Quien se obligó como principal pagador respecto de las erogaciones derivadas de la estadía de mercadería en un depósito, no puede alegar frente las excepciones que surgen del art. 1042 del Código Aduanero

Partes: Translibres S.R.L. c/ PWA Poliuretanos Woodbridge de Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 14-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104838-AR | MJJ104838 | MJJ104838Quien se obligó como principal pagador respecto de las erogaciones derivadas de la estadía de mercadería en un depósito, no puede alegar frente al acreedor las excepciones que surgen del art. 1042 del Código Aduanero.

Sumario:

 

1.-El art. 1042 del Código Aduanero prescribe textualmente lo siguiente: 1. Cuando en los procedimientos para las infracciones, para los delitos o de impugnación se desestimare la denuncia, se sobreseyere o se absolviere respecto del ilícito imputado o se hiciere lugar a la impugnación del interesado, no se tributará tasa de almacenaje por la mercadería que se encontrare en depósitos fiscales afectada a tales procedimientos, desde la fecha de iniciación del procedimiento hasta DIEZ (10) días después de la fecha en que quedare ejecutoriada la aludida resolución. 2. Si la resolución definitiva fuere condenatoria o rechazare la impugnación del interesado, la tasa aplicable se calculará sobre la base de la escala mínima correspondiente a la mercadería de que se tratare, durante la sustanciación del procedimiento y hasta DIEZ (10) días después de la fecha en que quedare ejecutoriada la aludida resolución .

2.-El venire. es un modelo objetivo de conducta constitutivo de un principio general del derecho -autónomo y residual- derivado directa e inmediatamente del principio general de la buena fe, al que le resultan aplicables las elaboraciones realizadas alrededor de éste (art. 1198 del CCiv.).

3.-Adicionalmente, la doctrina de los propios actos constituye un límite de los derechos subjetivos que obliga a un deber jurídico de tipo subjetivo: coherencia con la propia conducta. En todos los casos el acto contradictorio trasunta deslealtad.

4.-Aparecen en autos los requisitos que constituyen la doctrina de los propios act os y que permiten su aplicación: a) una conducta previa y una pretensión anterior de la misma persona, sus representantes o sucesores, b) que exista identidad de partes, c) que la situación se produzca dentro de la misma situación jurídica, d) que la conducta previa tenga un significado unívoco, e) que la conducta previa y la pretensión ulterior resulten incompatibles, f) que la conducta previa sea válida, voluntaria, relevante, eficaz, deliberada, libremente adoptada y no medie error o vicios de la voluntad, g) que la declaración previa ya sea expresa o tácita (art. 915 CCiv.) haya tenido aptitud para producir confianza en la otra parte. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “TRANSLIBRES SRL C/ PWA POLIURETANOS WOODBRIDGE DE ARGENTINA S.A. S/ ORDINARIO”(Expediente N°31388/2013) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalías N° 16, N° 17 y N° 18.

Intervienen sólo los doctores Alejandra N. Tevez y Rafael F. Barreiro por encontrarse vacante la vocalía N° 17.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.722/27?

La Señora Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

a. Translibres SRL (en adelante, “Libres SRL”) inició demanda contra PWA Poliuretanos Woodbridge de Argentina S.A. (en adelante, “PWA S.A.”) por cobro de facturas por $ 200.300 y reintegro de gastos y honorarios de mediación por $ 355; todo ello, con más intereses y costas.

Expuso que PWA S.A.intentó ingresar cierta mercadería desde Brasil a mediados de 2011, mas la Aduana Nacional ordenó detener e interdictar los bienes por incumplimiento de disposiciones aduaneras.

Dijo ser titular de un depósito fiscal ubicado en Paso de los Libres, Provincia de Corrientes; y señaló que, frente a aquella orden, la defendida solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, “AFIP”) a través de su despachante de aduana, Jorge Horacio Silva (en adelante, “Silva”) autorización para trasladar la mercadería a los depósitos fiscales de Libres SRL hasta tanto se cumplieran con los requisitos normativos que le habían sido impuestos.

