Las pautas contenidas en el CCivCom para indemnizar la incapacidad sobreviniente deben utilizarse para hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia

Partes: Sumbaya Bustillos Carlos Christian (Dr. Lazar Lisandro) c/ Isse Cristian Javier (Dra. Andrea C. Capici) s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 16-may-2017

Cita: MJ-JU-M-105519-AR | MJJ105519 | MJJ105519

Si bien el Código Civil y Comercial resulta inaplicable por tratarse de un hecho ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, deben utilizarse las pautas que fija a los fines de determinar el monto de la indemnización por incapacidad sobreviniente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

 

1.-Aún cuando los arts. 1745 y 1746 del CCivCom. resulten inaplicables en el caso para fijar el monto de la indemnización por incapacidad sobreviniente, es adecuado tomar las pautas allí contenidas y en ese sentido, computar la edad de la víctima a la fecha del hecho dañoso, sus ingresos mensuales, el período a computar que estaría dado en el caso por la expectativa de vida útil -75 años- y una tasa pura de descuento del 5% destinada a traducir en los valores a fijarse la circunstancia relativa a que la indemnización se fija en una prestación única y actual.


2.-El resarcimiento debido a título de incapacidad sobreviniente exige ponderar las secuelas en tanto representen indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima, o sea, en cuanto impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual, por lo demás, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales de aquélla.

3.-Para cuantificar la indemnización por incapacidad sobreviniente debe buscarse alcanzar una suma que represente la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables como consecuencia del accidente y a ese fin es dable acudir como pauta orientativa a criterios matemáticos para su determinación, si bien tomando los valores que arrojan esos cálculos finales como indicativos, sin resignar las facultades que asisten al órgano judicial para de adecuarlos a las circunstancias y condiciones personales del damnificado, de modo de arribar a una solución que concilie lo mejor posible los intereses en juego.

4.-El temperamento de multiplicar los ingresos de la víctima por el número de años a computar, no puede ser utilizado para cuantificar la indemnización por incapacidad sobreviniente porque soslaya que sumar directamente cada uno de los importes -aún parcialmente- que se devengarían como salarios, importa ignorar que el fijarse la indemnización en una prestación única y actual y a ser satisfecha íntegramente antes de la finalización del período a computar, se generaría un enriquecimiento ilegítimo en beneficio de la víctima que lesiona el principio sentado en el art. 1083 del CCiv.

5.-La indemnización por incapacidad sobreviniente no puede cuantificarse computando un valor por punto de incapacidad, pues de esa manera se desatienden las circunstancias personales de la víctima -edad, estudios, capacitación profesional, etc.- que sumadas al grado de incapacidad, habrán de determinar la concreta existencia de secuelas y su incidencia tanto en el ámbito de su capacidad productiva como el que corresponde al desenvolvimiento familiar, social, etc.

6.-Por imperio del art. 7 del CCivCom., la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad y montos de las indemnizaciones, sería aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho, pues es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en la segunda instancia.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Sumbaya Bustillos, Carlos Christian (Dr. Lazar Lisandro) c/ Isse, Cristian Javier (Dra. Andrea C. Capici) s/ daños y perjuicios “, respecto de la sentencia corriente a fs. 180/91, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. CASTRO, UBIEDO y GUISADO.

Sobre la cuestión propuesta la DRA. CASTRO dijo:

I. La sentencia de fs. 180/91 hizo lugar a la demanda entablada por Cristian Sumbaya Bustillos y, en su mérito condenó a Cristian Javier Isse a pagar al primero la suma de $ 63.000 por los daños y perjuicios que le causó en el episodio ocurrido el día 29 de abril de 2011.

El pronunciamiento resultó apelado por la patre actora quien expresó agravios a fs. 232/235 y fueron contestados a fs. 237/41. También por la parte demandada quien hizo lo propio con la pieza que obra a fs. 218/230 que mereció la réplica de fs. 243/47.

II. Demandó el actor los daños causados por el demandado en el episodio que tuvo lugar el día 29 de abril de 2011.

Según relató en la demanda se encontraba caminando por la vereda de la calle Chivilcoy de esta Ciudad , cuando a la altura del número 463 se encontró con una camioneta Ford Ecosport de la que el demandado Isse y otro sujeto descargaban mercaderías y que estaba estacionada en la vereda obstruyendo el paso. Refiere Sumbaya que pidió permiso para pasar, pero que su pedido fue desoído por el demandado.Dice que procedió a pasar por el pequeño espacio existente entre el portón y las dos personas, y que una vez hecho ésto, el demandado Isse comenzó a insultarlo acusándolo de haberle rayado la camioneta.

