Cuatro casos en que la Corte pone el guiño hacia un lado y gira hacia el otro. (conservación de la fauna silvestre y competencia federal) Díaz Cafferata, Santiago

Título: Cuatro casos en que la Corte pone el guiño hacia un lado y gira hacia el otro (conservación de la fauna silvestre y competencia federal)

Autor: Díaz Cafferata, Santiago –

Fecha: 10-ago-2017

Cita: MJ-DOC-10755-AR | MJD10755

Sumario:

I. Los guiños. II. Leyes federales y nacionales. III. La Ley 22.421. IV. Recalculando. V. Datos útiles para el análisis. VI. La telaraña que lleva los casos al fuero federal. VII. La bola de cristal.

Doctrina:

Por Santiago Díaz Cafferata (*)

I. LOS GUIÑOS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo -durante aproximadamente quince años- que los delitos previstos en la Ley de Conservación de la Fauna 22.421 carecen de interés federal y que, por ello, deben ser investigados por los tribunales provinciales.

Ahora bien, en los últimos dos años, ha resuelto cuatro contiendas de competencia penal entre un juzgado federal y otro provincial, en las que debía dirimirse a cuál le correspondía investigar denuncias referidas a tales delitos. Estos casos han de concentrar nuestro análisis, ya que pareciera que nuestro máximo órgano judicial pone el guiño para un lado, pero gira hacia el otro.

En efecto, sin anunciar ningún cambio doctrinal, la Corte resolvió en los cuatro casos que las denuncias debían ser investigadas en los juzgados federales (1).

De tales fallos extraemos dos conclusiones. Por un lado, se han instituido una serie de excepciones que hacen surtir la competencia federal. Esa serie es tan densa que es probable que implique que la mayoría de las causas referidas a esta ley, o por lo menos las más importantes, han de terminar en ese fuero. Por otro lado, se advierten elementos que hacen presumir que quizá la ley pueda ser interpretada como federal en un futuro próximo.

No es criticable que la Corte Suprema cambie su criterio sobre un punto, especialmente cuando las circunstanciales sociales circundantes han variado -claramente hoy se da mayor relevancia a la cuestión ambiental que la que tenía a principios de la década de 1980-, pero advertimos que pareciera haber un cambio subrepticio, no anunciado, y allí es donde el presente trabajo intenta alertar sobre elementos novedosos en lo referente a la competencia para tratar casos de conservación de fauna silvestre que pareciera que pasan inadvertidos.

II.LEYES FEDERALES Y NACIONALES

Previo a interiorizarnos en el tema anunciado, nos permitimos una digresión para repasar la distinción existente entre «leyes federales» y «leyes nacionales» (2) recordando que, cuando en 1853 se dictó la Constitución, en gran medida se tomó como base el sistema federal de los Estados Unidos. En aquel país, cada uno de los estados dicta su propio código civil y su propio código penal. Sin embargo, en ese punto, el modelo fue considerado inapropiado para nuestra realidad nacional porque las distintas provincias estaban acostumbradas a tener normas comunes.

Por eso, en este punto se apartaron del modelo estadounidense y dispusieron un sistema mixto, en el cual los códigos civil, de comercio y penal serían dictados por el Congreso de la Nación, y serían los mismos en todo el territorio, pero su aplicación quedaba a cargo de las provincias (art. 64, inc. 11; actual art. 75, inc. 12 , de la Constitución Nacional).

A modo de ejemplo, las figuras del robo y la herencia se encuentran previstas en los dos códigos -Código Penal y Código Civil respectivamente, ambos dictados por el Congreso de la Nación-, pero su aplicación corresponde a los tribunales provinciales.

Del mismo modo, las leyes complementarias a estos códigos se denominan «leyes nacionales» y su aplicación corresponde en general a los tribunales provinciales.

Excepcionalmente, las leyes nacionales pueden ser aplicadas por los tribunales federales en determinados casos (cuando la competencia federal se suscita en razón de las personas o del lugar, o bien al unificarse en el fuero federal una investigación que comprende ambos tipos de leyes).