Manifestó que con fechas 28.08.11, 06.09.11 y 14.09.11 ingresaron los bienes a su depósito y que el apoderado de la accionada, Gabriel Darío Letang (en adelante, “Letang”) mediante la suscripción de cierto instrumento obligó a PWA S.A. como principal pagadora de todas las erogaciones monetarias derivadas de aquélla estadía.

Destacó que la accionada con anterioridad reconoció su obligación de pago. En tal sentido, abonó voluntariamente -luego de la emisión de las facturas- los cánones locativos devengados desde el 01.08.11 hasta el 25.10.11, en tanto que los posteriores, generados hasta el 04.03.13, fueron cancelados a partir de un acuerdo arribado en el proceso de mediación prejudicial que debió promover.

Explicó que remitió las facturas nros. 9209, 9452, 9591, 9777, 9778 y 10041 a PWA S.A. por los cánones locativos devengados luego del 04.03.13 y que, ello no obstante, la defendida no las abonó.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

b. A fs. 182/189 PWA S.A. contestó demanda. Solicitó su rechazo con expresa imposición de costas.

Como argumento de su defensa, adujo que los bienes que pretendía importar quedaron intervenidos en la Aduana de Paso de los Libres mientras se realizaban los sumarios correspondientes.En tal sentido, y en cumplimiento de normas aduaneras, solicitó la liberación de los camiones que los transportaban y el ingreso al depósito fiscal de la actora; petición que recibió favorable acogida.

Explicó que ingresó allí la mercadería y que el 01.08.11 suscribió con Libres SRL cierto documento que indicaba que: i) las condiciones de almacenamiento se regirían según reglamentaciones aduaneras vigentes; y ii) el pago se efectivizaría al momento de su egreso.

No obstante lo acordado, y aun cuando la mercadería no había salido de los depósitos, la actora emitió las facturas pretendiendo el cobro de los cánones locativos.

Dijo linealmente que abonó las correspondientes a los periodos de septiembre y octubre de 2011, y que pagó los cánones devengados hasta marzo de 2013 a través de un acuerdo de mediación. Sin embargo, adujo que la circunstancia de que los hubiera cancelado no permite meritar, sin más, que estuviese obligada a ello.

Realizó ciertas consideraciones respecto del valor exorbitante de los cánones que pretende la actora. Sostuvo que sus montos son consecuencia del abuso de su posición dominante pues no puede retirar la mercadería sino solo con autorización de la Aduana, y que, a todo evento, los pagos correspondían al tiempo de su egreso.

Destacó que, conforme surge del documento referido y que suscribió al ingresar los bienes a Libres SRL, cabe aplicar la reglamentación aduanera.

En este sentido, refirió que el art. 1042 del Código Aduanero dispone que si se sobreseyere o absolviere respecto del ilícito imputado no deberá abonarse almacenaje si la mercadería se encuentra en depósitos fiscales.

Adujo que si bien en el instrumento firmado por su representante se señala también que: “.se hace responsable como principal pagador de todas las erogaciones monetarias que resulten producto de las estadías que dicha mercadería origine” (sic.) ello no conlleva su obligación de pago mensual. En todo caso -prosiguió- adeudará las erogaciones originadas como consecuencia de la estadía en los términos del art.1042 del Código Aduanero, que establece que solo puede determinarse la existencia de esa obligación al finalizar el procedimiento (v. fs. 185).

Agregó que no se trata aquí de un contrato de depósito privado sino de un depósito fiscal, regido -insistió- por el derecho aduanero.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

II. La sentencia de primera instancia.

A fs. 722/27 el “a-quo” hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la accionada a abonar a la actora $ 200.300 con más los intereses desde la mora -que fijó a los 10 días de la fecha de emisión de cada factura-. Rechazó el reclamo de reintegro de gastos y honorarios derivados de la mediación e impuso las costas a la defendida sustancialmente vencida.

