Para que proceda la acción revocatoria concursal no interesa si el fallido sufrió o no un perjuicio, sino si ese perjuicio se produjo a sus acreedores

Partes: Avellaneda Eduardo Néstor c/ O’ Farrel Jorge s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 2-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104539-AR | MJJ104539 | MJJ104539

Para que proceda la acción revocatoria concursal no interesa si el fallido sufrió o no un perjuicio, sino si ese perjuicio se produjo a sus acreedores.

Sumario:

 

1.-Lo que interesa, respecto de la acción revocatoria concursal, no es si el fallido en sí sufrió o no un perjuicio, sino si ese perjuicio se produjo a sus acreedores, como se infiere del mismo título de la sección III continente de las normas aquí aplicables, denominado por el legislador Período de sospecha y efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores , de lo cual se deriva que, aun cuando el contratante del deudor hubiera pagado a éste un precio suficiente por el bien adquirido, ese perjuicio -el que aquí interesa- podría considerarse igualmente configurado si, a la hora de la quiebra, los fondos respectivos no se encuentran en el haber del fallido y tampoco lo está el bien vendido, salido del patrimonio de este último para ingresar en el de quien, conociendo su insolvencia, contrató igual con él, sin importarle el potencial perjuicio que habrían de sufrir los acreedores de ese insolvente.

2.-Quien se encuentra insolvente debe ser tratado como un administrador de bienes ajenos, pues nada de lo que tiene es verdaderamente suyo: todo eso que tiene, lo debe, postulado del que se deriva que quien contrata con él sabiéndolo en ese estado, no puede comportarse soslayando el verdadero interés que debe ser cuidado.

3.-Tampoco debería obstar a la procedencia de la acción revocatoria concursal el hecho de que los fondos respectivos se hayan destinado al pago de algunos pretensos créditos pre-concursales, pues, además de que la verdadera existencia y entidad de esos créditos se ignoran -por no haber sido verificados-, lo cierto es que los pagos de esa índole siempre se hacen a expensas de los acreedores concurrentes a la quiebra, pues, al mismo tiempo que éstos son privados de la garantía patrimonial que representaba el activo sustraído, tal activo es destinado a desinteresar sólo a algunos de esos pretensos acreedores del fallido, con violación del principio de igualdad concursal.

4.-Respecto de la íntima vinculación del principio de igualdad concursal -fundado en la justicia distributiva- y el sistema de inoponibilidad concursal, la igualdad es el principio cardinal que está en la raíz misma del derecho falencial: es la justicia distributiva que lo explica y la que justifica, en última instancia, la acción revocatoria concursal, y ello no puede sino ser compartido, dado que, en el período de sospecha es donde se presenta ese estado de insolvencia que hace necesario que los bienes se hagan comunes y las relaciones conmutativas cedan paso a las relaciones de tipo distributivo.

5.-La declaración de ineficacia de los actos que han violado el criterio de la igualdad concursal se impone, por ende, a fin de que pueda tener vigencia esa igualdad que exige la del referido criterio de reparto: los actos que contrarían estos principios son ineficaces respecto de los acreedores, porque la situación fáctica reseñada exige que las cosas se miren ya distributivamente para poder salvar allí la igualdad propia de este concepto de justicia.

6.-A los efectos de la procedencia de la acción revocatoria concursal, el perjuicio a los acreedores – en tanto presupuesto esencial del sistema de inoponibilidad concursal- debe ser visto como la disminución o menoscabo de la garantía patrimonial del deudor a consecuencia, entre otras, de la vulneración del principio de la par conditio omnium creditorum. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 2 dos días del mes de mayo de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “Avellaneda Eduardo Nestor c/ O’Farrell Jorge s/ordinario” (Expediente N° 21920/1997/CA2), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9) y Eduardo R. Machin (7).

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 2047/55?

La señora juez Julia Villanueva dice:

I.La sentencia apelada.

La sentencia dictada a fs. 2047/55 rechazó la acción revocatoria concursal interpuesta por el síndico designado en la quiebra de Eduardo Néstor Avellaneda en contra de Jorge Eduardo O’Farrell a fin de obtener la ineficacia de la venta de cierto inmueble realizada por el fallido a este último.

