Responsabilidad del fabricante de turrones crocantes de maní por los perjuicios causados a un consumidor, a consecuencia del vicio que presentaba su producto (astillas de madera)

Partes: Ferreira E. Silva Eliane c/ Gomeñuka Raúl y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 2-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104569-AR | MJJ104569 | MJJ104569

Sumario:

 

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda entablada contra el fabricante de turrones crocantes de maní, adquiridos por la actora en una cadena de supermercado, por los daños sufridos al consumir el producto, el cual se encontraba lleno de astillas de madera, pues las conclusiones periciales son definitorias en cuanto al vicio oculto que presentaba la cosa

2.-El daño es causado por el vicio de la cosa cuando ésta tiene un defecto ostensible u oculto que la hace impropia para su destino normal, y en el caso se ha acreditado el vicio de la cosa que no descarta el riesgo creado por el producto elaborado en mal estado.

3.-No resulta relevante que se haya rechazado la demanda contra la cadena de supermercado, lugar donde se dijo se compró el producto, pues si bien se ha probado tal circunstancia, no corresponde volver sobre ello porque no ha sido apelada la decisión de la instancia anterior en esta materia, siendo suficiente con haberse acreditado la calidad de fabricante del demandado del producto elaborado.

4.-Siendo un factor de atribución de responsabilidad objetivo al demandado fabricante del producto le incumbía la prueba de las causales eximentes, culpa de la víctima o la culpa de un tercero por quien no deba responder o el casus, extremos que no ha invocado y menos acreditado.

5.-Si bien no puede hacerse lugar a la indemnización de la incapacidad sobreviniente, no existen dudas que durante el tratamiento terapéutico e incluso más allá de él existió por parte de la actora una incapacidad que aunque temporaria merece ser resarcida teniendo presente que la reparación del daño debe ser integral, por cuanto existió durante el período en que tuvo vigencia un impedimento o una dificultad para el ejercicio de la funciones vitales, que trae consigo una disminución de las potencialidades de que disfrutaba la víctima

6.-Acreditado el daño psicológico, y no existiendo elementos que permitan apartarse del dictamen incorporado, aquél alcanzó total eficacia probatoria (art. 386 y art. 477 del CPCCN. –

7.-Acreditada la relación de causalidad de las deficiencias psíquicas que padece el damnificado con el hecho investigado, los gastos que ocasione el tratamiento que aconseja la perito para que disminuyan dichas secuelas deberán ser resarcidos por el demandado.

8.-La tasa activa resulta aplicable desde el perjuicio, pues es desde allí que se configura la mora, es decir, la tasa activa deberá devengarse desde el hecho y hasta el efectivo pago.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días del mes de marzo de 2017, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos por las partes en los autos caratulados “FERREIRA E. Silva, Eliane contra GOMEÑUKA, Raúl y otros sobre Daños y perjuicios”, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio la Dra. Lidia B. Hernández dijo:

I.- La cuestión litigiosa.

Contra la sentencia dictada a fs. 443/454 apelaron el actor y el demandado, expresando agravios a fs. 518/521 y fs. 514/516 respectivamente, los que fueron contestados por el actor a fs. 523/525.

La sentencia hizo lugar a la demanda interpuesta por Eliane, Ferreira E. Silva contra Raúl Gomeñuka y condenó a este último a abonar a la actora la suma de $ 28.100 con más sus intereses a la tasa del 6% anual hasta la sentencia y a partir de allí y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina dentro del plazo de diez días.

Impuso las costas al demandado vencido. Desestimó en cambio la demanda contra Coto C.I.C.S.A.

El actor se agravia: 1) Por el rechazo de los rubros daños físico y psicológico; 2) Por los montos fijados como resarcimiento del daño moral y de los gastos médicos, de farmacia y traslados por considerarlos reducidos; 3) Por la tasa de interés aplicable en la sentencia, solicitando se aplique la tasa activa desde el hecho dañoso.

La parte demandada se queja: 1) Por la responsabilidad y el daño que se le atribuye sin prueba alguna que lo acredite; 2) Por la condena a resarcir el daño moral, por tratamiento psicológico y gastos médicos y farmacéuticos por improcedentes.En definitiva solicita se revoque el fallo en su totalidad.

Al contestar los agravios la actora solicita que se declare desierto el recurso interpuesto por el demandado al no reunir los requisitos mínimos exigidos por el art. 265 del Código Procesal.

Corresponde poner de resalto que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas conforme la norma citada, por lo que el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al apelante de motivar y fundar su queja, señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (CNCiv. Sala A, 1998-02-24, Tolabac Bianchi, La Ley 1999-C-777, J.Agrup. caso 13.807).

De todas maneras, encontrándose comprometido el derecho de defensa en juicio, el criterio de amplia flexibilidad resulta ser la interpretación más acorde con esa garantía constitucional, por lo que cabe estimar que la carga de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva (conf. CNCiv. Sala G, mayo 15-1981, La Ley 1983-B-764; CNCom. Sala C, set. 22-1978, La Ley 1978-D-674; CNCiv. Sala H, feb. 26-2003, R 355.525).

Considero que el escrito de expresión de agravios presentado por la parte demandada cumple mínimamente con los requisitos del art.265 del Código procesal, ya que esa parte ha objetado la valoración de la prueba efectuada en la sentencia.

Por los motivos expuestos serán tratados los agravios traídos a consideración de este Tribunal por el demandado.

II.- Los antecedentes.

Para la mejor comprensión de la solución que propongo a mi colega de Sala me parece pertinente aclarar los hechos del caso.

Dice la actora que el 8 de diciembre de 2009 compró en el Supermercado Coto CICSA, ubicado en la calle Juan Estrada 878 de Campana, según pretende acreditar con el ticket que acompaña, seis turrones crocantes de maní marca “Oklahoma”, elaborados por Productos Oklahoma del demandado.

