Primer empleo y nuevo régimen de pasantías: el Gobierno insiste con proyectos laborales para después de las elecciones

Dentro del plan de reforma laboral que el Gobierno nacional prepara para después de las elecciones legislativas de octubre, uno de los puntos destacados es el fomento para el empleo de los jóvenes, especialmente aquellos con nula experiencia laboral, que necesitan un régimen especial para obtener su primer empleo.

Y, más específicamente, la idea que está en carpeta del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el apoyo del presidente Mauricio Macri, es la generalización de un sistema de pasantías con jornada reducida, que implica ventajas impositivas para el empleador. La idea, en la concepción macrista, es que la disminución en el costo laboral de las empresas redundará en una mayor contratación y formalización de trabajadores.

En realidad, este intento será el segundo y tratará de retomar el proyecto que quedó trunco el año pasado.

En aquella ocasión, el Poder Ejecutivo había presentado en el Congreso el proyecto de Primer Empleo, que fue trabado por la oposición. El argumento para el rechazo era que la iniciativa podría generar un exceso de “flexibilidad”, ya que le permitiría a las empresas contratar dependientes a un precio bajo y luego desvincularlo casi sin costo indemnizatorio.
Pero ahora la idea del Gobierno es reflotar ese texto, o al menos, lograr aprobar una iniciativa similar a ella. Además, buscaría impulsar una norma que reimplante las pasantías educativas.

Remarcan las fuentes consultadas por iProfesional que están dispuestos a que la iniciativa, que hace casi un año no se trata en la cámara de Diputados, reciba modificaciones por parte de la oposición. Pero de acuerdo a las fuentes consultadas por iProfesional, la idea es que los lineamientos centrales se mantengan.

El proyecto propone exenciones e incentivos para los empleadores que incorporen a trabajadores con menos de tres años de experiencia en el mercado laboral formal, y con edades de entre 18 y 24 años en todo el país. Para la zona del Plan Belgrano -provincias del noroeste argentino-, no habrá límite de edad.

La medida es resistida por el sector sindical y por la oposición que sostiene que profundizará la precarización laboral al flexibilizar las condiciones de contratación. Es una acusación grave en un momento de campaña electoral y con un tema de alta sensibilidad, pero en el Gobierno ya tienen preparadas las respuestas para dar el debate.

“No afecta el derecho de ninguno de los trabajadores, garantiza acceso a la seguridad social”, aseguró Triaca. “Es la llave de ingreso para mejorar la tasa de entrada de los trabajadores”, había dicho la última vez que tuvo que defender la iniciativa ante los diputados.

Por lo pronto, el ministerio de Trabajo quiere incluir el incentivo a empresas para que los jóvenes que incursionan en el mercado laboral puedan contar con “prácticas prelaborales”, es decir períodos de prueba de tres a 12 meses, bajo la figura de “pasantes” o “aprendices”.

Un sistema con abusos
En realidad, las pasantías ya están previstas en la legislación actual, bajo el régimen contemplado en la Ley 26.427. En un principio, pretendía cumplir un doble objetivo: permitir a las empresas contar con capital humano a bajo costo y a los estudiantes posibilitarles el inicio de una carrera profesional, sin descuidar sus estudios en la universidad.

La última reforma redujo el plazo de las pasantías educativas a 12 meses, prorrogables sólo por otros seis, una carga horaria de 20 horas semanales y un monto no remunerativo no menor al salario básico de convenio colectivo, que se aplica al establecimiento donde se realiza la práctica laboral, en forma proporcional a la carga horaria.

Paralelamente, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) reglamentó la cobertura médica que se les debe otorgar a los pasantes.

Esto significa que, para poder financiar las prestaciones de salud, los empleadores deben depositar una contribución del 6% de la asignación estímulo percibida por el pasante, a la orden de la respectiva obra social a través del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA).