Para así decidir, la Sra. magistrada de grado sostuvo que el Sr. O’Farrell había intervenido en el trámite vinculado con la determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos, de lo cual derivó que existía cosa juzgada a su respecto que impedía la procedencia de las defensas vinculadas con ese aspecto.

No obstante, rechazó la acción por considerar que la operación cuestionada no había causado a la quiebra ningún perjuicio.

Fundó esta última aseveración en el hecho de que el precio convenido había sido pagado y en que, por las razones que explicó, ese precio de U$S 430.000 no podía considerarse vil, máxime cuando, según surgía de la escritura obrante a fs.122/26, el inmueble vendido había sido previamente adquirido por el quebrado por la suma de U$S 250.000.

Tras abundar en otras razones que la llevaron a ratificar esa apreciación, la sentenciante tuvo por cierta la aludida inexistencia de perjuicio, ponderando que el mismo funcionario concursal había admitido que el producto de esa enajenación había sido destinado al pago de obligaciones anteriores a la quiebra y que los fondos habían efectivamente ingresado a las arcas de ese deudor.

Sobre esa base juzgó innecesario evaluar si el adquirente había o no tenido conocimiento del estado de cesación de pagos que pesaba sobre el vendedor.

Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, expresó que, a estos efectos, no bastaba con el mero conocimiento de las dificultades económicas del fallido, sino que debía probarse en forma positiva, rigurosa y convincente que su contratante había tenido tal conocimiento.

Consideró que esa prueba no había sido rendida en autos, dado que dicho conocimiento no podía inferirse del hecho de que el hijo del adquirente hubiera tenido acciones en la sociedad Transbolsa S.A., también integrada por los señores Avellaneda y Pelliza. Ponderó las declaraciones testimoniales producidas en el expediente, de las que, según adujo, se infería que el hijo del adquirente -también llamado Jorge O’Farrell- no había tenido adecuado conocimiento de las finanzas de esa sociedad y, en cambio, había tenido una escasa participación en ella, que impedía presumir que él hubiera conocido el estado de insolvencia del fallido y que hubiera transmitido tal conocimiento a su progenitor.

II.El recurso.

La sentencia fue apelada por el síndico, quien expresó agravios a fs. 2161/65, los que fueron contestados por el codemandado O’Farrell a fs.2169/85.

El apelante sostiene que la sentencia debe ser revocada y que debe hacerse lugar a la demanda.

Expresa que, contrariamente a lo expresado en el decisorio, el acto atacado sí causó perjuicio a la masa de acreedores, toda vez que, según sostiene, el pago del precio referido jamás fue efectuado.

Así lo afirma toda vez que, según su entender, la Sra. Juez no ponderó las pruebas que dan cuenta de que no fue acreditado que el Sr. O’Farrell hubiera recibido los Bonex que, según había alegado, le habían sido transferidos desde la República Oriental del Uruguay a estos efectos.

De esto deduce que mal puede tenerse por acreditado que en la República Argentina se pagaron los aludidos U$S 430.000 si los bonos externos que habrían sido utilizados para ello jamás salieron de aquel otro país.

Se queja, asimismo, de los argumentos que llevaron al a quo a sostener que el Sr. O’Farrell no conocía el estado de cesación de pagos del fallido.

Sostiene que la conclusión contraria se impone, dado que el nombrado no podía ignorar ese estado si se atiende a que su hijo integraba una sociedad junto al fallido y al Sr. Pelliza, y a que estos últimos se desprendieron de una serie de inmuebles a favor de ese mismo demandado.

III.La solución.

1.Como surge de la reseña que antecede, se promovió en autos acción revocatoria concursal en los términos del art. 119 LCQ a efectos de obtener que se declarara ineficaz la venta de cierto inmueble que el fallido Eduardo Néstor Avellaneda había celebrado con el codemandado Jorge Eduardo O’Farrell.

La acción fue rechazada por los argumentos que acabo de resumir, lo cual dio lugar al recurso del que paso a ocuparme.

2.A mi juicio, ese recurso debe ser rechazado.

Así lo juzgo por los fundamentos vertidos en el dictamen de la señora Fiscal General que obra a fs.2210/18, que en lo sustancial comparto y a los que, en honor a la brevedad, me remito.