Al día siguiente -agrega- al comenzar a comer uno de los turrones sintió un dolor agudo en la garganta que le impidió respirar con normalidad y con la ayuda de su esposo, quien oprimió su espalda y pecho consiguió liberar la obstrucción vomitando el turrón advirtiendo que estaba lleno de astillas de madera.

Los estudios médicos realizados al concurrir a la Clínica Delta arrojaron que padece herida en la garganta y en esófago.

Reclama la indemnización por los rubros daño físico; daño psicológico, daño moral, gastos de farmacia y traslados por un total de $ 78.600 o lo que en más o menos resulte de la prueba.

La empresa Coto CISA niega que la actora hubiera adquirido los productos en su Supermercado y aduce que la responsabilidad recaería de ser cierto el relato de la actora primordialmente en el fabricante del producto.

Por su parte el fabricante niega la autenticidad del ticket, que la actora hubiera comprado turrones de su marca y que éstos estuvieran llenos de astillas de madera, En definitiva desconoce su responsabilidad por el hecho de autos.

A esta altura debo aclarar que habiendo resumido las cuestiones traídas a conocimiento de esta Sala, adelanto que no me encuentro obligada a seguir a las partes en cada uno de sus razonamientos por lo que examinaré los que en mi criterio son relevantes para decidir.

Por último, también cabe aclarar que el juez a quo ha rechazado la demanda promovida contra la empresa Coto por considerar que no se ha acreditado que la actora haya comprado los turrones en el Supermercado que señala. Asimismo, esta decisión de la instancia anterior ha quedado firme pues no ha sido apelada por la parte actora.

Previo al tratamiento de los agravios de las partes señalaré que en atención a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994 y su modificatoria ley 27.077), de conformidad a lo previsto en su art. 7 y teniendo en cuenta la fecha del hecho dañoso resultan de aplicación al caso las normas del Código Civil de Vélez.

En virtud de lo expuesto y por una cuestión de lógica trataré primero los agravios de la parte demandada referidos a la responsabilidad que se le atribuye, para posteriormente, en su caso, analizar la procedencia del resarcimiento.

III.- La responsabilidad del demandado Raúl Gomeñuka.

Por una cuestión metodológica analizaré primero los agravios de la parte demandada en cuanto a la responsabilidad que se le imputa, quien ha cuestionado la misma base de la demanda en el sentido que respecto del producto elaborado que se dice adquirido en el Supermercado Coto no se ha acreditado que sea la marca elaborada por su parte, así como el vicio que se dice provocó el daño.

A mi criterio la actora ha acreditado el vicio del producto elaborado por el demandado.

En este sentido del expediente administrativo de la Municipalidad de campana acompañado a fs. 168/186 consta la denuncia efectuada por la parte actora agregando el ticket y certificados médicos. Asimismo en dicho expediente se encuentran agregadas fotografías del turrón marca Oklahoma y se toman muestras del producto.

Se concluye que en base a los parámetros evaluados el producto infringe la ley 18.284 por no hallarse inscripto según informe del Departamento Inscripción de Productos de Consumo.

La pericial efectuada por el INTI resulta relevante.Si bien en los agravios el demandado pone en tela de juicio el material base de la pericial, a fs. 342 obra acta de recepción describiendo con claridad el material recibido para analizar sin oposición alguna de esa parte.

Pues bien a fs. 403/417 surge que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial efectuó la pericia sobre cinco envases termosellados de crocante de maní “Oklahoma” de 100mg con fecha de vencimiento 10/9/2010, lote 16 y una bolsa conteniendo un envase de crocante de maní, abierto marca “Oklahoma” de 100 mg con fecha de vencimiento 19/9/2010, lote 16, con restos de crocante de maní en su interior y un pote de plástico con restos de lo que aparenta ser crocante de maní disgregado.

Se describe que los termosellados que conforman los cierres se observan cerrados, completos y aparentemente realizados con las mismas mordazas, dado que se repiten sistemáticamente defectos y patrón de sellado, así como también el patrón de corte. En uno de los envases pudo observarse en su interior y dentro de la masa de crocante de maní la presencia de un elemento extraño, similar a una astilla o palillo de madera.

Asimismo en la disgregación de los restos de crocante de maní del envase abierto se encontraron tres astillas de similares características (conf. fotografías de fs. 406/410).

Dicho dictamen pericial de una entidad oficial y neutral no fue objeto de impugnación alguna del demandado.

Las conclusiones periciales resultan a mi criterio definitorias en cuanto al vicio que presentaba el producto elaborado por el demandado.

En cuanto a la falta de relación causal entre el hecho y el daño debe destacarse que la determinación del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias depende de las circunstancias que acompañan a la producción del daño, es decir, de las particularidades del caso. La investigación sobre el nexo entre la conducta analizada y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez y que se corresponde con sus peculiaridades.De allí que para probar el nexo causal son válidos todos los medios probatorios inclusive indicios o presunciones. El carácter causal del acto puede ser determinado por presunciones y admitirse a título de probabilidad (Cifuentes, Santos, com. art. 901, p. 52, T 4, Código comentado, dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni; Colombo, Culpa aquiliana, I, p. 117, núm. 56; Planiol -Ripert, Tratado práctico de derecho civil francés, tr. Díaz Cruz y Le Riverend Brussone, La Habana 1946, VI, p. 740).

En el mismo sentido, reiteradamente ha sostenido esta Sala que la prueba de indicios o presunciones hominis se efectúa a partir de la acreditación por vía directa de un hecho del cual se induce indirectamente otro desconocido, en virtud de una valoración hecha por el Juzgador basada en la sana crítica. En tal sentido, debe destacarse la necesidad de examinar la cuestión a través del prisma de la causalidad adecuada. De este modo, debe establecerse en el plano jurídico si un suceso es causa de otro. Por consiguiente es necesario realizar ex post facto un diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era, de suyo, idónea para producir normalmente ese hecho, según el curso natural y ordinario de las cosas (Goldenberg Isidoro, Indemnización por daños y perjuicios, p. 222; Tanzi, Silvia, Alterini, Juan M. La demanda de daños, p. 154; Colombo, “Culpa Aquiliana, T° I, N° 56, p. L17; Borda, “Obligaciones” T? II, n?1317, p. 243).

