El error como vicio de la voluntad en las relaciones de consumo. Pérez, Álvaro A.

Autor: Pérez, Álvaro A. –

Fecha: 26-may-2017

Cita: MJ-DOC-10732-AR | MJD10732Doctrina:

Por Álvaro A. Pérez (*)

El Código Civil y Comercial de la Nación, en su parte general, ha regulado respecto del error como vicio de la voluntad en los actos jurídicos.

La cuestión que aquí se plantea es si el error como vicio de la voluntad puede dar lugar a la declaración de nulidad del negocio jurídico celebrado entre un consumidor y un proveedor. Para ello, analizaremos dos variantes según el error sea imputable al proveedor de bienes o servicios o, por el contrario, sea imputable al consumidor y / o usuario.

Antes de adentrarnos en el análisis liso y llano en el macrosistema del derecho del consumidor, corresponde precisar lo que el Código Civil y Comercial ha regulado al respecto del error como vicio de la voluntad.

En el Libro I, Título IV, Capítulo 2, la Ley 26.994 dedica 6 artículos al respecto (desde el art. 265 al art. 270 inclusive). Así, el art. 265 preceptúa:

«Error de hecho: El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recipticio, el error debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad».

Como punto de partida, debemos destacar que se requieren, cuanto mínimo, dos requisitos de procedencia para que se configure un error susceptible de anular el negocio jurídico celebrado: que el error sea esencial y, en el caso de actos bilaterales o unilaterales recipticios, que tenga carácter de reconocible.

En lo que se refiere al requisito de la esencialidad, se dará cuando el error recaiga sobre aspectos primordiales del acto, siendo estos los taxativamente enumerados en el art. 267 (1).

Respecto del segundo requisito, el carácter de reconocible, deberemos estar a lo expresamente prescripto en el art. 266 del CCivCom:

«Error reconocible.El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar».

Dicho esto, debemos analizar los sujetos intervinientes en una relación de consumo. Así, por un lado, tenemos al consumidor y / o usuario de un bien o servicio, en tanto sujeto inexperto, no profesional y muchas veces con un conocimiento muy escaso de las condiciones de contratación, con un mínimo poder de negociación, sino nulo, debiendo en la mayoría de los casos someterse a la voluntad de la parte empresaria en la forma predispuesta sin oportunidad de negociación, aceptando o rechazando las condiciones de contratación. Debe destacarse la clara posición de desventaja y subordinación a la parte proponente, que es la mayoría de las veces, si no siempre, el proveedor de bienes o servicios.

Y en el otro polo de la relación consumeril tenemos a un proveedor de bienes o servicios, con mayores conocimientos técnicos y jurídicos respecto del negocio celebrado con el consumidor. Este se encuentra en una clara posición dominante teniendo a su favor herramientas con las que el consumidor no cuenta, manejando la información del negocio jurídico a su gusto con el claro objeto de captación de la clientela, retaceando, ocultando o negando muchas veces toda o parte de la información que se caracteriza esencial para una correcta manifestación de voluntad de contratar por parte del consumidor.

Ahora bien, a la hora de analizar la posibilidad de anular un negocio jurídico por error como vicio de la voluntad por parte del proveedor, debemos necesariamente destacar que la característica primordial de este sujeto de la relación de consumo es su profesionalidad en la actividad que desarrolla.

A decir de Farina (2), existe profesionalidad cuando «se ejerce una actividad con relevante capacidad y aplicación para lograr óptimos resultados».

La exigencia de esta característica de la profesionalidad viene dada por el art. 2 de la Ley 24.240, sustituido por el art.2 de la Ley 26.361, el que textualmente preceptúa: «. es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente».

Esa exigencia de desarrollar la actividad de manera profesional determina que no se pueda encuadrar como proveedor a aquellos sujetos que comercialicen bienes careciendo de esa nota distintiva» (3).