Sin perjuicio de ello, señalo que, según mi ver, el recurso se encuentra desierto en los términos del art. 265 del Código Procesal.

En lo que respecta al agravio vinculado con el perjuicio que la sentenciante tuvo por no acreditado, hago notar que el argumento principal que la sentencia expuso sobre este punto, consistió en que de la escritura pública otorgada a efectos de instrumentar la referida compra surgía que la suma allí referida había sido abonada en efectivo por ante la notaria que dio fe del acto.

Se expresó allí, además, que esa escritura gozaba de la fideidatio propia de la actuación notarial, lo cual permitía otorgar plena eficacia probatoria a lo que así había sido asentado.

Ese argumento no fue siquiera rozado en la expresión de agravios en la que el apelante, en cambio, pretendió que el pago no se había efectuado porque no había sido probada la transferencia que, según el Sr. O’Farrell, había servido de antecedente a ese pago.

Dos razones fundamentales y dirimentes me llevan a concluir que tal postulación carece de eficacia para revertir lo decidido.

La primera se vincula con lo ya dicho, esto es, que el pago se tuvo por acreditado del modo que se expuso en la sentencia sin que esto fuera cuestionado.

Yla segunda concierne a la circunstancia de que, tal como se señala en el dictamen que ya he referenciado, el síndico fundó su acción en que el precio pagado había sido un precio vil, dando por cierta la efectiva existencia de tal pago.

Mal puede, entonces, cuestionar este aspecto ahora, máxime cuando, como también allí se señaló, esta no es una acción de simulación sino una acción revocatoria concursal.

En tales condiciones, y siendo que tampoco han sido cuestionados -ni siquiera mínimamente- los argumentos que llevaron a la Sra.Magistrada a concluir que el precio no había sido vil, forzoso es concluir que el actor no ha probado los presupuestos de hecho de la acción que entabló.

3.No ignoro que, a los efectos de juzgar la configuración del perjuicio que analizo, es dudoso que el juez deba acotarse a examinar si fueron o no equivalentes las prestaciones que recíprocamente se reconocieron las partes al celebrar una operación de esta índole.

Así lo juzgo, pues lo que aquí interesa, no es si el fallido en sí sufrió o no un perjuicio, sino si ese perjuicio se produjo a sus acreedores, como se infiere del mismo título de la sección III continente de las normas aquí aplicables, denominado por el legislador “Período de sospecha y efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores”.

De esto se deriva que, aun cuando el contratante del deudor hubiera pagado a éste un precio suficiente por el bien adquirido, ese perjuicio -el que aquí interesa- podría considerarse igualmente configurado si, a la hora de la quiebra, los fondos respectivos no se encuentran en el haber del fallido y tampoco lo está el bien vendido, salido del patrimonio de este último para ingresar en el de quien, conociendo su insolvencia, contrató igual con él, sin importarle el potencial perjuicio que habrían de sufrir los acreedores de ese insolvente.

Quien se encuentra insolvente debe ser tratado, como diría Yadarola, como un administrador de bienes ajenos, pues nada de lo que tiene es verdaderamente suyo:todo eso que tiene, lo debe, postulado del que se deriva que quien contrata con él sabiéndolo en ese estado, no puede comportarse soslayando el verdadero interés que debe ser cuidado.

4.Tampoco debería obstar a la procedencia de la acción de marras el hecho de que, en estos casos, los fondos respectivos se hayan destinado al pago de algunos pretensos créditos pre-concursales.

Pues, además de que la verdadera existencia y entidad de esos créditos se ignoran -por no haber sido verificados-, lo cierto es que los pagos de esa índole siempre se hacen a expensas de los acreedores concurrentes a la quiebra, pues, al mismo tiempo que éstos son privados de la garantía patrimonial que representaba el activo sustraído, tal activo es destinado a desinteresar sólo a algunos de esos pretensos acreedores del fallido, con violación del principio de igualdad concursal.

Respecto de la íntima vinculación de tal principio -fundado en la justicia distributiva- y el sistema de inoponibilidad concursal, ha sido dicho que la igualdad es el principio cardinal que está en la raíz misma del derecho falencial: es la justicia distributiva que lo explica y la que justifica, en última instancia, la acción revocatoria concursal (ver Grillo Horacio Augusto, “Período de So specha en la Ley de Concursos”, pág. 100 y sig., ed Astrea, año 1988 y sus citas).