Dicho juicio de probabilidad tiene virtualidad para no sólo establecer la existencia de una relación causal sino, además, para precisar su consecuencia jurídica. En tal sentido debe resaltarse el valor probatorio de las presunciones. Estas constituyen una vía indirecta para llegar al conocimiento o admisión del hecho. Se parte de un hecho conocido y probado y se tiene por acaecido otro hecho que se intenta probar por medio de un razonamiento (Esta Sala, Pozzi, Gastón Emilio c.Centro de Educación Médica e Investigaciones s. daños y perjuicios febrero 14-2007 y Valle Vázquez de Rodríguez, Josefa c. Expreso San Isidro SA s. daños y perjuicios, febrero de 2006).

Desde la perspectiva expuesta cabe analizar el hecho de autos.

Obsérvese que la actora ha efectuado denuncias en la Municipalidad de Campana, en el Supermercado Coto y en la empresa del demandado (conf. declaraciones de fs. 234/237 vta, ), ha traído el turrón que provocó el daño y otros no abiertos los que contenían astillas de las mismas características a las encontrados en los restos del crocante consumido por la actora y también se ha agregado certificados médicos a fs. 5 a 13 y reconocidos a fs. 299. Todo ello permite presumir, sin ninguna duda, que el hecho base de la demanda se ha producido al consumir la actora el producto elaborado por el demandado de marca “Oklahoma”.

El daño es causado por el vicio de la cosa cuando ésta tiene un defecto ostensible u oculto que la hace impropia para su destino normal. En el caso se ha acreditado el vicio de la cosa que no descarta el riesgo creado por el producto elaborado en mal estado.

En cuanto al daño, éste se ha acreditado con la prueba pericial como luego se verá.

No resulta relevante que se haya rechazado la demanda contra Supermercado Coto, lugar donde se dijo se compró el producto.Si bien entiendo que se ha probado tal circunstancia, no corresponde volver sobre ello porque no ha sido apelada la decisión de la instancia anterior en esta materia.

Por otra parte, ello tampoco resulta relevante pues basta con haberse acreditado la calidad de fabricante del demandado del producto elaborado.

IV.- La ley de defensa del consumidor.

No cabe duda que tratándose en el caso de un producto final elaborado y la relación de consumo que se advierte entre el fabricante y el consumidor cabe aplicar la ley 24.240, modif., ley 26.361.

Cuando el daño es producido por un producto elaborado resulta aplicable la ley de defensa del consumidor que en su art, 40 prevé la responsabilidad por los daños que resultan por el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación de servicios, estableciendo la responsabilidad objetiva y solidaria de toda la cadena que integra el proceso productivo, sin perjuicio de las acciones de regreso existente entre los legitimados pasivos, incluyendo así al productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y a quien haya puesto o permitido que ponga, su marca en la cosa o servicio (conf. esta Sala con voto preopinante del Dr. Ameal en autos “Vieytes, Cecilia J . y otros c. Instituto de Seguros S.A. sobre Daños y perjuicios, de diciembre de 2013).

En este sentido, se ha sostenido que siempre que se estuviera en una relación de consumo en cualquiera de sus etapas, debía aplicarse el sistema de protección del consumidor sin importar la existencia o no de un vínculo contractual (Alvarez Larrondo, La consistencia de los daños punitivos, La Ley del 7 de abril de 2009 y Lorenzetti, Ricardo Consumidores, Ed. Rubinzal Culzoni, 2003, p. 74).

Se trata de un deber de seguridad objetivo que surge de los arts. 42 de la Constitución Nacional y los arts. 5, 6 y 40 de la ley 24.240. En este sentido se ha afirmado que se trata de una obligación de carácter principal y autónoma, erigiéndose en un derecho de los consumidores y usuarios (conf.Ghersi-Weingarten Manual de los derechos de usuarios y consumidores, p. 215 y ss).

Tratándose del fabricante del producto resulta responsable salvo que acredite que la causa del daño ha sido ajena como causal eximente de responsabilidad, por lo que con ello se acredita la exclusión del nexo causal (Vázquez Ferreira, R. La Obligación de Seguridad en la Responsabilidad civil y Ley de contrato de trabajo, Rosario, p. 105).

Así siendo un factor de atribución de responsabilidad objetivo al demandado fabricante del producto le incumbía la prueba de las causales eximentes, culpa de la víctima o la culpa de un tercero por quien no deba responder o el casus (CNCiv. Sala A, mayo 2006, L 443.039 voto Molteni), extremos que no ha invocado y menos acreditado en estos autos.

Corresponde en consecuencia rechazar los agravios y confirmar la sentencia de grado en cuanto imputa responsabilidad al demandado.

V.- La indemnización.

La actora se agravia por los montos fijados como resarcimiento del daño moral y de los gastos médicos, de farmacia y traslados por considerarlos reducidos y por el rechazo de los rubros daños físico y psicológico.

El demandado se queja por la condena a resarcir el daño moral, por tratamiento psicológico y gastos médicos y farmacéuticos.

1.- Daño físico y psicológico.

La sentencia rechazó la reparación del daño físico por considerar que no habiendo secuelas de acuerdo al dictamen pericial no puede acogerse la reparación del rubro incapacidad sobreviniente.

En la demanda se solicita la reparación del daño físico, y expresamente se pretende la indemnización aun cuando no existe disminución permanente de la capacidad laborativa; lo que implica el pedido de resarcimiento de la incapacidad transitoria.

De acuerdo al dictamen pericial de fs. 313/361 las lesiones por cuerpo extraño en esófago y laringe suelen ser muy dolorosas, ocasionando dificultad para hablar y tragar. En diciembre de 2009 la actora consumió un turrón que le provocó ahogo por contener un cuerpo extraño.Fue sometida a laringoscopía y endoscopía alta, y se le diagnosticó lesión de pilar izquierdo y erosión de esófago, lo que fue tratado en forma médica, constando a fs. 5/8 recetas en tal sentido.