Esa característica primordial de profesionalismo en la actividad desarrollada exigida por la ley para ser considerado proveedor, lo coloca a este en una situación de obrar con mayor cautela en tanto ocupa una posición de mayor conocedor de los aspectos del negocio jurídico a celebrar con un consumidor ignoto al respecto.

Por su parte debe destacarse además la confianza depositada por el consumidor para con la parte empresaria, quien supone este que es el proveedor quien mejor sabe respecto del negocio celebrado, por lo que al celebrarse de una u otra manera, el consumidor supone que fue esa la verdadera voluntad de este y no otra, generando en el consumidor la plena confianza de la adecuación del negocio a la normativa vigente y a la real voluntad del proponente.

Planteada así la cuestión me lleva a preguntar si el proveedor puede incurrir en un error de hecho, con las características de ley, que dé lugar a la nulidad del negocio jurídico, frustrando la expectativa del consumidor en la ejecución y cumplimiento de las prestaciones asumidas el empresario.

Partiendo de dicho interrogante, debemos advertir que pesa sobre el proveedor la obligación de obrar con mayor diligencia y cautela en función de la posición que ocupa. Así las cosas, creo que existen argumentos fuertes que tornan inaplicable el instituto del error de hecho como vicio de la voluntad por parte del proveedor de bienes o servicios.

El primero de ellos viene dado por el requisito primero de la esencialidad en el error, siendo aquellos los taxativamente enumerados por el art. 267 CCivCom.

Analizando los distintos supuestos podemos observar:

1. Error en la naturaleza:es aquel que recae sobre la naturaleza jurídica del acto que se celebra (Cifuentes), produciéndose una divergencia entre el comportamiento de las partes y la representación que una de ellas tiene respecto de la naturaleza misma de lo declarado (Bustamante Alsina) (4).

Puesta en escena dicha cuestión, no se advierte que el proveedor, en tanto profesional, con alta capacidad y conocimiento del negocio jurídico a celebrar o celebrado con el consumidor recaiga en un error respecto de la naturaleza del acto que celebra. Si se tiene en cuenta, además, que no se trata de un sujeto improvisado, que ve la oportunidad de realizar un negocio y lo celebra a la ligera, el proveedor realiza una actividad de carácter profesional, aun cuando sea ocasional, habiéndose embebido previamente del negocio que celebrara, analizando las características del bien o servicio ofrecido en el mercado, con alto grado de capacitación y, por sobre todo, conociendo los riesgos empresariales, con un claro manejo de las técnicas y herramientas que pone en juego para celebrar el negocio.

2. Error en la persona: es aquel error que recae sobre alguno de los sujetos intervinientes del negocio jurídico. Desde la perspectiva analizada, el error en la persona por parte del proveedor se daría cuando creería estar contratando con un determinado consumidor y no con quien realmente contrató.

En este punto, considero pertinente destacar que no puede alegarse dicho error en tanto, como punto de partida, el proveedor (generalmente) no monta una actividad para celebrarla con un consumidor determinado, aunque sí determinable en algunas ocasiones.Y en el supuesto de que montara su empresa con el objeto de contratar con un consumidor o unos consumidores determinados, mucho menos aun se podría permitir dicha cuestión.

En el primer supuesto, el empresario debe arbitrar los medios para determinar quién es el consumidor que tiene enfrente, y siendo que en la mayoría de los casos los bienes o servicios están al alcance del público en general no se puede esperar que al consumidor se le represente la posibilidad de que el proveedor no desee contratar con aquel y sí con otro si no se le advirtió previamente.