Seguidamente le requirió explicaciones, tras lo cual el Sr. Isse le propinó un duro golpe en la sien del lado derecho, volteándolo al piso y dejándolo inconsciente por unos segundos.

El demandado, si bien reconoce el episodio, da una versión distinta. Refiere que fue el accionante quien con la hebilla de su maletín rayó a propósito el baúl de la camioneta, y quien asumió una actitud desafiante cuando el demandado le pidió explicaciones por tal conducta. Menciona que luego habría sido Sumabya quien le propinó primero un golpe de puño y que los golpes que aquél refiere y asienta como fundamento de su reclamo fueron una reacción de defensa frente a los que él le asentó primero.

III. Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad y montos de las indemnizaciones, sería aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones juridicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia alli citada), lo que excluye claramente en estos aspectos la aplicación del nuevo Código La Sra. Magistrada luego de encuadrar la cuestión jurídicamente en el art. 1072 del C.Civil, y analizar el material probatorio, tuvo por probados los elementos determinantes de la responsabilidad del demandado en el hecho ilícito que se le imputó, mientras que consideró no acreditada la causa de justificación por él invocada.

Para ello hizo mérito de la declaración del funcionario policial Galarza quien a fs.1 de la causa penal que corre por cuerda, presenció lo ocurrido, relatando una versión de lo sucedido similar a la del actor. Ponderó también los informes médicos de fs. 9 y 14 de la causa penal, así como las diferentes testifícales rendidas en aquélla causa y en éstos autos.

El demandado se agravia por cuanto considera que el pronunciamiento en estudio parte de una errada valoración de la prueba, sobretodo la testifical que califica de arbitraria.

Ahora bien. Es cierto que resulta cuanto menos llamativo que Sumbaya, pese a que en la primer declaración que formalizó en sede penal (fs. 4, causa n° 37.845) dijo no contar con testigos presenciales del hecho, ofreciera con posterioridad el testimonio de tres personas que habrían presenciado el episodio (ver escrito de fs. 27, causa penal n° 37.845). Desde esta perspectiva, la declaración de Berger que paseaba a su perro y dijo haber visto cuando el demandado le propinó un golpe al actor (fs. 32 de la causa penal y 149 de estos autos); así como la de Quispe Yujra, ocasional transeúnte que se dirigía a la Comisaría del lugar, y que vio también la agresión de que fue víctima Sumbaya al pasar por el lugar donde estaba estacionada la camioneta de Isse (fs. 73 de la causa penal y 140 de estos autos), no habrán de tener la eficacia probatoria, que sí corresponde en cambio atribuir a la prestada por el funcionario policial Raúl Antenrio Galarza que declaró a fs. 1 de las actuaciones sumariales.

Dijo el oficial que mientras cumplía funciones de imaginaria en la Seccional, “observó que sobre la calle Chivilcoy 463 se originó una incidencia entre un ocasional transeúnte y el propietario de una camioneta marca Ford Ecosport, que estaba realizando tareas de descargas en el lugar de mención.Que la incidencia en principio fue verbal y al momento en que el declarante se aproximaba al lugar con el propósito de calmar los ánimos, el masculino que estaba realizando las obras de descargas comenzó a propinarle una serie de golpes sobre el ocasional transeúnte”” (fs. 1, causa penal) La declaración es categórica y no se encuentra desvirtuada por las razones que se aducen en la queja ya que no se advierte de dónde deduce el demandado que Galarza recién intervino cuando ya había tenido lugar el episodio y que por ende no tuvo oportunidad real de ver todo lo que después declaró.

La declaración de Insúa -quien se hallaba con Isse en el momento de los hechos- no puede servir a estos fines. Coincido en este punto con la apreciación que destaca la juez en cuanto a que Insúa evita referirse a los golpes que Isse le propinó a Sumbaya y en su lugar menciona que “forcejearon”, cuando el propio demandado al contestar demanda admitió que golpeó al actor, bien que aclarando que fue en defensa propia. Por otro lado, la afirmación de Insúa en punto a que “había ido a comprar al negocio de Isse mercadería” (fs. 33), también refiere a algún tipo de vinculación comercial, como lo destacó la juez, lo que obliga a extremar el análisis de su declaración.

