La nulidad en el procedimiento laboral santafesino. Fiorenza, Alejandro A. – Mainoldi, M. Soledad

Fecha: 19-abr-2017

Cita: MJ-DOC-10688-AR | MJD10688

Doctrina:

Por Alejandro A. Fiorenza (*) y M. Soledad Mainoldi (**)

Es el art. 38 del Código Procesal Laboral de Santa Fe el que se ocupa de la ineficacia de los actos procesales o, dicho con terminología más común, de la nulidad procesal, la cual ha sido definida por Eduardo Carlos, por ejemplo, como la sanción expresa, implícita o virtual que la ley ritual establece cuando se han violado u omitido las formas por ella prefijadas para la realización de un acto procesal, al que se priva -en consecuencia- de producir sus efectos normales (1).

Villarruel y Viana dicen que la eficacia de un acto consiste en la virtualidad del mismo para producir los efectos para los cuales ha sido previsto, mientras que la ineficacia alude a la pérdida de esa virtualidad productora de los efectos propios del acto, por haberse configurado una causal impeditiva de ello; y agregan que el planteo de la nulidad, precisamente, por vía de acción, excepción, incidente o recurso, constituye el medio para el logro de tal enervamiento de un acto no autorizado por el sistema procesal (2). De modo que un acto procesal resulta ineficaz siempre que el mismo adolezca de alguna deficiencia en los requisitos necesarios para cumplir con la finalidad hacia la cual aquel se encuentra encaminado (3).

Sucede que los actos procesales, como sostuvo Carnelutti, no son más que una especie de acto jurídico (4). Recuerda incluso Alsina que en nuestro país fue el propio Vélez Sarsfield quien, en una nota al título de la sección segunda del libro segundo de su Código Civil (art. 896 ), enumeró a los actos de procedimiento entre los actos jurídicos (5). Son entonces una particular especie dentro del género de los actos jurídicos.Siendo precisamente dicha particularidad consecuencia de su «procesalidad», que resulta del valor que tienen los mismos para el proceso (6), atento a que este último, desde un punto de vista externo, no es más que una sucesión de actos procesales concatenados a la obtención de un fin (7); a punto tal que sería válido afirmar que el acto jurídico procesal no tiene vida propia, autónoma o independiente por fuera del proceso al que está ligado.

Pero no basta solo con ello; es decir, no alcanza con que el acto jurídico tenga alguna conexión con el proceso, para que pueda ser calificado de procesal. Será necesario -además- un plus, esto es, que aquel resulte verdaderamente trascendente para el mismo (8), ya que de lo contrario, podría llegar a decirse que el proceso consiste simplemente en una cantidad de actos, lo cual sería decir poco (9). Dicha trascendencia, en definitiva, estará dada por la finalidad, en tanto que los actos que dan forma al procedimiento se encuentran unidos por un fin, que le da sentido al conjunto.Como dice Peyrano (10), si bien el proceso no es más que un conjunto de actos relacionados entre sí, los mismos son de índole teleológica; y de ahí que se hable del proceso como un método, en cuanto camino que guía hacia un fin, que lleva a alguna meta (11).

Ese fin, como lo dejamos ya expuesto en otros trabajos, no es otro que el conocimiento, por parte del juez que entiende en el caso, de la verdad respecto de los hechos de la causa (12). Se trata el proceso, pues, de una actividad epistémica para la búsqueda de la verdad (13); de un método de investigación que se pone en marcha con un fin específico, cual es el de dotar al juez del conocimiento de los hechos de la causa necesarios para arribar a una decisión justa respecto de la satisfacción de las pretensiones y -en su caso- oposiciones planteadas por las partes.

Lo que hace procesales a ciertos actos jurídicos, por tanto, no es otra cosa más que su sentido dentro del proceso, en la medida en que repercuten sobre la finalidad que el mismo persigue y que como acabamos de decir más arriba no consiste sino en el conocimiento por parte del juez de los hechos que motivaron el litigio que tiene aquel el deber de decidir de la manera más justa posible. Estando así determinada su dependencia para con el proceso por la finalidad común y unitaria a la que están destinados todos ellos: la correcta prestación de la función jurisdiccional por parte de los órganos que integran el Poder Judicial (14).

Consecuentemente, podemos definirlos como aquellos actos (15) que, además de ser llevados a cabo por los sujetos que intervienen en un proceso (16), producen consecuencias jurídicas (17) e inciden en el mismo en tanto y en cuanto colocan a determinadas personas en una específica situación procesal; es decir, que hacen caer en cabeza de las mismas ciertas cargas y deberes de índole procesal.Entonces, resulta acertado, así también, lo dicho por Alvarado Velloso en el sentido de que es «acto procedimental» todo aquel que realiza un sujeto con el objeto de iniciar, continuar o extinguir la serie que conforma el proceso mismo (18).