Por ello estuvo por lo menos quince días sin poder hablar y con dificultades para tragar y en total refiere tres meses sin trabajar, por lo mal que se sentía, incluso anímicamente. Actualmente no padece secuelas orgánicas.

Si bien no puede hacerse lugar a la indemnización de la incapacidad sobreviniente, pues no se han comprobado secuelas físicas, empero para que el resarcimiento sea pleno debe hacerse lugar al resarcimiento de la incapacidad transitoria.

Como viene señalando esta Sala, con voto del Dr. Ameal, posición a la que he adherido, la incapacidad transitoria no puede concebirse como una categoría distinta, autónoma al género incapacidad, sino que representa una forma en que ésta puede manifestarse ya sea de manera permanente o bien temporaria (conf. Expte. n° 79.283/02; n° 10.019/02 entre otros).

Por ello, hemos sostenido que el daño que deriva de la incapacidad transitoria debe ser resarcido y ello en virtud de la reparación plena que gobierna la materia y que debe ser tenido en cuenta por el juzgador cuando se encuentren reunidos los requisitos que ameriten el resarcimiento.

En tal sentido, si bien del dictamen médico surge que la actora no presenta incapacidad física actual en relación a la lesión ocasionada como consecuencia del accidente de autos; no obstante, la perito médica señala que aquélla estuvo sin poder hablar y con dificultad al tragar por lo menos durante quince días.Como se advierte, durante ese período presentó una incapacidad física transitoria.

Sobre el particular, y en la orientación enunciada, Zavala de González reconoce que el sujeto sometido a tratamiento terapéutico inmediato al hecho puede hallarse entre tanto en situación de inhabilidad para un despliegue vital normal, pero no padecer una de incapacidad sobreviniente (stricto sensu) si sus lesiones son de pronta curación (conf. Resarcimiento de daños T. 2a. p. 346).

En el supuesto de autos no existen dudas que durante el tratamiento terapéutico e incluso más allá de él existió por parte de la actora una incapacidad que aunque temporaria merece ser resarcida teniendo presente que la reparación del daño debe ser integral, por cuanto existió durante el período en que tuvo vigencia un impedimento o una dificultad para el ejercicio de la funciones vitales, que trae consigo una disminución de las potencialidades de que disfrutaba la víctima.

La sola existencia de una lesión da derecho a reparación aunque no queden secuelas incapacitantes, puesto que el propósito de la indemnización consiste en compensar mediante una suma de dinero, todas aquellas consecuencias disvaliosas soportadas por las víctimas del hecho generador: Se trata de compensar el daño en sentido jurídico, excedente en casos de la proyección que se le atribuya a la lesión en el plano laboral, productivo o en alguna de las otras manifestaciones vitales (conf. disidencia en autos “Oldenburger, Hugo Marcelo c. Trejo, Daniel y otros s/daños y perjuicios , Libre).

Es daño, lo que altera la integridad físico-psíquica, por más que la curación y readaptación en función de aquellos supuestos, sea más o menos, completa, porque aún siendo así, no podría devolverse al organismo alterado, la situación de indemnidad ante rior al accidente. Constituye como fuera dicho un perjuicio reparable, quedando su determinación al prudente arbitrio del juzgador conforme a la afectación y particularidades del caso (CNac.Civil, Sala B, del 31/5/96 en autos:”Blumetti de Fulco c/ Guarini s/ daños y perjuicios”; CNac.Civil, Sala L, del 29/3/96, “Márquez, Ofelia c/ González, s/ daños y perjuicios”, entre otros).

Por ello deberá indemnizarse la incapacidad transitoria por daño físico en la suma de $ 20.000.

En cuanto al daño psicológico el Juez a quo lo desestima por no considerarlo autónomo del daño moral. La actora se queja por el rechazo y la demandada por considerarlo improcedente basándose que el sentenciante dice acogerlo conjuntamente con el daño moral.

No comparto la posición del a quo en cuanto a la falta de autonomía del daño psíquico.

En mi opinión, en coincidencia con lo sustentado por esta Sala (conf. autos “Carballo Victor Hugo c. Dons Jorge Luis s/ daños y perjuicios, sentencia libre de fecha 29 de diciembre de 2005) toda disminución a la integridad de la personalidad humana es materia de obligado resarcimiento, dentro del cual debe incluirse la merma de las aptitudes psíquicas, lo que por sí constituye un daño resarcible y ese déficit en el ámbito psíquico debe ser diferenciado del moral, por cuanto el daño psíquico puede implicar daño patrimonial cuando provoca incapacidad sobreviniente, como en el caso de autos, o cuando deben resarcirse los gastos por tratamiento psicológico, o incidir en la valoración del daño moral, pero no se identifica con éste.

Otra diferencia radica en que el daño psíquico exige demostración de su existencia y extensión. Es decir, si el daño psíquico no tiene elementos concretos demostrativos de haberse padecido y de la entidad del padecimiento, puede ser descartado por el juez por falta de comprobación, mientras que el moral se acredita por el solo hecho o acto dañoso, permitiéndole al juez establecer su cuantía sin pruebas extras y mediante presunciones (conf. Cifuentes, Santos “El daño psíquico y el daño moral. Algunas reflexiones sobre sus diferencias” J.A.2006-II- Fascículo 8, 24/05/06).

La perito médica concluye a fs. 358 que el hecho de autos ha dejado secuelas traumáticas en la psiquis de la actora, compatible con trastorno de estrés postraumático. Estima que presenta un 10% de incapacidad por daño psíquico parcial y permanente con relación causal con un hecho como el denunciado.

Con las aclaraciones de fs. 386/387 y 389/390 la perito ha contestado las impugnaciones de las partes, ratificando las conclusiones de su dictamen.