A su vez, existen las «leyes federales», también dictadas por el Congreso Nacional, y con los mismos números y formas que las leyes nacionales. Se supone que protegen un interés federal; y, por eso, su aplicación está reservada a los tribunales federales.En el caso penal, podemos enunciar estupefacientes, trata de personas, marcas, patentes o contrabando.

Vale destacar que el Congreso Nacional, que dicta unas y otras leyes y las numera indistintamente, muchas veces no aclara si la ley es nacional o federal, y en consecuencia establecer si pertenecen a una o a otra categoría es una tarea que queda en manos de los operadores jurídicos (3).

Para establecer si una ley es federal, hemos de observar si se afecta algún interés del Estado nacional. Así lo destaca Palacio de Caeiro: «La materia federal se relaciona con el contenido intrínseco del delito y con las consecuencias que el hecho criminal produce, de modo tal que afecte, lesione o menoscabe los intereses estatales o la soberanía de la Nación, que es el bien jurídico protegido por el fuero de excepción» (4).

III. LA LEY 22.421

Una vez sentado tal marco, vamos a concentrarnos en la Ley 22.421, de Conservación de la Fauna, dictada el 5 de marzo de 1981 (5) y que reemplazó a la anterior, a la Ley 13.908.

La ley declara de interés público la fauna que habita en el territorio de la República y se propone su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Regula la caza, hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos.Autoriza a la autoridad nacional de aplicación a que esta pueda prohibir la importación, introducción y radicación de ejemplares vivos, semen, embriones, huevos para incubar y larvas de cualquier especie que puedan alterar el equilibrio ecológico, afectar actividades económicas o perturbar el cumplimiento de los fines de la ley, y prohíbe introducir desde el exterior productos y subproductos, manufacturados o no, de aquellas especies de la fauna silvestre autóctona cuya caza, comercio, tenencia, posesión y transformación se hallen vedadas en toda la región de su hábitat natural sin permiso previo de la autoridad nacional de aplicación.

También regula el comercio nacional e internacional, lo referente al desmonte, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de río, construcción de diques y embalses que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre.

Finalmente, la ley establece una serie de sanciones administrativas, y tres tipos penales que concitan nuestro interés:

Art. 24 : «Será reprimido con prisión de un -1- mes a un -1- año y con inhabilitación especial de hasta tres -3- años, el que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización establecida en el Artículo 16, inciso a».

Art. 25 : «Será reprimido con prisión de dos -2- meses a dos -2- años y con inhabilitación especial de hasta cinco -5- años, el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación».

»La pena será de cuatro -4- meses a tres -3- años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez -10- años cuando el hecho se cometiere de modo organizado o con el concurso de tres -3- o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación».

Art.26 : «Será reprimido con prisión de dos -2- meses a dos -2- años y con inhabilitación especial de hasta cinco -5- años el que cazare animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación».

Art. 27 : «Las penas previstas en los artículos anteriores se aplicarán también al que a sabiendas transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación».

Respecto de estos delitos previstos en la Ley 22.421, en los casos que han llegado a nuestro conocimiento y que resolviera hasta el año 2006, la Corte Suprema les asignó el carácter de «nacionales».

En tal sentido, pueden consultarse los precedentes «Gazzolo» (6), «Sartini» (7), «Directora de Fauna y Flora Silvestre s/ denuncia» (8), «Gendarmería Nacional» (9) y «Escuredo» (10).

IV. RECALCULANDO

Vamos a concentrarnos ahora en los cuatro casos que motivan este trabajo, dictados en 2014 y 2015. Se advierte por parte del más alto intérprete constitucional un tratamiento distinto al de los precedentes referidos en el apartado anterior. Incluso tres de ellos han sido destacados por la Secretaría de Jurisprudencia (11).

