Responsabilidad del club deportivo demandado por las lesiones sufridas por el actor cuando fue acuchillado por terceros desconocidos al producirse una avalancha luego de un gol

Partes: Feriz Miguel Antonio c/ Club Sportivo Independiente Rivadavia s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 26-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105144-AR | MJJ105144 | MJJ105144

Sumario:

1.-Cabe confirmar la condena del club deportivo demandado a raíz de las lesiones sufridas por el actor, cuando fue acuchillado por terceros desconocidos al producirse una avalancha luego de un gol, pues quienes organizan espectáculos deportivos deben extremar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de aquellos que concurren a los estadios, hayan estos comprado o no la entrada correspondiente, porque de lo contrario resultan responsables por los daños que sufran en esa ocasión.

2.-Los espectáculos públicos constituyen un campo apto y propicio para que opere la obligación de seguridad, ya que, evidentemente, además de la obligación principal que pesa sobre el organizador de brindar el espectáculo, existe otra accesoria, pero quizás de mayor valor jurídico en atención al bien que protege, que es la de la seguridad del espectador y de los participantes durante el desarrollo de ese evento, obligación que es de resultado respecto de la incolumidad de los asistentes mientras están en el lugar o en sus inmediaciones.

3.-Si bien lo normal es que entre el espectador y el organizador se genere una relación jurídica derivada de un contrato de espectáculo público, la obligación de seguridad inherente al mismo se ha ido ampliando de tal forma que sus efectos alcanzan incluso a quien no ha formado parte esencial del contrato, pero por su carácter de asistente le son aplicables sus reglas.

4.-Si bien la ley 24.192 eliminó toda referencia a las eventuales eximentes, generándose la duda acerca de si lo pretendido por el legislador era regular una responsabilidad ultraobjetiva, existe coincidencia en que la supresión de la alusión a la culpa de la víctima, que estaba en la Ley 23.184 , solo implica someter las eximentes a las reglas generales del sistema de responsabilidad por riesgo

Fallo:

En la ciudad de Mendoza a los veintiséis días del mes de junio de dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos N° 85.403/52.212, caratulados “FERIZ, MIGUEL ANTONIO C/CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA P/D. Y P.”, originarios del Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, venidos al Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el demandado Club Sportivo Independiente Rivadavia a fs. 520 y por la citada en garantía El Surco Compañía de Seguros S.A. y la demandada Asociación del Fútbol Argentino a fs. 524, en contra de la sentencia de fs. 512/519.

Practicado el sorteo establecido por el art. 140 del Código Procesal Civil a fs. 552 se determinó el siguiente orden de votación: Dres. Ferrer, Ábalos y Leiva.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso?

Segunda cuestión:

¿Costas?

Sobre la primera cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio A. Ferrer, dijo:

I.- Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 512/519, por la cual se hace lugar parcialmente a la acción entablada por Miguel Antonio Feriz y, en consecuencia, se condena al Club Sportivo Independiente Rivadavia; a la Asociación del Fútbol Argentino y a El Surco Compañía de Seguros S.A., en este caso en los términos de la póliza, a pagar al actor, en el plazo de diez días de quedar firme y ejecutoriada esa resolución, la suma de $142.460,73, con más los intereses que allí se determinan.

II.- PLATAFORMA FÁCTICA:

A fs. 90/99 se presenta el Dr. Andrés Gualberto Ugarte, por el Sr.Miguel Antonio Feriz y promueve acción por daños y perjuicios contra el Club Sportivo Independiente Rivadavia, sujetando el monto del reclamo indemnizatorio a una futura ampliación de demanda.

Relata que el hecho dañoso se produjo el 26 de octubre de 2007, aproximadamente a las 21:15hs., en la tribuna popular del estadio del club demandado, cuando su mandante se encontraba presenciando, como espectador, el encuentro que disputaba esa institución con el Club Almirante Brown de la Provincia de Buenos Aires.

Menciona que cuando el equipo local convierte un gol se produce una avalancha, episodio que es aprovechado por varios sujetos no identificados, quienes con cuchillos tipo “de cocina”, hieren gravemente a su representado al confundirlo con otra persona al que apodaban “Manguera”.

Expresa que a raíz de las heridas sufridas, el actor fue sacado de la tribuna por personas desconocidas, quienes lo dejaron en el acceso a la misma, en donde fue socorrido por efectivos policiales y médicos de la empresa ECI, para luego derivarlo al Hospital Lagomaggiore adonde permaneció internado por varias semanas y fue intervenido quirúrgicamente.

Se refiere a las lesiones sufridas y a las secuelas que las mismas le han provocado, como así también acerca de la responsabilidad del club demandado.

Funda en derecho y ofrece pruebas.

A fs. 118/134 amplía la demanda en contra de la Asociación del Fútbol Argentino y se la concreta por la suma de $165.020 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, intereses a tasa activa, accesorios y costas.

Realiza una ampliación del relato de los hechos, mencionando que el actor se desempeñaba, al momento del evento dañoso, como soldador y montador de altura, tareas que no pudo volver a realizar.

Se refiere a la responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino.

Individualiza los daños por los que reclama indemnización y estima sus montos.

Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 147 comparece el Dr.Nicolás Martín Becerra, por el Club Sportivo Independiente Rivadavia, cita en garantía a la Asociación del Fútbol Argentino y a fs. 152/158 lo hace al contestar la demanda interpuesta en contra de su representada, solicitando su rechazo, con costas.

Luego de negar la existencia del hecho dañoso relatado en la demanda, indica que no existe ninguna constancia de que haya sucedido algún acto de violencia en el partido de fútbol que se desarrolló en el estadio de su representada el 26 de octubre de 2007.

