cfr. art.5º de la Resolución Nº 354-E/2017).

Finalmente, mediante la Resolución Nº 355-E/2017 se aprobó el nuevo Reglamento de Prevención contra la Violencia en Espectáculos Futbolísticos -que reemplazó al “Régimen de Seguridad en el Futbol” creado por el Decreto Nº 1466/97- y en el cual se estableció -entre otras cuestiones- que los organizadores de los espectáculos futbolísticos deberán arbitrar los medios necesarios a fin de evitar el acceso al estadio de las personas con restricción de acceso informadas por Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (cfr. art 12 del Reglamento de Prevención contra la Violencia en Espectáculos Futbolísticos) .

V.2.2.- Así las cosas, es dable señalar que conforme surge de las constancias de autos el Sr. V. fue condenado por el Tribunal Oral Criminal Nº 10 de esta ciudad, en la causa Nº 1501, como coautor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa, en concurso ideal con lesiones leves, a la pena de siete meses de prisión y costas; y a la pena única de ocho años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena anterior y de la sanción impuesta el 8/05/1998 por Tribunal Oral de Menores Nº 1, en el marco de la causa Nº 138 (v. fs. 11 y 16vta.). A primera vista, el amparista no se encontraría incluido en ninguna disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación que ordene la aplicación de la “Restricción De Concurrencia Administrativa” sobre su persona (v. Disposiciones de la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos Nros.1- E/2017, 2-E/2017, 3-E/2017, 4-E/2017, 6-E/2017, 7-E/2017, 8-E/2017, 9-

E/2017, 11-E/2017, 12-E/2017, 13-E/2017, 14-E/2017, 15-E/2017, 16-E/2017 y 17-E/2017).

Ahora bien, cabe tener presente que el régimen previsto en el Decreto Nº 1466/97 fue modificado por el del Decreto Nº 246/17.

VI.- Ahora bien, de lo hasta aquí expuesto no es posible inferir que el amparista tenga derecho de acceso irrestricto al estadio de fútbol Antonio Vespucio Liberti. Ello así ya que la Resolución Nº 33/16 del Ministerio de Seguridad, la cual creó -en el ámbito de la Coordinación de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos- el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión en Espectáculos Futbolísticos, donde quedará asentado el nombre y apellido de las personas a las que se le hubiere aplicado el derecho de admisión, su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el nombre del Club y los motivos por los cuales la medida fue impuesta, como así tampoco derogó la Resolución Nº 164/16 del mismo Ministerio por conducto del cual se establecieron los requisitos y el mecanismo a cumplir por parte de los clubes para solicitar la baja de datos del Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión en Espectáculos Futbolísticos.

A esta altura del relato cabe señalar que el Derecho de Admisión y Permanencia “es el derecho en virtud del cual, la persona titular del establecimiento y/o evento, se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos” (cfr. considerando 7º y art.4º de la Ley Nº 26.370).

Por consiguiente, en cuanto al requerimiento del amparista de que se autorice su ingreso al estadio de fútbol Antonio Vespucio Liberti (Monumental), habida cuenta que -conforme las constancias de autos- en repetidas oportunidades el Club demandado y el Estado Nacional evaluaron la inclusión del actor en la lista de personas sujetas al derecho de admisión (v. fs. 27/49 y 85/99), y que como consecuencia de aquellas evaluaciones, los accionados determinaron que el Sr. V. no podía ser admitido en los espectáculos deportivos a desarrollarse en el referido estadio. Atento a ello, no se aprecia, en el limitado marco de conocimiento propio de la acción de amparo, la arbitrariedad o ilegalidad en el obrar del club demandado, habida cuenta la existencia de aspectos fácticos que naturalmente exigen una amplitud de debate y prueba mayor que la que ofrece el estrecho marco de esta acción (v.en igual sentido dictamen del Fiscal General obrante a fojas 180/184).

VII.- Que, en cuanto a las costas de esta instancia, resulta indudable que, en el sub lite, es la actora quien reviste condición de sustancialmente vencida, sin que se adviertan circunstancias excepcionales que permitan eximirla del pago de las costas del proceso.

En consecuencia, no existen motivos para apartarse del principio general dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 16.986 y 68 del CPCCN, por lo cual las costas de ambas instancias quedan a cargo del actor.

VIII.- Que en lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional -Ministerio de Seguridad- contra la regulación de honorarios contenidos en la sentencia de fojas 158/162, corresponde señalar que en función de la naturaleza, del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, se modifica la regulación obrante a fojas 158/162 y SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Estado Nacional en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) a cargo de la actora, de conformidad con la imposición de costas de fojas 158/162 (arts. 6, 7, 9, 14 y 36 y ccds, de la Ley de Arancel y Procuradores).

IX.- Que con relación a los trabajos realizados ante esta Alzada por la dirección letrada y representación legal del Club Atlético River Plate y del Estado Nacional; en función de la naturaleza; del resultado obtenido; de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido se fijan los honorarios en la suma de ($.) para cada uno de ellos, los que se encuentran a cargo de la parte actora; de conformidad con la forma en que han sido impuestas las costas (arts.6, 7, 9, 14 y 36 y ccds, de la Ley de Arancel y Procuradores).

Que cabe dejar aclarado, que en el importe establecido precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto del Impuesto al Valor Agregado, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realice el beneficiario-, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, juntamente con el monto del pago.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 164/166 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fojas 158/162 en cuanto rechaza la solicitud de autorización de ingreso del Sr. V. al estadio de fútbol Antonio Vespucio Liberti, conforme lo dispuesto en el considerando VI; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida; 3) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional a fojas 168 y, en consecuencia, fijar los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Estado Nacional, por su actuación ante la anterior instancia, en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000), a cargo de la actora; y 4) Fijar los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Club Atlético River Plate y del Estado Nacional, por su actuación ante esta Alzada, en la suma de ($.) a cada uno de ellos, a cargo de la actora.

Regístrese, notifíquese a las partes -y al Sr. Fiscal General en su público despacho- y, oportunamente, devuélvase.

Guillermo F. TREACY

Jorge Federico ALEMANY

Pablo GALLEGOS FEDRIANI