Y lo cierto es que frente a la contundencia del relato del oficial de policía, la solitaria declaración de Insúa, no se muestra apta para restarle valor probatorio.

Cabe destacar que las actuaciones labradas por los funcionarios de la policía en cumplimiento de una obligación legal o de una orden de autoridad competente, hacen plena fe, sin requerir su ratificación, respecto de los actos que hayan pasado ante el funcionario, mientras no se las declare nulas por justa causa (conf. esta Sala exptes.N° .200/2006 “Miño, Karina Vanesa c/ Palomba, Nicolás y otros s/ daños y perjuicios” y N° 70.978/2006 “San Martín, Rubén c/ Transporte Quirno Costa S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)” del 15 de agosto de 2014; id C.N.Civ., Sala “E”, 14-8-64, E.D. t. 10.p. 559; Sala “A” en L. Nº 62.965 del 30- 7-91, N° L. N° 601.918 del 30-8-12, entre otros. En cuanto a los motivos que -según señaló el demandado- obrarían como causa de justificación, coincido con el juez que no fueron acreditadas.

No es cierto que Sumbaya haya reconocido que rayó la camioneta. De su testimonio solo surge que pasó por el lugar “rozando con la camioneta” (fs. 4, causa penal), algo muy distinto a “rayar adrede con la hebilla de su maletín” (ver indagatoria de Isse a fs. 22 y contestación de demanda a fs. 26).

Tampoco acreditó que el actor le haya propinado un golpe de puño en el brazo. Basta por caso examinar la constancia médica de fs. 9 de la que surge que Cristian Isse no presentaba lesiones de data reciente. A contrario de lo sucedido con Sumbaya, quien al ser examinado por la policía presentó lesiones “tumefacción evidente periocular y malar derecho de reciente data, producido por golpe, roce o choque con o contra superficies u objetos duros (fs. 14, causa penal), informe éste completado por el Cuerpo Médico Forense quien a fs.17 determinó que las lesiones vinculables con los hechos de la presente causa, revelan que el mecanismo de producción pudo corresponder a choque o golpe con o contra superficie dura”.

Demás está decir que las disquisiciones vinculadas a la contextura física de las partes involucradas en la presente poco pueden aportar al análisis que vengo haciendo, desde que son meras generalidades.

Por todo lo expuesto es que desestimaré las quejas vertidas con relación a este punto y propiciaré confirmar lo decidido en la instancia de grado.

IV. La Sra. Juez de grado otorgó la suma de $ 40.000 para compensar la incapacidad física sobreviniente padecida por el actor a raíz del accidente. Rechazó en cambio, indemnizar el daño psíquico que entendió no acreditado en el caso.

Ambas partes apelan. La actora pues considera exigua la suma fijada e injusto el rechazo del reclamo del daño psíquico. La demandada a su turno considera improcedente la indemnización por daño físico y -a todo evento- también elevada la suma otorgada.

Ninguna de las quejas habrá de prosperar y propiciaré -por lo que diré- la confirmación de lo decidido en este aspecto.

La queja de la actora tendiente a incluir el daño psícológico dentro de este rubro no habrá de prosperar. La perito psicóloga encargada de realizar el informe correspondiente fue clara al determinar que “el hecho de autos no reúne las condiciones como para ser encuadrado dentro de la figura del daño psíquico”, “no hay incapacidad psíquica asociada al hecho de autos”, “no se sugiere tratamiento psicoterapéutico”, conclusión ésta que no puede verse enervada por la queja de la actora que no hace sino transcribir literalmente lo que se expuso a fs. 109 al impugnar aquél informe, reiterando argumentos que en modo alguno alcanzan a desvirtuar la sólidas conclusiones de la experta en su informe.De modo que la queja en este punto no habrá de prosperar.

Tampoco puede prosperar su queja en cuanto cuestiona por reducida la suma concedida, pues lo hace en base a argumentos notoriamente insuficientes.