Si bien resultan clave para la formación de un profesional, esta forma de contratación quedó en el centro de la polémica porque -durante los últimos años- se dieron a conocer centenares de sentencias que condenaron a firmas que las implementaron abusivamente para burlar la ley.

De acuerdo con los fallos judiciales, las empresas involucradas no incorporaban jóvenes para realizar tareas relacionadas con sus estudios, sino para efectuar aquellas que incidían en el proceso productivo, con jornadas laborales que superaban largamente las seis horas diarias.

Por ese motivo, y tras varias modificaciones legales, los beneficios -tanto para el estudiante como para las firmas que recurren a esa modalidad-, se han ido acotando.

Actualmente, muy pocas empresas recurren a esta figura porque, según los asesores consultados por iProfesional, ya no hay incentivo para tomar pasantes.

Además, el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones legales, las convierte en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y habilita la aplicación de sanciones e indemnizaciones asimilables a una relación laboral no registrada.

Para los empresarios, el regreso de las pasantías serviría para vincular la educación formal con el mundo del trabajo, aunque advirtieron que serían necesarios controles estrictos.

“Es necesario encontrar vías para lograr que los jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral. Lo que hay que evitar son las distorsiones”, sostuvo Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por su parte, para Héctor Méndez, ex titular de la UIA y empresario del rubro de los plásticos, “el sistema de pasantías fue bueno, pero se puede mejorar; lo importante es que permite ingresar a una práctica con un esfuerzo menor al joven que busca trabajo”.

Sin embargo, delimitó este tipo de esquemas. “Tiene que ser en un período determinado”, además de resaltar que tiene que haber control por parte del Estado. “Es sólo un entrenamiento que le permita a la persona trabajar con la visión del empresario, no sólo de los libros”, definió. Y agregó que un pasante “no es una fuente de mano de obra: si uno lo capacita, lo será, sino, no, ya que no está en condiciones”.

Con la calculadora electoral
El desafío para el macrismo es superar la resistencia de la CGT, que el año pasado logró que sus diputados se hicieran oír para frenar la iniciativa durante el debate en comisiones. De acuerdo a la central obrera, esa propuesta “precariza porque le da la posibilidad a las grandes empresas de deshacerse de un trabajador antiguo, con más de 30 años de antigüedad, con experiencia, para cambiarlo por un trabajador nuevo porque el proyecto no exige un listado de trabajadores que sigan siendo parte de la empresa”.

En síntesis, la visión sindical es que el régimen de pasantía puede ser el “caballo de Troya” de la flexibilización laboral porque permite a los empresarios “reemplazar trabajadores de mayor categoría, mayor experiencia y costo laboral, por uno dócil, para poder formarlo de acuerdo a sus necesidades”.

Con ese contexto, el Gobierno tiene claro que la suerte de su proyecto se juega, en gran medida, en las elecciones legislativas, ya que Cambiemos necesita aumentar su representatividad en ambas cámaras del Congreso para disminuir su dependencia de la denominada “oposición amistosa”.

En la actual composición, tiene alrededor de un tercio de la cámara de diputados (sobre 272), entre propios y aliados, y poco más de un quinto de los senadores (sobre 72). Pero está asumido que no será posible contar con una mayoría propia: de acuerdo a los cálculos que se hacen en el bunker macristas, en el mejor de los casos, lograrán sumar unos 110 integrantes en la cámara baja y 25 en la alta.

Con esos números en mente, el objetivo para luego de las elecciones es impulsar dos grandes reformas, la laboral y la tributaria. Macri considera que el nuevo régimen tributario, ahora en la carpeta del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es necesario ” para dejar de aplastar a quienes crean y tener un sistema más equitativo, progresivo y simplificado.

Otras medidas destinadas al mercado laboral serán la de solventar los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral en los próximos tres años. El objetivo: blanquear unos 900.000 trabajadores.

Y facilitar el “sinceramiento” a pequeñas firmas, de menos de diez personas: no tendrán que pagar multas o aportes incumplidos.

Fuente: Iprofesional.