Concesión parcial del beneficio de litigar sin gastos a favor de una AFJP, teniendo en particular consideración su estado de disolución y liquidación y balances contables

Partes: Orígenes AFJP S.A. y otro s/ beneficio de litigar sin gastos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 4-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104969-AR | MJJ104969 | MJJ104969Sumario:

1.-El beneficio de litigar sin gastos debe concederse parcialmente a favor de una AFJP, dado que, si bien hoy en día la empresa se encuentra en liquidación a causa de la sanción de la Ley 26.425 de Reforma Previsional, lo cierto es que de las constancias de la causa surge que posee fondos suficientes para afrontar el pago de la mitad de la tasa de justicia.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de mayo de 2017. –

DAL Y VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada a fs. 760 y por la actora a fs. 761, contra la resolución de fs. 756/758 vta.; y, CONSIDERANDO:

1º) Que Orígenes AFJP solicitó beneficio de litigar sin gastos en relación a la causa que iniciaría contra la ANSES (fs. 1/3).

2º) Que la señora juez de primera instancia resolvió conceder en parte el beneficio solicitando, por un 50% (fs. 756/758 y vta.). Para decidir de ese modo sostuvo que Orígenes AFJP SA es una sociedad en proceso de disolución y liquidación, conforme lo dispuesto la asamblea de 23 de junio de 2009, atento hallarse comprendida dentro de la causa de disolución del art. 94, inc. 4º, de la ley 19.550. Como consecuencia, conforme lo expuso el señor Representante del Fisco y según surge de las notas de los estados contables, Orígenes AFJP SA carece de proyección futura, situación que afectaba el principio de empresa en marcha, por lo que los presentes estados contables deben considerarse en un contexto de empresa en liquidación. Sostuvo, además, que se examinaron informes que aportaron las entidades bancarias, registros y documentación acercados por la actora y, principalmente, los balances aportados por la solicitante correspondiente al año 2010 y los años 2013 y 2014, siendo éste último al 31 de diciembre. Concluyó, que la empresa actora no acreditó fehacientemente la carencia absoluta de recursos ni la imposibilidad de obtenerlos.

3º) Que, contra dicha resolución, a fs. 760 y fs. 761, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la demandante interpusieron recursos de apelación, los que fueron concedidos a fs. 762, fundados a fs. 764/765 vta. y fs. 767/771, y contestados a fs. 773/778 vta., y fs.782/784.

4º) Que, en su memorial, la parte actora indicó que debido a la sanción de la ley 26.425, de Reforma Previsional, la compañía se vio forzada a cesar con su actividad comercial, y debió resolver su disolución por imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social e iniciar un proceso de liquidación societaria con destino a su extinción. En este sentido, añadió que Orígenes AFJP S.A. perdió la totalidad de ingresos económicos ciertos y futuros derivados de su actuación en el mercado como administradora de fondos.

Señaló que la actora demostró ampliamente el grave detrimento económico que se produjo por el accionar de la demandada a través de las declaraciones testimoniales, la certificación de Contador Público, los informes del Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, los informes de entidades bancarias, el convenio de honorarios, los balances originales y el balance de los ejercicios 2013/2014. En este sentido expuso que los estados contables del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014 reflejan pérdidas de $ 4.268.215 que, sumada al saldo de resultados negativos acumulados, llegó hasta $ 162.938.344. Por su parte, el saldo de patrimonio neto fue de $ 3.793.918, y a diciembre de 2014 resultó de $ 6.612.128.

Agregó, que no sólo Orígenes AFJP demostró su pésima situación económica y su incapacidad de generar recursos a futuro, sino que a esa conclusión llegó también el representante del Fisco en su dictamen de fs. 680, que fue considerado por la señora juez a quo en su resolución de fs.

756/758 y vta. (ver considerando VII, segundo párrafo), “Orígenes AFJP S.A. carece de proyección futura, situación que afecta el principio de empresa en marcha por lo que los presentes estados contables deben considerarse en un contexto de empresa en liquidación”.

Por último, añadió que Orígenes ya no tiene negocio ni actividad comercial que le permita generar ingresos.Los fondos y activos que posee provienen de aportes voluntarios de sus accionistas con el fin de ser utilizados para cancelar pasivos laborales, fruto del proceso de disolución y liquidación al que fue sometida la compañía en virtud de la privación de negocio generada por el Estado demandado.

5º) Que, por su parte, la demandada sostiene en su memorial que al momento en que se dictó la sentencia que concedió en un 50% el beneficio de litigar sin gastos, la empresa actora contaba con sobrada solvencia económica y financiera para afrontar la totalidad de los gastos del proceso.