Sostuvo el juez que son contestes las partes respecto de los siguientes hechos: i) en el año 2011 la accionada ingresó desde Brasil partes de asientos de poliuretano, ii) la Aduana Argentina ordenó detener e interdictar esa mercadería, iii) frente al pedido de la defendida, la Aduana autorizó el traslado de los productos al depósito fiscal de la actora, y iv) finalmente, los productos ingresados fueron trasladados y allí guardados.

Tras ello, consideró que las facturas reclamadas se encuentran asentadas en los libros de comercio de ambas partes y que la defendida guardó silencio al tiempo de recibirlas; ergo, debía otorgársele el carácter de cuentas liquidadas de acuerdo a lo previsto en el art. 474 del CCom.

En definitiva, juzgó el magistrado que tal circunstancia permitía formar convicción favorable respecto de la efectiva existencia de la deuda esgrimida.

Agregó que si bien PWA S.A. para repeler la acción había postulado la aplicación del art. 1042 del Código Aduanero, no acreditó haber sido sobreseída o absuelta del ilícito imputado.

Rechazó el reclamo de $355 en concepto de reintegro de honorarios y gastos de mediación, frente al desconocimiento de la accionada y la ausencia de pruebas.

III. El recurso.

Apeló la defendida a fs.728 y su recurso fue concedido libremente a fs. 729.

A fs. 781/789 PWA S.A., en los términos del art. 260 inc. 3 y 5 del Cpr., planteó hecho nuevo. Contestado el traslado respectivo a fs. 796/804, a fs. 810 se dispuso su tratamiento al tiempo de dictar sentencia.

PWA S.A. expresó agravios mediante el escrito de fs.791/794 que recibió respuesta a fs. 805/808.

A fs. 810 se llamaron autos para dictar sentencia y el sorteo se practicó a fs.812.

Ello así, se encuentran estas actuaciones en condiciones de dictar pronunciamiento conclusivo.

IV. Los agravios

Se queja la defendida pues: i) en los términos del art. 1042 del Código Aduanero era la actora quien debía acreditar que su parte había sido condenada en el sumario iniciado y, en consecuencia, adeudaba la tasa de almacenaje, ii) en tanto que el sumario que le inició la Aduana, en la que fue absuelta, se resolvió con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia, no fue correcto que el a quo le imputara las consecuencias negativas derivadas de la falta de prueba de su absolución o sobreseimiento, iii) al tiempo en que se inició esta acción el sumario se encontraba en trámite y, en consecuencia, no existía la obligación de abonar almacenaje sino solo en el supuesto en que hubiese sido condenada, iv) omitió el primer sentenciante decidir la relación sometida a juzgamiento sobre la base del derecho aduanero -en particular, el art. 1042- y solo resolvió la litis con sustento en el derecho privado, v) de la resolución 1026/16 de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera del 14.07.16, que introdujo como hecho nuevo en esta Alzada, surge que fue absuelto del ilícito que se le imputó y, en consecuencia, de acuerdo al art. 1042 del Código Aduanero no debe abonar almacenaje por la mercadería ingresada al depósito fiscal.

V. La solución.

1. No existe controversia entre las partes en torno de los siguientes hechos, a saber:i) la mercadería ingresó en el deposito fiscal de la actora en virtud de las observaciones realizadas por la Aduana Argentina en oportunidad de pretender la defendida ingresar los productos al país (v. fs. 91 y 183 vta.); ii) tales observaciones motivaron el inicio de actuaciones administrativas -nros. 870/11, 871/11 y 874/11; v. fs. 782-; iii) la actora es una empresa privada que administra un depósito aduanero habilitado por la AFIP y presta servicios como depositaria fiscal (v. fs. 91), y iv) la Aduana Argentina autorizó a trasladar las mercaderías observadas a aquél depósito fiscal (v. fs. 99 y v. fs. 183 vta.).

Desde este escenario fáctico, es perceptible que asiste razón a la defendida en el sentido de que no resulta posible juzgar la relación jurídica que la vinculó con su adversaria desde la perspectiva unidireccional del derecho privado.

Ello así, pues es claro que confluyen aquí circunstancias que imponen la aplicación al caso de normas previstas en el derecho aduanero.