Ha quedado claro hasta aquí que los actos procesales son, en definitiva, una clase o especie de acto jurídico, al igual que lo son los llamados «actos jurídicos privados». Como dijo Fassi: «. los actos procesales son distintos sustancialmente del acto jurídico privado (civil), aunque ambos sean de naturaleza jurídica» (19). Lo que lleva a que, sin perjuicio de integrarse con los conceptos, principios y normas de aquellos, los actos procesales tienen su propia estructuración en el campo de la teoría del proceso (20).

Según lo postuló Oderigo, dicha autonomía proviene del simple, pero a la vez importante hecho de que tal clase de actos jurídicos tienen una finalidad común, un destino, cual es el conocimiento de los hechos de la causa por parte del juez; porque aquel no es adquirido por este de inmediato, sino que es algo que se va formando poco a poco, gradualmente, que se enriquece a medida que se realiza cada uno de los actos procesales; de manera que el proceso depende del cumplimiento de tales actos (21).

En efecto, a la par de la teoría general de los actos jurídicos, contamos en materia procesal con una teoría general de los actos procesales, que recepta mucho de aquella, sin perjuicio de reconocer una autonomía propia que es producto de aquello que lo diferencia de otras clases de actos jurídicos.Maurino, por ejemplo, valiéndose de las palabras de grandes procesalistas como lo fueron Lascano y Sentis Melendo, señala que los actos procesales son autónomos y le transfieren esa autonomía a la rama del derecho positivo que los regula; deduciéndose de ello que sus violaciones han de ser sancionadas de acuerdo con las prescripciones expresas de la ley adjetiva, o, lo que es lo mismo, que las nulidades procesales tienen un régimen propio diferendado (22).

O sea que, teniendo los actos procesales su propia teoría general, la cual toma distancia en muchos aspectos de la relativa a los actos jurídicos en general que se encuentra contenida hoy en el Código Civil y Comercial, no puede obviarse que ocurre lo propio en lo atinente a la nulidad de los mismos, salvo algunas excepciones; por ejemplo, en lo que respecta al tema de lo vicios intrínsecos del acto procesal (23). Dice Alvarado Velloso, en este sentido, que la particular característica del acto procesal hace que no se le apliquen las normas que regulan la nulidad civil (24). Por el contrario, la nulidad procesal encuentra su regulación pura y exclusivamente en la norma procesal (25). Adquiriendo plena claridad con ello lo dicho por De los Santos en cuanto a que los actos procesales se hallarán afectados de nulidad y, por ende, resultarán ineficaces e inválidos procesalmente, cuando carezcan de alguno de los requisitos que la ley ritual expresa o implícitamente establece para su validez (26).

En otras palabras, la nulidad o ineficacia de la que ahora nos ocupamos no puede sino vincularse con la inobservancia de alguno de los requisitos que la ley ritual exige en torno de los elementos que constituyen a los actos procesales, esto es, el sujeto que lo realiza, el objeto sobre el cual versa y la actividad que necesariamente se efectúa.Siendo menester recordar, a estos efectos, lo dicho por Alvarado Velloso en cuanto a que el primero permite analizar respecto de todas las posibles personas que actúan procesalmente, su aptitud (capacidad y legitimación para obrar) y voluntad de actuar; el segundo, por su parte, permite estudiar la idoneidad del acto para producir efectos (eficacia), su posibilidad jurídica, su moralidad y, en particular, la correspondencia que debe existir entre el contenido y la forma; y el último permite analizar el cómo, dónde y cuándo se realiza, es decir, la forma, el tiempo y el lugar donde el acto se cumple (27).

También se logra entender de este modo lo afirmado por Peyrano, con respecto a que detrás de toda nulidad procesal por vicios extrínsecos o formales se encuentra siempre alguna suerte de error de procedimiento (28). Entendiendo a este último (también llamado «error in procedendo», de actividad o defecto de construcción) como lo ha hecho Rodríguez, al decir que aquel vicio nace de la circunstancia de que, desde que el proceso se inicia y durante su secuela, las partes y el juez realizan actos sucesivos que avanzan la litis, pero con la actividad que despliegan pueden cometer errores al inobservar las formas que la ley procesal ha establecido para cada acto (29).

Se cumple así lo expuesto por Maurino en cuanto a que la teoría de las nulidades explica lo que ocurre cuando el acto ha sido realizado sin cumplir alguno de sus requisitos (30). Siendo precisamente el efecto propio de la nulidad procesal el de despojar de virtualidad al acto del proceso a partir del padecimiento de alguna anomalía en sus requisitos fundamentales, llevándolo a que carezca de posibilidades para consumar su propia finalidad (31).

En resumen, cualquiera sea la hipótesis en la que se piense, podrá advertirse un rasgo común en todo supuesto de nulidad o ineficacia procesal:una infracción a las formas procesales impuestas por la ley adjetiva correspondiente o -si se prefie re y tal como se sostuvo más arriba- un error «in procedendo» (32). Siendo lógico, además, que se cuente dentro de la teoría general de los actos procesales con un capítulo específico dedicado a la nulidad de los mismos, como es el caso del que integra el Código Procesal Laboral y que ahora ocupa nuestra atención.