1. «Fothy» (12)

La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (13) presentó una denuncia en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 1 de San Isidro, y sostuvo que el señor Fothy, a través de un sitio de internet, ofrecía excursiones organizadas para la caza de animales silvestres (cauquenes, gansos, tórtolas, palomas, patos «maicero» y «picazo», carpinchos, ciervos axis, antílopes, búfalos de agua, carneros de cuatro cuernos, chanchos cimarrones y jabalíes) en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, actividad prohibida respecto de algunos ejemplares y reglada en relación con otros.El procurador recuerda los antecedentes jurisprudenciales citados en el apartado anterior respecto a que, para los delitos previstos en la Ley 22.421 no se ha establecido la jurisdicción federal, pero «en el caso» advierte directamente afectado un interés de la nación, dado que el Estado nacional ha manifestado un marcado interés por la protección y preservación del ave cauquén, a punto tal que su caza y captura se encuentran prohibidas en todo el país, así como también vedados el tránsito interprovincial, el comercio en jurisdicción federal, la importación y exportación de sus ejemplares vivos, productos y subproductos. También resalta que la comunidad jurídica internacional ha manifestado su marcado interés por los cauquenes, que se encuentran en los anexos de especies consideradas en peligro y cuya conservación requiere acciones coordinadas de los países miembros de la Convención sobre la Conservación de las Especies M igratorias de Animales Silvestres (14).

Expresa que, dadas las características migratorias de la especies, las acciones que se desarrollen en una provincia pueden tener repercusiones en otra; lo cual en los términos del art. 7 de la Ley 25.675, (15) conduce a que surja la competencia federal en razón de la interjurisdiccionalidad de la cuestión (16).

Finalmente, señala que no conviene separar la investigación respecto de las conductas llevadas a cabo en contra de otras especies de animales silvestres, por lo que corresponde unificar toda la causa en el fuero federal (17).

La mayoría de la Corte (Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni) hace suyo el dictamen en forma íntegra, mientras que un voto en minoría (Highton y Maqueda) comparte el dictamen, excepto en cuanto sostiene que la naturaleza migratoria de ciertas especies hace recomendable atribuir competencia federal.

2. «UFIMA s/ denuncia» (18)

Trata de una disputa similar entre un juzgado federal y otro provincial, declarándose ambos incompetentes.El primero de ellos había recibido originariamente la denuncia referida a una página web que ofrecía cazar palomas, ciervos colorados, pumas, jabalíes, ciervos axis, búfalos, antílopes y cauquenes, entre otras especies.

El Alto Tribunal señala que el planteo es prematuro, en tanto el juzgado que había recibido originariamente la denuncia debía -primero- iniciar la investigación y -recién después- declinar la competencia cuando tuviera elementos suficientes para afirmar que la causa no le correspondía.

Por otro lado, bajo la hipótesis de que hubiera un delito previsto en la Ley 22.421, indica que hasta que no se establezca en qué provincia ha de ser la caza -se ofrecen especies que pueden encontrarse en más de una provincia-, también corresponde que investigue la justicia federal.

El fallo introduce un elemento interesante, al indicar que «hay que mencionar que el art. 1 de la Ley 22.421 declara de interés público la fauna que habita en el territorio de la República Argentina».

A su vez, destaca que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) (19) reconoce que la fauna silvestre constituye un elemento irremplazable en los sistemas naturales de la tierra, incluyendo especies amenazadas en sus anexos, de entre las que se encuentran las que motivaron la pesquisa penal.

Recuerda el precedente «Fothy», donde se sentó que el Estado nacional ha manifestado gran interés en la protección y preservación del cauquén, y que la investigación al respecto es inescindible de la concerniente a otras especies.

Finalmente, en este caso, también se justificaría la competencia federal porque al denunciado se le habrían atribuido concurrentemente otros delitos federales, como portar ilegítimamente armas de fuego y exportar clandestinamente productos y subproductos provenientes de la caza furtiva.

3. «N.N.» (20)

A instancias de una denuncia de la UFIMA se encontraron en un acuario tortugas de agua, iguanas verdes, ranas, escorpiones emperador, gekos y otros animales.

La Corte ordena al Juzgado Federal que continuara investigando hasta precisar bien las circunstancias del caso antes de declararse incompetente.