Por ello, acreditado el daño psicológico y habiéndose demandado lo que en más o menos resulte de la prueba, sin perjuicio de las impugnaciones, sabido es que el peritaje médico no reviste el carácter de prueba legal debiendo el juez valorarlo conforme a la sana crítica, pero para apartarse de sus conclusiones debe tener razones muy fundadas porque éstas emanan de quien tiene una incumbencia específica del campo del saber, técnicamente ajeno al hombre de derecho. Para desvirtuarla es necesario traer elementos de juicio que permitan concluir eficientemente en el error o en el inadecuado uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado, (conf. C.N.Civ, Sala H, 29/12/99, “Golberg, Alejandro c/ Expreso Caraza S.A s/daños y perjuicios” Libre Recurso 268.771). No existiendo elementos en autos que permitan apartarse del dictamen incorporado, aquél alcanzó total eficacia probatoria en el sentido pretendido (art. 386 y art.477 del Código procesal).

En consecuencia, considerando que la actora es una mujer casada de 51 años de edad, con un hijo, grado de incapacidad permanente, deberá fijarse la suma de $ 50.000 que deberá abonar el demandado en concepto de daño psíquico, teniendo presente que se ha demandado lo que en más resulte de la prueba.

2.- Gastos médicos, de farmacia y traslados.

La accionante también reclama la modificación del monto fijado para reparar los gastos médicos y de farmacia por considerarlo reducido; mientras el demandado lo considera excesivo.

Es sabido que los gastos terapéuticos son aquellos orientados al restablecimiento de la integridad física de la víctima del hecho. Por lo demás, debe recordarse que es criterio prácticamente uniforme que tales erogaciones se presumen partiendo de las lesiones producidas, resultando procedente la estimación prudencial del resarcimiento con arreglo al art. 165 del Código Procesal (conf. esta Sala en “Soria, Margarita Rosa c/ Transportes de Colectivo de Pasajeros S.A s/ daños y perjuicios 23/03/06 libre R:429.027).

En este sentido, se ha sostenido que los gastos médicos y de farmacia no requieren necesariamente ser probados con la documentación respectiva, pues no resulta razonable exigir su comprobación absoluta, debiendo determinarse la verosimilitud del desembolso de acuerdo con la naturaleza y gravedad de las lesiones (esta Sala 1998 11 11, La Ley 1999 D 180; CNCiv. Sala D, feb. 28 1986, ED 119 208; CNCiv. Sala E, set. 20 1985, La Ley 1986 A 469; CNCiv. Sala G, 1999 12 826, La Ley 1999 E 17; CNCiv. Sala C, 1999 4 27, La Ley 1999 F 666).

Por otra parte, los mismos deben ser admitidos aun cuando la asistencia haya sido brindada en hospitales públicos o por intermedio de obras sociales, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas por esos servicios (conf. CNCiv, Sala A, “Romero Selva del c. c/ Montesnic SRL s. daños y perjuicios”, Libre 11/12/97; CNCiv, Sala c, ” Sassano, Josefina A c. Lupo Claudio V.y otros s/ daños y perjuicios, Libre 23/10/97; “Portal Alberto N. c. Siarrusta Jorge E y otro s/ daños y perjuicios” Libre 5/12/95).

En tal entendimiento, en atención a las lesiones sufridas por la parte actora, de acuerdo a las constancias médicas acompañadas y las conclusiones periciales, propongo al acuerdo confirmar la suma fijada en la sentencia de $ 2.500 por considerarla equitativa de acuerdo al art. 165 del Código procesal.

3.- Tratamiento psicológico.

En este sentido, la perito médica recomendó la necesidad que la actora realice un tratamiento psicoterapéutico, con una frecuencia semanal durante seis meses a un año, con un costo de sesión de $ 200.

El Juez a quo ha fijado por este concepto la suma de $ 5.600, el demandado pide su disminución.

Acreditada la relación de causalidad de las deficiencias psíquicas que padece el damnificado con el hecho investigado, los gastos que ocasione el tratamiento que aconseja la perito para que disminuyan dichas secuelas deberán ser resarcidos por el demandado.

En tal orden de ideas, esta Sala en reiteradas oportunidades se ha expedido en el sentido de que “no existe incompatibilidad entre los gastos de tratamiento psicológico futuro y la inclusión del daño psíquico como integrante de la incapacidad.

Este último responde a la incapacidad ya ponderada y el tratamiento sugerido no asegura que se superará la incapacidad psíquica. (conf. “Medina Hilda Azucena c/ Empresa de Transporte Automotor Plaza S.A s/ daños y perjuicios” Libre 462.468; 6/06/07; “Piaggio, Eduardo c/ Consorcio de Propietarios 25 de Mayo s/ Daños y Perjuicios”).

El reconocimiento de la indemnización por daño psíquico, no obsta la del tratamiento psicológico ya que se trata de indemnizar diferentes daños. El tratamiento psicológico apunta a evitar que la dolencia psíquica se agrave, o en todo caso, a mejorar sus síntomas, pero resultando del hecho dañoso una incapacidad permanente, no puede asegurarse su recuperación total (conf.esta Sala Disalvo, Carlos Alfredo c/Martínez Gonzalo, Hernán y otros s/ daños y perjuicios, libre nº 455.522).

Considerando la frecuencia y extensión del tratamiento y el valor de la sesión deberá rechazarse el agravio y confirmarse la sentencia por no haber sido apelada por la actora respecto de este rubro.

4.- Daño moral.

El Sr. juez de grado reconoció por este concepto la suma de $ 20.000.

La actora pretende el incremento del monto y la parte demandada y su reducción.

Sabido es que el daño moral constituye lesión a intereses morales tutelados por la ley, y si bien resulta difícil valorar tal menoscabo, ello no significa que el dolor y las aflicciones no sean susceptibles de apreciación pecuniaria. En tal caso, la indemnización monetaria cumple una función reparadora o de satisfacción, aun cuando no se puedan borrar los efectos del hecho dañoso (conf. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, 2 parte, vol.II, p. 72; Von Thur, Tratado de las Obligaciones, T I, p. 99, núm.15; Salvat-Galli, Obligaciones en General, T I, p. 215, núm.187; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, T I, p. 371; Busso, Código Civil Anotado, T III, p. 414; Orgaz, El daño resarcible, p. 230, núm.57; Colombo, En torno de la indemnización del daño moral, La Ley 109-1173; Brebbia, El resarcimiento del daño moral después de la reforma, E.D. 58-230; Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, núm.509; Mosset Iturraspe, Reparación del daño moral, J.A. 20- 1973-295; Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, p. 321 y ss.).