Volviendo, pues, a lo que concretamente dispone el CPL con relación a la ineficacia o nulidad de los actos que le dan forma al procedimiento laboral, no hace falta más que una somera leída al art. 38 del mismo, en cuanto establece lo siguiente: «.en materia de nulidad de los actos procesales, regirán las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial», para verificar que nos deriva aquel expresamente al Código Procesal Civil y Comercial.

Hay que remitirse, entonces, a lo dispuesto en el Título IV del Libro I del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, que se ocupa también de la ineficacia de los actos procesales, en los arts. 124 a 129 .

No obstante, creemos necesario realizar previamente algunas consideraciones en torno de las vías que resultan idóneas para peticionar la nulidad de un acto procesal, pudiendo enumerarse a tales efectos al incidente de nulidad, el recurso de revocatoria, la excepción de nulidad, e incluso al recurso de nulidad, cuando se pretende impugnar la sentencia definitiva o una resolución susceptible de apelación (33). Coincidiendo con ello Rivera Rúa, al decir que aquella se puede articular por vía incidental y por vía del recurso respectivo; aunque también se podría por las vías de la excepción y por la acción autónoma, justamente amparada por la vía meramente declarativa del art. 2, inc.G , del CPL (34).

En lo que hace al incidente de nulidad, pueden atacarse por su intermedio todos los actos procesales que no sean decisorios o que no importan una resolución, ya que estos son impugnables por vía de recurso (reposición y / o nulidad) (35). Será aquel incidente (cuyo trámite se ajustará a lo prescripto para los incidentes en general), por ende, la vía idónea cuando se quieran impugnar los errores «in procedendo»; constituyendo, por otro lado, tal articulación el precedente imprescindible para que en su hora pueda interponerse con éxito el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva (36). Porque cuando se ha dictado ya sentencia, existiendo vicios del procedimiento que pudieran dar lugar a una eventual nulidad, el camino impugnatorio no puede ser ni la revocatoria ni el incidente, sino que lo será el recurso de nulidad, que debe tramitarse ya ante la Alzada (37).

Al respecto, se ha sostenido que cuando el vicio procesal que ocasiona la nulidad se produce durante el curso del procedimiento previo a la sentencia, debe ser cuestionado oportunamente por vía del recurso de revocatoria o del incidente de nulidad según los casos; y que en su defecto el consentimiento expreso o tácito veda la posibilidad de impugnar la sentencia por vicios del procedimiento, máxime si se aceptó sin reservas el llamamiento de autos (38).

Debe recalcarse, asimismo, que la gran mayoría de los actos impugnables por vía de incidente de nulidad podrían serlo también a través del recurso de reposición o revocatoria, siempre y cuando se trate de providencias, decretos o autos dictados sin sustanciación.En cuanto a las excepciones, se ha dicho que, por su intermedio, pueden ponerse de manifiesto la incompetencia del juez, la falta de personería del gestor o de personalidad del actor o bien el defecto legal en la interposición de la demanda, por ejemplo (39).

Por último, con relación al recurso de nulidad, se hace necesario puntualizar que en el Código Procesal Laboral (a diferencia de la política adoptada por el Código Procesal Civil y Comercial) la interposición del recurso de apelación no lleva implícito el de nulidad y tiene por objeto las sentencias definitivas y las resoluciones interlocutorias que tienen fuerza de tal, pronunciadas con violación u omisión de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y que asuman el carácter de sustanciales; es decir, que en principio resulta tan solo viable cuando se está en presencia de vicios inherentes a la propia sentencia, cuando se han violado las formas y solemnidades sustanciales para dictarla (40).

Igualmente, se ha entendido desde siempre que el mismo también puede hacer hincapié en vicios registrados durante el procedimiento anterior de la resolución a la postre tachada de nulidad, siempre y cuando esta quede de algún modo contagiada por el vicio en cuestión, de modo tal que él sea incorporado, absorbido (41). Es decir, que el sistema del Código Procesal Laboral viabiliza también la alternativa de interponer con éxito el recurso de nulidad en virtud de un error «in procedendo» que haya precedido el dictado de la sentencia (42); en la medida en que el acto atacado no hubiera sido convalidado expresa o tácitamente; es decir, que para tal fin debiera de haberse planteado en su momento la nulidad respectiva, ya sea por medio del incidente o de la revocatoria, tal como se indicó anteriormente-.

Ahora sí, terminada esta pequeña digresión, nos ocuparemos de lo normado concretamente por el Código -de rito- Civil y Comercial en relación con la nulidad procesal.

El primero de los artículos contenidos en el título del mencionado ordenamiento, esto es el art.124, dispone lo siguiente: «. ninguna actuación ni otro acto de procedimiento será declarado nulo si la ley no ha impuesto expresamente esa sanción. Sin embargo, la omisión de un elemento substancial autoriza al juez, apreciando las consecuencias materiales y jurídicas que se hayan derivado, a pronunciar la nulidad aun a falta de toda sanción expresa. La disposición prohibitiva está asimilada a la nulidad expresa».

Lo que se prevé allí es el denominado principio de especificidad o legalidad, conforme al cual no habrá nulidad procesal sin un texto legal que así lo consagre expresamente. Es decir que se requiere, para que sea procedente la declaración de nulidad de un acto procesal, que este presente alguna irregularidad que, conjuntamente con su sanción, se encuentre contemplada de manera expresa en la ley formal. De modo que no hay nulidad sin ley específica que la establezca (43).

Asimismo, en la segunda parte de dicha norma, se sienta una excepción a aquel principio que autoriza al juez a fulminar de nulidad a un acto -aun no existiendo un texto imperativo que lo disponga- cuando se ha omitido un elemento sustancial en su ejecución. Surgen así las denominadas «nulidades implícitas», o sea las que, no estando prescriptas específicamente por la ley con sanción de nulidad, igualmente deben declararse (44). Ha dicho la Corte, al respecto, que ante la falta de un texto legal expreso, la nulidad procede solo cuando falta un elemento esencial en el proceso que hace inexistente un adecuado derecho de defensa (45).

A su turno, el párr. 3.° consagra otro criterio moderador consistente en equiparar con la nulidad expresa a toda disposición prohibitiva que contenga expresiones tales como:«no podrá», «no está permitido», «no deberá», «es inadmisible», etcétera (46).

En suma, aunque prime el principio de legalidad en materia de nulidad procesal, no debe perderse de vista que él resulta atenuado desde el momento en que se contempla -conjuntamente- la llamada «nulidad virtual», consistente en que todo acto procesal contrario a una prohibición legal o que presente una omisión sustancial, también puede acarrear su nulidad (47).

Luego tenemos al art. 125 del CPCC, conforme al cual «las nulidades deben declararse a petición de la parte interesada. Las de orden público podrán ser alegadas por cualquiera de las partes o por el ministerio público, en todo estado y grado de la causa; el juez deberá pronunciarlas de oficio».

Se instala mediante tal precepto el llamado «principio de protección», en virtud del cual la nulidad no puede pronunciarse sino a instancia de la parte interesada o -lo que es lo mismo- perjudicada, salvo las de orden público, que también pueden ser alegadas por la parte que no ha sufrido perjuicio, por el ministerio público y deben ser pronunciadas de oficio por el juez (48).

Entonces, en primer lugar, podrá requerir la nulidad aquella parte que no la ocasionó ni coadyuvó a su producción, que tampoco la consintió, y en cuyo favor se ha consagrado la formalidad omitida o irregularmente llevada a cabo (49). Ampliándose tal espectro de legitimados cuando se trate de nulidades de orden público, en cuyo caso también podrán ser alegadas de oficio tanto por el Ministerio Público como por el propio órgano judicial (50). Vázquez Ferreyra acotó, en este sentido, que el juez no solo debe declarar las nulidades, sino que también debe prevenirlas; es decir, que en lo posible debe depurar el proceso de irregularidades, vicios y errores (51).

Otra norma del Código Procesal Civil y Comercial a la que cabe remitirse es la contenida en el art.126 , que reza así: «. la nulidad de un acto o procedimiento solo podrá declararse cuando la violación de la ley hubiera producido un perjuicio que no pueda ser reparado sin la declaración de nulidad».

Se trata ni más ni menos que del reconocido principio de trascendencia, cuyo propósito no es otro que el de evitar la declaración de la nulidad por la nulidad misma, es decir, nulidades inútiles; exigiéndose a tal efecto que quien invoca una nulidad acredite que la misma es trascendente, señalando a tales efectos cuál es el concreto perjuicio que aquella le ocasiona. Como explica Alvarado Velloso, cuando el interesado propone la nulidad, debe invocar concretamente la causa que la ocasiona y los hechos en los cuales ella se funda, exponiendo al mismo tiempo las razones que permitan concluir que, por el vicio procesal, quien deduce la nulidad ha quedado efectivamente privado del ejercicio de una facultad o que no ha podido cumplirla cuando era pertinente (52).

Pero además no basta solo con el perjuicio, puesto que además de existir el mismo, debe ser cierto, concreto y real.El vicio en cuestión tiene que haber podido influir realmente en la defensa para que proceda declarar su nulidad (53). En otras palabras, no hay nulidad sin indefensión, debiendo confiarse al juez la apreciación de las situaciones de hecho (54). Porque la nulidad no tiene por objeto satisfacer meros pruritos formales, sino enmendar perjuicios efectivos que hagan inexistente la garantía del debido proceso (55). De ahí que se requiera la demostración de la indefensión cierta y concreta en que se ha colocado a la parte y del interés jurídico que se pretende satisfacer con el pronunciamiento nulitivo (56). Procurándose evitar así la deducción de impugnaciones notoriamente infundadas, cuyo fin no sea otro más que el de alongar el procedimiento o generar un crédito por costas incidentales (57).

En suma, se requiere la demostración de la indefensión cierta y concreta en que se ha colocado a la parte y del interés jurídico que se pretende satisfacer con el pronunciamiento nulitivo (58). Cargando la parte que invoca la nulidad con la prueba de la aludida afectación del derecho de defensa, de manera concreta y específica, sin que prosperen las meras alegaciones sin sustento fáctico que la justifiquen (59). Salvo que se trate de nulidades de orden público, en cuyo caso el impugnante se encuentra dispensado de tal carga (60).

El art. 127 del CPCC, por su parte, dispone que «la nulidad no podrá ser alegada por quien dio lugar a ella o concurrió a producirla. La violación u omisión de las formalidades establecidas en el interés de una de las partes no puede ser opuesta por la otra».

Claramente nos encontramos aquí ante un nuevo despliegue del ya antes aludido principio de protección, en virtud del cual tampoco procede la declaración de nulidad cuando la irregularidad que le sirve de sustento fue cometida por la propia parte que lo denuncia (61). Por esa razón, cuando el art.125 del CPCC habla de parte interesada, no puede ser tal aquella misma que ha dado lugar al vicio o que se ha visto beneficiada de este, atento a que, como bien dice Pastorino, no puede el nulidicente generador del vicio alegar su propia torpeza, ni pretender borrar con el codo lo que ha escrito con la mano (62).

Otra derivación del principio de protección la encontramos en el art. 128 del CPCC (63), donde se regulan ciertos supuestos que obstan a la declaración de nulidad de un acto procesal, aun cuando se dieran los presupuestos necesarios para ello. Concretamente se establece en aquel que «la irregularidad de un acto o procedimiento quedará subsanada: 1. si se ha cumplido sus finalidades específicas respecto de la parte que pueda invocarla; 2. si el interesado se manifiesta sabedor del acto, así sea tácitamente, y no solicita su anunciación dentro de los tres días de su notificación o de la primera actuación o diligencia posterior en que intervenga. Las nulidades de orden público quedan purgadas por la cosa juzgada».

En el primer inciso, se regula el principio de finalidad, conforme al cual el acto no devendrá ineficaz si, a pesar de su irregularidad, cumple con la finalidad que le es propia.Siendo un caso típico el de la notificación por cédula, respecto del cual se ha resuelto que no procede declarar su nulidad cuando el emplazamiento fue realizado en domicilio distinto si no se acredita alguna circunstancia que demuestre que dicha cédula no pudo cumplir con su finalidad notificatoria (64). O sea, que prevalece el resultado obtenido por encima de la omisión de las formas (65).

La lesión se produce, pues, no por la mera afectación de las formas, sino porque esta afectación alcanza una relevancia tal que distorsiona o impide el cumplimiento del fin para el cual fue constituida dicha formalidad (66). Ergo, la validez o invalidez de un acto procesal debe juzgarse por su finalidad, en tanto que la ley se rige por el principio de instrumentalidad de las formas; conforme al cual no procede declarar la nulidad cuando el acto -aunque defectuoso- ha logrado cumplir su objeto (67).

Se prevé, asimismo, la posibilidad de que sea el propio interesado en la nulidad de un acto procesal el que exprese o tácitamente consienta a la misma; dándose este último cuando pasados los tres días posteriores a su conocimiento, no se procede a cuestionar el acto presuntamente nulo por la vía que resulta idónea, que podría ser tanto el incidente de nulidad como el recurso de revocatoria, según el caso.En lo que respecta a la convalidación tácita o presunta, por ejemplo, ha dicho Maurino que la misma se configura cuando la parte legitimada para pedir la nulidad, en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidente, recurso, etc.) dentro del plazo legal, porque si el que puede y debe atacar no ataca, entonces aprueba (68). Efectivamente, dice Pastorino, si no se peticiona la anulación del acto viciado precluye el derecho a solicitarlo, y en consecuencia se presume la conformidad con el trámite (69).

Ha dicho el máximo Tribunal de la provincia, en este sentido, que a diferencia de las nulidades del derecho civil, en el proceso laboral todas pueden ser convalidadas por el consentimiento expreso o tácito de la parte afectada, si esta no reclama en término su reparación (70).

Nótese asimismo lo que se ha dicho respecto del llamamiento de autos, porque una vez firme el mismo, ya no es posible argüir la nulidad de actos anteriores (71). Es decir, que el llamamiento de autos tiene la virtualidad de purgar cualquier vicio, defecto o error del procedimiento, debido a que a partir de que el mismo queda firme, precluye toda posibilidad de denunciar irregularidades en el trámite, incluso el recurso de nulidad en relación con vicios «in procedendo», porque para ello, es necesario que se hubiera planteado oportunamente la correspondiente nulidad; esto es, dentro de los tres días de conocido el acto.