Indica que a esa parte no le consta la existencia de una relación de consumo y mucho menos que el actor haya sido espectador de ese espectáculo deportivo, agregando que la entrada acompañada como prueba no se corresponde al partido que se desarrolló ese día.

Expresa que no existen pruebas de que las heridas sufridas por el actor hayan sido producidas dentro de la cancha y que del relato del Oficial de Policía Walter Burgos surge que el personal policial lo encontró en la entrada y no adentro de la misma.

Agrega que el mismo sobrino del accionante, Maximiliano Gabriel Agüero, manifestó que, supuestamente, unas personas estuvieron peleando en riña, pero que el no presenció la agresión al actor y tampoco puede justificar el ingreso al estadio.

Concluye en que la única prueba de que la supuesta herida le fue propinada al actor dentro del estadio, son sus propios dichos.

También niega la existencia de peleas, riñas o avalanchas en la tribuna popular mientras se disputaba el partido con el Club Almirante Brown.

Menciona que muchas lesiones que se producen en los estadios de fútbol no son producto del espectáculo deportivo, sino de personas inescrupulosas y violentas que dirimen sus conflictos personales, comerciales o de otra índole en el ese marco.

Destaca que su representada realizó los controles adecuados de ingreso al estadio y contrató a la Policía de Mendoza para la seguridad, no siendo ella la que ejerce el control directo sobre los espectadores, sino que el poder de policía, enmateria de seguridad, le corresponde a la Policía de Mendoza.

Impugna los rubros y montos indemnizatorios pretendidos.

Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 193 consta la notificación del traslado de la demanda a la Asociación del Fútbol Argentino y a fs. 197, ante su incomparecencia, se declara su rebeldía.

A fs. 200 se presenta la Dra. María del Pilar Varas, por la Asociación del Fútbol Argentino y cita en garantía a El Surco Compañía de Seguros S.A.

A fs. 244 la Dra. María del Pilar Varas, por El Surco Compañía de Seguros S.A., acepta la citación dentro de los límites de la póliza contratada y contesta la demanda, solicitando su rechazo, con costas.

Luego de diversas negativas, entre las que se encuentra la existencia del evento dañoso, menciona que los hechos relatados en la demanda ninguna relación tienen con las previsiones de la ley 24.192, ya que la supuesta pelea tuvo un origen de tipo personal que nada tiene que ver con el espectáculo deportivo.

Agrega que las disputas personales entre dos individuos, no pueden generar responsabilidad civil de los organizadores y/o participantes de un espectáculo deportivo, ya que, para que ello suceda, debe existir una adecuada relación entre el daño y el espectáculo.

Señala como, otra eximente, la culpa de la víctima al haber participado de una riña.

Se refiere a la responsabilidad de la Provincia de Mendoza, como responsable exclusiva del cacheo de seguridad, a través de la Policía, de los espectadores previo a ingresar al estadio.

Se opone a la aplicación al hecho de la ley de defensa del consumidor.

Impugna los rubros y montos indemnizatorios pretendidos.

Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs.272/273 se resuelve acerca de la admisión y sustanciación de las pruebas ofrecidas por las partes.

III.- LA SENTENCIA RECURRIDA:

Luego de determinar el marco legal aplicable al caso, se señala que todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes y que ante daños sufridos por estos en ese ámbito surge una responsabilidad de tipo objetiva, bastándole a la víctima con probar el daño y la relación de causalidad, sin que sea necesario acreditar la culpa del organizador que solo podrá eximirse ante el caso fortuito ajeno al propio riesgo del espectáculo deportivo.

En relación a la Asociación del Fútbol Argentino, menciona que su responsabilidad surge del control que ella ejerce sobre la organización, prestación y beneficios del espectáculo que produce riesgos para quienes asisten al mismo.

Entiende acreditado, a partir de las constancias del expediente penal, que los agresores del actor lograron ingresar al estadio munidos de un arma blanca, lo que demuestra que el cacheo realizado no logró asegurar que los asistentes no lo hicieran con esos elementos peligrosos.

Resalta que si bien existió un amplio operativo policial, el hecho de que los simpatizantes pretendan ingresar al estadio portando ese tipo de elemento es una cuestión previsible y reiterada, por lo que aquel no se realizó con el debido cuidado y atención.

Concluye en que al no haber los demandados acreditado la existencia de alguna causal de exclusión que rompa el nexo causal, ni la culpa de la víctima, corresponde admitir la demanda.

Luego de ello, ingresa en el análisis de las indemnizaciones reclamadas, argumentando que, en relación a la incapacidad sobreviniente, tanto de la historia clínica, como de la pericia médica realizada por el Dr. Luís R.Reta Herrera, surge que el actor presenta ciertas molestias relacionadas con su reparación quirúrgica que le implican un 10% de incapacidad, especificando que no se puede estirar hacia atrás y que se le palpa un nódulo en la parte inferior del esternón, aunque también aclara que no alteran su capacidad laborativa como soldador de altura.

Tiene en cuenta para la cuantificación de este daño que el CCCN ordena la aplicación de fórmulas matemáticas, mencionando que si se aplica la conocida como “Vuotto”, arroja una indemnización de $80.560,73 y si se lo hace a través de la “Méndez”, de $209.930,50.

Concluye en que procede el rubro por la suma de 80.560,73, a la fecha de presentación de la pericia médica, esto es, al 13/02/2014.

Hace lugar al reclamo de gastos terapéuticos por la suma de $2.500, a los que adiciona la de $4.400 por tratamiento psicológico recomendado por la perito psicóloga Lic. Fioquetta en su informe.

