Procedencia de la convocatoria judicial a asamblea de accionistas cuando el ente se encuentra en situación de acefalía

Partes: Granata Domingo c/ Francisco Granata y Cia. S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 2-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104525-AR | MJJ104525 | MJJ104525
Procedencia de la convocatoria judicial a asamblea de accionistas cuando el ente se encuentra en situación de acefalía.

Sumario:

1.-Debe partirse de la premisa que la actuación judicial que incumbe frente a un pedido como el de la especie, no puede ir más allá de su finalidad, cual es, suplir la inactividad -culposa o no- de los administradores (arg. art. 236 LSC).

2.-A los fines de la procedencia del procedimiento previsto por el artículo 236 de la ley 19550, bastará entonces la acreditación por el accionista de su condición de tal, que su tenencia es representativa del 5% del capital social (o el porcentaje que fijare el estatuto), que ha formulado en tiempo y forma el requerimiento de convocatoria al directorio y/o al síndico, y que ha transcurrido el plazo de 40 días fijado por el ordenamiento en la materia (si es que no se verifican circunstancias especiales que autorizaren a prescindir de tal extremo). Con la comprobación de tales recaudos, el juez debe automáticamente disponer la realización del acto.

3.-Como línea de principio, resulta improcedente dar traslado a la sociedad del pedido del accionista de convocatoria a una asamblea, ya que la LGS es imperativa en torno de la obligación de la convocatoria si ésta es formulada por un legitimado al efecto. A su vez, conviene resaltar que tampoco cabe formular un examen sobre el grado de conveniencia para la sociedad de la asamblea cuya convocatoria se pide, ni la procedencia de los temas que constituirán el orden del día -salvedad que debe hacerse cuando se infrinja el art. 279 del CCivCom.-.

4.-Verificado el cumplimiento de los requisitos inherentes a la legitimación del peticionante en función de su condición accionaria, la cuestión se ciñe a determinar si se encuentra acreditada la negativa por parte del órgano de administración para la convocatoria a asamblea en los términos expuestos en el escrito liminar y si se han agotado a su respecto, los recursos sociales.

5.-El propósito de la ley 19550, al autorizar el pedido de convocatoria a asamblea por el accionista ( art. 236 de la Ley 19.550 ), ha sido prestar apoyo judicial al derecho del accionista a reunirse en asamblea, cuando su ejercicio haya sido vulnerado o desconocido por los administradores. Tal finalidad, se vería frustrada si se exigiera a su respecto una prueba acabada o contundente del hecho negativo que constituye el presupuesto habilitante de la acción -vgr. la falta de atención a la petición de convocatoria-

6.-Cobra relevancia a los fines de ordenar judicialmente la convocatoria judicial a la asamblea solicitada, la convicción judicial formada por medios indiciarios o presuncionales, a partir de la reconstrucción de los hechos generada indistintamente con los documentos arrimados (que patentizan el proceder seguido en la faz interna de la sociedad) y la manifestación del promotor respecto de la situación de acefalía en que se encuentra el ente; situación esta última que, lógicamente, se deduce a partir de la edad que tendrían los integrantes del Directorio designado en el año 1980 (tres de los cuales habrían fallecido) y la falta de aceptación del cargo de quienes fueran designados en la asamblea celebrada posteriormente, lo cual resulta un indicador del que se deriva con meridiana claridad la razón del pedido. Tal panorama, entonces, es propiciatorio de una efectiva tutela judicial del derecho que asiste al promotor como accionista en los términos del art. 236 de la Ley 19.550. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 2 de mayo de 2017.

Y Vistos:

1. Viene apelada por el promotor la resolución de fs. 150/151 que rechazó el pedido de convocatoria judicial de asamblea.

La Sra. Juez a quo no apreció configurados los requisitos para la procedencia del pedido efectuado, puntualmente en lo que concierne al agotamiento de la vía interna del ente.

El memorial de agravios obra en fs. 154/156.