Es sabido que el planteo de simples apreciaciones personales del recurrente, sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el a quo respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción que le permitieron decidir, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios. El memorial, para poder ser considerado como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. En tal sentido, la carga sólo puede considerarse cumplida cuando se indican puntualmente deficiencias de la sentencia apelada, actividad que no corresponde considerar suplida con la mera postulación de afirmaciones genéricas, la remisión a escritos anteriores o la manifestación de desacuerdo con lo resuelto. Frente a tales omisiones -como lo ha decidido reiterada y pacífica doctrina de todas las salas de esta Cámara- el escrito respectivo no puede considerarse una expresión de agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dichos recaudos no pueden considerarse cumplidos por la parte actora en este aspecto, por lo que el recurso debe declararse desierto.

En efecto, la queja sólo traduce la discrepancia del apelante respecto del monto indemnizatorio fijado, pero no contiene razonamiento alguno que demuestre este aserto pues se limita a transcribir las conclusiones del informe pericial que la juez ponderó especialmente, sin aportar ningún argumento válido que habilite concretamente la revisión de lo decidido. Las referencias al caso puntual, magnitud de los daños, secuelas y porcentajes, fueron tenidas en cuenta por la juez en su fundada decisión en la que no solo analizó los informes periciales producidos, sino también los pedidos de explicaciones que se le formularon y sus respectivas respuestas.De modo que no explica la actora que razones deberían motivar un incremento de esta partida .

No mejor suerte correrá la queja de la demandada cuando objeta el alcance de esta indemnización.

Cabe destacar que con las constancias obrantes en la causa penal a fs. 83/84 remitidas por el Hospital Vélez Sarsfield cabe tener por acreditado que el día 29 de abril de 2011, el actor Sumbaya Bustillos fue atendido en la guardia refiriendo haber sido agredido por terceros. También a fs. 14 de la misma causa obra el informe médico legal del mismo día del accidente donde consta que aquél evidenció “tumefacción evidente periocular y malar derecho de reciente data, producido por golpe, roce o choque con o contra superficies u objetos duros (fs. 14, causa penal), informe éste completado por el Cuerpo Médico Forense quien a fs. 17 determinó que el mecanismo de producción pudo corresponder a choque o golpe con o contra superficie dura”.

El informe pericial médico realizado a fs. 72/77 determinó que “el actor a consecuencia del traumatismo directo sobre su rostro, ha padecido una disfunción de la articulación temporo maxilar derecha, que ha dejado como secuela definitiva una crontractura crónica de los músculos de la masticación a predominio del Masetero Pterigoides y Temporal derechos. Esta contractura impide la normal apertura y cierre de la boca con la consiguiente dificultad masticatoria en el proceso de la alimentación. Este tipo de alteraciones trae aparejado como efecto adverso y colateral, el dolor persistente sobre la región articular del maxilar superior (articulación Temporo-Maxilar) y cefaleas recurrentes que se exacerban con el proceso de masticación. Todo esto -continuó- le ocasiona una incapacidad parcial y permanente del 5 %. Aconsejó tratamiento kinesiológico y masoterapia por al menos 20 sesiones al año para mitigar las dolencias. Aclaró asimismo que la secuela no dificulta la deglución, aunque sí la masticación de determinados alimentos sólidos y de consistencia dura.

La impugnación al referido informe (presentación de fs.106/7), cuyo contenido se replica en los agravios que aquí analizo, no le quitan eficacia probatoria. La respuesta del perito a fs.

113/4 tanto al ratificar el diagnóstico y conclusiones arribadas, cuanto al descartar que las secuelas traumáticas halladas pudieran relacionarse con la asimetría congénita mandibular hallada en el actor a partir del estudio de RSM (ver fs. 114, primer párrafo), resultan categóricas en el punto que se cuestiona. No esta demás destacar que el escrito de fs. 106/7, no fue avalado por la Dra. Borelli a quien dijeron haber consultado por asesoramiento, sino solo por el letrado patrocinante del demandado, a quien no cabe suponer dotado de los conocimientos específicos sobre los que se explaya. Cabe agregar también que la consultora técnica no asistió a las entrevistas ( ver fs. 77 del informe pericial). Pero además, las consideraciones efectuadas para fundamentar sus disensos no bastan, a mi juicio, para descalificar la labor pericial a la que habré de atenerme en tanto no se ha demostrado que adolezca de errores e imprecisiones que aconsejen su apartamiento del presente análisis.