También hace lugar a la indemnización por daño moral, fijando su resarcimiento en la suma de $55.000.

Rechaza lo reclamado por lucro cesante, daño que no considera probado.

Indica que a esos montos corresponde adicionar, en el caso de los “gastos terapéuticos” y “daño moral”, los intereses de la ley 4087 desde la fecha del hecho hasta el dictado de esa resolución y desde allí en adelante y hasta su efectivo pago, los de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) y en el de la “incapacidad sobreviniente”, los de la ley 4087 desde la fecha del hecho hasta la presentación de la pericia médica y a partir de allí y hasta su efectivo pago, los de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.).

IV.- LAS EXPRESIONES DE AGRAVIOS Y SUS CONTESTACIONES:

A fs.525/529, el Dr. Nicolás Martín Becerra, por el Club Sportivo Independiente Rivadavia, se agravia de la sentencia por considerar que contiene errores de razonamiento; en la apreciación y valoración de las pruebas y en la aplicación del derecho, resultando en consecuencia arbitraria, con grave lesión al derecho de defensa y propiedad de su representada.

Como primer agravio, sostiene que el Juez prescinde de los hechos acreditados en la causa, ya que, de la compulsa del expediente penal, surge que el actor fue encontrado por personal policial en la entrada de la cancha y no adentro de la misma, surgiendo la existencia del hecho relatado por el actor solo de sus propios dichos.

Indica que no existe ninguna prueba de que el actor haya sido víctima de un apuñalamiento en la tribuna del Club Sportivo Independiente Rivadavia en ocasión de una avalancha y que tampoco se ha acreditado la existencia de una relación de consumo, ni mucho menos que aquel haya sido espectador del espectáculo deportivo realizado el 26 de octubre de 2007.

Sostiene que la entrada acompañada como prueba (fs. 67) no se corresponde con ese partido de fútbol y que el actor no ha aportado un solo testigo que haya visto el supuesto apuñalamiento o, por lo menos, que ingresó al estadio.

Concluye en que una supuesta pelea, por cuestiones personales, cerca de un estadio de fútbol, no puede considerarse como un accidente con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo.

A fs. 531/533, la Dra. María del Pilar Varas, por El Surco Compañía de Seguros S.A. y por la Asociación del Fútbol Argentino, expresa agravios y solicita se revoque la sentencia, con costas.

Explica que esa parte se agravia de la sentencia porque en la misma no se analizan las defensas opuestas por esa parte al contestar la demanda y al alegar, ni se valora la prueba aportada a la causa, considerando que el accidente ocurrió dentro del estadio cuando ello no ha sido probado.Destaca que no se ha probado que el hecho ocurriera con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sino que, de los propios dichos de la actor, surge que fue producto de una agresión por motivos personales que no ocurrió dentro del estadio y en la que nada tuvo que ver la justa deportiva, por lo que debe rechazarse la demanda.

También se agravia por el monto de la indemnización otorgada por incapacidad sobreviniente, aduciendo que no está acreditada la forma en que esa incapacidad afectó su vida patrimonial o social.

Refiere que el perito médico clínico ha indicado que las molestias que presenta el actor debido a su cicatriz quirúrgica no le ocasionan afecciones en su capacidad laboral y en la vida cotidiana.

Sostiene que las pruebas aportadas al proceso demuestran que el actor ha continuado trabajando en diversos rubros, entre ellos, el metalúrgico.

Indica que, en lo que concierne a su aislamiento emocional, ello no tiene relación causal con el hecho dañoso, sino con la propia personalidad del actor.

Considera que el monto de la condena debe ser disminuido a la suma de $50.000 a la fecha de la sentencia o, en subsidio, la de $65.913,32, a la fecha de la pericia médica.

Relata que si se aplica la fórmula “Vuotto”, con las variables a la fecha de presentación de la pericia médica, como se hace en la sentencia, la indemnización sería de $65.913,32, ya que el SMVM allí utilizado es errónea ($4.400, cuando era de $3.600) y si se aplican las variables a la fecha del hecho, arroja una indemnización de $17.369,34, que sumada a una tasa activa de interés, desde ese momento hasta la fecha de la sentencia, asciende a la suma de $49.686.

También se agravia por la indemnización otorgada para resarcir el costo del tratamiento psicoterapéutico, señalando que esas afecciones no tienen relación de causalidad adecuada con el hecho de autos.

Argumenta que la perito psicóloga describeque el actor, en su sala de espera, tuvo dificultades al encontrarse con gente y que el mismo le señaló que hay actividades que no puede hacer solo, lo que demuestra una actitud francamente ganancial, ya que está demostrado que trabaja en un supermercado al que asiste numeroso público, siendo la terapia recomendada una consecuencia de su personalidad inmadura emocional y agresiva, por lo que pide el rechazo del rubro.

A fs. 535/537 y fs. 538/541, el Dr. Andrés G. Ugarte, por el actor Miguel Antonio Feriz, contesta el traslado de las expresiones de agravios y solicita el rechazo de los recursos de apelación interpuestos por el Club Sportivo Independiente Rivadavia; Asociación del Fútbol Argentino y El Surco Compañía de Seguros S.A., con costas, todo conforme a las razones que esboza y a las que me remito en mérito a la brevedad.

V.- TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS:

V.- a)- El marco jurídico bajo el cual debe analizarse la responsabilidad.