Obsérve se, en efecto, que: i) la actora es una persona jurídica privada que cuenta con habilitación estatal para explotar comercialmente un depósito aduanero -v. arts. 207 y ss. de ese código-, actividad que se encuentra sujeta a las disposiciones de dicho cuerpo legal y a la reglamentación respectiva (v. Resolución 3.343/94); y ii) los servicios que prestó a la defendida fueron requeridos con causa fundante en aquella especial actividad.

En este sentido, la Resolución 3.343/94 -en lo que aquí interesa referir- dispone que los permisionarios de depósitos fiscales adecuarán “.la operatoria de su/s recinto/s y el cobro de la tasa de almacenaje a las disposiciones establecidas en el art. 1042 del Código Aduanero.” (conf. CNCont. Adm.Fed., Sala II, “Alfatrade S.A.c/ E.N.- D.G.A.-Terminal 5 BACTSSA- RSL 327 388/08 (AA12144-253/07) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 07.05.09).

Agrego que no solo los hechos traídos a conocimiento de este Tribunal conllevan a la aplicación del derecho aduanero, como quedó dicho, sino que, adicionalmente, fueron las propias partes quienes al momento de vincularse expresaron que el almacenamiento se regiría por las reglamentaciones aduaneras vigentes.

Ello surge del contenido del instrumento suscripto al recibir Libres SRL en su depósito fiscal la mercadería de PWA S.A. Este documento, acompañado por la actora al promover demanda, fue reconocido por el testigo Letang, quien admitió haberlo suscripto en su carácter de apoderado de PWA S.A. -v. respuesta a la pregunta 8, obrante a fs. 289 vta.-.

De su lectura surge que PWA S.A. solicitaba el ingreso de la mercadería al depósito fiscal de Libres SRL “aceptando las condiciones de almacenamiento según reglamentación aduanera vigente” (sic.; v. fs. 100).

2. Sentado que a fin de resolver el litigio corresponde analizar -tal como arguyó el accionado al contestar demanda y reiteró en sus agravios- el art. 1042 del Código Aduanero, recuerdo que tal disposición prescribe textualmente lo siguiente: “1. Cuando en los procedimientos para las infracciones, para los delitos o de impugnación se desestimare la denuncia, se sobreseyere o se absolviere respecto del ilícito imputado o se hiciere lugar a la impugnación del interesado, no se tributará tasa de almacenaje por la mercadería que se encontrare en depósitos fiscales afectada a tales procedimientos, desde la fecha de iniciación del procedimiento hasta DIEZ (10) días después de la fecha en que quedare ejecutoriada la aludida resolución. 2.Si la resolución definitiva fuere condenatoria o rechazare la impugnación del interesado, la tasa aplicable se calculará sobre la base de la escala mínima correspondiente a la mercadería de que se tratare, durante la sustanciación del procedimiento y hasta DIEZ (10) días después de la fecha en que quedare ejecutoriada la aludida resolución”.

De las constancias de autos surge que al tiempo en que el accionado se presentó a derecho y aun cuando el a quo dictó sentencia, el procedimiento aduanero en curso no había concluido (v. respuesta a la prueba informativa recibida de la AFIP obrante a fs. 250).

Obsérvese que el pronunciamiento recurrido fue dictado el 10.03.16 (v. fs. 722) y la finalización de aquellas actuaciones administrativas (nros. 12312-950-2011 y sumarios nros. 870/11, 871/11 y 874/11) data del 14.07.16, es decir, fue posterior en el tiempo -v. resolución nro. 1026/16; fs. 785-.

De allí que debe necesariamente concluirse que no fue oportuno pronunciar sentencia aquí, sin conocer la suerte corrida en el procedimiento aduanero.

No obstante ello, en tanto que el defendido alegó oportunamente como hecho nuevo en esta Alzada aquella resolución administrativa, y meritando que éste hecho cumple con los requisitos previstos en el art. 260 inc. 3 del Cpr. -en el sentido de que la decisión recaída en sede administrativa es de fecha posterior a la providencia de primera instancia que llamó autos para dictar sentencia-, corresponde receptarlo.