Pero más aún, esto suele suceder cuando existen bases y condiciones que determinan el espectro de consumidores para los cuales va dirigido. En este caso, el consumidor puede saber que, a priori, el producto o bien ofertado no va dirigido a su persona, pero si este se presenta ante el proveedor y contrata sin ocultar la carencia o injustificación de los requisitos exigidos, y el proveedor decide contratar igualmente con el consumidor, estamos ante un supuesto claro de una negociación con el consumidor por el cual el proveedor acepta contratar con este.En este supuesto, el proveedor no podría ampararse en que existen cláusulas generales que impedían o que advertían al consumidor que el producto o servicio no estaba dirigido a él por sus especiales características toda vez que el carácter de especialidad del contrato prevalece sobre la generalidad de las cláusulas, y siendo una oferta con características predeterminadas respecto de la determinación del sujeto, nada obsta a que en casos particulares sean dejadas a un lado por el proponente y acepte contratar con quien, en principio, no podría haber accedido a la contratación por no encuadrar en las bases y condiciones o condiciones generales de contratación.

Pero mas allá de los argumentos vertidos en torno a la imposibilidad de la alegación del error como vicio de la voluntad por parte del proveedor encontramos un obstáculo legal que impide la frustración del contrato de consumo por tales causales: el art. 10 bis de la Ley 24.240.

«El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: 1. Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuere posible».

Así las cosas, conforme lo expresamente preceptuado por el art. 10 bis del estat uto del consumidor, solo existen dos causales de justificación de incumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor: a. caso fortuito, o b. fuerza mayor. No previéndose al respecto el error como vicio de la voluntad.

Debe entenderse que, según el art. 1730 del CCivCom debe tratarse de algo que «no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado». Claro está que el caso fortuito o fuerza mayor no debe ser imputable al proveedor de bienes o servicios. Y siguiendo las previsiones del art.1730, exigiéndose la característica de no poder ser previsto, al proveedor se le exige un deber de diligencia mayor en la previsión de estos acontecimientos que pudieran frustrar el contrato, más aún, en ciertas ocasiones por más que acontezca un caso fortuito o fuerza mayor y, aunque no se haya podido prever, deberá analizarse si corresponde o no la eximición de responsabilidad en tanto no debe significar dichos acontecimientos como un caso propio y esperable del giro comercial.

Expuesto esto, la ley solo establece dos casos de eximición de responsabilidad para con el proveedor, no estando entre ellas el error, por más que cumpla las características antes enunciadas.

Ahora bien, habiéndose incorporado al corpus civil el contrato de consumo, se podría partir de la premisa de que la parte general embebe al contrato consumeril y que, por lo tanto, el proveedor podría ampararse en tales previsiones normativas cuando creyera haber incurrido en un error esencial y reconocido por el consumidor.

Al respecto debo pronunciarme en contra de tal postura por los siguientes argumentos:

El art. 3 de la Ley 24.240 consagra el principio «in dubio» pro consumidor, al preceptuar lo siguiente: «… en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor». Tal idea se vio reforzada por el art. 1094 «in fine» del CCivCom, cuando establece esto: «… en caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor».

Cuando existen normas indisponibles de defensa del consumidor, tanto en el CCivCom como en la LDC, se aplicará la que resulte más favorable al consumidor, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1094 del CCivCom, y el art.3 de la LDC (5).

Puestas sobre papel estas cuestiones y surgiendo la duda, al haberse incorporado el contrato de consumo a la Ley 26.994 si es aplicable la parte general del Código Civil y Comercial de la Nación, la respuesta es sí, pero dejando a salvo que deberá realizarse la interpretación más favorable para el consumidor. Ahí entra a jugar el art. 10 bis de la Ley 24.240, en donde no prevé como eximición de cumplimiento el error esencial.

Dicho esto, advierto que el proveedor no puede ampararse en dicha circunstancia para pretender anular un contrato celebrado con un consumidor, muchas veces indefenso e ignorante de cuestiones técnicas y jurídicas del negocio celebrado, frustrando su derecho de expectativa por la propia torpeza del proveedor a la hora de la contratación.