La determinación del quantum tiene que guardar razonable proporción con la entidad del agravio.Pero como la reparación no se hace en abstracto, sino en cada caso, es justo que la reparación del daño moral esté en relación con la magnitud del perjuicio, del dolor o afección cuyo menoscabo, lesión o ataque se repara.

En el caso de autos surge del informe pericial que la actora sufrió incapacidad permanente psicológica y física transitoria. Si bien, como he sostenido en varios precedentes, el daño moral no tiene vinculación con el daño material, esto es, no puede fijarse en consideración de su cuantía, pues no es complementario, ni accesorio de éste, ello no implica que para determinar el daño moral no se haga mérito del dolor, los padecimientos, la angustia, el menoscabo, la inquietud espiritual, l as molestias producidas en las víctimas por los daños psicofísicos y las secuelas del mismo.

Todo ello, permite presumir el daño moral, sin que corresponda exigir prueba directa del mismo.

Como sostiene Brebbia, siendo el agravio moral la consecuencia necesaria e ineludible de la violación de alguno de los derechos de la personalidad del sujeto, la demostración de la existencia de dicha transgresión importará al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño moral (Autor citado, El daño moral, p. 85 y ss.).

Además se contempla el daño moral con sentido resarcitorio, y por otra parte se lo considera en su más amplia dimensión conceptual, razón por la cual sus límites no se fijan en el tradicional pretium doloris sino que se extienden a todas las posibilidades -frustradas a raíz de la lesión- que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Bueres, El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta, en Derecho de daños, Homenaje al Profesor Jorge Mosset Iturraspe, p.176).

En consecuencia, considerando los daños sufridos por la accionante, lesiones psicofísicas producidas, incapacidades acreditadas, propondré al acuerdo rechazar el agravio de la parte demandada y hacer lugar al de la actora incrementado el monto por resarcimiento del daño moral a la suma de $ 30.000.

VI.- Intereses.

En la sentencia se fijó un interés del 6% anual desde la fecha del hecho generador hasta la sentencia y a partir de allí hasta el efectivo pago la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

La actora solicita se fije la tasa activa desde el hecho.

En la doctrina del plenario “Samudio” se ha determinado sin diferenciación alguna, que la tasa activa se aplica desde la mora: “La tasa de interés fijada (tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina) debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia”. En definitiva, dicha tasa resulta aplicable desde el perjuicio, pues es desde allí que se configura la mora.

Respecto del punto de inicio del cálculo de los intereses a la tasa activa, esta Sala ya se ha pronunciado en el sentido que el juez en la sentencia fija un quantum, lo que de ningún modo es igual al momento a partir del cual la obligación se hace exigible, teniendo en cuenta que la no liquidez de la suma no implica la no exigibilidad y, por tanto, es desde la mora -en el caso, el hecho- que resulta computable (conf. Expediente. Nº 105.697/02, “B., C. c/ C., H. s/ daños y perjuicios”, del 10/02/2010, con voto preopinante de la Dra. Silvia A.Díaz).

Sostuvimos que lo que se debe no es una suma determinada, sino la compensación que el acreedor tiene derecho a percibir como resarcimiento por el daño padecido que se resuelve en una suma dineraria en el momento en que el juez, al dictar sentencia, fija su determinación y cuantificación (conf. art. 1083 Código Civil).

Debemos recordar que se trata de la reparación integral a la víctima y esa integralidad también está compuesta por el precio no entregado al momento de la mora, que no puede ser otro que el del hecho, pues de allí nace la obligación, no con la sentencia. En definitiva, en la sentencia se liquida la cuantía que de ningún modo resulta temporalmente coincidente con la exigibilidad de la obligación resarcitoria. Por ello, el actor se vio privado de tener una suma de dinero a la fecha del siniestro a título de reparación que desde tal oportunidad le era debida. Lo que en definitiva dice la sentencia es que alguien debe desde que contrajo la deuda y ello se remonta al hecho, no a la decisión, ya que lo que se juzga es el ilícito pasado.

Así, se es deudor desde el inicio de la obligación, contractual o no. Expresa Llambías que lo que importa es la certeza de la obligación, es decir, el conocimiento que tenga el deudor o deba tener de la existencia y legitimidad de la obligación (“Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T° II, pág. 221). Por eso, que una deuda sea ilíquida no impide que se aplique la mora y, en su consecuencia, los intereses.

No hay duda que todos los perjuicios sufridos a causa de un hecho ilícito tienen su origen en el siniestro ocurrido. Porque el perjuicio se ha producido desde el hecho y la mora ex lege nace en ese momento (conf. art.1067 C.Civil).

Por último, debe recordase que tratándose el resarcimiento de los daños y perjuicios provenientes de un hecho ilícito de una deuda de valor, la valuación del daño causado debe hacerse a la fecha de la sentencia que determina el monto de esa indemnización, sin que haya existido “indexación” o “actualización” por índice de depreciación monetaria desde que el art. 4 de la ley 25.561 ratifica la prohibición de actualización monetaria, reafirmando el principio establecido por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. “Es por ello que, desde “el inicio de la mora”, ya sea que la obligación pertenezca a la órbita contractual o aquiliana “hasta el cumplimiento de la sentencia” quedó determinada una regla general: aplicar el cálculo de intereses moratorios (art. 622 del Código Procesal) a la tasa activa. Dicho aserto no admite cuestionamientos (conf. nuestro voto en el plenario “Samudio”).