3. Sentado lo anterior -en el sentido de que, de acuerdo al contenido del art. 1042 del Código Aduanero, el resultado de aquella investigación iniciada en la Aduana Argentina tiene virtualidad jurídica para decidir la litis- me detendré ahora en las conclusiones a las que se arribara en sede administrativa.

Ahora bien. En el procedimiento aduanero PWA S.A. y su despachante -Silva- fueron absueltos respecto de los delitos previstos en el art. 954 inc. “a” y “b” del Código Aduanero; sin embargo, en los términos del art.1102 “in fine” -que permite reencausar legalmente los hechos- se encontró -y este dato no es menor- que la conducta analizada era constitutiva de la infracción prevista y penada en el art. 994 inc. “c” del mismo ordenamiento, al haber ocasionado un entorpecimiento en el accionar del servicio aduanero (v. fs. 782/84 y v. fs. 785/787).

Síguese de ello que la accionada no fue definitivamente absuelta en dicha sede. Así, en tanto fue, reitero, condenada por la infracción prevista en el art. 994 inc. “c”.

En tal orden de ideas, cabe concluir que no están aquí presentes los supuestos contemplados en el art. 1042 antes citado que permiten eximirla de abonar la tasa de almacenaje por las mercaderías guardadas en el depósito fiscal de la actora, por todo el tiempo en que tramitaron aquellas actuaciones administrativas.

4.1. No obstante lo anterior y aun cuando la defendida no compartiera estos argumentos -y sin que lo que seguidamente se dirá importe contradecir lo expuesto “supra” “1” en el sentido que esta litis debe analizarse desde la perspectiva del derecho aduanero- lo cierto es que PWA S.A. desplegó ciertos hechos con virtualidad jurídica para receptar desde otro escenario argumental el reclamo del actor.

Es que, en defitiniva, la defendida renunció (conf. arg. arts. 872/873 del CCiv.) a las prerrogativas que le otorgaba el art. 1042 del Código Aduanero, como seguidamente se verá.

4.2. Me explico.

No es objeto de discusión que con anterioridad al inicio de estas actuaciones -es decir, mientras tramitaba la investigación en sede administrativa- primero voluntariamente (v. fs. 511) y luego en virtud de un acuerdo de mediación (v. fs. 221/22), PWA S.A. pagó los cánones locativos devengados hasta el 04.03.13 sin realizar reserva de sus derechos (vgr. iniciar acciones de repetición de pago en el futuro si el resultado de la investigación la favorecía).

Así las cosas, frente a esta ausencia de reserva, el argumento sobre el que intenta repeler la acción sobre la exclusiva base del art.1042 del Código Aduanero no puede sostenerse. Así pues importaría aceptar una conducta que no se condice con una anterior acaecida dentro del proceso (“venire contra factum proprium nulli conceditur”).

En este sentido, si pretendía la defendida el progreso de su defensa debió justificar razonablemente por qué razón abonó voluntariamente y sin realizar reservas de derechos cánones anteriormente devengados, para luego argumentar en esta litis que los nacidos con posterioridad y derivados de la misma relación jurídica, ahora, estaban sujetos a las prescripciones del art. 1042 del Código Aduanero.

El “venire.” es un modelo objetivo de conducta constitutivo de un principio general del derecho -autónomo y residual- derivado directa e inmediatamente del principio general de la buena fe, al que le resultan aplicables las elaboraciones realizadas alrededor de éste (art. 1198 del CCiv.).

Adicionalmente, constituye un límite de los derechos subjetivos que obliga a un deber jurídico de tipo subjetivo: coherencia con la propia conducta (CNCom., Sala B., “Warroquiers, Juan Pedro y otro c/ Quintanilla de Madañes Dolores y otros s/ ordinario”, del 03.04.02). En todos los casos el acto contradictorio trasunta deslealtad.