Permitirse aplicar el error que permita la nulidad del contrato entraría en colisión con el estatuto del consumidor y la única salida viable sería aquella que favorezca al consumidor, dejando abierta como única puerta de eximición a alegar por el proveedor ante su incumplimiento, el acreditar caso fortuito o fuerza mayor en los alcances propios según las circunstancias y características objetivas y subjetivas del caso concreto.

En lo que respecta al otro sujeto de la relación de consumo, esto es, el consumidor, no advertimos impedimento alguno para invocar el error como vicio de la voluntad y pretender así la nulidad del contrato, máxime teniendo en cuenta el alto grado de inexperiencia en el tráfico comercial, estando muchas veces en presencia de proveedores en situación monopólica u oligopólica, siendo aquellos siempre la parte proponente y anulando el poder de negociación, dejando al consumidor ante dos opciones: la aceptación o el rechazo, sin posibilidad de consensuar o negociar todo o parte del negocio.Además, debe tenerse presente que, en última instancia, es el proveedor quien decide cuánta información brinda al consumidor a la hora de celebrar el contrato, por lo que su posición se ve mayormente acrecentada en términos de ventaja negocial, respecto del consumidor.

Claro está que, para alegar error como vicio de la voluntad por el consumidor, deberá estarse a lo establecido «ut supra», en cuanto a los requisitos de admisibilidad, es decir: a. el carácter esencial y, b. la reconocibilidad por parte del proveedor.

Resulta interesante destacar en este análisis lo establecido por el art. 269 del CCivCom:

«Subsistencia del acto. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y con el contenido que aquella entendió celebrar».

Esto quiere decir que, demostrado el error en la voluntad por parte del proveedor, si el consumidor acepta ejecutarlo en los términos que el proveedor entendió haberlo celebrado no procede su anulación y el consecuente derecho a reclamarla por parte de quien se pretendió afectado por ella.

Mención especial refiere el error esencial cuando este recae sobre lo prescripto por el art. 267, inc. b , del CCivCom, esto es: «. el error de hecho es esencial cuando recae sobre (…) b. un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida».

En este apartado, es el único justificativo del error que, en principio, podría llegar a prosperar, siempre y cuando el proveedor pueda demostrar la reconocibilidad del error por parte del consumidor. Es decir, si el consumidor desconoce que el bien adquirido es diferente en calidad o sustancia respecto del contratado.

Sin embargo, sigo sosteniendo la postura antes mencionada en cuanto a que no es procedente el error en todos sus términos por no estar contemplada en el art. 10 bis de la Ley 24.240 y entrando a jugar el principio «indubio pro consumidor» consagrado primeramente en el art.3 de la LDC y, posteriormente, en el art. 1094 del CCivCom.

———-

(1) Supuesto de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre:

A. La naturaleza del acto;

B. Un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida;

C. La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica, según la apreciación común o la circunstancias del caso;

D. La persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración.

(2) FARINA, Juan M.: op. cit., p. 84.

(3) CHAMATRÓPULOS, Demetrio Alejandro: «Estatuto del Consumidor Comentado», p. 141, ref. 19. «La comisión 9 (derecho interdisciplinario: Derechos del consumidor: incidencias de las reformas introducidas por la Ley 26.361 ) de las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Córdoba en 2009, emitió al respecto la conclusión: “A los fines de establecer la noción de proveedor resultará determinante su carácter profesional”».

(4) Ramiro PRIETO MOLINERO, Ramiro: Código Civil y Comercial de la Nación, comentado. Rivera – Medina, p. 616, tomo 1.

(5) SIGAL, Martin: «Comentario al artículo 1094», en Código Civil y Comercial de la Nación comentado. S. l., Rivera-Medina, p. 726.

(*) Abogado. Universidad Nacional de Tucumán. Carrera de notariado (en curso) Universidad Nacional de Tucumán. Maestría en Economía y Derecho del Consumidor (tesis en corrección) Universidad de Castilla, La Mancha, Facultad de Albacete. Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (en curso) Universidad tres de Febrero, Buenos Aires.