Conforme al art. 51 de la ley 24.192 (B.O. del 26/3/1993), norma legal bajo la cual debe analizarse la responsabilidad que se les endilga a los demandados atento a la fecha en la que sucedió el hecho dañoso (26/10/2007) y la entrada en vigencia de la legislación que la modificó y que es la que se cita en el decisorio recurrido (ley 26358 -B.O: 25/03/2008): “Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios”, artículo que sustituyó al 33 de la ley 23.184 que decía:”Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo público deportivo son solidariamente responsables civiles de los daños sufridos por los espectadores de los mismos en los estadios y durante su desarrollo, si no ha mediado culpa por parte del damnificado”, coincidiendo la doctrina y la jurisprudencia en que dichas normas estatuyen un régimen especial de responsabilidad civil, en función de un factor de atribución claramente objetivo, derivado de una actividad riesgosa, sobre la base de consagrar una obligación de seguridad o incolumidad (PIZARRO, Ramón Daniel, “Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa”, (ed. 2006), t. III, p. 380; BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, t. II, parag. nº 1668; LOPEZ HERRERA, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil”, p. 744; LABOMBARDA, Pablo M., La responsabilidad civil de las asociaciones deportivas por daños a los espectadores. DJ 2004-2, 301.). Tal obligación, a su vez, ha sido calificada como de resultado y no de medios, con eximentes acotadas, como acontece en esta clase de obligaciones (CNCiv., sala D, 21/12/2005, “Lobato, Miguel A. v. Club Almirante Brown y otros”, SJA 8/3/2006, JA 2006-I-589; C.Nac.Civ., sala B, 29/12/2005, “Canterino, Gabriela B. v. Indoor Kart S.A.”, JA 2006-II-431; C.Nac.Civ., sala H, 5/2/1998, “Argento, Franco v. Sociedad Rural Argentina”, JA 1998-IV-412 26/4/2006, JA 2006-II-431; C.Nac.Civ. y Com. Fed., sala 2º, 1/12/1987, “Sosa, Miguel A. v.Estado Nacional y otros”, JA 1988-IV-153; todos citados por Pita, Enrique Máximo; Responsabilidad de entidades participantes de frente a lesiones sufridas por un jugador; LLLitoral 2013 (diciembre), 1188; AR/DOC/4378/2013).

Tal como lo señala este autor, el reconocimiento de esa responsabilidad objetiva puesta en cabeza de los organizadores del espectáculo deportivo no autoriza a sostener la configuración de una responsabilidad objetiva absoluta o ultraobjetiva, donde la responsabilidad deriva de la mera causalidad física, sin posibilidad de alegar circunstancia exoneradora alguna, aun cuando ésta cuente, en abstracto, con idoneidad suficiente para interrumpir el nexo causal, sino que se trata de una modalidad relativa o atenuada donde, si bien la responsabilidad deriva de la mera comprobación de los presupuestos objetivos fijados por la norma (una específica actividad, la intervención de una cosa riesgosa o viciosa, etc.) al mismo tiempo se permite -o no se prohíbe- la invocación por el responsable de eximentes más o menos acotadas.

Si bien la Ley 24.192 eliminó toda referencia a las eventuales eximentes, generándose la duda acerca de si lo pretendido por el legislador era regular una responsabilidad ultraobjetiva, existe coincidencia en que la supresión de la alusión a la culpa de la víctima, que estaba en la Ley 23.184, solo implica someter las eximentes a las reglas generales del sistema de responsabilidad por riesgo (PIZARRO, Ramón Daniel. “Responsabilidad civil por riesgo creado.”, t. III, p.396 y en similar sentido C.Nac.Civ., sala D, 21/12/2005, “Lobato, Miguel A. v. Club Almirante Brown y otros”, SJA 8/3/2006, JA 2006-I-589, también citados por Enrique Pita, ob.cit.).

Más allá de la acreditación o falta de ella, relacionada a que el actor haya adquirido su entrada para ingresar al partido o que realmente se encontrara dentro del mismo al momento de producirse el ataque que sufrió por parte de personas desconocidas, carácter que subsiste en la actualidad, lo realmente importante es saber si se encuentra probado o se puede establecer, al menos a través de fuertes indicios, que ese hecho sucedió “.con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él.” (art. 1° de la Ley 24.192), lo que haría surgir una “obligación de seguridad”, cuya aplicación nadie duda en el campo contractual, pero que tampoco puede obviarse en el extracontractual, en donde rige, de manera sustancial, el régimen protectorio que surge de las garantías emergentes de la LDC y de la ley 24.192.

Ello es así porque los espectáculos públicos constituyen un campo apto y propicio para que opere la obligación de seguridad, ya que, evidentemente, además de la obligación principal que pesa sobre el organizador de brindar el espectáculo, existe otra, accesoria, pero quizás de mayor valor jurídico en atención al bien que protege, que es la de la seguridad del espectador y de los participantes durante el desarrollo de ese evento, obligación que, como ya lo expresara, es de resultado respecto de la incolumidad de los asistentes mientras están en el lugar o en sus inmediaciones.

Si bien lo normal es que entre el espectador y el organizador se genere una relación jurídica derivada de un contrato de espectáculo público, la obligación de seguridad inherente al mismo se ha ido ampliando de tal forma que sus efectos alcanzan incluso a quien no ha formado parte esencial del contrato, pero por su carácter de asistente le son aplicables sus reglas.En este orden, ha dicho la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata que tiene carácter contractual la responsabilidad del organizador de un espectáculo público respecto del daño sufrido por un agente de policía que fue lesionado por los animales que participaban en el evento, en el caso, en la fiesta de San Fermín en la cual un novillo derribó una tranquera que cayó sobre el actor, ya que aun cuando el espectáculo haya sido gratuito, celebrado en la vía pública y el actor no formaba parte del público, el deber de indemnidad del organizador alcanza a todos los asistentes sin distinción de ningún tipo. (Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, 16/12/2003, “Castrillón, Leandro c. Centro Navarro Sud y otros”, RCyS, 2004, 829 – La Ley Buenos Aires 2004, 314, AR/JUR/4905/2003; cit. por Jalil, Julián Emil; Deber de indemnidad del organizador de un espectáculo frente al daño a un espectador; LA LEY 07/12/2011, 7 – LA LEY 2011-F, 591; AR/DOC/6062/2011).