En este sentido se ha dicho, entre los fundamentos que en el fuero laboral se dieron para la aplicación de la tasa activa a los créditos devenidos en dichos procesos:”Que, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, pacíficamente empleada por los tribunales hasta el inicio del período en que se aplicara la indexación, es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito” (Acta del Plenario CNAT 2357, aplicable a procesos sometidos a conocimiento del fuero a partir del 1-1-2002).

En definitiva, de establecerse una tasa menor se estaría premiando al deudor por el tiempo transcurrido entre el hecho y la sentencia firme que decide su pago. Como ha señalado la Sala H en autos “Fragoso c/ Construred S.A. s/ daños y perjuicios” (22/04/03) “.una tasa inferior a la de plaza provoca un beneficio para el deudor moroso que aumenta a medida que el proceso se dilata, mientras que una tasa acorde a la del mercado constituye un estímulo que es el deseable, en tanto se ajusta a la garantía insita en el art 18 de la Constitución Nacional”.

Respecto del enriquecimiento indebido invocado por la demandada, cabe destacar que la suscripta y el Dr. Ameal ya nos hemos pronunciado en nuestro voto en el plenario respectivo en forma diversa al contenido del fallo citado.

En efecto, conjuntamente con los Dres. Sansó, Mizrahi, Ramos Feijóo, Díaz Solimine, Vilar, Zannoni, Mattera, Wilde, Verón y Pérez Pardo, sostuvimos en aquella oportunidad que la salvedad del último punto de la doctrina del plenario provoca cierta perplejidad.¿Cómo es posible sostener que la aplicación de la tasa de interés activa implica nada menos que una alteración del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido?.

“En esa cuestión, la salvedad sólo tendría significación en los casos en que el capital de condena se tradujese en sumas actualizadas por índices que miden la depreciación monetaria acaecida entre la mora, o el día en que se produjo el perjuicio objeto de reparación, y el dictado de la sentencia. Esto así porque, en ese supuesto, la actualización monetaria ya habría recuperado el valor del capital. Si a dicho capital de condena, por hipótesis actualizado, se le adicionara una tasa activa que incluyese el plus destinado a recomponer, justamente, el valor del capital, se originaría un enriquecimiento sin causa pues se estaría condenando a cargar no sólo con la depreciación monetaria, sino con un interés cuya tasa la computa nuevamente. Es decir, se obligaría al deudor a pagar dos veces por la misma causa. Tales fueron los fundamentos que llevaron, en la década de los setenta, a consagrar tasas de interés “puro” que excluían la prima por la desvalorización monetaria que ya había sido calculada al actualizarse el capital mediante el empleo de índices”.

“A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda “indexación” por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4 , vigente ley 25.561, denominada de emergencia económica.”En ningún caso dice esta última norma se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor “.

“De tal modo el capital de condena no es susceptible, hoy, de estos mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de valor que se liquidan en dinero y que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados por la Cámara Nacional en lo Comercial (13/4/1977) y por esta Cámara (in re “La Amistad S.R.L. v. Iriarte, Roberto C.” del 9/9/1977), siguiendo pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercieron un efecto multiplicador de la crisis inflacionaria. Y fue en ese contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo del interés “puro”, que oscilaba entre el 6%, el 8% y hasta el 15% anual”.

“El contexto actual no es, por fortuna, aquél. La circunstancia de que, cuando se trata de resarcim ientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales como suele decirse, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se “indexen”, o sea actualicen, los montos reclamados en la demanda mediante la aplicación de índices de depreciación monetaria. Tales procedimientos de actualización están prohibidos, se reitera, por las leyes antes citadas.Y aunque pudiera argumentarse que, aun así, la obligación de resarcir daños constituye una típica obligación de valor que se liquida en dinero, según la clásica nomenclatura, existe consenso por lo menos a partir del dictado de la ley 23.928 que los montos liquidados por quien reclama el resarcimiento en juicio, constituyen parámetros que deben respetarse en acatamiento del principio de congruencia, salvo lo que, en más o en menos, surja de la prueba producida durante el proceso”.

“Con ese mismo criterio se aceptó, desde 1992, aplicar a falta de un pacto o convenio de intereses, la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina y que entre ese año y el 2004, estuvo por encima de los precios al consumidor, lo cual no ocurre en la actualidad. Como señaló la mayoría del tribunal al responder a la primera pregunta del acuerdo plenario, una tasa que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda”.

“Por todo lo que sucintamente quedo expuesto, se entiende que la salvedad que se hace al responder a la última pregunta que se formuló en el acuerdo no es operante en este contexto; dicha salvedad queda confinada al hipotético caso de que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente”.

“El enriquecimiento indebido, especie del enriquecimiento sin causa, funciona como principio general de derecho que representa un llamado abstracto a la justicia, que debe primar en todo ordenamiento jurídico”.

“Pero dicho principio, como tal, adolece de una vaguedad e imprecisión notorias, que dificultan su aplicación a situaciones concretas que se dan en la práctica de las relaciones jurídicas”.

“No obstante, aun derogadas en un futuro hipotético las leyes que prohíben la actualización por repotenciación de deuda, a efectos de otorgarle virtualidad a la excepción a la regla general resueltaen el plenario, es necesario que se den ciertos presupuestos: la coexistencia de un enriquecimiento de una parte y un empobrecimiento de la otra, relación causal entre ambos e inexistencia de una justa causa que avale la variación operada entre los patrimonios del deudor moroso y su acreedor, que altere el significado económico del capital de condena por aplicación de una tasa distinta a la activa en el cálculo de los intereses moratorios, todo lo cual deberá ser debidamente solicitado y acreditado por el interesado”.

“Ello así, por cuanto la facultad morigeradora de oficio es propia cuando en virtud del principio de autonomía de la voluntad (art. 1197) las partes pactaron intereses punitorios exorbitantes en caso de mora del deudor, pero de ningún modo cuando se trata del supuesto contemplado por el art. 622 del Código Civil, atento al principio dispositivo del proceso; la naturaleza patrimonial de la acción ejercida y las reglas respecto de la carga probatoria establecida en el art. 377 del Código Procesal”.