2. Debe partirse de la premisa que la actuación judicial que incumbe frente a un pedido como el de la especie, no puede ir más allá de su finalidad, cual es, suplir la inactividad -culposa o no- de los administradores (arg. art. 236 LSC).

Bastará entonces la acreditación por el accionista de su condición de tal, que su tenencia es representativa del 5% del capital social (o el porcentaje que fijare el estatuto), que ha formulado en tiempo y forma el requerimiento de convocatoria al directorio y/o al síndico, y que ha transcurrido el plazo de 40 días fijado por el ordenamiento en la materia (si es que no se verifican circunstancias especiales que autorizaren a prescindir de tal extremo). Con la comprobación de tales recaudos, el juez debe automáticamente disponer la realización del acto (cfr. Matta y Trejo, “Sobre la convocatoria a asamblea de sociedades anonimas a pedido de accionista”, LL 1985-D-495; íd. Sasot Betes-Sasot, Las Asambleas, ed. Abaco, Bs. As., 1978, pág. 108).

Derívase como línea de principio, la improcedencia de dar traslado a la sociedad del pedido del accionista, ya que la LGS es imperativa en torno de la obligación de la convocatoria si ésta es formulada por un legitimado al efecto. A su vez, conviene resaltar que tampoco cabe formular un examen sobre el grado de conveniencia para la sociedad de la asamblea cuya convocatoria se pide, ni la procedencia de los temas que constituirán el orden del día -salvedad que debe hacerse cuando se infrinja el art. 279 del CCyC.-.

3.Al amparo de tales premisas de acción, verificado en el sub examine el cumplimiento de los requisitos inherentes a la legitimación del peticionante en función de su condición accionaria, la cuestión se ciñe a determinar si se encuentra acreditada la negativa por parte del órgano de administración para la convocatoria a asamblea en los términos expuestos en el escrito liminar y si se han agotado a su respecto, los recursos sociales.

Pues bien, el examen de la documentación agregada y cuando emerge de las actuaciones requeridas en fs. 161, forma suficiente convicción, a criterio de esta Sala, sobre la pertinencia de la convocatoria formulada.

Debe tenerse presente que el propósito de la ley ha sido prestar apoyo judicial al derecho del accionista a reunirse en asamblea, cuando su ejercicio haya sido vulnerado o desconocido por los administradores. Tal finalidad, se vería frustrada si se exigiera a su respecto una prueba acabada o contundente del hecho negativo que constituye el presupuesto habilitante de la acción -vgr. la falta de atención a la petición de convocatoria-.

Con lo cual cobra relevancia al efecto, la convicción judicial formada por medios indiciarios o presuncionales, a partir de la reconstrucción de los hechos generada indistintamente con los documentos arrimados (que patentizan el proceder seguido en la faz interna de la sociedad) y la manifestación del promotor respecto de la situación de acefalía en que se encuentra el ente; situación esta última que, lógicamente, se deduce a partir de la edad que tendrían los integrantes del Directorio designado en el año 1980 (tres de los cuales habrían fallecido) y la falta de aceptación del cargo de quienes fueran designados en la asamblea celebrada en fecha 5 de octubre de 2007 (v. fs.216/7 de las actuaciones referidas, n° 4443/2007), lo cual resulta un indicador del que se deriva con meridiana claridad la razón del pedido.

Tal panorama, entonces, es propiciatorio de una efectiva tutela judicial del derecho que asiste al promotor como accionista en los términos del art. 236 de la ley 19.550.

4. Consecuentemente con ello, habiéndose juzgado reunidos los extremos legales, se resuelve:

Revocar la resolución de fs. 150/151, encomendándose a la Sra. Juez de Grado la designación de un funcionario a fines de que presida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de “Francisco Granata y Cia. S.A.C.I.I. y A.” para el tratamiento de los puntos del orden del día indicados en fs. 73vta. y los que entienda adecuado agregar, el lugar, fecha y hora de celebración de la misma, así como cualquier otra cuestión que resulte de menester.

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Julia Morón – Prosecretaria de Cámara