Recuerda que el art. 1 de la Ley 22.421 declara de interés público la fauna que habita el territorio de la República Argentina, que las tortugas de agua son una especie vulnerable, según la Res. 1055/13 de la Secretaría de Ambiente; y que las iguanas verdes, ranas, escorpiones emperador y gekos son especies exóticas incluidas en el apéndice de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre).

Agrega que el asunto también debe ser analizado en la justicia federal, ya que los animales pudieron haber ingresado desde otra provincia (interjurisdiccionalidad) o desde otro país vulnerando controles aduaneros.

4. «Club de Caza de Tandil» (21)

El último caso trata también de una denuncia de la UFIMA en un juzgado federal ante la oferta de caza de ciervos colorados, ciervos axis, antílopes, pumas y cauquenes entre otros. Tras la contienda de competencia, el Máximo Tribunal manda al tribunal federal que intervino primero a que continuara la pesquisa hasta establecer concretamente en qué figura delictiva encuadra el hecho denunciado y en qué provincias habría de concretarse la caza, ya que el hábitat de las especies en cuestión abarca más de una.

Vuelve a señalar que el art. 1 de la Ley 22.421 declara de interés público la fauna que habita el territorio de la República Argentina, que las especies en cuestión se encuentran en los apéndices del CITES, que según el precedente «Fothy», el Estado Nacional ha manifestado interés en la protección y preservación del cauquén y que las conductas presuntamente ilícitas cometidas respecto de los restantes animales silvestres resultan inescindibles de las que refieren a los cauquenes.También aquí justificarían la competencia federal el hecho de que concurrentemente al denunciado se le habrían atribuido otros delitos federales, tales como portar ilegítimamente armas de fuego y exportar clandestinamente productos y subproductos provenientes de la caza furtiva.

V. DATOS ÚTILES PARA EL ANÁLISIS

Habiendo reseñado esos cuatro casos, vale formular algunas observaciones antes de proseguir el análisis. En primer lugar, en los fallos dictados en el año 2016, la Corte no repite (como sí lo había hecho en «Fathy») que la Ley 22.421 no estableció la jurisdicción federal.

En segundo lugar, si bien -pareciera- al leer estas sentencias que la situación del cauquén tiene alguna particularidad o alguna importancia superlativa, al acudir a la Res. 513/07 de la (entonces) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se advierte que hay aproximadamente otras trescientas cincuenta especies (aparte de los cauquenes) respecto de las cuales su caza y captura se encuentran prohibidas en todo el país, así como también vedados el tránsito interprovincial, el comercio en jurisdicción federal, la importación y exportación de sus ejemplares vivos, productos y subproductos.

Por otro lado, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre protege a unas cinco mil especies de animales (22). A su vez, los anexos de las especies consideradas en peligro o cuya conservación requiere el concierto de acciones entre países de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres tienen más de diez hojas (23).

A su vez, también debe resaltarse que los supuestos de hecho de los casos resueltos antes de 2006 no son tan distintos de los cuatro precedentes que motivan este trabajo. En efecto, en «Gazzolo» y «Directora de Fauna y Flora Silvestre s/ denuncia», los delitos de la Ley 22.421 estaban relacionados con contrabando. En «Sartini», había indicios de tráfico interprovincial, y en «Escuredo», había elementos que conducían al comercio internacional.Sin embargo, todos ellos fueron remitidos a la justicia provincial.

En cuanto a lo afirmado en «UFIMA s/ denuncia» respecto a que portar armas de fuego constituiría un delito federal, hemos de recordar que la mera portación debe ser investigada por los tribunales provinciales, y debe recaer la investigación en el ámbito federal solo cuando se trate de acopio o adulteración de numeración (24). Por ello, podría decirse que el uso de este argumento es casi cercano a lo tendencioso.

VI. LA TELARAÑA QUE LLEVA LOS CASOS AL FUERO FEDERAL

Si se presta atención al estado actual de la situación, destacaremos que no se ha abandonado formalmente la doctrina que reza así: «.en materia de delitos previstos por la Ley 22.421 no se ha establecido la jurisdicción federal». Lo novedoso de los casos en análisis es que se ha instituido una larga serie de excepciones.