Tal posición no puede sino ser compartida, dado que, como el mismo autor recién citado señala, en el período de sospecha es donde se presenta ese estado de insolvencia que hace necesario “que los bienes se hagan comunes” y las relaciones conmutativas cedan paso a las relaciones de tipo distributivo.

La declaración de ineficacia de los actos que han violado tal criterio se impone, por ende, a fin de que pueda tener vigencia esa igualdad que exige la del referido criterio de reparto:los actos que contrarían estos principios son ineficaces respecto de los acreedores, porque la situación fáctica reseñada exige que las cosas se miren ya “distributivamente” para poder salvar allí la igualdad propia de este concepto de justicia (ver autor citado).

Por eso es que, a los efectos que aquí interesan, el perjuicio a los acreedores – en tanto presupuesto esencial del sistema de inoponibilidad concursal- debe ser visto como la disminución o menoscabo de la garantía patrimonial del deudor a consecuencia, entre otras, de la vulneración del principio de la par conditio omnium creditorum, tal como podría haber ocurrido en el caso.

5.No obstante, he vertido aquí esa argumentación al solo efecto de delimitar con qué alcances comparto la conclusión a la que se arribó en la sentencia, dejando aclarado que, según mi ver, puede ocurrir en ciertos casos que la equivalencia entre contraprestaciones que ponderó la a quo no sea suficiente para descartar el perjuicio que es presupuesto de esta acción.

Pero, si -como dije- esto podría ocurrir en algún supuesto, ello no sucede en el que aquí me ocupa, dado que, con prescindencia de cualquier otra consideración, la aludida argumentación tampoco fue traída a conocimiento de la Sala por el síndico, lo cual veda a estos jueces la posibilidad de ingresar oficiosamente en tal aspecto, máxime cuando la falta de crítica eficaz a la sentencia exige considerar que ésta ha quedado firme en el aspecto que considero.

6.Igual suerte adversa debe seguir la queja vinculada al conocimiento del estado de cesación de pagos que el recurrente atribuye al codemandado O’Farrell.

Hago notar, en tal sentido, que ese agravio carece de toda entidad.

El síndico pretende que el nombrado “no pudo ignorar la insolvencia” por el sólo hecho de que era padre de quien, a su vez, tenía acciones en la misma sociedad del fallido.

No hay un solo argumento adicional al expuesto, dado que la referencia vinculada a que el demandado habría adquirido otros bienes no fue acompañada de ningunacontextualización seria a estos efectos.

Como es obvio, esa pretensa imposibilidad de ignorar la insolvencia de una persona no puede derivarse de ese único elemento traído a consideración de la Sala por el apelante.

Así se concluye, con mayor razón si se atiende a que, lo que el síndico debía probar, no era la insolvencia de esa sociedad que integraba el hijo del demandado, sino la insolvencia de uno de sus socios, aspecto acerca del cual, reitero, no existe ninguna prueba, si quiera indiciaria, o indirecta.

7.Por las razones expuestas habré de proponer a mi distinguido colega el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia.

No soslayo que, al contestar la expresión de agravios, el codemandado O’Farrell solicitó que este Tribunal modificara la sentencia en cuanto en ella la Sra. Magistrada había tenido por cierto que la fecha inicial del estado de cesación de pagos había sido fijada en términos tales que existía cosa juzgada oponible al nombrado.

No obstante, la cuestión es abstracta, toda vez que, a efectos de decidir del modo en que he propuesto, no es necesario ingresar en tal aspecto.

IV.La conclusión.

Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo declarar desierto el recurso articulado y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas al vencido (art. 68 del Código Procesal).

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Eduardo R. Machin, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva, Eduardo R. Machin. Ante mí: Manuel R. Trueba. Es copia de su original que corre a fs. 183/6 del libro de acuerdos N° 58 Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Manuel R. Trueba Prosecretario de Cámara

Buenos Aires, 2 de mayo de 2017.

YVISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve declarar desierto el recurso articulado y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas al vencido (art. 68 del Código Procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Julia Villanueva

Eduardo R. Machin

Manuel R. Trueba – Prosecretario de Cámara