Puesta ahora a examinar el quantum indemnizatorio impugnado, diré que tampoco lo encuentro elevado como lo juzga esta parte. A criterio de esta sala el resarcimiento debido a título de incapacidad sobreviniente exige ponderar las secuelas en tanto representen indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima, o sea en cuanto impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual, por lo demás, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales de aquélla.

Como se sostuvo en el antecedente expte. nº 1.795/2014 -entre otros- para cuantificar este rubro, debe buscarse alcanzar una suma que represente la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables como consecuencia del accidente.A ese fin, esta sala acude desde hace tiempo como pauta orientativa a criterios matemáticos para su determinación, si bien tomando los valores que arrojan esos cálculos finales como indicativos, sin resignar las facultades que asisten al órgano judicial para de adecuarlos a las circunstancias y condiciones personales del damnificado, de modo de arribar a una solución que concilie lo mejor posible los intereses en juego. Criterios semejantes, aunque resistidos por muchos, distan de ser novedosos (cfr. Iribarne, Héctor en “Derecho de Daños”, primera parte, Directores Trigo Represas, Stiglitz, Ed. La Roca, Bs. As, 1996, pág. 191 y sgtes.).

A ese fin hemos descartado por ejemplo el temperamento de multiplicar los ingresos de la víctima por el número de años a computar, con sustento en que ese cálculo soslayaría que sumar directamente cada uno de los importes -aún parcialmente- que se devengarían como salarios, importa ignorar que el fijarse la indemnización en una prestación única y actual y a ser satisfecha íntegramente antes de la finalización del período a computar, tal procedimiento conducirá a un enriquecimiento ilegítimo en beneficio de la víctima que lesiona el principio sentado en el art. 1083 del C. Civil (Fallos 322:2589 ; esta sala, expte. 54613/99 del 14/06/97, entre otros; en el mismo sentido,. Iribarne, op. y loc. cit., quien califica al temperamento descripto como irrazonable; González Zavala, Rodolfo M., “¿Cuánto por incapacidad?”, AR/DOC/591/2016). Como señala Posner (“Análisis económico del derecho”, -traducción Eduardo L. Suárez- Fondo de Cultura Económica, México, 1998; pág 184 y sgtes.) el temperamento desechado compensaría en exceso a la víctima, porque al término del período por el que corresponde computar la incapacidad habría recibido no sólo la suma de los pagos periódicos para compensarla sino también intereses sobre esa suma que no habría recibido el el pago se hubiese hecho en forma periódica y no en una entrega única al principio.Por ello la suma única debe ser igual al precio que la víctima hubiera tenido que pagar para comprar una perpetuidad calculada para rendir el pago periódico durante la duración esperada de la incapacidad y no más. Éste es el valor presente de la pérdida futura.

Del mismo modo hemos descartado como procedimiento de cuantificación el cómputo de un valor por punto de incapacidad, pues de esa manera se desatienden las circunstancias personales de la víctima -edad, estudios, capacitación profesional, etc.- que sumadas al grado de incapacidad, habrán de determinar la concreta existencia de secuelas y su incidencia tanto en el ámbito de su capacidad productiva como el que corresponde al desenvolvimiento familiar, social, etc. (ver, por ejemplo, expte. 41.090/2009 del 7 de mayo de 2015; 112.748/2006 del 24 de abril de 2012; 60.440/2008 del 11 de julio de 2003, entre muchos otros).

Como sostiene con acierto Zavala de González (“Personalidad del Daño”, publicado en “Tratado jurisprudencial y doctrinario, Responsabilidad Civil, Cuantificación del daño”, -Roberto A.

Vázquez Ferreyra Director, T. II, la Ley, volumen 10, Bs. As. 2011, pág. 1195 y sgtes.) la determinación del daño impone evaluar las circunstancias personales de la víctima, cuáles eran sus concretas condiciones precedentes al hecho daños o, el grado de desarrollo de sus dones o habilidades, sus efectivas actividades, los requerimientos familiares, etc. De lo contrario sólo podrá tenerse por probado una suerte de incapacidad existencial genérica que por lógica prescindirá de esas condiciones personales de la víctima. También hemos resuelto que debían ponderarse los ingresos que la víctima obtenía y que frente a la ausencia de una prueba concreta acerca de su monto, se considera útil tomar como pauta de referencia los valores que compone el salario mínimo vital y móvil (expte.55.244/2011 del 2 de julio de 2015, 101.411/2010 del 2 de junio del 2015, entre otros).