Así, corresponderá la intervención de la justicia federal cuando se encuentre amenazada: a. Una especie migratoria (conforme doctrina de «Fothy»); b. Una especie comprendida en los listados previstos por la Res. 513/07 o por la Res. 1055/13 de la (entonces) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (conforme la doctrina de «Fothy», «UFIMA», «N. N.» y «Club de Caza de Tandil»); c. Una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (conforme doctrina de «UFIMA», «N. N.» y «Club de Caza de Tandil») o por la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (conforme doctrina de «Fothy») y d. Una especie que puede ser cazada en más de una provincia (conforme doctrina de «UFIMA» y «Club de Caza de Tandil»).

Por otra parte, en la hipótesis de que se amenacen varias especies, con que una sola se encuentre entre las comprendidas en el párrafo anterior, toda la investigación deberá tramitar en el ámbito federal.

A su vez, también intervendrá «el fuero de excepción» cuando: e.Se trate de venta de especies cazadas en otra provincia o en otro país (conforme doctrina de «N. N.»); f. El delito tuviere conexión con la exportación de productos y subproductos provenientes de la caza furtiva (conforme doctrina de «UFIMA» y «Club de Caza de Tandil») y g. El delito tuviere conexión con el acopio de armas y municiones (conforme doctrina de «UFIMA» y «Club de Caza de Tandil»).

Con todos esos elementos, resulta altamente probable que, aunque no se haya establecido la jurisdicción federal, la mayoría de las causas -o por lo menos las más grandes- terminen en ese fuero.

Como refuerzo procesal, advirtamos que la UFIMA posiblemente sea el mayor presentador de denuncias en el país y, en tanto órgano de la Procuración General de la Nación, ha de comparecer naturalmente en la justicia federal, marcando así qué fuero deberá avanzar primigeniamente con la investigación. A su vez, atento el cúmulo de requisitos impuestos por la Corte, probablemente ese juzgado que comience la pesquisa estará a cargo durante un lapso prolonga do.

VII. LA BOLA DE CRISTAL

Hemos explicado en el apartado anterior que si bien se mantiene incólume la doctrina de que los delitos previstos en la ley 22.421 deben ser tratados en los tribunales provinciales, los cuatro fallos hoy resaltados han instituido una serie de importantes excepciones.

Pues bien, ahora intentaremos mostrar que esos cuatro casos tienen aún mayor relevancia.En efecto, allí se han sembrado las semillas para declarar que esos ilícitos deben ser considerados «federales».

Comencemos por señalar que, en el fallo dictado en 2014, la Corte repitió que para estos delitos no se había instituido la competencia federal, leyenda que abandonó en los últimos tres casos.

Agreguemos que los tres fallos dictados en 2015 que remiten a causas a los juzgados federales fueron destacados por la Secretaría de Jurisprudencia en los cuadernillos a los que aludimos al comenzar el cuarto apartado.

Por otro lado, llama la atención el modo en que, en «UFIMA» se intenta inducir que la portación ilegítima de armas llevaría la causa al fuero federal, en lo que parece más un «alegato interesado de parte» que la actuación de un tribunal de justicia.

Como frutilla de la torta, recordemos que un delito es considerado federal cuando se afecte un interés de la nación (25) y que, en los últimos tres casos analizados, la Corte expresamente asentó lo siguiente: «. hay que mencionar que el art. 1 de la Ley 22.421 declara de interés público la fauna que habita en el territorio de la República Argentina».

En síntesis, según dice la Corte, en los delitos previstos por la Ley 22.421, no se ha establecido la jurisdicción federal, pero recomiendo a los colegas que no confíen en ese guiño, ya que el móvil del Alto Tribunal probablemente haya de girar hacia el otro lado.

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(1) Hasta donde hemos tenido conocimiento, la Corte no resolvió en los últimos dos años más casos sobre el tema que esos cuatro.