De modo que aun en el supuesto hipotético de llegarse a la conclusión de que existieron vicios anteriores al llamamiento de autos, esto es durante el trámite del procedimiento, deberá entenderse que los mismos han quedado purgados mediante la referida providencia (72). Con la excepción, obviamente, de las nulidades de orden público, que quedarán purgadas únicamente cuando se obtenga una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (73).

Ello así porque el artículo del Código Procesal Civil y Comercial antes citado, en su parte final, hace mención a la cosa juzgada, otorgándole poder subsanador de los posibles viciosprocesales: ella purga cualquier nulidad, inclusive las que sean de orden público. Siendo tal la razón por la que hoy se afirma que todas las nulidades procesales son relativas, o, si se prefiere, que no existen en el proceso nulidades absolutas, en la medida en que todas ellas pueden llegar a ser convalidadas por vía de la cosa juzgada (74). Salvo, claro está, el extremo de la llamada «cosa juzgada fraudulenta» (75), en cuyo caso puede lograrse la revisión de lo resuelto por medio de la acción autónoma de nulidad (76).

Finalmente, surge del art. 129 del CPCC que «la nulidad de un acto declarada judicialmente produce la invalidez de los actos posteriores que de él dependan. El juez determinará a cuáles actos alcanza esa dependencia.

Lo que viene a dejar sentada esta norma es, ni más ni menos, que uno de los efectos propios de la declaración de nulidad de un acto procesal, consistente en que la misma no solo afecta al acto irregular en sí mismo, sino también a los actos sucesivos; esto es, que son consecuencia directa y lógica del mismo.

Entonces, declarada la nulidad se tiene al acto viciado como ineficaz desde su origen mismo, ostentando así efectos retroactivos. Al ser su efecto declarativo, vuelven las cosas a la situación inmediata anterior al acto viciado (77). Siendo el propio juez o tribunal que declara la nulidad, en definitiva, el que debe decidir de manera expresa cuáles son los actos que se verán alcanzados por la sanción de ineficacia.Es decir, que ello deberá quedar detallado con claridad por aquel órgano en la resolución que justamente declara la nulidad.

Dispone en este aspecto el propio Código Procesal Laboral, al referirse este a los efectos del recurso de nulidad por vicios de procedimiento, que en tal caso se declarará nulo lo obrado que se relacione con la actuación nula, o que sea su consecuencia, y se remitirán los autos al juzgado que correspondiere para que tramite la causa y dicte una nueva resolución; salvo, dice Eguren, que haya operado la preclusión por transcurso del plazo previsto para ejercerse esa facultad (78). En cambio, si el recurso de nulidad fuere acogido en virtud de vicios inherentes a la propia sentencia de primera instancia, no corresponde el reenvío de la causa, sino que la propia Cámara deberá avocarse a la sustancia de la controversia dictando la que corresponda (79).

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(1) CARLOS, Eduardo B.: «Nociones sumarias sobre nulidades procesales y sus medios de impugnación», en Anales del Colegio de Abogados de Santa Fe I, N.º 1, 1946, p. 106, y en LL, 43-831.

(2) VILLARRUEL, Juan M., y VIANA, Oscar D.: Comentarios al Código Procesal Laboral del la Provincia de Santa Fe. Rosario, Zeus, 1982, p. 62.

(3) PASTORINO, Eduardo E.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe Comentado. Rosario, Juris, 2014, p. 83.

(4) CARNELUTTI, Francesco: Instituciones del proceso civil, vol. 1. Buenos Aires, Ejea, 1959, p. 22.

(5) ALSINA, Hugo: «Actos procesales civiles» (lema), en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. 1 A. Buenos Aires, Bibliográfica Argentina, 1954, p. 436.

(6) CARNELUTTI, Francesco: Instituciones del proceso civil, vol. 1. Buenos Aires, Ejea, 1959, p. 425.

(7) BERIZONCE, Roberto O.: La nulidad en el proceso. La Plata, Platense, 1967, p. 21

(8) CHIAPPINI, Julio: Actos procesales (arts. 1 15 -174 , CPCN). Compendio de reglas. Rosario, Fas, 1998, p. 14.

(9) ODERIGO, Mario A.: Lecciones de derecho procesal, t. 2. Buenos Aires, Depalma, 1975.

(10) PEYRANO, Jorge. W.: Lecciones de procedimiento civil. Rosario, Zeus, 2004.

(11) GOLDSCHMIDT, Werner:«El problema de los métodos en el mundo jurídico» (un ensayo). Buenos Aires, Esnaola, 1965.

(12) FIORENZA, Alejandro A.: La arbitrariedad procesal como causal de procedencia del recurso extraordinario federal. Rosario, Juris, 2014; «El proceso judicial concebido como una empresa epistemológica», en Zeus On-Line, secc. Novedades, 25/5/2015; «Sobre el objeto del proceso judicial», en MJD7391 ; «La paradoja procesal», en El Derecho, 271 – 14.118.