En cuanto a la fijación de intereses, desde el hecho y de acuerdo a la pauta establecida en el art. 768, inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto refiere a tasas que “se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”, en coincidencia con lo sustentado por esta Sala (conf autos “G., A., D. c/ O. G., J. C. s/ Daños y Perjuicios”, recurso libre del 20/9/2016 y “G., A., D. c/ A., D. G. s/ daños y perjuicios, recurso libre 20/9/2016, entiendo que “corresponde aplicar hasta el efectivo pago, la tasa activa prevista en la doctrina plenaria “Samudio”, tasa ésta aceptada por el Banco Central ya que aun sin desconocer que el art. 303 del CPCC ha sido derogado por la ley 26.853, ello no resulta operativo en virtud de lo dispuesto en el art. 15 de la mencionada ley”.

“Lo expuesto, desde que si bien el aludido art.768 no contempla expresamente la facultad judicial de fijar la tasa de interés moratoria para el caso en que no sea acordado por las partes (inc. a) o no se encuentre prevista en disposiciones especiales (inc. b), entiendo que debe ser fijada judicialmente en cumplimiento del deber de los jueces de resolver las cuestiones sometidas a su jurisdicción (art 2 y 3 del CCyC y art. 163, inc. 6 del CPCC; CNCiv., Sala “G”, Expte. N° 30.414/2008, 06/16; CNCiv. Sala “C”, Expte. N° 050841/2011; CNCiv. Sala “I”, expte. N° 8166272010)”.

“En efecto, la tasa de interés moratorio puede ser fijada mediante: a) convención de las partes, manteniendo como principio la autonomía de la voluntad; b) legalmente, supletoriamente si las partes no han dispuesto una tasa, será la que determinen las leyes especiales y c) en subsidio -es decir en defecto de los dos incisos anteriores-, se aplicarán las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.

“Cabe aclarar que en el régimen anterior, se hacia referencia a las tasas de los Bancos Oficiales (ver segundo párrafo del art. 622). Pero más allá de cual sea la entidad que fije las tasas, lo cierto es que no se específica si se aplicará la tasa pasiva o activa, pues la propia comisión redactora del proyecto de Código, expuso en sus fundamentos que no se adopta la tasa activa como se propiciara en el Proyecto de 1998, al considerar que como hay supuestos de hecho muy diversos, resulta necesario disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso”.

“Sigue, en definitiva, el postulado de Vélez a la nota del art. 622, el cual reza “Me he abstenido de proyectar el interés legal, porque el interés del dinero varia tan de continuo en la República, y porque es muy diferente el interés de los capitales en los diversos pueblos.Por lo demás, el interés del dinero en las obligaciones de que se trata, corresponde a los perjuicios e intereses que debía pagar el deudor moroso”.

“No coincido con quienes plantean que se trata de un intento para que sea la autoridad monetaria la que fije una tasa específica para dirimir la especie, sino que por el contrario, considero que esa tarea deberá ponerse en manos del órgano judicial competente, más allá de seguir los lineamientos que al respecto pudiera proveer el Banco Central”.

“En el mismo orden de ideas, las XXV Jornadas de Derecho Civil realizadas en Bahía Blanca, concluyeron que la previsión del artículo 768 inciso c ) no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central servirán como pauta que podrá ser utilizada por el juez en esta tarea (Mayoría)”.

“Recordemos que la tasa activa es la que la entidad bancaria percibe al ser el acreedor de un mutuo, en cambio la tasa pasiva es la que se devenga a favor de los ahorristas depositantes en esas mismas entidades”.

“Desde hace ya más de 20 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la tasa de interés moratorio corresponde que sea analizada por los jueces que interpretan los ordenamientos, sin afectar garantías constitucionales dando así libre albedrío para que sean fijadas por los magistrados de los diferentes fueros las tasas a aplicar”.

“En lo que a los fueros Civil y Comercial del ámbito Nacional respecta, se dictaron sendos plenarios fijando la aplicación de la tasa activa. Ello, sin perjuicio de la derogación del art.303 del Código Procesal a cuya falta de operatividad ya me he referido”.

“Asimismo, en las mencionadas Jornadas se sugirió que es necesario que al determinar la tasa de interés moratoria se fije aquella que aliente el cumplimiento en tiempo propio por el deudor (unánime)”.

De tal manera, la tasa activa deberá devengarse desde el hecho y hasta el efectivo pago.

En consecuencia, si mi voto fuera compartido deberá modificarse la sentencia: Condenando al demandado a pagar dentro del plazo de diez días 1) En concepto de resarcimiento de la incapacidad transitoria la suma de $ 20.000; 2) En concepto de daño psíquico la suma de $ 50.000; 3) Incrementar la suma fijada en concepto de daño moral a la de $ 30.000; 4) Los intereses deberán ser calculados a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el hecho hasta el efectivo pago; 5) Confirmarla en todo lo demás que decide y fue materia de agravios; 6) Las costas de alzada deberán ser soportadas por el demandado vencido (art. 68 del Código procesal).

El Dr. Ameal por las razones y consideraciones aducidas por la Dra. Hernández vota en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide modificar la sentencia:Condenando al demandado a pagar dentro del plazo de diez días 1) En concepto de resarcimiento de la incapacidad transitoria la suma de $ 20.000; 2) En concepto de daño psíquico la suma de $ 50.000; 3) Incrementar la suma fijada en concepto de daño moral a la de $ 30.000; 4) Los intereses deberán ser calculados a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el hecho hasta el efectivo pago; 5) Confirmarla en todo lo demás que decide y fue materia de agravios; 6) Las costas de alzada deberán ser soportadas por el demandado vencido (art. 68 del Código procesal).

Se difiere la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos liquidación definitiva.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese y regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

FDO. LIDIA B. HERNÁNDEZ

OSCAR J. AMEAL-

JAVIER SANTAMARIA (SEC.).

Es copia.

La Dra. Silvia Díaz no firma por encontrarse en uso de licencia.