(2) De entre otros autores, puede consultarse PALACIO de CAEIRO, Silvia B.: Recurso extraordinario federal, 2.a ed. Buenos Aires, La Ley, 2012, pp. 101-104.

(3) En último término, en manos de los tribunales. En ultimísimo término, en manos de la Corte Suprema.

(4) PALACIO de CAEIRO, Silvia B.: «La competencia federal penal en razón de la materia (“ratione materiae”)», en PALACIO de CAEIRO, Silvia B.(dir.a), y CAEIRO PALACIO, Eduardo S. (coord.): Competencia federal (obra colectiva). Buenos Aires, La Ley, 2012, p. 926.

(5) Técnicamente es un «decreto ley», dictado en los términos del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional.

(6) Fallos 315:2657, 10/11/1992.

(7) 14/10/1999. No publicado en la colección de «Fallos». El dictamen puede consultarse en el siguientes enlace web: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento.html?idAnalisis=465250 y la sentencia en este otro enlace web: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento.html?idAnalisis=475879.

(8) Fallos: 323:2738, 19/9/2000, MJJ97267 .

(9) Fallos 329:2817, 11/7/2006.

(10) Fallos 329:6056, 27/12/2006, MJJ9675 .

(11) Han sido publicados en dos suplementos. Por un lado, en el Suplemento «Ambiente», disponible en el siguiente enlace web: http://old.csjn.gov.ar/data/dam2016.pdf. También, puede consultarse el «Resumen de casos relevantes 2015», disponible en http://old.csjn.gov.ar/data/relevantes2015.pdf.

(12) Puede consultarse http://www.argentinasafaris.com: «Fothy, Esteban Andrés s/ pta. Inf. Ley 22.421». Competencia CSJ 431/2013 (49-C)/CS1, 27/11/2014.

(13) Según su página web (https://www.mpf.gob.ar/ufima/), la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y fue creada con el objeto de generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de residuos peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente conforme lo determinan los tipos penales establecidos en los arts. 200 al 207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como los delitos conexos con la materia.

(14) Incorporada mediante ley 23.198.

(15) Ley general del ambiente.

(16) Para ampliar respecto de la interjurisdiccionalidad, véase el siguiente texto: MARTÍNEZ, Marcela, y BRANDÁN MOLINA, Pablo: «La interjurisdiccionalidad.Nuevo criterio para determinar la competencia federal penal», en Competencia federal (obra colectiva), op. cit., p. 1021 y ss. Véase la nota 4.

(17) Recuérdese que la competencia federal penal es improrrogable e inalterable, de modo tal que solo los tribunales federales pueden juzgar delitos a los que se les ha atribuido tal naturaleza. Véanse el art. 12 de la Ley 48 y el siguiente texto. PALACIO de CAEIRO, Silvia B.: «La competencia federal y sus principios generales», en la obra colectiva Competencia federal, op. cit. en nota 4, p. 919.

(18) «UFIMA s/ denuncia», Competencia CSJ 265/2014 (50-C1)/CS1 23/02/2016. También véase: Microjuris. Revista Digital de Derecho Ambiental, N.° 1, diciembre de 2016.

(19) Incorporada por la Ley 22.344.

(20) «N. N. s/ infracción Ley 22.421», Competencia FSM 54272/2014/1/CS1 23/02/2016. También véase: Microjuris. Revista Digital de Derecho Ambiental, N.° 1, diciembre de 2016.

(21) «Club de Caza de Tandil s/ infracción Ley 22.421 (art. 25)» Competencia FMP 22488/2014/CS1 23/02/2016.

(22) Véase el siguiente enlace web: https://www.cites.org/esp/disc/species.php.

(23) Véase el siguiente enlace web:

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Appendices_post_COP11_Sp_version5junio2015.pdf.

(24) Cfr. art. 33, inc. E , del Código Procesal Penal de la Nación.

(25) Véase la nota 4.

(*) Abogado, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Magister en Derecho Administrativo, Universidad Austral. Docente aniversario, Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (Sede San Francisco) y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.