(13) TARUFFO, Michele: «La dimensión epistémica del proceso», en Proceso y decisión. Lecciones mexicanas de derecho procesal. Madrid, Marcial Pons, 2012, p. 53.

(14) CARLOS, Eduardo B.: Introducción al estudio del derecho procesal. Santa Fe, Panamericana, 2005, p. 179.

(15) Es decir, hechos humanos voluntarios y lícitos.

(16) Ellos pueden ser realizados por cualquier sujeto procesal; es decir, tanto por las partes, como por el órgano jurisdiccional y los terceros. Véase PODETTI, J. Ramiro: Tratado de los actos procesales. Buenos Aires, Ediar, 1955, p. 196.

(17) En la doctrina, no se advierten discrepancias en cuanto a que tanto los actos procesales como los civiles revisten la categoría de jurídicos, porque la juridicidad es concepto independiente del contenido. Véase DE SANTO, Víctor: Nulidades procesales. Buenos Aires, Universidad, 2006, p. 24.

(18) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Lecciones de derecho procesal civil. Rosario, Juris, 2009, p. 277.

(19) FASSI, Santiago: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1. Buenos Aires, Astrea, 1971, p. 350.

(20) DE SANTO, Víctor: Nulidades procesales. Buenos Aires, Universidad, 2006, p. 25.

(21) ODERIGO, Mario A.: Lecciones de Derecho Procesal, t. 2. Buenos Aires, Depalma, 1989, p. 87.

(22) MAURINO, Alberto: Nulidades procesales. Buenos Aires, Astrea, 2009, p. 15.

(23) Peyrano, por ejemplo, ha dicho que -a su entender- el acto procesal es un acto voluntario y, por lo tanto, puede considerarse regido por la teoría civilista en lo atinente a los vicios de la voluntad, es decir, error, dolo, violencia, etc. Véase PEYRANO, Jorge W.: «Vicios que pueden generar nulidades procesales», en Revista de Derecho Privado y Comunitario, t. 1995-8. Nulidades, Cita: RC D 671/2012.(24) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: «Presupuestos de la nulidad procesal», La Ley, 1986-C-885.

(25) VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe», de PEYRANO, Jorge W. (dir.), t. 1. Rosario, Juris, 2004, p. 331.

(26) DE LOS SANTOS, Mabel A.: «Nulidad procesal», en La Ley, 1991-D, 59.

(27) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: «Presupuestos de la nulidad procesal», en La Ley, 1986-C-885.

(28) PEYRANO, Jorge W.: «Vicios que pueden generar nulidades procesales», en Revista de Derecho Privado y Comunitario, t. 1995-8. Nulidades, RC D 671/2012

(29) RODRÍGUEZ, Luis: Nulidades procesales. Buenos Aires, Universidad, 1983, p. 25.

(30) MAURINO, Alberto: «Nulidades procesales». Buenos Aires, Astrea, 2009, p. 14.

(31) DE SANTO, Víctor: «Nulidades procesales». Buenos Aires, Universidad, 2006, p. 36.

(32) PEYRANO, Jorge W.: «Vicios que pueden generar nulidades procesales», en Revista de Derecho Privado y Comunitario, t. 1995-8. Nulidades, RC D 671/2012.

(33) VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe», de PEYRANO, Jorge W. (dir.), t. 1. Rosario, Juris, 2004, p. 331.

(34) RIVERA RÚA, Néstor H.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia», t. 1. Santa Fe, Panamericana, 2010, p. 570.

(35) CCCLVT, 22/4/1998, Zeus, 78-J/318.

(36) ROMÁN, Alejandro A., y PUSINERI, Pedro S.: en Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado, de MACHADO, José D., t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 208.

(37) VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe», de PEYRANO, Jorge W. (dir.), t. 1. Rosario, Juris, 2004, p. 343.

(38) CLR, Sala II, 22-03-1994, JS, 9, R-731, 1, 44.

(39) ROMÁN, Alejandro A., y PUSINERI, Pedro S.: en «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», de MACHADO, José D. (dir.), t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 208.(40) ROMÁN, Alejandro A., y PUSINERI, Pedro S.: en «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», de MACHADO, José D. (dir.), t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 209.

(41) PEYRANO, Jorge W.: «Apuntes sobre el recurso de nulidad en el CPC Santafesino», en JS, 3-165.

(42) ROMÁN, Alejandro A., y PUSINERI, Pedro S.: en «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», de Machado, José D., t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 209.

(43) COUTURE, Eduardo J.: Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Depalma, 1978, p. 390.

(44) MAURINO, Alberto L.: Nulidades procesales. Buenos Aires, Astrea, 2009, p. 27.

(45) CSJSF, 23-02-1994, Lexis N.º 18/24062.

(46) CARRILLO, Hernán; EGUREN, María C.; GARCÍA SOLÁ, Marcela; y PEYRANO, Marcos: Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe comentado. Rosario, Juris, 2006, p. 163.