Este temperamento resulta compatible con las directrices sobre las que se asienta la nueva normativa en la materia (arts. 1745, 1746) a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se orientan en tal sentido, ya que introducen en realidad una fórmula de matemática financiera (Alterini, Jorge Horacio, “Código Civil y Comercial., t. VIII, pág. 278 y sgtes., Ed. La Ley). En razón de ello esta Sala viene considerando desde hace ya más de un año que parece útil -en sintonía con esos nuevos postulados- explicitar las bases objetivas y variables en juego que se toman en cuenta para arribar a los montos indemnizatorios. Ello aún cuando esa nueva normativa no sea – reitero- aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 7 del mencionado código; ello pues explicitar el temperamento para su determinación sin duda contribuye a la transparencia en la medida en que obliga al magistrado a exponer y permite a las partes controlar el desarrollo que precede a la determinación en concreto de la indemnización, ya que al expresar cada una de las variables a tener en cuenta- ingresos, tasa de descuento, período de la vida a computar- “obliga a expresar de un modo transparente (y por exigencias generales de fundamentación, justificado) qué valor se entiende acreditado o aplicable al caso (Garrido Cordobea, Borda, Alferillo, en “Código Civil y Comercial.”, t. 2, pág. 1072 y sgtes.; Ed. Astrea, Buenos Aires, 2015).

Y por esas razones, para la determinación de la indemnización computamos la edad de la víctima a la fecha del hecho dañoso, sus ingresos mensuales, el período a computar que estaría dado en el caso por la expectativa de vida útil -75 años- (ver en este sentido Salas, Acdeel Ernesto, “Evaluación del daño causado a la persona”, publicado en J.A. 1955,-IV, pág.15 y sgtes.) y una tasa pura de descuento (cfr. Iribarne, op. y loc. cit.) destinada a traducir en los valores a fijarse la circunstancia que antes se mencionó relativa a que la indemnización se fija en una prestación única y actual. Usamos para eso una tasa de descuento equivalente al 5%. El método de cálculo básico se encuentra claramente explicitado en diversas obras jurídicas que se ocupan del tema (ver entre otros Rivera-Medina, “Código Civil y Comercial de la Nación.” t. IV, pág. 1088 y sgte., Ed. La Ley).

En esas condiciones, ponderaré que Carlos Cristian Sumbaya Bustillos a la fecha del suceso contaba con 36 años de edad, soltero, vive con su madre y tres hermanas, y tendría nivel terciario completo (técnico en comercio exterior, según el informe psicológico a fs. 98) . En cuanto a su desempeño laboral, declaró en el beneficio de litigar sin gastos que no tenía trabajo fijo, realizando changas diversas, extremo también referido por los testigos de fs. 7 y 8 del citado incidente. Con posterioridad, según transcribió la perito psicóloga, el actro se estaría desempeñando como chofer de remise (fs. 98).

No se ha acreditado a cuánto ascenderían sus ingresos, ni por ende ninguna merma específica en aquellos que reconozca su causa en el accidente. Mas lo cierto es que ello no autoriza a descartar que realizaba algún tipo de tarea remunerada, según se acreditó -como vimos recién- con las testificales del beneficio de litigar sin gastos. En este sentido y como viene haciéndolo esta Sala, se tomará a modo referencial el valor del salario mínimo vital y móvil para la época de la sentencia de primera instancia que ascendía a $ 6.810.Tampoco es posible -como lo pretende el demandado en sus agravios- restarle importancia a la secuela hallada en el actor por el hecho de que no traduzca directamente una disminución en los ingresos del lesionado, ya que – como hemos dicho reiteradamente- esta indemnización no solo compensa los posibles detrimentos de índole laboral sino también aquellos que afectan otros órdenes de la vida del damnificado, tales como el social, el recreativo, el familiar, etc.

En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo dicho, a la luz de los parámetros recién reseñados, la suma estimada por la magistrada no resulta en modo alguno elevada, razón por la cual estimo adecuado confirmarla.

V. El monto vinculado a los gastos de asistencia médica, farmacia y traslados deberá reducirse como lo propone la demandada a fin de que guarde relación con las lesiones padecidas.