En cualquier caso, también parece correcto reiterar que el accionante se encuentra amparado por lo normado por la 24.240 y sus modificatorias, particularmente por los arts. 2, 3, 5 y 40, aun cuando no hubiera comprado la entrada, ya que puede ser considerado como una persona expuesta a una relación de consumo, es decir, terceros próximo al producto o servicio (art. 3) digno de la consecuente tutela, al menos conforme a la legislación vigente al momento del hecho o, mejor dicho, como consumidor no contractuales o fáctico, según las previsiones del art.1 de la ley 24.240 (texto según ley 26.361), pues, se trata de una persona que, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella utiliza bienes o servicios provistos por el proveedor, con lo cual poca relevancia puede tener que haya acompañado o no la entrada, ya que, igualmente, se impone la responsabilidad de los organizadores del evento, aspecto sobre el cual se ha explayado la C.S.J.N. en el caso “Mosca” (Fallos 302:1284).

En definitiva, quienes organizan espectáculos deportivos deben extremar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de aquellos que concurren a los estadios, hayan estos comprado o no la entrada correspondiente, porque, de lo contrario, resultan responsables por los daños que sufran en esa ocasión, pudiendo esgrimir como eximente de su responsabilidad, tal como ocurriera en el presente caso, el hecho de la víctima como interruptor del nexo causal a nivel de autoría, es decir, de quien debe responder.

En este aspecto, se ha afirmado que si el análisis se realiza desde la óptica de la causalidad estrictamente material, el damnificado, de un modo u otro, siempre participa en el evento dañoso. Si su participación se limita a la asunción de un rol meramente pasivo, su obrar reviste la naturaleza de simple condición del daño, y no puede dar sustento a la eximente en estudio. Por el contrario, si la participación de la víctima tuvo incidencia dañosa, esa intervención produce la liberación del demandado, al impedir que nazca la responsabilidad que se le atribuye (Castro Durán, Ricardo Manuel, “El hecho o culpa de la víctima como eximente. La agravación de los daños., La negativa al tratamiento médico. El no arreglo del automotor”, en Revista de Derecho de Daños, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006 – 2, “Eximentes de responsabilidad II”, pág.205 y sgtes.).

A modo de conclusión expresaré que tratándose de una responsabilidad objetiva, a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación de causalidad; no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador pues ésta se presume por el solo hecho del incumplimiento, exteriorizado por el hecho de que el espectador sufrió un perjuicio durante la realización del evento deportivo y como consecuencia o derivación del desarrollo del mismo (conf. Trigo Represas-López, “Tratado de la responsabilidad civil”, Bs. As., ed. La Plata, 2004, t. II, p. 820) y por ser objetiva, al organizador no le basta con acreditar que tomó todas las diligencias posibles sino que la prueba de la eximente debe recaer sobre el rompimiento del nexo causal.

Por último, señalaré que ninguno de los demandados ha alegado no revestir el carácter de organizador del espectáculo deportivo (partido de fútbol que se desarrollo en el estadio del Club Sportivo Independiente Rivadavia el 26 de octubre de 2007), carácter que conforme lo sostenido por Marcelo Hersalis (El maltrecho asistente a un espectáculo deportivo; LLC 2012 (abril), 253; AR/DOC/850/2012), debe asignarse a: “.aquellas personas físicas o jurídicas que tienen a cargo la organización del evento deportivo, ya que él es el encargado de velar por la seguridad tanto de los espectadores como de los deportistas en el transcurso de la prueba (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 05/08/2009, Coria A. y otros c. Unión Vecinal Nueva California, LLGran Cuyo, 2009-1062 – RCyS 2009-XII, 20).

Así, debe entenderse como “organizador” a todas las entidades o asociaciones o clubes que se sirven y aprovechan del espectáculo público y contraen un deber de garantía con respecto a la seguridad de los espectadores (Félix Trigo Represas, Responsabilidad por Daños en el Tercer Milenio, página 825 y sus citas Abeledo Perrot, Bs. As.1997), estando comprendidos en ese concepto no solo el club de fútbol en donde se desarrolla el encuentro, sino también la A.F.A.

V.- b)- La responsabilidad en el caso concreto.

Aclarada entonces la cuestión del marco legal bajo el cual debe ser analizada la responsabilidad que se le endilga a los demandados, me avocaré al tratamiento concreto de los agravios que estos vierten respecto de las pruebas y el análisis que de las mismas se hace en la sentencia recurrida.

Los recurrentes sostienen que no solo no está acreditado que el actor haya adquirido su entrada al partido de fútbol en cuestión, lo cual, como lo anticipé carece de relevancia, sino que tampoco ha probado que el hecho se produjera dentro del estadio, cuestión que también resulta irrelevante, como antes lo mencioné, ya que la responsabilidad que surge de la aplicación de la Ley 24.192 (espectáculos deportivos), se concreta cuando el hecho ocurre con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él.

En definitiva, lo importante es determinar si el hecho (apuñalamiento del Sr. Feriz), se produjo con motivo o en ocasión del espectáculo deportivo desarrollado el 26/10/2007 en el estadio del Club Sportivo Independiente Rivadavia y, en su caso, si se ha acreditado la existencia de alguna de las eximentes alegadas en contra del progreso de la demanda.