En apoyo a su postura expone que, al momento en que contestó el traslado conferido, de la documentación que había acompañado la actora -11 de septiembre de 2015-, ésta contaba con liquidez suficiente para hacer frente a los gastos causídicos.

En este sentido, explica que, según constancias que surgen de los estados contables de Orígenes AFJP S.A. del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014, la empresa tenía activos corrientes por $ 24.113.749, dado principalmente por la cuenta “caja y bancos” por $ 16.094.348.

Agrega que, pese a contar con un patrimonio neto negativo por $ 3.793.918, dicho estado estaba dado principalmente por “previsiones” por un monto de $ 16.336.732, compuesto por “juicios previsionales” $ 8.740.338, “previsión para contingencias” $ 3.803.408, “juicios y mediaciones laborales” $ 3.283.613 y “otras” $ 509.373; todas ellas, carentes de fundamente económico y financiero.

Por último, se agravia por la omisión de expedirse respecto a las costas del proceso. Entiende que éstas deben ser soportadas por su contratarte en la medida en que ha sido rechazada su pretensión.

6º) Que en primer lugar, cabe señalar que el beneficio de litigar sin gastos es la franquicia que se concede a ciertos litigantes de actuar sin hacer frente a las erogaciones que demanda un juicio. Dicho instituto se sustenta en dos preceptos de raigambre constitucional: el derecho de defensa en juicio y la igualdad ante la ley (art.18 y 16 de la CN). Ello es así, habida cuenta de que por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes.

Empero, no debe perderse de vista que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de la parte contraria, tan respetables como los de aquél y que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transformara en indebido privilegio, y los de la comunidad en general -interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos (conf. CSJN, Fallos: 311: 1372; 313:1015; y esta sala, “Córdoba Choque, Gastón Benancio c/ Mº de Trabajo y Seguridad Social s/ beneficio de litigar sin gastos”, 4-VI-1998).

7º) Que, como también ha destacado el Superior Tribunal, la concesión del beneficio debe quedar librada a la prudente apreciación judicial y sujeta a que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. El legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver.

En suma, en cada uno de ellos el tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos:311:1372, cit.).

Esa situación debe ser excepcional y se impone un criterio restrictivo en su apreciación (conf., esta sala, “Felice, Andrés c/ Instituto Obra Social del Ejército- IOSE s/ beneficio de litigar sin gastos”, 15-II-1996).

8º) Que asimismo corresponde tener en cuenta que para obtener el beneficio bajo examen no es imprescindible una prueba acabada que otorgue un grado absoluto de certeza sobre las condiciones de pobreza alegadas (conf. esta sala, “Coassolo, Antonio Alfredo -TF 12112-I -Incidente c/ DGI”, 20-IV- 1995, entre muchos otros). Sólo es menester que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar razonablemente que el caso justifica su otorgamiento atendiendo a la importancia económica del proceso y, consecuentemente, la de las erogaciones que éste puede implicar (Fallos: 311:1372, cit.).

9º) Que, ello sentado, cabe precisar que la actora inició acción de daños y perjuicios ocasionados por la sanción de la ley 26.425.

Dichos daños tienen como tope, el establecido el art. 13 de la citada ley.

Por tal motivo, debería abonar en concepto de tasa de justicia la suma de $ 3.863.472.

10) Que, en primer término es preciso resaltar que de las pruebas arrimadas a la causa surge que, a pesar de que la empresa actora poseía un patrimonio neto de $ 3.793.918, ésta poseía los fondos suficientes para afrontar el 50% de la tasa de justicia.Ello es así, atento que según surge del balance general de Orígenes AFJP SA que cerró el 30 de junio de 2014, dicho saldo negativo está compuesta por “previsiones” un monto de $ 16.336.732 -compuesto por $ 8.740.338 “juicios previsionales”, $ 3.803.408 “previsión para contingencias”, “Juicios y mediaciones”, $ 3.283.613 y $ 509.373 “otras”.

En consecuencia poseía los medios necesarios para afrontar los gastos de la tasa de justicia.

11) Que, sin embargo no puede perderse de vista que la empresa actora se encuentra en liquidación a causa de la sanción de la ley 26.425 de Reforma Previsional.

En consecuencia, no es irrazonable concluir en que la actora carece de medios cómo para mejorar situación patrimonial.

Por lo tanto, corresponde confirmar la sentencia apelada.

12) Que, por último cabe poner de resalto que lo decidido no causa estado, razón por la cual podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de la parte interesada cuando se demostrara que la persona a cuyo favor se dictó no tiene derecho a ese beneficio (art. 82 C.P.C.C.N.).

13) Las costas de este incidente se imponen por su orden en ambas instancias en atención a las particularida des del caso y el modo que se resuelve (art. 68, segunda parte, CPCCN).

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada; con ostas por orden en ambas instancias.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN