El juez del domicilio real del accionado es competente para tramitar la ejecución de una letra hipotecaria librada en el marco de una operación de consumo

Partes: Banco Hipotecario S.A. c/ Leotta Insúa Maximiliano s/ ejecución hipotecaria

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 30-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104912-AR | MJJ104912 | MJJ104912

El juez del domicilio real del accionado es competente para tramitar la ejecución de una letra hipotecaria librada en el marco de una operación de consumo.

Sumario:

 

1.-La vinculación de las partes configura una relación de consumo, en los términos del art. 3º de la ley de defensa del consumidor y el art. 1092 del CCivCom., cuando quien ejecuta el crédito es una persona jurídica abocada al servicio de financiaciones de consumo y quien resulta demandado es un usuario financiero de aquella entidad que suscribió un contrato de mutuo con garantía hipotecaria con creación y emisión de letra hipotecaria escritural como destinatario final, todo lo cual impone la aplicación de todo el bagaje normativo que comprende a la protección jurídica de los consumidores y usuarios.

2.-Habida cuenta lo dispuesto por el art. 36 de la Ley 24.240, del cual se desprende que el juez que deberá conocer en los procesos iniciados contra un consumidor, que se basan en una deuda de consumo , es el del domicilio real del consumidor, en concordancia con lo prescripto por el art. 73 del CCivCom., que determina que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual, debe concluirse que el magistrado de primera instancia resulta incompetente respecto del accionado, toda vez que el domicilio real de éste al momento de suscribir la mentada letra hipotecaria y entablarse la demanda, se encontraba en la Provincia de Buenos Aires. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Excma. Cámara:

1.El juez de primera instancia declaró su incompetencia para entender en las presentes actuaciones en virtud de la doctrina legal sentada en el plenario autoconvocado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial del 29 de Junio de 2011 (fs. 45/47).

Argumentó que el objeto perseguido en autos deriva de una operación de crédito para consumoalcanzado por las previsiones del artículo 36 de la ley 24.240. Sostuvo que, en la medida que se trata de una regla de orden público, y encontrándose el domicilio real del demandado en extraña jurisdicción (Localidad de Berisso, Provincia de Buenos Aires), el presente reclamo debió promoverse ante el juez del domicilio real del mismo.

2. Tal decisorio fue apelado por la entidad accionante a fs. 52, fundando memorial en pieza que luce obrante a fs. 54/57.

Se agravió el ejecutantepor cuanto el juez de grado declaró su incompetencia de oficio, estando la misma vedada por el artículo 4 del código procesal que establece quetratándose de una cuestión exclusivamente patrimonial, no resulta procedente la declaración de incompetencia de oficio fundada en razón del territorio.

Alegó que el sentenciante al declararse incompetente omitió considerar que la competencia del tribunal a quo se ha invocado en razón de lo pactado en la cláusula V del mutuo hipotecario, donde las partes acordaron prorrogar la competencia en los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal.

Se agravió también por cuanto considera el juez ha hecho un análisis errado para concluir que la ley de defensa del consumidor es de orden público y cito doctrina que avala su postura.

Finalmente, esgrimió que no puede interpretarse la prevalencia de la ley de defensa del consumidor de manera tal que toda cuestión vinculada al contrato de mutuo hipotecario deba ser ventilada por ante los tribunales del domicilio del deudor.

3. Corresponde en consecuencia, expedirme sobre la vista conferida a fs.62, en ocasión del remedio procesal impetrado por el accionante, adelantando miconformidadcon la resolución en crisis.

La competencia como bien señala Palacio, comprende todos los poderes inherentes a la función judicial, se refieran ellos a la cognición o a la ejecución (Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en los Civil y Comercial Pcia. de Bs. As. y de la Nación, Librería Editora Platense SRL, II-A, 1994, pág. 9).

Ante tal circunstancia, el Código adjetivo es quien resulta encargado de legislar las reglas sobre la competencia de los órganos judiciales.

Al respecto, el artículo 5 inc. 3 del CPCCN determina que: “La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. (.) será juez competente: 3) Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación”.

No obstante lo expuesto, el art. 36 de la ley 24.240 dispone que en aquellos litigios relativos a contratos de financiación o crédito para el consumo que sean iniciados por el proveedor o prestados, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

Como se observa, la ley de defensa del consumidor ha intervenido en las reglas sobre competencia en razón del territorio que establecen los códigos rituales.

Por ello, lo que debe analizarse es si la ley de defensa del consumidor resulta de aplicación al supuesto debatido en autos.

Puede advertirse que la vinculación de las partes del presente proceso configura una relación de consumo (de conformidad con lo dispuesto por el art. 3 de la ley de defensa del consumidor y el art.1092 del CCCN), toda vez que quien ejecuta es una persona jurídica abocada al servicio de financiaciones de consumo, y quien resulta demandado es un usuario financiero de aquella entidad que suscribió un contrato de mutuo con garantía hipotecaria con creación y emisión de letra hipotecaria escritural como destinatario final.

La afirmación expuesta en el párrafo que antecede, impone la aplicación de todo el bagaje normativo que comprende a la protección jurídica de los consumidores y usuarios.

En este sentido, adquiere total relevancia lo regulado por el art. 36 de la ley 24.240, pues de dicho precepto se desprende que el juez que deberá conocer en los procesos iniciados contra un consumidor, que se basen en una “deuda de consumo”, es el del domicilio real del consumidor. A su vez, el art. 73 del CCCN determina que, “la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual”.

En consecuencia, en el caso particular de autos el magistrado de primera instancia resulta incompetente respecto del accionado, toda vez que el domicilio real de aquel al momento de suscribir la mentada letra hipotecaria y entablarse la demanda, se encontraba en Berisso, Provincia de Buenos Aires.

4. Reserva de caso federal. Para el caso de que se dicte una sentencia que afecte el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción y defensa en juicio del consumidor,formulo reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía extraordinaria, planteando la cuestión federal.

5. Por todo lo antedicho, esta Fiscalía considera que deberárechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmarse la resolución atacada, en los términos expuestos.

Dejo así contestada la vista conferida.

Buenos Aires, 16 febrero de 2017.

23.

Fdo. Gabriela F. Boquin.

Fiscal General.