No desconozco que las pruebas aportadas en ese aspecto son escasas, pero considero que, igualmente, a partir de los artículos periodísticos incorporados como prueba en este expediente (fs.59 y 349/351), surge que existió una discusión entre hinchas en la tribuna popular local que terminó con el Sr.Miguel Ángel Feriz tirado en la entrada de la misma con una herida de arma blanca en la espalda y otra en el tórax y casi sin signos vitales, por lo que debió ser trasladado al Hospital Lagomaggiore, lo cual se compadece con lo afirmado por Oficial Walter Burgos (fs. 1 del expediente penal incorporado AEV), en donde indica que “.encontrándose en la entrada de la popular sur de calle Las Tipas a la hora 21:40 aproximadamente observa que en la entrada a la cancha en donde se encontraba el personal controlando las entradas es que observa que un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad cae al piso diciendo me han pegado, por lo que luego observa que se encontraba la remera manchada con sangre este joven se levanta la remera y se puede observar que tiene una herida punzante a la altura del pecho costado derecho, por lo que en forma inmediata se apersona el Oficial Principal Morales y Zapata los que comunican la novedad por la frecuencia policial y solicitan una ambulancia al lugar.” y con lo mencionado por el testigo Pablo F. Casella (fs. 305/307) que afirmó haber concurrido ese día a la cancha con el actor y otros amigos, como así también que ingresaron a la cancha, aun cuando no haya observado el momento en el que se produjo la agresión.

Dichas pru ebas, analizadas conforme a las reglas de la sana crítica (art.207 del C.P.C.), me arriman la convicción suficiente acerca de que el hecho se produjo dentro del estadio, cuando el actor se encontraba presenciando el partido de fútbol que allí se desarrollaba, sin que, por el contrario, se haya acreditado, por parte de los demandados, la existencia de la eximente alegada (culpa de la víctima) que haya tenido incidencia causal en el evento dañoso.

En cualquier caso, aun en la hipótesis que no se tuviera por acreditado que el hecho sucedió dentro del estadio, lo que no puede dudarse a partir de lo expresado por el Oficial Walter Burgos es que habría sucedido, al menos, en sus inmediaciones, ya que lo encontró, como los mismos demandados lo admiten, en el ingreso a la tribuna popular sur.

En definitiva, no estando discutido que los demandados, en su carácter de organizadores, deben velar y preocuparse en grado extremo por la seguridad de las personas que asisten a ese tipo de espectáculos, ya que en los últimos años son numerosos los acontecimientos de violencia y daños sufridos por personas que asisten a los mismos y, al mismo tiempo, que no se ha probado que el Sr. Feriz, con su conducta, haya contribuido a la producción del hecho participando de una riña originada por él o en la que intervino activamente y no como una víctima meramente pasiva, acreditado que el apuñalamiento se produjo con motivo o en ocasión del espectáculo deportivo desarrollado el 26/10/2007 en el estadio del Club Sportivo Independiente Rivadavia, sea en el ámbito de concurrencia pública en el que se realizó o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él, solo cabe confirmar la responsabilidad asignada a los demandados y a la citada en garantía en la sentencia en crisis y rechazar el agravio que, en este punto, todos ellos vierten en su contra.

V.- c)- La prueba y cuantificación de la incapacidad sobreviniente.

La incapacidad sobreviniente consiste en el impedimento o dificultad para el ejercicio de las funciones vitales.Comprende la pérdida o disminución de las potencialidades de que gozaba el damnificado teniendo en cuenta sus concretas condiciones personales.

En otras palabras, se trata de las consecuencias patrimoniales del menoscabo, alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad psicofísica (GALDÓS, J., en Lorenzetti, Ricardo L. (dir.), Código Civil y Comercial comentado, t. VIII, p. 523.). (cfr. Tanzi, Silvia Y. Y Papillú, Juan M.; La incapacidad sobreviniente en el Código Civil y Comercial; RCCyC 2016 (noviembre), 81; AR/DOC/3442/2016).

Ahora bien, no todo ataque a la salud o a la integridad corporal de una persona genera incapacidad sobreviniente sino que, para que ello ocurra, es menester la subsistencia de secuelas que la asistencia y el tratamiento prestados a la víctima no logran enmendar o no lo consiguen totalmente, de lo que se desprende que la demostración de la invalidación, intrínsecamente considerada, no agota la carga de acreditación del daño resarcible en este tipo de casos en los que, por el contrario, el reclamante debe probar la existencia de la lesión y también las consecuencias o repercusiones negativas que la misma le acarrea (Zavala de González, Tratado de daños a las personas- Disminuciones psicofísicas, T. 2, págs.70/71; 1° C. C. Mza., 29/02/2012, autos Nº 161.067/42.870, “Díaz, Elsa L. p/ sí y ot. ambos p.s.h.m. Carlos Nicolás c/Bazán, Gustavo Javier p/ daños y perjuicios”).

Esto nos lleva a recordar que, como lo sostiene Bustamante Alsina, “El daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a los cuales se atribuye la producción. Es necesario la existencia de ese nexo de causalidad pues de otro modo se estaría atribuyendo a otra persona el daño causado por otro o por las cosas de otro” (“Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Ed. Abeledo Perrot, pág.217, 223).

Sin dudas que a los efectos de acreditar la existencia de secuelas que generen un daño resarcible por incapacidad sobreviniente cobra especial relevancia, en materia probatoria, el informe pericial médico y, en su caso, el psicológico, dado que se trata del producido por profesionales, expertos en el área en juzgamiento.

Reconozco que, en este aspecto, el informe del perito médico clínico Dr. Luís R. Reta Herrera (fs. 367/368) no cumple acabadamente con el requisito de claridad en sus conclusiones para allegar el suficiente poder convictivo al ánimo del Juez (Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la prueba judicial”, Tomo II, pág. 336), resultando impreciso o poco claro al afirmar, por un lado, que actualmente presenta ciertas molestias relacionadas con su reparación quirúrgica, como la de estirarse hacia atrás y palparse un nódulo en la parte inferior del esternón, lo que le representa un 10% de incapacidad y, por el otro, que no tiene prácticamente afectación en su vida cotidiana, ni alteración de su capacidad laborativa como soldador de altura (fs. 367; 435 y 454).

Igualmente, no considero que pueda apartarme de sus conclusiones en lo que atañe a las secuelas incapacitantes, relacionadas con las molestias descriptas por el perito, que sufre el actor como consecuencia del hecho dañoso, atento a que la impugnación del Club Sportivo Independiente Rivadavia (fs. 452), no cumple con el recaudo de contener una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en las que se funda, siendo insuficiente para atacar un dictamen la mera alegación de pareceres subjetivos o razonamientos genéricos” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D – 18/02/2003 – Cruz Romero, Luís c. Boullosa, Rodolfo A. M. y otro – DJ 14/05/2003, 103 – DJ 2003-2, 103 ) y la A.F.A y la citada en garantía, no la cuestionaron oportunamente conforme a lo ordenado por el art. 193 del C.P.C.y, al expresar agravios, el primero no formula críticas al respecto y, los segundos, no solicitan el rechazo del rubro, sino la disminución de su cuantificación, es decir, aceptan la existencia de un daño resarcible por ese concepto, aunque discuten su cuantía.

En relación a la cuantificación del daño, esta Cámara sostiene (autos Nº 253.362/51.911, caratulados “SENATORE, ROMAN GABRIEL C/CALIRE, JUAN ALBERTO Y OTS. P/ D. Y P. (accidente de tránsito)”, sentencia del 15/9/2016), que esa determinación se efectúa en el momento de la sentencia, por lo que a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial se debe acudir a sus pautas (art. 1746).

De cualquier manera, lo cierto es que nuestra legislación acoge el principio de la reparación integral de los daños tanto en el Código Civil, en función de lo dispuesto por los artículos 1.068, 1.069, 1.077, 1.079, 1.109 y concordantes, como en el Código Civil y Comercial, que hace referencia a la reparación plena en el art. 1740 y que, conforme a este principio, la finalidad de la indemnización es procurar establecer tan exactamente como sea posible, el equilibrio destruido por el hecho ilícito para colocar así a la víctima, a expensas del responsable, en la misma o parecida situación patrimonial a la que se hubiese hallado si aquél no hubiese sucedido.

También aclararé que, tratándose esta indemnización de una deuda de valor, su cuantificación debe efectuarse, de ser ello posible, al momento del dictado de la sentencia, criterio que no ha seguido el sentenciante en este caso, pero que, al no ser motivo de agravio, no puede ser modificado.

Teniendo en cuenta todo lo hasta aquí expresado, aplicando como lo ordena el art.1746 del CCCN una fórmula matemática que permita determinar un capital de indemnización, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades, si se tomara para ello la fórmula conocida como “Vuotto” (C = a x (1-V^n) x 1/i x % de incapacidad), donde: C: es el capital a percibir; a: es la sumatoria de las remuneraciones percibidas durante el año anterior al accidente o daño sufrido (en este caso a la fecha la sentencia); V^n = 1/(1+i)^n”; i: la tasa de interés anual de 0,06 (6%) y n: la cantidad de años restantes hasta el límite de vida útil de 65 años; teniendo en cuenta la edad del actor al momento del accidente (27) y no los 33 que tenía al de valoración del daño ya que ello deja sin resarcir varios años de incapacidad; que no se encuentran debidamente probadas sus actividades laborales al momento en el que el daño ha sido valorado en la sentencia apelada (13/02/2014), por lo que cabe tomar el salario mínimo, vital y móvil allí vigente que, como lo indica la citada en garantía y la A.F.A., conforme surge de la Res. 3/14 del Consejo Nacional del Empleo, la Producción y el S.M.V.M. era de $3.600 y no de $4.400, como se sostiene en la resolución en crisis y un 10% de incapacidad, arroja una indemnización de $60.421,83.

Si en cambio, se tomará la fórmula “Méndez” ( V^n = 1/(1+i)^n”; i: la tasa de interés anual de 0,04 (4%) y n:la cantidad de años restantes hasta el límite de vida útil de 75 años), el resultado que arroja, con los mismos parámetros de edad del actor, ingresos e incapacidad, es el de $220.429,36.

Por último, si el daño hubiera sido valorado al momento del dictado de la sentencia, tomando para ello el SMVM vigente a ese momento ($7.560), aplicando la fórmula “Vuotto” daría una indemnización de $145.906,68 y con la “Méndez” de $462.901,66, aunque, en este caso, los intereses habrían sido los de la ley 4087 hasta su dictado y recién desde allí en adelante y hasta el efectivo pago los de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.).

Lo cierto es que, cualquiera que sea la fórmula que se aplique, la condena de $80.560,73 dispuesta en la sentencia apelada, a la que deben sumarse los intereses de la ley 4087 desde el hech o hasta el 13/02/2014 y los de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) desde allí en adelante, cuestión que, reitero, no ha sido materia de agravio, si se la compara con las diferentes posibilidades que han sido señaladas, no lucen irrazonables, sino prudentes y equitativos en relación al daño efectivamente comprobado, por lo que propongo el rechazo del agravio.

V.- d)- La indemnización de gastos por rehabilitación psicológica.

En lo que se refiere al resarcimiento de los gastos por tratamiento psicológico, está claro que lo que se tiende a indemnizar es la posibilidad de reparar o, mejor dicho, de restaurar en la medida de lo posible, la afectación de la salud mental derivada del hecho dañoso, debiéndose verificar, a los efectos de determinar su procedencia, si se está ante secuelas de esa índole que se encuentren en relación de causalidad con el ilícito.

En otras palabras, el tratamiento psicológico permite que la víctima pueda sobrellevar en el futuro las dolencias psíquicas que esté sufriendo a consecuencia del hecho dañoso, tratando de neutralizarlas de ser ello factible.

Los agravios de la citada en garantía y de la codemandada apelante Asociación del Fútbol Argentino, se dirigen, en este punto, a cuestionar la relación de causalidad entre el estado psicológico determinado por la perito Lic. María Celina Fioquetta (fs. 443/446) y el hecho dañoso que motiva este proceso.

Considero que aun cuando el Sr. Feriz haya continuado trabajando o realizando trámites comunes a la vida cotidiana, ello no implica que las lesiones sufridas en el hecho que motiva este proceso, las cuales pusieron en riesgo su vida conforme lo indica el perito médico clínico, no importen una alteración o afectación de su salud mental que le dificulte (no impida) la comunicación con otras personas o encontrarse en lugares como mucha gente, que si bien no implican una incapacidad psicológica, igualmente deba ser neutralizada a través del correspondiente tratamiento psicológico.

No desconozco que muchas veces resulta dificultoso determinar si la sintomatología que presenta quien acciona por el resarcimiento de este tipo de daños guarda adecuada relación causal con el antecedente dañoso que motiva el proceso, siendo sabido que solo corresponde indemnizar las de etiología exógena, es decir, las atribuibles al suceso que se imputa al demandado, pero no las que revelan un desorden anímico endógeno que, con independencia del hecho dañoso, en algún momento se habría puesto de manifiesto.

La realidad es que, en la mayoría de los casos, se presentan condiciones de concausalidad (endógenas y exógenas) que deben compatibilizarse para arribar a una solución justa, ya que tal como lo destacara Borda, los daños psíquicos se verifican “en personalidades predispuestas, habitualmente neuróticas, que resisten mal cualquier ataque o agresión del medio.Tal como lo afirmaba Freud, refiriéndose a la causación de la enfermedad, cualquier daño psíquico es el resultado de factores desencadenantes que actúan sobre un terreno predisponente” (BORDA, Guillermo, “Daños al ser humano”, en “Los nuevos daños. Soluciones modernas de reparación”, t. 1, p. 70 (coordinador: Carlos A. Ghersi), Hammurabi, Buenos Aires, 2000).

No obstante ello, más allá del relato efectuado por la víctima a la perito psicóloga y la actitud asumida por este en su sala de espera (cubrirse la espalda para poder ver a todos a su alrededor), que resulta extraña y podría presumirse sobreactuada, lo cierto es que, ante la gravedad de las lesiones que, reitero, pusieron en serio riesgo su vida, resulta lógico, conforme al curso natural y ordinario de las cosas, que el actor haya visto afectada su salud mental a consecuencia de ese hecho dañoso, sin que los apelantes hayan demostrado la existencia de trastornos previos (endógenos) que tuvieran una importancia significativa en el desarrollo de la vida del sujeto desde antes del hecho dañoso, ni que la suma indemnizatoria concedida para el tratamiento de esas dolencias resulte excesiva, por lo que propongo que el agravio sea rechazado.

Las consideraciones precedentes llevan a concluir que los recursos de apelación del Club Sportivo Independiente Rivadavia (fs. 520) y de El Surco Compañía de Seguros S.A. y la Asociación del Fútbol Argentino (fs.524) deben ser rechazados, confirmándose la sentencia de fs. 512/519 en todas sus partes. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Ábalos y el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, dijeron:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio A.Ferrer, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por los demandados Club Sportivo Independiente Rivadavia y Asociación del Fútbol Argentino y por la citada en garantía El Surco Compañía de Seguros S.A., que resultan vencidos en esta instancia impugnativa (arts. 35 y 36 del C.P.C.). ASI VOTO.

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Ábalos y el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, dijeron:

Que por las mismas razones adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 26 de junio del 2017.

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal

RESUELVE:

1°) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por Club Sportivo Independiente Rivadavia a fs. 520 y por la Asociación del Fútbol Argentino y El Surco Compañía de Seguros S.A. a fs. 524, confirmándose la sentencia de fs. 512/519 en todos sus términos.

2°) Imponer las costas de Alzada al Club Sportivo Independiente Rivadavia, Asociación del Fútbol Argentino y El Surco Compañía de Seguros S.A. (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

3°) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa, de la siguiente forma: Dres. Andrés G. Ugarte, Gustavo Ariel Galdeano, Nicolás Martín Becerra, Ezequiel Ibáñez y María del Pilar Varas, en las sumas de ($.), ($.) ($.) ($.) y ($.), respectivamente (Arts. 3, 13, 15 y 31 de la Ley Arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen.

caf/dds/6143

Dr. Claudio A. Ferrer

Juez de Cámara

Dra.María Silvina Ábalos

Juez de Cámara

Dr. Claudio F. Leiva

Juez de Cámara

Dra. Andrea Llanos

Secretaria de Cámara