(47) VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe», de PEYRANO, Jorge W. (dir.), t. 1, Rosario, Juris, 2004, p. 332.

(48) EGUREN, María Carolina: en «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de Corrientes», de VITANTONIO, Nicolás J. R. (dir.) y EGUREN, María C. (coord.a), t. 1. Rosario, Nova Tesis, 2006, p. 316.

(49) ROMÁN, Alejandro A., y PUSINERI, Pedro S.: en «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», de MACHADO, José D. (dir.), t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 206.

(50) PASTORINO, Eduardo E.: «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe Comentado». Rosario, Juris, 2014, p. 85.

(51) VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe», de PEYRANO, Jorge W. (dir.), t. 1. Rosario, Juris, 2004, p. 335.

(52) ALVARADO VELLOSO, Adolfo:«Presupuestos de la nulidad procesal», en La Ley, 1986-C-885.

(53) CLR, Sala I, 21/3/1994, JS, 10, R-06, 47.

(54) CLSF, Sala II, 20/4/1994, JS, 14-R1163, 4.

(55) CSJSF, 30/11/2004, Lexis N.º 18/25312.

(56) EGUREN, M. Carolina: en «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de Corrientes», de VITANTONIO, Nicolás J. R. (dir.), y EGUREN, María C. (coord.a), t. 1. Rosario, Nova Tesis, 2006, p. 318.

(57) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: «Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe». Rosario, Fundación para el desarrollo de las ciencias jurídicas, t. 1, 2014, p. 854.

(58) CARRILLO, Hernán; EGUREN, María C.; GARCÍA SOLÁ, Marcela; y PEYRANO, Marcos: Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe comentado. Rosario, Juris, 2006, p. 165.

(59) PASTORINO, Eduardo E.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe Comentado. Rosario, Juris, 2014, p. 85.

(60) ROMÁN, Alejandro A., y PUSINERI, Pedro S.: en «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», de Machado, José D. t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 203.

(61) CCCLRaf., 18-09-1992, Zeus, 61-R/9-14070.

(62) PASTORINO, Eduardo E.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe Comentado. Rosario, Juris, 2014, p. 85.

(63) CARRILLO, Hernán; EGUREN, María C.; GARCÍA SOLÁ, Marcela; y PEYRANO, Marcos: «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe comentado». Rosario, Juris, 2006, p. 165.

(64) CLSF, Sala II, 8/11/2002, JS, 50-142.

(65) VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto: en «Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe», de Peyrano, Jorge W. (dir.), t. 1. Rosario, Juris, 2004, p. 340.

(66) EGUREN, M. Carolina: en «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de Corrientes», de VITANTONIO, Nicolás J. R. (dir.), y EGUREN, María C. (coord.a), t. 1. Rosario, Nova Tesis, 2006, p.321.

(67) CLSF, Sala II, 20/9/1994, JS, 14-138.

(68) MAURINO, Alberto L.: Nulidades procesales. Buenos Aires, Astrea, 1995, p. 55.

(69) PASTORINO, Eduardo E.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe Comentado. Rosario, Juris, 2014, p. 86.

(70) CSJSF, 30/11/2004, Lexis N.º 18/25312.

(71) CCCLRec., 5/09-2000, Zeus, 10-J/125.

(72) CLR, Sala I, 4/2008, JS, 89-141.

(73) CARRILLO, Hernán; EGUREN, María C.; GARCÍA SOLÁ, Marcela; y PEYRANO, Marcos: Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe comentado. Rosario, Juris, 2006, p. 168.

(74) CTR, Sala II, 10-09-1976, Zeus, 10-R/5.

(75) RIVERA RÚA, Néstor H.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia, t. 1. Santa Fe, Panamericana, 2010, p. 566.

(76) ROMÁN, Alejandro A., y PUSINERI, Pedro S.: en «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», dirigido por José D. Machado, t. 1, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, p. 208.

(77) PASTORINO, Eduardo E.: Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe Comentado. Rosario, Juris, 2014, p. 86.

(78) EGUREN, M. Carolina: en «Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe. Comentado. Concordado con el CPL de Corrientes», de VITANTONIO, Nicolás J. R. (dir.) y EGUREN, María C. (coord.a), t. 1, Rosario, Nova Tesis, 2006, p. 323.

(79) ROMÁN, Alejandro A. y PUSINERI, Pedro S.: en «Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe comentado», de MACHADO, José D. (dir.), t. 1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2010, pp. 211 y 212.

(*) Abogado, UCA Rosario. Ayudante de las cátedras de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil y Comercial, UCA Rosario. Auxiliar, Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. Autor de publicaciones sobre t emas de su especialidad.

(**) Abogada especializada en derecho laboral. Mediadora. Exadscripta de la cátedra de Derecho Laboral a cargo del Dr. Bof, UNR. Especialización en Derecho del Trabajo en la Escuela de Graduados, UNR (en curso).