Tengo en cuenta para ello que el actor no describió siquiera brevemente en la demanda (fs. 12/6) de qué se compondría este reclamo, por lo que poca relevancia daré a la apreciación del perito a fs. 77 (respuesta al punto 10 de la demandada) . A ello, debe sumarse que se atendió en hospitales públicos, lo que -si bien no libera al damnificado de variados gastos- no puede dejar de ser tenido en cuenta, sobretodo si se pondera que la lesión no tuvo una envergadura tal que haga presumir erogaciones mayores. Por lo dicho, soy de opinión que deberá reducirse a $ 1.000 el monto de este rubro.

VI. Respecto al reclamo por lucro cesante, ningún argumento de peso aporta la parte actora para rebatir lo sólidos fundamentos en los que se basó la juez para decidir el punto, fundamentalmente atendiendo a la falta de prueba de su parte para acreditar la pérdida de ganancias, extremo necesario para que prospere el reclamo. A lo que sumo por mi parte, la total ausencia de referencias en la propia demanda que describa siquiera las razones en que fundaría su reclamo. En razón de ello, propongo declarar desierto en los términos del art.265 del C.Procesal este punto de los agravios.

VII. En cuanto al daño moral, a juicio de esta Sala dicha indemnización posee carácter resarcitorio (exptes.98333/02 del 22/11/06; 76.806/03 del 7/11/06; 85.555/02 del 31/08/06, etc), y busca, en definitiva, contribuir a compensar la conmoción intima que el padecimiento genera mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga (exptes. 54.086/99 del 5/12/06, 56.102/03 del 12/9/06).

Por ello, sin desconocer que el “quantum” de esta indemnización, más que cualquier otro queda librado a la discrecionalidad del órgano judicial, ya que no existen parámetros que permitan fijarlo con absoluta certeza (exptes. 80.624, 80.903, 88.259, etc), habida cuenta las características del accidente, la entidad de las lesiones en el rostro del actor y la secuela resultante, los dolores causados y la incertidumbre acerca de la recuperación definitiva, unido todo ello a los padecimientos que puso causarle en su fuero íntimo el hecho de verse expuesto a un episodio de esta naturaleza, considero que la suma de $ 20.000 fijada en la instancia de grado resulta reducida como lo destaca la parte actora, razón por la cual propongo que sea elevada a la de $ 40.000.

VIII. Las costas de primera instancia deben mantenerse como fueron impuestas, pese a la queja de la demandada en este sentido. La preservación de la integridad del resarcimiento y la ausencia de allanamiento a satisfacer la pretensión en la medida que progresó, impiden prescindir del principio objetivo de la derrota (art.

68, Cód. Procesal), aun cuando esa medida haya sido inferior a la reclamada (exptes. 67.154, 67.388, etc.). Las de alzada, se imponen en el orden causado (art. 71 del Código Procesal ).

IX. Por todo lo expuesto soy de opinión que deberá 1°) Modificar la sentencia de fs. 180/91 elevando la indemnización a favor de Carlos Cristian Sumbaya Bustillos a la suma de $ 81.000.2°) Imponer las costas de alzada en el orden causado.

Por razones análogas, las Dras. UBIEDO y GUISADO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.

MARÍA LAURA RAGONI

SECRETARIA

Buenos Aires, 16 de mayo de 2017

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1°) Modificar la sentencia de fs. 180/91, elevando la indemnización a favor de Carlos Cristian Sumbaya Bustillos a la suma de $ 81.000. 2°)Imponer las costas de alzada en el orden causado.

En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.180/191.

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, regúlanse en conjunto los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora Dres. Susana Rosa Ourfali y Lazar Lisandro Hamra en la suma de ($.).

Asimismo, regúlanse los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada Dra. Andrea Constanza Capici en la suma de ($.).

Considerando los trabajos efectuados por los expertos, su incidencia en el resultado del proceso, el art.478 del Código Procesal y las pautas de la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria en lo pertinente, regúlanse los honorarios de los peritos, médico Rubén Horacio Torrisi y psicólogo Emiliano Verona, en la suma de ($.) para cada uno de ellos.

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlanse los honorarios de la Dra. Susana Rosa Ourfali en la suma de ($.) y los de la Dra. Andrea Constanza Capici en la suma de ($.).

Regístrese y notifíquese.

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO CARMEN N. UBIEDO