Ello así, en tanto que en autos aparecen los requisitos que lo constituyen y que permiten su aplicación: a) una conducta previa y una pretensión anterior de la misma persona, sus representantes o sucesores, b) que exista identidad de partes, c) que la situación se produzca dentro de la misma situación jurídica, d) que la conducta previa tenga un significado unívoco, e) que la conducta previa y la pretensión ulterior resulten incompatibles, f) que la conducta previa sea válida, voluntaria, relevante, eficaz, deliberada, libremente adoptada y no medie error o vicios de la voluntad, g) que la declaración previa ya sea expresa o tácita (art. 915 CCiv.) haya tenido aptitud para producir confianza en la otra parte (v. Ana I. Piaggi, “Reflexiones sobre dos principios basilares del Derecho: la buena fe y los actos propios”, en Tratado de la Buena Fe en el Derecho, T. 1, 1era. Edición, pág. 115, Ed.LL, Bs. As., 2004); estimaré que renunció la defendida en los términos del art. 872/873 del CCiv. a las prerrogativas que el art. 1042 del Código Aduanero le otorgaba.

4.3. Subrayo además que al tiempo de ingresar la mercadería al depósito fiscal de la actora y suscribirse el instrumento obrante a fs. 100, luego de especificar que aceptaba las condiciones de almacenamiento según reglamentación aduanera vigente, agregó la demandada: “por tal motivo, se hace RESPONSABLE COMO PRINCIPAL PAGADOR de todas las erogaciones monetarias que resulten producto de las estadías que dicha mercadería origine” (v. fs. 100, el destacado es del original).

En tal sentido y en tanto que PWA S.A. se obligó como principal pagadora frente a Libres SRL respecto de las erogaciones que nacían en virtud de la estadía de la mercadería en el depósito fiscal y que podrían estar en cabeza de la Aduana Argentina -si la denuncia era desestimada-, no puede ahora, sin incumplir con aquello a lo que se obligó, alegar frente al acreedor las excepciones que surgen del art. 1042 del Cod. Aduanero.

Es que cualquiera que fuere la suerte de las actuaciones administrativas, lo cierto es que estaba obligada a afrontar su pago: sea como principal pagadora, en el supuesto de desestimación de la denuncia -conf. arg. art. 480 CCom. y arts. 713 y 2005 CCiv.-, o como deudora princ ipal, en su opuesto.

5. Ahora bien.

Dado que, como quedó dicho, la litis debe ser decidida sobre la base de las previsiones del derecho aduanero -en particular, desde la disposición del art. 1042 del código respectivo- y ponderando que el defendido se agravió de que el a quo omitiera resolver el debate de acuerdo con esa normativa, corresponderá reajustar el monto de los cánones pretendidos según las previsiones de la norma citada (siempre, claro está, que no se supere el monto requerido en la demanda; conf. arg. art. 163 inc.6 del Cpr.).

De tal modo, el “quantum” por la tasa de almacenaje cuya percepción aquí Libres SRL pretende, deberá ajustarse a los presupuestos del art. 1042 inc. 2do., al haber sido la accionada condenada según resolución 1026/16. Consecuentemente, la tasa aplicable se calculará sobre la base de la escala mínima correspondiente a la mercadería durante la sustanciación del procedimiento.

Las costas de Alzada se impondrán por el orden causado, atento el sentido de la decisión (conf. arg. art. 71 del cpr.).

VI. Conclusión

Por todo lo expuesto si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega, propongo al Acuerdo: i) receptar el hecho nuevo introducido por la accionada a fs. 788/89, ii) modificar la sentencia apelada solo en aquello que refiere al monto de condena de acuerdo a lo previsto en el punto “5”, y iii) imponer las costas de Alzada por su orden (conf. arg. art. 71 del Cpr.).

He concluido.

Por análogas razones el doctor Rafael F. Barreiro adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: i) receptar el hecho nuevo introducido por la accionada a fs. 788/89, ii) modificar la sentencia apelada solo en aquello que refiere al monto de condena de acuerdo a lo previsto en el punto “5”, y iii) imponer las costas de Alzada por su orden (conf. arg. art. 71 del Cpr.).

II. Respecto a los honorarios, difiérase su tratamiento hasta tanto exista una liquidación firme.

III. Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía N° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria